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martes, 28 de junio de 2011
Policía tenía órdenes de matar a manifestantes
La orden de disparar a matar a los manifestantes de Azángaro que ocuparon la pista de aterrizaje del aeropuerto Manco Cápac de Juliaca, habría quedado registrada con las voces de los efectivos policiales, encargados de la custodia, que exhortaban a esta acción, en un video colgado y difundido en Youtube, sobre los luctuosos sucesos del viernes 24 de junio, que se saldó con seis muertes.
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Huancavelica: Con movilización pidieron renuncia de Presidente Regional
No hubo actividad comercial ni clases en universidad y colegios. Mientras en la capital insistieron en la renuncia del presidente regional, en Angaraes acordaron exigir a la UNH descentralizar su presupuesto.
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El reinicio de la huelga indefinida en Huancavelica se concentró en la capital de la región con dos movilizaciones que terminaron en un mitin en el que insistieron en la renuncia del presidente regional Maciste Díaz Abad.
En previsión de que se repitan actos vandálicos los centros comerciales no atendieron. Igual actitud tomaron los colegios y la Universidad Nacional de Huancavelica. Sin embargo, la población pudo transitar libremente por las carreteras que en esta oportunidad no fueron cerradas por los manifestantes.
En el resto de las provincias, la población siguió con sus actividades con normalidad.
Intereses distintos
Dirigentes del Frente de Defensa de Huancavelica, del Sutep y representantes de los estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica que intervinieron en el mitin no solo pidieron la salida del presidente regional y de todos los jefes del sector sino también el cierre definitivo de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional con sede en Huancavelica.
Asimismo, demandaron la renuncia de la rectora de la UNH, Yda Campuzano.
Mientras en Angaraes sus autoridades y dirigentes se reunieron en una cita multisectorial con una agenda distinta a la que manejan en la ciudad capital.
En esta provincia decidieron exigir a la Universidad Nacional de Huancavelica que descentralice su presupuesto con el fin de impulsar a las facultades que tiene al interior de la región, como la propia Angaraes, donde funciona la Facultad de Ingeniería de Minas.
Otro de los acuerdos tomados en la asamblea que se prolongó por más de tres horas fue la reorganización total de la UNH para un manejo descentralizado del presupuesto.
El dirigente Carlos Candioti explicó que el paro convocado desde la capital de la región no ha tenido mayor aceptación en las provincias de Huancavelica porque el descontento con la gestión de Maciste Díaz no es generalizado.
“Churcampa y Pampas están unidas en defensa de la creación de la universidad de Tayacaja. Angaraes y Acobamba están expectantes porque no tienen aún el apoyo prometido por el presidente regional. El problema es que el presupuesto regional no llega de la misma manera a todas las provincias”, explicó Candioti.
También señaló que otro hecho que ha generado descontento en la población es la duplicidad de facultades.
“Es el caso de la apertura de Ingeniería Civil en la ciudad de Huancavelica cuando ya existía en la provincia de Lircay”, refirió. La Policía se mantiene expectante.
Datos
Al congreso. El ministro del Interior, Miguel Hidalgo, y la jefa del gabinete ministerial, Rosario Fernández, acudirán hoy a la Comisión Permanente del Congreso para informar sobre el conflicto suscitado en Huancavelica.
Gobierno regional. Las labores en esta sede están paralizadas debido a los trabajos de refacción después de que una turba procediera a incendiarla. Estaría operativa este jueves.
“Ayni politizó esta protesta”
Ante la ausencia del presidente regional Maciste Díaz, su director de Imagen, Alcides López de la Cruz, salió para acusar al grupo Ayni de politizar la protesta huancavelicana.
”Ayni, al que pertenece el alcalde de Huancavelica Leoncio Huayllani y también el candidato al gobierno regional Clodoaldo Alvarez, quien perdió las elecciones, ha politizado esta protesta propiciando toda la revuelta a través del alcalde Huayllani. Esta última autoridad maneja el Vaso de Leche y otros programas sociales que aglutinan mucha gente, y se están valiendo de estas personas para las movilizaciones”, afirmó el funcionario.
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El reinicio de la huelga indefinida en Huancavelica se concentró en la capital de la región con dos movilizaciones que terminaron en un mitin en el que insistieron en la renuncia del presidente regional Maciste Díaz Abad.
En previsión de que se repitan actos vandálicos los centros comerciales no atendieron. Igual actitud tomaron los colegios y la Universidad Nacional de Huancavelica. Sin embargo, la población pudo transitar libremente por las carreteras que en esta oportunidad no fueron cerradas por los manifestantes.
En el resto de las provincias, la población siguió con sus actividades con normalidad.
Intereses distintos
Dirigentes del Frente de Defensa de Huancavelica, del Sutep y representantes de los estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica que intervinieron en el mitin no solo pidieron la salida del presidente regional y de todos los jefes del sector sino también el cierre definitivo de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional con sede en Huancavelica.
Asimismo, demandaron la renuncia de la rectora de la UNH, Yda Campuzano.
Mientras en Angaraes sus autoridades y dirigentes se reunieron en una cita multisectorial con una agenda distinta a la que manejan en la ciudad capital.
En esta provincia decidieron exigir a la Universidad Nacional de Huancavelica que descentralice su presupuesto con el fin de impulsar a las facultades que tiene al interior de la región, como la propia Angaraes, donde funciona la Facultad de Ingeniería de Minas.
Otro de los acuerdos tomados en la asamblea que se prolongó por más de tres horas fue la reorganización total de la UNH para un manejo descentralizado del presupuesto.
El dirigente Carlos Candioti explicó que el paro convocado desde la capital de la región no ha tenido mayor aceptación en las provincias de Huancavelica porque el descontento con la gestión de Maciste Díaz no es generalizado.
“Churcampa y Pampas están unidas en defensa de la creación de la universidad de Tayacaja. Angaraes y Acobamba están expectantes porque no tienen aún el apoyo prometido por el presidente regional. El problema es que el presupuesto regional no llega de la misma manera a todas las provincias”, explicó Candioti.
También señaló que otro hecho que ha generado descontento en la población es la duplicidad de facultades.
“Es el caso de la apertura de Ingeniería Civil en la ciudad de Huancavelica cuando ya existía en la provincia de Lircay”, refirió. La Policía se mantiene expectante.
Datos
Al congreso. El ministro del Interior, Miguel Hidalgo, y la jefa del gabinete ministerial, Rosario Fernández, acudirán hoy a la Comisión Permanente del Congreso para informar sobre el conflicto suscitado en Huancavelica.
Gobierno regional. Las labores en esta sede están paralizadas debido a los trabajos de refacción después de que una turba procediera a incendiarla. Estaría operativa este jueves.
“Ayni politizó esta protesta”
Ante la ausencia del presidente regional Maciste Díaz, su director de Imagen, Alcides López de la Cruz, salió para acusar al grupo Ayni de politizar la protesta huancavelicana.
”Ayni, al que pertenece el alcalde de Huancavelica Leoncio Huayllani y también el candidato al gobierno regional Clodoaldo Alvarez, quien perdió las elecciones, ha politizado esta protesta propiciando toda la revuelta a través del alcalde Huayllani. Esta última autoridad maneja el Vaso de Leche y otros programas sociales que aglutinan mucha gente, y se están valiendo de estas personas para las movilizaciones”, afirmó el funcionario.
PERÚ: contaminan Cuenca del río Ramis
Tomás Cenzano (Apra) y Francisco Ccama (Fuerza 2011) vinculados a la minería informal. Familia de Cenzano es propietaria de mina en La Rinconada, donde operan 30 mil informales. Ccama tiene viejas denuncias por contaminar ese río. Infografía de la ubicación de las mineras.
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La reciente asonada en Juliaca que causó la muerte de cinco personas cuando miles de campesinos del norte de Puno exigían al gobierno la urgente descontaminación del río Ramis tiene en la minería informal que ejecutan cerca de treinta mil personas en las alturas de Ananea a los responsables de este delito ambiental.
Pero resulta que el congresista aprista Alfredo Tomás Cenzano Sierralta y el recientemente elegido parlamentario fujimorista Francisco Ccama Layme tienen mucho que ver con el hecho.
Ccama Layme, de las filas del fujimorismo, es presidente de la Central de Cooperativas Mineras de San Antonio de Poto, y como tal tiene una denuncia fiscal por contaminación minera en la cuenca del río Ramis.
Esta organización opera sin contar con un Estudio de Impacto Ambiental. Y Francisco Ccama es considerado el principal minero informal en Ananea.
Sin embargo el ahora electo legislador alegó que la actividad minera en el Ramis se practica desde hace más de cincuenta años.
Y frente a la evidente turbidez de las aguas de este río, afirmó displicente que éstas siempre han permanecido con esa coloración.
Lo cierto es que la Central de Cooperativas Mineras que Ccama preside no ha cumplido con descontaminar el río Ramis y menos evitar que siga envenenándose.
El analista político Aldo Santos, de la ONG Servicios Educativos Rurales (SER), dudó del trabajo que pueda realizar este congresista en beneficio de Puno.
“No me imagino, por ejemplo, a Francisco Ccama proponiendo una ley para la formalización de la minería informal”, comentó.
En cuanto a Tomás Cenzano Sierralta, este congresista declaró tener el 33 por ciento de participación en la concesión minera Chibolo-2, situada en la zona de Winchumayo.
También aceptó poseer el 45 por ciento de la minera Media Naranja. Esta empresa fue acusada de tener una deuda con la Sunat por un monto de 240 millones de soles.
Más tarde transfirió dichas acciones a su hijo, en razón de que la Ley General de Minería le prohibía realizar actividad minera en su condición de legislador. Aún así, siguió ligado a las empresas a través de su familia.
Según refirió Aldo Santos, del Servicio Educativo Rural (SER), la familia de Tomás Cenzano es además propietaria de joyerías en Juliaca y para la fabricación de joyas acopian oro de la zona de Ananea, donde precisamente impera la minería informal.
Informales tienen mucho poder
Aldo Santos reveló también que los dos congresistas mencionados son propietarios de minas en la zona, y reconoció que los mineros informales tienen mucho poder.
“Ellos pueden colocar congresistas y además tienen mucha capacidad para movilizar gente”, anotó el analista de SER.
Santos recordó igualmente que en la gestión del presidente regional Hernán Fuentes, unos cuarenta mil mineros artesanales llegaron hasta Juliaca y amenazaron con quedarse allí para bloquear la ciudad de Puno si el gobierno regional no instalaba un sistema de luz eléctrica en la localidad de Ananea.
“Ahora los campesinos han logrado un presupuesto de 150 millones de soles para la descontaminación de la cuenca del Ramis, pero el presupuesto total para hacer esta labor llega a los 300 millones de dólares”, afirmó Santos, quien lamentó que en Lima no se maneje la información como se debe.
La clave
conflicto. Desde el año 2007 hasta la semana pasada en que se reunieron dirigentes y autoridades con el Ejecutivo, se han levantado 24 actas para tratar de mitigar los impactos de la minería informal en el ya bastante dañado río Ramis, pero no ha habido acciones drásticas para acabar con los orígenes de la contaminación. Santos recomendó mecanismos para negociar con los informales porque podría iniciarse un gran conflicto cuando sean afectados.
Reparan terminal aéreo de Juliaca
Aeropuertos Andinos del Perú, concesionario del terminal Inca Manco Cápac de Juliaca, inició ayer los trabajos de reparación de las zonas dañadas que le corresponden en su calidad de administrador de las instalaciones, y agregó que reiniciará sus operaciones en coordinación con Córpac una vez que esta reemplace sus equipos dañados y se cuente con la seguridad necesaria.
Mientras tanto, en el hospital Carlos Monge Medrano se intervino quirúrgicamente a siete personas que tenían balas y perdigones en sus cuerpos a causa de la revuelta del último viernes en Juliaca. Otros cinco heridos permanecen internados en una clínica, en tanto que las demás personas afectadas por la violencia ya fueron dadas de alta. El presidente del Gobierno Regional, Mauricio Rodríguez, aseguró que continuarán apoyando con medicinas a los heridos.
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La reciente asonada en Juliaca que causó la muerte de cinco personas cuando miles de campesinos del norte de Puno exigían al gobierno la urgente descontaminación del río Ramis tiene en la minería informal que ejecutan cerca de treinta mil personas en las alturas de Ananea a los responsables de este delito ambiental.
Pero resulta que el congresista aprista Alfredo Tomás Cenzano Sierralta y el recientemente elegido parlamentario fujimorista Francisco Ccama Layme tienen mucho que ver con el hecho.
Ccama Layme, de las filas del fujimorismo, es presidente de la Central de Cooperativas Mineras de San Antonio de Poto, y como tal tiene una denuncia fiscal por contaminación minera en la cuenca del río Ramis.
Esta organización opera sin contar con un Estudio de Impacto Ambiental. Y Francisco Ccama es considerado el principal minero informal en Ananea.
Sin embargo el ahora electo legislador alegó que la actividad minera en el Ramis se practica desde hace más de cincuenta años.
Y frente a la evidente turbidez de las aguas de este río, afirmó displicente que éstas siempre han permanecido con esa coloración.
Lo cierto es que la Central de Cooperativas Mineras que Ccama preside no ha cumplido con descontaminar el río Ramis y menos evitar que siga envenenándose.
El analista político Aldo Santos, de la ONG Servicios Educativos Rurales (SER), dudó del trabajo que pueda realizar este congresista en beneficio de Puno.
“No me imagino, por ejemplo, a Francisco Ccama proponiendo una ley para la formalización de la minería informal”, comentó.
En cuanto a Tomás Cenzano Sierralta, este congresista declaró tener el 33 por ciento de participación en la concesión minera Chibolo-2, situada en la zona de Winchumayo.
También aceptó poseer el 45 por ciento de la minera Media Naranja. Esta empresa fue acusada de tener una deuda con la Sunat por un monto de 240 millones de soles.
Más tarde transfirió dichas acciones a su hijo, en razón de que la Ley General de Minería le prohibía realizar actividad minera en su condición de legislador. Aún así, siguió ligado a las empresas a través de su familia.
Según refirió Aldo Santos, del Servicio Educativo Rural (SER), la familia de Tomás Cenzano es además propietaria de joyerías en Juliaca y para la fabricación de joyas acopian oro de la zona de Ananea, donde precisamente impera la minería informal.
Informales tienen mucho poder
Aldo Santos reveló también que los dos congresistas mencionados son propietarios de minas en la zona, y reconoció que los mineros informales tienen mucho poder.
“Ellos pueden colocar congresistas y además tienen mucha capacidad para movilizar gente”, anotó el analista de SER.
Santos recordó igualmente que en la gestión del presidente regional Hernán Fuentes, unos cuarenta mil mineros artesanales llegaron hasta Juliaca y amenazaron con quedarse allí para bloquear la ciudad de Puno si el gobierno regional no instalaba un sistema de luz eléctrica en la localidad de Ananea.
“Ahora los campesinos han logrado un presupuesto de 150 millones de soles para la descontaminación de la cuenca del Ramis, pero el presupuesto total para hacer esta labor llega a los 300 millones de dólares”, afirmó Santos, quien lamentó que en Lima no se maneje la información como se debe.
La clave
conflicto. Desde el año 2007 hasta la semana pasada en que se reunieron dirigentes y autoridades con el Ejecutivo, se han levantado 24 actas para tratar de mitigar los impactos de la minería informal en el ya bastante dañado río Ramis, pero no ha habido acciones drásticas para acabar con los orígenes de la contaminación. Santos recomendó mecanismos para negociar con los informales porque podría iniciarse un gran conflicto cuando sean afectados.
Reparan terminal aéreo de Juliaca
Aeropuertos Andinos del Perú, concesionario del terminal Inca Manco Cápac de Juliaca, inició ayer los trabajos de reparación de las zonas dañadas que le corresponden en su calidad de administrador de las instalaciones, y agregó que reiniciará sus operaciones en coordinación con Córpac una vez que esta reemplace sus equipos dañados y se cuente con la seguridad necesaria.
Mientras tanto, en el hospital Carlos Monge Medrano se intervino quirúrgicamente a siete personas que tenían balas y perdigones en sus cuerpos a causa de la revuelta del último viernes en Juliaca. Otros cinco heridos permanecen internados en una clínica, en tanto que las demás personas afectadas por la violencia ya fueron dadas de alta. El presidente del Gobierno Regional, Mauricio Rodríguez, aseguró que continuarán apoyando con medicinas a los heridos.
Cinco años de cárcel piden para Raffo
La Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima programó para el lunes 18 de julio el inicio del juicio oral contra el congresista Fujimorista Carlos Raffo por el delito de peculado en calidad de cómplice primario.
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El Ministerio Público solicitó para él cinco años de prisión y el pago de 100 mil soles como reparación civil. Según la acusación fiscal, Raffo habría recibido 400 mil dólares del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos para pagar la campaña reeleccionista del expresidente Alberto Fujimori en el año 2000. La diligencia judicial está prevista para las 12:30 p.m. en las instalaciones de la Base Naval del Callao.
El legislador se puso a derecho ante las autoridades judiciales, ante la inminente pérdida de la inmunidad parlamentaria que utilizó para negarse a comparecer en su proceso, por lo cual su proceso fue reservado. Raffo no fue reelegido congresista, como esperaba para seguir eludiendo a la justicia.
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El Ministerio Público solicitó para él cinco años de prisión y el pago de 100 mil soles como reparación civil. Según la acusación fiscal, Raffo habría recibido 400 mil dólares del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos para pagar la campaña reeleccionista del expresidente Alberto Fujimori en el año 2000. La diligencia judicial está prevista para las 12:30 p.m. en las instalaciones de la Base Naval del Callao.
El legislador se puso a derecho ante las autoridades judiciales, ante la inminente pérdida de la inmunidad parlamentaria que utilizó para negarse a comparecer en su proceso, por lo cual su proceso fue reservado. Raffo no fue reelegido congresista, como esperaba para seguir eludiendo a la justicia.
Su apuro por inaugurar es para limpiarse
Para la vocera de Gana Perú Aída García Naranjo hay un apuro del presidente Alan García por inaugurar tal cantidad de obras para mejorar su imagen y evitar que lo sigan criticando por su responsabilidad política por los hechos de violencia registrados en los conflictos sociales que, por su desidia, derivaron en 94 muertos en todo este quinquenio.
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Explicó además que el mandatario saliente está saliendo de este segundo gobierno, debilitado y aislado por el rechazo de la población que, por los constantes casos de corrupción, le dieron la espalda en las últimas elecciones reduciendo la bancada aprista a cuatro curules y con un solo gobierno regional, por lo que poner rótulos con su nombre en obras inconclusas para mostrar la presencia de su gobierno, es la única manera de obtener réditos políticos con miras a la postulación presidencial del 2016.
Tren eléctrico La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, opinó que no debería apresurarse la inauguración del Tren Eléctrico, tal como pretende el presidente García, que se propone darle funcionamiento al Tramo I antes de terminar su gestión este 28 de julio, pues esta edificación va a causar “daños sociales” en la población del sur de Lima.
Villarán indicó que la obra dejará daños en los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador, debido a que en esas zonas se trasladará a ras del suelo, cosa que dividiría como un Muro de Berlín a más de 40 mil personas de Villa María del Triunfo que quedarán aisladas. “No hay cómo llevarles bomberos, servicios de recolección de basura. (...) La inauguración de obras no deben apresurarse, la gente está muy molesta”, añadió.
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Explicó además que el mandatario saliente está saliendo de este segundo gobierno, debilitado y aislado por el rechazo de la población que, por los constantes casos de corrupción, le dieron la espalda en las últimas elecciones reduciendo la bancada aprista a cuatro curules y con un solo gobierno regional, por lo que poner rótulos con su nombre en obras inconclusas para mostrar la presencia de su gobierno, es la única manera de obtener réditos políticos con miras a la postulación presidencial del 2016.
Tren eléctrico La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, opinó que no debería apresurarse la inauguración del Tren Eléctrico, tal como pretende el presidente García, que se propone darle funcionamiento al Tramo I antes de terminar su gestión este 28 de julio, pues esta edificación va a causar “daños sociales” en la población del sur de Lima.
Villarán indicó que la obra dejará daños en los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador, debido a que en esas zonas se trasladará a ras del suelo, cosa que dividiría como un Muro de Berlín a más de 40 mil personas de Villa María del Triunfo que quedarán aisladas. “No hay cómo llevarles bomberos, servicios de recolección de basura. (...) La inauguración de obras no deben apresurarse, la gente está muy molesta”, añadió.
lunes, 27 de junio de 2011
El BID, tratando de cooptar a Humala
Las fuentes de información dan cuenta de la reunión que sostuvo el presidente electo del Perú con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, en un hotel de Lima, la capital peruana.
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Moreno, al que algunos niegan su nacionalidad colombiana atribuyéndole haber nacido en Philadelphia-EEUU, es uno de esos tecnócratas que tras ser cooptado por los think tank del orden mundial capitalista, hace su postgrado en Harvard casi conjuntamente con Álvaro Uribe, el ex presidente de Colombia y con Felipe Calderón, el actual presidente de México.
Harvard, por donde también pasó el ex presidente peruano, Alejandro Toledo, es la universidad por excelencia de la red “Ivy” -la hiedra- que nuclea a las universidades judeo-cristianas, ultraconservadoras, mentoras del “destino manifiesto” por el que los norteamericanos creen haber sido designados por Dios para conquistar el mundo.
Moreno, fue embajador de Colombia en EEUU durante la gestión de Bush y tuvo un papel decisivo en la instalación de las bases militares en ese país durante la gestión de Álvaro Uribe.
Más allá de estos breves antecedentes que dan cuenta de la sinuosa trayectoria del reelecto presidente del BID, de lo que aquí se trata es de referenciar, la no menos “perversa” actuación de este Banco en América latina y el Caribe, y en el Perú en particular.
Fundado en 1959 como parte de la estructura financiera del nuevo orden mundial instaurado por los EEUU, tras la consolidación de su hegemonía económica y militar después de la II GM, el BID es el aparato financiero de la OEA, al servicio de los intereses que imponen los llamados “países miembros no prestatarios” (22 en total) pertenecientes a la Unión Europea, los Estados Unidos, Canadá, Japón, Israel, Croacia, Suiza y China.
Estos países “no prestatarios” se reservan el derecho de ser los únicos que pueden procurar los bienes y servicios a los proyectos financiados por el BID en nuestros países, identificados como “prestatarios”. Esto quiere decir que el BID compromete a nuestros pueblos en cuantiosos préstamos que engrosan nuestra deuda externa, para comprarles bienes y servicios a países que nada tienen de latinos, de americanos o de caribeños. Son norteamericanos, europeos y asiáticos. La pregunta es, ¿qué clase de Banco Interamericano es éste? ¿De qué “contribución al desarrollo” se trata? O, mejor aún, ¿del desarrollo de quiénes?
Los más de 40 años de esta lógica perversa que comparten por igual el BID y los aparatos financieros de la Organización de las Naciones Unidas desde su fundación, como el FMI, el Banco Mundial, y después la USAID y sus subsidiarias como el IRI, el NED, el IPOA, el Freedom House, sólo acredita más pobreza, más terrorismo, más genocidios, más delincuencia, más crimen organizado, más narcotráfico, más subdesarrollo. Y es que el desarrollo no puede sustentarse sobre los préstamos o la “ayuda” que contribuyen a perennizar el neocolonialismo.
Ciertamente, en ALC somos muchos los países que necesitamos de las instituciones financieras para alcanzar metas de desarrollo. Pero esto exige deslindar con aquellas, quién fija esas metas y dentro de qué condiciones se acepta el financiamiento. Todo, dentro de un claro proceso de recuperación de nuestras riquezas naturales (petróleo, gas, minerales, tierra, agua) que nos permita, en el más breve plazo contar con los recursos propios para financiar el verdadero desarrollo.
Lo que ocurre hasta hoy en el caso peruano y en el resto de América latina (con la excepción de Cuba y Venezuela), es que el BID prepara la llamada “Estrategia de país”, a cargo de sus “equipos de profesionales”. Esta estrategia “establece las prioridades de desarrollo de Perú, que son consistentes con las estrategias del desarrollo del BID para la región”.
El último programa que incluía estas prioridades fue el impuesto para el período 2007-2011. Gracias a él, el Perú es hoy un país más desigual y empobrecido, al propio tiempo que anómico (con poderes e instituciones públicas corruptas en las que nadie cree ni confía), violento, ingobernable e inseguro.
“La Estrategia de país” que prepara el BID, “en base a estudio analíticos elaborados por el propio Banco cubre todos los sectores económicos y sociales, incluyendo “el desarrollo urbano y rural, salud, educación, modernización del estado, transporte, comercio, medio ambiente, entre otros”.
Para el BID, “todos los sectores implicados se benefician de los bienes y servicios que esta institución interamericana canaliza desde EEUU, Europa y Asia para asegurar la competitividad, integración y desarrollo de sus respectivos mercados”.
En la actual coyuntura, habida cuenta los compromisos asumidos por el electo presidente Humala, quienes confiamos en él, no ponemos en duda que tras la diplomacia de su encuentro con el Presidente colombiano del BID y la “chanza” de comprometerlo a “contribuir desde el BID al desarrollo del país”, está el claro entendimiento de que el desarrollo empieza donde terminan las imposiciones de los think tanks, y la “ayuda” condicionada de las instituciones financieras y de “cooperación” que sirven al mantenimiento del orden mundial capitalista.
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Moreno, al que algunos niegan su nacionalidad colombiana atribuyéndole haber nacido en Philadelphia-EEUU, es uno de esos tecnócratas que tras ser cooptado por los think tank del orden mundial capitalista, hace su postgrado en Harvard casi conjuntamente con Álvaro Uribe, el ex presidente de Colombia y con Felipe Calderón, el actual presidente de México.
Harvard, por donde también pasó el ex presidente peruano, Alejandro Toledo, es la universidad por excelencia de la red “Ivy” -la hiedra- que nuclea a las universidades judeo-cristianas, ultraconservadoras, mentoras del “destino manifiesto” por el que los norteamericanos creen haber sido designados por Dios para conquistar el mundo.
Moreno, fue embajador de Colombia en EEUU durante la gestión de Bush y tuvo un papel decisivo en la instalación de las bases militares en ese país durante la gestión de Álvaro Uribe.
Más allá de estos breves antecedentes que dan cuenta de la sinuosa trayectoria del reelecto presidente del BID, de lo que aquí se trata es de referenciar, la no menos “perversa” actuación de este Banco en América latina y el Caribe, y en el Perú en particular.
Fundado en 1959 como parte de la estructura financiera del nuevo orden mundial instaurado por los EEUU, tras la consolidación de su hegemonía económica y militar después de la II GM, el BID es el aparato financiero de la OEA, al servicio de los intereses que imponen los llamados “países miembros no prestatarios” (22 en total) pertenecientes a la Unión Europea, los Estados Unidos, Canadá, Japón, Israel, Croacia, Suiza y China.
Estos países “no prestatarios” se reservan el derecho de ser los únicos que pueden procurar los bienes y servicios a los proyectos financiados por el BID en nuestros países, identificados como “prestatarios”. Esto quiere decir que el BID compromete a nuestros pueblos en cuantiosos préstamos que engrosan nuestra deuda externa, para comprarles bienes y servicios a países que nada tienen de latinos, de americanos o de caribeños. Son norteamericanos, europeos y asiáticos. La pregunta es, ¿qué clase de Banco Interamericano es éste? ¿De qué “contribución al desarrollo” se trata? O, mejor aún, ¿del desarrollo de quiénes?
Los más de 40 años de esta lógica perversa que comparten por igual el BID y los aparatos financieros de la Organización de las Naciones Unidas desde su fundación, como el FMI, el Banco Mundial, y después la USAID y sus subsidiarias como el IRI, el NED, el IPOA, el Freedom House, sólo acredita más pobreza, más terrorismo, más genocidios, más delincuencia, más crimen organizado, más narcotráfico, más subdesarrollo. Y es que el desarrollo no puede sustentarse sobre los préstamos o la “ayuda” que contribuyen a perennizar el neocolonialismo.
Ciertamente, en ALC somos muchos los países que necesitamos de las instituciones financieras para alcanzar metas de desarrollo. Pero esto exige deslindar con aquellas, quién fija esas metas y dentro de qué condiciones se acepta el financiamiento. Todo, dentro de un claro proceso de recuperación de nuestras riquezas naturales (petróleo, gas, minerales, tierra, agua) que nos permita, en el más breve plazo contar con los recursos propios para financiar el verdadero desarrollo.
Lo que ocurre hasta hoy en el caso peruano y en el resto de América latina (con la excepción de Cuba y Venezuela), es que el BID prepara la llamada “Estrategia de país”, a cargo de sus “equipos de profesionales”. Esta estrategia “establece las prioridades de desarrollo de Perú, que son consistentes con las estrategias del desarrollo del BID para la región”.
El último programa que incluía estas prioridades fue el impuesto para el período 2007-2011. Gracias a él, el Perú es hoy un país más desigual y empobrecido, al propio tiempo que anómico (con poderes e instituciones públicas corruptas en las que nadie cree ni confía), violento, ingobernable e inseguro.
“La Estrategia de país” que prepara el BID, “en base a estudio analíticos elaborados por el propio Banco cubre todos los sectores económicos y sociales, incluyendo “el desarrollo urbano y rural, salud, educación, modernización del estado, transporte, comercio, medio ambiente, entre otros”.
Para el BID, “todos los sectores implicados se benefician de los bienes y servicios que esta institución interamericana canaliza desde EEUU, Europa y Asia para asegurar la competitividad, integración y desarrollo de sus respectivos mercados”.
En la actual coyuntura, habida cuenta los compromisos asumidos por el electo presidente Humala, quienes confiamos en él, no ponemos en duda que tras la diplomacia de su encuentro con el Presidente colombiano del BID y la “chanza” de comprometerlo a “contribuir desde el BID al desarrollo del país”, está el claro entendimiento de que el desarrollo empieza donde terminan las imposiciones de los think tanks, y la “ayuda” condicionada de las instituciones financieras y de “cooperación” que sirven al mantenimiento del orden mundial capitalista.
Cuarta Sala Penal Liquidadora inicia juicio oral contra Carlos Raffo
La Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima comenzará el próximo lunes 18 de julio el Juicio Oral contra el congresista Carlos Raffo.
La diligencia judicial iniciará alrededor de las 12:30pm en las instalaciones de la Base Naval del Callao.
Como se recuerda, el ex vocero fujimorista es acusado por el delito de peculado en calidad de cómplice primario, por presuntamente, haber recibido dinero del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos para pagar la campaña reeleccionista del ex presidente Alberto Fujimori en el año 2000.
Debido a la inmunidad parlamentaria con la que contó en los últimos años, el proceso judicial se le reservó hasta que culminara con su labor como congresista.
Recientemente, el legislador se puso a derecho, solicitando a la Cuarta Sala Penal Liquidadora se le inicie juicio oral.
Por su parte, el Ministerio Público solicitó se le imponga cinco años de prisión y el pago de 100 mil soles como reparación civil al Estado por el delito de peculado en calidad de cómplice primario.
La diligencia judicial iniciará alrededor de las 12:30pm en las instalaciones de la Base Naval del Callao.
Como se recuerda, el ex vocero fujimorista es acusado por el delito de peculado en calidad de cómplice primario, por presuntamente, haber recibido dinero del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos para pagar la campaña reeleccionista del ex presidente Alberto Fujimori en el año 2000.
Debido a la inmunidad parlamentaria con la que contó en los últimos años, el proceso judicial se le reservó hasta que culminara con su labor como congresista.
Recientemente, el legislador se puso a derecho, solicitando a la Cuarta Sala Penal Liquidadora se le inicie juicio oral.
Por su parte, el Ministerio Público solicitó se le imponga cinco años de prisión y el pago de 100 mil soles como reparación civil al Estado por el delito de peculado en calidad de cómplice primario.
Análisis: Elecciones Generales 2011 y 2006, dos resultados muy parecidos
¿Por qué los resultados de la elección del 2006 fueron muy similares a los del 2011? El mapa electoral cambió poco en cinco años y esto respondería a una serie de factores, principalmente:Las mismas insatisfacciones al interior del país, no se lograron resolver en este gobierno aprista. Ver cuadro con resultados finales de la elección 2011.
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Un lustro después, el apoyo a Ollanta Humala pasó de 15 a 19 regiones a nivel nacional. Los protagonistas eran diferentes. En la elección de este período, Humala pareció competir solo en la izquierda política. En 2006 luchó contra Alan García y el famoso "cambio responsable", que prometía una izquierda inclusiva.
Ahora, los protagonistas cambiaron. En la primera vuelta, aparecieron Luis Castañeda, PPK, Alejandro Toledo y Keiko Fujimori. En 2006, Alan García y Humala parecían ocupar todo el espectro político, concientes de una débil figura de Lourdes Flores, vinculada a la derecha.
Cuando le preguntamos a Aldo Panfichi por qué en cinco años el mapa político del Perú pareció no cambiar, respondió lo siguiente:
"En el 2006 primero fue la elección presidencial y luego las regionales. Humala sacó un alto porcentaje, pero su partido, en las regionales, tuvo una derrota estrepitosa en esas elecciones. Mientras que en estas elecciones el orden fue diferente. Primero fueron las regionales, y luego la presidencial. Muchos criticaron que Ollanta no lace candidatos en las regiones, yo mismo lo hice. A la luz de los resultados, la estrategia de Humala fue correcta. Él dijo, no me expongo a perder, miro quien gana en las regiones y luego construyo alianzas. Fue más lúcido empezar a hacer alianzas, ofreciendo cupos, para llegar a esto. Lo que no hizo Keiko. Creo que en este periodo, Gana Perú aprendió. Todos reconocen a los brasileros, pero también hay una parte del equipo peruano, que se expresa en esta construcción de alianzas que permitió que Ollanta permitiera repetir el voto regional, pero lograr avanzar en el norte e incluso en Lima".
Datos duros
Revisando los datos duros, se observa una similitud entre las tendencias de la primera vuelta de la elección presidencial. La diferencia es una sola: una fue en 2006 y la otra en 2011.
Este es el caso de Amazonas, en donde los resultados de la elección de 2006 a Humala en un 57.67% de los votos, contra el 42% de Alan García; cifra que es muy parecida al resultado de la contienda con Fujimori: 58% para Gana Perú y 41% para Fuerza 2011.
Arequipa es quizás un caso emblemático. La cuna del nacionalismo parece haberse instalado allí. En 2006 el ex comandante, obtuvo el 64.5% de los votos y en este 2011 logró el 65.7%. Casi igual.
Pero no solo estas dos zonas demuestran la cercanía de las cifras, sino los casos de Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Loreto, Puno, San Martín y Ucayali.
Todos estos datos demuestran que un lustro después, el interior siguió siendo una cosa muy diferente a Lima.
Hasta el ausentismo es parecido
En la elección de 2006 el 83% de ciudadanos cumplió con votar y en esta ocasión, lo hizo el 84.3%, por su parte, los que no votaron, llegaron al 17% en 2006 y en esta última elección fueron alcanzaron el 15.9%.
Mientras, que los votos blancos o viciados también estuvieron muy parecidos: 1.0% y 7.43%, respectivamente, las elecciones del 2006; y 0.7% y 5.5%, lograron en 2011.
Por otro lado, Sinesio López, al ser consultado por esta similitud en las cifras de cada elección opinó lo siguiente:
"Creo que hay varios factores allí. Alan García tuvo la oportunidad de lograr la inclusión pero no lo logró. Se hablaba de crecimiento pero la gente no lo sentía en su piel. Por otro lado, en la elección de Ollanta, éste no expresó solo la ira y el descontento de la gente excluida en las zonas andinas, sino también de clases medias provincianas y limeñas. El nuevo discurso de Ollanta avanzó más en términos sociales, pasó del mundo andino hacia el moderno", explicó.
fuente: http://www.larepublica.pe/27-06-2011/analisis-elecciones-generales-2011-y-2006-dos-resultados-muy-parecidos
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Un lustro después, el apoyo a Ollanta Humala pasó de 15 a 19 regiones a nivel nacional. Los protagonistas eran diferentes. En la elección de este período, Humala pareció competir solo en la izquierda política. En 2006 luchó contra Alan García y el famoso "cambio responsable", que prometía una izquierda inclusiva.
Ahora, los protagonistas cambiaron. En la primera vuelta, aparecieron Luis Castañeda, PPK, Alejandro Toledo y Keiko Fujimori. En 2006, Alan García y Humala parecían ocupar todo el espectro político, concientes de una débil figura de Lourdes Flores, vinculada a la derecha.
Cuando le preguntamos a Aldo Panfichi por qué en cinco años el mapa político del Perú pareció no cambiar, respondió lo siguiente:
"En el 2006 primero fue la elección presidencial y luego las regionales. Humala sacó un alto porcentaje, pero su partido, en las regionales, tuvo una derrota estrepitosa en esas elecciones. Mientras que en estas elecciones el orden fue diferente. Primero fueron las regionales, y luego la presidencial. Muchos criticaron que Ollanta no lace candidatos en las regiones, yo mismo lo hice. A la luz de los resultados, la estrategia de Humala fue correcta. Él dijo, no me expongo a perder, miro quien gana en las regiones y luego construyo alianzas. Fue más lúcido empezar a hacer alianzas, ofreciendo cupos, para llegar a esto. Lo que no hizo Keiko. Creo que en este periodo, Gana Perú aprendió. Todos reconocen a los brasileros, pero también hay una parte del equipo peruano, que se expresa en esta construcción de alianzas que permitió que Ollanta permitiera repetir el voto regional, pero lograr avanzar en el norte e incluso en Lima".
Datos duros
Revisando los datos duros, se observa una similitud entre las tendencias de la primera vuelta de la elección presidencial. La diferencia es una sola: una fue en 2006 y la otra en 2011.
Este es el caso de Amazonas, en donde los resultados de la elección de 2006 a Humala en un 57.67% de los votos, contra el 42% de Alan García; cifra que es muy parecida al resultado de la contienda con Fujimori: 58% para Gana Perú y 41% para Fuerza 2011.
Arequipa es quizás un caso emblemático. La cuna del nacionalismo parece haberse instalado allí. En 2006 el ex comandante, obtuvo el 64.5% de los votos y en este 2011 logró el 65.7%. Casi igual.
Pero no solo estas dos zonas demuestran la cercanía de las cifras, sino los casos de Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Loreto, Puno, San Martín y Ucayali.
Todos estos datos demuestran que un lustro después, el interior siguió siendo una cosa muy diferente a Lima.
Hasta el ausentismo es parecido
En la elección de 2006 el 83% de ciudadanos cumplió con votar y en esta ocasión, lo hizo el 84.3%, por su parte, los que no votaron, llegaron al 17% en 2006 y en esta última elección fueron alcanzaron el 15.9%.
Mientras, que los votos blancos o viciados también estuvieron muy parecidos: 1.0% y 7.43%, respectivamente, las elecciones del 2006; y 0.7% y 5.5%, lograron en 2011.
Por otro lado, Sinesio López, al ser consultado por esta similitud en las cifras de cada elección opinó lo siguiente:
"Creo que hay varios factores allí. Alan García tuvo la oportunidad de lograr la inclusión pero no lo logró. Se hablaba de crecimiento pero la gente no lo sentía en su piel. Por otro lado, en la elección de Ollanta, éste no expresó solo la ira y el descontento de la gente excluida en las zonas andinas, sino también de clases medias provincianas y limeñas. El nuevo discurso de Ollanta avanzó más en términos sociales, pasó del mundo andino hacia el moderno", explicó.
fuente: http://www.larepublica.pe/27-06-2011/analisis-elecciones-generales-2011-y-2006-dos-resultados-muy-parecidos
Huancavelica: Reinician huelga indefinida
Habrá cierre de vías y protestas para pedir ley que fije presupuesto propio para nueva universidad. En cita multisectorial, dirigentes y autoridades evaluarán el conflicto universitario y levantarán una nueva agenda de lucha.
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Tras una tregua de dos días, los pobladores de Huancavelica decidieron reiniciar hoy la huelga indefinida en protesta por la creación de la Universidad Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo, sin que esta cuente con presupuesto propio y afectando la infraestructura de la Universidad Nacional de Huancavelica, así como los recursos del gobierno regional.
Dirigentes y autoridades provinciales y distritales se concentrarán en la provincia de Angaraes, donde en una reunión multisectorial analizarán el tema de la Universidad de Tayacaja y el recorte del presupuesto regional de Huancavelica. Es muy posible, dijeron, que en esta asamblea levanten una nueva agenda de lucha.
El dirigente Edgar Quispe Méndez anunció que volverán a cerrar la vía Huancavelica-Huancayo y también la que conecta Huancavelica con provincias de la región.
“Hay una serie de errores en la ley que crea la Universidad de Tayacaja y ahora con el Decreto de Urgencia 030-2011, que le da presupuesto propio. Se trata de
solucionarlo, pero esta es una norma de menor rango y la rechazamos por eso”, señaló Quispe Méndez.
Luego precisó que no existe tal presupuesto adicional. “Se quiere utilizar el presupuesto de la región Huancavelica, es decir, lo que les corresponde a las provincias y distritos más pobres del Perú” anotó.
Pretenden lavarse las manos
En cuanto a la responsabilidad que le endilgan a los congresistas huancavelicanos José Saldaña y Miro Ruiz por la creación de una universidad sin recursos propios, Edgar Quispe dijo que ambos parlamentarios pretendieron lavarse las manos tan pronto surgieron los cuestionamientos del pueblo y la consiguiente protesta que ocasionó la muerte de tres personas y treinta heridos.
Defensa de la autonomía
En tanto, la Asamblea Nacional de Rectores resaltó la defensa de la autonomía universitaria por parte de la rectora de la Universidad de Huancavelica, Yda Camposano.
En una nota de prensa, el ente universitario advirtió incluso la posibilidad de nuevos conflictos si el Congreso sigue impartiendo de modo arbitrario leyes que violan la autonomía y la propiedad de los claustros superiores.
Datos
Pronunciamiento. La Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica declaró persona indeseable al presidente regional Maciste Díaz y exigió su destitución por comprometer el presupuesto que pertenece a las siete provincias de la región.
Reorganización. Demanda una comisión reorganizadora para la UNH e indica que las clases se suspenderán hasta que llegue la comisión.
Saldaña y Ruiz se lavan las manos
Los congresistas José Saldaña y Miro Ruiz manifestaron no tener ninguna responsabilidad por las protestas violentas que se produjeron en Huancavelica, en las que fallecieron tres personas.
“No somos responsables absolutamente de nada porque no hemos convocado a un paro ni a movilización. La policía debe señalar quiénes los convocaron, ahí están los responsables” dijo José Saldaña.
”Crear una universidad es hacerle un bien al pueblo, y nosotros hemos cumplido con la aspiración del pueblo tayacajino en tenerla. Y por eso recibiré una condecoración en Pampas-Tayacaja. Si la población quiere o no el Decreto de Urgencia 030 ya es cuestión de ellos”, fue la opinión de Miro Ruiz.
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Tras una tregua de dos días, los pobladores de Huancavelica decidieron reiniciar hoy la huelga indefinida en protesta por la creación de la Universidad Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo, sin que esta cuente con presupuesto propio y afectando la infraestructura de la Universidad Nacional de Huancavelica, así como los recursos del gobierno regional.
Dirigentes y autoridades provinciales y distritales se concentrarán en la provincia de Angaraes, donde en una reunión multisectorial analizarán el tema de la Universidad de Tayacaja y el recorte del presupuesto regional de Huancavelica. Es muy posible, dijeron, que en esta asamblea levanten una nueva agenda de lucha.
El dirigente Edgar Quispe Méndez anunció que volverán a cerrar la vía Huancavelica-Huancayo y también la que conecta Huancavelica con provincias de la región.
“Hay una serie de errores en la ley que crea la Universidad de Tayacaja y ahora con el Decreto de Urgencia 030-2011, que le da presupuesto propio. Se trata de
solucionarlo, pero esta es una norma de menor rango y la rechazamos por eso”, señaló Quispe Méndez.
Luego precisó que no existe tal presupuesto adicional. “Se quiere utilizar el presupuesto de la región Huancavelica, es decir, lo que les corresponde a las provincias y distritos más pobres del Perú” anotó.
Pretenden lavarse las manos
En cuanto a la responsabilidad que le endilgan a los congresistas huancavelicanos José Saldaña y Miro Ruiz por la creación de una universidad sin recursos propios, Edgar Quispe dijo que ambos parlamentarios pretendieron lavarse las manos tan pronto surgieron los cuestionamientos del pueblo y la consiguiente protesta que ocasionó la muerte de tres personas y treinta heridos.
Defensa de la autonomía
En tanto, la Asamblea Nacional de Rectores resaltó la defensa de la autonomía universitaria por parte de la rectora de la Universidad de Huancavelica, Yda Camposano.
En una nota de prensa, el ente universitario advirtió incluso la posibilidad de nuevos conflictos si el Congreso sigue impartiendo de modo arbitrario leyes que violan la autonomía y la propiedad de los claustros superiores.
Datos
Pronunciamiento. La Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica declaró persona indeseable al presidente regional Maciste Díaz y exigió su destitución por comprometer el presupuesto que pertenece a las siete provincias de la región.
Reorganización. Demanda una comisión reorganizadora para la UNH e indica que las clases se suspenderán hasta que llegue la comisión.
Saldaña y Ruiz se lavan las manos
Los congresistas José Saldaña y Miro Ruiz manifestaron no tener ninguna responsabilidad por las protestas violentas que se produjeron en Huancavelica, en las que fallecieron tres personas.
“No somos responsables absolutamente de nada porque no hemos convocado a un paro ni a movilización. La policía debe señalar quiénes los convocaron, ahí están los responsables” dijo José Saldaña.
”Crear una universidad es hacerle un bien al pueblo, y nosotros hemos cumplido con la aspiración del pueblo tayacajino en tenerla. Y por eso recibiré una condecoración en Pampas-Tayacaja. Si la población quiere o no el Decreto de Urgencia 030 ya es cuestión de ellos”, fue la opinión de Miro Ruiz.
Cipriani critica comunidades que rechazan contaminación
Luego que justificara las muertes ocurridas en Puno, el presidente Alan García Pérez guardó silencio tras los graves sucesos luego de asistir a la Misa del Corpus Christi, que ofreció el cardenal Juan Luis Cipriani, en al atrio de la Basílica Catedral de Lima.
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El oficio religioso se inició a las 10.00 horas y contó con la presencia de miles de fieles católicos. El jefe de Estado llegó al lugar y se retiró cerca de las 11.50 horas, luego de presenciar la Procesión Eucarística del Santísimo Sacramento alrededor de la Plaza Mayor.
El sábado en la noche, García había justificado las muertes indicando que “lo que la Policía ha hecho es tener enorme prudencia. Hace 3 semanas venimos negociando y cediendo en muchas cosas pero ayer se produjo lamentablemente por instigación de alguna gente que organiza paramilitarmente a las comunidades, el intento de destrucción del aeropuerto de Juliaca”.
Añadió que la Policía por resguardar los bienes, el orden y su propia vida tuvo que abrir fuego. “Es lamentable eso pero el orden es el orden y la ley es la ley, aunque sea dura”, dijo.
“Pequeños grupos”En tanto, el cardenal Juan Luis Cipriani, durante su homilía, arremetió contra las comunidades campesinas que rechazan la presencia de las empresas mineras que contaminan el ambiente y depredan zonas que ellos consideran míticas.
Cipriani elevó una oración por aquellas personas que “están actuando de manera equivocada en Puno y piensan que con violencia todo se puede arreglar”, en clara alusión a los pobladores que reclaman contra la contaminación.
“Somos un pueblo grandioso, bueno y pacífico y no lo hagamos violento, no envenenemos a la gente con ideologías de pequeños grupos”, expresó, dejando de lado las causas del conflicto.
Cipriani indicó que en el país no se debe seguir abriendo más heridas con estos conflictos y advirtió que las protestas de estos comuneros amenazan a la cultura occidental. “No es el momento de estar abriendo nuevas heridas ni de tipo moral ni de tipo material. No provoquemos a una sociedad paçífica, a una sociedad profundamente católica con planteamientos ajenos a nuestra cultura que amenaza nuestra manera de concebir el progreso y el amor”, dijo.
Sus palabras se contraponen a aquellos que reclaman respeto a todas las formas de cultura, incluidas las culturas nativas, que no tienen porque pensar de la misma forma que piensa el cardenal.
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El oficio religioso se inició a las 10.00 horas y contó con la presencia de miles de fieles católicos. El jefe de Estado llegó al lugar y se retiró cerca de las 11.50 horas, luego de presenciar la Procesión Eucarística del Santísimo Sacramento alrededor de la Plaza Mayor.
El sábado en la noche, García había justificado las muertes indicando que “lo que la Policía ha hecho es tener enorme prudencia. Hace 3 semanas venimos negociando y cediendo en muchas cosas pero ayer se produjo lamentablemente por instigación de alguna gente que organiza paramilitarmente a las comunidades, el intento de destrucción del aeropuerto de Juliaca”.
Añadió que la Policía por resguardar los bienes, el orden y su propia vida tuvo que abrir fuego. “Es lamentable eso pero el orden es el orden y la ley es la ley, aunque sea dura”, dijo.
“Pequeños grupos”En tanto, el cardenal Juan Luis Cipriani, durante su homilía, arremetió contra las comunidades campesinas que rechazan la presencia de las empresas mineras que contaminan el ambiente y depredan zonas que ellos consideran míticas.
Cipriani elevó una oración por aquellas personas que “están actuando de manera equivocada en Puno y piensan que con violencia todo se puede arreglar”, en clara alusión a los pobladores que reclaman contra la contaminación.
“Somos un pueblo grandioso, bueno y pacífico y no lo hagamos violento, no envenenemos a la gente con ideologías de pequeños grupos”, expresó, dejando de lado las causas del conflicto.
Cipriani indicó que en el país no se debe seguir abriendo más heridas con estos conflictos y advirtió que las protestas de estos comuneros amenazan a la cultura occidental. “No es el momento de estar abriendo nuevas heridas ni de tipo moral ni de tipo material. No provoquemos a una sociedad paçífica, a una sociedad profundamente católica con planteamientos ajenos a nuestra cultura que amenaza nuestra manera de concebir el progreso y el amor”, dijo.
Sus palabras se contraponen a aquellos que reclaman respeto a todas las formas de cultura, incluidas las culturas nativas, que no tienen porque pensar de la misma forma que piensa el cardenal.
Tomasio reconoce que Allison trabajó para él
El fundador de Business Track, Carlos Tomasio, informó que el alcalde de Magdalena, Francis Allison, trabajó para él de manera legal y que las declaraciones de su socio Elías Ponce Feijoó, en su presentación ante la Segunda Sala Penal de Reos en Cárcel, fueron malinterpretadas. “Todo fue legal y lo declaré en el juicio de lavado de activos de Allison. Todo está bancarizado y se pagaron todos los impuestos y se declaró ante la Sunat. Si hubiera existido algo ilegal, ya estaría denunciado dentro de ese proceso. Han malinterpretado lo dicho por Ponce en el juicio”, dijo Tomasio.
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El procesado rechazó la versión del fiscal del caso BTR, Tony García, quien aseguró que él habría afirmado que Allison trabajó para Ponce Feijóo y que éste era el encargado de pagarle sus honorarios.
El gerente general de BTR se resistió, no obstante, a revelar cuál era el “trabajo especial” que Allison realizó y por el que habría cobrado 30 mil dólares (según Ponce Feijoó), debido a que es algo tan secreto que ni siquiera el propio Colegio de abogados de Lima le permitió al alcalde revelarlo.
Tomasio sostuvo, también, que el dinero gestionado por su persona en BTR fue obtenido lícitamente y que todo está registrado; asimismo, que el dinero obtenido por él en Bolivia fue producto de sus negocios. “Yo no he pagado coimas. Gané el dinero lícitamente y todo está en los libros contables, no es necesario mentir porque lo que está escrito allí y declarado con anterioridad. Eso es imposible de cambiar”, indicó Tomasio, al asegurar que una parte del pago a Allison provino de las ganancias que obtuvo por vender lanzaderas pepperball para la fuerza policial Boliviana y que pagó la embajada venezolana (HC).
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El procesado rechazó la versión del fiscal del caso BTR, Tony García, quien aseguró que él habría afirmado que Allison trabajó para Ponce Feijóo y que éste era el encargado de pagarle sus honorarios.
El gerente general de BTR se resistió, no obstante, a revelar cuál era el “trabajo especial” que Allison realizó y por el que habría cobrado 30 mil dólares (según Ponce Feijoó), debido a que es algo tan secreto que ni siquiera el propio Colegio de abogados de Lima le permitió al alcalde revelarlo.
Tomasio sostuvo, también, que el dinero gestionado por su persona en BTR fue obtenido lícitamente y que todo está registrado; asimismo, que el dinero obtenido por él en Bolivia fue producto de sus negocios. “Yo no he pagado coimas. Gané el dinero lícitamente y todo está en los libros contables, no es necesario mentir porque lo que está escrito allí y declarado con anterioridad. Eso es imposible de cambiar”, indicó Tomasio, al asegurar que una parte del pago a Allison provino de las ganancias que obtuvo por vender lanzaderas pepperball para la fuerza policial Boliviana y que pagó la embajada venezolana (HC).
García sólo actúa cuando hay muertos
Los analistas Sinesio López y Julio Castiglioni coincidieron en señalar que el presidente Alan García nunca tuvo la voluntad de prestar atención a las demandas de las poblaciones nativas de Bagua y Puno durante su gobierno y que solo se vio obligado a tomar medidas improvisadas cuando los conflictos se salieron fuera de control y causaron pérdidas humanas.
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El sociólogo Sinesio López dijo que el presidente Alan García no “tenía en mente que se iban a producir este tipo de problemas”. “Esta grave situación forma parte de la desidia del gobierno respecto a dar una solución definitiva a los problemas sociales hasta que se produce un desembalse que el mismo gobierno ha fabricado”, precisó.
CriminalizaciónAñadió que Alan García ha tratado de criminalizar todo tipo de protestas sin contar con un mecanismo de solución democrático. “El gobierno se ha dedicado a criminalizar todo tipo de protestas, pero cuando se desata un conflicto grave como un “Baguazo” o un “juliacazo” no tiene una salida concreta”, dijo.
El analista Julio Castiglioni también indicó que el mandatario saliente ha demostrado una falta de interés por resolver las demandas de las poblaciones nativas y una incapacidad para reestablecer el orden cuando se produjeron los conflictos de Bagua y Juliaca, en Puno.
“El gobierno ha demostrado que no ha podido evitar los conflictos y restablecer un principio de autoridad. El abandono del Estado ha sido flagrante en los conflictos de Bagua y Puno. Actúa más por motivos políticos con un irrespeto a los convenios internacionales, como el Convenio 169 de la OIT. Encima no toma decisiones para resolver los problemas”, sostuvo.
El líder awajun, Eduardo Nayap Kinin, congresista electo de Gana Perú por Amazonas, se comprometió a impulsar la Ley de Consulta en el nuevo Parlamento y confió en lograr un consenso entre las bancadas y la aprobación de dicha ley, por considerarlo de suma justicia.
Matanza
El pasado viernes 24 de junio, policías y soldados dispararon indiscriminadamente contra manifestantes que quisieron tomar el aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca, produciéndose un saldo de seis muertos y más de 40 heridos. En la protesta también participaron pobladores de Azángaro, que reclaman la limpieza del río Ramis de la contaminación minera.
De nuevo tuvo que ocurrir un baño de sangre para que al día siguiente el presidente Alan García publique cinco leyes, entre decretos supremos y resoluciones ministeriales, que paralizan las concesiones mineras en Puno y obligan a que en el futuro se consulte a los pueblos toda nueva actividad extractiva.
Entre este desesperado paquete de normas destaca el Decreto Supremo 032-2011 que deroga el Decreto Supremo 083-2007, para poner fin al proyecto minero Santa Ana en la provincia de Chucuito, en el sur de Puno.
El gobierno también publicó ayer el Decreto Supremo 035-2011, donde se dictan normas complementarias al Decreto de Urgencia 028-2011. El dispositivo establece la limpieza de los ríos Ramis y Suches, en la provincia de Azángaro, con estudios aprobados y financiados por el Estado.
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El sociólogo Sinesio López dijo que el presidente Alan García no “tenía en mente que se iban a producir este tipo de problemas”. “Esta grave situación forma parte de la desidia del gobierno respecto a dar una solución definitiva a los problemas sociales hasta que se produce un desembalse que el mismo gobierno ha fabricado”, precisó.
CriminalizaciónAñadió que Alan García ha tratado de criminalizar todo tipo de protestas sin contar con un mecanismo de solución democrático. “El gobierno se ha dedicado a criminalizar todo tipo de protestas, pero cuando se desata un conflicto grave como un “Baguazo” o un “juliacazo” no tiene una salida concreta”, dijo.
El analista Julio Castiglioni también indicó que el mandatario saliente ha demostrado una falta de interés por resolver las demandas de las poblaciones nativas y una incapacidad para reestablecer el orden cuando se produjeron los conflictos de Bagua y Juliaca, en Puno.
“El gobierno ha demostrado que no ha podido evitar los conflictos y restablecer un principio de autoridad. El abandono del Estado ha sido flagrante en los conflictos de Bagua y Puno. Actúa más por motivos políticos con un irrespeto a los convenios internacionales, como el Convenio 169 de la OIT. Encima no toma decisiones para resolver los problemas”, sostuvo.
El líder awajun, Eduardo Nayap Kinin, congresista electo de Gana Perú por Amazonas, se comprometió a impulsar la Ley de Consulta en el nuevo Parlamento y confió en lograr un consenso entre las bancadas y la aprobación de dicha ley, por considerarlo de suma justicia.
Matanza
El pasado viernes 24 de junio, policías y soldados dispararon indiscriminadamente contra manifestantes que quisieron tomar el aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca, produciéndose un saldo de seis muertos y más de 40 heridos. En la protesta también participaron pobladores de Azángaro, que reclaman la limpieza del río Ramis de la contaminación minera.
De nuevo tuvo que ocurrir un baño de sangre para que al día siguiente el presidente Alan García publique cinco leyes, entre decretos supremos y resoluciones ministeriales, que paralizan las concesiones mineras en Puno y obligan a que en el futuro se consulte a los pueblos toda nueva actividad extractiva.
Entre este desesperado paquete de normas destaca el Decreto Supremo 032-2011 que deroga el Decreto Supremo 083-2007, para poner fin al proyecto minero Santa Ana en la provincia de Chucuito, en el sur de Puno.
El gobierno también publicó ayer el Decreto Supremo 035-2011, donde se dictan normas complementarias al Decreto de Urgencia 028-2011. El dispositivo establece la limpieza de los ríos Ramis y Suches, en la provincia de Azángaro, con estudios aprobados y financiados por el Estado.
Se levanta protesta en Puno
Tras 42 días de protestas en contra de las concesiones mineras y la derogatoria del Decreto Supremo 083-2007, para poner fin al proyecto minero Santa Ana, los dirigentes del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno levantaron su medida de protesta en el distrito de Desaguadero, provincia de Chucuito.
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El dirigente Walter Aduviri Calizaza anunció el fin de las protestas con el levantamiento del bloqueo de las carreteras de Chuchito, después de una reunión que se inició a las cuatro de la tarde con los pobladores aimaras.
Antes de la reunión, las carreteras continuaban bloqueadas y los conductores utilizaban vías alternas para llegar a su destino. La carretera binacional que une Perú y Bolivia fue reabierta ante el alivio de los transportistas y comerciantes.
Las actividades comerciales se normalizan de forma paulatina en Juliaca y un contingente policial continúa resguardando la torre de control del aeropuerto y las oficinas administrativas, en el que los destrozos provocados ascenderían a los US$2 millones. El panorama del aeropuerto es desolador: gran parte del cerco perimétrico está destruido y hay vehículos y oficinas quemadas.
El transporte urbano e interurbano se restablecía progresivamente en la zona, debido a que los pobladores de Azángaro depusieron su medida de fuerza en la ciudad de Juliaca y comenzaron a retirarse de forma gradual a sus casas, aunque no descartan realizar más movilizaciones.
En tanto, en la provincia de Azángaro no hay energía eléctrica ni presencia policial. Sin embargo, paulatinamente se viene restableciendo la tranquilidad, pese a que la población se ve sumida en el duelo y consternación.
Los pobladores del distrito de Ayaviri, en la provincia de Melgar, también suspendieron la huelga indefinida, que ya llevaba 13 días, contra las concesiones mineras. Esto fue posible gracias a la evaluación y el informe de la comisión que viajó a Lima, liderada por el presidente del Comité de Lucha en Puno, Efraín Condori, por el alcalde de Ayaviri, Luciano Huahuasoncco, y otros profesionales.
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El dirigente Walter Aduviri Calizaza anunció el fin de las protestas con el levantamiento del bloqueo de las carreteras de Chuchito, después de una reunión que se inició a las cuatro de la tarde con los pobladores aimaras.
Antes de la reunión, las carreteras continuaban bloqueadas y los conductores utilizaban vías alternas para llegar a su destino. La carretera binacional que une Perú y Bolivia fue reabierta ante el alivio de los transportistas y comerciantes.
Las actividades comerciales se normalizan de forma paulatina en Juliaca y un contingente policial continúa resguardando la torre de control del aeropuerto y las oficinas administrativas, en el que los destrozos provocados ascenderían a los US$2 millones. El panorama del aeropuerto es desolador: gran parte del cerco perimétrico está destruido y hay vehículos y oficinas quemadas.
El transporte urbano e interurbano se restablecía progresivamente en la zona, debido a que los pobladores de Azángaro depusieron su medida de fuerza en la ciudad de Juliaca y comenzaron a retirarse de forma gradual a sus casas, aunque no descartan realizar más movilizaciones.
En tanto, en la provincia de Azángaro no hay energía eléctrica ni presencia policial. Sin embargo, paulatinamente se viene restableciendo la tranquilidad, pese a que la población se ve sumida en el duelo y consternación.
Los pobladores del distrito de Ayaviri, en la provincia de Melgar, también suspendieron la huelga indefinida, que ya llevaba 13 días, contra las concesiones mineras. Esto fue posible gracias a la evaluación y el informe de la comisión que viajó a Lima, liderada por el presidente del Comité de Lucha en Puno, Efraín Condori, por el alcalde de Ayaviri, Luciano Huahuasoncco, y otros profesionales.
Exigen investigar a García por muertes en su gestión
Presidentes regionales dicen que tiene responsabilidad penal en matanza de Puno. Mandatario sería llevado a los tribunales de justicia por los 94 fallecidos durante su Gobierno.
Las autoridades regionales se sumaron al pedido de investigación del presidente Alan García por su responsabilidad penal en las seis muertes ocurridas este fin de semana en Puno, así como por los 94 fallecidos durante su gobierno, como resultado de su inoperancia y falta de interés por resolver más de 250 conflictos sociales.
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El presidente regional de Junín, Vladimir Cerrón, indicó que investigar la responsabilidad del Ejecutivo y la del presidente García sobre la brutal represión policial que desencadenó en la muerte de seis manifestantes en el aeropuerto de Juliaca “es un deber moral y político que tiene el nuevo Parlamento”.
Cerrón dijo que la intolerancia frente a los reclamos de la población y el nulo respeto por los derechos humanos, han sido recurrentes en el Gobierno del APRA. “Los hechos de muerte ocurridos en Puno, todo el Perú lo lamenta, es un nuevo Baguazo para nosotros, pero desgraciadamente se ha convertido en una rutina para el Perú”, dijo.
Señaló que es lamentable que el Gobierno esté cerrando su mandato con esta cantidad de muertos y ponen en relieve una vez más que el Gobierno tiene un compromiso poco serio con los derechos humanos e impone la ley del más fuerte.
En ese sentido, Cerrón indicó que la región Junín y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales respaldarán al próximo Congreso en la investigación de los hechos, sobre todo porque el partido aprista no cuenta con una bancada que pueda blindar, desestimar o detener investigaciones contra García, la presidenta del Consejo de Ministros, Rosario Fernández; o el ministro del Interior, Miguel Hidalgo, entre otros involucrados en las más de 90 muertes, como consecuencia del irresponsable accionar frente a la conflictividad social.
Por su parte, el presidente regional de Puno, Mauricio Rodríguez, resaltó la necesidad de efectuar una fiscalización al jefe de Estado y a sus funcionarios de confianza, pues a través de la indagación que se realice a la administración García se podrá determinar hasta dónde va su responsabilidad por el retraso en la solución de conflictos sociales, ya que solo en estos cinco años se ha triplicado el número de problemas, de 84 a 220.
Igualmente, se demostrará la responsabilidad de terceros, como el ministro del Interior, Miguel Hidalgo, o la de algunos funcionarios de primer y segundo nivel, y así lograr determinar la sanción penal.
Rodríguez dijo no creer que existan intereses políticos ocultos que estén fomentando el descontento social para perjudicar el gobierno de Ollanta Humala, pues “hay muchos problemas en el país sin solución y el gobierno de Alan García no ha tenido una atención prioritaria a las provincias”.
El presidente regional de Huancavelica, Maciste Díaz, también se mostró a favor de la investigación, pues “los seres humanos no podemos morir así no más y los responsables de esto deben ser señalados”.
Díaz indicó que si bien es cierto que controlar los desbordes de la protesta está en las facultades del Gobierno y de la Policía Nacional, hay que recordar que la protesta es un derecho constitucional de toda persona, por lo que la autoridad que ordena que se dispare a los manifestantes, tal como ocurrió en Juliaca esta semana, está cometiendo un delito.
En tanto, el presidente Regional de Pasco, Klever Meléndez, adujo que la violencia represiva expresada contra los pobladores de las distintas zonas del país en estos cinco años y que ha cobrado la vida de 94 personas, nos deja de lección la poca importancia que el Gobierno central le ha prestado a la necesidad de las regiones, por lo que se podría decir que ha gobernado de espaldas a sus necesidades.
Las autoridades regionales se sumaron al pedido de investigación del presidente Alan García por su responsabilidad penal en las seis muertes ocurridas este fin de semana en Puno, así como por los 94 fallecidos durante su gobierno, como resultado de su inoperancia y falta de interés por resolver más de 250 conflictos sociales.
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El presidente regional de Junín, Vladimir Cerrón, indicó que investigar la responsabilidad del Ejecutivo y la del presidente García sobre la brutal represión policial que desencadenó en la muerte de seis manifestantes en el aeropuerto de Juliaca “es un deber moral y político que tiene el nuevo Parlamento”.
Cerrón dijo que la intolerancia frente a los reclamos de la población y el nulo respeto por los derechos humanos, han sido recurrentes en el Gobierno del APRA. “Los hechos de muerte ocurridos en Puno, todo el Perú lo lamenta, es un nuevo Baguazo para nosotros, pero desgraciadamente se ha convertido en una rutina para el Perú”, dijo.
Señaló que es lamentable que el Gobierno esté cerrando su mandato con esta cantidad de muertos y ponen en relieve una vez más que el Gobierno tiene un compromiso poco serio con los derechos humanos e impone la ley del más fuerte.
En ese sentido, Cerrón indicó que la región Junín y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales respaldarán al próximo Congreso en la investigación de los hechos, sobre todo porque el partido aprista no cuenta con una bancada que pueda blindar, desestimar o detener investigaciones contra García, la presidenta del Consejo de Ministros, Rosario Fernández; o el ministro del Interior, Miguel Hidalgo, entre otros involucrados en las más de 90 muertes, como consecuencia del irresponsable accionar frente a la conflictividad social.
Por su parte, el presidente regional de Puno, Mauricio Rodríguez, resaltó la necesidad de efectuar una fiscalización al jefe de Estado y a sus funcionarios de confianza, pues a través de la indagación que se realice a la administración García se podrá determinar hasta dónde va su responsabilidad por el retraso en la solución de conflictos sociales, ya que solo en estos cinco años se ha triplicado el número de problemas, de 84 a 220.
Igualmente, se demostrará la responsabilidad de terceros, como el ministro del Interior, Miguel Hidalgo, o la de algunos funcionarios de primer y segundo nivel, y así lograr determinar la sanción penal.
Rodríguez dijo no creer que existan intereses políticos ocultos que estén fomentando el descontento social para perjudicar el gobierno de Ollanta Humala, pues “hay muchos problemas en el país sin solución y el gobierno de Alan García no ha tenido una atención prioritaria a las provincias”.
El presidente regional de Huancavelica, Maciste Díaz, también se mostró a favor de la investigación, pues “los seres humanos no podemos morir así no más y los responsables de esto deben ser señalados”.
Díaz indicó que si bien es cierto que controlar los desbordes de la protesta está en las facultades del Gobierno y de la Policía Nacional, hay que recordar que la protesta es un derecho constitucional de toda persona, por lo que la autoridad que ordena que se dispare a los manifestantes, tal como ocurrió en Juliaca esta semana, está cometiendo un delito.
En tanto, el presidente Regional de Pasco, Klever Meléndez, adujo que la violencia represiva expresada contra los pobladores de las distintas zonas del país en estos cinco años y que ha cobrado la vida de 94 personas, nos deja de lección la poca importancia que el Gobierno central le ha prestado a la necesidad de las regiones, por lo que se podría decir que ha gobernado de espaldas a sus necesidades.
Ley pro corrupción busca limpiar a Keiko
La ley 29703, que blinda a los corruptos, también favorece a la excandidata Keiko Fujimori, a quien no se le podría juzgar por el financiamiento ilegal de sus estudios con fondos del Estado porque el principal inculpado, su padre, no está comprendido en ningún proceso judicial por el caso.
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El penalista Guillermo Olivera Díaz explicó que al no ser funcionaria pública, Keiko solo podría ser juzgada en calidad de “cómplice primaria” del principal acusado y que al no existir proceso judicial contra su padre, quedaría automáticamente liberada de todo cargo.
Benefactor“Su padre no está extraditado por este tipo de delito, por lo que la norma la favorece totalmente, es una Ley pro Keiko”, comentó el jurista, tras señalar como su gran benefactor al presidente Alan García y al Congreso que controla.
Representantes de la Fiscalía reconocieron que esa norma tiene nombre propio y beneficia a la excandidata, porque para ser acusada se requiere demostrar que recibió fondos del Estado, cosa que no se podrá demostrar si no existe proceso judicial. Incluso si se derogara la norma, los abogados de la defensa podrían solicitar su aplicación retroactiva.
La norma aprobada por el Congreso señala que se debe establecer el daño patrimonial al Estado para sancionar al funcionario infractor. Expertos de la Fiscalía explicaron que solo si se declara inconstitucional la ley, no procedería su aplicación a favor de Keiko. Se trata de un dardo bien jugado que tuvo como artífice a Rolando Souza, presidente de la Comisión de Justicia.
En tanto, circula el rumor que el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, habría decidido archivar la investigación que se le sigue a la excandidata presidencial por el delito de enriquecimiento ilícito, debido a que no pudo certificar el origen ilegítimo de los dineros con los que pagó sus estudios.
De acuerdo a fuentes de la Fiscalía, Peláez Bardales habría tomado la decisión señalando que no encuentra fundamentos en la denuncia, que no ve claro el tema y que no quiere complicarse la vida, pues el tema resulta controversial.
Las investigaciones contra Keiko se iniciaron luego que el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos declarara que entregaba mensualmente US$ 10 mil para el pago de sus estudios en el país del norte. Esos fondos provenían de las arcas del SIN.
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El penalista Guillermo Olivera Díaz explicó que al no ser funcionaria pública, Keiko solo podría ser juzgada en calidad de “cómplice primaria” del principal acusado y que al no existir proceso judicial contra su padre, quedaría automáticamente liberada de todo cargo.
Benefactor“Su padre no está extraditado por este tipo de delito, por lo que la norma la favorece totalmente, es una Ley pro Keiko”, comentó el jurista, tras señalar como su gran benefactor al presidente Alan García y al Congreso que controla.
Representantes de la Fiscalía reconocieron que esa norma tiene nombre propio y beneficia a la excandidata, porque para ser acusada se requiere demostrar que recibió fondos del Estado, cosa que no se podrá demostrar si no existe proceso judicial. Incluso si se derogara la norma, los abogados de la defensa podrían solicitar su aplicación retroactiva.
La norma aprobada por el Congreso señala que se debe establecer el daño patrimonial al Estado para sancionar al funcionario infractor. Expertos de la Fiscalía explicaron que solo si se declara inconstitucional la ley, no procedería su aplicación a favor de Keiko. Se trata de un dardo bien jugado que tuvo como artífice a Rolando Souza, presidente de la Comisión de Justicia.
En tanto, circula el rumor que el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, habría decidido archivar la investigación que se le sigue a la excandidata presidencial por el delito de enriquecimiento ilícito, debido a que no pudo certificar el origen ilegítimo de los dineros con los que pagó sus estudios.
De acuerdo a fuentes de la Fiscalía, Peláez Bardales habría tomado la decisión señalando que no encuentra fundamentos en la denuncia, que no ve claro el tema y que no quiere complicarse la vida, pues el tema resulta controversial.
Las investigaciones contra Keiko se iniciaron luego que el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos declarara que entregaba mensualmente US$ 10 mil para el pago de sus estudios en el país del norte. Esos fondos provenían de las arcas del SIN.
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