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"Los miembros del Tribunal Constitucional (que tienen a su vista un pedido de hábeas corpus presentado por Alberto Fujimori) han mostrado elementos para creer que van a resolver sobre este caso en función de los resultados electorales. Y eso es inaceptable", dijo a IPS el fiscal Avelino Guillén, quien representó al Ministerio Público en el proceso contra el expresidente.
Las elecciones en segunda vuelta se definen este domingo 5 de junio. Keiko Fujimori, hija del sentenciado que gobernó entre 1990 y 2000, se enfrenta en una ajustada contienda al coronel retirado Ollanta Humala.
Ante las críticas al pasado de su padre, la candidata prometió a los electores que no lo indultaría si llegara a ser presidenta, pero, según Guillén, existe un plan que ha empezado a ejecutarse en el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial.
El Tribunal evalúa un hábeas corpus en el que la defensa de Fujimori alega ausencia de imparcialidad de los magistrados que declararon, en diciembre de 2009, improcedente el pedido de nulidad de la condena a 25 años de prisión para el exmandatario por su responsabilidad en los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta y en el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer.
Agentes de inteligencia militar asesinaron en noviembre de 1991 a 15 habitantes de la zona limeña de Barrios Altos, y a nueve estudiantes y un profesor de la capitalina Universidad de La Cantuta, en julio de 1992.
Los perpetradores formaban parte de un escuadrón de la muerte conocido como Grupo Colina, que se creó dentro del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y cuya existencia y acciones no podían haber escapado al conocimiento del mandatario, determinó la justicia.
La sentencia también señaló culpable a Fujimori del secuestro agravado de Gorriti y Dyer, detenidos y confinados en los calabozos del SIE el 5 de abril de 1992, cuando el presidente ejecutó su llamado "autogolpe" de Estado, al disolver el parlamento, suspender la vigencia de la Constitución e intervenir la justicia.
Pero desde enero de este año, se vienen postergando los informes orales sobre el hábeas corpus en el Tribunal Constitucional y, en consecuencia, el pronunciamiento de los magistrados, que han argumentado que el proceso electoral no es el mejor momento para emitir fallo.
Lo extraño, indicó Guillén, es que en enero se postergó la vista de la causa para agosto de este año, con la idea de evitar la coincidencia con las elecciones, pero luego se adelantó para el 1 de junio, y ese mismo día se volvió a postergar sin fecha prevista. "¿Quién maneja al Tribunal Constitucional", preguntó el fiscal.
En su decisión del 1 de junio, el Tribunal sostuvo que "la postergación se decidió acogiendo los pedidos del abogado César Nakasaki (defensor de Fujimori) y del procurador del Poder Judicial, Segundo Vitery, quienes solicitaron por escrito, reprogramar la diligencia hasta después de las elecciones presidenciales del próximo domingo 5 de junio".
"La defensa argumentó la necesidad de garantizar la prudente actuación del Tribunal, mientras que el procurador refirió que la causa debe verse de manera exclusiva, con un mejor estudio y análisis debido a su envergadura", agregó.
El Tribunal está conformado por cinco miembros. Dos de ellos tienen antecedentes de militancia en el gobernante Partido Aprista Peruano, y un tercero está ligado al Opus Dei, la ultraconservadora prelatura de la Iglesia Católica a la que pertenece también el compañero de fórmula de Keiko Fujimori, Rafael Rey.
El supuesto plan es conseguir que el Tribunal Constitucional determine que los jueces no actuaron de manera imparcial cuando rechazaron la apelación de Fujimori, y así conseguir la revisión de su sentencia, sostuvo el abogado Carlos Rivera, del no gubernamental Instituto de Defensa Legal (IDL), una de las entidades que patrocinaron a víctimas y deudos en el proceso.
En forma paralela, el abogado defensor de Fujimori, Nakasaki, presentó otros 18 hábeas corpus al Poder Judicial que cuestionan diversos aspectos de fondo de la sentencia.
Tales cuestionamientos se sustentan en ocho objetivos de los fujimoristas, según Rivera. Los más importantes son demostrar que no hubo secuestro agravado contra Gorriti y Dyer, que fue ilegal condenar a Fujimori como autor mediato de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta y que no se respetó la presunción de inocencia del exmandatario.
La candidata Fujimori se había referido públicamente a los 18 hábeas corpus presentados a favor de su padre, pero evitó volver a pronunciarse sobre el tema en medio de la campaña.
IPS pudo saber que Nakasaki aseguró a los abogados de las víctimas que sólo había presentado un hábeas corpus y que la candidata había incurrido en un error.
Pero fuentes judiciales confirmaron a IPS que hay efectivamente una veintena de hábeas corpus presentados y que Poder Judicial debe estudiar y definir si cada uno de esos recursos es o no procedente.
Aun si todos fueran rechazados, Nakasaki puede acudir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie y así abrir de a poco el camino a la liberación de Fujimori, según Rivera.
Por eso, en su opinión, "el Tribunal Constitucional está jugando a favor de la estrategia legal de Alberto Fujimori". Se trata de un plan a mediano plazo a implementarse con diversos recursos legales, y no sólo con un hábeas corpus, que sería mal visto por la opinión pública, sostuvo.
El IDL, otras dos entidades defensoras de derechos humanos, fiscales y juristas realizaron el viernes 3 una rueda de prensa para denunciar la presunta manipulación de las decisiones del Tribunal.
Para el abogado Ronald Gamarra, quien también patrocinó a sobrevivientes y familiares de víctimas, "Fujimori fue vencido en un juicio justo. La Corte Suprema lo ha condenado por asesino y por ladrón". No se puede "utilizar indebidamente el hábeas corpus para torcer el camino de la justicia".
Gisella Ortiz, representante de las familias de las víctimas de La Cantuta, pidió al Tribunal que termine con la incertidumbre y angustia que han generado los seguidores del fujimorismo al sostener que estos procesos son revisables.
"Respeto el derecho que tiene Alberto Fujimori de presentar un hábeas corpus como cualquier ciudadano, pero el Tribunal Constitucional tiene que reconocer que el proceso ya terminó, ya se le juzgó y él ya tuvo la oportunidad de defenderse", dijo Ortiz a IPS.
Raida Cóndor, madre de uno de los estudiantes asesinados por el Grupo Colina, sostuvo que con la sentencia los deudos sintieron que se hizo justicia, pero la reapertura del caso generaría una sensación de impunidad.
"¿Cómo pueden hacer esto los magistrados que dicen hacer justicia? Hemos luchado sin descanso y seguiremos adelante. No vamos a renunciar", dijo Cóndor.
Ni el Tribunal Constitucional ni los portavoces de Keiko Fujimori efectuaron más puntualizaciones sobre el caso. (FIN/2011)
Las elecciones en segunda vuelta se definen este domingo 5 de junio. Keiko Fujimori, hija del sentenciado que gobernó entre 1990 y 2000, se enfrenta en una ajustada contienda al coronel retirado Ollanta Humala.
Ante las críticas al pasado de su padre, la candidata prometió a los electores que no lo indultaría si llegara a ser presidenta, pero, según Guillén, existe un plan que ha empezado a ejecutarse en el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial.
El Tribunal evalúa un hábeas corpus en el que la defensa de Fujimori alega ausencia de imparcialidad de los magistrados que declararon, en diciembre de 2009, improcedente el pedido de nulidad de la condena a 25 años de prisión para el exmandatario por su responsabilidad en los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta y en el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer.
Agentes de inteligencia militar asesinaron en noviembre de 1991 a 15 habitantes de la zona limeña de Barrios Altos, y a nueve estudiantes y un profesor de la capitalina Universidad de La Cantuta, en julio de 1992.
Los perpetradores formaban parte de un escuadrón de la muerte conocido como Grupo Colina, que se creó dentro del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y cuya existencia y acciones no podían haber escapado al conocimiento del mandatario, determinó la justicia.
La sentencia también señaló culpable a Fujimori del secuestro agravado de Gorriti y Dyer, detenidos y confinados en los calabozos del SIE el 5 de abril de 1992, cuando el presidente ejecutó su llamado "autogolpe" de Estado, al disolver el parlamento, suspender la vigencia de la Constitución e intervenir la justicia.
Pero desde enero de este año, se vienen postergando los informes orales sobre el hábeas corpus en el Tribunal Constitucional y, en consecuencia, el pronunciamiento de los magistrados, que han argumentado que el proceso electoral no es el mejor momento para emitir fallo.
Lo extraño, indicó Guillén, es que en enero se postergó la vista de la causa para agosto de este año, con la idea de evitar la coincidencia con las elecciones, pero luego se adelantó para el 1 de junio, y ese mismo día se volvió a postergar sin fecha prevista. "¿Quién maneja al Tribunal Constitucional", preguntó el fiscal.
En su decisión del 1 de junio, el Tribunal sostuvo que "la postergación se decidió acogiendo los pedidos del abogado César Nakasaki (defensor de Fujimori) y del procurador del Poder Judicial, Segundo Vitery, quienes solicitaron por escrito, reprogramar la diligencia hasta después de las elecciones presidenciales del próximo domingo 5 de junio".
"La defensa argumentó la necesidad de garantizar la prudente actuación del Tribunal, mientras que el procurador refirió que la causa debe verse de manera exclusiva, con un mejor estudio y análisis debido a su envergadura", agregó.
El Tribunal está conformado por cinco miembros. Dos de ellos tienen antecedentes de militancia en el gobernante Partido Aprista Peruano, y un tercero está ligado al Opus Dei, la ultraconservadora prelatura de la Iglesia Católica a la que pertenece también el compañero de fórmula de Keiko Fujimori, Rafael Rey.
El supuesto plan es conseguir que el Tribunal Constitucional determine que los jueces no actuaron de manera imparcial cuando rechazaron la apelación de Fujimori, y así conseguir la revisión de su sentencia, sostuvo el abogado Carlos Rivera, del no gubernamental Instituto de Defensa Legal (IDL), una de las entidades que patrocinaron a víctimas y deudos en el proceso.
En forma paralela, el abogado defensor de Fujimori, Nakasaki, presentó otros 18 hábeas corpus al Poder Judicial que cuestionan diversos aspectos de fondo de la sentencia.
Tales cuestionamientos se sustentan en ocho objetivos de los fujimoristas, según Rivera. Los más importantes son demostrar que no hubo secuestro agravado contra Gorriti y Dyer, que fue ilegal condenar a Fujimori como autor mediato de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta y que no se respetó la presunción de inocencia del exmandatario.
La candidata Fujimori se había referido públicamente a los 18 hábeas corpus presentados a favor de su padre, pero evitó volver a pronunciarse sobre el tema en medio de la campaña.
IPS pudo saber que Nakasaki aseguró a los abogados de las víctimas que sólo había presentado un hábeas corpus y que la candidata había incurrido en un error.
Pero fuentes judiciales confirmaron a IPS que hay efectivamente una veintena de hábeas corpus presentados y que Poder Judicial debe estudiar y definir si cada uno de esos recursos es o no procedente.
Aun si todos fueran rechazados, Nakasaki puede acudir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie y así abrir de a poco el camino a la liberación de Fujimori, según Rivera.
Por eso, en su opinión, "el Tribunal Constitucional está jugando a favor de la estrategia legal de Alberto Fujimori". Se trata de un plan a mediano plazo a implementarse con diversos recursos legales, y no sólo con un hábeas corpus, que sería mal visto por la opinión pública, sostuvo.
El IDL, otras dos entidades defensoras de derechos humanos, fiscales y juristas realizaron el viernes 3 una rueda de prensa para denunciar la presunta manipulación de las decisiones del Tribunal.
Para el abogado Ronald Gamarra, quien también patrocinó a sobrevivientes y familiares de víctimas, "Fujimori fue vencido en un juicio justo. La Corte Suprema lo ha condenado por asesino y por ladrón". No se puede "utilizar indebidamente el hábeas corpus para torcer el camino de la justicia".
Gisella Ortiz, representante de las familias de las víctimas de La Cantuta, pidió al Tribunal que termine con la incertidumbre y angustia que han generado los seguidores del fujimorismo al sostener que estos procesos son revisables.
"Respeto el derecho que tiene Alberto Fujimori de presentar un hábeas corpus como cualquier ciudadano, pero el Tribunal Constitucional tiene que reconocer que el proceso ya terminó, ya se le juzgó y él ya tuvo la oportunidad de defenderse", dijo Ortiz a IPS.
Raida Cóndor, madre de uno de los estudiantes asesinados por el Grupo Colina, sostuvo que con la sentencia los deudos sintieron que se hizo justicia, pero la reapertura del caso generaría una sensación de impunidad.
"¿Cómo pueden hacer esto los magistrados que dicen hacer justicia? Hemos luchado sin descanso y seguiremos adelante. No vamos a renunciar", dijo Cóndor.
Ni el Tribunal Constitucional ni los portavoces de Keiko Fujimori efectuaron más puntualizaciones sobre el caso. (FIN/2011)
