De acuerdo al Macroeconómico Multianual (MMM) 2012 – 2014 elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), las últimas medidas tributarias dadas por el actual gobierno, como la reducción del Impuesto General a la Venta (IGV), del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y las reducciones arancelarias representan un costo fiscal anual de S/. 3,000 millones que serán asumidos por la nueva administración.
Por las reducciones arancelarias, dadas a finales de diciembre 2010 y a mediados de abril 2011, se estima un costo fiscal de S/. 700 millones, por la reducción de un punto porcentual del IGV, de 19 a 18%, se dejará de recaudar S/. 1,600 millones y por la reducción de ITF el costo es de S/. 700 millones.
No obstante, reconoce el MEF, que la SUNAT ha establecido medidas para compensar la menores ingresos al fisco los cuales suman S/. 570 millones. Es decir, hay un desbalance fiscal de S/. 2,430 millones.
Ahora el aumento de los salarios para el personal de las
Fuerzas Armadas y Policía es del 20% y equivale al 0,2% del PIB. El PBI es de 156 mil millones de
dólares, entonces el 1% sería de 1.500 millones de
dólares, y el 0,2% es 300 millones de
dólares. Si bien el incremento es pequeño respecto al PBI, el agravante está en los menores recursos que recaudará el erario nacional debido a las medidas tributarias tomadas por la administración aprista.
Para el investigador de Cetrum Católica, Germán Alarco las acciones adoptadas en los últimos meses por el Ministerio de Economía están dejando una bomba de tiempo para el próximo gobierno de
Ollanta Humala.
“Lamentablemente el desempeño del ministro Ismael Benavides ha sido lamentable debilitando las finanzas públicas, no nos olvidemos que comenzó reduciendo aranceles en dos oportunidades, luego el IGV e ITF y ampliando exoneraciones que han costado más de 1.2% del PBI. La presión tributaria del segundo gobierno Aprista pudo haber terminado por encima del 16% del PBI, pero el Presidente de la República y su ministro se encargaron de desbaratar esa posibilidad”, dijo y añadió que en otros países como
Bolivia existe una presión tributaria de 17.2% y
Chile 18.5%.
Campo minadoPara Juan José Marthans, catedrático de la Universidad de Piura, el actual gobierno está dejando un campo minado a sus sucesores.
LA PRIMERA bomba de tiempo se encuentra, indicó el especialista, al desacelerar la expansión de la demanda interna, es decir crecer más de lo que se produce, o por encima de la expansión del Producto Bruto Interno (PBI).
Como segundo punto, hay un embalse en materia inflacionaria que la próxima administración va a tener que corregirlo. La perspectiva para el segundo semestre no es del todo alentadora, por una dinámica de precios. El tercer elemento está asociado al tema crediticio.
“Aún estamos en un marco de expansión crediticia que es bastante significativo y en ese contexto, si es que se quiere poner la casa en orden y evitar que las carteras crediticias de los bancos se deterioren, va a tener que haber una desaceleración con prudencia, lo que afectará también la capacidad de gasto de la población”, consideró.
Marthans señala que la cuarta bomba de tiempo está asociada al frente fiscal puntualmente lo referido a la reducción del IGV y al manejo del Fondo de Estabilización del Precio de los
combustibles.
“Se está generando una potencial brecha fiscal que va a tener que ser corregida. De no ser corregida, los indicadores del frente fiscal podrían deteriorarse y eso perturbar la imagen de buen comportamiento en materia económica y financiera que ha mostrado en los últimos años el
Perú”, advirtió.
Desaciertos de BenavidesPara el economista Hernán Briceño entre los principales desaciertos de Benavides, están la reducción del IGV sin condicionar a los agentes económicos a la formalización, que contradictoriamente al contexto en que la economía estaba creciendo fuertemente, incrementando las expectativas inflacionarias.
Para el profesor de la Universidad Pacífico, Jorge Gonzáles Izquierdo, la reducción del IGV y de algunos aranceles a la importación no son medidas que deban ser usadas para reducir la inflación como argumentó el MEF.
“Quiero enfatizar que bajar impuestos y aranceles para ese objetivo no deben usarse, esas medidas sirven para otros fines, allí creo que cometió un error al intervenir en la función del Banco Central de Reserva”, dijo.
No obstante, para Gonzáles Izquierdo la labor de Benavides ha sido mantener la estabilidad macroeconómica y que en esa tarea ha tenido un buen desempeño, sin embargo consideró que “se le pasó la mano” a la hora de regular el crecimiento del gasto público en la inversión.
Al referirse al Decreto de Urgencia 012 -el que limita el gasto público para generar un ahorro, emitido por el MEF-, Izquierdo dijo que “ha ocasionado un paro muy profundo en el crecimiento del gasto público en momentos cuando el gasto privado también esta disminuyendo”.
Agregó que el efecto neto va a ser que la tasa de crecimiento de la economía disminuya más de lo que debiera o más de lo que debiera haberse reducido.
Alarco señaló que tal medidas es inconsistente ya que por otro lado se reduce el gasto público afectando la demanda y que por otro está sosteniendo el subsidio creciente a propósito de los
combustibles de 100 millones de soles semanales.
“Es imprescindible que fiel a su línea ideológica elimine este subsidio y no se lo traslade como una bomba de tiempo para el nuevo gobierno”, comentó el investigador de CENTRUM Católica.
En esa línea Briceño sostuvo que posponiendo –como lo hizo la administración aprista- el pago de los subsidios a las refinerías, lo único que se ocasiona es inflar insosteniblemente el consumo actual, en perjuicio del consumos futuro, “por el contrario, en pleno crecimiento económico sería conveniente dejar que el precio doméstico refleje el incremento del precio internacional del petróleo, reduciéndose los subsidios”.
Agregó que el MEF, el Banco Central de Reserva (BCR) y la Superintendencia de Bancas y
Seguros (SBS) no han adoptado medidas serias para reducir el incremento exagerado de los créditos de consumo de los últimos años.
“Han colocado impuestos al sobreendeudamiento del público, o porque no un impuesto temporal a los créditos; claro el poder de las instituciones financiera es fuerte”, acotó Briceño.
Fondo de los combustiblesEl próximo jueves el Organismo Supervisor de la Inversión en
energía y Minería (Osinergmin) deberá actualizar la banda de precios de los
combustibles (la última actualización se dio a finales del pasado año) lo que ha producido que los precios de los carburantes en el mercado local se embalse hasta 20 por ciento por debajo de lo que se cotiza en el mercado internacional.
Es decir, la administración de
Alan García viene retrasando desde el pasado año el alza del precio de los
combustibles con fines políticos pues este retraso podría poner en jaque al nuevo gobierno que tendrá que batallar entre el rechazo de la población al alza y los menores ingresos de recursos al fisco.
Cesar Bedón, especialista en temas energéticos, manifestó que en la actualidad el Estado gasta S/. 110 millones semanales en el Fondo de Estabilización de Precios de los
combustibles (FEPC), monto que es insostenible para la caja fiscal en el mediano plazo.
“No ha habido racionalidad técnica, sino política en esta decisión”, sostuvo el especialista.
En opinión de Aurelio Ochoa, especialista en temas energéticos, como esta concebido el Fondo puede desestabilizar la economía del país. Recalcó que en la práctica el FEPC se ha transformado en un fondo indiscriminado de subsidio que ninguna caja fiscal puede resistir.
“El tener vigente este fondo es un lujo que un país de pocos recursos como lo es el
Perú no se puede dar pues el gobierno se ha gastado más de cinco mil millones de soles en transferencia de recursos para el pago a las refinerías, esto es un costo muy alto”, manifestó.
En esa línea, Alarco exhortó al actual gobierno enfrentar el problema del fondo de estabilización de los
combustibles. “No debe trasladar estos pasivos a las próximas autoridades. Anualizados son equivalentes al 130% de todo el programa Pensión 65”, estimó.
Para Ochoa lo que tiene que hacer el próximo gobierno nacionalista es eliminar el FEPC y dejar que los consumidores paguen el precio real del
combustible que usan. No obstante, considero que solo se debe subsidiar a los autos de carga pesada y transporte.
Mientras que Bedon consideró que el nuevo Gobierno debería adoptar una política distinta a la del Fondo de Estabilización de Precios de los
Hidrocarburos que ha demostrado su ineficacia. Además, de derogar el Decreto de Urgencia que ordena congelar bandas de precios y permite seguir bonificando con subsidios a productores e importadores.
De esta manera, dijo el especialista, productores e importadores dejarán de estar protegidos por ganancias y márgenes de comercialización fijados burocráticamente por el Gobierno y cada uno deberá establecer sus precios de competencia.
fuente:
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=87789
