El camino financiero a la servidumbre
Los estrategas financieros no tienen la intención de permitir que la actual crisis de la deuda sea desperdice. Ha llegado la hora de las ejecuciones hipotecarias o, para ser más exactos, una contrarrevolución para eliminar las ventajas del Siglo XX logradas por la socialdemocracia: pensiones y seguridad social, atención pública de la salud y otras infraestructuras que proveen servicios esenciales a precios subvencionados o gratuitamente. El modelo básico sigue las reformas neoliberales en la antigua Unión Soviética desde de 1991: privatización de las empresas públicas, un impuesto uniforme elevado para los trabajadores, pero solo impuestos nominales para los bienes raíces y las finanzas y la desregulación de los precios de la economía, las condiciones de trabajo y los términos crediticios.
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Lo que se va a revertir es la agenda “moderna”. Hace un siglo el objetivo era movilizar la creciente productividad y tecnología de la Revolución Industrial para elevar los niveles de vida y utilizar la imposición progresiva, la regulación pública, los bancos centrales y la reforma financiera para distribuir equitativamente la riqueza y hacer que las sociedades fueran más iguales. Actualmente el objetivo financiero es lo contrario: concentrar la riqueza en la cumbre de la pirámide económica y reducir los ingresos de la fuerza laboral. A las altas finanzas les encantan los salarios bajos.
La palanca política para lograr este programa es financiera. La constitución de la Unión Europea (UE) impide que los bancos centrales financien los déficit gubernamentales, dejando ese papel a los bancos comerciales, pagándoles intereses para que creen crédito que los bancos centrales rápidamente monetizan para ellos en Gran Bretaña y EE.UU. Los gobiernos deben endeudarse para rescatar a los bancos por los préstamos dañados, como sucede cada vez con más préstamos a medida que las finanzas empobrecen la economía, destruyendo su capacidad de pagar. No obstante, como vivimos en democracia, los votantes tienen que estar de acuerdo en pagar. Los gobiernos son soberanos y la deuda en última instancia es una criatura de la ley de los tribunales.
Pero primero hay que comprender lo que sucede. Desde la perspectiva de los banqueros, el beneficio económico es lo que acaban obteniendo. El aumento de los estándares de consumo, e incluso la inversión pública en la infraestructura, se ven como impedimentos. Los banqueros y los dueños de bonos apuntan a aumentar el beneficio no tanto mediante el aumento del beneficio con inversiones tangibles de capital, sino por medios más depredadores, encabezados por un retroceso de las ventajas de la mano de obra y el endurecimiento de las condiciones de trabajo mientras se obtienen subsidios públicos. Los bancos “crean riqueza” otorgando más crédito (es decir apalancamiento de la deuda) para aumentar los precios de los activos por bienes raíces y empresas que ya existenm activos que se ejecutan o se venden bajo la presión de la deuda por propietarios privados o gobiernos. Un comentarista calificó recientemente esta última estrategia de privatización como el “equivalente a vender la cubertería familiar para volver a alquilarla si queremos comer” (1).
Emprendida en nombre de los libres mercados, esta contrarrevolución rechaza el ideal clásico de los mercados libres de ingresos no devengados, pagados a intereses especiales. El objetivo financiero es extraer un beneficio maximizando el margen de ganancias de los precios sobre los costes. Mediante la oposición a la empresa y la infraestructura del gobierno como camino a la servidumbre las altas finanzas tratan de convertir la infraestructura pública en casetas de peaje para extraer renta económica (la “economía de la comida gratuita”) mientras reemplazan los sindicatos por mano de obra no sindicalizada para que trabajen con más intensidad.
Este nuevo camino a la neoservidumbre es un saqueo de activos. Pero para lograrlo, el sector financiero necesita un saqueo político para reemplazar la democracia por tecnócratas financieros. Su tarea es pretender que no hay revolución alguna, simplemente un aumento de “eficiencia”, “creación de riqueza” al apalancar con deudas la economía hasta el punto en el cual todo el beneficio se paga como intereses a los administradores financieros que emergen como los nuevos planificadores centrales de la civilización occidental.
Camino de servidumbre de Frederick Hayek mostró una distopía de funcionarios públicos que tratan de regular la economía. Al atacar al gobierno de un modo tan unilateral, su extremismo ideológico trató de reemplazar el sistema de limitaciones y chequeos de las economías mixtas por un sector privado “libre” de regulación y de protección del consumidor. Su visión era la de una economía posmoderna “libre” de las reformas clásicas para armonizar los precios del mercado con el valor-precio. En lugar de purificar el capitalismo industrial de los privilegios especiales de extracción de renta heredados de la época feudal, la ideología de Hayek allanó el camino para que el poder financiero descontrolado convierta en una parodia los “mercados libres”.
Los planificadores financieros de la Unión Europea afirman que Grecia y otros países deudores tienen un problema fácil de curar por medio de la imposición de austeridad. Los ahorros para pensiones, la seguridad social y el seguro médico deben reducirse a fin de “liberar” más servicio de la deuda a spagar a los acreedores. Al insistir en que Grecia solo tiene un “problema de liquidez”, los extremistas del Banco Central Europeo (BCE) consideran que una economía es “solvente” mientras tenga activos que privatizar. El miembro del consejo ejecutivo del BCE Lorenzo Bini Smaghi explicó el plan en una entrevista con Financial Times:
FT: Otmar Issing, su antiguo colega, dice que Grecia es insolvente y que “no será físicamente posible” que reembolse sus deudas. ¿Tiene razón?
LBS: Está equivocado porque Grecia es solvente si aplica el programa. Tienen activos que puede vender y reducir su deuda y tiene los instrumentos para cambiar sus sistemas tributarios y de gastos para reducir la deuda. Es la evaluación del FMI, es la evaluación de la Comisión Europea.
Los países pobres en desarrollo no tienen activos, sus ingresos son bajos, y por lo tanto se convierten fácilmente en insolventes. Si se considera el estado financiero de Grecia, no es insolvente.
El problema crucial es la voluntad política por parte del gobierno y del parlamento. Los ingresos de la privatización de 50.000 millones de euros, de los que se habla –algunos mencionan más– reducirían la relación del pico de la deuda al PIB de 160% a cerca de un 140% o 135% y eso podría reducirse aún más (2).Una semana después Bini Smaghi insistió en que el sector público “tiene activos negociables por un valor de 300.000 millones de euros y no está en bancarrota. ‘Hay que considerar a Grecia solvente y pedirla que pague sus deudas… señalando que el banco se mantiene firmemente opuesto a todo plan que permita que Grecia alargue los pagos de su deuda u obligue a los inversionistas a aceptar menos que un pago total, recorte” (3). Hablando en Berlín, dijo que Grecia “no es insolvente”. Podría pagar los bonos que debe a banqueros alemanes (22.700 millones de dólares), a los banqueros franceses (15.000 millones de dólares) y al BCE (al que se dice que debe 190.000 millones de dólares) vendiendo tierras públicas y puertos, derechos de agua y alcantarillado, propiedad del sistema telefónico y otra infraestructura básica. Aparte de recibir un pago total y de recibir altas tasas de interés que reflejen las expectativas de no pago del “mercado”, los bancos gozarían de un nuevo mercado con el financiamiento de las adquisiciones de privatización.
Advirtiendo que la falta de pago crearía beneficios inesperados a los especuladores que han apostado a que Grecia haría default, Bini Smaghi se negó a reconocer el corolario: que pagar el monto total crearía beneficios inesperados para los que apuestan a que se obligue a Grecia a pagar. También afirmó que: “La reestructuración de la deuda griega… desalentaría a Grecia de modernizar su economía”. Pero mientras menos servicio de la deuda paga una economía, más ingresos tiene para invertir productivamente. Y “solucionar” el problema arrojando los activos públicos al mercado crearía beneficios inesperados a los compradores de activos en dificultades. Como lo describe sin ambages el Wall Street Journal; “Grecia está en venta –barata– y Alemania está comprando. Las compañías alemanas están a la caza de gangas en Grecia mientras el gobierno afectado por las deudas actúa vendiendo activos de propiedad del Estado a fin de estabilizar las finanzas del país” (4).
En lugar de elevar los niveles de vida mientras crean una sociedad más igualitaria y justa, las “reformas” del BCE orientadas a favor de los acreedores quieren imponer un retroceso hacia la oligarquía. No la oligarquía post-feudal de terratenientes propietarios de tierras conquistadas por medios militares, sino una oligarquía financiera que acumula créditos bancarios y bonos que crecen inexorable y exponencialmente, dejando poco para que el resto de la economía invierta o consuma.
La distinción entre iliquidez e insolvencia
Si el propietario de una casa pierde su trabajo y no puede pagar su hipoteca, tiene que vender la casa o ver que el banco la embarga. ¿Es insolvente, o simplemente “sin liquidez”? Si solo tiene un problema de liquidez, un préstamo le ayudará a ganar los fondos para pagar la deuda. Pero si cae en el patrimonio negativo que ahora asedia a un cuarto de los bienes raíces de EE.UU., más préstamos solo profundizarán su déficit neto. El fin de este proceso, perder su casa, no solo significa falta de liquidez. Tiene penurias y sufre de insolvencia. Pero para el BCE solo se trata de un problema de liquidez.
El balance público incluye la tierra y la infraestructura ya que son activos beneficio a los que se puede renunciar sin cambiar fundamentalmente el estatus o las relaciones sociales del propietario. En realidad forman parte de los medios de supervivencia en el mundo actual, por lo menos supervivencia como parte de la clase media.
Para comenzar, la renegociación de su préstamo no solucionará una situación de insolvencia como la del propietario de la casa en paro antes mencionado. Prestarle dinero para pagar los intereses del banco (junto con los pagos atrasados y otras sanciones financieras) o extender el préstamo solo aumentará el balance de la deuda, dando al banco que lo embarga un derecho mayor sobre cualquier propiedad que el deudor pueda tener disponible para apoderarse de ella.
Pero el dueño de la casa está en peligro de quedarse sin vivienda, viviendo en la calle. Lo que está en juego es si la solvencia debe definirse en el modo de sentido común tradicional, en términos de la capacidad del ingreso de cumplir con las actuales obligaciones, o un enfoque que se basa puramente en el balance usado por los acreedores que buscan extraer el pago despojando de los activos. Es la posición en la que se encuentra Grecia. ¿Es solo un problema de liquidez si al gobierno se le dice que venda 50.000 millones de dólares en instalaciones turísticas de primera clase, puertos, sistemas de agua y otros activos públicos a fin de pagar a los acreedores extranjeros?
Lo que está en juego es el lenguaje respecto a los derechos legales de los acreedores frente a los deudores. EE.UU. ha tenido desde hace tiempo un corpus de leyes sobre este tema. Hace algunos años, por ejemplo, el especulador inmobiliario Sam Zell compró el Chicago Tribune en una operación por endeudamiento. El periódico quebró poco después, eliminando el plan de propiedad de acciones de los empleados (ESOP). Presentaron una demanda según la ley de cesión fraudulenta, que dice que si un acreedor hace un préstamo sin saber cómo podrá pagarlo el deudor en el curso normal de los negocios, se asume que el préstamo se hizo con la intención de realizar una ejecución hipotecaria de la propiedad, y se considera fraudulento.
Esta ley viene de tiempos coloniales, cuando los especuladores británicos echaban el ojo a ricas tierras agrícolas en Nueva York. Su truco era otorgar préstamos a los agricultores, y luego cobrarlos cuando el agricultor tenía poca capacidad para pagarlos, antes de la cosecha. Era ciertamente un problema de liquidez que los oportunistas financieros convirtieron en un saqueo de activos. Algunos prestamistas, fuera de toda duda, crearon un verdadero problema de insolvencia al otorgar préstamos que iban más allá de la capacidad de pagar de los agricultores, y luego embargaban sus tierras. Las colonias anularon ese tipo de préstamos. Las leyes por cesión fraudulenta se conservan desde que EE.UU. logró su independencia de Gran Bretaña.
Actualmente, los acreedores utilizan el apalancamiento de la deuda para obligar a Grecia a vender su dominio público –después de otorgar créditos más allá de su capacidad de pagar por ellos-. Por eso la pregunta que ahora se presenta es si se debe considerar que la nación es “solvente” si la única manera de transferir su deuda pública (es decir, prorrogarla reemplazando antiguos préstamos dudosos por obligaciones más nuevas y más inexorables) es perder sus tierras e infraestructura básica. Esto alteraría fundamentalmente la relación entre los sectores público y privado, reemplazando su economía mixta por otra de planificación centralizada, planificada por depredadores financieros con poca preocupación de que la economía se polarice entre ricos y pobres, acreedores y deudores.
El camino financiero a la servidumbre
Los lobistas financieros están convirtiendo el idioma inglés –y la terminología económica en todo el mundo– en un campo de batalla. Se permitirá que los acreedores se apoderen de los activos de deudores insolventes –desde dueños de casas y compañías a naciones enteras– como si fuera un funcionamiento normal del “mercado” y la ejecución hipotecaria fuera simplemente una manera de restaurar la “liquidez”. En cuanto a la “solvencia”, el BCE arrebataría a Grecia sus activos del sector público. Funcionarios bancarios han hablado de lanzar potencialmente 150.000 millones de euros de propiedad al mercado,
La mayoría de la gente lo consideraría un problema de solvencia. Solvencia significa la capacidad de mantener el tipo de sociedad que se tiene, con las limitaciones y chequeos públicos y privados y los niveles de vida existentes, Es incompatible con la reducción de pensiones, de la seguridad social y del seguro de salud para impedir que los dueños de bonos y los banqueros sufran una pérdida. Esta última política no es nada menos que una revolución política.
La liquidación de activos que los banqueros de Europa exigen a Grecia parece una prueba para impedir que el movimiento “no pagaré” se extienda a movimientos de “indignados” contra la austeridad financiera en España, Portugal e Italia. Los banqueros están tratando de impedir que los gobiernos condonen las deudas, extiendan los préstamos y reduzcan las tasas de interés.
Cuando a una nación se le exige que reemplace su economía mixta mediante la transferencia de la propiedad de la infraestructura y de las empresas públicas a una clase financiera (en su mayor parte extranjera), no se trata solo de “restaurar la solvencia” utilizando activos a largo plazo para pagar deudas a corto plazo a fin de mantener el patrimonio neto del balance. Es una transformación radical a una economía de planificación centralizada, cambiando el control de las manos de los representantes elegidos a las de administradores financieros, cuyo margen de tiempo es a corto plazo y extractivo, no a largo plazo y protector de la igualdad social y las necesidades básicas.
Los acreedores exigen una transformación política para reemplazar a los legisladores democráticos por tecnócratas nombrados por banqueros extranjeros. Cuando el beneficio económico se promete a los banqueros en lugar de invertirlo en el interior, no nos vemos solo ante “insolvencia” sino ante un ataque agresivo. Las finanzas se convierten en una continuación de la guerra, por medios económicos que deben ser politizados. Actuando por cuenta de los bancos comerciales (de los que salen la mayoría de sus directores, los que quieren “descender del cielo” para recibir sus recompensas después de servir a su clase financiera), el Banco Central Europeo insiste en una revolución política para reemplazar el gobierno democrático por una elite tecnocrática –no de ingenieros industriales, sino de “ingenieros financieros”, un nombre elegante para los guerreros financieros de despojo de activos.- Si Grecia no se ajusta, amenazan con causar un caos financiero interior destruyendo a los bancos griegos. Esta actitud de “la zanahoria y el garrote” amenaza si Grecia no acepta: el BCE y el FMI retendrán préstamos necesarios para mantener la solvencia de su sistema bancario. La “zanahoria” se ofreció el 31 de mayo cuando aceptaron suministrar 86.000 millones de dólares en euros si Grecia “posterga por el momento una reestructuración, dura o blanda,” de su deuda pública (5).
Es una parodia presentar simplemente esta revolución como un ejercicio financiero para resolver el “problema de liquidez” como si fuera compatible con los últimos cuatro siglos de reformas políticas y económicas clásicas de Europa. Por eso la protesta en la plaza Syntagma frente al Parlamento ha ido creciendo cada semana, llegando a más de 70.000 participantes el domingo pasado, 5 de junio.
Algunos manifestantes establecieron un paralelo con los políticos de Wisconsin que abandonaron el Estado para impedir un quórum en la votación del programa anti-sindical que trató de imponer el gobernador Walker. Al día siguiente, el 6 de junio, algunos ministros del gabinete se unieron a treinta diputados del Partido Socialista Panhelénico (Pasok) del primer ministro George Papandreou amenazando con “renunciar a sus escaños parlamentarios antes que aprobar medidas que recortaban miles de puestos de trabajo del sector público, volver a aumentar los impuestos y deshacerse de activos del Estado por 50.000 millones de euros, según personas informadas del partido. “El problema principal del partido son los estrictos recortes en el sector público… que llegan al corazón del modelo de protección social del Pasok de suministro de puestos de trabajo en entidades estatales para sus seguidores”, dijo un alto funcionario socialista” (6).
En vista de la renuencia popular a cometer suicidio financiero, el jefe de la oposición conservadora, Antonis Samaras, también se opuso a pagar a los banqueros europeos, “exigiendo una renegociación del paquete acordado la semana pasada con la “troika” de la UE, el FMI, y el BCE”. Era obvio que ningún partido podría obtener apoyo popular para la exigencia del BCE de que Grecia renuncie al gobierno popular y “nombre a tecnócratas experimentados para reducir a la mitad una docena de ministerios esenciales a fin de implementar el programa de la UE y el FMI” (7).
El presidente del BCE, Trichet, actúa como si siguiera a Erasmo al llevar a Europa más allá de su “concepto estricto de la condición de Estado”. “Esto se debe realizar reemplazando a funcionarios elegidos por una burocracia de planificadores cosmopolitas amigos de los banqueros. El problema de la deuda pide nuevas “medidas de política monetaria, las las llamamos decisiones ‘no estándar’, estrictamente separadas de las decisiones ‘estándar’, y orientadas a restaurar una mejor transmisión de nuestra política monetaria en estas condiciones anormales del mercado.” Lo que tenemos que hacer es que estas condiciones sean una nueva normalidad, y que se re-defina la solvencia para que refleje la capacidad de una nación de pagar deudas mediante la venta del dominio público.
El BCE y la UE afirman que Grecia será “solvente” mientras tenga activos que vender. Pero si las poblaciones en las actuales economías mixtas piensan que la solvencia existe bajo las proporciones públicas/privadas existentes, resistirán el intento del sector financiero de seguir adelante con adquisiciones y embargos hasta que posea todos los activos del mundo, todos los activos hasta ahora públicos y corporativos y los de individuos y sociedades.
Para minimizar la oposición a esta dinámica los economistas favoritos del sector financiero restan importancia al peso de la deuda, pretendiendo que puede ser pagada sin perjudicar la vida económica y, en el caso griego por ejemplo, utilizando la contabilidad chatarra de “valoración según modelos” y derivados y permutas financieras para ocultar simplemente su magnitud. Dominique Strauss-Kahn en el FMI afirma que la crisis de la deuda post-2008 es solo un “problema de liquidez” a corto plazo y de falta de “confianza”, no insolvencia que se refleja en una incapacidad subyacente de pago. Los bancos prometen que todo irá bien cuando la economía “vuelva a la normal” – como si pudiera “pedir prestado para salir de deudas”, al estilo de Bernanke.
De eso trata la actual guerra financiera. Está en juego la relación del sector financiero con la economía “real”. Desde la perspectiva de esta última el papel apropiado del crédito –es decir, la deuda– es financiar la inversión y gasto de capital productivo, porque las deudas se pagan con el beneficio económico. Esto requiere un sistema financiero regulatorio y un sistema tributario para maximizar el crecimiento. Pero ésta es precisamente la política fiscal contra la cual lucha el sector financiero actual.
Exige una deducción preferencial de impuestos sobre intereses a fin de alentar el financiamiento de deudas en lugar de derechos de propiedad. Ha deshabilitado las leyes y regulaciones de veracidad en créditos para mantener las tasas de interés y los aranceles en línea con los costes de producción. Y bloquea que los gobiernos hagan que los bancos centrales financien libremente sus propias operaciones y suministren dinero a las economías. Y para colmo ahora exigen que la sociedad democrática ceda ante el régimen de la autoridad financiera autoritaria.
Finanzas y democracia: del refuerzo mutuo al antagonismo
La relación entre la banca y la democracia ha pasado por muchos serpenteos durante los siglos. Antes este año, el intento de la oposición democrática contra el intento del BCE y del FMI de imponer austeridad y ventas de privatización tuvo éxito cuando el presidente Grimsson de Islandia insistió en un referendo nacional sobre el pago de la deuda de Icesave que dirigentes de Althing habían negociado con Gran Bretaña y Hoaldna (si uno puede caracterizar una abyecta capitulación como una verdadera negociación). Dicho sea a su favor, una fuerte mayoría de 3 a 2 de los islandeses votaron “No”, salvando a su economía de ser llevada a una esclavitud por deudas.
Históricamente se ha requerido acción democrática para imponer el cobro de deudas. Hasta hace cuatro siglos los tesoros reales eran generalmente guardados en el dormitorio real, y los préstamos a los gobernantes tenían el carácter de deudas personales. Los banqueros se vieron repetidamente timados, especialmente por déspotas Habsburgos y Borbones en los tronos de España, Austria y Francia. Los préstamos a ese tipo de gobernantes tendían a expirar a su muerte, a menos que sus sucesores siguieran dependiendo de los mismos financistas en lugar de volverse hacia sus rivales. Las numerosas bancarrotas del autocrático gobernante Habsburgo de España, Carlos V, agotaron su crédito, impidiendo que la nación reuniera los fondos para derrotar a los rebeldes Países Bajos del norte.
El problema que enfrentaban los banqueros era cómo convertir los préstamos en obligaciones nacionales permanentes. La solución de este problema dio una ventaja a las democracias parlamentarias. Fue un factor importante que permitió a los Países Bajos a lograr su independencia de la España de los Habsburgos en el Siglo XVI. La república holandesa comprometió a toda la nación a pagar sus deudas públicas, obligando al propio pueblo, a través de sus representantes elegidos quienes destinaban impuestos a sus acreedores. Los banqueros consideraron la democracia parlamentaria como una condición previa para hacer préstamos seguros a los gobiernos. Esta seguridad para los banqueros solo podía ser lograda si los electorados tenían por lo menos una voz nominal en el gobierno. Y la acumulación de préstamos de guerra fue un elemento clave en la rivalidad militar en una época en la cual la máxima para la supervivencia era “el dinero es el nervio de la guerra”.
Mientras los gobiernos seguían siendo despóticos, descubrieron que su capacidad para incurrir en más deudas era limitada. En esa época “la posición del rey como prestatario era confusa, y todavía era dudoso si sus acreedores tenían algún remedio en su contra en caso de default”. (8) El anterior financiamiento holandés-inglés no había satisfecho a los acreedores en este aspecto. Cuando Carlos I pidió prestados 650.000 florines holandeses a los Estados Generales Holandeses en 1625, la alianza militar de los dos países contra España ayudó a retardar la lucha constitucional implícita respecto a quién era responsable en última instancia por las deudas británicas.
El logro financiero crucial del gobierno parlamentario fue por lo tanto establecer a las naciones como cuerpos políticos cuyas deudas no eran solo las obligaciones personales de los gobernantes, sino verdaderamente públicas y vinculantes, no importa quién ocupara el trono. Por este motivo las dos primeras naciones democráticas, Holanda y Gran Bretaña, después de su vinculación dinástica de 1688 entre Holanda y Gran Bretaña en la persona de Guillermo I, y la emergencia de la autoridad parlamentaria sobre las finanzas públicas desarrollaron los mercados de capital más activos y se convirtieron en las principales potencias militares de Europa. “Una deuda financiada no podía ser formada mientras el rey y el parlamento luchaban por la autoridad”, concluye el historiador financiero Richard Ehrenberg. “Recién después de la revolución [de 1688] el Estado inglés se convirtió en lo que la república holandesa había sido hace tiempo – una verdadera corporación de individuos firmemente asociados, un organismo permanente”. (9)
En breve, las naciones emergieron en su forma moderna adoptando las características financieras de ciudades-Estado democráticas. Los imperativos financieros de las guerras del Siglo XVII ayudaron a que esas democracias fueran victoriosas, porque los nuevos sistemas financieros nacionales facilitaron los gastos militares en una escala ampliamente expandida. Por el contrario, mientras más despóticas eran España, Austria y Francia, más dificultades encontraban para financiar sus aventuras militares. Austria se quedó “sin crédito y consecuentemente sin muchas deudas” a fines del Siglo XVIII, el país menos digno de crédito y peor armado en Europa, como señaló Sir James Steuart en 1767. (10) Llegó a depender enteramente de subsidios y garantías de préstamo británicas en la época de las guerras napoleónicas.
La época moderna del financiamiento de la guerra se desarrolló por lo tanto al unísono con la expansión de la democracia parlamentaria. La situación fue similar a la que tenían los tribunos plebeyos en Roma en los primeros siglos de su República. Podían vetar todo financiamiento militar hasta que los patricios hicieran concesiones políticas. La lección no se perdió en los parlamentos protestantes del Siglo XVIII. Para que las deudas de guerra y otras obligaciones nacionales fueran vinculantes, los representantes elegidos del pueblo tenían que garantizar impuestos. Esto solo se podía lograr dando al electorado una voz en el gobierno.
Por lo tanto el deseo de ser reembolsados fue lo que apartó la preferencia de los acreedores de las autocracias hacia las democracias. Finalmente solo podían cobrar a las democracias. Esto, por cierto, no reflejaba necesariamente convicciones políticas liberales por parte de los acreedores. Simplemente querían que se les pagara.
Las ciudades comerciales soberanas de Europa desarrollaron las mejores calificaciones crediticias, y por lo tanto pudieron emplear mercenarios. El acceso al crédito fue “su arma más poderosa en la lucha por su libertad”, señala Ehrenberg, en una época en la que “el aumento en el uso de armas de fuego las había obligado a rodearse de fortificaciones más sólidas”. (11) El problema era que “cualquiera que daba crédito a un príncipe sabía que el reembolso de la deuda dependía solo de la capacidad y voluntad de pagar de su deudor. El caso era muy diferente en las ciudades: si alguien tenía poder como jefe supremo, también había corporaciones, asociaciones de individuos que daban una garantía común. Según la ley generalmente aceptada cada burgués individual tenía una obligación legal por las deudas de la ciudad, con su persona y su propiedad.”
Ahora han cambiado las cosas: de los votantes islandeses a las grandes multitudes que se reúnen en la plaza Syntagma y otros sitios por toda Grecia para oponerse a las condiciones que el primer ministro Papandreou ha estado negociando para un préstamo de rescate de la UE al gobierno – a fin de rescatar a bancos alemanes y franceses. Ahora, cuando las naciones no buscan dinero para la guerra sino para subvencionar a insensatos banqueros depredadores, Jean-Claude Trichet del BCE sugirió recientemente que se saque la política financiera de las manos de la democracia.
Pero si un país todavía no cumple, pienso que todos estarán de acuerdo en que la segunda etapa tendrá que ser diferente. ¿Sería ir demasiado lejos si consideráramos, en esa segunda etapa, que se diera a las autoridades del área del euro una influencia mucho más profunda y terminante en la formación de las políticas económicas del país si éstas se extravían de modo dañino? ¿Una influencia directa, mucho más allá y por sobre la vigilancia reforzada que se está considerando actualmente?...
Lo que está en juego es la soberanía en sí, cuando se trata de la responsabilidad gubernamental por las deudas. Y al respecto la guerra que libra contra Grecia el Banco Central Europeo (BCE) ser considerada en el mejor de los casos como un ensayo general no solo para el resto de Europa, sino para lo que los lobistas financieros quisieran introducir en EE.UU.
