Los bombardeos de la OTAN sobre Libia suman más de cien civiles asesinados, decenas de heridos y miles de familias desplazadas. La crisis humanitaria que esto representa se recrudece cada minuto después de abierto el teatro aéreo de operaciones (zona de exclusión aérea) a partir de la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU.
Los alegatos al interior de la institución multilateral versaron sobre la situación interna del país norafricano, luego de las manifestaciones sociales contra el régimen de Khadafi y la represión desatada por sus tropas leales contra los opositores y rebeldes. Las naciones imperialistas urgían al mundo entero intervenir para evitar “la catástrofe humanitaria”, que ahora ellas mismas profundizan. Masacran civiles, destruyen logística y parque de las fuerzas militares del régimen libio, ponen en peligro el abastecimiento de agua para el 70 por ciento de la población y asesinan a los rebeldes ---a los cuales dicen apoyar--- con bombas.
Los blancos militares de Estados Unidos y sus aliados son todos aquellos que interfieran a su paso orientado a derrocar a Khadafi; neutralizar, desarticular y desarmar a la oposición rebelde en un segundo momento; imponer un gobierno de transición (confiable para ellos) y comenzar la millonaria reconstrucción de la conquista.
Los actuales argumentos del Consejo de Seguridad reeditan la matriz utilizada en la intervención militar de 1999 en la hoy Ex Yugoslavia, su consecuente balcanización, destrucción nacional y apropiación de sus riquezas por los países agresores participantes. A este proceso de destrucción/despoblamiento y reconstrucción/repoblamiento en aquella zona de Europa Oriental, que comenzó con sobrevuelos de al menos 1,000 aeronaves tripuladas desde Italia y el Mar Adriático y 15 mil sistemáticos ataques, le llamaron “Guerra Humanitaria”, un código lingüístico del “arte de la destrucción” de la administración del entonces Presidente Bill Clinton que encubrió el horror sufrido sobre todo por la población civil: miles de personas que murieron de hambre mientras otras esperaron a que los mataran con bombardeos de la OTAN o las bandas paramilitares del ELK, mientras Washington aplaudió las operaciones como “efectivos blancos estratégicos”.
En aquél entonces, las naciones acuerpadas en la OTAN afirmaron que era un “esfuerzo humanitario” para frenar la represión de los albaneses en Kosovo. Y hoy en el caso de la escalada de fuego en Libia volvemos a escuchar frases de este tipo como la que recién declaró el asesor del Presidente Barack Obama para Medio Oriente, Denis Ross, en el sentido de que si las fuerzas leales de Khadafi llegaran a Benghazi, bastión de los rebeldes libios, realizarían una masacre y “todo el mundo nos culparía por ello”, luego entonces lo menos que se puede hacer es “intervenir para evitarlo”, claro está con sus daños colaterales previsibles y verificables que sufren familias inocentes.
Esta nueva guerra de intervención echa mano de otros elementos ya conocidos en los discursos oficiales de los Señores Imperiales. Por ejemplo, las “operaciones humanitarias” también representan una “guerra preventiva” que anticipa ataques con artillería pesada, más de 74 bombardeos hasta este fin de semana, con el objeto de neutralizar el despliegue del enemigo, acorralarlo y generar tácticas de “choque y pavor” que lo paralicen. Queda de relieve adelantarse al uso de la fuerza antes de que supuestamente otro la haga, una guerra que es más anticipada que preventiva contra Libia.
La “Guerra Preventiva” como doctrina estratégica geo-militar se lanzó por primera vez en la administración de George W. Bush para el caso de las invasiones en Afganistán y luego en Irak. Consistió en el ataque “sorpresivo” (inminente) antes de que la red Al-Qaeda realizara más atentados terroristas como el del 11 de septiembre en Nueva York y el régimen de Sadam Hussein usara sus inexistentes armas nucleares. Señalar a estos dos “enemigos de la libertad” como instigadores de la paz mundial y aliados del terrorismo internacional como construcción mediática y discursiva que posibilitara “acciones preventivas” urgentes. Hacer una guerra con el pretexto de futuras acciones contra la civilización occidental.
Con este concepto se identificaron enemigos reales o imaginarios, que dio rienda suelta a los Estados Unidos ---su maquinaria de muerte--- a intervenir en cualquier parte del mundo con o sin consenso de la ONU, con o sin del acompañamiento de la OTAN.
El entonces secretario de la defensa, el despreciable Donald Rumsfeld, declaró que “la defensa de los Estados Unidos requiere prevención, autodefensa y en ciertos casos la iniciativa en la acción… En ciertos casos la única defensa es una buena ofensiva.” Frases que marcaron el inicio de un viraje en las nuevas guerras de rapiña con los mismos objetivos de siempre: el negocio de las armas con dividendos económicos, políticos, geopolíticos y militares.
Para el historial construido en torno a Khadafi desde los años 80, Washington lo mantiene en el catálogo “de poca confiabilidad”, aunque el Coronel se haya alejado de su práctica independentista de aquellos años y en los últimos haya permitido que naciones europeas se hagan de los suministros del petróleo altamente codiciados.
En la época del presidente Reagan, el régimen libio fue identificado como promotor del terrorismo. Libia fue designada como agente principal de la red terrorista de inspiración soviética. En 1981 se filtró en la prensa de los Estados Unidos un plan de la CIA para derrocar a Khadafi con una campaña militar de terror en el interior del país africano.
Así, llegaron en 1986 los bombardeos a Trípoli y Benghazi bajo el argumento “legal” de que la violencia contra “los autores de la violencia” está justificada como un acto de defensa propia. Y precisamente el motivo por el cual se justificaron los bombardeos estadunidenses fue “prevenir un ataque”, lo cual podría verse como una forma de defensa propia en lugar de como una acción de represalia, siempre y cuando el uso estratégico de los medios de comunicación diera resultados favorables y efectivos en la opinión pública internacional.
En la actualidad, la guerra de intervención sin adjetivos está en marcha en Libia. Podemos adelantar resultados catastróficos: miles de desplazados, niños huérfanos, civiles asesinados, hambruna, un país desintegrado. Otras consecuencias más como la existencia del paramilitarismo, los señores de la guerra mafiosos que proliferarán con el tráfico de armas y drogas, las empresas militares privadas y las empresas de la reconstrucción. Todo ello como corolario de la política guerrerista del imperio. Un complejo criminal-institucional.
Las empresas privadas de la guerra están en marcha con sus diseños pretéritos y presentes. La firma Executive Outcomes de origen sudafricano de la época del Apartheid, la cual tiene un historial de horror en África subsahariana, Sierra Leona y Angola, espera contratos de seguridad, capacitación militar, acción sobre el terreno y sistema de inteligencia satelital en el territorio libio. Cada ramificación mafiosa prepara sus futuras actuaciones.
Como en los momentos críticos de las invasiones a Afganistán e Irak, los pueblos del mundo deben de manifestarse contra los bombardeos sobre Libia. Si en los casos anteriores sumaron millones en las calles, hoy es imprescindible alcanzar mayores niveles de organización y movilización pacífica contra la barbarie, una de las caras más visibles y aterradoras del sistema capitalista que padecemos. Todo acto o acción pacífica en estos momentos son anticapitalistas.
miércoles, 6 de abril de 2011
El Apocalipsis japonés explicado a Occidente
Inmediatamente después de la tragedia que golpeó Japón, los medios de comunicación occidentales se maravillaban ante las multitudes de Tokio que caminaban en orden la noche del seísmo sin manifestaciones de desesperación y siempre conteniendo las lágrimas. Se habla de estoicismo, de dignidad, de fatalismo, de tabú… Esa actitud se ha atribuido a la formación («todos los estudiantes japoneses aprenden lo que hay que hacer en caso de terremoto»), a la costumbre («en Japón las furias de la naturaleza forman parte de la vida») y a veces a la manipulación («los medios ocultan lo más horrible»). También se ha hablado mucho de una supuesta mezcla de Zen y cultura pop, dibujos y mangas, «cultura de lo efímero» y «cultura del desastre» (1). Se han llegado a recitar en la televisión –sobre la tumba de barro donde yacen enterradas veinte mil víctimas- los antiquísimos haikus para explicar a los telespectadores «por qué no lloran los japoneses» (2). Como reacción a esa avalancha mediática, otros han denunciado el viejo fantasma orientalista de una diferencia inventada, e incluso las reminiscencias del «japonismo» del gusto de los ultranacionalistas nipones que quieren demostrar, a golpe de anécdotas y generalizaciones abusivas, que los japoneses constituyen un pueblo cultural y genéticamente homogéneo cuya «esencia» no se parece a ninguna otra… (3).
Sin embargo no podemos negar que las naciones están dotadas de una «esencia», y comprobamos que muchas de ellas se reconocen simbólicamente en una gran narrativa fundadora. Los estadounidenses en la conquista del Oeste y los franceses en la toma de la Bastilla. Los japoneses poseen un escenario recurrente: el de un cataclismo seguido de un renacimiento. En el mito original, la colérica diosa del sol Amaterasu, antepasada de la familia imperial, sumerge el mundo en las tinieblas antes de devolverle la luz. En una época más cercana, Japón conoció la larga paz del período Edo (1603-1868) que sucedió a dos siglos de anarquía sangrienta; la modernización nació de la terrible irrupción, en 1853, de las cañoneras occidentales en los puertos de un archipiélago cerrado al mundo desde hacía más de dos siglos; y el holocausto de Hiroshima fue el preludio del «milagro japonés» que convirtió al país en la segunda potencia económica del mundo.
La impregnación de esta trama histórica en las mentalidades se refuerza por la continua sucesión de catástrofes naturales que afectan al archipiélago: el regreso anual de tifones y deslizamientos de tierras, erupciones volcánicas, terremotos y tsunamis. Desde hace un siglo Japón ha sufrido 119 terremotos de magnitud superior a 6, de ellos 65 mortíferos, especialmente en Tokio (140.000 muertos, 1923), en el Sanriku (3.064 muertos, 1930), en Fukui (3.800 muertos, 1948) y en Kobé (6.437 muertos, 1995). La población, acorralada en la franja costera de un archipiélago accidentado, nunca ha tenido otra opción que la de volver a construir en el mismo sitio. Siempre lo ha conseguido. El archipiélago posee una experiencia sin igual en materia de cataclismos, pero ignora el fin del mundo que el cristianismo promete a la humanidad. El budismo no amenaza a sus fieles y el sintoísmo se centra totalmente en el ciclo de la vida. Frente al Apocalipsis cristiano, en el que el ser humano no puede hacer nada y sólo promete la resurrección de los creyentes en otro mundo, el Apocalipsis made in Japan lleva el germen de un futuro que devuelve a las personas a su renacimiento.
Esto es cierto incluso con respecto a Hiroshima, y contribuye a explicar por qué se ha desarrollado en Japón la energía nuclear sin encontrar la oposición feroz que sería de esperar en un país que sufrió el fuego atómico. El holocausto nuclear, aunque fue horrible, cerró un ciclo de hábitos guerreros y totalitarismo opresivo para alumbrar un Japón nuevo, pacifista, democrático y próspero. La actitud de los japoneses frente al átomo refleja esta ambigüedad fundamental. Todos los pequeños baby bombers nipones han aprendido que el fuego nuclear fue un horror, pero todos se apasionan por Tetsuwan Atomu (Átomo poderoso), alias Astroboy (4), el pequeño y valiente robot creado en 1952 por el «dios del manga» Tezuka Osamu. Astroboy, que fue a la escuela con los niños de su generación y defendía el bien, la democracia y la igualdad entre las razas en las cuatro esquinas del mundo, tenía un corazón atómico… La ley sobre el desarrollo de la energía nuclear se votó tres años después de su nacimiento y el primer reactor se puso en marcha, a menos de 150 kilómetros de Tokio, en 1965 mientras la versión animada de Astroboy batía todos los récords de audiencia en la cadena pública NHK.
Desde la guerra, los cataclismos son una fuente de inspiración inagotable para la cultura nipona. Los mangas, el cine y los juegos de vídeo han familiarizado a los japoneses con las imágenes post-apocalípticas de maremotos gigantescos, ciudades arrasadas, chatarra de vehículos esparcida en paisajes devastados y refinerías en llamas. Pero en medio siglo el género ha vivido una evolución radical. En los años 70, el joven superviviente de Hiroshima (Hadashi no Gen), a quien su madre hizo jurar la tarde del bombardeo atómico que lucharía por un mundo mejor, supera la prueba con un optimismo increíble y un sentido muy claro de su deber; al final avanza con entusiasmo hacia el futuro. Un decenio después, los héroes de Akira vagan entre las ruinas de Neo-Tokio persiguiendo objetivos personales insignificantes en relación con el cataclismo que destruyó la megalópolis, y al final el mundo no se reconstruye. La heroína de Nausicaa (cuya versión manga de Hayao Miyazaky es mucho más compleja y negra que la película) decide que la humanidad que ha transformado el planeta en un infierno contaminado no merece recuperar su dominio. A la vuelta del siglo XXI, en El arma definitiva o Dragon Head, ya nadie sabe por qué el mundo se hunde, la locura reina por todas partes y una muerte solitaria espera a los adolescentes perdidos en ese desastre (5). Si el tema post-apocalíptico ha podido evolucionar de esta forma en menos de cincuenta años, se puede preguntar legítimamente por eso que existe en esa «aguda conciencia de la precariedad (…) entre el sueño y la realidad» (6), que ya inspiraba a los poetas de la época de Heian (794-1185), y si es legítimo invocarlos para explicar la actitud de los japoneses de 2011…
Esa evolución también refleja la crisis profunda del impulso nacional en un país que envejece, socavado por veinte años de depresión económica, traumatizado por las reformas neoliberales implantadas desde principios de siglo y paralizado por un sistema político sin aliento. Como el 11 de septiembre transformó a Estados Unidos, el 11 de marzo transformará a Japón. ¿El cataclismo será un electrochoque y la reconstrucción se convertirá en el objetivo nacional del que carecen en la actualidad los japoneses? ¿El hecho de haber rozado el Apocalipsis los llevará a reconsiderar un modo de desarrollo donde un único accidente puede transformar una de sus megalópolis en un desierto envenenado? Estas cuestiones dirigen en la actualidad todo el futuro de Japón.
Sin embargo no podemos negar que las naciones están dotadas de una «esencia», y comprobamos que muchas de ellas se reconocen simbólicamente en una gran narrativa fundadora. Los estadounidenses en la conquista del Oeste y los franceses en la toma de la Bastilla. Los japoneses poseen un escenario recurrente: el de un cataclismo seguido de un renacimiento. En el mito original, la colérica diosa del sol Amaterasu, antepasada de la familia imperial, sumerge el mundo en las tinieblas antes de devolverle la luz. En una época más cercana, Japón conoció la larga paz del período Edo (1603-1868) que sucedió a dos siglos de anarquía sangrienta; la modernización nació de la terrible irrupción, en 1853, de las cañoneras occidentales en los puertos de un archipiélago cerrado al mundo desde hacía más de dos siglos; y el holocausto de Hiroshima fue el preludio del «milagro japonés» que convirtió al país en la segunda potencia económica del mundo.
La impregnación de esta trama histórica en las mentalidades se refuerza por la continua sucesión de catástrofes naturales que afectan al archipiélago: el regreso anual de tifones y deslizamientos de tierras, erupciones volcánicas, terremotos y tsunamis. Desde hace un siglo Japón ha sufrido 119 terremotos de magnitud superior a 6, de ellos 65 mortíferos, especialmente en Tokio (140.000 muertos, 1923), en el Sanriku (3.064 muertos, 1930), en Fukui (3.800 muertos, 1948) y en Kobé (6.437 muertos, 1995). La población, acorralada en la franja costera de un archipiélago accidentado, nunca ha tenido otra opción que la de volver a construir en el mismo sitio. Siempre lo ha conseguido. El archipiélago posee una experiencia sin igual en materia de cataclismos, pero ignora el fin del mundo que el cristianismo promete a la humanidad. El budismo no amenaza a sus fieles y el sintoísmo se centra totalmente en el ciclo de la vida. Frente al Apocalipsis cristiano, en el que el ser humano no puede hacer nada y sólo promete la resurrección de los creyentes en otro mundo, el Apocalipsis made in Japan lleva el germen de un futuro que devuelve a las personas a su renacimiento.
Esto es cierto incluso con respecto a Hiroshima, y contribuye a explicar por qué se ha desarrollado en Japón la energía nuclear sin encontrar la oposición feroz que sería de esperar en un país que sufrió el fuego atómico. El holocausto nuclear, aunque fue horrible, cerró un ciclo de hábitos guerreros y totalitarismo opresivo para alumbrar un Japón nuevo, pacifista, democrático y próspero. La actitud de los japoneses frente al átomo refleja esta ambigüedad fundamental. Todos los pequeños baby bombers nipones han aprendido que el fuego nuclear fue un horror, pero todos se apasionan por Tetsuwan Atomu (Átomo poderoso), alias Astroboy (4), el pequeño y valiente robot creado en 1952 por el «dios del manga» Tezuka Osamu. Astroboy, que fue a la escuela con los niños de su generación y defendía el bien, la democracia y la igualdad entre las razas en las cuatro esquinas del mundo, tenía un corazón atómico… La ley sobre el desarrollo de la energía nuclear se votó tres años después de su nacimiento y el primer reactor se puso en marcha, a menos de 150 kilómetros de Tokio, en 1965 mientras la versión animada de Astroboy batía todos los récords de audiencia en la cadena pública NHK.
Desde la guerra, los cataclismos son una fuente de inspiración inagotable para la cultura nipona. Los mangas, el cine y los juegos de vídeo han familiarizado a los japoneses con las imágenes post-apocalípticas de maremotos gigantescos, ciudades arrasadas, chatarra de vehículos esparcida en paisajes devastados y refinerías en llamas. Pero en medio siglo el género ha vivido una evolución radical. En los años 70, el joven superviviente de Hiroshima (Hadashi no Gen), a quien su madre hizo jurar la tarde del bombardeo atómico que lucharía por un mundo mejor, supera la prueba con un optimismo increíble y un sentido muy claro de su deber; al final avanza con entusiasmo hacia el futuro. Un decenio después, los héroes de Akira vagan entre las ruinas de Neo-Tokio persiguiendo objetivos personales insignificantes en relación con el cataclismo que destruyó la megalópolis, y al final el mundo no se reconstruye. La heroína de Nausicaa (cuya versión manga de Hayao Miyazaky es mucho más compleja y negra que la película) decide que la humanidad que ha transformado el planeta en un infierno contaminado no merece recuperar su dominio. A la vuelta del siglo XXI, en El arma definitiva o Dragon Head, ya nadie sabe por qué el mundo se hunde, la locura reina por todas partes y una muerte solitaria espera a los adolescentes perdidos en ese desastre (5). Si el tema post-apocalíptico ha podido evolucionar de esta forma en menos de cincuenta años, se puede preguntar legítimamente por eso que existe en esa «aguda conciencia de la precariedad (…) entre el sueño y la realidad» (6), que ya inspiraba a los poetas de la época de Heian (794-1185), y si es legítimo invocarlos para explicar la actitud de los japoneses de 2011…
Esa evolución también refleja la crisis profunda del impulso nacional en un país que envejece, socavado por veinte años de depresión económica, traumatizado por las reformas neoliberales implantadas desde principios de siglo y paralizado por un sistema político sin aliento. Como el 11 de septiembre transformó a Estados Unidos, el 11 de marzo transformará a Japón. ¿El cataclismo será un electrochoque y la reconstrucción se convertirá en el objetivo nacional del que carecen en la actualidad los japoneses? ¿El hecho de haber rozado el Apocalipsis los llevará a reconsiderar un modo de desarrollo donde un único accidente puede transformar una de sus megalópolis en un desierto envenenado? Estas cuestiones dirigen en la actualidad todo el futuro de Japón.
Agricultores perjudicados
Si bien el reciente D.U. Nº 012-2011, dado la semana pasada, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) generará mayor ahorro público y, principalmente, reducir el ritmo de crecimiento del gasto estatal que fomentaba una mayor inflación, dicha medida, a la vez, perjudicaría al sector agrícola.
En opinión del gerente general de la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú -JNUDRP, economista Virgilio Brenis Muro, dicha medida que a todas luces parece positiva en el fondo es negativa pues “suspende hasta el 28 de julio próximo la contratación de servicios de consultoría con personas jurídicas o naturales de manera directa e indirecta”.
Esto significa, que en el sector agrario, donde la mayoría de servidores son por consultoría y contratados por periodos cortos están paralizados y seguirán así por casi cuatro meses.
Entre los programas afectados por dicho decreto de urgencia se encuentra, asegura Virgilio Brenis, el Programa Subsectorial de Irrigaciones, PSI Sierra, recientemente lanzado en Huancayo el 17 de febrero, que beneficiaría a los agricultores más pobres de la sierra del Perú, con capacitación, mejoramiento de infraestructura, saneamiento de derechos de uso de agua con fines agrarios; sin embargo ahora se encuentra paralizado.
Además, advirtió, que la Autoridad Nacional de Agua, órgano especializado que tiene que reglamentar conjuntamente con la JNUDRP la Ley de Recursos Hídricos, paralizará todos los trabajos que vienen realizando con urgencia como es el “Reglamento de Organizaciones de Usuarios de Agua, operadores de infraestructura hidráulica, tarifa y retribuciones”, entre otros.
En opinión del gerente general de la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú -JNUDRP, economista Virgilio Brenis Muro, dicha medida que a todas luces parece positiva en el fondo es negativa pues “suspende hasta el 28 de julio próximo la contratación de servicios de consultoría con personas jurídicas o naturales de manera directa e indirecta”.
Esto significa, que en el sector agrario, donde la mayoría de servidores son por consultoría y contratados por periodos cortos están paralizados y seguirán así por casi cuatro meses.
Entre los programas afectados por dicho decreto de urgencia se encuentra, asegura Virgilio Brenis, el Programa Subsectorial de Irrigaciones, PSI Sierra, recientemente lanzado en Huancayo el 17 de febrero, que beneficiaría a los agricultores más pobres de la sierra del Perú, con capacitación, mejoramiento de infraestructura, saneamiento de derechos de uso de agua con fines agrarios; sin embargo ahora se encuentra paralizado.
Además, advirtió, que la Autoridad Nacional de Agua, órgano especializado que tiene que reglamentar conjuntamente con la JNUDRP la Ley de Recursos Hídricos, paralizará todos los trabajos que vienen realizando con urgencia como es el “Reglamento de Organizaciones de Usuarios de Agua, operadores de infraestructura hidráulica, tarifa y retribuciones”, entre otros.
RAUL WINNER - COLUMNA
Tremendas ovejitas
La figura aquella del lobo vestido con piel de oveja que ilustró la tapa de un diario limeño hace algunos días, para aludir a Ollanta Humala, sugiere la idea que sus rivales sí son honestos ovinos de la manada, a los que no hay que tenerles ningún miedo.Más aún se pretende que no se puede confiar en un candidato como Ollanta que no reconoce que lo financia e inspira el presidente venezolano, que fue el argumento más usado durante las elecciones de 2006, para desprestigiarlo y derrotarlo.
No es sincero, dicen, porque en su programa habla de impulsar el desarrollo de una economía nacional, y en sus apariciones por televisión asegura que habrá estabilidad, cuando lo que debería reconocer es que habrá inestabilidad, para que pierda.
Miente porque dice que respetará la libertad de prensa cuando en su Plan de Gobierno indica que las nuevas frecuencias de la televisión digital se distribuirán democráticamente, cuando ya se las han repartido sin decirle nada al pueblo.
Claro que esto se puede tomar como un indicio de que piensa cerrar los diarios, como que la regulación estatal que propone el Plan debe significar una estatización disfrazada y el cambio de Constitución, la reelección indefinida.
También es para pensar lo que puede llevar dentro una oveja verdadera: por ejemplo, la hija del dictador, que ayer celebró en familia los 19 años del golpe de Estado que impuso las leyes de excepción y que llevó a la cárcel a cientos de inocentes por falta de garantías, esos que ahora irresponsablemente ella y Toledo han convertido en un concurso de acusaciones sobre qué gobierno liberó más “terroristas”.
¿No esconde la sonrisa de la gordita un germen golpista, reeleccionista, corrupto, violador y pervertidor de la libertad de prensa? Claro que sí, como que tiene a casi todos los actores de los 90 a su lado, todos ellos conectados al lobazo de la Diroes. Pero no es el único: ¿o alguien ha olvidado que Castañeda era funcionario de Fujimori (presidente de la seguridad Social) cuando el 5 de abril de 1992 y no renunció hasta 1996 al cargo, en el que toleró el congelamiento de las pensiones de la 19990 y la destrucción de las pensiones públicas a favor de las AFP?
¿Alguien recuerda a PPK enfrentando a Fujimori, oponiéndose al golpe de Estado, llamando al boicot a la dictadura como hizo Vargas Llosa? Nada que ver. Si el gringo volvió al Perú en la segunda mitad de la década autoritaria fue para comerciar con un régimen que se avenía perfectamente a los contratos corruptos, esos que no quieren ahora que se revisen y se subordinen a las leyes, y no se hizo bolas de representar a los Chilenos en Edelnor para reducir impuestos a las eléctricas y a LAP para la entrega del aeropuerto.
Exactamente un lobby feroz con piel de tecnócrata eficiente, que luego se convirtió en ministro para sacramentar sus tropelías.
Pero el mejor de todos es Toledo, que es un almacén de disfraces acompañándolo a todas partes. Fujimorista y antiFujimorista; que “se la juega” el 2000 y “no se la juega” el 2011; que quiere cambiar la Constitución (discurso de 28 de julio de 2004) y ahora dice que eso crea Desempleo y falta de inversiones; que empieza la campaña planteando cambios y la concluye llamando al no cambio y al voto asustado. Una tremenda ovejita, que se las sabe todas.
Islay exige retiro total
Los pobladores y agricultores del Valle del Tambo, de la provincia de Islay, anunciaron que continuarán con el paro indefinido iniciado hace 15 días exigiendo el cese del proyecto cuprífero de tajo abierto Tía María, de la transnacional mexicana Southern Copper Corporation.
Pepe Julio Gutiérrez, presidente del Frente Amplio de Defensa de Cocachacra, y José Chapa, presidente de la Coordinadora Política contra la Agresión Minera, señalaron que la población seguirá con la medida de fuerza hasta que el proyecto de Tía María se vaya definitivamente, debido a que generará contaminación de pueblos y campos de cultivo, además que depredará el agua del subsuelo.
Las protestas siguen en pie a pesar que el gobierno regional de Arequipa acordó ayer, en sesión de consejo, suspender todos los actos, plazos y procedimientos administrativos de la mina Tía María hasta que el Ministerio de energía y Minas resuelva el pedido de la sociedad civil de Islay.
“Hace dos años el gobierno regional dio una medida similar, pero fuimos paseados, es por eso que lo queremos no es la suspensión sino el retiro definitivo y que se respete el derecho de consulta de la población que quiere que Tía María se vaya”, dijo Chapa.
Sigue bloqueoPortando carteles con la inscripción: “Agro sí, mina no”, los pobladores y agricultores continuaron bloqueando la carretera Matarani-Mollendo a lo largo de tres kilómetros, lo cual originó que numerosos vehículos permanezcan varados.
El cLima de violencia continuó a lo largo del día, y la policía lanzó bombas lacrimógenas y piedras desde helicópteros contra la población, según los dirigentes del paro.
Según informaciones de los pobladores, en Matarani ayer hubo más enfrentamientos con la policía, con un saldo de tres heridos, entre ellos un menor de edad y un poblador que recibió 32 perdigones.
Tras la necropsia de ley, amigos y familiares del fallecido Andrés Taipe retiraron del hospital de Mollendo el cuerpo sin vida del joven, quien fue paseado por las calles de la ciudad.
Ricardo Quispe Aguilar, dirigente de la CGTP, señaló que se ha confirmado el asesinato de Taype, pues según la autopsia estableció que el joven agricultor recibió un impacto de bala que entró por la espalda y salió por el estómago.
Rolando Luque, adjunto para la Prevención de los Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, verificó la situación de los heridos que dejó el enfrentamiento de hace dos días.
Pepe Julio Gutiérrez, presidente del Frente Amplio de Defensa de Cocachacra, y José Chapa, presidente de la Coordinadora Política contra la Agresión Minera, señalaron que la población seguirá con la medida de fuerza hasta que el proyecto de Tía María se vaya definitivamente, debido a que generará contaminación de pueblos y campos de cultivo, además que depredará el agua del subsuelo.
Las protestas siguen en pie a pesar que el gobierno regional de Arequipa acordó ayer, en sesión de consejo, suspender todos los actos, plazos y procedimientos administrativos de la mina Tía María hasta que el Ministerio de energía y Minas resuelva el pedido de la sociedad civil de Islay.
“Hace dos años el gobierno regional dio una medida similar, pero fuimos paseados, es por eso que lo queremos no es la suspensión sino el retiro definitivo y que se respete el derecho de consulta de la población que quiere que Tía María se vaya”, dijo Chapa.
Sigue bloqueoPortando carteles con la inscripción: “Agro sí, mina no”, los pobladores y agricultores continuaron bloqueando la carretera Matarani-Mollendo a lo largo de tres kilómetros, lo cual originó que numerosos vehículos permanezcan varados.
El cLima de violencia continuó a lo largo del día, y la policía lanzó bombas lacrimógenas y piedras desde helicópteros contra la población, según los dirigentes del paro.
Según informaciones de los pobladores, en Matarani ayer hubo más enfrentamientos con la policía, con un saldo de tres heridos, entre ellos un menor de edad y un poblador que recibió 32 perdigones.
Tras la necropsia de ley, amigos y familiares del fallecido Andrés Taipe retiraron del hospital de Mollendo el cuerpo sin vida del joven, quien fue paseado por las calles de la ciudad.
Ricardo Quispe Aguilar, dirigente de la CGTP, señaló que se ha confirmado el asesinato de Taype, pues según la autopsia estableció que el joven agricultor recibió un impacto de bala que entró por la espalda y salió por el estómago.
Rolando Luque, adjunto para la Prevención de los Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, verificó la situación de los heridos que dejó el enfrentamiento de hace dos días.
Gobierno blinda fraudulenta privatización
La concesión del puerto de Paita fue, y sigue, seriamente cuestionada por los trabajadores portuarios, congresistas, empresarios, organizaciones civiles y especialistas al considerarla inconstitucional y lesiva a los intereses del país, ahora es protegida por un dudoso Convenio de Estabilidad Jurídica firmado la semana pasada por la actual administración aprista que está ad portas de salir.
A través de una RM Nº 164-2011-MTC/02, que lleva el visto bueno del ministro de Transportes, Enrique Cornejo, el portafolio aprobó el Convenio de Estabilidad Jurídica a celebrarse con la empresa receptora Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A. (TPE), -que administra el puerto de Paita- por la supuesta inversión que realizará Tertir – Terminais de Portugal S.A. de la República de Portugal y Cosmos Agencia Marítima S.A.C. de la República del Perú. De esta manera, la administración aprista asegura que el próximo gobierno no cambie las ventajosas condiciones dadas por el actual Ejecutivo.
La puesta de este candado pretende evitar que nadie pueda tocar el cuestionado acuerdo que se suscribió, dice la parlamentaria Marisol Espinoza quien rechazó el contrato de concesión que elaboró la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), ya que este indica, “el Estado debe garantizar un ingreso determinado anual a favor de la concesionaria, y subsidiarla en caso no llegue a la meta”.
Es decir, de acuerdo al contrato de concesión firmado entre el Estado y TPE, existe un acápite denominado Ingreso Mínimo Anual Garantizado, que dice que garantiza a la empresa privada 352 millones de dólares para los 30 años de la concesión, que da un promedio de 12 millones de dólares al año, que es una cifra alta. Si la empresa no llega a ese monto, el Estado –mediante el dinero recaudado de los tributos de los todos los peruanos- debe darle la diferencia para alcanzar ese ingreso mínimo.
Espinoza calificó la resolución ministerial como un “extra-contrato” lesivo a los intereses de Paita, debido a que la empresa Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A. solamente deja el 2% de fideicomiso para los pobladores de este importante puerto de Piura.
“Este extra-contrato es lesivo a los intereses del pueblo paiteño, porque es un trato de estabilidad tributaria a favor de esta empresa. Es un blindaje tributario al contrato de concesión del puerto que fue firmado en marzo del 2009 por el gobierno de Alan García y esta empresa que no ha aportado ningún beneficio para la población de Paita. Seguramente esa resolución está dirigida a beneficiar a uno de los amigos del presidente Alan García”, dijo.
Coincidiendo con lo dicho por la parlamentaria, el especialista en temas portuarios Manuel Dammert subraya que este reciente convenio es “un nuevo faenón” por parte de la administración aprista, que nuevamente protege los intereses privados de sus amigos en desmedro de los intereses nacionales.
El secretario general de la Fentenapu, Leopoldo Ortiz, también cuestionó el convenio de estabilidad y lamentó que el actual gobierno aprista venga entregando importantes ejes estratégicos nacionales a capitales privados en lugar de apostar por la modernización de las empresas nacionales.
Especialistas rechazan Convenio
El especialista en temas tributarios Luis Arias Minaya se mostró en contra de los Contratos de Estabilidad Tributaria. “Estoy en contra de los contratos que se firman bajo la mesa y en los contratos de estabilidad tributaria en donde el que firma es cualquier otro ministerio que no sea el Ministerio de Economía y Finanzas con la participación de la Superintendencia de la Administración Tributaria”, dice Minaya quien añade que “estoy de acuerdo con los contrato de estabilidad en donde no se establezca ninguna exoneración tributaria”.
Recalcó que el problema de una baja recaudación tributaria que tiene el país es consecuencia, entre otras, de los actuales convenios de estabilidad tributaria firmados entre el Estado y diferentes empresas privadas principalmente las vinculadas al sector minero.
Similar opinión tiene Waldo Mendoza, jefe del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien considera que el Estado ya no debe seguir firmando nuevos convenios de estabilidad tributaria.
La ley 27343 del 2000 estableció que para acceder a la estabilidad tributaria hay que pagar una tasa de 2% adicional al Impuesto a la Renta (IR) -es decir 30% de IR + 2%-. Mendoza al igual que diferentes especialistas cuestionan que el plus que tiene que pagar las empresas por gozar de estabilidad tributaria es tan pequeño, planteándose que debiera ser 7% adicional.
El jefe del plan de gobierno del partido Gana Perú recalca que de obtener la administración del país, revisarán todos los contratos de estabilidad jurídica que se firmaron. Precisa que negociarán sobre el impuesto extra que pagan. Es decir, coincide con Mendoza y plantea un impuesto de 7% adicional al IR, como se aplica en Chile a las empresas que gozan de un convenio de estabilidad jurídica.
Jiménez estimó que los actuales contratos de estabilidad tributaria representan que el Estado deja de recaudar 631 millones de soles o 227 millones de dólares anuales.
El artículo 62 de la Constitución de 1993 ha blindado aún mas a los acuerdos de estabilidad jurídica, ahora nadie los puede tocar, ni siquiera el Congreso, pues solo pueden ser modificados previo acuerdo entre las partes. Este blindaje no existe en ningún otro país de la Región.
Incluso el propio Fondo Monetario Internacional dice que dichos contratos son discriminatorios pues otorgan beneficios que otros no tienen. Por eso plantean que ya no se firmen más contratos de este tipo. Sin embargo, la administración aprista ad portas de salir continúa con ello, una muestra es el reciente acuerdo firmado con TPE.
En manos ChilenasPara Espinoza y Dammert lo más preocupante es que con este convenio de estabilidad jurídica se blinda y finiquita la entrega de estratégicos puertos peruanos a manos de capitales Chilenos.
“Pero lo más grave, es que de una manera oculta se está garantizando que nadie quite los puertos peruanos de manos Chilenas. Uno de los puntos del contrato estipula que si fracasa la concesión el acreedor bancario pasa a disponer del puerto ¿y quién es ese acreedor? Pues nada menos que el Scotiabank, que es manejado por el monopolio portuario Chileno”, advirtió la legisladora.
Tras una addenda que se hace al contrato –dice Dammert- se extendió por seis meses la obligación de TPE de invertir 40 millones de dólares y ahonda la dependencia de este puerto a los intereses de los capitales navieros Chilenos. “Esta addenda reconoce a Scotiabank, el que va a proporcionarle el dinero para la inversión, la potestad de cambiar al concesionario sin necesidad de intervención del Estado, y el gobierno oculta que el Scotiabank Perú está conformado en su mayor parte por directivos procedentes del Scotiabank Chile y que el 50% de las acciones de este banco son de propiedad de los navieros Chilenos”, remarcó Dammert.
Según el especialista el reciente Convenio firmado blinda la empresa concesionaria del puerto de Paita (TPE) del control estatal y favorece los intereses del grupo Chileno Claro, dueño del banco Scotiabank Perú, que ha quedado como acreedor principal de todas las inversiones.
“El Estado le ha dado la soberanía del puerto como principal acreedor al Scotiabank. Si hubiera un problema en las inversiones, el encargado de subastar el puerto como único dueño sería este banco que es de propiedad de la compañía Chilena Claro. Eso se llama un traslado de soberanía”, explicó.
Agregó que el grupo Chileno Claro también es dueño de la Compañía Sudamericana de Vapores, cuyo plan es ser la dueña de una ruta sudamericana de exportación e importación a través de los puertos de Chile, Paita, Guayaquil, Asia y Estados Unidos
TPE hace caja con el puerto de PaitaTras la concesión del puerto de Paita que fue entregado a manos del consorcio TPE, Las tarifas en dicho puerto se incrementaron considerablemente. Las que más subieron son las que corresponden a la recepción y entrega de contenedores, pues lo que antes tenía un costo de 400 dólares por “facturación mínima por cuadrilla”, ahora cuesta 2,200 dólares. El incremento representa 1,800 dólares, equivalente a un 450%.
En el caso de los fletes marítimos, la concesionaria tampoco ha tenido reparo en aplicar incrementos de entre 200% y 400% por contenedor. El ex senador y presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro-Piura), Andrés Luna Vargas, explicó que si antes, bajo la administración de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu), las “tarifas especiales” (para los productos que requieren refrigeración) se aplicaban después de 15 días libres para las importaciones y de 30 días libres para las exportaciones, con TPE sólo hay 48 horas libres (dos días), después de las cuales se aplica una tarifa de 8 dólares hasta el octavo día, nueve dólares entre el noveno y decimoquinto día, y 15 dólares diarios en adelante.
En cuanto a las tarifas “standard”, para los demás productos, el monto se ha incrementado de 95 a 130 dólares por contenedor de 20 pies y de 125 a 195 dólares por uno de 30 pies.
Puerto mermadoPara Dammert la concesión del puerto de Paita a manos de TPE ha significado que dicho puerto nacional deje de ser el eje interoceánico del Amazonas para convertirse en un puerto de transbordo entre el norte del Perú y el sur de Ecuador.
Recalca que esto es consecuencia de que los consorcios navieros Tertir y Cosmos –que forman parte de TPE-, este último subsidiario del grupo naviero Chileno Neptunia, dependiente a la vez del monopolio de la misma nacionalidad Von Appen, que no quieren ninguna competencia con su megapuerto de Mejillones. Es decir, como Von Appen que controla el mega puerto de Mejillones en Chile no quiere mayor competencia en la región por ello redujo al puerto de Paita a un puerto de transbordo.
A través de una RM Nº 164-2011-MTC/02, que lleva el visto bueno del ministro de Transportes, Enrique Cornejo, el portafolio aprobó el Convenio de Estabilidad Jurídica a celebrarse con la empresa receptora Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A. (TPE), -que administra el puerto de Paita- por la supuesta inversión que realizará Tertir – Terminais de Portugal S.A. de la República de Portugal y Cosmos Agencia Marítima S.A.C. de la República del Perú. De esta manera, la administración aprista asegura que el próximo gobierno no cambie las ventajosas condiciones dadas por el actual Ejecutivo.
La puesta de este candado pretende evitar que nadie pueda tocar el cuestionado acuerdo que se suscribió, dice la parlamentaria Marisol Espinoza quien rechazó el contrato de concesión que elaboró la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), ya que este indica, “el Estado debe garantizar un ingreso determinado anual a favor de la concesionaria, y subsidiarla en caso no llegue a la meta”.
Es decir, de acuerdo al contrato de concesión firmado entre el Estado y TPE, existe un acápite denominado Ingreso Mínimo Anual Garantizado, que dice que garantiza a la empresa privada 352 millones de dólares para los 30 años de la concesión, que da un promedio de 12 millones de dólares al año, que es una cifra alta. Si la empresa no llega a ese monto, el Estado –mediante el dinero recaudado de los tributos de los todos los peruanos- debe darle la diferencia para alcanzar ese ingreso mínimo.
Espinoza calificó la resolución ministerial como un “extra-contrato” lesivo a los intereses de Paita, debido a que la empresa Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A. solamente deja el 2% de fideicomiso para los pobladores de este importante puerto de Piura.
“Este extra-contrato es lesivo a los intereses del pueblo paiteño, porque es un trato de estabilidad tributaria a favor de esta empresa. Es un blindaje tributario al contrato de concesión del puerto que fue firmado en marzo del 2009 por el gobierno de Alan García y esta empresa que no ha aportado ningún beneficio para la población de Paita. Seguramente esa resolución está dirigida a beneficiar a uno de los amigos del presidente Alan García”, dijo.
Coincidiendo con lo dicho por la parlamentaria, el especialista en temas portuarios Manuel Dammert subraya que este reciente convenio es “un nuevo faenón” por parte de la administración aprista, que nuevamente protege los intereses privados de sus amigos en desmedro de los intereses nacionales.
El secretario general de la Fentenapu, Leopoldo Ortiz, también cuestionó el convenio de estabilidad y lamentó que el actual gobierno aprista venga entregando importantes ejes estratégicos nacionales a capitales privados en lugar de apostar por la modernización de las empresas nacionales.
Especialistas rechazan Convenio
El especialista en temas tributarios Luis Arias Minaya se mostró en contra de los Contratos de Estabilidad Tributaria. “Estoy en contra de los contratos que se firman bajo la mesa y en los contratos de estabilidad tributaria en donde el que firma es cualquier otro ministerio que no sea el Ministerio de Economía y Finanzas con la participación de la Superintendencia de la Administración Tributaria”, dice Minaya quien añade que “estoy de acuerdo con los contrato de estabilidad en donde no se establezca ninguna exoneración tributaria”.
Recalcó que el problema de una baja recaudación tributaria que tiene el país es consecuencia, entre otras, de los actuales convenios de estabilidad tributaria firmados entre el Estado y diferentes empresas privadas principalmente las vinculadas al sector minero.
Similar opinión tiene Waldo Mendoza, jefe del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien considera que el Estado ya no debe seguir firmando nuevos convenios de estabilidad tributaria.
La ley 27343 del 2000 estableció que para acceder a la estabilidad tributaria hay que pagar una tasa de 2% adicional al Impuesto a la Renta (IR) -es decir 30% de IR + 2%-. Mendoza al igual que diferentes especialistas cuestionan que el plus que tiene que pagar las empresas por gozar de estabilidad tributaria es tan pequeño, planteándose que debiera ser 7% adicional.
El jefe del plan de gobierno del partido Gana Perú recalca que de obtener la administración del país, revisarán todos los contratos de estabilidad jurídica que se firmaron. Precisa que negociarán sobre el impuesto extra que pagan. Es decir, coincide con Mendoza y plantea un impuesto de 7% adicional al IR, como se aplica en Chile a las empresas que gozan de un convenio de estabilidad jurídica.
Jiménez estimó que los actuales contratos de estabilidad tributaria representan que el Estado deja de recaudar 631 millones de soles o 227 millones de dólares anuales.
El artículo 62 de la Constitución de 1993 ha blindado aún mas a los acuerdos de estabilidad jurídica, ahora nadie los puede tocar, ni siquiera el Congreso, pues solo pueden ser modificados previo acuerdo entre las partes. Este blindaje no existe en ningún otro país de la Región.
Incluso el propio Fondo Monetario Internacional dice que dichos contratos son discriminatorios pues otorgan beneficios que otros no tienen. Por eso plantean que ya no se firmen más contratos de este tipo. Sin embargo, la administración aprista ad portas de salir continúa con ello, una muestra es el reciente acuerdo firmado con TPE.
En manos ChilenasPara Espinoza y Dammert lo más preocupante es que con este convenio de estabilidad jurídica se blinda y finiquita la entrega de estratégicos puertos peruanos a manos de capitales Chilenos.
“Pero lo más grave, es que de una manera oculta se está garantizando que nadie quite los puertos peruanos de manos Chilenas. Uno de los puntos del contrato estipula que si fracasa la concesión el acreedor bancario pasa a disponer del puerto ¿y quién es ese acreedor? Pues nada menos que el Scotiabank, que es manejado por el monopolio portuario Chileno”, advirtió la legisladora.
Tras una addenda que se hace al contrato –dice Dammert- se extendió por seis meses la obligación de TPE de invertir 40 millones de dólares y ahonda la dependencia de este puerto a los intereses de los capitales navieros Chilenos. “Esta addenda reconoce a Scotiabank, el que va a proporcionarle el dinero para la inversión, la potestad de cambiar al concesionario sin necesidad de intervención del Estado, y el gobierno oculta que el Scotiabank Perú está conformado en su mayor parte por directivos procedentes del Scotiabank Chile y que el 50% de las acciones de este banco son de propiedad de los navieros Chilenos”, remarcó Dammert.
Según el especialista el reciente Convenio firmado blinda la empresa concesionaria del puerto de Paita (TPE) del control estatal y favorece los intereses del grupo Chileno Claro, dueño del banco Scotiabank Perú, que ha quedado como acreedor principal de todas las inversiones.
“El Estado le ha dado la soberanía del puerto como principal acreedor al Scotiabank. Si hubiera un problema en las inversiones, el encargado de subastar el puerto como único dueño sería este banco que es de propiedad de la compañía Chilena Claro. Eso se llama un traslado de soberanía”, explicó.
Agregó que el grupo Chileno Claro también es dueño de la Compañía Sudamericana de Vapores, cuyo plan es ser la dueña de una ruta sudamericana de exportación e importación a través de los puertos de Chile, Paita, Guayaquil, Asia y Estados Unidos
TPE hace caja con el puerto de PaitaTras la concesión del puerto de Paita que fue entregado a manos del consorcio TPE, Las tarifas en dicho puerto se incrementaron considerablemente. Las que más subieron son las que corresponden a la recepción y entrega de contenedores, pues lo que antes tenía un costo de 400 dólares por “facturación mínima por cuadrilla”, ahora cuesta 2,200 dólares. El incremento representa 1,800 dólares, equivalente a un 450%.
En el caso de los fletes marítimos, la concesionaria tampoco ha tenido reparo en aplicar incrementos de entre 200% y 400% por contenedor. El ex senador y presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro-Piura), Andrés Luna Vargas, explicó que si antes, bajo la administración de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu), las “tarifas especiales” (para los productos que requieren refrigeración) se aplicaban después de 15 días libres para las importaciones y de 30 días libres para las exportaciones, con TPE sólo hay 48 horas libres (dos días), después de las cuales se aplica una tarifa de 8 dólares hasta el octavo día, nueve dólares entre el noveno y decimoquinto día, y 15 dólares diarios en adelante.
En cuanto a las tarifas “standard”, para los demás productos, el monto se ha incrementado de 95 a 130 dólares por contenedor de 20 pies y de 125 a 195 dólares por uno de 30 pies.
Puerto mermadoPara Dammert la concesión del puerto de Paita a manos de TPE ha significado que dicho puerto nacional deje de ser el eje interoceánico del Amazonas para convertirse en un puerto de transbordo entre el norte del Perú y el sur de Ecuador.
Recalca que esto es consecuencia de que los consorcios navieros Tertir y Cosmos –que forman parte de TPE-, este último subsidiario del grupo naviero Chileno Neptunia, dependiente a la vez del monopolio de la misma nacionalidad Von Appen, que no quieren ninguna competencia con su megapuerto de Mejillones. Es decir, como Von Appen que controla el mega puerto de Mejillones en Chile no quiere mayor competencia en la región por ello redujo al puerto de Paita a un puerto de transbordo.
Precios de combustibles embalsados
El cálculo político y electoral de la administración aprista pasará la factura al futuro gobierno con el manejo de los precios de los combustibles. Las refinerías que se benefician con estas decisiones recibirán del Estado hasta el mes de julio aproximadamente 2,400 millones de soles. Subsidios a combustibles originan un retraso de más de 20% del valor real.
El problema del embalse actual de los precios de los combustibles se originó cuando a finales de febrero del presente año el Poder Ejecutivo suspendió temporalmente la actualización y publicación de las Bandas de Precios de los productos incluidos en el Fondo de Estabilización del Precio de los combustibles (FEPC) –con el cálculo político bajo el brazo estableció que la banda se actualizaría el último jueves de abril, o sea después de las elecciones presidenciales–, lo que ha originado, según diferentes especialistas, un retraso de hasta 20% en los precios del combustibles derivados del petróleo en el mercado local frente a los precios internacionales.
Así, según el economista y especialista en tema de Hidrocarburos, Cesar Bedón, mientras que a comienzos de marzo se compensaba (el FEPC pagaba a las refinerías) en S/. 1.16, a fines esta cifra se ha elevado a la fecha hasta S/. 1.82 por galón promedio.
Dicho incrementó, según el especialista, equivale aproximadamente a un mayor compromiso anual del Estado de alrededor de S/. 1.6 mil millones, si es que las cosas no cambian, o sea si es que el precio internacional del petróleo sigue incrementándose como lo viene haciendo.
Bedón recalcó que, adicionalmente al alza del precio internacional del petróleo, un país con un crecimiento de 8% anual –como lo tuvo el Perú el pasado año- genera un porcentaje similar de crecimiento en su demanda de combustibles. Y eso significa más petróleo crudo, gasolinas de alto octanaje y Diesel importados.
“El embalse de precios determinado por el Gobierno, orientado por los técnicos estatales que insisten en la alta volatilidad en espera de bajas de precios y no reconocen la tendencia, viene tomando proporciones de muy difícil manejo”, advirtió el economista.
Según estimó el Ministerio de Economía y Finanzas la deuda a las refinerías alcanzaría hasta julio S/. 2,400 millones, sin embargo de este total se habría cancelado, según el MEF, S/. 1,200 millones (600 en marzo y otros 600 a inicios del presente mes). De acuerdo, al ministro Ismael Benavides con esos S/. 1,200 millones se cancela la deuda que el Estado tiene con las refinerías pero solo hasta marzo.
El problema es que la deuda seguirá incrementándose y es muy factible que supere las estimaciones del MEF a marzo, pues el precio internacional del petróleo sigue incrementándose. Al iniciar esta semana (lunes) el precio del oro negro alcanzó su mayor nivel en los últimos 30 meses (US$ 108.78) debido a la inestabilidad en Libia y el Medio Oriente.
Para diferentes especialistas, el estado peruano en lugar de seguir con su política de subsidiar el combustible, como los S/. 600 millones pagado recientemente a las refinerías, bien podría estar sirviendo para financiar la reconversión de la matriz energética del país hacia el uso del Gas Natural, las instalaciones de gas de los hogares más pobres en las diversas regiones del país, he incluso la reconversión de algunas empresas, etc.
¿Eliminar el ISC?
Aún si elimináramos totalmente el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), como lo vienen pidiendo diferentes gremios de transporte terrestre de pasajeros, éste apenas aportaría los S/. 2.4 mil millones que recaudó el año 2010, lo cual es insuficiente, consideró Bedón.
“Esta opción (eliminar el ISC) no debería ser muy difícil de tomar en los actuales rumbos de nuestra política económica; si ya se redujeron los ingresos fiscales en S/. 1.8 mil millones anuales con la baja del IGV en un punto de 19 a 18%. Mención aparte tiene lo anti técnico de su aplicación y su cada vez más baja participación en los ingresos fiscales”, subrayó.
El año 2002 la participación del ISC en los ingresos totales del Gobierno Central era de 10.9%. El año pasado aportó un 3.3% y la tendencia es a la baja en la medida que combustibles como el Gas Licuado de Petróleo, el GLP automotor y el Gas Natural se encuentran exonerados del ISC y vienen ganando mayor participación en la matriz energética.
Embalse y enormes subsidiosA Bedón le preocupa varios temas en el manejo artificial de precios de los Hidrocarburos que implementa este Gobierno tratando de contener lo incontenible.
Uno de ellos es el enorme subsidio al Diesel. Según el especialista, casi dos tercios del subsidio se aplica a este combustible absorbiendo un impacto de S/. 2.47 por galón; es decir, si se eliminara totalmente el subsidio al Diesel 2 el precio en grifos subiría alrededor de S/. 2.50 por galón (incluido IGV).
Sólo el subsidio aplicado al Diesel es superior en 23% a la recaudación total del ISC. Su atraso con relación al precio internacional es de 22.0%.
“Así de grave es el embalse y como todo embalse se va agravando poco a poco. Lleva ya un atraso de precios de 26.7%. No hay eliminación del ISC que ayude a la baja del precio pues desde el año 2005 no lo paga. Por tanto de seguro mantendrá un subsidio elevado”, cuestionó.
En opinión de Bedón Rocha, lo mas irracional es el subsidio a las gasolinas, principalmente las de alto octanaje que igualmente son subsidiadas. Así, estimó, que el Estado subsidia con S/. 1.66 por galón la gasolina 84, de consumo principalmente en provincias, y con montos mayores las de alto octanaje.
El caso del GLPEn la actualidad los productores (las refinerías) vienen recibiendo por parte del Estado una compensación del Fondo de Estabilización de Precios de los Hidrocarburos a manera de subsidio para que no trasladen los efectos del incremento internacional de precios a las envasadoras, estaciones de servicio y consumidores industriales. Este subsidio en marzo 2011 ha promediado S/. 5.91 por balón de 10 kilogramos.
De esta manera, dijo el especialista, gracias al Fondo de Estabilización las envasadoras pagaron en marzo 2011 un 9.8% menos que en junio 2005. Los productores reciben o recibirán 20.2% más en la medida que el GLP se alinea con los precios internacionales. Por su parte el Fisco recibe S/. 5.44 por IGV, pero con la compensación que el Estado otorga a los productores termina con un déficit de S/. 0.47. Es decir que en lugar de los S/. 7.08 que recibía en junio 2005 hoy por el contrario desembolsa S/. 0.47.
“Por supuesto que el público consumidor paga casi el mismo precio luego de 6 años, lo cual no es malo. No incorporo aquí el efecto positivo para la caja fiscal y negativo para los productores de las regalías pagadas por cada Kilogramo producido”, indicó.
¿Y el margen comercial?Se ha incrementado a marzo 2011 en S/. 3.64 ó 41.6%. Asímismo, mientras en junio del 2005 el subsidio del Estado absorbía un 24.6% del precio al consumidor, en marzo 2011 absorbe el 34.8% del precio final. Un aumento de 10.2 puntos porcentuales.
“Creo que hay que revisar este asunto y con seriedad. Debemos reconocer que existe en promedio un buen servicio en la comercialización del GLP; que igualmente se han efectuado inversiones en adquisición de balones y medios de transporte pero hay fallas en el mercado, eso es evidente”, mencionó Bedón.
Herramientas para enfrentar“Quedan dos herramientas para seguir porfiando contra el tsunami que se nos viene. Una de las herramientas es eliminar el ISC, lo que generará algunas palmas políticas por eliminar un tributo anti técnico; mover las bandas de precios para que se aplique el 28 de abril, si llegamos con aire suficiente, aumentos de precios para lo cual habrá otro Decreto de Urgencia que, nuevamente y ´por única vez´, autorizará los porcentajes máximos de aumentos. Todo ello en un manejo burocrático de precios que con ineficiencia ha tratado de substituir al libre mercado. “, consideró Bedón.
Se está dejando sin recursos al EstadoPara Aurelio Ochoa, especialista en temas energéticos, se vislumbra que este último pago a las refinerías (S/. 600 millones) dejará una gran deuda al próximo gobierno.
El precio de los combustibles repercute a nivel nacional, ya que solo en los años 2008 y 2009 se destinaron S/. 3.500 millones del fisco para el pago de las refinerías, este monto es excesivo para un país pobre como el nuestro y que ese dinero se debería distribuir a otros sectores como Educación y salud.
Agregó que el subsidio es indiscriminado pues solo debería limitarse al transporte público y de carga para que no afecte a los más pobres, por un período de dos a tres años hasta que estos medios de transporte pasen a usar el gas.
Sin embargo, sostuvo que el resto de la población debería pagar el precio real del combustible que utilizan, de esta manera ahorrarían al ser caro el petróleo y las refinerías al disminuir la demanda -por los altos precios- tendrían mayores ofertas para los usuarios.
“Ahora el MEF destina S/.600 millones, ya no se deberían pagar los subsidios a las refinarías, de seguir así nadie va a ahorrar combustible”, consideró.
Añadió que se debería apostar por el Gas Natural pues indicó que actualmente el retraso del precio de los combustibles en el mercado local en comparación a los precios internacionales del petróleo es de 20% y con tendencia a seguir incrementándose la brecha.
“Estos pagos son una sangría a los recursos del Estado pues no tenemos dinero” , advirtió Ochoa quien estimó que los precios de los combustibles en el mercado internacional podrían dispararse no en el mes de junio o julio sino que a finales de este mes, ya que en esa época se conocerá nuevamente la banda de precios de combustibles.
El problema del embalse actual de los precios de los combustibles se originó cuando a finales de febrero del presente año el Poder Ejecutivo suspendió temporalmente la actualización y publicación de las Bandas de Precios de los productos incluidos en el Fondo de Estabilización del Precio de los combustibles (FEPC) –con el cálculo político bajo el brazo estableció que la banda se actualizaría el último jueves de abril, o sea después de las elecciones presidenciales–, lo que ha originado, según diferentes especialistas, un retraso de hasta 20% en los precios del combustibles derivados del petróleo en el mercado local frente a los precios internacionales.
Así, según el economista y especialista en tema de Hidrocarburos, Cesar Bedón, mientras que a comienzos de marzo se compensaba (el FEPC pagaba a las refinerías) en S/. 1.16, a fines esta cifra se ha elevado a la fecha hasta S/. 1.82 por galón promedio.
Dicho incrementó, según el especialista, equivale aproximadamente a un mayor compromiso anual del Estado de alrededor de S/. 1.6 mil millones, si es que las cosas no cambian, o sea si es que el precio internacional del petróleo sigue incrementándose como lo viene haciendo.
Bedón recalcó que, adicionalmente al alza del precio internacional del petróleo, un país con un crecimiento de 8% anual –como lo tuvo el Perú el pasado año- genera un porcentaje similar de crecimiento en su demanda de combustibles. Y eso significa más petróleo crudo, gasolinas de alto octanaje y Diesel importados.
“El embalse de precios determinado por el Gobierno, orientado por los técnicos estatales que insisten en la alta volatilidad en espera de bajas de precios y no reconocen la tendencia, viene tomando proporciones de muy difícil manejo”, advirtió el economista.
Según estimó el Ministerio de Economía y Finanzas la deuda a las refinerías alcanzaría hasta julio S/. 2,400 millones, sin embargo de este total se habría cancelado, según el MEF, S/. 1,200 millones (600 en marzo y otros 600 a inicios del presente mes). De acuerdo, al ministro Ismael Benavides con esos S/. 1,200 millones se cancela la deuda que el Estado tiene con las refinerías pero solo hasta marzo.
El problema es que la deuda seguirá incrementándose y es muy factible que supere las estimaciones del MEF a marzo, pues el precio internacional del petróleo sigue incrementándose. Al iniciar esta semana (lunes) el precio del oro negro alcanzó su mayor nivel en los últimos 30 meses (US$ 108.78) debido a la inestabilidad en Libia y el Medio Oriente.
Para diferentes especialistas, el estado peruano en lugar de seguir con su política de subsidiar el combustible, como los S/. 600 millones pagado recientemente a las refinerías, bien podría estar sirviendo para financiar la reconversión de la matriz energética del país hacia el uso del Gas Natural, las instalaciones de gas de los hogares más pobres en las diversas regiones del país, he incluso la reconversión de algunas empresas, etc.
¿Eliminar el ISC?
Aún si elimináramos totalmente el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), como lo vienen pidiendo diferentes gremios de transporte terrestre de pasajeros, éste apenas aportaría los S/. 2.4 mil millones que recaudó el año 2010, lo cual es insuficiente, consideró Bedón.
“Esta opción (eliminar el ISC) no debería ser muy difícil de tomar en los actuales rumbos de nuestra política económica; si ya se redujeron los ingresos fiscales en S/. 1.8 mil millones anuales con la baja del IGV en un punto de 19 a 18%. Mención aparte tiene lo anti técnico de su aplicación y su cada vez más baja participación en los ingresos fiscales”, subrayó.
El año 2002 la participación del ISC en los ingresos totales del Gobierno Central era de 10.9%. El año pasado aportó un 3.3% y la tendencia es a la baja en la medida que combustibles como el Gas Licuado de Petróleo, el GLP automotor y el Gas Natural se encuentran exonerados del ISC y vienen ganando mayor participación en la matriz energética.
Embalse y enormes subsidiosA Bedón le preocupa varios temas en el manejo artificial de precios de los Hidrocarburos que implementa este Gobierno tratando de contener lo incontenible.
Uno de ellos es el enorme subsidio al Diesel. Según el especialista, casi dos tercios del subsidio se aplica a este combustible absorbiendo un impacto de S/. 2.47 por galón; es decir, si se eliminara totalmente el subsidio al Diesel 2 el precio en grifos subiría alrededor de S/. 2.50 por galón (incluido IGV).
Sólo el subsidio aplicado al Diesel es superior en 23% a la recaudación total del ISC. Su atraso con relación al precio internacional es de 22.0%.
“Así de grave es el embalse y como todo embalse se va agravando poco a poco. Lleva ya un atraso de precios de 26.7%. No hay eliminación del ISC que ayude a la baja del precio pues desde el año 2005 no lo paga. Por tanto de seguro mantendrá un subsidio elevado”, cuestionó.
En opinión de Bedón Rocha, lo mas irracional es el subsidio a las gasolinas, principalmente las de alto octanaje que igualmente son subsidiadas. Así, estimó, que el Estado subsidia con S/. 1.66 por galón la gasolina 84, de consumo principalmente en provincias, y con montos mayores las de alto octanaje.
El caso del GLPEn la actualidad los productores (las refinerías) vienen recibiendo por parte del Estado una compensación del Fondo de Estabilización de Precios de los Hidrocarburos a manera de subsidio para que no trasladen los efectos del incremento internacional de precios a las envasadoras, estaciones de servicio y consumidores industriales. Este subsidio en marzo 2011 ha promediado S/. 5.91 por balón de 10 kilogramos.
De esta manera, dijo el especialista, gracias al Fondo de Estabilización las envasadoras pagaron en marzo 2011 un 9.8% menos que en junio 2005. Los productores reciben o recibirán 20.2% más en la medida que el GLP se alinea con los precios internacionales. Por su parte el Fisco recibe S/. 5.44 por IGV, pero con la compensación que el Estado otorga a los productores termina con un déficit de S/. 0.47. Es decir que en lugar de los S/. 7.08 que recibía en junio 2005 hoy por el contrario desembolsa S/. 0.47.
“Por supuesto que el público consumidor paga casi el mismo precio luego de 6 años, lo cual no es malo. No incorporo aquí el efecto positivo para la caja fiscal y negativo para los productores de las regalías pagadas por cada Kilogramo producido”, indicó.
¿Y el margen comercial?Se ha incrementado a marzo 2011 en S/. 3.64 ó 41.6%. Asímismo, mientras en junio del 2005 el subsidio del Estado absorbía un 24.6% del precio al consumidor, en marzo 2011 absorbe el 34.8% del precio final. Un aumento de 10.2 puntos porcentuales.
“Creo que hay que revisar este asunto y con seriedad. Debemos reconocer que existe en promedio un buen servicio en la comercialización del GLP; que igualmente se han efectuado inversiones en adquisición de balones y medios de transporte pero hay fallas en el mercado, eso es evidente”, mencionó Bedón.
Herramientas para enfrentar“Quedan dos herramientas para seguir porfiando contra el tsunami que se nos viene. Una de las herramientas es eliminar el ISC, lo que generará algunas palmas políticas por eliminar un tributo anti técnico; mover las bandas de precios para que se aplique el 28 de abril, si llegamos con aire suficiente, aumentos de precios para lo cual habrá otro Decreto de Urgencia que, nuevamente y ´por única vez´, autorizará los porcentajes máximos de aumentos. Todo ello en un manejo burocrático de precios que con ineficiencia ha tratado de substituir al libre mercado. “, consideró Bedón.
Se está dejando sin recursos al EstadoPara Aurelio Ochoa, especialista en temas energéticos, se vislumbra que este último pago a las refinerías (S/. 600 millones) dejará una gran deuda al próximo gobierno.
El precio de los combustibles repercute a nivel nacional, ya que solo en los años 2008 y 2009 se destinaron S/. 3.500 millones del fisco para el pago de las refinerías, este monto es excesivo para un país pobre como el nuestro y que ese dinero se debería distribuir a otros sectores como Educación y salud.
Agregó que el subsidio es indiscriminado pues solo debería limitarse al transporte público y de carga para que no afecte a los más pobres, por un período de dos a tres años hasta que estos medios de transporte pasen a usar el gas.
Sin embargo, sostuvo que el resto de la población debería pagar el precio real del combustible que utilizan, de esta manera ahorrarían al ser caro el petróleo y las refinerías al disminuir la demanda -por los altos precios- tendrían mayores ofertas para los usuarios.
“Ahora el MEF destina S/.600 millones, ya no se deberían pagar los subsidios a las refinarías, de seguir así nadie va a ahorrar combustible”, consideró.
Añadió que se debería apostar por el Gas Natural pues indicó que actualmente el retraso del precio de los combustibles en el mercado local en comparación a los precios internacionales del petróleo es de 20% y con tendencia a seguir incrementándose la brecha.
“Estos pagos son una sangría a los recursos del Estado pues no tenemos dinero” , advirtió Ochoa quien estimó que los precios de los combustibles en el mercado internacional podrían dispararse no en el mes de junio o julio sino que a finales de este mes, ya que en esa época se conocerá nuevamente la banda de precios de combustibles.
martes, 5 de abril de 2011
5 de Abril de 1992: La lección es funesta
19 años después del autogolpe que diera Alberto Fujimori, el Perú, ¿nuestro país ha procesado las implicancias de una medida autoritaria como esta? Opina el Fiscal del Caso Fujimori, Avelino Guillén Jáuregui.
José Miguel Silva @jomisilvamerino
Conversamos con el ex fiscal del Caso Fujimori, Avelino Guillén, sobre el balance que deja, casi dos décadas después de aquella noche en que todo espectro de la institucionalidad peruana, quedó en oscuras.
“El Autogolpe del 5 de abril deja una lección funesta para el país. Ese hecho significó que una camarilla usurpe el poder, con la intención de sacar provecho personal del mismo, de forma indebida”.
Pese al alto respaldo popular que tuvo la decisión del entonces presidente Alberto Fujimori, hoy se perciben aún las consecuencias de de un de esta clase.
Para Guillén Jáuregui, “La interrupción del sistema democrático determinó un atraso para el país, sobre todo el hecho de que la corrupción creció de manera desmesurada”.
No obstante, dónde empieza todo. Quizás en la baja desaprobación que tenía el Parlamento en ese entonces. Los funcionarios del gobierno justificaron su medida en la poca maniobra que podrían ejercer al momento de atacar el terrorismo.
No obstante, si bien hubo respaldo inicial, para el reconocido letrado, “después de las muestras de apoyo la población se dio cuenta de las intenciones de los que perpetraron el autogolpe”, lo cual generó, ocho años después, la caída del régimen.
Pero, ¿puede o no repetirse una situación de este tipo en el Perú de hoy?, le preguntamos. “El peligro no está descartado, la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil deben estar vigilantes y atentos a nuestro acontecer democrático”, afirmó.
Según indica, la participación ciudadana no puede limitarse a votar cada cinco años. “Es muy fácil para un candidato autoritario dar medidas como la del 5 de abril de 1992”.
El papel de la comunidad internacional
En otro momento, criticó el papel de la comunidad internacional de ese entonces. “Me parece que pudo ser más exigente, debieron restablecer de inmediato la democracia en el país, y no aceptar medidas que le den aire a la dictadura”.
No obstante, Guillén también consideró que en la actualidad la situación es diferente y la Comunidad Internacional sí está en condiciones de hacer respetar la democracia.
Los partidos deben pronunciarse de forma inmediata
"Los candidatos presidenciales deben definir una postura a la mayor brevedad, en relación a la institucionalidad democrática y decir qué opinión tienen sobre el autogolpe", manifestó.
Según dijo, será trabajo de la prensa hacer notar que "Hay graves omisiones de los partidos políticos en cuanto al tema de los derechos humanos, dejando de lado cualquier cálculo político".
Finalmente, Guillén consideró que la herida del 5 de abril de 1992 aún no cierra y sigue sangrante. "En nuestro país no hay un deslinde claro frente a los métodos autoritarios, no se puede decir que el Perú Avanza, si continuamos guardando silencio frente a hechos como este".
Elecciones e interferencias internacionales
Aníbal Sierralta Ríos, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y del CAEN, es autor de “El impacto del comercio internacional en la cultura y en la política”. Dicho trabajo iniciado en 1997, se basa en su libro anterior titulado “Internacionalización de las empresas latinoamericanas” y analiza los desafíos comerciales entre el Perú y sus países vecinos. Lo entrevistamos para conocer su opinión respecto de los candidatos a la presidencia y nos alerta que algunos digan cuidado con que venga Chávez, pero nadie dice cuidado con PIÑERA que opina sin tapujos sobre cuál sería el mejor candidato para las relaciones peruano-Chilenos.
¿Cuáles son los argumentos para que Ud. hable de fricciones comerciales en su libro?El intercambio comercial propicia vínculos empresariales, pero, aunque parezca paradójico, también genera conflictos ya que están de por medio diferentes actores, como el Estado, las transnacionales, las ong, los gremios y los organismos multilaterales, que tienen distintos objetivos.
Todo Estado busca el bienestar de su población de tal manera que debe negociar con esos actores para conciliar intereses, con frecuencia contrapuestos. Para ello se requiere de un Estado fuerte y un equipo de funcionarios con poder y capacidad de negociación a fin de tratar con las transnacionales que actúan siempre protegidas por sus Estados.
Un país, como Chile, con mayor presencia comercial y un significativo stock de inversiones, puede influir en las decisiones políticas del país receptor, para satisfacer sus intereses.
¿Pero nosotros tenemos una relación comercial fluida con Chile?Sí, claro, ellos tienen el control de servicios fundamentales como el transporte aéreo, el marítimo y con socios peruanos buscan consolidarse en los puertos del Callao y Paita, pues ya tienen el sur. Manejan las principales empresas de tecnología informática que es el soporte de las comunicaciones telemáticas internacionales. Están en el sistema financiero y han ingresado hasta en los servicios de salud. De tal manera que los servicios son de ellos. Y este gobierno les ha dado una buena ayuda con las normas sobre exportación de servicios.
Nosotros solo tenemos una inversión significativa en cemento, el resto son cebicherías. El comercio es exportación de servicios y dominio tecnológico, no exportación de materias primas.
¿De qué manera actúan esos actores?Fíjese, cuando el candidato Humala ofreció, en días pasados, constituir una empresa aérea nacional, necesaria para exportar nuestras mercaderías por que carecemos de flota aérea o marítima, al día siguiente y durante tres días continuos le cayó encima toda la prensa calificándolo de estatista y demonio. ¿Quién o qué inversión alentó esa campaña?
¿Ud. cree que en esta campaña presidencial hay interferencia política?Los grandes inversores extranjeros tienen sus candidatos. Toledo durante su gobierno alentó la inversión Chilena, tuvo dos asesores Chilenos en Palacio de Gobierno y un día antes de cumplir su mandato, eliminó TANS, la única línea aérea peruana. Kuczynski es socio de transnacionales Chilenas, ha facilitado la venta de gas para el crecimiento industrial de nuestros vecinos y es director de transnacionales Chilenas, como él mismo lo admite.
Algunas personas, repitiendo las consignas del 2006, dicen: cuidado con que venga Chávez, pero nadie dice cuidado con PIÑERA que opina sin tapujos sobre cuál sería el mejor candidato para las relaciones peruano-Chilenos.
Piñera ha dicho que las relaciones sufrirían un cambio si gana Ollanta, ¿cuál sería ese cambio?Evidentemente es una intromisión condenable. Sí creo que habría un cambio: se establecerían relaciones con dignidad.
Pero cualquier Presidente electo, con un mínimo de respeto, tendrá que renegociar el TLC con Chile, cumpliendo el mandato del Tribunal Constitucional.
¿En qué sentido?El nuevo gobierno tendrá que precisar el concepto y ámbito de territorio. El Tribunal Constitucional señala que el Tratado: “no es inconstitucional, siempre que se interprete en el concepto de “territorio continental, las islas, los espacios marítimos y el espacio aéreo bajo su soberanía (…) de conformidad con el articulo 54 de la Constitución”. Es decir, deberá señalarse que la soberanía y jurisdicción que le compete al estado peruano abarca el dominio marítimo que ejerce sobre las 200 millas marinas.
Igualmente, deberá incorporarse el concepto de seguridad nacional como uno de los supuestos de expropiación y hasta que ello no ocurra el Tratado es inconstitucional.
Eso es lo que teme Piñera ya que el actual gobierno ha sido concesivo y dos candidatos actuales lo serían.
¿Considera que Humala ahuyentaría la inversión extranjera y confiscaría empresas?Ningún candidato podrá afectar la inversión extranjera, menos confiscarla. El Perú forma parte del CIADI, que es el órgano de protección de inversiones, de la OMC que resguarda la inversión, y ha celebrado una serie de tratados de protección de inversión, TPI. De tal manera que hay un andamiaje destinado a amparar, asegurar y cautelar cualquier inversión extranjera.
La gran ventaja del CIADI es que cualquier inversionista puede llevar a un Estado ante el Tribunal de Arbitraje del CIADI.
Los acuerdos de la OMC sin excepción, no solo protegen a la inversión extranjera sino que además obligan a los Estados a asegurarles sus expectativas de lucro. Esta es una innovación del derecho internacional de los últimos quince años.
¿Cuál es el margen de negociación con la inversión extranjera? El único margen es negociar algunos contratos de estabilidad tributaria, pero ello requiere de la conformidad de las dos partes. El Estado no puede imponer, sólo proponer.
¿Pero eso no ahuyenta la inversión extranjera?Ninguna negociación comercial asusta a un inversionista. Las transnacionales no son niños de pecho. Por otro lado, los propios estadounidenses negocian todos los contratos. Hay una cláusula, “hardship”, que posibilita renegociar un contrato cuando las condiciones varían. En nuestro sistema jurídico es la cláusula de imprevisión.
Ese es el mecanismo de renegociación contractual. Todos los países lo hacen cuando están identificados con los intereses nacionales y tienen la voluntad y dignidad de Estado, más o menos autónomo.
¿Cuál es su apreciación sobre el empresariado Chileno?Excúseme de no opinar, pues ahora defender los intereses del Perú, significa ser tildado de nacionalista trasnochado. Pero sí déjeme darle dos ejemplos evidentes que son una constante en el sentimiento y conducta del empresariado Chileno.
En enero de 1988 el Gerente General de Lucchetti, Gonzalo Menéndez, dijo del exalcalde Andrade: “Este caballero se va a encontrar conmigo”, quiere ser Presidente pero yo ganaré porque “quiero una batalla sangrienta como se ganan todas las guerras”.
Ahora mismo, el jueves 31 de marzo en las páginas de un diario económico peruano (Gestión) el empresario Chileno Ricardo Cabello dice que su candidato preferido es Pedro Pablo Kuczynski pero que es probable que Ollanta pase a la segunda vuelta. Sin embargo “…mientras el fantasma no esté enterrado, sigue rondando”.
Los empresarios quieren enterrar a todo aquel presidente que tenga un ápice de dignidad para defender los intereses peruanos.
Si a ello suma las declaraciones del presidente Piñera, no se requiere ser inteligente para conocer los riesgos.
¿Cree que hay una competencia Venezuela y Chile?Fíjese Ud., toda la prensa se escandaliza porque Chávez dice ser amigo de Humala y sacan su foto. Yo sé que Chávez es impresentable pero su país nunca agredió al Perú. En cambio Piñera interviene y la gran prensa calla, a pesar que su país tiene una larga historia de conflicto y humillaciones hacia el Perú.
¿Afectaría nuestro diferendo en La Haya?Tengo la certeza, por los precedentes jurisprudenciales, que se reconocerá la razón y el derecho del Perú; pero su ejecución dependerá de la decisión de los dos Estados. Siento que los llamados gremios empresariales en los cuales tienen gran presencia las inversiones Chilenas, la media peruana (prensa y televisión) que cuidan su avisaje, la presión de los capitales extranjeros y un presidente que tuviera intereses evidentes y vínculos comerciales con Chile, podrían establecer concesiones y dilatar la ejecución para hacer de la sentencia favorable solo una victoria nominal. Hay muchas experiencias en los últimos cien años que posibilitan hacer creer que ese capítulo no se cerraría definitivamente.
Sin embargo, hay que olvidar el pasado para vivir en paz, como lo han hecho Alemania y Francia.
Esta es una expresión engañosa. Esos dos países han superado sus conflictos uniéndose en los ´50 al Tratado del Carbón y del Acero. Chile torpedeó el Acuerdo de Cartagena. Por otro lado, Alemania pidió perdón a Francia y ésta devolvió los trofeos de guerra. Finalmente, Alsacia y Lorena al fin están bajo soberanía francesa.
Hay que mirar el futuro a partir de un conocimiento de la historia para no repetirla.
Una gran mayoría de peruanos desea mantener el actual modelo económico. A partir de ello ¿cuál es el candidato que mejor asegura el modelo económico?En primer lugar, no es cierto que la gran mayoría quiera mantener el modelo primario-exportador que trae indudables ingresos, pero para una minoría. Lo que ocurre es que esa minoría controla los medios y es la única voz que se escucha. Lo hace con estridencia y dogmatismo impidiendo el más mínimo movimiento o cruce de opiniones. Sin embargo, la cuestión social y educativa sigue siendo un gravísimo problema.
¿Por quién votaría Ud.?Sólo le puedo decir que no votaría por ninguna “K”. Huele feo.
¿Cuáles son los argumentos para que Ud. hable de fricciones comerciales en su libro?El intercambio comercial propicia vínculos empresariales, pero, aunque parezca paradójico, también genera conflictos ya que están de por medio diferentes actores, como el Estado, las transnacionales, las ong, los gremios y los organismos multilaterales, que tienen distintos objetivos.
Todo Estado busca el bienestar de su población de tal manera que debe negociar con esos actores para conciliar intereses, con frecuencia contrapuestos. Para ello se requiere de un Estado fuerte y un equipo de funcionarios con poder y capacidad de negociación a fin de tratar con las transnacionales que actúan siempre protegidas por sus Estados.
Un país, como Chile, con mayor presencia comercial y un significativo stock de inversiones, puede influir en las decisiones políticas del país receptor, para satisfacer sus intereses.
¿Pero nosotros tenemos una relación comercial fluida con Chile?Sí, claro, ellos tienen el control de servicios fundamentales como el transporte aéreo, el marítimo y con socios peruanos buscan consolidarse en los puertos del Callao y Paita, pues ya tienen el sur. Manejan las principales empresas de tecnología informática que es el soporte de las comunicaciones telemáticas internacionales. Están en el sistema financiero y han ingresado hasta en los servicios de salud. De tal manera que los servicios son de ellos. Y este gobierno les ha dado una buena ayuda con las normas sobre exportación de servicios.
Nosotros solo tenemos una inversión significativa en cemento, el resto son cebicherías. El comercio es exportación de servicios y dominio tecnológico, no exportación de materias primas.
¿De qué manera actúan esos actores?Fíjese, cuando el candidato Humala ofreció, en días pasados, constituir una empresa aérea nacional, necesaria para exportar nuestras mercaderías por que carecemos de flota aérea o marítima, al día siguiente y durante tres días continuos le cayó encima toda la prensa calificándolo de estatista y demonio. ¿Quién o qué inversión alentó esa campaña?
¿Ud. cree que en esta campaña presidencial hay interferencia política?Los grandes inversores extranjeros tienen sus candidatos. Toledo durante su gobierno alentó la inversión Chilena, tuvo dos asesores Chilenos en Palacio de Gobierno y un día antes de cumplir su mandato, eliminó TANS, la única línea aérea peruana. Kuczynski es socio de transnacionales Chilenas, ha facilitado la venta de gas para el crecimiento industrial de nuestros vecinos y es director de transnacionales Chilenas, como él mismo lo admite.
Algunas personas, repitiendo las consignas del 2006, dicen: cuidado con que venga Chávez, pero nadie dice cuidado con PIÑERA que opina sin tapujos sobre cuál sería el mejor candidato para las relaciones peruano-Chilenos.
Piñera ha dicho que las relaciones sufrirían un cambio si gana Ollanta, ¿cuál sería ese cambio?Evidentemente es una intromisión condenable. Sí creo que habría un cambio: se establecerían relaciones con dignidad.
Pero cualquier Presidente electo, con un mínimo de respeto, tendrá que renegociar el TLC con Chile, cumpliendo el mandato del Tribunal Constitucional.
¿En qué sentido?El nuevo gobierno tendrá que precisar el concepto y ámbito de territorio. El Tribunal Constitucional señala que el Tratado: “no es inconstitucional, siempre que se interprete en el concepto de “territorio continental, las islas, los espacios marítimos y el espacio aéreo bajo su soberanía (…) de conformidad con el articulo 54 de la Constitución”. Es decir, deberá señalarse que la soberanía y jurisdicción que le compete al estado peruano abarca el dominio marítimo que ejerce sobre las 200 millas marinas.
Igualmente, deberá incorporarse el concepto de seguridad nacional como uno de los supuestos de expropiación y hasta que ello no ocurra el Tratado es inconstitucional.
Eso es lo que teme Piñera ya que el actual gobierno ha sido concesivo y dos candidatos actuales lo serían.
¿Considera que Humala ahuyentaría la inversión extranjera y confiscaría empresas?Ningún candidato podrá afectar la inversión extranjera, menos confiscarla. El Perú forma parte del CIADI, que es el órgano de protección de inversiones, de la OMC que resguarda la inversión, y ha celebrado una serie de tratados de protección de inversión, TPI. De tal manera que hay un andamiaje destinado a amparar, asegurar y cautelar cualquier inversión extranjera.
La gran ventaja del CIADI es que cualquier inversionista puede llevar a un Estado ante el Tribunal de Arbitraje del CIADI.
Los acuerdos de la OMC sin excepción, no solo protegen a la inversión extranjera sino que además obligan a los Estados a asegurarles sus expectativas de lucro. Esta es una innovación del derecho internacional de los últimos quince años.
¿Cuál es el margen de negociación con la inversión extranjera? El único margen es negociar algunos contratos de estabilidad tributaria, pero ello requiere de la conformidad de las dos partes. El Estado no puede imponer, sólo proponer.
¿Pero eso no ahuyenta la inversión extranjera?Ninguna negociación comercial asusta a un inversionista. Las transnacionales no son niños de pecho. Por otro lado, los propios estadounidenses negocian todos los contratos. Hay una cláusula, “hardship”, que posibilita renegociar un contrato cuando las condiciones varían. En nuestro sistema jurídico es la cláusula de imprevisión.
Ese es el mecanismo de renegociación contractual. Todos los países lo hacen cuando están identificados con los intereses nacionales y tienen la voluntad y dignidad de Estado, más o menos autónomo.
¿Cuál es su apreciación sobre el empresariado Chileno?Excúseme de no opinar, pues ahora defender los intereses del Perú, significa ser tildado de nacionalista trasnochado. Pero sí déjeme darle dos ejemplos evidentes que son una constante en el sentimiento y conducta del empresariado Chileno.
En enero de 1988 el Gerente General de Lucchetti, Gonzalo Menéndez, dijo del exalcalde Andrade: “Este caballero se va a encontrar conmigo”, quiere ser Presidente pero yo ganaré porque “quiero una batalla sangrienta como se ganan todas las guerras”.
Ahora mismo, el jueves 31 de marzo en las páginas de un diario económico peruano (Gestión) el empresario Chileno Ricardo Cabello dice que su candidato preferido es Pedro Pablo Kuczynski pero que es probable que Ollanta pase a la segunda vuelta. Sin embargo “…mientras el fantasma no esté enterrado, sigue rondando”.
Los empresarios quieren enterrar a todo aquel presidente que tenga un ápice de dignidad para defender los intereses peruanos.
Si a ello suma las declaraciones del presidente Piñera, no se requiere ser inteligente para conocer los riesgos.
¿Cree que hay una competencia Venezuela y Chile?Fíjese Ud., toda la prensa se escandaliza porque Chávez dice ser amigo de Humala y sacan su foto. Yo sé que Chávez es impresentable pero su país nunca agredió al Perú. En cambio Piñera interviene y la gran prensa calla, a pesar que su país tiene una larga historia de conflicto y humillaciones hacia el Perú.
¿Afectaría nuestro diferendo en La Haya?Tengo la certeza, por los precedentes jurisprudenciales, que se reconocerá la razón y el derecho del Perú; pero su ejecución dependerá de la decisión de los dos Estados. Siento que los llamados gremios empresariales en los cuales tienen gran presencia las inversiones Chilenas, la media peruana (prensa y televisión) que cuidan su avisaje, la presión de los capitales extranjeros y un presidente que tuviera intereses evidentes y vínculos comerciales con Chile, podrían establecer concesiones y dilatar la ejecución para hacer de la sentencia favorable solo una victoria nominal. Hay muchas experiencias en los últimos cien años que posibilitan hacer creer que ese capítulo no se cerraría definitivamente.
Sin embargo, hay que olvidar el pasado para vivir en paz, como lo han hecho Alemania y Francia.
Esta es una expresión engañosa. Esos dos países han superado sus conflictos uniéndose en los ´50 al Tratado del Carbón y del Acero. Chile torpedeó el Acuerdo de Cartagena. Por otro lado, Alemania pidió perdón a Francia y ésta devolvió los trofeos de guerra. Finalmente, Alsacia y Lorena al fin están bajo soberanía francesa.
Hay que mirar el futuro a partir de un conocimiento de la historia para no repetirla.
Una gran mayoría de peruanos desea mantener el actual modelo económico. A partir de ello ¿cuál es el candidato que mejor asegura el modelo económico?En primer lugar, no es cierto que la gran mayoría quiera mantener el modelo primario-exportador que trae indudables ingresos, pero para una minoría. Lo que ocurre es que esa minoría controla los medios y es la única voz que se escucha. Lo hace con estridencia y dogmatismo impidiendo el más mínimo movimiento o cruce de opiniones. Sin embargo, la cuestión social y educativa sigue siendo un gravísimo problema.
¿Por quién votaría Ud.?Sólo le puedo decir que no votaría por ninguna “K”. Huele feo.
Un muerto en protesta contra mina Tía María
La política de represión en vez de solución de los conflictos sociales ambientales causó ayer la muerte de un joven manifestante de Mollendo, cuando la policía arremetió con violencia para impedir que una marcha de huelguistas de Islay bloquee una carretera para llamar la atención sobre su lucha contra el proyecto Tía María de la Southern.
La acción de un fuerte contingente de agentes policiales contra miles de pobladores de la provincia de Islay (Arequipa), se produjo tras el intento de los segundos de tomar la carretera que une el centro poblado con Arequipa.
La víctima fue identificada como Andrés Taipe Choquepuma, de 22 años, quien falleció por impacto de bala en el riñón, según informó el jefe Essalud de Mollendo. El joven vivía en el distrito de la Punta de Bombón.
Hasta horas de la tarde, nueve heridos de bala fueron atendidos en la red del Seguro Social, mientras que a las postas del Ministerio de salud llegaron 20 heridos por descargas de perdigones, de acuerdo a Walter Oporto, jefe de la microrred del Ministerio de salud.
También fue internado el policía Ángel Lajo Rodríguez, de 46 años, cuyo estado es de gravedad, informó la misma fuente.
El tránsito vehicular fue suspendido en la ruta Catarindo-Mollendo y en el sector de Matarani, dado que los pobladores se negaban a retirarse, tras protestar por la violenta incursión policial, ordenada por el gobierno.
“Queremos la agricultura, no la minería”, “agua sí, mina no”, coreaban los manifestantes, opuestos al proyecto que significará un golpe al ecosistema de la región e implicará la pérdida de sus fuentes de agua, necesarias para sus cultivos de arroz, azúcar y otros productos.
“Nosotros no podemos perder el sustento de nuestros hogares, no queremos contaminación, no queremos que saquen el agua del subsuelo ni una mina de tajo abierto”, dijo Sabina Cárdenas, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Islay.
La población de Mollendo se plegó ayer a la paralización indefinida de los pobladores del Valle de Tambo, que hoy cumple dos semanas, en contra de la instalación del proyecto minero.
El presidente del Frente Cívico de Defensa del Valle de Majes, Pepe Julio Gutiérrez Zevallos, aseguró que los dirigentes de las diferentes organizaciones sociales acordaron plegarse a la medida de los tambeños.
El jefe de la XI Dirección Territorial Policial, Carlos Mateo Tueros, informó que 21 mil pobladores tomaron la carretera Panamericana Sur, por lo que dispuso el envío de un fuerte contingente policial.
El paro de Islay exige al gobierno la anulación del proyecto Tía María, luego que el estudio de impacto ambiental presentado por la Southern fue cuestionado por la agencia internacional encargada de analizarlo y la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de energía y Minas emitió una resolución que dispone que la Southern se abstenga de realizar actividades relacionadas al proyecto cuprífero.
La acción de un fuerte contingente de agentes policiales contra miles de pobladores de la provincia de Islay (Arequipa), se produjo tras el intento de los segundos de tomar la carretera que une el centro poblado con Arequipa.
La víctima fue identificada como Andrés Taipe Choquepuma, de 22 años, quien falleció por impacto de bala en el riñón, según informó el jefe Essalud de Mollendo. El joven vivía en el distrito de la Punta de Bombón.
Hasta horas de la tarde, nueve heridos de bala fueron atendidos en la red del Seguro Social, mientras que a las postas del Ministerio de salud llegaron 20 heridos por descargas de perdigones, de acuerdo a Walter Oporto, jefe de la microrred del Ministerio de salud.
También fue internado el policía Ángel Lajo Rodríguez, de 46 años, cuyo estado es de gravedad, informó la misma fuente.
El tránsito vehicular fue suspendido en la ruta Catarindo-Mollendo y en el sector de Matarani, dado que los pobladores se negaban a retirarse, tras protestar por la violenta incursión policial, ordenada por el gobierno.
“Queremos la agricultura, no la minería”, “agua sí, mina no”, coreaban los manifestantes, opuestos al proyecto que significará un golpe al ecosistema de la región e implicará la pérdida de sus fuentes de agua, necesarias para sus cultivos de arroz, azúcar y otros productos.
“Nosotros no podemos perder el sustento de nuestros hogares, no queremos contaminación, no queremos que saquen el agua del subsuelo ni una mina de tajo abierto”, dijo Sabina Cárdenas, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Islay.
La población de Mollendo se plegó ayer a la paralización indefinida de los pobladores del Valle de Tambo, que hoy cumple dos semanas, en contra de la instalación del proyecto minero.
El presidente del Frente Cívico de Defensa del Valle de Majes, Pepe Julio Gutiérrez Zevallos, aseguró que los dirigentes de las diferentes organizaciones sociales acordaron plegarse a la medida de los tambeños.
El jefe de la XI Dirección Territorial Policial, Carlos Mateo Tueros, informó que 21 mil pobladores tomaron la carretera Panamericana Sur, por lo que dispuso el envío de un fuerte contingente policial.
El paro de Islay exige al gobierno la anulación del proyecto Tía María, luego que el estudio de impacto ambiental presentado por la Southern fue cuestionado por la agencia internacional encargada de analizarlo y la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de energía y Minas emitió una resolución que dispone que la Southern se abstenga de realizar actividades relacionadas al proyecto cuprífero.
lunes, 4 de abril de 2011
Nuevo negociado aprista en Essalud
Un nuevo y gran negociado se alista a perpetrar la administración aprista de Essalud con el pretexto de beneficiar a nueve mil pacientes que se someten a diálisis en ese instituto o en las clínicas privadas contratadas para el efecto. El negociado equivaldría a la suma de 1,200 millones de soles, según los cálculos.
La resolución de la gerencia general de Essalud que declara de interés la propuesta presentada por el Consorcio IGSA Medical del Perú, fue publicada el pasado 1 de marzo en el diario oficial El Peruano, luego de sortear las objeciones del cuerpo médico especializado de la institución que objeta que se entregue el servicio por 30 años.
El consorcio sería de propiedad del mexicano Juan Armando Hinojosa Cantú, empresario que figura en las listas de donantes en las campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y cuya empresa fuera denunciada por duplicar los precios de un hospital regional en su país.
La decisión cuenta con el respaldo de la gerencia general de Essalud, a cargo del aprista Javier Rosas, que no tuvo empacho en mandar de vacaciones a la jefa del Centro Nacional de salud Renal, Ada Cabrera, que se oponía a las condiciones que impone la compañía mexicana.
La decisión publicada en el diario oficial es sumamente irregular porque el año pasado el instituto compró un moderno equipo de diálisis con el objeto de modernizar el servicio y suplantar a las clínicas privadas que cobran unos 232 soles por cada servicio de diálisis. Cada paciente crónico se somete en promedio a 13 intervenciones mensuales.
La historia de este tramado para beneficiar a IGSA se inició cuando Fernando Barrios, el amigo del presidente Alan García, decidió iniciar los estudios para conformar una Asociación Pública Privada (APP) para impulsar un nuevo modelo de atención integral al paciente crónico renal.
En enero de 2011 aparece en la escena el consorcio mexicano IGSA, justo en los momentos que la doctora Cabrera venía haciendo uso de sus vacaciones, lo que fue aprovechado por la gerencia para colocar en su lugar al doctor Walter Higueras, quien introdujo un párrafo en el informe técnico en el que se señala que “el reuso o no de los dializadores será determinado según la indicación que haga el proveedor según su rotulado en su dializador”.
El negocio para la empresa mexicana es redondo, pues se le otorga la exclusividad del tratamiento de los pacientes renales en ocho departamentos (Lima, Lambayeque, Ica, Cusco, Huánuco, Tacna, Ayacucho y San Martín).
La resolución de la gerencia general de Essalud que declara de interés la propuesta presentada por el Consorcio IGSA Medical del Perú, fue publicada el pasado 1 de marzo en el diario oficial El Peruano, luego de sortear las objeciones del cuerpo médico especializado de la institución que objeta que se entregue el servicio por 30 años.
El consorcio sería de propiedad del mexicano Juan Armando Hinojosa Cantú, empresario que figura en las listas de donantes en las campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y cuya empresa fuera denunciada por duplicar los precios de un hospital regional en su país.
La decisión cuenta con el respaldo de la gerencia general de Essalud, a cargo del aprista Javier Rosas, que no tuvo empacho en mandar de vacaciones a la jefa del Centro Nacional de salud Renal, Ada Cabrera, que se oponía a las condiciones que impone la compañía mexicana.
La decisión publicada en el diario oficial es sumamente irregular porque el año pasado el instituto compró un moderno equipo de diálisis con el objeto de modernizar el servicio y suplantar a las clínicas privadas que cobran unos 232 soles por cada servicio de diálisis. Cada paciente crónico se somete en promedio a 13 intervenciones mensuales.
La historia de este tramado para beneficiar a IGSA se inició cuando Fernando Barrios, el amigo del presidente Alan García, decidió iniciar los estudios para conformar una Asociación Pública Privada (APP) para impulsar un nuevo modelo de atención integral al paciente crónico renal.
En enero de 2011 aparece en la escena el consorcio mexicano IGSA, justo en los momentos que la doctora Cabrera venía haciendo uso de sus vacaciones, lo que fue aprovechado por la gerencia para colocar en su lugar al doctor Walter Higueras, quien introdujo un párrafo en el informe técnico en el que se señala que “el reuso o no de los dializadores será determinado según la indicación que haga el proveedor según su rotulado en su dializador”.
El negocio para la empresa mexicana es redondo, pues se le otorga la exclusividad del tratamiento de los pacientes renales en ocho departamentos (Lima, Lambayeque, Ica, Cusco, Huánuco, Tacna, Ayacucho y San Martín).
PPK y Keiko representan a los ricos
Candidatos de la corrupción carecen de argumentos para pasar a segunda vuelta, dice Ángel Delgado de Perú Posible.
Ni la postulación plutocrática de derecha representada en Pedro Pablo Kuczynski, ni la candidatura Fujimorista de la dictadura y la corrupción, liderada por Keiko Fujimori, tienen los argumentos suficientes para ingresar a la segunda vuelta electoral, ni son la garantía de gobernabilidad que aspira la población, aseguró el candidato al Parlamento por Perú Posible, Ángel Delgado Silva.
“Por eso, no tiene ningún sentido votar por candidatos que han reforzado o tienen claras vinculaciones con el gran capital o con los ricos, como es el caso de Pedro Pablo Kuczynski. Y tampoco se puede aceptar a quienes desolaron al país en la década de los 90, con un gobierno autocrático y corrupto, que desconoció la libertad de expresión, como el que encarna ahora Keiko Fujimori”, subrayó.
Por tanto, Delgado señaló que tanto Kuczynski como Fujimori no están en la capacidad de presentar un proyecto de gobierno que signifique desarrollo, democracia y bienestar para todos los peruanos.
En ese sentido, sostuvo que una de las claves para que Alejandro Toledo logre pasar a la segunda vuelta estará en sintonizar con las demandas de la población de transformación y reforma social profunda, que permitan eliminar las bases de injusticia e inequidad que hay en la sociedad peruana.
“El crecimiento económico debe mantenerse y reforzarse pero, a la vez, existe una enorme carencia que dicho crecimiento no ha logrado atender en forma oportuna, dejando una sensación de insatisfacción a gran parte de la población”, subrayó.
Ni la postulación plutocrática de derecha representada en Pedro Pablo Kuczynski, ni la candidatura Fujimorista de la dictadura y la corrupción, liderada por Keiko Fujimori, tienen los argumentos suficientes para ingresar a la segunda vuelta electoral, ni son la garantía de gobernabilidad que aspira la población, aseguró el candidato al Parlamento por Perú Posible, Ángel Delgado Silva.
“Por eso, no tiene ningún sentido votar por candidatos que han reforzado o tienen claras vinculaciones con el gran capital o con los ricos, como es el caso de Pedro Pablo Kuczynski. Y tampoco se puede aceptar a quienes desolaron al país en la década de los 90, con un gobierno autocrático y corrupto, que desconoció la libertad de expresión, como el que encarna ahora Keiko Fujimori”, subrayó.
Por tanto, Delgado señaló que tanto Kuczynski como Fujimori no están en la capacidad de presentar un proyecto de gobierno que signifique desarrollo, democracia y bienestar para todos los peruanos.
En ese sentido, sostuvo que una de las claves para que Alejandro Toledo logre pasar a la segunda vuelta estará en sintonizar con las demandas de la población de transformación y reforma social profunda, que permitan eliminar las bases de injusticia e inequidad que hay en la sociedad peruana.
“El crecimiento económico debe mantenerse y reforzarse pero, a la vez, existe una enorme carencia que dicho crecimiento no ha logrado atender en forma oportuna, dejando una sensación de insatisfacción a gran parte de la población”, subrayó.
Gobierno concluye otro faenón
Irregular proceso de concesión del Muelle Norte culmina hoy cuando Proinversión anuncie al ganador. Liquidación de Enapu es inminente y se pone en peligro soberanía nacional.
En medio de una paralización de 48 horas a nivel nacional, que culmina a las 23:00 horas de hoy, acatada por los diferentes gremios portuarios, a la que se suma el rechazo de diferentes gremios empresariales, congresistas y sociedad civil, hoy la Agencia Proinversión entregará a capitales privados la infraestructura del Muelle Norte del Callao mediante un proceso de concesión que desde un inicio ha estado plagado de irregularidades y que liquida en la práctica a la Empresa Nacional de Puertos (Enapu).
Los primeros en denunciar las irregularidades en este proceso de concesión fueron los trabajadores portuarios (posteriormente se sumaron gremios empresariales y congresistas) aglomerados en gremios como la Fentenapu, Sitenapu, Sutramporc, Sitratepc, entre otros, justamente estos acatan una huelga nacional por 48 horas. Así ayer por la mañana un grupo de dichos trabajadores portando pancartas protestaron en las inmediaciones de la sede de Enapu. Posteriormente, los dirigentes de dichos gremios portuarios en compañía de las congresistas Susana Vilca y Yaneth Cajahuanca y el especialista en temas portuarios Manuel Dammert dieron una conferencia de prensa en el Congreso de la República en la que enumeraron cinco puntos por el cual el proceso de concesión debe anularse.
IrregularidadesLos congresistas, dirigentes portuarios y especialista advirtieron que la versión final del contrato de concesión del Muelle Norte (que fue ajustada por última vez el día miércoles) aprobada por Proinversión “hipoteca la soberanía marítima portuaria, pues se quiere entregar la soberanía a un duopolio de empresas extranjeras portuarias, (DP World ya administra el Muelle Sur del Callao).
Además, como está establecido el contrato de concesión liquida Enapu y subvalúa sus activos de siete muelles y grúas pórticos, entre otros, para entregarlos al consorcio (Hutchinson o APM Terminal) que gane la concesión. El consorcio que se adjudique el Muelle Norte tendrá que invertir en los próximos cuatro años US$ 206 millones (en total US$ 748 millones en los 30 años que dure la concesión), a la vez, este puede hacer caja al adquirir la cartera de clientes de Enapu así como sus activos.
Actualmente Enapu tiene más de S/. 100 millones anuales en utilidades.
No hace casoA los cuestionamientos al proceso de concesión se sumó el propio Ministerio de Defensa que advirtió que como esta planteada afecta las instalaciones de la Marina poniendo en peligro la seguridad nacional.
Así, mediante un oficio Nº 431-2011-MINDEF enviado el pasado 24 de marzo por el Ministerio de Defensa al ministro Enrique Cornejo se le advierte a este último ente del riesgo de la concesión, por ello la cartera de Defensa recomienda que antes de seguir adelante con la concesión se tome en cuenta su opinión, sin embargo, se hizo caso omiso al pedido.
“(…) habiéndose por lo tanto acordado conveniente que el Ministerio de Defensa proponga incorporar precisiones a las Bases del Proceso de Convocatoria de Postores y a la versión final del proceso del Contrato del Concesión del TNM, a fin de garantizar la preservación de la infraestructura del Estado, así como la integridad de la capacidad operacional y productiva del Ministerio de Defensa, Marina de Guerra del Perú y del Industrial de la Marina como entidades públicas afectadas (…)”.
Empresarios en contraSobre este proceso, la Asociación de Exportadores (ADEX) y la Asociación Peruana de Agentes Marítimos (APAM) alertaron a las autoridades responsables que adolece de incongruencias y serias inconsistencias legales y técnicas, que podrían generar grandes problemas después de su adjudicación.
Entre las observaciones más importantes se encuentran la no participación del actual operador del Muelle Sur porque, según las autoridades, el gobierno no quería fomentar el monopolio; no obstante, el contrato de concesión establece una operación monopólica para la carga no contenerizada.
El contrato que, según informaron los medios de comunicación, sufrió otra variación en el costo de inversión referencial, promueve el monopolio de nueve millones de TM de carga no contenedorizada, cuyo manejo será otorgado en forma exclusiva, al nuevo concesionario del Terminal Norte, con la consiguiente eliminación de la competencia existente e impidiendo que los importadores y exportadores y las líneas navieras escojan a la empresa de estiba de su preferencia.
En medio de una paralización de 48 horas a nivel nacional, que culmina a las 23:00 horas de hoy, acatada por los diferentes gremios portuarios, a la que se suma el rechazo de diferentes gremios empresariales, congresistas y sociedad civil, hoy la Agencia Proinversión entregará a capitales privados la infraestructura del Muelle Norte del Callao mediante un proceso de concesión que desde un inicio ha estado plagado de irregularidades y que liquida en la práctica a la Empresa Nacional de Puertos (Enapu).
Los primeros en denunciar las irregularidades en este proceso de concesión fueron los trabajadores portuarios (posteriormente se sumaron gremios empresariales y congresistas) aglomerados en gremios como la Fentenapu, Sitenapu, Sutramporc, Sitratepc, entre otros, justamente estos acatan una huelga nacional por 48 horas. Así ayer por la mañana un grupo de dichos trabajadores portando pancartas protestaron en las inmediaciones de la sede de Enapu. Posteriormente, los dirigentes de dichos gremios portuarios en compañía de las congresistas Susana Vilca y Yaneth Cajahuanca y el especialista en temas portuarios Manuel Dammert dieron una conferencia de prensa en el Congreso de la República en la que enumeraron cinco puntos por el cual el proceso de concesión debe anularse.
IrregularidadesLos congresistas, dirigentes portuarios y especialista advirtieron que la versión final del contrato de concesión del Muelle Norte (que fue ajustada por última vez el día miércoles) aprobada por Proinversión “hipoteca la soberanía marítima portuaria, pues se quiere entregar la soberanía a un duopolio de empresas extranjeras portuarias, (DP World ya administra el Muelle Sur del Callao).
Además, como está establecido el contrato de concesión liquida Enapu y subvalúa sus activos de siete muelles y grúas pórticos, entre otros, para entregarlos al consorcio (Hutchinson o APM Terminal) que gane la concesión. El consorcio que se adjudique el Muelle Norte tendrá que invertir en los próximos cuatro años US$ 206 millones (en total US$ 748 millones en los 30 años que dure la concesión), a la vez, este puede hacer caja al adquirir la cartera de clientes de Enapu así como sus activos.
Actualmente Enapu tiene más de S/. 100 millones anuales en utilidades.
No hace casoA los cuestionamientos al proceso de concesión se sumó el propio Ministerio de Defensa que advirtió que como esta planteada afecta las instalaciones de la Marina poniendo en peligro la seguridad nacional.
Así, mediante un oficio Nº 431-2011-MINDEF enviado el pasado 24 de marzo por el Ministerio de Defensa al ministro Enrique Cornejo se le advierte a este último ente del riesgo de la concesión, por ello la cartera de Defensa recomienda que antes de seguir adelante con la concesión se tome en cuenta su opinión, sin embargo, se hizo caso omiso al pedido.
“(…) habiéndose por lo tanto acordado conveniente que el Ministerio de Defensa proponga incorporar precisiones a las Bases del Proceso de Convocatoria de Postores y a la versión final del proceso del Contrato del Concesión del TNM, a fin de garantizar la preservación de la infraestructura del Estado, así como la integridad de la capacidad operacional y productiva del Ministerio de Defensa, Marina de Guerra del Perú y del Industrial de la Marina como entidades públicas afectadas (…)”.
Empresarios en contraSobre este proceso, la Asociación de Exportadores (ADEX) y la Asociación Peruana de Agentes Marítimos (APAM) alertaron a las autoridades responsables que adolece de incongruencias y serias inconsistencias legales y técnicas, que podrían generar grandes problemas después de su adjudicación.
Entre las observaciones más importantes se encuentran la no participación del actual operador del Muelle Sur porque, según las autoridades, el gobierno no quería fomentar el monopolio; no obstante, el contrato de concesión establece una operación monopólica para la carga no contenerizada.
El contrato que, según informaron los medios de comunicación, sufrió otra variación en el costo de inversión referencial, promueve el monopolio de nueve millones de TM de carga no contenedorizada, cuyo manejo será otorgado en forma exclusiva, al nuevo concesionario del Terminal Norte, con la consiguiente eliminación de la competencia existente e impidiendo que los importadores y exportadores y las líneas navieras escojan a la empresa de estiba de su preferencia.
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