Crónica de un desenlace anunciado: la ley anti-terrorista aplicada a la resistencia contra-colonial de los pueblos
Los versos del colonialismo: depredación rima con represión
Como ya reiteradamente venimos denunciando [1] el nuevo ciclo de extractivismo neo-colonial que se cierne sobre nuestro país (y que con sus matices, se extiende por toda Nuestra América), se sostiene a su vez sobre la perversa articulación sistemática entre depredación y represión.La cobertura progresista que la retórica oficialista otorga al proceso no alcanza a disimular ni soslayar la intensidad de las violencias que los imperativos del extractivismo neocolonial ejercen en carne viva sobre cuerpos y territorios. De un lado, la siempre necesaria reivindicación de la Memoria y los actos de estricta Justicia que se impulsan revisando y abriendo las causas de las víctimas del terrorismo de estado en los ’70, se tornan peligrosos recortes manipulatorios cuando el 'enfoque de los Derechos Humanos’ soslaya las violaciones del presente, no sólo desamparando a sus actuales víctimas sino también ocluyendo la continuidad histórico-estructural entre las violaciones de los ’70 con las violaciones del presente. Las aludidas victimas del presente se multiplican en las comunidades campesinas y en pueblos originarios; las poblaciones fumigadas y/o ‘cianuradas’, laceradas por el avance tanto del agronegocio, la especulación inmobiliaria como por la voracidad hidro-energética de pasteras y de mega-explotaciones mineras que son objeto de permanente silenciamiento, segregación clasista y expulsión racializante: unas y otras muestran la complementariedad estructural que articula represión con expropiación.
Del otro lado, la retórica progresista se cubre con el manto legitimatorio del crecimiento y el distribucionismo en tanto ensoñación y fantasía social; las políticas oficiales de ‘redistribución del ingreso’/asistencialización de la población, que se tornan en una perversa maquinaria anestésica que ocluye la expropiación estructural sobre la que se funda. Como fase superior del neoliberalismo, el extractivismo neocolonial precisa legitimarse aduciendo la necesidad de la entrega sacrificial de nuestras fuentes de vida y energía como ‘condición’ para financiar las ‘políticas de inclusión social’.
A inicios de 2012 todo este andamiaje ha sido desnudado en su cinismo y en su violencia estructural con la irrupción de la digna rebelión de los pueblos cordilleranos del NOA. Primero en La Rioja; luego extendiéndose en consonancia y simultaneidad cronológica y política por Catamarca, Tucumán, Chubut, Río Negro, Mendoza, etc., entre un sinfín más de comunidades cordilleranas afectadas y/o amenazadas por la mega-minería transnacional a gran escala, se levantaron para decir ¡basta! La Cordillera, en sus múltiples localizaciones, ¡no se tocan! Una vez más las interdicciones colectivas rayaron la cancha, pintaron los límites, establecieron sus propias fronteras.
Con férrea decisión, el no a al extractivismo minero puso coto a la voracidad colonial, en sus actores transnacionales y sus cómplices locales. Sendos bloqueos están parando desde los primeros días de este nuevo año proyectos de exploración y/o de explotación minera: En Alto Carrizal, Famatina, parando a la Osisko Mining Corp.; en Belén, Santa María, Amaicha del Valle, y Tinogasta vecina/os agricultores, docentes, miembros de pueblos originarios, artesanos están parando los camiones con insumos a Minera Alumbrera, maquinarias para el proyecto Agua Rica y hasta provisiones de explosivos destinados a la Barrick Gold en San Juan.
Esta saludable rebeldía colonial de los pueblos puso al desnudo las múltiples violencias que tejen el orden de dominación vigente: el aparato represivo del Estado, a través de polícias provinciales, gendarmería, fiscales y oficiales de Justicia, mostraron sus reflejos cipayos ordenando detenciones, acciones de amedrentamiento y acoso judicial, hasta que, en su punto más álgido, ejecutaron el violento desalojo y la detención de 20 manifestantes en el bloqueo anti-minero de Santa María. El Fiscal Landívar, interviniente en el caso, apeló según su propia interpretación a la flamante aplicación de la Ley Anti-terrorista recientemente sancionada, imputándolos por el art. 213 bis del Código Penal.
Los acontecimientos, esta batalla que es en concreto contra el extractivismo minero y que es en el fondo contra el colonialismo y la colonialidad, siguen su curso, en las calles, las rutas, los calabozos y los juzgados. Más allá de cómo sigan, lo fundamental ha sido desnudado: el carácter estructuralmente necesario que articula, en el estado actual, la violencia represiva con la violencia depredatoria. Represión y depredación son las caras ocultas del progresismo del siglo XXI; progresismo que, como tal, siempre ha sido irredimiblemente colonial.
Desde este espacio, saludamos con alegría y esperanza las medidas de los pueblos que se plantan y reclaman frente a los personeros del ‘destino colonial’. Enviamos nuestra adhesión y apoyo a estas luchas, que son también propias. Repudiamos enérgicamente el lamentable accionar de las fuerzas represivas del estado; a todos aquellos que, más allá de las ‘exigencias de sus roles’ se prestan a ejercer la violencia material contra su propio pueblo. Desde este espacio, nos sumamos al grito de ¡el Famatina no se toca! ¡el Aconquija no se toca! ¡la Cordillerano se toca! ¡el agua no se vende!
