Pareciera tener razón el valeroso profesor paraguayo Martín Almada. Hace algunas semanas denunció que estaba en marcha una nueva fase de la siniestra “Operación Cóndor” que tanto daño hizo a nuestros países bajo el imperio de las dictaduras militares del pasado.
Y solo algunos días atrás, el semanario “El Siglo”, que se edita en Santiago de Chile, publicó un extenso artículo de Jean-Guy Allard en el que se pone en evidencia la llamada “Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley”, entidad que, bajo sus siglas en ingles (ILEA) funciona desde el año 2005 en diversos países.
Se trata -dice el autor de la nota- de “una siniestra red de establecimientos que preparan a policías y militares de distintos países en modernas técnicas de tortura y represión”.
La denuncia en el hemisferio sur, la hizo Hector Timmerman, ministro de relaciones exteriores de Argentina, quien recogió lo dicho por el salvadoreño Frankie Flores, quien aseveró que Estados Unidos dispone de una red de cinco institutos ILEA de preparación de policías y militares a sus últimas técnicas de represión, cuatro de ellos fuera de su territorio: en Budapest, Hungria; en Bangkok, Thailandia; en Gaborone, Botswana; y en San Salvador, El Salvador. Completa el circuito, ILEA Roswell en Nueva México, Estados Unidos, la única sede que funciona en USA.
Actualmente la ILEA entrena agentes operativos de varios países latinoamericanos, en técnicas especiales destinadas a derrotar -según dice- el terrorismo, el narcotráfico y la subversión, Del Perú recientemente, fueron capacitados ocho “alumnos” cuya identidad no se conoce. Así aplicó sus acciones la “Operación Cóndor” en el pasado.
Particular preocupación debe causarnos la versión que proporciona Frankie Flores: una de las instituciones mas peligrosas de esta red es el Centro de entrenamiento para la región suramericana con sede en Lima “donde se está entrenando a soldados y policías en contra-insurgencia o para “combatir el terrorismo” como se llama ahora, ya que este tipo de academias fue diseñado y aprobado bajo la administración del presidente Billy Clinton para “entrenamientos contra-terroristas e intercambio de información”, es decir, espionaje.
¿Ha autorizado el ciudadano peruano el funcionamiento de esta institución en su territorio? ¿Se ha hecho algún debate en torno a la materia en nuestro país? ¿Han informado a la opinión pública de esto los medios de comunicación? ¿Ha aprobado el Congreso de la República del Perú una resolución legislativa amparando esa acción? ¿Ha avalado el Presidente García -y antes el Presidente Toledo- a una entidad con esos fines? ¿Por qué han guardado ante el tema tanto silencio las autoridades peruanas?
En todo caso, virtualmente es muy poco lo que se sabe, porque ni el gobierno peruano ni las autoridades militares se han dignado decir una palabra en torno a la materia. Han guardado el mismo silencio que guardó el general Richter Prada, cuando, colaborando con la “Operación Cóndor” contribuyó a fines de los setenta del siglo pasado secuestrar, torturar y asesinar a un pequeño grupo de “Montoneras” en nuestro país.
El Ministerio Justicia -si el tema tuviera que ver con el imperio de la ley- debiera ser el primero en hablar en torno a la materia; pero a lo mejor aquí ocurrió lo mismo que en Costa Rica, donde los funcionarios del Pentágono prefirieron entenderse con las autoridades de policía y no con las judiciales, como ameritaría “el cumplimiento de la ley”.
Es posible que quienes hayan tenido en sus manos el caso, optaran por el silencio con la idea de estar protegiendo una suerte de “secreto de estado” que hoy se ha vuelto público; o quizá que, simplemente, hayan sido sorprendidos por el nombre rimbombante de una entidad que se dice empeñada en asegurar propósitos lícitos.
Si este improbable hecho hubiese ocurrido, aún estarían a tiempo las autoridades peruanas para pronunciarse y actuar en consonancia con los intereses del país; dado que el Perú no podría ser un centro de preparación para prácticas contrarias a la naturaleza misma de la nación.
Los peruanos, en efecto, no concebimos el territorio nacional como un lugar de capacitación para torturadores ni asesinos de ningún género. Por lo demás, ese tipo de acciones configuran hoy delitos de lesa humanidad, reconocidos por la legislación Penal Internacional y por los Tribunales de Justicia como la Corte de La Haya.
Quienes tienen duda respecto a la esencia de instituciones de esta naturaleza debieran recodar a la tristemente célebre “Escuela de las Américas”, que en Panamá cumplía funciones similares: adiestraba oficiales de los ejércitos y las policías de nuestros países para someterlos a su control más estrecho y a la ejecución de planes y programas vinculados a la estrategia de dominación de los Estados Unidos.
La siniestra Fort Benning, sepultada en los estertores de la guerra fría, fue, un activo centro de operaciones militares en el se fraguaron agresiones contra diversos países de la región. Castillo Armas y sus colaboradores que actuaron en provecho del Imperio en 1954 en Guatemala, se adiestraron allí; del mismo modo como lo hicieron los que desembarcaron en Playa Girón, en 1961; y en Santo Domingo pocos años más tarde.
Incluso la misma agresión militar norteamericana que depuso al general Noriega a fines del siglo pasado en Panamá, contó con el apoyo activo de este centro de la subversión internacional.
Aunque el diplomático norteamericano John Danilovich aseguró en su momento que no existe ningún componente militar en el programa de estudios de esta academia, que la AICL es estricta y explícitamente no militar y que tampoco habrá armas o la instrucción típica de una academia de policía; lo que ya se conoce dista mucho de esa versión.
Hoy se sabe, en efecto que reciben actualmente, entrenamiento allí agentes provenientes de 30 países de América, entre ellos: la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay, Paraguay y Perú.
De acuerdo con las versiones recibidas, la citada academia entrena anualmente un promedio de 1500 oficiales de policía, jueces, fiscales y otros agentes estatales en diferentes técnicas, en temas de narcotráfico, terrorismo y otros delitos. Los instructores provienen de agencias de Estados Unidos, como la agencia antidrogas DEA, el Immigration and Customs Enforcement (ICE) y la Oficina Federal de Investigación (FBI), notorios expertos en esta políticas.
Las sospechas respecto al origen y funciones de esta institución, en realidad nacieron en la misma patria de Walt Whitman y Martin Luther King. Allí el organismo de derechos humanos School of Americas Watch (SOAW) denunció en el año 2005 que la ILEA era una “escuela de asesinos”. Por su parte, el reverendo Roy Bourgeois, aseguró que esta academia significa “un retroceso en términos democráticos” y “un camino para seguir controlando a Latinoamérica”.
En el Perú estamos en víspera de un proceso electoral. ¿Querrán los candidatos a la Presidencia de la República o los postulantes al Congreso Nacional pronunciarse en torno a este tema? ¿Se darán cuenta que tras este asunto hay hechos que lesionan nuestra soberanía y nuestra dignidad como Estado? ¿Tendrán conciencia que “centros” de este tipo resultan incompatibles con cualquier rumbo elementalmente democrático, patriótico, o nacionalista?
El Perú, ni sus instituciones ni su suelo, pueden ser usados en provecho de la tortura y la muerte. Nuestra capital no puede convertirse en sede exportadora del terror en sus más diversas modalidades. Hay que impedir a toda costa que el siniestro Cóndor renazca de sus cenizas.
Gustavo Espinoza M. Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera.
domingo, 13 de marzo de 2011
Se filtra la propuesta estadounidense de nuevo TLC
Trans-Pacific Partnership (TPP) es la nueva iniciativa de tratado de libre comercio impulsada por Estados Unidos. El tratado es negociado en conjunto con Australia, Brunei, Chile, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Las negociaciones, que se efectúan en secreto, acaban de sufrir un serio revés tras la filtración extraoficial del capítulo sobre propiedad intelectual. El capítulo en cuestión incluye diversas disposiciones que afectarán el acceso a medicamentos, los derechos de las personas en Internet, la libertad de expresión y el respeto a la vida privada, entre otros. En materia de patentes, la propuesta estadounidense omite toda alusión a la Declaración de Doha, a través de la cual se ha procurado salvaguardar la salud pública del nocivo efecto de la excesiva protección de las patentes farmacéuticas. En cambio, el acuerdo exigiría el linkage, una medida no incluida en el TLC suscrito por Chile con Estados Unidos, la cual ha sido rechazada por organizaciones de consumidores y por las farmacéuticas locales, pero persistentemente alentada por la industria americana. A través de ella se intenta entorpecer el acceso al mercado de medicamentos genéricos, encareciendo las medicinas.
En materia de derechos de autor, la propuesta exige sanciones criminales para quienes eludan medidas tecnológicas de protección, incluso si no hay infracción a los derechos de autor. Igualmente, se exigen sanciones criminales incluso si supuestas infracciones han sido cometidas sin ánimo de lucro y sin beneficio económico para el infractor. Además, la propuesta requeriría que fiscales y autoridades aduaneras actúen aun sin reclamación de los supuestos afectados.
La propuesta también afectaría seriamente el acceso a contenidos protegidos por derechos de autor. Por ejemplo, en ciertos casos, se intenta extender la duración de los derechos de autor hasta 95 años después de publicada una obra; hoy, en Chile ese plazo es 70 años. Más peligroso aún, el tratado exigiría que la “importación” de obras contará con autorización de los titulares de derechos de autor, lo cual eliminaría el agotamiento internacional del derecho, que, en el caso de Chile, permite enviar una obra de un país a otro sin pedir autorización.
En relación al funcionamiento de Internet, la propuesta de tratado exige que los países adopten un sistema de responsabilidad para los prestadores de servicio de Internet por las supuestas infracciones a derechos de autor cometidas en línea. En este punto, la propuesta va más allá de lo actualmente previsto en la legislación de los Estados Unidos, y también de Chile, pues impone obligaciones incluso en los prestadores de servicio de transmisión, tales como identificar a los supuestos infractores y desconectarlos de Internet. Además, la propuesta requiere que los países dispongan de medidas para bajar no solo contenidos infractores, sino que todo un sitio web por supuestas infracciones.
“Varias de las medidas propuestas por el TPP entran en conflicto con los derechos y libertades constitucionales. Por ejemplo, las normas sobre desconexión de usuarios de Internet por supuestas infracciones infringen el derecho al debido proceso, la presunción de inocencia, la libertad de expresión y el derecho a la vida privada”, asegura Alberto Cerda Silva, director de estudios de ONG Derechos Digitales. “Pero más grave, el tratado genera nocivas consecuencias para el acceso a la salud y al conocimiento, al incrementar la protección más allá de lo previsto en cualquier tratado internacional actualmente vigente”, agrega Cerda.
Para Claudio Ruiz, presidente de ONG Derechos Digitales, la propuesta de tratado es preocupante y afecta seriamente los derechos de las personas, razón por la cual anticipo que próximamente se solicitará audiencia a las autoridades del Gobierno comprometidas en la negociación del tratado. “Chile no debería comprometerse más allá de los ya elevados estándares comprometidos en el TLC con Estados Unidos”, sostiene Ruiz, quien valoró el hecho de que en las negociaciones Chile haya formulado propuestas a favor de la gente, y no de un reducido grupo de intereses.
http://www.derechosdigitales.org/2011/03/10/se-filtra-la-propuesta-estadounidense-de-nuevo-tlc/
En materia de derechos de autor, la propuesta exige sanciones criminales para quienes eludan medidas tecnológicas de protección, incluso si no hay infracción a los derechos de autor. Igualmente, se exigen sanciones criminales incluso si supuestas infracciones han sido cometidas sin ánimo de lucro y sin beneficio económico para el infractor. Además, la propuesta requeriría que fiscales y autoridades aduaneras actúen aun sin reclamación de los supuestos afectados.
La propuesta también afectaría seriamente el acceso a contenidos protegidos por derechos de autor. Por ejemplo, en ciertos casos, se intenta extender la duración de los derechos de autor hasta 95 años después de publicada una obra; hoy, en Chile ese plazo es 70 años. Más peligroso aún, el tratado exigiría que la “importación” de obras contará con autorización de los titulares de derechos de autor, lo cual eliminaría el agotamiento internacional del derecho, que, en el caso de Chile, permite enviar una obra de un país a otro sin pedir autorización.
En relación al funcionamiento de Internet, la propuesta de tratado exige que los países adopten un sistema de responsabilidad para los prestadores de servicio de Internet por las supuestas infracciones a derechos de autor cometidas en línea. En este punto, la propuesta va más allá de lo actualmente previsto en la legislación de los Estados Unidos, y también de Chile, pues impone obligaciones incluso en los prestadores de servicio de transmisión, tales como identificar a los supuestos infractores y desconectarlos de Internet. Además, la propuesta requiere que los países dispongan de medidas para bajar no solo contenidos infractores, sino que todo un sitio web por supuestas infracciones.
“Varias de las medidas propuestas por el TPP entran en conflicto con los derechos y libertades constitucionales. Por ejemplo, las normas sobre desconexión de usuarios de Internet por supuestas infracciones infringen el derecho al debido proceso, la presunción de inocencia, la libertad de expresión y el derecho a la vida privada”, asegura Alberto Cerda Silva, director de estudios de ONG Derechos Digitales. “Pero más grave, el tratado genera nocivas consecuencias para el acceso a la salud y al conocimiento, al incrementar la protección más allá de lo previsto en cualquier tratado internacional actualmente vigente”, agrega Cerda.
Para Claudio Ruiz, presidente de ONG Derechos Digitales, la propuesta de tratado es preocupante y afecta seriamente los derechos de las personas, razón por la cual anticipo que próximamente se solicitará audiencia a las autoridades del Gobierno comprometidas en la negociación del tratado. “Chile no debería comprometerse más allá de los ya elevados estándares comprometidos en el TLC con Estados Unidos”, sostiene Ruiz, quien valoró el hecho de que en las negociaciones Chile haya formulado propuestas a favor de la gente, y no de un reducido grupo de intereses.
http://www.derechosdigitales.org/2011/03/10/se-filtra-la-propuesta-estadounidense-de-nuevo-tlc/
sábado, 12 de marzo de 2011
El Partido de la Izquierda Europea, en contra de una potencial intervención militar en Libia
El Partido de la Izquierda Europea se opone totalmente a cualquier intervención armada en Libia, incluida la creación de una zona de exclusión aérea. Nos oponemos también a la tentativa de poner, a través de un acción de ese tipo, a la población libia bajo el patrocinio de la Union Europea, Estados Unidos y la OTAN.
El pueblo sublevado ha expresado en numerosas ocasiones su rechazo a cualquier intervención extranjera de este tipo, la cual podría incluso ser aprovechada por parte del régimen de Gadafi con la acusación de que la insurrección popular apoya esta intervención en contra de los intereses del pueblo libio.
Condenamos la brutal represión de los manifestantes y denunciamos la masiva venta de armas por parte de los países miembros de la Unión Europea a Libia y otros regímenes represivos.
El PIE alerta sobre la grave situación humanitaria que aflige a miles de libios en la frontera con Tunez y a los que llegan a la isla de Lampedusa.
Pedimos que la UE haga frente a la situación en la que vive esa gente que no puede regresar a su país ni dirigirse a otros países porque sus vidas se verían en peligro.
Maite Mola y Fabio Amato
http://www.european-left.org/nc/english/home/news_archive/news_archive/zurueck/latest-news-home/artikel/party-of-the-european-left-against-a-potential-military-intervention-in-libya/
El pueblo sublevado ha expresado en numerosas ocasiones su rechazo a cualquier intervención extranjera de este tipo, la cual podría incluso ser aprovechada por parte del régimen de Gadafi con la acusación de que la insurrección popular apoya esta intervención en contra de los intereses del pueblo libio.
Condenamos la brutal represión de los manifestantes y denunciamos la masiva venta de armas por parte de los países miembros de la Unión Europea a Libia y otros regímenes represivos.
El PIE alerta sobre la grave situación humanitaria que aflige a miles de libios en la frontera con Tunez y a los que llegan a la isla de Lampedusa.
Pedimos que la UE haga frente a la situación en la que vive esa gente que no puede regresar a su país ni dirigirse a otros países porque sus vidas se verían en peligro.
Maite Mola y Fabio Amato
http://www.european-left.org/
Tras la recesión ha venido "un año récord de multimillonarios"
DICE EL DIVINO PADRE ETERNO EN LA CIENCIA CELESTE ALFAY OMEGA, SOBRE LOS DEMONIOS QUE POR NO CONOCERSE A SI MISMO DEJARON QUE SUS AMBICIONES LOS DOMINARAN, NO COMBATIERON AL DEMONIO DE LA DESIGUALDAD QUE SURGIAN EN ELLOS, EL QUERER TENER MÁS QUE SU HERMANO DE CARNE Y SIN IMPORTARLE EL COMO LO CONSIGUEN, LOS RICOS ASTUTOS SE ADUEÑAN DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y DE LA RIQUEZAS QUE ESTAS PRODUCEN.......-EL DIVINO PADRE EN ESTE DIVINO TITULO EXPLICA EL DESTINO DE LOS DEMONIOS LLAMADOS RICOS:
694.- En el extraño y desconocido mundo, surgido de las extrañas leyes del oro, surgieron los llamados ricos; en el llorar y crujir de dientes, a todo rico se le quitará; y a todo pobre y necesitado se le hartará; porque es más fácil que sea premiado, uno que disfrutó de abundancia, dentro de leyes igualitarias; a que lo sea, uno que disfrutó, dentro de leyes desiguales.-
El mexicano Carlos Slim, el primer no estadounidense en ser coronado oficialmente como el más rico del mundo, repite en el primer puesto de la lista Forbes de multimillonarios, que se ha publicado hoy, título que le robó el año pasado a Bill Gates, que vuelve a ser número dos. El español Amancio Ortega, sube en el ranking, al ocupar este año el puesto número siete, el único europeo, con el francés Bernard Arnault (cuarta posición), entre los diez primeros. “Este ha sido un año de récords con 214 nuevo multimillonarios”, subrayó la revista al contabilizar 1.210 personas con un patrimonio superior a los mil millones de dólares. Las cifras son apabullantes, más aún en el contexto posterior a la recesión. La fortuna media de los multimillonarios es de 3.700 millones de dólares, 200 millones más que en 2010, y 700 millones más que en 2009. El monto total de las fortunas, calcula Forbes, es de 4,5 billones de dólares, un récord respecto a años anteriores. Entre los 20 más ricos, todos excepto uno, han ganado más dinero que en 2010.
Los diez primeros En los primeros puestos: el magnate de la comunicación Carlos Slim, con una fortuna de 74.000 millones de dólares; Bill Gates (56.000 millones); el inversor estadounidense Warren Buffet (50.000 millones), el magnate del imperio del lujo LVMH, Bernard Arnault (41.000 millones); el responsable de Oracle, Larry Ellison (39.500 millones); el dueño de Zara, Amancio Ortega (31.000 millones); el responsable del imperio minero brasileño Eike Batista (30.000 millones); el petrolero indio Mukesh Ambani (27.000 millones) y una de las herederas del imperio comercial Wal-Mart, Christy Walton (26.500 millones).Este es el mejor puesto de Ortega. En 2009 Forbes estimó su fortuna en 18.300 millones de dólares: el año pasado en 25.000 millones. Slim es que más ha ganado de toda la lista respecto a 2010, 20.000 millones de dólares en un sólo año mientras que el dueño de Ikea, el sueco Ingvar Kamprad (puesto 162) es el que más ha perdido de sus compañeros 11.000 millones de dólares.
Los equilibrios regionales van cambiando. Estados Unidos sigue siendo la parte del mundo con más multimillonarios (413), le sigue Asia, que por primera vez arrebata el puesto a Europa con 332, casi cien más que el año pasado. Pero el viejo continente sigue conservando el puesto de número dos, siempre después de los estadounidenses, en cuantía total de fortunas También hay un cambio generacional. Mark Zuckerberg y los otros creadores de Facebook se suman a la lista así como el multimillonario ruso de la web, Yuri Milner.
Fuente: http://www.publico.es/
El tsunami del Japón
Japón fue impactado por un terremoto muy fuerte, el mismo que está generando un tsunami a lo largo del mayor océano del planeta: el Pacífico.
Desde que los registros sísmicos se fueron estableciendo el sismo que se acaba de dar en el mar contiguo a Sandei es el más poderoso que haya sacudido al Japón. Su escala ha sido de 8.9 grados Richter, lo que le convierte en uno de los peores terremotos del último siglo. Este ha sido 8,000 veces más fuerte que el que hace un mes destruyó Christchurch, una de las principales ciudades de Nueva Zelandia.
La potencia del sismo nipón equivale a la de 240 millones de toneladas de TNT. Esta magnitud es mayor que la de los que sacudieron a México 1985 y Perú 2007, cuya explosividad varía alrededor de las 6 millones de toneladas de TNT y también supera, aunque levemente en intensidad, al de Chile 2010. El terremoto más asesino que han tenido las Américas fue el de Haití 2010, el cual, si bien “solo” tuvo una detonación equivalente a 199 toneladas de TNT, pero mató a más de 220 mil caribeños.
Los terremotos más poderosos que se han dado recientemente han sido los de Chile 1960, Alaska 1964 e Indonesia 2004, los cuales tuvieron una potencia similar a la de 260 a 280 millones de toneladas de TNT. El de Alaska mató 131 personas y el de Chile (que tuvo el peor sismo registrado del mundo) tuvo unos 2 mil muertos y 2 millones de damnificados.
No existe una relación directa entre la intensidad del movimiento telúrico y el número de víctimas. Los sismos impactan más cuando más cerca se dan sobre lugares muy poblados y éstos no están preparados para tanta calamidad (como pasó con Haití devastada por la miseria y la inestabilidad).
Lo que genera los grandes sismos son los choques que se dan entre las placas tectónicas de la Tierra. Paradójicamente, muchas grandes urbes se encuentran en zonas donde se dan estos roces, precisamente, por que dichos movimientos son los responsables de crear muchas tierras fértiles.
El maremoto que ha generado el sismo nipón produce olas que viajan a entre 500 y 800 kilómetros por hora, las cuales, al llegar a mares menos profundos disminuyen en velocidad pero crecen en altura.
Las mayores olas que éste ha tenido hasta ahora han sido de 10 metros, las cuales han impactado en las costas contiguas al epicentro. Si bien todas las costas americanas se vienen preparando para posibles estragos los primeros reportes señalan que éstas han medido menos de medio metro en Guam y las Marianas.
Al momento de escribir estas líneas el tsunami ya llegó a Hawái sin producir grandes estragos y aún no ha llegado a las Américas, donde las olas deberían bajar en tamaño y no producir nada parecido al maremoto de 1746 que hundió al Callao, entonces el principal puerto del Pacifico americano.
Son cientos los muertos en Japón, aunque el número de víctimas en ese país es menor al que se hubiese dado en similares condiciones en otras latitudes debido a que esta nación ha invertido más en tecnología e infraestructura antisísmica.
Fuente: http://alainet.org/active/45015
Desde que los registros sísmicos se fueron estableciendo el sismo que se acaba de dar en el mar contiguo a Sandei es el más poderoso que haya sacudido al Japón. Su escala ha sido de 8.9 grados Richter, lo que le convierte en uno de los peores terremotos del último siglo. Este ha sido 8,000 veces más fuerte que el que hace un mes destruyó Christchurch, una de las principales ciudades de Nueva Zelandia.
La potencia del sismo nipón equivale a la de 240 millones de toneladas de TNT. Esta magnitud es mayor que la de los que sacudieron a México 1985 y Perú 2007, cuya explosividad varía alrededor de las 6 millones de toneladas de TNT y también supera, aunque levemente en intensidad, al de Chile 2010. El terremoto más asesino que han tenido las Américas fue el de Haití 2010, el cual, si bien “solo” tuvo una detonación equivalente a 199 toneladas de TNT, pero mató a más de 220 mil caribeños.
Los terremotos más poderosos que se han dado recientemente han sido los de Chile 1960, Alaska 1964 e Indonesia 2004, los cuales tuvieron una potencia similar a la de 260 a 280 millones de toneladas de TNT. El de Alaska mató 131 personas y el de Chile (que tuvo el peor sismo registrado del mundo) tuvo unos 2 mil muertos y 2 millones de damnificados.
No existe una relación directa entre la intensidad del movimiento telúrico y el número de víctimas. Los sismos impactan más cuando más cerca se dan sobre lugares muy poblados y éstos no están preparados para tanta calamidad (como pasó con Haití devastada por la miseria y la inestabilidad).
Lo que genera los grandes sismos son los choques que se dan entre las placas tectónicas de la Tierra. Paradójicamente, muchas grandes urbes se encuentran en zonas donde se dan estos roces, precisamente, por que dichos movimientos son los responsables de crear muchas tierras fértiles.
El maremoto que ha generado el sismo nipón produce olas que viajan a entre 500 y 800 kilómetros por hora, las cuales, al llegar a mares menos profundos disminuyen en velocidad pero crecen en altura.
Las mayores olas que éste ha tenido hasta ahora han sido de 10 metros, las cuales han impactado en las costas contiguas al epicentro. Si bien todas las costas americanas se vienen preparando para posibles estragos los primeros reportes señalan que éstas han medido menos de medio metro en Guam y las Marianas.
Al momento de escribir estas líneas el tsunami ya llegó a Hawái sin producir grandes estragos y aún no ha llegado a las Américas, donde las olas deberían bajar en tamaño y no producir nada parecido al maremoto de 1746 que hundió al Callao, entonces el principal puerto del Pacifico americano.
Son cientos los muertos en Japón, aunque el número de víctimas en ese país es menor al que se hubiese dado en similares condiciones en otras latitudes debido a que esta nación ha invertido más en tecnología e infraestructura antisísmica.
Fuente: http://alainet.org/active/45015
Explosión en la central nuclear de Fukishima
Una fuerte explosión se ha escuchado cerca del reactor número 1 de la central nuclear de Fukushima (norte de Tokio), donde el nivel de radiactividad había aumentado de forma alarmante tras el fuerte seísmo que sacudió ayer el este de Japón. Al parecer numerosos trabajadores de la central nuclear habrían resultado heridos por los efectos de la explosión.
Once centrales nucleares han detenido su actividad después de que 5 reactores sufrieran graves problemas de refrigeración que aumentan los peligros de un accidente nuclear. La asociación 'Sortir du nucléaire' califica ya el hecho como de 'un nuevo Chernobyl'.
La empresa operadora, Tokyo Elecytric Powe Co, señaló que hay cuatro heridos. Testigos dijeron que escucharon el ruido de una detonación, tras la cual ascendió al cielo una nube de humo. La causa del accidente no se conoce aún. La televisión japonsa NHK mostró imágenes en las que la cubierta del edificio que alberga al reactor nuclear se vino abajo.
Los técnicos muertos trabajaban en la liberación de presión de los reactores de la planta para evitar una fusión en los reactores después de que la situación se agravara por los fallos en el sistema de refrigeración.
Cerca de la central se detectó además cesio radioactivo, según la comisión de seguridad atómica citado por la agencia Kyodo, que señalaron la posibilidad de que tenga lugar una fusión nuclear en el reactor.
Horas antes, el primer ministro japonés, Naoto Kan, que se trasladó a la planta, ha afirmado este sábado que se han liberado "mínimas cantidades de radiación" de una planta nuclear de la central de Fukushima tras el terremoto de 8, 8 grados de magnitud en la escala abierta de Richter que sacudió este viernes la costa este de Japón, informó la agencia local Kyodo.
El Gobierno ha asegurado que la cantidad de radiación liberada es muy pequeña y la Agencia de Seguridad Nuclear ha dicho que no entraña un riesgo para la salud de los residentes, aunque a primera hora de este sábado se amplió el área de evacuación desde 3 a 10 kilómetros, y ahora autoridades del Gobierno anuncian que se aumentará hasta los 20 kilómetros.
Kan ha viajado a Fukushima para inspeccionar la planta, donde la radiación había subido a un nivel inusual, de acuerdo con la Agencia de Seguridad Nuclear de Japón, por lo que se ordenó la evacuación de 46.000 personas que residen en los alrededores, en un radio de 10 kilómetros. Un número de personas que se duplicará tras el anuncio del Gobierno de aumentar el radio de 20 kilómetros.
Los expertos abrieron de forma controlada las válvulas de algunas campanas que albergan los reactores a fin de liberar vapor de éstos y tratar de rebajar la presión en su interior, que había subido de forma alarmante.
La decisión de abrir las válvulas se tomó después de que la Agencia de Seguridad Nuclear de Japón alertara de una fuerte subida de la radiación en la planta número 1 de Fukushima, cuya entrada principal llegó a alcanzar una radiactividad ocho veces mayor de su nivel habitual.
Según el mismo organismo, en la sala de control de uno de los reactores la radiación se disparó hasta 1.000 veces por encima de su nivel habitual.
Según los especialistas, la carencia de refrigerante en el reactor puede tener en un periodo de 24 horas consecuencias severas, incluida la fusión del núcleo de barras de uranio de la central.
También se han detectado problemas a primera hora en otra planta colindante, la número 2, para rebajar la temperatura de tres de sus cuatro reactores nucleares, según el operador de las instalaciones, Tokyo Electric Power Corporation.
La radiación liberada por las plantas nucleares ha suscitado las críticas de grupos ecologistas como Greenpeace, que insistió en que "cualquier cantidad" de material radioactivo en la atmósfera supone un riesgo para las personas.
Para el grupo, el hecho de que la planta nuclear de Fukushima "tenga una fuga" o "se haya hecho que libere" gases contaminantes del reactor en la atmósfera "significa que toda la protección física que debía aislar la radioactividad ha fallado".
Once centrales nucleares han detenido su actividad después de que 5 reactores sufrieran graves problemas de refrigeración que aumentan los peligros de un accidente nuclear. La asociación 'Sortir du nucléaire' califica ya el hecho como de 'un nuevo Chernobyl'.
La empresa operadora, Tokyo Elecytric Powe Co, señaló que hay cuatro heridos. Testigos dijeron que escucharon el ruido de una detonación, tras la cual ascendió al cielo una nube de humo. La causa del accidente no se conoce aún. La televisión japonsa NHK mostró imágenes en las que la cubierta del edificio que alberga al reactor nuclear se vino abajo.
Los técnicos muertos trabajaban en la liberación de presión de los reactores de la planta para evitar una fusión en los reactores después de que la situación se agravara por los fallos en el sistema de refrigeración.
Cerca de la central se detectó además cesio radioactivo, según la comisión de seguridad atómica citado por la agencia Kyodo, que señalaron la posibilidad de que tenga lugar una fusión nuclear en el reactor.
Horas antes, el primer ministro japonés, Naoto Kan, que se trasladó a la planta, ha afirmado este sábado que se han liberado "mínimas cantidades de radiación" de una planta nuclear de la central de Fukushima tras el terremoto de 8, 8 grados de magnitud en la escala abierta de Richter que sacudió este viernes la costa este de Japón, informó la agencia local Kyodo.
El Gobierno ha asegurado que la cantidad de radiación liberada es muy pequeña y la Agencia de Seguridad Nuclear ha dicho que no entraña un riesgo para la salud de los residentes, aunque a primera hora de este sábado se amplió el área de evacuación desde 3 a 10 kilómetros, y ahora autoridades del Gobierno anuncian que se aumentará hasta los 20 kilómetros.
Kan ha viajado a Fukushima para inspeccionar la planta, donde la radiación había subido a un nivel inusual, de acuerdo con la Agencia de Seguridad Nuclear de Japón, por lo que se ordenó la evacuación de 46.000 personas que residen en los alrededores, en un radio de 10 kilómetros. Un número de personas que se duplicará tras el anuncio del Gobierno de aumentar el radio de 20 kilómetros.
Los expertos abrieron de forma controlada las válvulas de algunas campanas que albergan los reactores a fin de liberar vapor de éstos y tratar de rebajar la presión en su interior, que había subido de forma alarmante.
La decisión de abrir las válvulas se tomó después de que la Agencia de Seguridad Nuclear de Japón alertara de una fuerte subida de la radiación en la planta número 1 de Fukushima, cuya entrada principal llegó a alcanzar una radiactividad ocho veces mayor de su nivel habitual.
Según el mismo organismo, en la sala de control de uno de los reactores la radiación se disparó hasta 1.000 veces por encima de su nivel habitual.
Según los especialistas, la carencia de refrigerante en el reactor puede tener en un periodo de 24 horas consecuencias severas, incluida la fusión del núcleo de barras de uranio de la central.
También se han detectado problemas a primera hora en otra planta colindante, la número 2, para rebajar la temperatura de tres de sus cuatro reactores nucleares, según el operador de las instalaciones, Tokyo Electric Power Corporation.
La radiación liberada por las plantas nucleares ha suscitado las críticas de grupos ecologistas como Greenpeace, que insistió en que "cualquier cantidad" de material radioactivo en la atmósfera supone un riesgo para las personas.
Para el grupo, el hecho de que la planta nuclear de Fukushima "tenga una fuga" o "se haya hecho que libere" gases contaminantes del reactor en la atmósfera "significa que toda la protección física que debía aislar la radioactividad ha fallado".
Ver, por ejemplo: http://es.euronews.net/2011/03/12/japon-fuerte-explosion-en-la-central-nuclear-de-fukushima-1/
Especulación carroñera
Víctimas del libre mercado
Guerra civil en Libia. Los especuladores del petróleo revolotean en círculos alrededor del mercado. Durante casi una semana, día tras día las cadenas de televisión han sacado en todos los titulares la historia de la subida de los precios del petroleo y han hablado de “amenaza a la economía” ¿Es esto verdad? La inflación subyacente, cuyos datos ofrece la Reserva Federal estadounidense, excluye los alimentos y la energía, sobre la base de que la variabilidad de los precios es moderada y que en cualquier caso (salvo en el caso de que los revolucionarios ganaran terreno en Arabia Saudí) los especuladores van y vienen apostando hasta sobre las pinturas de Miguel Ángel. El precio de la gasolina va de 3,14 dolares a 3,55 [por galón], y de repente nos ponemos todos de los nervios por la posibilidad de tener que acudir a la explotación de nuestras reservas nacionales.
Durante la semana anterior a que las televisiones se dedicaran a poner su atención en los precios del petroleo, el gobierno anunció que la tasa de desempleo cayó hasta el 8,9 %. La línea argumental que está surgiendo es que el aumento de los precios del combustible está poniendo en peligro la “recuperación” económica. Ése no es el motivo por el cual la recuperación se está viniendo abajo.
Un informe del Departamento de Energía del año 2008 señala que el petroleo sólo supone un 37% del consumo total de energía. Libia sólo produce el 2% del petróleo mundial. A mí el relato que me parece más clamoroso es que las políticas estadounidenses en los terrenos de la industria, las finanzas, la construcción y la vivienda, casi sin críticas por parte del cuarto poder, crearon una tormenta perfecta desde mediados de los noventa hasta mediados de la década del 2000, permitiendo el crecimiento de burbujas especulativas en el mercado de valores y en el sector inmobiliario con el fin de dar una apariencia de prosperidad económica mientras Wall Street y toda la Maquinaria de Crecimiento se dedicaban a saquear bancos hasta que todo el plan colapsó como el Hindenburg.
Nadie ha tenido que asumir responsabilidades por lo sucedido, y quizás sea eso lo que está intranquilizado más a los televidentes. Observar a aquellos pobres árabes tomar las armas contra sus millonarios dictadores armados hasta los dientes está calentando los ánimos del personal a nivel nacional de una manera que, de momento, está pasando desapercibida.
La obsesión estadounidense por el “derecho a llevar armas” es como el chocolate del loro si la comparamos con las imágenes de las noticias en las que aparecen subfusiles en las manos de desorganizados rebeldes libios que disparan al aire. Visto esto a lo mejor la Asociación Nacional del Rifle va a tener que presionar para conseguir el derecho de los ciudadanos a llevar misiles tierra-aire. Mientras que los titulares son los precios de la gasolina lo que aparece en un discreto segundo plano es como una nueva clase de vendedores de pócimas están haciendo su agosto en los Estados Unidos.
Durante el siglo XIX, en el momento en que Robber Barons consolidaba su poder político y económico en torno a los ferrocarriles, estos vendedores surgieron como hongos vendiendo medicinas para curar las lombrices intestinales que consistían meramente en botellas rellenas de alcohol puro. Sus prescripciones son del mismo tipo que las de nuestros nuevos vendedores de pócimas. Son los defensores de una supuesta “sociedad de propietarios” o los miembros y seguidores del Tea Party que cargan contra las “regulaciones medioambientales que hacen desaparecer puestos de trabajo” como si fueran las brujas de Eastwick.
Nadie ha ido a la carcel. No Angelo Mozilo de Countrywide, la gigantesca compañía de hipotecas que convirtió en su mayor virtud el conceder hipotecas a cualquiera que pudiera provocar vaho en un espejo. En Florida, en el condado de Miami-Dade y en la capital estatal Tallahassee, la Escuela Angelo Mozilo de Robo y Camuflaje ha tenido un amento en su número de alumnos. Las élites del partido repúblicano están muy ocupadas haciendo de "Harry Potters" legislativos dando forma a las políticas más radicales de consolidación de poder vistas desde la decada de los 80 del siglo XIX.
Los que contaminan están en el buen camino para eliminar las ya de por si pobres regulaciones medioambientales y de salud pública. Pero no nos enteramos de eso: en su lugar vemos como aporrean sus biblias, como lucen alfileres con la bandera de los Estados Unidos en sus solapas o como esculpen su pelo para parecerse a los bustos de mármol de la rotonda del Capitolio.
En el programa 60 Minutes el pasado domingo el principal reportaje trataba sobre el masivo incremento de estudiantes sin hogar en las escuelas públicas. ¡En uno de los condados de Florida el número de estudiantes sin hogar que van a las escuelas públicas está aumentando de 15 a 30 alumnos al día!
¿Nuestra respuesta? Quitarles fondos ¿¡No tienen ninguno!? ¡Pues quitarles más!
60 Minutes señalaba que muchos estadounidenses están abriendo sus hogares para dar cobijo a estas víctimas del libre mercado. Pero en su mayor parte, los medios de comunicación más importantes se mantienen lejos, lo más lejos posible, de estas historias sobre la nueva ola de insensibilidad en los Estados Unidos. Se centran en su lugar en los precios de la gasolina. La inestabilidad en Libia empuja la inestabilidad en Wisconsin y en aquellos Estados, en donde los cargos de la administración local se están mostrando incapaces de afrontar las cargas del endeudamiento, tema que cae fuera del las portadas y de los temas de actualidad, ¿pero hasta cuando? ¿Cuanto tiempo tendrá que pasar para que nuestros cristianos evangélicos respondan a estas preguntas? ¿En qué lugar de la Biblia se establece el dogma de tener gobiernos pequeños y limitados o dónde dice que hay que bajar los impuestos a los especuladores financieros?
Fuente: http://www.counterpunch.org/
viernes, 11 de marzo de 2011
El juicio de la madre naturaleza
El terremoto de Japón puede haber desplazado el eje de la Tierra
El devastador terremoto de magnitug 8,8 grados de magnitud que sacudió hoy Japón puede haber desplazado casi 10 centímetros el eje de rotación de la Tierra, según un estudio preliminar del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia (INGV).
El INGV, que desde 1999 ha estudiado los numerosos fenómenos sísmicos registrados en Italia, como el devastador terremoto de la región de Los Abruzos del 6 de abril de 2009, explica en una nota que el impacto del seísmo de Japón sobre el eje de la Tierra puede ser el segundo mayor del que se tiene constancia.
“El impacto de este suceso sobre el eje de rotación ha sido mucho mayor que el del gran terremoto de Sumatra de 2004 y probablemente es el segundo mayor, sólo por detrás del terremoto de Chile de 1960″, reza el comunicado.
Entre 200 y 300 personas han muerto en la provincia japonesa de Miyagi (este) a causa del tsunami provocado por el seísmo de Japón, que ha causado además, al menos, otros 89 víctimas y 349 desaparecidos en todo el territorio nipón.
Se teme que la cifra de muertos se eleve a medida que avanza el recuento, ya que hay edificios destruidos en varias zonas y en algunos lugares el tsunami hizo que las aguas se adentraran hasta cinco kilómetros en el interior.
El devastador terremoto de magnitug 8,8 grados de magnitud que sacudió hoy Japón puede haber desplazado casi 10 centímetros el eje de rotación de la Tierra, según un estudio preliminar del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia (INGV).
El INGV, que desde 1999 ha estudiado los numerosos fenómenos sísmicos registrados en Italia, como el devastador terremoto de la región de Los Abruzos del 6 de abril de 2009, explica en una nota que el impacto del seísmo de Japón sobre el eje de la Tierra puede ser el segundo mayor del que se tiene constancia.
“El impacto de este suceso sobre el eje de rotación ha sido mucho mayor que el del gran terremoto de Sumatra de 2004 y probablemente es el segundo mayor, sólo por detrás del terremoto de Chile de 1960″, reza el comunicado.
Entre 200 y 300 personas han muerto en la provincia japonesa de Miyagi (este) a causa del tsunami provocado por el seísmo de Japón, que ha causado además, al menos, otros 89 víctimas y 349 desaparecidos en todo el territorio nipón.
Se teme que la cifra de muertos se eleve a medida que avanza el recuento, ya que hay edificios destruidos en varias zonas y en algunos lugares el tsunami hizo que las aguas se adentraran hasta cinco kilómetros en el interior.
miércoles, 9 de marzo de 2011
El hambre de ganancias infla el precio de la comida
Un apresurado moscovita cruza la Plaza Roja ataviado con una apocalíptica mascarilla. Moscú está cercado por el fuego provocado por el verano más tórrido de la historia. La inclemencia meterológica no sólo deja imágenes inéditas. La mayor sequía en cien años azota el continente y se lleva por delante las cosechas de trigo del sur del país. El primer ministro, Vladimir Putin, impone una excepcional medida para contener los precios: no habrá exportaciones de trigo hasta 2011.
Al otro lado del mundo, un trader (intermediario) del mayor mercado de materias primas del mundo hace sus cálculos. Rusia es el tercer exportador del mundo de este cereal y Canadá, el segundo, tendrá una de sus peores cosechas en tres años. La oportunidad está servida en bandeja. En apenas dos días (4 y 5 de agosto), el trigo sube un 8,42% y los volúmenes que mueve chocan con los topes impuestos por la entidad reguladora para contener la especulación en un mercado tan delicado. En el último semestre de 2010, el alza acumulada llega al 44%. Y subiendo.
El efecto mariposa se extiende seis meses después al pequeño poblado tunecino de Sidi Bou Zid. El precio de la harina, y el de otros alimentos, se ha duplicado. Túnez, junto con Egipto e Irak, es uno de los principales importadores de trigo ruso. El joven Mohamed Bouazizi se quema a lo bonzo, angustiado porque le han quitado su negocio y no puede alimentar a su familia.
Como este ciclo, especialmente hiperbólico e intenso, se repiten cada año en el mundo secuencias de sucesos producidos por la alteración de los precios de los alimentos, inflados por la acción de los grandes inversores institucionales. El desenlace de estos capítulos es, en el mejor de los casos, una revuelta, porque en la mayoría de las ocasiones lo que se desencadena son hambrunas.
“La especulación financiera impacta en los precios”. Expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la FAO o el Banco Mundial concuerdan en este punto. Los expertos de estas organizaciones declinan hablar o prefieren no ser citados cuando se les pregunta por el rol de los fondos de alto riesgo (hedge funds), pero asumen que su papel es clave ya que amplifican los efectos de una mala cosecha o un inesperado repunte de la demanda.
Sin embargo, cuantificar en el precio el impacto de la especulación es casi imposible, según los expertos. El Instituto para la Agricultura y la Política Comercial de EEUU (IATP), recoge los datos de un estudio preparado por una consultora en el que se atribuye al efecto de la especulación hasta un 31% a la subida del precio del maíz en julio de 2008, la anterior burbuja de los precios de los alimentos.
“Hay tres tipos de actores en el mercado financiero. Están los intermediarios de derivados, los índices que siguen a materias primas y los hedge funds. Entre un 12% y un 16% de los actores que influyen en el precio de las materias primas no comercian realmente con ellas”, explica un antiguo intermediario del Chicago Board, el mayor mercado de materias primas del mundo. “El volumen de Chicago ha superado los 300.0000 millones de dólares y en tres años se ha triplicado. El 80% de los que participan en este mercado son bancos de inversión”, concreta este experto.
Entre todos los participantes, el más poderoso es el indestructible (por ser uno de los pocos supervivientes de la hecatombe financiera) banco de inversión Goldman Sachs, que en 2008 logró un tercio de sus ingresos netos (alrededor de 1.500 millones de dólares) gracias a su inversión en materias primas. Su índice Goldman Sachs Commodity Index pasó de tener una inversión de apenas 8.000 millones de dólares en el año 2000 a atesorar en la actualidad 100.000 millones de dólares que invierte contra la evolución de las materias primas (incluido el petróleo). Sólo en 2010, el índice se revalorizó un 50%, con una subida cercana al 10% en diciembre. En lo que va de año, el ascenso ya roza el 14%.
Estos miles de millones fluyendo hacia la inversión en materias primas provocan una alta inestabilidad en el precio de las materias primas. “Cuanto más volumen se negocia, mayor es la volatilidad”, explica el economista de la FAO Abdolreza Abbassian.
La especulación con los alimentos es tan vieja como la propia agricultura, pero su atractivo como instrumento de lucro se disparó en la década pasada al descubrirse como una oportunidad de inversión única. La rentabilidad está asegurada porque la demanda mundial, en línea con la subida de la población y el mayor poder adquisitivo de los países emergentes, garantiza su crecimiento de forma consistente. “No hay prácticamente otro producto en el que invertir en estos momentos cuya demanda real sea tan clara, es decir, que tenga tan buenos fundamentales”, apunta Francisco López Ollés, experto en materias primas y divisas. “Al final, todo esto es resultado de las operaciones de los bancos centrales para que haya más liquidez en los mercados (el conocido como quantitative easing). El dinero tiene que buscar rentabilidad en algún lado”, concluye.
El director del sector financiero del IE Business School, Manuel Romera, recuerda que “de cada diez operaciones, nueve son especulativas”. Sin embargo, Romera apunta a que “el derivado el producto financiero suele ser arrastrado por el subyacente el producto agrícola real”. Para especular en el mercado de las materias primas no hace falta tener ni un gramo real del producto que se comercializa.
El mercado padece de los mismos defectos regulatorios que el resto de la negociación de productos financieros derivados. Las operaciones Over the Counter (sobre el mostrador) se realizan sin apunte electrónico, por lo que no se sabe quién vende o quién compra en el mercado. El control de estas operaciones es una de las principales demandas de los expertos internacionales.
Además, hay un desajuste regulatorio entre EEUU y Europa que en tiempo de un mercado global no tiene sentido. Así, en Estados Unidos, que tiene su propia Comisión para regular el mercado de las materias primas, se han puesto límites a los volúmenes y a la banda de fluctuación de los precios sobre los alimentos, para que no se pueda alterar el precio real de la mercancía. En Europa, no existen esas barreras en determinadas materias, como el azúcar, el café y el cacao. La FAO ha detectado que para aprovecharse de ello, se envían cargamentos enteros de este producto desde Nueva York, hasta Ámsterdam, Amberes o Hamburgo, para que se pueda negociar allí con ellos sin límite.
Aunque la supervisión para un mayor control está en marcha (Londres, otro de los mayores mercados del mundo, ha prometido tenerla preparada para 2012), el lobby de los bancos de inversión y de los grandes intermediarios agrícolas está presionando para retrasar, y aligerar, la posible puesta en marcha de estas nuevas normativas.
“El rol de los hedge funds es muy controvertido. Es uno de los grandes factores, pero no el único. Tanto la oferta como la demanda están muy ajustadas y eso tensa el mercado”, contemporizan desde la OCDE, recordando que hay otras muchas cuestiones que engordan el precio de los alimentos. “En mi opinión, los fondos de inversión terminan siguiendo la tendencia más que creándola. La amplifican”, sentencian las mismas fuentes de la organización.
Belén Carreño / Público
Al otro lado del mundo, un trader (intermediario) del mayor mercado de materias primas del mundo hace sus cálculos. Rusia es el tercer exportador del mundo de este cereal y Canadá, el segundo, tendrá una de sus peores cosechas en tres años. La oportunidad está servida en bandeja. En apenas dos días (4 y 5 de agosto), el trigo sube un 8,42% y los volúmenes que mueve chocan con los topes impuestos por la entidad reguladora para contener la especulación en un mercado tan delicado. En el último semestre de 2010, el alza acumulada llega al 44%. Y subiendo.
El efecto mariposa se extiende seis meses después al pequeño poblado tunecino de Sidi Bou Zid. El precio de la harina, y el de otros alimentos, se ha duplicado. Túnez, junto con Egipto e Irak, es uno de los principales importadores de trigo ruso. El joven Mohamed Bouazizi se quema a lo bonzo, angustiado porque le han quitado su negocio y no puede alimentar a su familia.
Como este ciclo, especialmente hiperbólico e intenso, se repiten cada año en el mundo secuencias de sucesos producidos por la alteración de los precios de los alimentos, inflados por la acción de los grandes inversores institucionales. El desenlace de estos capítulos es, en el mejor de los casos, una revuelta, porque en la mayoría de las ocasiones lo que se desencadena son hambrunas.
“La especulación financiera impacta en los precios”. Expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la FAO o el Banco Mundial concuerdan en este punto. Los expertos de estas organizaciones declinan hablar o prefieren no ser citados cuando se les pregunta por el rol de los fondos de alto riesgo (hedge funds), pero asumen que su papel es clave ya que amplifican los efectos de una mala cosecha o un inesperado repunte de la demanda.
Sin embargo, cuantificar en el precio el impacto de la especulación es casi imposible, según los expertos. El Instituto para la Agricultura y la Política Comercial de EEUU (IATP), recoge los datos de un estudio preparado por una consultora en el que se atribuye al efecto de la especulación hasta un 31% a la subida del precio del maíz en julio de 2008, la anterior burbuja de los precios de los alimentos.
Actores
El que lo tiene muy claro es el gurú financiero George Soros, que fue llamado a testificar ante una Comisión del Senado estadounidense en 2008 para explicar el papel de la especulación en la subida de los precios de materias primas. De “inestabilizador” y “dañino” tildó el magnate la entrada masiva de especuladores en las materias primas, pese a lo cual, siguen siendo sus inversiones favoritas (sobre todo oro y crudo) a día de hoy.“Hay tres tipos de actores en el mercado financiero. Están los intermediarios de derivados, los índices que siguen a materias primas y los hedge funds. Entre un 12% y un 16% de los actores que influyen en el precio de las materias primas no comercian realmente con ellas”, explica un antiguo intermediario del Chicago Board, el mayor mercado de materias primas del mundo. “El volumen de Chicago ha superado los 300.0000 millones de dólares y en tres años se ha triplicado. El 80% de los que participan en este mercado son bancos de inversión”, concreta este experto.
Entre todos los participantes, el más poderoso es el indestructible (por ser uno de los pocos supervivientes de la hecatombe financiera) banco de inversión Goldman Sachs, que en 2008 logró un tercio de sus ingresos netos (alrededor de 1.500 millones de dólares) gracias a su inversión en materias primas. Su índice Goldman Sachs Commodity Index pasó de tener una inversión de apenas 8.000 millones de dólares en el año 2000 a atesorar en la actualidad 100.000 millones de dólares que invierte contra la evolución de las materias primas (incluido el petróleo). Sólo en 2010, el índice se revalorizó un 50%, con una subida cercana al 10% en diciembre. En lo que va de año, el ascenso ya roza el 14%.
Estos miles de millones fluyendo hacia la inversión en materias primas provocan una alta inestabilidad en el precio de las materias primas. “Cuanto más volumen se negocia, mayor es la volatilidad”, explica el economista de la FAO Abdolreza Abbassian.
La especulación con los alimentos es tan vieja como la propia agricultura, pero su atractivo como instrumento de lucro se disparó en la década pasada al descubrirse como una oportunidad de inversión única. La rentabilidad está asegurada porque la demanda mundial, en línea con la subida de la población y el mayor poder adquisitivo de los países emergentes, garantiza su crecimiento de forma consistente. “No hay prácticamente otro producto en el que invertir en estos momentos cuya demanda real sea tan clara, es decir, que tenga tan buenos fundamentales”, apunta Francisco López Ollés, experto en materias primas y divisas. “Al final, todo esto es resultado de las operaciones de los bancos centrales para que haya más liquidez en los mercados (el conocido como quantitative easing). El dinero tiene que buscar rentabilidad en algún lado”, concluye.
El director del sector financiero del IE Business School, Manuel Romera, recuerda que “de cada diez operaciones, nueve son especulativas”. Sin embargo, Romera apunta a que “el derivado el producto financiero suele ser arrastrado por el subyacente el producto agrícola real”. Para especular en el mercado de las materias primas no hace falta tener ni un gramo real del producto que se comercializa.
El mercado padece de los mismos defectos regulatorios que el resto de la negociación de productos financieros derivados. Las operaciones Over the Counter (sobre el mostrador) se realizan sin apunte electrónico, por lo que no se sabe quién vende o quién compra en el mercado. El control de estas operaciones es una de las principales demandas de los expertos internacionales.
Además, hay un desajuste regulatorio entre EEUU y Europa que en tiempo de un mercado global no tiene sentido. Así, en Estados Unidos, que tiene su propia Comisión para regular el mercado de las materias primas, se han puesto límites a los volúmenes y a la banda de fluctuación de los precios sobre los alimentos, para que no se pueda alterar el precio real de la mercancía. En Europa, no existen esas barreras en determinadas materias, como el azúcar, el café y el cacao. La FAO ha detectado que para aprovecharse de ello, se envían cargamentos enteros de este producto desde Nueva York, hasta Ámsterdam, Amberes o Hamburgo, para que se pueda negociar allí con ellos sin límite.
Aunque la supervisión para un mayor control está en marcha (Londres, otro de los mayores mercados del mundo, ha prometido tenerla preparada para 2012), el lobby de los bancos de inversión y de los grandes intermediarios agrícolas está presionando para retrasar, y aligerar, la posible puesta en marcha de estas nuevas normativas.
“El rol de los hedge funds es muy controvertido. Es uno de los grandes factores, pero no el único. Tanto la oferta como la demanda están muy ajustadas y eso tensa el mercado”, contemporizan desde la OCDE, recordando que hay otras muchas cuestiones que engordan el precio de los alimentos. “En mi opinión, los fondos de inversión terminan siguiendo la tendencia más que creándola. La amplifican”, sentencian las mismas fuentes de la organización.
Un solo fondo de inversión compró el 7% de la producción mundial en un día
Un sólo ‘hedge fund’ tiene agarrado por el cuello desde hace meses a todos los productores de chocolate del mundo. El fondo Armajaro, pilotado por un conocido ejecutivo británico, Anthony Ward, apodado como ‘Chocfinger’ (dedo de chocolate), compró el pasado julio hasta 240.000 toneladas de cacao, el equivalente al 7% de la producción mundial, en una sola operación. La compra, que se hizo en el mercado Euronext, donde no hay límites sobre este tipo de materia, disparó el precio del cacao hasta sus máximos desde 1977. Las miles de toneladas de cacao siguen acumuladas, según confirmaron fuentes conocedoras de la operación a este periódico, en los almacenes de Hamburgo, Amberes y Ámsterdan. Ward ha apostado por el cacao, ya que uno de sus principales productores, Costa de Marfil, está virtualmente en guerra civil, con lo que escaseará el producto en breve. Según el diario británico ‘The Daily Telegraph’, George Soros invierte en este fondo de inversión.Belén Carreño / Público
EEUU mantiene unos 19 000 contratistas dedicados a la seguridad en Afganistán
Un nuevo informe del Servicio de Investigación del Congreso indica que el número de empleados de seguridad contratados a empresas privadas, que se encuentran trabajando para las Fuerzas Armadas estadounidenses en Afganistán, llegó a un nuevo récord de casi 19 000.
La cifra oficial, 18 919 contratistas destinados a la seguridad, es más del triple del personal que se encontraba en Afganistán en junio de 2009 y el número más alto de esta categoría de contratistas utilizado por EEUU en cualquier conflicto, añadió el informe.
El presidente afgano, Hamid Karzai, ha estado tratando de disolver los contratistas de seguridad, a quienes ha acusado de saquear y robar, tener vínculos con grupos delictivos e incluso financiar a los insurgentes.
Alrededor del 95 por ciento de los empleados de empresas privadas para la seguridad en Afganistán eran de nacionalidad afgana, con un uno por ciento de estadounidenses y otros cuatro por ciento de otros países, dijo el informe.
“De 2006 a 2009, los contratistas privados de seguridad que escoltan convoyes de suministros a las bases de la coalición han sido culpados por la muerte de más de 30 civiles inocentes solo en el distrito de Maywand”, dijo el informe.
“Y en mayo de 2010, EE.UU. y funcionarios afganos, habría declarado que los contratistas locales de seguridad que acompañan los convoyes de suministro de la OTAN en Kandahar” regularmente abren fuego contra los pueblos por los que pasan, añadió.
La investigación del gobierno de EEUU también ha encontrado que parte del dinero de EEUU. para los contratos en Afganistán se ha utilizado para pagar a los talibanes a cambio de seguridad, según el informe.
Además del Departamento de Defensa, otras agencias de EEUU emplean las empresas privadas de seguridad, incluido el Departamento de Estado.
La cifra oficial, 18 919 contratistas destinados a la seguridad, es más del triple del personal que se encontraba en Afganistán en junio de 2009 y el número más alto de esta categoría de contratistas utilizado por EEUU en cualquier conflicto, añadió el informe.
El presidente afgano, Hamid Karzai, ha estado tratando de disolver los contratistas de seguridad, a quienes ha acusado de saquear y robar, tener vínculos con grupos delictivos e incluso financiar a los insurgentes.
Alrededor del 95 por ciento de los empleados de empresas privadas para la seguridad en Afganistán eran de nacionalidad afgana, con un uno por ciento de estadounidenses y otros cuatro por ciento de otros países, dijo el informe.
“De 2006 a 2009, los contratistas privados de seguridad que escoltan convoyes de suministros a las bases de la coalición han sido culpados por la muerte de más de 30 civiles inocentes solo en el distrito de Maywand”, dijo el informe.
“Y en mayo de 2010, EE.UU. y funcionarios afganos, habría declarado que los contratistas locales de seguridad que acompañan los convoyes de suministro de la OTAN en Kandahar” regularmente abren fuego contra los pueblos por los que pasan, añadió.
La investigación del gobierno de EEUU también ha encontrado que parte del dinero de EEUU. para los contratos en Afganistán se ha utilizado para pagar a los talibanes a cambio de seguridad, según el informe.
Además del Departamento de Defensa, otras agencias de EEUU emplean las empresas privadas de seguridad, incluido el Departamento de Estado.
"Las compañías multinacionales se están apropiando de los recursos naturales, de la tierra, del agua, las semillas"
La lucha por la tenencia de la tierra es un fenómeno que se da en toda América latina. También es compartido el proceso de extranjerización de un recurso vital no sólo para la vida campesina sino para todas las poblaciones. Acelera, además, la concentración de la actividad agrícola en pocas manos. En Argentina hay aproximadamente 17 millones de hectáreas en manos de firmas extranjeras, mientras que casi 500.000 familias campesinas tienen problemas legales para acceder a la posesión de sus tierras. En Brasil, son cuatro millones de familias en esa condición. Para analizar esa problemática, Cash reunió a la dirigente del Movimiento Sin Tierra de Brasil, Etelvina Macioli, a un integrante de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), el ecuatoriano Luis Andrango, y el representante del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina, Diego Montón. La soberanía alimentaria, una reforma agraria y un nuevo modelo de agricultura son los ejes comunes que atraviesan a esos movimientos sociales vinculados con el pequeño productor familiar y comunitario. También analizaron el modelo brasileño para la distribución de tierras, esquema que podría ser adoptado por la Argentina en un proyecto de ley para regular su propiedad, anunciado esta semana por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
¿Cuál es el escenario político económico que enfrentan hoy los movimientos campesinos de la región?Etelvina Macioli: –A partir de la construcción social de la lucha campesina, podemos decir que las problemáticas que nos aquejan no están circunscriptas al campo sino que involucran a toda la humanidad. Los movimientos campesinos de toda América latina abogamos por alcanzar la soberanía alimentaria y una reforma agraria integral. También ponemos en discusión la crisis profunda del capitalismo. Durante la última conferencia internacional de la Vía Campesina, que se realizó en Mozambique en 2008, identificamos que las empresas transnacionales eran los enemigos comunes de los pueblos y las principales responsables de la ofensiva contra los intereses de los campesinos, a partir del modelo de agricultura imperante. Cuando los campesinos hablamos de soberanía alimentaria queremos hacer hincapié en que el modelo agropecuario debe estar vinculado a un proyecto político que determine un nuevo modelo de organización social alrededor del campo.
¿Qué significa?E. M.: –Queremos que los pueblos puedan definir formas autónomas de producción para garantizar los derechos básicos de los campesinos, por ejemplo el acceso a los alimentos y la tierra. En este contexto, creemos que es necesario articular nuestra lucha con otros sectores, aplicar una estrategia de alianzas entre los sectores del campo y la ciudad para enfrentar la ofensiva de las multinacionales.
¿De qué manera este enemigo común que ustedes definen como las empresas transnacionales afecta sus intereses?Luis Andrango: –Desde hace muchos años denunciamos que la producción de alimentos está cada vez más concentrada en pocas manos, como consecuencia de este proceso de globalización de la agricultura. Por otro lado, sabemos que las compañías multinacionales se están apropiando de los recursos naturales, de la tierra, del agua, las semillas. Lamentablemente, la tendencia internacional es despojar a los campesinos de estos elementos cruciales para la vida diaria. Más allá de este contexto, sabemos que en la región hubo un cambio de paradigma a partir del surgimiento de gobiernos de centroizquierda, que incorporaron las tesis de los movimientos sociales. Sin embargo, todavía falta que este cambio se traduzca en políticas estructurales.
E. M.: –Primero hay que decir que cualquier avance en la región sobre estas temáticas se consiguió a partir de los reclamos de los movimientos organizados, donde también se logró poner fin, al menos por el momento, a los gobiernos conservadores que se turnaban en el poder. Este fue el resultado del encuentro entre las clases populares. Pero todavía hay intereses en disputa.
¿Cuáles?E. M.: –Nuestra región vio crecer los agronegocios a partir del financiamiento público a determinadas actividades. El actual modelo de la agricultura está orientado hacia la exportación y eso fue posible porque los Estados apostaron a este modelo. Estas son las contradicciones que existen entre la orientación política de muchos de los gobiernos de la región, de centroizquierda, con sus políticas concretas. Es un debate que hay que dar. Por eso debemos ser propositivos, ahí es donde juega un rol preponderante nuestra propuesta de crear un nuevo modelo de agricultura. Nosotros queremos producir alimentos para generar una buena calidad de vida. Es vergonzoso que en un país como Brasil, con sus dimensiones de tierra y recursos, exista una gran cantidad de personas que mueran de hambre. Para solucionarlo, hay que tener una política agrícola clara.
¿No hubo cambios concretos en Brasil y Ecuador? Por ejemplo, el gobierno de Lula da Silva sancionó una ley para impulsar la agricultura familiar.E. M.: –En Brasil no hubo una reforma agraria, sino que fueron sancionadas una serie de políticas positivas. Se avanzó en la distribución de tierras, gracias a la presión de los movimientos campesinos. En el área de educación, se crearon alianzas con diversas universidades para formar a los trabajadores del campo. También se impulsó una política pública de compra directa de alimentos a través de un organismo público. Son políticas que aplaudimos y que favorecen la agricultura familiar. También fue sancionada una ley que fija que el 30 por ciento de la merienda escolar debe ser comprada directamente a los agricultores familiares. Ahora la discusión tiene que ver con las definiciones: no queremos meriendas, sino alimentos producidos de manera orgánica, que complementen el proceso de desarrollo de nuestros niños.
¿Cómo es la política de distribución de tierras?E. M.: –La política de desapropiación de tierras ha sido uno de los embates más duros de los últimos años. En el Estado todavía hay un gran andamiaje conservador, que muchas veces impide que se cumpla la Constitución Federal, que obliga a la desapropiación de las tierras si éstas no cumplen la función social que les asigna la propia Carta Magna. Muchas veces queda demostrado que no se cumple ese rol social, y sin embargo el Estado no hace nada. Acá está en juego la correlación de fuerzas entre los intereses de la clase trabajadora y los sectores más conservadores. Hay una lucha permanente.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para regular la propiedad de la tierra, tomando como base el modelo brasileño. ¿Cómo debería ser una iniciativa de estas características?Diego Montón: –Hay que tener en cuenta que cuando se habla de extranjerización, no es sólo un tema de quién tiene la propiedad de la tierra sino para qué se la usa. La rentabilidad de la soja es tan alta que el modelo agrícola apuesta al arrendamiento. En este sentido, puede ocurrir que haya muchas extensiones de tierras en poder de productores locales pero que al arrendarlas favorecen un modelo de extranjerización de la agricultura. La tierra tiene que estar puesta a disposición de un proyecto nacional. En este sentido, una herramienta válida podría ser una ley que limite la compra por parte de extranjeros, aunque no debe ser el único instrumento.
E. M.: –En Brasil se ha dado una lucha histórica para que exista una ley integral que limite la cantidad de hectáreas que puedan ser adquiridas por una persona o empresa. Hoy un latifundista puede tener millones de hectáreas. El último Censo nacional reveló la altísima concentración de la tierra, sobre todo en manos de extranjeros. Además hay diversas denuncias sobre la ocupación de tierras en zonas de fronteras, como Syngenta, que tiene campos en zonas con reservas legales. La tierra, en cualquiera de sus dimensiones, debería tener una función social, como lo establece nuestra constitución.
D. M.: –Quizás una clave de la política brasileña tiene que ver con ese artículo de la Constitución que define a la tierra como de uso social, algo que les da a los movimientos campesinos un mayor margen de acción para luchar por su posesión. En la Constitución nacional de 1949 estaba incluido este tema, pero ahora la tierra está a merced de las grandes empresas.
¿Cómo es el contexto ecuatoriano? ¿Hubo cambios durante el gobierno de Rafael Correa?L. A.: –Todavía falta dar un salto hacia la agricultura de la alimentación. Hoy el modelo agrario de Ecuador está enfocado a la exportación, como ocurre en el resto de los países de la región. Todavía se hace mucho hincapié en las actividades extractivas, donde se replica la misma lógica que venimos combatiendo desde hace muchos años, por más que haya cambiado el signo político del Gobierno. Los recursos naturales son utilizados como materias primas y no como ejes del desarrollo de nuestro pueblo. Como hecho positivo hay que destacar que la soberanía alimentaria quedó definida en la Constitución.
En la Argentina, todo lo relacionado con el campo está tenido por la puja entre el Gobierno y la Mesa de Enlace. ¿Cuál es la visión del Movimiento Nacional Campesino Indígena?D. M.: –El país donde más se profundizó el modelo agroexportador fue Argentina, impulsado por la alianza estratégica entre los integrantes de la llamada Mesa de Enlace y las empresas transnacionales. El avance de los agronegocios fue muy rápido y los efectos pueden verse cotidianamente, incluso en lo que sale publicado en los medios de comunicación, donde la tierra es puesta a disposición de un modelo pensado en otros países. Esto afecta nuestra alimentación, donde se da el fenómeno de la concentración de toda la cadena industrial.
¿Cómo se refleja ese proceso?
D. M.: –Por ejemplo, Cargill tiene el 60 por ciento de la industria de los frigoríficos. Otro tema relacionado con los agronegocios tiene que ver con el trabajo esclavo, ampliamente denunciado en los últimos meses. Los empresarios quieren aumentar constantemente su rentabilidad para poder participar de la rueda financiera que hoy representa el modelo agropecuario. Y una de las formas de lograr esa rentabilidad es a través de la explotación de los trabajadores. En cuanto a las políticas del Gobierno, hay que decir que se logró recuperar al Estado como un actor clave en la definición de las políticas públicas. Sin embargo, en el modelo agropecuario es muy poco lo que se ha hecho. Todo el andamiaje de subsidios apunta a los actores concentrados de la industria. En este sentido, entendemos que una tarea urgente es el redireccionamiento de esos recursos hacia los agricultores familiares.
¿Cuáles deberían ser los ejes centrales de una reforma agraria a nivel regional?
L. A.: –Un proceso de reforma agraria debe orientarse hacia la construcción de la soberanía alimentaria y para ello es necesario orientar cuál debe ser la función de la tierra. Un segundo capítulo debería definir con claridad la función social y ambiental de la misma. Hay que combatir la lógica perversa que dice que por estar sembrada con cualquier cosa, una tierra ya cumple su función social. Esto no es así. Hay que definir exactamente qué es la función social. Un tercer elemento clave tiene que ver con los regímenes de propiedad. Ya no existen los grandes terratenientes. El 70 por ciento del territorio donde viven los campesinos indígenas ecuatorianos no tienen reconocimiento legal. Hay que normalizar esta situación. El otro tema es el Fondo Nacional de Tierras, instrumento que no debe convertirse en un banco para la compraventa de campos sino que debe financiar la alimentación soberana del pueblo. Estos son los temas que se discuten en Ecuador y que podrían ser comunes a una reforma agraria a nivel regional.
D. M.: –También debería incluir una fuerte política de educación, es decir, trasladar la estructura educativa al campo y no al revés. A su vez, plantear la existencia de mercados locales para que los agricultores puedan comercializar de manera directa su producción.
E. M.: –Hablar de una reforma agraria es hablar de un conjunto de políticas, que van desde la infraestructura básica para el desarrollo de los campesinos, herramientas de capacitación, salud y asistencia financiera. No es una sola ley, sino un conjunto de políticas de Estado.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-5013-2011-03-08.html
¿Cuál es el escenario político económico que enfrentan hoy los movimientos campesinos de la región?Etelvina Macioli: –A partir de la construcción social de la lucha campesina, podemos decir que las problemáticas que nos aquejan no están circunscriptas al campo sino que involucran a toda la humanidad. Los movimientos campesinos de toda América latina abogamos por alcanzar la soberanía alimentaria y una reforma agraria integral. También ponemos en discusión la crisis profunda del capitalismo. Durante la última conferencia internacional de la Vía Campesina, que se realizó en Mozambique en 2008, identificamos que las empresas transnacionales eran los enemigos comunes de los pueblos y las principales responsables de la ofensiva contra los intereses de los campesinos, a partir del modelo de agricultura imperante. Cuando los campesinos hablamos de soberanía alimentaria queremos hacer hincapié en que el modelo agropecuario debe estar vinculado a un proyecto político que determine un nuevo modelo de organización social alrededor del campo.
¿Qué significa?E. M.: –Queremos que los pueblos puedan definir formas autónomas de producción para garantizar los derechos básicos de los campesinos, por ejemplo el acceso a los alimentos y la tierra. En este contexto, creemos que es necesario articular nuestra lucha con otros sectores, aplicar una estrategia de alianzas entre los sectores del campo y la ciudad para enfrentar la ofensiva de las multinacionales.
¿De qué manera este enemigo común que ustedes definen como las empresas transnacionales afecta sus intereses?Luis Andrango: –Desde hace muchos años denunciamos que la producción de alimentos está cada vez más concentrada en pocas manos, como consecuencia de este proceso de globalización de la agricultura. Por otro lado, sabemos que las compañías multinacionales se están apropiando de los recursos naturales, de la tierra, del agua, las semillas. Lamentablemente, la tendencia internacional es despojar a los campesinos de estos elementos cruciales para la vida diaria. Más allá de este contexto, sabemos que en la región hubo un cambio de paradigma a partir del surgimiento de gobiernos de centroizquierda, que incorporaron las tesis de los movimientos sociales. Sin embargo, todavía falta que este cambio se traduzca en políticas estructurales.
E. M.: –Primero hay que decir que cualquier avance en la región sobre estas temáticas se consiguió a partir de los reclamos de los movimientos organizados, donde también se logró poner fin, al menos por el momento, a los gobiernos conservadores que se turnaban en el poder. Este fue el resultado del encuentro entre las clases populares. Pero todavía hay intereses en disputa.
¿Cuáles?E. M.: –Nuestra región vio crecer los agronegocios a partir del financiamiento público a determinadas actividades. El actual modelo de la agricultura está orientado hacia la exportación y eso fue posible porque los Estados apostaron a este modelo. Estas son las contradicciones que existen entre la orientación política de muchos de los gobiernos de la región, de centroizquierda, con sus políticas concretas. Es un debate que hay que dar. Por eso debemos ser propositivos, ahí es donde juega un rol preponderante nuestra propuesta de crear un nuevo modelo de agricultura. Nosotros queremos producir alimentos para generar una buena calidad de vida. Es vergonzoso que en un país como Brasil, con sus dimensiones de tierra y recursos, exista una gran cantidad de personas que mueran de hambre. Para solucionarlo, hay que tener una política agrícola clara.
¿No hubo cambios concretos en Brasil y Ecuador? Por ejemplo, el gobierno de Lula da Silva sancionó una ley para impulsar la agricultura familiar.E. M.: –En Brasil no hubo una reforma agraria, sino que fueron sancionadas una serie de políticas positivas. Se avanzó en la distribución de tierras, gracias a la presión de los movimientos campesinos. En el área de educación, se crearon alianzas con diversas universidades para formar a los trabajadores del campo. También se impulsó una política pública de compra directa de alimentos a través de un organismo público. Son políticas que aplaudimos y que favorecen la agricultura familiar. También fue sancionada una ley que fija que el 30 por ciento de la merienda escolar debe ser comprada directamente a los agricultores familiares. Ahora la discusión tiene que ver con las definiciones: no queremos meriendas, sino alimentos producidos de manera orgánica, que complementen el proceso de desarrollo de nuestros niños.
¿Cómo es la política de distribución de tierras?E. M.: –La política de desapropiación de tierras ha sido uno de los embates más duros de los últimos años. En el Estado todavía hay un gran andamiaje conservador, que muchas veces impide que se cumpla la Constitución Federal, que obliga a la desapropiación de las tierras si éstas no cumplen la función social que les asigna la propia Carta Magna. Muchas veces queda demostrado que no se cumple ese rol social, y sin embargo el Estado no hace nada. Acá está en juego la correlación de fuerzas entre los intereses de la clase trabajadora y los sectores más conservadores. Hay una lucha permanente.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para regular la propiedad de la tierra, tomando como base el modelo brasileño. ¿Cómo debería ser una iniciativa de estas características?Diego Montón: –Hay que tener en cuenta que cuando se habla de extranjerización, no es sólo un tema de quién tiene la propiedad de la tierra sino para qué se la usa. La rentabilidad de la soja es tan alta que el modelo agrícola apuesta al arrendamiento. En este sentido, puede ocurrir que haya muchas extensiones de tierras en poder de productores locales pero que al arrendarlas favorecen un modelo de extranjerización de la agricultura. La tierra tiene que estar puesta a disposición de un proyecto nacional. En este sentido, una herramienta válida podría ser una ley que limite la compra por parte de extranjeros, aunque no debe ser el único instrumento.
E. M.: –En Brasil se ha dado una lucha histórica para que exista una ley integral que limite la cantidad de hectáreas que puedan ser adquiridas por una persona o empresa. Hoy un latifundista puede tener millones de hectáreas. El último Censo nacional reveló la altísima concentración de la tierra, sobre todo en manos de extranjeros. Además hay diversas denuncias sobre la ocupación de tierras en zonas de fronteras, como Syngenta, que tiene campos en zonas con reservas legales. La tierra, en cualquiera de sus dimensiones, debería tener una función social, como lo establece nuestra constitución.
D. M.: –Quizás una clave de la política brasileña tiene que ver con ese artículo de la Constitución que define a la tierra como de uso social, algo que les da a los movimientos campesinos un mayor margen de acción para luchar por su posesión. En la Constitución nacional de 1949 estaba incluido este tema, pero ahora la tierra está a merced de las grandes empresas.
¿Cómo es el contexto ecuatoriano? ¿Hubo cambios durante el gobierno de Rafael Correa?L. A.: –Todavía falta dar un salto hacia la agricultura de la alimentación. Hoy el modelo agrario de Ecuador está enfocado a la exportación, como ocurre en el resto de los países de la región. Todavía se hace mucho hincapié en las actividades extractivas, donde se replica la misma lógica que venimos combatiendo desde hace muchos años, por más que haya cambiado el signo político del Gobierno. Los recursos naturales son utilizados como materias primas y no como ejes del desarrollo de nuestro pueblo. Como hecho positivo hay que destacar que la soberanía alimentaria quedó definida en la Constitución.
En la Argentina, todo lo relacionado con el campo está tenido por la puja entre el Gobierno y la Mesa de Enlace. ¿Cuál es la visión del Movimiento Nacional Campesino Indígena?D. M.: –El país donde más se profundizó el modelo agroexportador fue Argentina, impulsado por la alianza estratégica entre los integrantes de la llamada Mesa de Enlace y las empresas transnacionales. El avance de los agronegocios fue muy rápido y los efectos pueden verse cotidianamente, incluso en lo que sale publicado en los medios de comunicación, donde la tierra es puesta a disposición de un modelo pensado en otros países. Esto afecta nuestra alimentación, donde se da el fenómeno de la concentración de toda la cadena industrial.
¿Cómo se refleja ese proceso?
D. M.: –Por ejemplo, Cargill tiene el 60 por ciento de la industria de los frigoríficos. Otro tema relacionado con los agronegocios tiene que ver con el trabajo esclavo, ampliamente denunciado en los últimos meses. Los empresarios quieren aumentar constantemente su rentabilidad para poder participar de la rueda financiera que hoy representa el modelo agropecuario. Y una de las formas de lograr esa rentabilidad es a través de la explotación de los trabajadores. En cuanto a las políticas del Gobierno, hay que decir que se logró recuperar al Estado como un actor clave en la definición de las políticas públicas. Sin embargo, en el modelo agropecuario es muy poco lo que se ha hecho. Todo el andamiaje de subsidios apunta a los actores concentrados de la industria. En este sentido, entendemos que una tarea urgente es el redireccionamiento de esos recursos hacia los agricultores familiares.
¿Cuáles deberían ser los ejes centrales de una reforma agraria a nivel regional?
L. A.: –Un proceso de reforma agraria debe orientarse hacia la construcción de la soberanía alimentaria y para ello es necesario orientar cuál debe ser la función de la tierra. Un segundo capítulo debería definir con claridad la función social y ambiental de la misma. Hay que combatir la lógica perversa que dice que por estar sembrada con cualquier cosa, una tierra ya cumple su función social. Esto no es así. Hay que definir exactamente qué es la función social. Un tercer elemento clave tiene que ver con los regímenes de propiedad. Ya no existen los grandes terratenientes. El 70 por ciento del territorio donde viven los campesinos indígenas ecuatorianos no tienen reconocimiento legal. Hay que normalizar esta situación. El otro tema es el Fondo Nacional de Tierras, instrumento que no debe convertirse en un banco para la compraventa de campos sino que debe financiar la alimentación soberana del pueblo. Estos son los temas que se discuten en Ecuador y que podrían ser comunes a una reforma agraria a nivel regional.
D. M.: –También debería incluir una fuerte política de educación, es decir, trasladar la estructura educativa al campo y no al revés. A su vez, plantear la existencia de mercados locales para que los agricultores puedan comercializar de manera directa su producción.
E. M.: –Hablar de una reforma agraria es hablar de un conjunto de políticas, que van desde la infraestructura básica para el desarrollo de los campesinos, herramientas de capacitación, salud y asistencia financiera. No es una sola ley, sino un conjunto de políticas de Estado.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-5013-2011-03-08.html
Somos vendedores de materias primas
De acuerdo a un reporte de la Sunat correspondiente a enero 2011, del total de las exportaciones que sumaron US$ 2,854 millones, el 75% (US$ 2,151 millones) corresponde a envíos de commodities, es decir productos sin valor agregado.
Si bien las exportaciones totales en enero del presente año –según reporte de la Sunat- ascendió a US$ 2,854 millones, lo que representa un avance de 17% respecto a similar mes del 2010, dicho crecimiento ha sido impulsado por los envíos tradicionales que sumaron US$ 2,151 millones. Es decir, el 75% de las exportaciones fueron commodities (exportación de materias primas) y apenas US$ 683 millones fueron exportaciones no tradicionales (venta de productos con valor agregado)
De los US$ 2,151 millones que alcanzó las exportaciones tradicionales, los envíos de minerales ascendieron a US$ 1,682 millones, monto superior en US$ 169 millones en relación al monto de similar mes del año anterior.
Los metales menores fueron productos que registraron mayor tasa de crecimiento (152.1%), seguido del hierro (150.4%), plata (83.4%), plomo (48.2%) y cobre (18.8%); por el contrario, disminuyeron las ventas de zinc (-8.1%) y oro (-4.7%).
Según sector económico dentro de los envíos tradicionales, destacó la expansión de las ventas al exterior de productos agrícolas que sumaron US$ 49 millones (un crecimiento de 129.2 por ciento), los envíos de petróleo y Gas Natural alcanzaron US$ 342 millones (44.7 por ciento) y los minerales sumaron US$ 1,682 millones (11.2 por ciento). En contraste, las exportaciones de productos pesqueros disminuyeron 50.1 por ciento.
El reporte de la Sunat precisa que el crecimiento de las exportaciones agrícolas (129.2 por ciento) en enero del presente año frente al mismo mes de 2010, es asociado a las ventas al exterior del azúcar (que ascendieron a 14 millones y que en enero de 2010 no registraron movimiento) y café (crecieron 60.7 por ciento).
Entonces, a puertas de culminar la segunda administración de Alan García seguimos siendo un país exportador de materias primas y dependientes de factores externos como lo son los altos precios de los minerales, dice el investigador de CENTRUM Católica, Germán Alarco.
Envíos no tradicionales
Si bien las exportaciones no tradicionales ascendieron, en enero, a US$ 683 millones, monto que representó un crecimiento de 38.3% (189 millones de dólares) respecto de similar mes del año anterior, como se ha dicho líneas arriba de esta nota siguen siendo los envíos de materias primas el motor de las exportaciones.
Dentro de las exportaciones no tradicionales, es decir envíos de productos con valor agregado y que, a la vez, generan mayores puestos de trabajo, es el sector agropecuario que –según el reporte de la Sunat- sigue siendo el más importante exportador no tradicional, registrando una participación del 29% (US$ 223 millones) del total en enero de 2011; le siguieron en orden de importancia el sector textil 17% (US$ 116 millones), químico 16% (US$106 millones) y siderúrgico-metalúrgico 11% (US$ 72 millones), entre otros.
Si bien las exportaciones totales en enero del presente año –según reporte de la Sunat- ascendió a US$ 2,854 millones, lo que representa un avance de 17% respecto a similar mes del 2010, dicho crecimiento ha sido impulsado por los envíos tradicionales que sumaron US$ 2,151 millones. Es decir, el 75% de las exportaciones fueron commodities (exportación de materias primas) y apenas US$ 683 millones fueron exportaciones no tradicionales (venta de productos con valor agregado)
De los US$ 2,151 millones que alcanzó las exportaciones tradicionales, los envíos de minerales ascendieron a US$ 1,682 millones, monto superior en US$ 169 millones en relación al monto de similar mes del año anterior.
Los metales menores fueron productos que registraron mayor tasa de crecimiento (152.1%), seguido del hierro (150.4%), plata (83.4%), plomo (48.2%) y cobre (18.8%); por el contrario, disminuyeron las ventas de zinc (-8.1%) y oro (-4.7%).
Según sector económico dentro de los envíos tradicionales, destacó la expansión de las ventas al exterior de productos agrícolas que sumaron US$ 49 millones (un crecimiento de 129.2 por ciento), los envíos de petróleo y Gas Natural alcanzaron US$ 342 millones (44.7 por ciento) y los minerales sumaron US$ 1,682 millones (11.2 por ciento). En contraste, las exportaciones de productos pesqueros disminuyeron 50.1 por ciento.
El reporte de la Sunat precisa que el crecimiento de las exportaciones agrícolas (129.2 por ciento) en enero del presente año frente al mismo mes de 2010, es asociado a las ventas al exterior del azúcar (que ascendieron a 14 millones y que en enero de 2010 no registraron movimiento) y café (crecieron 60.7 por ciento).
Entonces, a puertas de culminar la segunda administración de Alan García seguimos siendo un país exportador de materias primas y dependientes de factores externos como lo son los altos precios de los minerales, dice el investigador de CENTRUM Católica, Germán Alarco.
Envíos no tradicionales
Si bien las exportaciones no tradicionales ascendieron, en enero, a US$ 683 millones, monto que representó un crecimiento de 38.3% (189 millones de dólares) respecto de similar mes del año anterior, como se ha dicho líneas arriba de esta nota siguen siendo los envíos de materias primas el motor de las exportaciones.
Dentro de las exportaciones no tradicionales, es decir envíos de productos con valor agregado y que, a la vez, generan mayores puestos de trabajo, es el sector agropecuario que –según el reporte de la Sunat- sigue siendo el más importante exportador no tradicional, registrando una participación del 29% (US$ 223 millones) del total en enero de 2011; le siguieron en orden de importancia el sector textil 17% (US$ 116 millones), químico 16% (US$106 millones) y siderúrgico-metalúrgico 11% (US$ 72 millones), entre otros.
el narcotrafico en la politica peruana?
Pruebas acusan a Pepe Vásquez
Nuevas pruebas en su contra han puesto la soga en el cuello al cantante criollo Pepe Vásquez quien pagó por encargo del narcotraficante Augusto Arriaga Sánchez una deuda en dólares por el alquiler de un departamento en Miraflores y realizó la mudanza de sus pertenencias de dicho inmueble. Antes, dijo a la Policía que no lo conocía.
El abogado Juan José Camprubí Massa, representante de la propietaria del edificio ubicado en la avenida Reducto en Miraflores, mostró un comprobante donde estaba escrito: “He recibido de parte del señor José Vásquez Montero, por encargo del señor Augusto Arriaga Sánchez, la suma de 470 dólares por el pago del alquiler….”
El documento evidencia que el excandidato al Congreso por el movimiento de Keiko Fujimori y el narcotraficante sí se conocían y tenían confianza. Por si fuera poco, el conserje del edificio dijo que Vásquez llegó para realizar la mudanza de las pertenencias de Augusto Arriaga cuando éste ya no vivía allí.
Posteriormente, los agentes de la Dirandro encontraron el documento del pago por el alquiler entre los documentos del narcotraficante en una intervención policial.
Lo más grave del caso es que la ficha del registro de identidad del Fiscal Provincial titular antiDrogas del Callao Juan Mendoza Abarca fue hallada entre las pertenencias del narcotraficante, y fue solicitada con la clave del Poder Judicial.
El auto alquilado
Según la investigación policial, todo empezó el año pasado durante un decomiso de casi media tonelada de cocaína en un almacén de la empresa Tramarsa en el Callao. Por primera vez se escuchó el nombre de Augusto Arriaga pero meses después una casa en la playa Tortugas fue intervenida decomisando 54 kilos del mismo alcaloide y nuevamente el dueño era “Augusto”. Los policías llegaron a la casa de playa tras seguir al auto modelo Yaris rojo alquilado a la empresa Guía Renta Car por el excandidato al Congreso Pepe Vásquez. De allí en adelante su nombre no paró de escucharse vinculado al narco Colombiano.
El abogado Juan José Camprubí Massa, representante de la propietaria del edificio ubicado en la avenida Reducto en Miraflores, mostró un comprobante donde estaba escrito: “He recibido de parte del señor José Vásquez Montero, por encargo del señor Augusto Arriaga Sánchez, la suma de 470 dólares por el pago del alquiler….”
El documento evidencia que el excandidato al Congreso por el movimiento de Keiko Fujimori y el narcotraficante sí se conocían y tenían confianza. Por si fuera poco, el conserje del edificio dijo que Vásquez llegó para realizar la mudanza de las pertenencias de Augusto Arriaga cuando éste ya no vivía allí.
Posteriormente, los agentes de la Dirandro encontraron el documento del pago por el alquiler entre los documentos del narcotraficante en una intervención policial.
Lo más grave del caso es que la ficha del registro de identidad del Fiscal Provincial titular antiDrogas del Callao Juan Mendoza Abarca fue hallada entre las pertenencias del narcotraficante, y fue solicitada con la clave del Poder Judicial.
El auto alquilado
Según la investigación policial, todo empezó el año pasado durante un decomiso de casi media tonelada de cocaína en un almacén de la empresa Tramarsa en el Callao. Por primera vez se escuchó el nombre de Augusto Arriaga pero meses después una casa en la playa Tortugas fue intervenida decomisando 54 kilos del mismo alcaloide y nuevamente el dueño era “Augusto”. Los policías llegaron a la casa de playa tras seguir al auto modelo Yaris rojo alquilado a la empresa Guía Renta Car por el excandidato al Congreso Pepe Vásquez. De allí en adelante su nombre no paró de escucharse vinculado al narco Colombiano.
Las falacias contra MAJES SIGUAS II
El Proyecto Majes Siguas II comprende la construcción de la presa de Angostura, el trasvase de las aguas a la cuenca del rio Colca mediante la construcción del Túnel de Derivación (Aducción Angostura - Colca). Todas estas obras estarán ubicadas íntegramente en la provincia de Caylloma, región Arequipa. Con esas aguas se irrigarán 12,000 hectáreas en las pampas de Majes y 22,000 en las pampas de Siguas. Este es un proyecto de impacto macro regional. Sin embargo en los últimos meses se viene escuchando desde el Cusco, numerosas objeciones, trabas judiciales y hasta movilizaciones en contra del Proyecto Majes Siguas II. Lo que me motiva a escribir estas líneas, fue la reciente Conferencia de Prensa que dieron los congresistas Víctor Mayorga Miranda e Hilaria Supa Huamán, la que estuvo plagada de falacias e hipocresías, que hacen eco de las autoridades del Cusco, así como cierta prensa subalterna y los tontos útiles de las algunas agencias de cooperación al desarrollo. Veamos sólo algunas de esas mentiras y frustraciones en contra de Arequipa.
1. El Proyecto Majes Siguas II, va a impactar negativamente la provincia de Espinar, porque dejaría sin agua para el riego de sus cultivos y consumo humano directo de sus pobladores. FALSO.
En el nevado Mismi (5,597 msnm) ubicado en el distrito de Madrigal, provincia de Caylloma, región Arequipa, se origina el riachuelo Oahuanta, que luego se llamará Soqueta y después Hornillos hasta llegar a Angostura (km 70 del río, a 4,140 msnm), después de recibir el aporte de varios riachuelos como el Orcuyo, Monigote etc. El riachuelo Hornillos desemboca en el río Apurímac que proviene de la laguna de Vintro (4,725 msnm). Todo ubicado en el distrito y provincia de Caylloma, al igual toda la infraestructura a construirse por el Proyecto Majes Siguas II. En la provincia de Espinar existen principalmente pastos naturales que ha permitido el desarrollo de la actividad pecuaria, que representa el 17.4% del total de la superficie provincial. A más 4000 mil m.s.n.m. no se hace agricultura, y si la población de la capital de Espinar no tiene agua potable las 24 horas al día, es por la incapacidad de sus autoridades, que el año pasado boicotearon la licitación pública. Los ríos Ccañipía y Salado pasan muy cerca de la ciudad, pero no se pueden aprovechar sus aguas porque están contaminados por la actividad minera, el río Ccañipìa recibe la descarga de las aguas servidas de la ciudad. El río Salado pierde 600 millones de metros cúbicos en épocas de lluvias.
Es necesario construir complementariamente presas, que permitan capturar las aguas y luego distribuirlas o suministrarlas para el desarrollo de actividades productivas de la provincia de Espinar. Estas presas pueden ser las Sañu, Cayomani y IV Cañón. Existe el compromiso del gobierno central y de la región Arequipa, de financiar dichas obras.
2. No se han subsanado las observaciones que se hicieran al Estudio de Impacto Ambiental, y al estudio de Balance Hídrico realizados. Falta un estudio de verdad, ya que fue hecho por una consultora parcializada con la región Arequipa. FALSO.
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Majes Siguas II, se ha realizado siguiendo los criterios técnicos y legales establecidos en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley Nº 27446, cuenta con la correspondiente aprobación de la autoridad ambiental competente. La ley señala que EIA es realizado por una empresa consultora debidamente inscrita y registrada ante la autoridad ambiental competente. Sobre el estudio de Balance Hídrico, éste si se ha realizado y está debidamente aprobado por la Autoridad Nacional de Agua (ANA). Por mandado judicial no se puede cuestionar y/o desconocer un EIA, si previamente no se han interpuesto los recursos impugnatorios que establece la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444.
3. Que existen disposiciones del Poder Judicial del Cusco, que la región Arequipa y el gobierno central no están respetando. FALSO.
El Poder Judicial es uno solo, no existen jueces del Cusco o de Arequipa. Los mandatos judiciales si han sido cumplidos (Sentencia de la Sala de Canchis), en otros casos han sido revocados por el Poder Judicial. Lo que existe actualmente en trámite, es la apelación interpuesta por la región Arequipa, en contra de la sentencia emitida por el Juzgado Mixto de Espinar (Juez Prudencio Aimituma), respecto de realizar nuevamente los Estudios de Impacto Ambiental, así como de Balance Hídrico de la cuenca del rio Apurímac, este proceso se encuentra pendiente de resolución de LA PRIMERA Sala Penal Vacacional del Cusco. Los argumentos de las autoridades del Cusco carecen de sustento, porque se piden estudios de consultoras internacionales imparciales, esto es totalmente subjetivo y no está considerado en la legislación nacional. Obviamente si es necesario realizar el afianzamiento hídrico de la cuenca alta del rio Apurímac, para compensar el déficit hídrico de 12 millones metros cúbicos de agua al año. Finalmente el argumento de recurrir a la Corte Interamericana de derechos humanos es descabellado.
1. El Proyecto Majes Siguas II, va a impactar negativamente la provincia de Espinar, porque dejaría sin agua para el riego de sus cultivos y consumo humano directo de sus pobladores. FALSO.
En el nevado Mismi (5,597 msnm) ubicado en el distrito de Madrigal, provincia de Caylloma, región Arequipa, se origina el riachuelo Oahuanta, que luego se llamará Soqueta y después Hornillos hasta llegar a Angostura (km 70 del río, a 4,140 msnm), después de recibir el aporte de varios riachuelos como el Orcuyo, Monigote etc. El riachuelo Hornillos desemboca en el río Apurímac que proviene de la laguna de Vintro (4,725 msnm). Todo ubicado en el distrito y provincia de Caylloma, al igual toda la infraestructura a construirse por el Proyecto Majes Siguas II. En la provincia de Espinar existen principalmente pastos naturales que ha permitido el desarrollo de la actividad pecuaria, que representa el 17.4% del total de la superficie provincial. A más 4000 mil m.s.n.m. no se hace agricultura, y si la población de la capital de Espinar no tiene agua potable las 24 horas al día, es por la incapacidad de sus autoridades, que el año pasado boicotearon la licitación pública. Los ríos Ccañipía y Salado pasan muy cerca de la ciudad, pero no se pueden aprovechar sus aguas porque están contaminados por la actividad minera, el río Ccañipìa recibe la descarga de las aguas servidas de la ciudad. El río Salado pierde 600 millones de metros cúbicos en épocas de lluvias.
Es necesario construir complementariamente presas, que permitan capturar las aguas y luego distribuirlas o suministrarlas para el desarrollo de actividades productivas de la provincia de Espinar. Estas presas pueden ser las Sañu, Cayomani y IV Cañón. Existe el compromiso del gobierno central y de la región Arequipa, de financiar dichas obras.
2. No se han subsanado las observaciones que se hicieran al Estudio de Impacto Ambiental, y al estudio de Balance Hídrico realizados. Falta un estudio de verdad, ya que fue hecho por una consultora parcializada con la región Arequipa. FALSO.
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Majes Siguas II, se ha realizado siguiendo los criterios técnicos y legales establecidos en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley Nº 27446, cuenta con la correspondiente aprobación de la autoridad ambiental competente. La ley señala que EIA es realizado por una empresa consultora debidamente inscrita y registrada ante la autoridad ambiental competente. Sobre el estudio de Balance Hídrico, éste si se ha realizado y está debidamente aprobado por la Autoridad Nacional de Agua (ANA). Por mandado judicial no se puede cuestionar y/o desconocer un EIA, si previamente no se han interpuesto los recursos impugnatorios que establece la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444.
3. Que existen disposiciones del Poder Judicial del Cusco, que la región Arequipa y el gobierno central no están respetando. FALSO.
El Poder Judicial es uno solo, no existen jueces del Cusco o de Arequipa. Los mandatos judiciales si han sido cumplidos (Sentencia de la Sala de Canchis), en otros casos han sido revocados por el Poder Judicial. Lo que existe actualmente en trámite, es la apelación interpuesta por la región Arequipa, en contra de la sentencia emitida por el Juzgado Mixto de Espinar (Juez Prudencio Aimituma), respecto de realizar nuevamente los Estudios de Impacto Ambiental, así como de Balance Hídrico de la cuenca del rio Apurímac, este proceso se encuentra pendiente de resolución de LA PRIMERA Sala Penal Vacacional del Cusco. Los argumentos de las autoridades del Cusco carecen de sustento, porque se piden estudios de consultoras internacionales imparciales, esto es totalmente subjetivo y no está considerado en la legislación nacional. Obviamente si es necesario realizar el afianzamiento hídrico de la cuenca alta del rio Apurímac, para compensar el déficit hídrico de 12 millones metros cúbicos de agua al año. Finalmente el argumento de recurrir a la Corte Interamericana de derechos humanos es descabellado.
¿informalidad o régimen depredador de concesiones mineras?
Después de los mineros baleados en Chala, y la improvisada declaratoria de emergencia en Madre de Dios, por el Ejecutivo, que facilitó la lamentable intervención policial-militar a las zonas mineras de esta parte de país que provocó la muerte de dos mineros y dejó 37 heridos, muchas verdades empezaron a emerger sobre el negocio del oro y las consecuencias de la actual política minera en el Perú.
El gobierno trató de cargar las culpas sobre la pequeña minería llamada informal por los problemas ambientales y los efectos sociales de este tipo de minería, como si los pequeños mineros fuesen los que conducen el rentable negocio del oro en el Perú.
Si observamos las cifras oficiales nos podemos dar cuenta que la minería “informal” opera en estrecha conexión con las empresas que realizan el comercio formal del oro.
En la serie histórica de los últimos cinco años (ver cuadro N°1) mostrando que hay una brecha de alrededor del 60%, entre lo que se produce formalmente y lo que se exporta formalmente en el país.
¿De dónde sale el oro que se exporta formalmente pero no se produce como tal? Es evidente que proviene de la llamada minería informal. Las grandes empresas comercializadoras adquieren el oro informal y lo comercializan formalmente, con autorización del gobierno, sin asumir ningún tipo de responsabilidad social, ambiental por la forma en que se produce, ni mucho menos pagar impuestos por el oro que compran.
Se trata de un gran negocio que utiliza a las familias desplazadas, desempleadas, y que buscan en la pequeña minería una estrategia de sobrevivencia a cualquier precio. Sin duda, UN NEGOCIO REDONDO, de bajo costo, donde se explota la pobreza como el medio para extraer los recursos del suelo, depredar el ambiente y evadir impuestos, con conocimiento de nuestras autoridades encargadas de autorizar y fiscalizar el comercio del oro.
El investigador Miguel Santillana de la Universidad San Martín de Porres sostiene que hay un “oligopolio de más o menos 8 a 10 empresas con nombre y apellido conocidos por la SUNAT” que se dedican a la compra del oro a nivel nacional. El propio ministro del Ambiente Antonio Brack ha dicho que “esa minería (la de Madre de Dios) no es ni pequeña ni artesanal. Es minería grande camuflada…”.
Quienes lideran el negocio del oro en el Perú, sin considerar estándares de seguridad, ni de responsabilidad social ni ambiental, son empresas formales dedicadas a la extracción, acopio, cianurización y venta del codiciado metal y las que se quedan con el grueso de las ganancias que los mercados del metal producen. Esto se evidencia (ver cuadro N°2), en que casi el 60% del oro producido se comercializa por tres empresas grandes.
Este negocio ha sido constante en los últimos años, tolerado por el gobierno que no solo aprueba la contratación informal y no le impone pena alguna, sino que registra el oro informal en un rubro de “comercio de origen indeterminado” que solo el Perú consigna en sus cuentas.
La minería llamada informal no es tan “informal” como dice el presidente. No solo porque los pequeños mineros se encuentran funcionalmente ensamblados a la cadena de exportadoras formales, sino también porque las actividades de explotación del oro a través de la minería pequeña y artesanal están autorizadas por las leyes.
El actual régimen legal de concesiones mineras otorga discreción ilimitada al Ministerio de energía y Minas para disponer de los recursos minerales metálicos y no metálicos del país, sin ninguna aprobación de los gobiernos regionales, ni de las municipalidades, ni de las comunidades nativas e indígenas, ni de las poblaciones regionales, a consecuencia de lo cual se tienen alrededor de 30,000 concesiones en costa, sierra y selva.
Y las explotaciones llamadas “informales” operan en la mayoría de casos en concesiones formalmente otorgadas. En muchos casos los titulares de las concesiones no explotan directamente las cuadrículas concesionadas, sino que las entregan a mineros informales, medianos, pequeños y artesanales con quienes contratan, pero esto también se ampara en el sistema legal.
El Artículo 11, de la ley 27651, de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, del periodo de Toledo, permite el “acuerdo o contrato de explotación entre el minero artesanal y el titular del derecho minero”. Es decir, acepta la asociación entre el titular de la concesión y los llamados mineros informales, aunque le encarga al Ministerio de energía y Minas, una labor tutelar de fortalecimiento orientada a la “consolidación empresarial” de los pequeños mineros.
Nos encontramos, entonces, ante una informalidad que se origina y se reconoce en las actuales leyes, fuertemente ensamblada al régimen formal de otorgamiento de concesiones y a las empresas autorizadas para comercializar el oro. No se debe culpar, entonces, únicamente a los pequeños mineros. Aquí hay indudable responsabilidad de la gran minería, ubicada en el centro de la cadena de explotación del oro, y, por supuesto, hay responsabilidad del Estado por el tipo de legislación que promueve.
El gobierno trató de cargar las culpas sobre la pequeña minería llamada informal por los problemas ambientales y los efectos sociales de este tipo de minería, como si los pequeños mineros fuesen los que conducen el rentable negocio del oro en el Perú.
Si observamos las cifras oficiales nos podemos dar cuenta que la minería “informal” opera en estrecha conexión con las empresas que realizan el comercio formal del oro.
En la serie histórica de los últimos cinco años (ver cuadro N°1) mostrando que hay una brecha de alrededor del 60%, entre lo que se produce formalmente y lo que se exporta formalmente en el país.
¿De dónde sale el oro que se exporta formalmente pero no se produce como tal? Es evidente que proviene de la llamada minería informal. Las grandes empresas comercializadoras adquieren el oro informal y lo comercializan formalmente, con autorización del gobierno, sin asumir ningún tipo de responsabilidad social, ambiental por la forma en que se produce, ni mucho menos pagar impuestos por el oro que compran.
Se trata de un gran negocio que utiliza a las familias desplazadas, desempleadas, y que buscan en la pequeña minería una estrategia de sobrevivencia a cualquier precio. Sin duda, UN NEGOCIO REDONDO, de bajo costo, donde se explota la pobreza como el medio para extraer los recursos del suelo, depredar el ambiente y evadir impuestos, con conocimiento de nuestras autoridades encargadas de autorizar y fiscalizar el comercio del oro.
El investigador Miguel Santillana de la Universidad San Martín de Porres sostiene que hay un “oligopolio de más o menos 8 a 10 empresas con nombre y apellido conocidos por la SUNAT” que se dedican a la compra del oro a nivel nacional. El propio ministro del Ambiente Antonio Brack ha dicho que “esa minería (la de Madre de Dios) no es ni pequeña ni artesanal. Es minería grande camuflada…”.
Quienes lideran el negocio del oro en el Perú, sin considerar estándares de seguridad, ni de responsabilidad social ni ambiental, son empresas formales dedicadas a la extracción, acopio, cianurización y venta del codiciado metal y las que se quedan con el grueso de las ganancias que los mercados del metal producen. Esto se evidencia (ver cuadro N°2), en que casi el 60% del oro producido se comercializa por tres empresas grandes.
Este negocio ha sido constante en los últimos años, tolerado por el gobierno que no solo aprueba la contratación informal y no le impone pena alguna, sino que registra el oro informal en un rubro de “comercio de origen indeterminado” que solo el Perú consigna en sus cuentas.
La minería llamada informal no es tan “informal” como dice el presidente. No solo porque los pequeños mineros se encuentran funcionalmente ensamblados a la cadena de exportadoras formales, sino también porque las actividades de explotación del oro a través de la minería pequeña y artesanal están autorizadas por las leyes.
El actual régimen legal de concesiones mineras otorga discreción ilimitada al Ministerio de energía y Minas para disponer de los recursos minerales metálicos y no metálicos del país, sin ninguna aprobación de los gobiernos regionales, ni de las municipalidades, ni de las comunidades nativas e indígenas, ni de las poblaciones regionales, a consecuencia de lo cual se tienen alrededor de 30,000 concesiones en costa, sierra y selva.
Y las explotaciones llamadas “informales” operan en la mayoría de casos en concesiones formalmente otorgadas. En muchos casos los titulares de las concesiones no explotan directamente las cuadrículas concesionadas, sino que las entregan a mineros informales, medianos, pequeños y artesanales con quienes contratan, pero esto también se ampara en el sistema legal.
El Artículo 11, de la ley 27651, de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, del periodo de Toledo, permite el “acuerdo o contrato de explotación entre el minero artesanal y el titular del derecho minero”. Es decir, acepta la asociación entre el titular de la concesión y los llamados mineros informales, aunque le encarga al Ministerio de energía y Minas, una labor tutelar de fortalecimiento orientada a la “consolidación empresarial” de los pequeños mineros.
Nos encontramos, entonces, ante una informalidad que se origina y se reconoce en las actuales leyes, fuertemente ensamblada al régimen formal de otorgamiento de concesiones y a las empresas autorizadas para comercializar el oro. No se debe culpar, entonces, únicamente a los pequeños mineros. Aquí hay indudable responsabilidad de la gran minería, ubicada en el centro de la cadena de explotación del oro, y, por supuesto, hay responsabilidad del Estado por el tipo de legislación que promueve.
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