Una ley en Ecuador apunta a crear un ente para la economía solidaria

Una Superintendencia de Economía Popular y Solidaria controlará a las cooperativas de ahorro y crédito, de producción agropecuarias, pesqueras, artesanales, industriales, textiles, vivienda y otras, de aprobarse el proyecto de Ley de Economía Popular y Solidaria que el Ejecutivo remitió a la Asamblea hace dos semanas con el carácter de económico urgente.
La ministra coordinadora de Desarrollo Social, Jeannette Sánchez, explicó que la propuesta busca crear un ente de control autónomo y con alto nivel técnico para evitar la debilidad en las regulaciones que en el pasado ocurrían con las cooperativas de ahorro y crédito.
Hasta el año 2008 existían en el país 1.221 cooperativas de ahorro y crédito reguladas por esa cartera de Estado y 40 por la Superintendencia de Bancos (SB), según datos del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).
Según consta en el proyecto de ley, el superintendente será designado por el Consejo de Participación Ciudadana (CPC) de una terna enviada por el presidente de la república y durará en el cargo cuatro años.
Luego de que el proyecto entre en vigencia y en un plazo de 90 días, las cooperativas que están administradas por la Superintendencia de Bancos pasarán al control del nuevo ente.
Édgar Peñaherrera, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito regidas por la SB, expresó sus reparos con la transición a este nuevo ente. “Si salimos de la Superintendencia debemos ir a uno mejor, no a uno peor”.
Las cooperativas de ahorro y crédito manejan 2,6 millones de socios y según estimaciones del gremio mueven $ 1.700 millones. Según Peñaherrera, este sector debe manejarse técnicamente y sin tintes políticos.
En cambio, Mario Bautismo, representante de la Caja Central de cooperativa Finacoop de Quito, aplaude la intención de que se coloquen reglas claras para todas las cooperativas, pero cree que también debe permitírseles ofrecer nuevos servicios para que, por ejemplo, emitan cheques.
Ese fue el pedido que hicieron los delegados de las cooperativas del país el pasado lunes en la Asamblea Nacional.
El presidente de la red nacional de finanzas populares, Rodrigo Aucay, pidió que además se otorguen incentivos al sector microempresarial, por ejemplo, para importar maquinaria que no se produzca en el país.
El presidente del Banco Central, Diego Borja, anticipó que ese organismo apoyará a las organizaciones populares y solidarias al convertir al antes instituto emisor “en un banco de las cooperativas del pueblo y dejar de ser el banco de los banqueros privados”.
Junto a la Superintendencia, se busca crear la Corporación Nacional de Finanzas Populares, cuya misión será brindar servicios financieros y crediticios de segundo piso. El directorio lo integrarán los ministerios coordinador de la Política Económica y Social, y Finanzas e Inclusión Social.
También se apunta a crear el Instituto de Economía Popular y Solidaria para que fomente y promueva a las personas y organizaciones populares.

A la sombra del desempleo y la migración

Emigrar para ganarse la vida parecía un capítulo cerrado en la historia de Irlanda, cinco años atrás denominada por economistas como paradigma de éxito a escala internacional y ahora con cifra récord de desempleo.

El estallido de una especulativa burbuja inmobiliaria incubada durante años generó males que parecían imposibles en este país, de poco más de cuatro millones de habitantes y cuya tasa de desocupación trepa al nivel más alto desde 1994.

Un agujero empezó a formarse en 2008, cuando las acciones del principal banco del país, el Anglo Irish Bank, cayeron 15 por ciento, según un estudio del Instituto de Investigación Económica y Social.

Para fines de ese año, acorde a la investigación, el boquete bancario se estimó en siete mil millones de euros, y en solo un mes ascendía a 11 mil millones.

En la actualidad el agujero de capital se estima en una cifra próxima a los 50 mil millones de euros, de los cuales cerca de 35 mil millones, corresponden al rescate del Anglo Irish Bank, entidad con sospechosos vínculos con el partido liberal Fianna Fáil, histórica formación dominante en Irlanda.

La crisis financiera que casi llevó al también denominado Tigre celta a la insolvencia constituye un ejemplo de lo que una política neoliberal estricta puede conseguir a manos de la especulación financiera, a juicio de analistas.

Pese a ingente resistencia, el gobierno de Dublín se vio obligado a recurrir a finales de 2010 a un rescate del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional (FMI) para salvar a sus alicaídas entidades crediticias, responsables de la debacle económica.

Deterioro del mercado laboral

A cambio del rescate internacional, valorado en 85 mil millones de euros, fue impuesto un drástico plan de austeridad y privatizaciones, con sus consiguientes saldos de reducciones salariales y desempleo.

La actual tasa de desocupación llegó al cierre de 2010 a 14,7 por ciento de la población económicamente activa, superior al 13,6 por ciento pronosticado por la Oficina Central de Estadísticas (CSO por sus siglas en inglés).

Esa entidad también reveló que un tercio de los menores de 25 años están desempleados.

Para el director de economía del Banco de Irlanda, Dan McLaughlin, la sorpresa no viene tanto en el sector del empleo, que se esperaba.

Lo alarmante fue que la fuerza de trabajo permaneció sin cambios al cierre del pasado año.

Los analistas estiman que a pesar del rebote de los indicadores macroeconómicos en los últimos meses, especialmente en el caso de inflación y ventas minoristas, prosigue el deterioro del mercado laboral irlandés.

Asimismo, consideran que la precariedad del sector será aleccionador para el primer ministro Enda Kenny, del partido Fine Gael (FG), quien desde su arribo al poder a principios de marzo dedica su mayor esfuerzo a reclamar de la Unión Europea una rebaja de intereses del millonario rescate.

Crisis y desesperación

Como consecuencia de la crisis, cada vez es mayor el número de personas que opta por el suicidio, ante la falta de alternativas para llevar una vida de opulencia, como ocurría en el pasado cuando la economía del país acusaba un acelerado desarrollo.

Las entidades irlandesas de caridad sostienen que en la actualidad, son más las personas que se quitan la vida, mediante el ahorcamiento como método común, que las fallecidas por accidente de tránsito.

Al finalizar 2009, un año después del comienzo de la crisis, se registraron más de 500 suicidios, principalmente hombres de mediana edad, aunque muchos sospechan que el número real es mayor.

Organizaciones dedicadas a combatir el problema estiman que el incremento de esas muertes está ligado a la recesión económica.

Geoff Day, de la Oficina Nacional de Prevención de Suicidios, argumentó que quienes se quitaron la vida tenían trabajo pero luego quedaron desocupados o con problemas financieros y no encontraron otra salida.

Muchos prefieren emigrar

En tiempos de austeridad económica, muchos jóvenes vuelven a considerar seriamente la posibilidad de emigrar como hicieron sus antepasados.

De acuerdo con el sindicato irlandés de estudiantes, más de 150 mil jóvenes se marcharán en los próximos cinco años del país

La Oficina Central de Estadísticas, por su parte, señala que de 2009 a 2010 emigraron 27 mil 700 irlandeses, frente a 18 mil 400 en igual período precedente.

Realmente no sabemos lo que va a ocurrir, sobre todo hacia dónde vamos financieramente, explica Kevin Gleeson, un estudiante de 19 años consultado por la prensa local.

Por su parte, Kevin Fitzgerald, alumno del prestigioso Trinity College de Dublín, estima que en lo profesional, la única salida es emigrar.

Soy irlandés y me encantaría seguir aquí pero si no hay trabajo no nos quedará más opción que irnos al extranjero, afirmó Fitzgerald.

Como este estudiante, otros muchos optan por seguir los pasos de sus antepasados emigrados del país en la época de la Gran Hambruna, a mediados del siglo XIX.

El actual panorama contrasta con el de años atrás. Entre 1997 y 2007, la pequeña isla europea atrajo a 738 mil inmigrantes extranjeros, principalmente de Europa del Este.

Para muchos investigadores de la economía irlandesa, la oleada emigratoria está motivada por las dificultades internas del país, cuyo déficit público se disparó a la alucinante cifra de 32 por ciento del Producto Interno Bruto.

Islandia después del NO

La alianza de Liberales y Verdes llevó a Irlanda al suicidio económico; la alianza de Verdes y Socialdemócratas podría haber despeñado a Islandia por parecido derrotadero, pero el pueblo islandés frenó de momento la deriva hacia el suicidio financiero votando masivamente No al irresponsable acuerdo a que su gobierno (y su parlamento) habían llegado con los negociadores financieros europeos. Segunda incursión del analista financiero Michael Hudson en lo que andaba en juego en el referéndum islandés del pasado 9 de abril, forzado, contra gobierno y parlamento, por el presidente de la República de Islandia, Olafur Ragnar Grimsson. (Para ver la primera, pulse AQUÍ.)

Cerca del 75% de los votantes islandeses acudieron el pasado sábado, 9 de abril, a las urnas para rechazar la propuesta del gobierno Socialdemócrata/Verde de pagar 5.200 millones de dólares a las aseguradoras bancarias británicas y holandesas por el colapso de Landsbanki-Icesave. Todos y cada uno de los seis distritos electorales de Islandia votaron No en una proporción nacional del 60% (en enero de 2010, dijo otro No el 93%).

El voto reflejó la extendida creencia de que los negociadores del gobierno no habían sido lo bastante enérgicos en la defensa de la causa jurídica islandesa. La situación no puede menos de traer a la memoria el embrollo de la deuda de guerra entre los aliados tras la I Guerra Mundial. Lloyd George [el primer ministro británico] describió entonces las conversaciones sobre las deudas británicas de armamento entre el Secretario del Tesoro norteamericano Andrew Mellon y el británico Stanley Baldwin como "una negociación entre una comadreja y su presa. El resultado fue un acuerdo que arruinó la reputación del cobro de las deudas internacionales (…) No es que los funcionarios del tesoro norteamericano hicieran farol, pero, como es de razón, comenzaron las conversaciones planteando exigencias máximas: para su sorpresa, el Dr. Baldwin dijo que, en su opinión, sus exigencias eran justas, y las aceptó (…) Ese crudo desempeño, jocosamente llamado 'convenio', hubo de tener efectos desastrosos sobre el curso entero de las negociaciones…".

Y así ocurrió también con la negociación de Islandia con Gran Bretaña. Es verdad: consiguieron dilatar en el tiempo el horizonte la devolución de la deuda islandesa. Pero ¿de dónde iba a sacar Islandia las libras esterlinas y los euros, dada la contracción de su economía? Ese es el mayor riesgo en los pagos, y sigue sin afrontarse. Amaga con desplomar la tasa de cambio de la corona islandesa.

Además, el acuerdo al que se había llegado implicaba aceptar los cargos de intereses del rescate desde 2008, incluidos los extremadamente elevados cargos de intereses que sirvieron de cebo para que los depositantes privados británicos y holandeses pusieran su dinero en las cuentas de Icesave. Los islandeses ven esos intereses extraordinarios como compensación por los riesgos: riesgos que fueron aceptados por los depositantes, razón por la cual esos depositantes por Internet tendrían ahora que arrostrar las consecuencias.

Así pues, el problema de Icesave terminará ahora en los tribunales. La directriz pertinente de la Unión Europea reza así: "el coste de financiación de este tipo de esquemas tienen que soportarlo, en principio, las propias entidades de crédito". Como reclamantes prioritarios, Gran Bretaña y Holanda se llevarán, en efecto, la parte del león del cadáver de Landsbanki. Pero no era eso lo que se sometía al sufragio de los votantes islandesas. Lo único que ellos querían era salvar a Islandia de una obligación indefinida de cargar con las pérdidas de un banco privado por la vía de incorporarlas a las cuentas públicas sin un plan que dibujara claramente el modo en que Islandia podía obtener el dinero para pagarlas.

La primera ministra, Johanna Sigurdardottir, alerta de que el resultado del referéndum puede traer consigo "el caos político y económico". Pero tratar de pagar trae consigo lo mismo. El pasado año ha sido testigo de la desastrosa experiencia griega e irlandesa; ahora vemos como Portugal se apresta también a incorporar a sus cuentas públicas las deudas temerariamente contraídas por su sector bancario privado. Difícilmente puede esperar de una nación soberana que imponga a su economía una década o más de profunda depresión, siendo así que el Derecho Internacional autoriza a todas las naciones a actuar conforme a sus propios intereses vitales.

Los intentos de los acreedores por persuadir a las naciones de que se allanen a rescatar a los bancos a costa del erario público no es, a fin de cuentas, sino un manipulatorio ejercicio de relaciones públicas. Los islandeses han podido ver el éxito de la Argentina luego de reestructurar su deuda y recortar radicalmente las pretensiones de sus acreedores. También han podido asistir al colapso político de Irlanda y de Grecia, resultante de su empeño en pagar sin atender a los medios necesarios para hacerlo.

Lo menos que puede decirse es que los acreedores no ponderaron mucho las cosas cuando convencieron al gobierno Verde-Liberal de Irlanda de que podía asumir públicamente las quiebras de sus bancos privados sin hundir en la depresión a su economía. Ahí está ahora la experiencia de Irlanda, plantada como una señal de alarma para otros países: no se puede confiar en los pronósticos manifiestamente optimistas de los banqueros centrales. En el caso de Islandia, los expertos del FMI hicieron en noviembre de 2008 proyecciones, según las cuales la deuda exterior bruta sería del 160% del PIB a fines de 2009. Para decirlo todo, añadieron que una ulterior depreciación de la tasa de cambio del 30% podría llegar a causar un aumento importante de aquella proporción de la deuda. Y eso es lo que ha ocurrido. En noviembre de 2008, el FMI avisó de que la deuda externa que había proyectado para fines de 2009 podría llegar a alcanzar el 249% del PIB, un nivel que consideraba "claramente insostenible". Pero el actual nivel de la deuda ha sido estimado ya en el 260% del PIB islandés, ¡y eso aun sin incluir, entre otras, la deuda privada de Icesave que el gobierno Socialdemócrata-Verde quería asumir públicamente!

El problema capital de las obligaciones de Islandia con Gran Bretaña y Holanda es que la deuda exterior –contraída en moneda extranjera— no se paga a partir del PIB. Aparte de lo que se recupere de Landsbanki (ahora, con ayuda de la Oficina Británica para el Fraude Grave), el dinero debe pagarse con exportaciones. Pero no ha habido negociaciones con Gran Bretaña y Holanda sobre qué bienes y servicios islandeses aceptarían esos países como pago. Ya en los años 20 del siglo pasado, John Maynard Keynes dejó escrito que la nación acreedora aliada tenía que responsabilizarse de un modo u otro de las posibilidades de que Alemania pudiera pagar sus reparaciones de guerra, si no era mediante la exportación a la nación acreedora. En la práctica, lo que hicieron las ciudades alemanas fue tomar préstamos en Nueva York y pasar los dólares así habidos a Reichbank [el banco central de la República alemana] para que pagara a Gran Bretaña y a Francia, las cuales, a su vez, usaban ese dinero para transferirlo al gobierno estadounidense en concepto de satisfacción de la deuda interaliada contraída en la compra de armamentos. En otras palabras: Alemania "tomó prestada su vía de salida de la deuda". Con el tiempo, eso nunca funciona.

La práctica normal para Islandia sería nombrar un grupo de expertos que sentara las bases más firmes posibles para defenderse. De ninguna nación soberana puede esperarse que se allane a imponer a toda una generación la austeridad financiera, la contracción económica y la emigración forzosa de sus trabajadores sólo para poder subvenir a los costos del fracasado experimento neoliberal que ha terminado por arruinar a tantas economías europeas.

Michael Hudson es ex economista de Wall Street especializado en balanza de pagos y bienes inmobiliarios en el Chase Manhattan Bank (ahora JPMorgan Chase & Co.), Arthur Anderson y después en el Hudson Institute. En 1990 colaboró en el establecimiento del primer fondo soberano de deuda del mundo para Scudder Stevens & Clark. El Dr. Hudson fue asesor económico en jefe de Dennis Kucinich en la reciente campaña primaria presidencial demócrata y ha asesorado a los gobiernos de los EEUU, Canadá, México y Letonia, así como al Instituto de Naciones Unidas para la Formación y la Investigación. Distinguido profesor investigador en la Universidad de Missouri de la ciudad de Kansas, es autor de numerosos libros, entre ellos Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire.

Mil millones de obesos, mil millones de hambrientos

Paralelamente a la lucha por reducir el hambre en el mundo se ha emprendido otra batalla para rebajar las tasas de obesidad. Frente a los casi mil millones de personas desnutridas emerge una cifra similar de ciudadanos con sobrepeso. Este es uno de los datos que destaca el informe del 2011 La situación del mundo. Innovaciones para alimentar el planeta (Icaria) del Worldwatch Institute de Washington. Si antaño unos cuantos kilos de más los lucían los ciudadanos más pudientes actualmente también sufren gordura las clases más humildes, las que no tienen acceso a una alimentación saludable. De los 43 millones de niños de menos de cinco años con sobrepeso, 35 millones viven en países en desarrollo, especialmente en Asia y África, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los bajos precios de la comida basura, que ya se puede comprar en cualquier ciudad del mundo, propicia que las familias pobres urbanas recurran a esta dieta de manera habitual, opina Gustavo Duch, autor junto con Fernando Fernández, ingeniero agrónomo experto en soberanía alimentaria, de uno de los capítulos del informe del Worldwatch Institute. Duch, veterinario y coordinador de la revista Soberanía Alimentaria, añade que el actual modelo agroindustrial basado en la producción de cereales y leguminosas para piensos y para biocombustibles, con un puñado de empresas que monopolizan el negocio de las semillas y con grandes explotaciones de monocultivos ha provocado la expulsión del campo de millones de campesinos que han tenido que emigrar a la ciudad en busca de trabajo.

El Worldwatch Institute remarca que para acabar con el hambre no basta con generar más comida pues actualmente ya se producen alimentos para 12.000 millones de personas, es decir para 5.000 millones más de la población total del planeta (cerca de 7.000 millones). Pero sólo la mitad de las cosechas mundiales van a parar al consumo humano, el resto se dedica a piensos y a agrocombustibles. Además, en los países del Sur, entre el 25% y el 50% de las cosechas se pierden o acaban contaminadas por hongos o plagas antes de ser consumidas; por eso los expertos del Worldwatch Institute consideran que es tan importante invertir en conservación como en mejorar la producción. “El mito de la escasez es falso; también en Europa el 50% de la comida se pierde: en la cosecha, en el transporte, en el súper, en las casas... Asimismo, entre el 30 y el 35% de la pesca se descarta porque no tiene valor comercial. Hay alimentos para todos, no hay que creer que necesitamos transgénicos para producir más”, afirma Duch. Para asegurar sustento a todo el mundo el informe plantea cambiar el tipo de alimentos que se producen (menos carne); implantar métodos agrícolas ambientalmente sostenibles, que gasten menos agua y no contaminen la tierra; apostar por lo local y regional, y mejorar la distribución.

El informe insiste en priorizar la agricultura y ganadería domésticas para no depender del mercado mundial y para evitar los transportes de larga distancia que contribuyen al cambio climático. Además, insta a recuperar los cultivos tradicionales de cada zona, en proceso de extinción, para garantizar una dieta equilibrada. Los autores también reivindican poner freno a los agrocombustibles que, gracias a los subsidios, han ido ganando terrenos a los cultivos dedicados a llenar los platos de Brasil, Madagascar o Indonesia. El Banco Mundial ya advirtió este viernes [15 de abril] que la expansión de los biocombustibles es una de las causas del actual aumento, en un 36%, del coste de los alimentos respecto a hace un año. En este encarecimiento también ha sido determinante el alza del precio del combustible y los fenómenos meteorológicos adversos. Y, como siempre, quienes más sufren son los países pobres que destinan entre el 60 y el 80% de la renta familiar a alimentación frente al 15% de las naciones desarrolladas.

EL NEGOCIO DE LA AGRICULTURA

África cede sus tierras fértiles

“Existe un gran riesgo de que desaparezcan los campesinos, lo he visto en Mali, donde la población podría ser autosuficiente pero han cedido 100.000 hectáreas de tierras con acceso a agua a Libia para que desarrolle agricultura industrial para exportar, y eso ha supuesto expulsar a los agricultores locales”, advierte Silvia Pérez-Vitoria, economista y socióloga francesa. Gobiernos y grupos inversores están adquiriendo a precio de ganga terrenos fértiles en África, Asia y América Latina para dedicarlas a los agrocombustibles y a la agricultura. Los últimos datos apuntan que más de 40 millones de hectáreas han cambiado de manos, más de la mitad en África. Ante crisis alimentarias, las tierras de cultivo son un bien estratégico y China, Malasia, Corea del Sur o los países del Golfo se han lanzado a la compra de fincas para asegurarse el suministro de alimentos. También las multinacionales han entrado en el juego.

Una ayuda envenenada

“La ayuda de emergencia, si está mal gestionada, como en el caso de Haití, es una ataque a la soberanía alimentaria de un país”, opina Gustavo Duch. Esta ayuda sería más eficaz si EE.UU., que es el principal donante mundial, comprase los alimentos en los países receptores o cerca, pero se limita a aportar exclusivamente cereales producidos en su territorio, advierten Brian Halweil y Danielle Nierenberg, del Worldwatch Institute. Esta comida alivia momentáneamente el hambre pero hunde los precios de los mercados locales. En el caso de Haití, EE.UU. envió arroz producido en su país dando salida así a sus excedentes pero hundiendo a los agricultores haitianos. “Los graneros de Artibonito estaban llenos de arroz que las cooperativas no podían vender debido a que los consumidores urbanos, tras el terremoto, no podían comprarlo y porque cada día se repartía en la capital arroz americano gratis”, añade Duch.

Fuente: La Vanguardia, domingo 17 de abril, p. 35.

Desechos radiactivos, no gracias

Continúan las protestas contra una compañía minera australiana que construye la mayor planta de procesamiento de minerales con subproductos radiactivos cerca de esta central localidad de Malasia.
La corporación Lynas despachará minerales de "tierras raras" de su mina en Port Weld, en el oeste de Australia, hacia su planta de procesamiento en Gebeng, un puerto pesquero fuera de esta ciudad malasia, 250 kilómetros al norte de Kuala Lumpur.
Las "tierras raras" son minerales que contienen elementos del bloque "f" de la tabla periódica y que eran hasta hace poco raramente utilizados debido a la dificultad de separarlos.
Los manifestantes sostienen que la planta producirá grandes cantidades de desperdicios tóxicos como el torio radiactivo, que supone un peligro para ellos y las futuras generaciones. Pero Lynas y el gobierno de Malasia sostienen que el contenido de torio de los desechos será bajo, totalmente manejable y que no representará ningún problema para la salud porque se utilizará alta tecnología y los últimos equipos de control de emisiones radiactivas.
La compañía señaló que almacenará los desperdicios en "contenedores fuertes y seguros" en un área de poco menos de 4,8 hectáreas cerca de la planta hasta que se encuentre una solución permanente.
La legisladora de esta ciudad Fuziah Salleh, quien encabeza la protesta, se niega a apoyar el almacenamiento de desperdicios en su distrito o en cualquier otro lugar de este país. "Malasia no debe ser un basurero de desechos radiactivos. Queremos que Australia se los lleve", indicó.
Los temores sobre la radiación son infundados porque el óxido de Port Weld suele tener un bajo contenido de torio, reza un comunicado divulgado por Matthew James, director de comunicaciones de Lynas. "La materia prima es segura, no es tóxica ni peligrosa", apuntó.
Pero Salleh cuestiona la declaración de James. "El contenido de torio es alto", aseguró, lo que fue confirmado por funcionarios australianos, añadió.
Los minerales de "tierras raras" se utilizan en equipos de precisión como computadoras portátiles, televisores de pantalla plana, teléfonos celulares y misiles.
La demanda aumentó desde que China, que controla 95 por ciento de la producción, impuso en junio de 2010 controles a la exportación para conservar recursos y abastecer el mercado interno.
Lynas tiene previsto comenzar la producción en Gebeng en septiembre tras recibir el último permiso del gobierno. La compañía prevé exportar minerales raros por unos 91.300 millones de dólares al año, a partir de 2012.
Malasia ya tuvo una planta de "tierras raras" hace 30 años en el septentrional estado de Perak, lo que agrava la protesta contra Lynas.
La planta ubicada en Bukit Merah debió cerrarse tras registrarse un aumento de problemas congénitos y de leucemia entre recién nacidos de la zona.
Todavía se está limpiando el torio de Bukit Merah, almacenado en bidones bajo tierra, en pozos de poca profundidad, lo que prueba los peligros a largo plazo del mineral. "Lynas puede venir e irse, pero nosotros tendremos que lidiar con los desechos durante muchas, muchas décadas", arguyó Salleh.
Pero la compañía alega que el contenido de torio de la materia prima que usará es 50 veces inferior a la empleada en Bukit Merah. "Eso se debe a la geología única de la mina Mount Weld", indicó James.
El gobierno y autoridades de Lynas tratan de disipar los temores de la población con varios encuentros realizados en marzo y este mes para explicar y clarificar la actividad de la compañía.
La población local, pescadores, agricultores, pequeños empresarios, profesores y funcionarios, señala que está abierta a los testimonios de expertos sobre la seguridad de la planta, pero insisten en que la compañía debe llevarse los desperdicios de torio.
"Los desechos no deben almacenarse aquí ni en ningún otro lugar de Malasia", señaló el pescador Yusuf Ahmad. "Por qué no procesan el mineral en Australia y almacenan los desechos ahí", preguntó, utilizando el argumento generalizado aquí de que Lynas se instala en Gebeng porque no pudo conseguir todas las licencias de producción en su país.
"Queremos trabajos y progreso, pero no queremos desperdicios nucleares. Mire lo que ocurre en Japón", añadió Yusuf, refiriéndose al desastre atómico ocurrido en ese país tras el terremoto y tsunami del 11 del marzo.
Lynas probablemente se mudó a Kuantan por las severas leyes ambientales de Australia y la presión del influyente Partido Verde, dos factores de los que Malasia está libre, indicó Salleh.
Pero la compañía sostiene que la planta, cuya construcción ascendió a 220 millones de dólares, obtuvo todos los permisos necesarios para operar en Australia, y que se mudó a Kuantan para aprovechar las buenas condiciones del puerto, la fuerza de trabajo y la abundancia de agua, entre otros recursos.
El gobierno está deseoso de que Lynas comience sus operaciones porque necesita inversiones extranjeras y promover nuevas industrias que utilicen los minerales de "tierras raras" que producirá la planta.
La creciente oposición de la población es un gran dolor de cabeza para el gobierno que se esfuerza por ganar su apoyo.
También existe el temor de que la planta de Gebeng tenga consecuencias negativas sobre el turismo, consolidado en la costa oriental de Malasia, que alberga algunos de los paisajes más bellos del país. "Los ingresos del turismo acusarán el golpe cuando se sepa que una planta que dejará desechos de torio funciona cerca de la costa", dijo Vincent Lau, quien vive a 30 kilómetros del área.
La población local no está convencida del "costado seguro y manejable" del torio. Las protestas continuarán hasta que no se encuentre una solución permanente para los desechos tóxicos.

Las petroleras británicas se interesaron por la guerra de Iraq

Era un secreto a voces. Desde la caída de Bagdad, en abril de 2003, los críticos a la guerra de Iraq ya denunciaban los intereses de las grandes petroleras occidentales (sobre todo de EEUU y Reino Unido) en el oro negro. La Casa Blanca y Londres sólo hablaban de “democracia”. Sin embargo, The Independent mostró ayer que un año antes de la invasión de Iraq, los ministros británicos y las mayores petroleras del mundo analizaron planes para explotar el crudo iraquí.
“Irak es una gran perspectiva petrolera. BP [British Petroleum] está desesperada por estar allí y ansiosa de que los acuerdos políticos no le denieguen la oportunidad”, según un archivo del Gobierno al que ha tenido acceso el periódico. Otros documentos indican que fueron varias las reuniones celebradas para evaluar la explotación de las reservas de petróleo. Las intenciones oficiales de la entonces Administración Blair quedan en tela de juicio.
Los archivos también muestran que la compañía Symons acordó presionar al Gobierno de George W. Bush en nombre de BP porque esta temía quedarse fuera de los acuerdos secretos entre Washington con las firmas energéticas de EEUU, Francia y Rusia.

Reino Unido analizó la explotación de crudo de Iraq antes de la invasión

Un año antes de que el Reino Unido asumiese una labor clave en la invasión de Irak, los ministros británicos y las mayores petroleras del mundo analizaron planes para explotar el crudo del país árabe, afirma este martes ‘The Guardian’.
Unos archivos del Gobierno a los que ha tenido acceso el periódico indican que fueron varias las reuniones celebradas para evaluar la explotación de las reservas de petróleo, lo que plantea nuevos interrogantes sobre la participación británica en la guerra.
Según el rotativo, estas revelaciones contrastan con las afirmaciones ante la prensa de que las petroleras y los Gobiernos occidentales no tenían interés en el crudo de Iraq.
“The Guardian” agrega que en marzo de 2003 (poco antes de que el Reino Unido se metiera en el conflicto bélico) Shell calificó de “muy inexactas” unas informaciones que indicaban que había celebrado conversaciones con el Gobierno sobre el petróleo iraquí.
La petrolera BP negó en su día que tuviera un “interés estratégico” en Iraq, mientras que el entonces primer ministro Tony Blair calificaba la “teoría de la conspiración petrolera” como “absurda”, agrega el matutino.
Sin embargo, unos documentos del Gobierno correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 2002, antes de la invasión de Irak (2003), muestran una situación muy distinta, ya que la entonces viceministra de Comercio Baronesa Symons le había informado a BP que las empresas del sector energético debían tener una participación en las enormes reservas de petróleo y gas de Irak como recompensa al compromiso militar de Blair con los planes de EEUU sobre ese país.
Los archivos también muestran que Symons acordó presionar al entonces Gobierno de George W. Bush en nombre de BP porque esta compañía temía quedarse fuera de los acuerdos secretos entre Washington con las firmas energéticas de EEUU, Francia y Rusia.
La información publicada hoy por ‘The Guardian’, basada en unos documentos obtenidos por un escritor, también indica que el Ministerio británico de Asuntos Exteriores invitó a BP el 6 de noviembre de 2002 a una reunión para hablar de las oportunidades en Irak después de un “cambio de régimen”.
“Irak es una gran perspectiva petrolera. BP está desesperada por estar allí y ansiosa de que los acuerdos políticos no le denieguen la oportunidad”, según un archivo del Gobierno.
El periódico señala que más de 1.000 documentos del Gobierno fueron obtenidos en virtud de la Ley de Libertad de Información por Greg Muttitt, que ha escrito un libro sobre el tema titulado “Fuel on Fire”.
Estos archivos revelan que fueron al menos cinco las reuniones celebradas entre ministros, funcionarios y las petroleras BP y Shell a finales del año 2002.

Presidente de China felicita a Raúl al frente del Partido

Hu Jintao, Presidente de China y secretario general del Partido Comunista de ese país, felicitó a su homólogo cubano, Raúl Castro, electo primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), en el VI Congreso de la organización.
En mensaje difundido hoy por Prensa Latina y otras agencias internacionales de noticias, el dignatario asiático señala que la Isla ha alcanzado grandes logros desde el anterior cónclave partidista, pese a numerosas dificultades y crecientes presiones externas.
Asimismo, expresa confianza en que -bajo la dirección del General de Ejército Raúl Castro- el PCC y el Gobierno conducirán al pueblo a lograr mayores éxitos en la construcción del socialismo.
El texto subraya que el Partido Comunista y el Gobierno de China ratifican la gran importancia que conceden a las relaciones con Cuba, país con el cual mantendrán una política de amistad a largo plazo.
En el mensaje de felicitación, Hu Jintao reafirma la disposición de trabajar para profundizar la tradicional amistad, ampliar la cooperación en varios campos y promover el desarrollo sostenido de los nexos entre ambas naciones y partidos.
Con un llamado de Raúl a trabajar por el perfeccionamiento del socialismo, concluyó este martes en La Habana el VI Congreso del PCC, en presencia del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.
Raúl clausuró el histórico encuentro, en cuya sesión final resultó electo Primer Secretario del Comité Central y fueron presentados los miembros de ese órgano, del Buró Político y del Secretariado.
La cita culminó el día en que se cumplieron 50 años de la histórica victoria cubana frente a la agresión mercenaria por Playa Girón, epopeya que marcó la primera gran derrota del imperialismo yanqui en América Latina.

arriba FIDEL.

Emotivo video del recibimiento a Fidel en VI Congreso alcanza récord de descargas en Youtube

El emotivo video del momento en que Fidel Castro llega  a la clausura del Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) en La Habana, alcanza cerca de 8 000 descargas en nuestros canales en Youtube, cuando aún no ha transcurrido 24 horas del suceso.
En el video, que dura 4:41 minutos, se ve al líder de la Revolución cuando entra a la sala plenaria del Palacio de Convenciones, y es recibido con aplausos y gritos de “¡Viva Fidel!” por los mil delegados presentes.

ESPAÑA: el pais de los 5 millones de parados

Gobierno español reconoce que el país va rumbo a los cinco millones de desempleados

El ministro de Trabajo español, Valeriano Gómez, reconoció este sábado que el número de desempleados en el país podría alcanzar los cinco millones.
En entrevista al diario Expansión, Gómez admitió que los parados pueden llegar a esa cifra de continuar aumentando la cantidad de personas en edad laboral que trabajan o se hallan en plena búsqueda de un empleo.
Según el funcionario, la población activa en España creció mucho durante la primera parte de la crisis económica y mantiene un comportamiento excesivamente alto.
Que supere o no los cinco millones de desocupados estará en función de cuál sea el comportamiento de la población activa, remarcó el titular a la publicación financiera.
Recordó que durante los años del boom económico, la inmigración hizo crecer la fuerza laboral en unos tres millones desde 2005.
Aunque el número de personas buscando empleo ha descendido ligeramente desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, ésta sigue siendo demasiado elevada, subrayó Gómez.
Descartó, sin embargo, un déficit en el sistema de la Seguridad Social en 2011, y que el gobierno se vea en la necesidad de recurrir al Fondo de Reserva para afrontar el pago de las pensiones.
España cerró 2010 con cuatro millones 696 mil 600 desempleados, un 20,33 por ciento de la población activa, de acuerdo con los datos difundidos en enero pasado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Se trata de la tasa de desocupación más alta desde el segundo trimestre de 1997, cuando escaló a 20,72 por ciento, subrayó entonces el organismo estatal.
El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero espera que la estancada economía española registre una creación neta de empleo en la segunda mitad del actual ejercicio.
Sus previsiones apuntan a una tasa de paro de 19,8 por ciento en 2011 y de 16 por ciento en 2014.
Prensa Latina

los occidentales armando a la oposición?

La oposición a Gaddafi confirma que le suministran armas desde el exterior

La oposición libia confirmó este domingo que comenzaron a recibir armas desde el exterior y reivindicaron victorias militares en Ajdabiya, pese a que una tormenta de arena está obstaculizando los bombardeos aéreos de la OTAN.
Un dirigente del opositor Consejo Nacional de Transición (CNT), con sede en Benghazi, indicó que está en marcha el suministro de material bélico para combatir a las fuerzas leales a Muammar Al Gaddafi, aunque declinó revelar los países de donde provienen esos arsenales.
El canal satelital saudita Al Arabiya citó al jefe militar del CNT, Abdel Fattah Yunes, afirmando que sus fuerzas “tienen ahora armamento avanzado aportado por naciones amigas”.
Reconoció, sin embargo, que muchos de sus hombres están usando chalecos blindados de fabricación británica, así como teléfonos satelitales y otros equipos de comunicaciones cedidos por Londres.
Entretanto, los enfrentamientos terrestres ganaron en intensidad en las últimas horas entre el Ejército regular y los insurgentes en las ciudades de Misratah (oeste) y Ajdabiya (este), así como en inmediaciones de la localidad petrolera de Marsa El Brega.
El Gobierno autorizó la labor de la Cruz Roja Internacional actuar en los lugares donde las fuerzas de la OTAN han ejecutado bombardeos.
Por otro lado, Yunes aseguró a Al Arabiya que los opositores confiaban en poder hacerse con la estratégica Brega en las próximas horas, después de que dijeron tener pleno control de Ajdabiya, un poco más al oriente y principal bastión antes de llegar a Benghazi.
Los alzados manifestaron alivio por el apoyo de la OTAN, aunque reiteraron su demanda de que incremente los ataques con la intención de debilitar las defensas antiaéreas de Trípoli y lograr el complicado avance hacia el oeste con destino final en esta capital.
Sin embargo, una tormenta de arena que afecta a la franja costera del país desde las primeras horas del día redujo considerablemente la visibilidad y entorpeció los bombardeos de la alianza atlántica contra posiciones subordinadas al líder libio.
El suministro de armas a Libia está prohibido por la resolución 1973 de la ONU. Sin embargo, Londres y París ya han admitido que esa estrategia está entre sus planes, también se señala que Catar es el intermediario para la entrega de armas, información que la monarquía catarí no ha admitido ni desmentido.
La Radio del Sur

CHILE: el laboratorio del neoliberalismo

Chile: educación mala y clasista

La incorporación de Chile a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) se ha convertido en un boomerang. Ha puesto al desnudo las debilidades del modelo de crecimiento sin distribución. Hace algunos días un estudio de esa organización mostraba que nuestro país es el de mayor desigualdad de ingresos, con un coeficiente de Gini de 0,50 en comparación a la media de 0,31. Ahora, la OCDE nos dice que Chile es el país con mayor segregación social en sus escuelas; en otras palabras, la educación es clasista.
El índice de Duncan, que mide el grado de segregación social en las escuelas, es de 0,68 para Chile, mientras la media de la OCDE es 0,46, y en los países nórdicos alcanza 0,35. Siendo el índice 1 el más alto grado de segregación, en palabras simples, los niños y jóvenes chilenos, de diferentes niveles socio-económicos, no se encuentran, no conviven, no se conocen, al estar radicalmente separados según niveles de ingreso de sus familias.
Paralelamente, como los barrios y comunas se configuran según estratos sociales, resulta que en Vitacura, Las Condes y Providencia, dónde viven los de más ingresos, se encuentran los mejores niveles de educación, medido por puntajes de la pruebas Simce y PSU (El Mercurio, 17-04-11). Por tanto, los mayores y mejores recursos para la educación, incluidos los profesores, se concentran en estas comunas. En consecuencia, la segregación social y territorial pone en evidencia la división clasista en las escuelas y además las acentúa.
El modelo económico concentrador, el repliegue del Estado en educación y un sistema escolar basado en el lucro han afectado seriamente la educación chilena. Los hijos de familias de bajos ingresos reproducen la miseria de sus padres en escuelas municipalizadas inservibles y en privadas subvencionadas, que en vez de enseñar enriquecen a empresarios inescrupulosos.
El sistema educacional chileno, en vez de enseñar a todos por igual, servir para integrar a los niños de distintos orígenes sociales, promover la convivencia en comunidad, estimular la promoción social, favorecer un mismo lenguaje y valores, se ha convertido en instrumento de exclusión y ampliación de las desigualdades.
Por otra parte, a nivel universitario las cosas no andan mejor. En efecto, en una Encuesta Nacional 2010, que realizó el Instituto de la Juventud, se informa que de cada diez trabajadores, técnicos y profesionales, seis no tienen un trabajo relacionado con lo que estudiaron. Al mismo tiempo, según un ránking de la OCDE, los aranceles universitarios que paga el alumno en nuestro país es más del doble que en los Estados Unidos, tres veces el de México, cinco veces más que España, ocho veces el de Francia y 20 veces más que Dinamarca, sin anotar aquellos países donde las universidades son gratuitas. Por tanto, el alto costo de la educación superior, cubierto principalmente por los estudiantes, es expoliador para las familias modestas y de suyo injustificado cuando su enseñanza no favorece a un mejor trabajo vinculado a los estudios realizados.
Así las cosas, sin una reforma radical en la educación, y además sin atender las desigualdades de origen, la división clasista se acentuará. Las mejores escuelas seguirán reservadas para los hijos de las familias ricas de Chile, con los más altos puntajes en el Simce y la PSU, accediendo así a las mejores universidades. Los dueños del poder económico y de la elite política del país tendrán asegurada en sus descendientes la administración del sistema económico y político que controlan. Y, la segmentación social y territorial que caracteriza a estas escuelas, seguirá reproduciendo en los jóvenes del barrio alto el clasismo, racismo e individualismo propio de las familias ricas.
Entretanto, persistirá la mala educación para el 90% de los niños chilenos, en las escuelas municipalizadas y privadas subvencionadas. Los que accedan a la educación superior, con sus bajos puntajes en la PSU, ingresarán a universidades de baja calidad y estudiarán profesiones sin demanda en el mercado. Crecerá el ejército de profesionales desocupados y en el mejor de los casos llegarán a servir como empleados de los jóvenes de su misma generación, que serán ejecutivos de las empresas de sus padres. El futuro de los niños de Chile está marcado por su nacimiento.
El sistema educacional chileno, en vez de enseñar a todos por igual, servir para integrar a los niños de distintos orígenes sociales, promover la convivencia en comunidad, estimular la promoción social, favorecer un mismo lenguaje y valores, se ha convertido en instrumento de exclusión y ampliación de las desigualdades.
La demanda por una educación decente y sin discriminaciones para todos los niños y jóvenes, hijos de familias ricas y pobres, es justa y necesaria. Está en juego el desarrollo económico del país, inviable con el sistema actual. Está en juego también la estabilidad del sistema político, con excluidos que acrecientan su desesperanza. Los estudiantes lo han entendido mejor que nadie y por ello exigen el término del lucro, el mejoramiento de la calidad y la eliminación de toda discriminación. Terminar con una educación inservible y clasista es tarea urgente.
Datos del articulista
Economista de la Universidad de Chile, con estudios de posgrado en la Universidad de Sussex (Reino Unido). Investigador Grupo Nueva Economia, fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile,  ministro de Planificación y rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (Chile).

Varios conflictos sociales no resueltos en regiones

De acuerdo al último informe de la Defensoría del Pueblo sobre conflictos sociales, en Arequipa aún persisten siete. La mayoría de ellos están referidos a los problemas medioambientales, limítrofes y electorales.

A nivel nacional, Arequipa ocuparía el noveno lugar en cuanto al número de casos acontecidos. En primer lugar se encuentra la región de Áncash con 26 casos, Cajamarca con 17 incidentes, Cusco 15, Puno 14, Lima 13, Piura 10, Junín 8 y Ayacucho con 7 casos.

Uno de los principales conflictos sociales que reporta la Defensoría del Pueblo, es el provocado por la pretensión de instalar el proyecto minero Tía María en la provincia de Islay. Luego de una huelga de 17 días, un saldo de tres muertos y cerca de 200 heridos, salió una resolución declarando inadmisible el proyecto. Sin embargo, el problema aún estaría latente, ya que no se retiró la concesión minera en la pampa Cachendo, distrito de Cocachacra, Islay.

Las autoridades municipales y regionales, así como los gremios de la localidad estarían elaborando un proyecto para declarar la intangibilidad de estos terrenos, con ello se podría poner fin al conflicto en el Valle de Tambo. Mientras tanto, en la provincia de Camaná, un grupo de pobladores del distrito de Ocoña, aún siguen en contra de la operación que realiza la Empresa Pesquera Natalia SAC, quien procesa harina de pescado. A pesar que los pobladores pidieron una medida cautelar en el juzgado de la provincia para paralizar los trabajos y fue aceptada, la empresa no acató la medida, por disposiciones del Ministerio de la Producción.

Son tres conflictos los que Arequipa mantiene con dos regiones vecinas. Con Cusco el problema más álgido es por la ejecución del Proyecto Agroenergético Majes-Siguas II. Los cusqueños, sobre todo en la provincia de Espinar son los opositores. El caso está siendo revisado en el Tribunal Constitucional.

Varios conflictos sociales no resueltos en regiones

De acuerdo al último informe de la Defensoría del Pueblo sobre conflictos sociales, en Arequipa aún persisten siete. La mayoría de ellos están referidos a los problemas medioambientales, limítrofes y electorales.

A nivel nacional, Arequipa ocuparía el noveno lugar en cuanto al número de casos acontecidos. En primer lugar se encuentra la región de Áncash con 26 casos, Cajamarca con 17 incidentes, Cusco 15, Puno 14, Lima 13, Piura 10, Junín 8 y Ayacucho con 7 casos.

Uno de los principales conflictos sociales que reporta la Defensoría del Pueblo, es el provocado por la pretensión de instalar el proyecto minero Tía María en la provincia de Islay. Luego de una huelga de 17 días, un saldo de tres muertos y cerca de 200 heridos, salió una resolución declarando inadmisible el proyecto. Sin embargo, el problema aún estaría latente, ya que no se retiró la concesión minera en la pampa Cachendo, distrito de Cocachacra, Islay.

Las autoridades municipales y regionales, así como los gremios de la localidad estarían elaborando un proyecto para declarar la intangibilidad de estos terrenos, con ello se podría poner fin al conflicto en el Valle de Tambo. Mientras tanto, en la provincia de Camaná, un grupo de pobladores del distrito de Ocoña, aún siguen en contra de la operación que realiza la Empresa Pesquera Natalia SAC, quien procesa harina de pescado. A pesar que los pobladores pidieron una medida cautelar en el juzgado de la provincia para paralizar los trabajos y fue aceptada, la empresa no acató la medida, por disposiciones del Ministerio de la Producción.

Son tres conflictos los que Arequipa mantiene con dos regiones vecinas. Con Cusco el problema más álgido es por la ejecución del Proyecto Agroenergético Majes-Siguas II. Los cusqueños, sobre todo en la provincia de Espinar son los opositores. El caso está siendo revisado en el Tribunal Constitucional.

Represión policial deja cuatro muertos en Oyón

Cuatro muertos sería el saldo del enfrentamiento producido el domingo entre comuneros de la provincia de Oyón y 600 efectivos policiales que tienen la misión de disolver esta protesta popular, donde más de 300 comuneros de la provincia limeña de Oyón, se encontraban bloqueando la vía de acceso a la Unidad de Producción de Uchucchacua de la Compañía Minera Buenaventura.

A través de un comunicado los comuneros indican que luego de 13 días la empresa había comunicado que el Sr. Benavides llegaría hasta la provincia para conversar, pero el día viernes 15 sólo llegaron dos funcionarios sin mayores indicaciones que la de seguir paseando a los dirigentes, respecto a los temas que reclaman que son: 1) Estricto cumplimiento de las acuerdos y compromisos de la compañía para con la comunidad de los años 2001 y 2006 - 2) Cambio o reasignación de los funcionarios de las áreas de Ingeniería, Recursos Humanos y Relaciones Comunitarias y del Superintendente de Operaciones: por los constantes abusos y maltratos que cometieron con nuestros hermanos comuneros. – 3) Verificación de los hitos de las áreas cedidas a la compañía, ya que esta empresa viene ocupando más terrenos comunales sin el consentimiento de la comunidad.

Es así, que el día domingo 17 un contingente de policías de la DINOES fue trasladado desde la Séptima Región para disuadir y retirar a los comuneros que se mantenían en la vía de acceso de la compañía, realizándose disparos a quemarropa; de lo cual han resultado 4 muertos y más de 12 heridos de bala, informaron los manifestantes.

Los comuneros exigen la entrega de un aporte económico del 50 por ciento del costo para la ejecución del proyecto de agua y alcantarillado, así como la reposición de los terrenos que la minera ha usurpado, entre otros puntos de su plataforma.

Pretenden embargar de todas maneras

El secretario general de la Federación de Trabajadores Azucareros del Perú (FTAP), Demetrio Ruiz Ríos, denunció ayer una arremetida del ministro de Economía, Ismael Benavides, contra las empresas azucareras administradas por sus trabajadores a través de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) con el fin de embargar la producción de las azucareras. “El gobierno lejos de solucionar el problema, agudiza el problema azucarero porque el objetivo es el embargo”, expresó.

“Benavides presiona para que se saque medidas cautelares a favor de la Sunat, Essalud y Oficina de Normalización Previsional para embargar la producción de azúcar y las cuentas bancarias de las empresas Tumán y Pomalca”, a fin de que los trabajadores pierdan el manejo de sus empresas señaló. Dijo que existe un acoso de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) contra algunos magistrados, como Rafael Chávez Martos, juez del Primer Juzgado Civil de Chiclayo, por haber aprobado una medida cautelar que paralizó la venta de acciones en la empresa Cayaltí en diciembre pasado.

Indicó que unos diez mil azucareros de Lambayeque alistan una marcha de sacrificio desde Chiclayo hacia Lima, después de Semana Santa.