Agencias de pánico

Las agencias de calificación crediticia están teniendo fuerte incidencia en la propagación de la crisis europea, y por el poder que estas firmas tienen para dirigir el flujo inversor, los gobiernos deben salir a dar explicaciones cada vez que hay modificaciones en la nota de los bonos soberanos. El ministro de Finanzas griego, Giorgos Papandreu, aclaró ayer que “es incomprensible” que Fitch haya rebajado súbitamente tres escalones la nota hasta la penúltima categoría, porque “existe un calendario de ayuda financiera de los países de la Eurozona y del FMI”. Agregó que el castigo de la agencia “no afectará el sistema bancario griego”. Las calificadoras mantienen una notoria influencia a pesar de su desprestigio tanto en el ámbito político como académico. Ahora también han empezado a cuestionar a Estados Unidos por su abultada deuda y el riesgo a un default temporario (ver aparte).

Las agencias asesoran sobre el riesgo crediticio subyacente a títulos públicos, deuda de entidades financieras y no financieras. En la actualidad son los emisores de los títulos (los propios “calificados”) los que contratan el servicio de las agencias. En otros casos, la empresa califica la deuda sin que sea solicitado por el usuario. El trabajo del Banco Mundial El derrumbe de la securitización estructural de 2007 indica que “las agencias enfrentan un incentivo a sobreestimar la calidad del título de manera de construir una buena relación con el cliente”. “Los honorarios influencian demasiado sus calificaciones”, agrega el estudio. Además, no hay competencia entre las agencias para lograr una mayor reputación. Aunque existen alrededor de 150 firmas, las tres más grandes tienen en su poder alrededor del 95 por ciento del mercado. Standard & Poor’s y Moody’s ostentan un 40 por ciento cada una, mientras que Fitch, el 15 por ciento.

La estrecha vinculación entre las agencias y bancos y aseguradoras hizo que productos financieros riesgosos fueran calificados con la máxima nota, al igual que débiles bonos soberanos. “Las agencias ayudaron al masivo crecimiento del mercado financiero antes de la crisis que estalló en 2008”, indican Mai Hassan y Christian Kalhoefer en “Regulación de las agencias de rating crediticio. Evidencias de la crisis reciente”. La fuerte corrección a la baja que se hizo con la burbuja en pleno auge “resultó en pánicos sistémicos e inestabilidad financiera”, explican.

Los investigadores Rabah Arezki, Bertrand Candelon y Amadou Sy, en su trabajo “Noticias de rating en deudas soberanas y el derrame en los mercados financieros” analizaron 71 anuncios de las agencias entre 2006 y 2010. Concluyen que “las calificadoras no anticiparon la debilidad de las economías europeas”. “A pesar de que Grecia tiene una larga historia de debilidad económica, las agencias creyeron que sus bonos constituían una inversión segura. Les tomó un largo tiempo advertir el riesgo”, indican Hassan y Kalhoefer. Cuando la situación en Atenas se volvió insostenible, las agencias rebajaron rápidamente la nota, profundizando el problema. Las súbitas caídas en las notas para el país helénico, Irlanda, Portugal y España generan inestabilidad y corridas. “La crisis en la Eurozona se ha vuelto tan profunda en parte a causa de la actuación de las agencias de calificación”, indica Helmut Reisen, jefe del centro de desarrollo de la OCDE. Haber mantenido hasta último momento altas calificaciones a la deuda de los países europeos puede responder a varias causas. Arezki, Candelon y Sy explican que una rebaja en el rating soberano afecta “la rentabilidad de bancos europeos que tienen esos títulos y a la vez de bancos en otros países expuestos en las entidades europeas”. Tanto en el caso de las deudas privadas como las públicas, las agencias amplifican los auges y luego profundizan las crisis, exagerando los ciclos.

contra el saqueo de nuestros recursos

Crece la oleada contra el modelo extractivo


La reacción de los pueblos contra el modelo extractivo es cada vez más intensa y se está conformando una alianza de hecho entre diversos sectores sociales. Hace pocos meses fueron los obreros que construyen la central hidroeléctrica de Jirau, sobre el río Madera, en el estado brasileño de Rondonia, los que se levantaron contra las pésimas condiciones de trabajo. Hace dos años fueron los indígenas amazónicos de Bagua, en Perú, los que enfrentaron las concesiones petroleras, con un saldo de más de 30 muertos.

En junio el levantamiento fue en el sur peruano, abarcó buena parte del departamento de Puno y se dirigió contra proyectos mineros e hidroeléctricos. Desde hace varios años la resistencia a la minería viene creciendo en toda la región. Tambogrande y Ayavaca se inscribieron en los últimos años en la historia de la resistencia a la minería, ambos en el norte peruano. Hace dos meses, en Cocachacra, en el sur del país, la población consiguió frenar el proyecto minero Tía María. Allí donde la población puede expresarse, lo hace masivamente contra la minería trasnacional.

El reciente levantamiento en Puno tiene algunas particularidades que muestran un camino. En primer lugar, fue una lucha extensa e intensa: 45 días de paros, en los cuales hubo seis muertos y 30 heridos por la represión ordenada por el presidente Alan García Pérez, que en pocos días dejará el gobierno. Por dos veces los manifestantes intentaron tomar el aeropuerto de Juliaca, la principal ciudad del departamento, con unos 300.000 habitantes. Lo consiguieron, pero la represión se cobró cinco muertos. Palos y hondas contra fuego real.

Desbordando la contención policial, las multitudes sitiaron la ciudad, quemaron la comisaría de Azángaro y destrozaron locales de varias trasnacionales en Juliaca, según informa el mensuario Lucha Indígena, dirigido por Hugo Blanco. Las principales formas de lucha fueron los paros indefinidos, con masivos cortes de carreteras y marchas de varios días hasta las ciudades, que llegaron a reunir hasta seis comuneros.

En segundo, fue una lucha masiva en la que participaron comunidades aymaras y quechuas, campesinos, trabajadores urbanos, comerciantes, estudiantes y profesionales, y contó por momentos con el apoyo de autoridades locales. Se consiguió tejer un vasto frente social. El Frente de Defensa de los Recursos Naturales del sur de Puno fue uno de los referentes principales, pero no el único, ya que se trató de una amplia convergencia, en la cual participan organizaciones locales y de base, y otras que integran la Conacami (Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería).

En tercer lugar, no fueron acciones locales ni contra una empresa. La resistencia se focalizó contra el proyecto hidroeléctrico Inambari, un conjunto de cinco represas para proveer de energía a Brasil, que se viene cuestionando desde hace varios años porque desplaza miles de campesinos y afecta a los ecosistemas. Pero también contra la explotación minera Santa Ana de la canadiense Bear Creek Mining. Además, se unieron a la lucha las comunidades que quieren la limpieza del río Ramis, contaminado por la minería formal e informal, y los que rechazan otros emprendimientos mineros en uno de los departamentos más pobres del país.

En cuarto lugar, los sucesos de Puno muestran que la oleada contra el modelo extractivo en Perú se expande desde las iniciativas puntuales, en general contra la minería, hacia confluencias entre luchas de diversos departamentos. A finales de junio, mientras ardía Puno, se realizó un encuentro en Islay (sur de Arequipa), donde se registró la resistencia a la mina Tía María en Cocachacra, en el que participaron comunidades afectas de Tacna, Moquegua, Puno, Cusco y Arequipa.

La tendencia viene siendo a la generalización del conflicto en toda la sierra andina y parte de la selva amazónica. El gobierno deja 227 conflictos sociales y ambientales no resueltos, tres veces más de los que encontró García hace cinco años cuando ocupó el Palacio de Gobierno. Su sucesor, Ollanta Humala, anunció que aumentará los impuestos a la minería y el agronegocio para poder cumplir sus metas sociales, entre ellas pensiones vitalicias a los mayores de 65 años y construcción de colegios y hospitales.

Es poco probable que esas medidas consigan frenar la actual oleada andina-amazónica contra el modelo extractivo, que viene creciendo desde las profundidades de la sociedad peruana desde hace más de una década. La población del sur y de las regiones donde se asientan los más resistidos proyectos mineros, hidroeléctricos y petroleros ha votado masivamente por Humala. En Puno, alrededor del 80% en varios distritos. Sin embargo, no esperaron que asuma el nuevo presidente para que resuelva sus problemas.

Todo indica que no habrá tregua, aunque un descenso significativo de la represión conseguirá desdramatizar los conflictos. Hay dos hechos que hacen pensar que la resistencia al modelo seguirá su curso. La primera es que existe plena conciencia de que se trata de una tregua, ya que los proyectos se han aplazado pero en modo alguno se han anulado. El capital trasnacional no va a permitir que el Estado peruano incumpla sus compromisos y multiplicará sus presiones.

En el caso de la hidroeléctrica Inambari, Brasil está muy interesado en asegurar y diversificar sus fuentes de energía. Los gobiernos de Lula y García firmaron en 2010 un acuerdo para el suministro de hidroelectricidad. Humala pudo llegar a la presidencia, entre otras razones, por el apoyo del gobierno brasileño que se concretó en la presencia directa de dos asesores personales de Lula.

La segunda es que hay cada vez mayor conciencia en que no se derrota el modelo a escala local ni por caminos legales. El poder del capital trasnacional es tan fuerte, tan densa la malla legal que lo protege, y tiene tanta capacidad de corromper, que sólo será posible ponerlo en fuga con levantamientos simultáneos en las más diversas geografías. Quizá estemos asistiendo a los primeros pasos en esa dirección.

Otra bomba de García, ahora en el aeropuerto

estado peruano podría perder 300 millones dedólares a favor de LAP ante riesgo de incumplir contrato, por saneamiento de predios para construcción de segunda pista del Jorge Chávez. 

La negligencia de la administración de Alan García, puede arriesgar al país a correr el riesgo de abonar una penalidad de aproximadamente 300 millones de dólares a la concesionaria del aeropuerto internacional Jorge Chávez,Lima Airport Partners (LAP), ante la posibilidad de incumplir, en febrero de 2013, con el compromiso de sanear los predios a expropiar para la edificación de la segunda pista de aterrizaje. 

Así lo advirtieron la presidenta del Comité de Transferencia, Marisol Espinoza, y la congresista nacionalista Susana Vilca, quienes dijeron que en este tema García volvió a mentir al país, al afirmar recientemente que los terrenos materia de expropiación “estaban debidamente saneados”. 

Tras presentar el tercer informe de la Comisión de Transferencia de Gana Perú, esta vez referido al sector Transportes y Comunicaciones, Espinoza cuestionó que el retraso en el proceso de expropiación de terrenos para la construcción de la obra provocaría el incumplimiento de los plazos estipulados y obligaría al estado peruanoa pagarle una penalidad de 300 millones de dólares a LAP, la concesionaria encargada de construir la segunda pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez. 

“Si nosotros vemos el informe de la Contraloría del 6 de junio de 2011, éste nos alerta de dos cosas: Que de no acelerarse los procesos de expropiación en la zona, se podría generar el riesgo de que el Estado no entregue los terrenos a la empresa LAP. (Y que) esta Comisión de Alto Nivel para el desarrollo de estas actividades, no cuenta con un programa de reubicación de asentamientos humanos, situación que puede incidir en el incumplimiento del plazo de (saneamiento de) los terrenos”, anotó. 

En conferencia de prensa, especificó que en los últimos nueve años no se ha cumplido con el saneamiento de los terrenos ocupados por terceras personas. “El proceso está a menos del 20%, pues quedan 43 predios por sanear. Llegar al 100% es un camino bastante largo que no se ha hecho (dentro de los plazos previstos)”, puntualizó. 

Además, alertó que el gobierno gasta actualmente un fondo de aproximadamente S/. 40 millones para cumplir con el pago de las empresas que atienden el proceso de saneamiento del terreno, sin que se vean resultados sobre este asunto.

De otro lado, LA PRIMERA vicepresidenta electa denunció el incremento, durante el segundo quinquenio aprista, en casi un 75% de la planilla de servidores del portafolio de Transportes y Comunicaciones, al pasar de dos mil 711 trabajadores, en el 2006, a 4 mil 737, en el presente año. 

Detalló que la mayoría de los afortunados “compañeros” que han ingresado a este sector han sido concentrados en Provías.

Asimismo, denunció la decisión de última hora del saliente gobierno de Alan García de renovar el contrato de concesión del contrato de telefonía móvil de las bandas correspondientes a Lima y Callao, cuyo plazo inicial de veinte años, a partir de LA PRIMERA licencia otorgada, vencía por estos meses. 

ESE TRENEn cuanto al Tren Eléctrico, recordó que al cumplirse, recién en octubre, la puesta en operación comercial de esta infraestructura, el estado peruano deberá subsidiar 86 millones de dólares hasta enero de 2013, a favor del concesionario, lo cual afectará las cuentas del sector público. 

PARA LA PISTA DOS 
Falta sanear mayoría del terrenoMarisol Espinoza señaló que falta sanear el 83% del terreno donde debe construirse la pista dos del aeropuerto, según un informe elaborado por la Contraloría General de la República. “Esta es una herencia terrible, y genera un problema económico pero también social, porque en esos terrenos hay más de 500 familias que no merecen ser desalojadas del lugar sin antes haber sido reubicadas en un buen lugar”, expresó Espinoza. 

Asimismo, al igual que en otros sectores, advirtió que llama la atención la gran cantidad de contrataciones realizadas en los últimos meses en el sector Transportes. El personal aumentó y lo peor de todo es que no se ha logrado sincerar la planilla, y los contratados ocupan demasiadas plazas administrativas en oficinas como Provías Nacional, cuando hace falta personal técnico para la construcción de carreteras, manifestó Espinoza. 

Cómo empeoró la UE la crisis griega

Peligro en la Eurozona

Grecia es el primer caso de prueba de la resistencia de la moneda única europea en un tiempo de crisis. Es un hecho históricamente establecido que una crisis bancaria va seguida de un fuerte aumento en la deuda pública, debido tanto al apoyo fiscal al sector bancario como a la caída del PIB debida al aumento de la recesión. Aunque Grecia no tenía una crisis bancaria de la magnitud de la de otros Estados miembros de la UE, sus finanzas públicas fueron afectadas fuertemente por la recesión causada por la crisis financiera global. Esto, combinado con sus débiles mecanismos de recaudación de impuestos y sus altos gastos públicos de los últimos años (gastos militares, Juegos Olímpicos, etc.), han llevado a un gran aumento de su déficit público y de la deuda.

Contrariamente a algunos informes de los medios, los trabajadores en Grecia trabajan más horas que en Alemania (en promedio 2.161 horas anuales por trabajador en 2009, en comparación con 1.382 en Alemania). Además, la productividad por hora de trabajo en Grecia duplicó la velocidad del aumento en Alemania en los diez años después de la introducción del euro (26,3% en Grecia en comparación con 11,6% en Alemania).

El problema ha sido la mayor tasa de aumento en salarios y precios en Grecia en comparación con Alemania, haciendo que las exportaciones griegas sean menos competitivas que las alemanas. Esto está en la raíz de los llamados ‘desequilibrios comerciales’ de la UE, por los cuales algunos países, como Alemania, refrenaron los salarios más que otros países, sobre todo en el sur de Europa. De esta manera, Alemania acumuló un excedente comercial que se refleja en el déficit comercial de sus socios de Europa del Sur como Italia y Grecia.

Por otra parte, el ingreso promedio per cápita de la población en Grecia nunca alcanzó el de los antiguos 15 de la UE, mientras que en el año pasado, ¡ha disminuido a un nivel que está muy por debajo del de 1980, cuando llegó a ser miembro pleno de UE! Por lo tanto, aunque los griegos han estado trabajando duro, sus ingresos solo aumentaron con mucha lentitud al promedio de la UE.

Los ‘rescates’ de la UE y el FMI no solucionaron el problema del sobre-endeudamiento. En los hechos, lo agravaron. Esto, porque las medidas de austeridad a las que están vinculados intensificaron la recesión de la economía griega. Mientras se reduce el PIB, aumenta la relación entre el déficit público y la deuda. Además, la continua especulación contra los bonos del gobierno griego sigue aumentando las tasas de interés y por ello el peso de la deuda. El hecho de que no se regule a los protagonistas financieros como las agencias de calificación crediticia y los fondos especulativos solo exacerba el problema.

Un año después de la implementación del primer paquete de ‘rescate & austeridad’, los ingresos y el nivel de vida de una gran parte de la sociedad griega han caído drásticamente y no existe ninguna perspectiva de mejora en el futuro previsible. Los más afectados son las pequeñas empresas, que constituyen la espina dorsal de la economía griega, los pensionistas y los jóvenes, quienes emigran en grandes cantidades en busca de un futuro.

Considerando esas condiciones, no cuesta comprender por qué pueblo griego no solo está indignado, sino furioso, contra la dirigencia política de los dos partidos gobernantes, que ocultaron la verdad y que todavía no encaran los problemas de la economía y el futuro de la sociedad griega.

La forma en que la UE ha manejado la llamada ‘crisis griega’ ha empeorado las cosas. No solo no se ha comprendido la naturaleza de la crisis y los peligros para la Eurozona de un modo más general, sino que además ha habido confusión sobre cómo resolver la crisis.

A pesar de sus características ‘griegas’, se trata de una prueba de resistencia del euro en un mundo de finanzas globales en tiempos de crisis. La actual arquitectura de la Eurozona expone a sus miembros a los ataques especulativos de los mercados financieros, pero no provee ninguna política de manejo de las crisis. Se necesita una clara visión europea y mucha voluntad política para convertir la actual zona de moneda única en una unión económica y política. Desgraciadamente, menos que eso no bastará. Es lo que ha mostrado la experiencia de Grecia y de otros países que han seguido sus pasos.

Por último, los aprietos del pueblo griego no terminarán aquí. La deuda pública griega es insostenible. Por ello, habrá que reestructurarla o puede ser que ocurra un default muy desordenado. Parece que por fin el Consejo Europeo reconoce este hecho. Sin embargo, se teme que las medidas sugeridas el 24 de junio –reestructuración voluntaria y apoyo de los Fondos Estructurales– sea ‘demasiado poco, demasiado tarde’. La zona euro y por cierto el proyecto de integración europea están en un momento decisivo. La integración tendrá que profundizarse con el fin de resolver los actuales problemas, o la Unión Europea corre peligro de desintegrarse.

Marica Frangakis es economista y asociada del Instituto Transnacional, miembro del Grupo Euro-Memorandum y miembro de ATTAC Hellas. 

Las causas políticas de la crisis

Detrás de la crisis de la deuda pública de los países periféricos de la eurozona (Grecia, Portugal, España e Irlanda) está un hecho político: todos estos países fueron gobernados por dictaduras y/o gobiernos autoritarios de ultraderecha en la mayoría del periodo que va desde los años cuarenta hasta los años ochenta del siglo pasado. Ello determinó que, a pesar de los avances ocurridos desde entonces, tales países tengan todavía hoy estados pobres, con escasos recursos (como lo atestigua que los ingresos al Estado como porcentaje de su PIB estén muy por debajo del promedio de la Europa de los Quince, UE-15). En 2009, tal porcentaje fue del 34% para España, del 34% para Irlanda, del 37% para Grecia y del 34% para Portugal, porcentajes más bajos que el promedio de la UE-15 –el 44%– y mucho más bajos que Suecia (el país donde las izquierdas gobernaron por más tiempo durante el periodo citado), con un 54%.

Pero, además de pobres, estos estados eran altamente represivos, con una escasa sensibilidad social y muy poco redistributivos. Son los países que tienen el número de policías por 10.000 habitantes mayor de la UE-15 y el menor porcentaje de población adulta trabajando en su Estado del bienestar. En España, sólo un adulto de cada diez trabaja en sanidad, educación, servicios de ayuda domiciliaria a las personas con dependencia, escuelas de infancia, servicios sociales y otros servicios públicos del escasamente financiado Estado del bienestar. En Suecia, un adulto de cada cuatro trabaja en tales servicios. El gasto público social por habitante es en España el más bajo de la UE-15.

Es cierto que el enorme déficit de gasto público, incluido el social, que el Estado español heredó de la dictadura, se corrigió en parte durante los años ochenta y principios de los noventa hasta que llegó 1993, fecha en la que se tomaron las medidas encaminadas a integrar España en la eurozona. Entre ellas, la más importante fue la de reducir el déficit público del Estado (entonces un 6% del PIB), lo cual se consiguió mediante la reducción del gasto público (incluyendo el social), tal como está ocurriendo ahora.

En España, las reducciones del déficit del Estado siempre se han conseguido a base de disminuir el gasto público social en lugar de las subidas de impuestos. Y ello es consecuencia del enorme poder de lo que se llamaba antes burguesía, pequeña burguesía y rentas superiores de la clase media alta (que dominan la vida política y mediática del país). Su ideología, que se promueve en los medios de mayor difusión del país, es el neoliberalismo, que predica la bajada de impuestos y el aumento de la regresividad fiscal, así como la reducción del gasto público (incluido el social), como las medidas más eficaces para estimular el crecimiento económico. Estas políticas son responsables de la enorme polarización de las rentas con el consiguiente empobrecimiento y endeudamiento de las clases populares (las rentas del trabajo como porcentaje de las rentas nacionales han ido descendiendo) y una obscena concentración de las rentas y de la riqueza que se invirtió en los sectores que producían mayores beneficios, que eran las actividades altamente especulativas del sector inmobiliario, liderado por la banca.

Esta situación fue incluso más acentuada con las bajadas de impuestos en los últimos 15 años que beneficiaron primordialmente a las rentas superiores, que depositaron sus nuevos ingresos en la banca, la cual prestó al Estado el dinero que necesitaba para cubrir el déficit resultado de la bajada de impuestos. Un círculo virtuoso para los superricos y los ricos. Existe una alianza de las clases adineradas con la banca, la cual se beneficia del endeudamiento del Estado. Esta alianza está detrás de la crisis de la deuda pública. Los ricos en España, Grecia, Portugal e Irlanda no pagan los impuestos que pagan sus homólogos en la mayoría del centro y norte de la eurozona, forzando al Estado a endeudarse para el beneficio de la banca, tanto nacional como extranjera. El predecible estallido de la burbuja inmobiliaria creó una crisis de enormes proporciones. La excesiva dependencia de los ingresos del Estado español de las rentas del trabajo y del consumo, en lugar de las rentas del capital, explica que el déficit público del Estado se disparara, pasando de superávit a un 11% del PIB de déficit en tres años. Y, una vez más, la crisis y el déficit público se atribuyó (erróneamente) al excesivo gasto público (incluyendo el social), con los consecuentes recortes. Con ello se ha ido empeorando la situación económica, pues el estancamiento económico se debe a la escasa demanda, resultado del endeudamiento y la baja capacidad adquisitiva y no al excesivo gasto público. Con estas políticas de recortes, España está yendo hacia Grecia.

Lo que se requiere es una reforma fiscal que aumente los ingresos al Estado para crear empleo, puesto que el mayor problema que tiene España no es el déficit público, sino el elevado desempleo y el escaso crecimiento económico, consecuencia de la escasa demanda. Y el país tiene los recursos para ello. Lo que pasa es que el Estado no los recoge. Así, el PIB per cápita de España es ya el 94% del promedio de la UE-15. En cambio, su gasto público social es sólo el 74% del promedio de la UE-15. Si fuera el 94%, el Estado tendría 66.000 millones de euros más para cubrir el déficit del Estado y el enorme déficit de gasto y empleo público social de España. Lo que ocurre es que el Estado en España (y en Grecia, Portugal e Irlanda) está excesivamente influenciado por la banca, la gran patronal y las rentas superiores, los mayores responsables, por cierto, del fraude fiscal, que en España alcanza la cifra de 88.000 millones de euros. El hecho de que el Estado prefiera recortar el Estado del bienestar en lugar de hacer la reforma fiscal que el país necesita se debe a lo que se llamaba antes “poder de clase” y ahora se llama (erróneamente) “poder de los mercados”.

Nuevo tiempo para Chile

Desde hace ya casi un mes, nuestro país vive una situación que, a primera vista, pudiera parecer paradojal. Los índices de crecimiento económico aumentan y, al mismo tiempo, la cesantía retrocede. Sin embargo, como nunca antes, tras el “retorno a la democracia”, la ciudadanía da muestras de hastío y cansancio. Las cifras de rechazo a la actual administración bordean el 60% y aquellas que reprueban a los partidos opositores no son mejores. Pareciera que lo que ha entrado en crisis es el “modelo chileno”, un sistema de consensos, equilibrios y negociaciones amparadas por una constitución política redactada en tiempos de dictadura. Asistimos a la irrupción de un nuevo horizonte en el imaginario histórico y social chileno, que como todo imaginario está tejido de acciones “cuasirracionales”, esperanzas y expectativas.

Los síntomas son inequívocos: amplios sectores de la ciudadanía protestan por el actual estado de cosas. Los estudiantes han sido, hasta aquí, los protagonistas de las manifestaciones, pero no los únicos. La cuestión es clara: Los partidos y líderes políticos formados en la actual institucionalidad muestran toda su precariedad ante movimientos sociales que expresan su descontento. Así, por ejemplo, pretender satisfacer las demandas de estudiantes, docentes y apoderados aportando dinero al presupuesto educacional es desconocer la profunda naturaleza política del conflicto. Una crisis matrimonial no se resuelve regalando una lavadora.

La ciudadanía entiende que las cifras halagüeñas de crecimiento económico no significan nada para la gran mayoría de chilenos que deben lidiar cotidianamente con el alto costo de la vida, el endeudamiento y un salario mínimo humillante. Los ciudadanos han entendido, tras más de dos décadas de consensos, que la clase política no sólo es inepta sino, además, corrupta. Las nuevas generaciones, hijos de la mediatización y las redes sociales globalizadas, se niegan a seguir el modelo de sus padres que solo les promete injusticia y frustración. Destaquemos que los actuales movimientos sociales se enmarcan en demandas democráticas radicales que exigen, en última instancia, un urgente cambio constitucional. El actual ordenamiento constitucional ha llegado al límite en que ya no es capaz de otorgar representatividad ni legitimidad, y mucho menos eficiencia a las instituciones políticas.

Ya no es una utopía ni mera demagogia exigir una nueva constitución sancionada por la soberanía popular. Poco a poco, se instala en nuestro imaginario social la posibilidad cierta de un salto cualitativo en la política nacional. Esto es lo que se lee detrás de las consignas y pancartas en las calles de nuestras ciudades, un inédito horizonte político que va cerrando un pasado de más de tres décadas de autoritarismo y post autoritarismo e inaugura una nueva época. En el ámbito político se pueden advertir las grandes tendencias, sin embargo, la dosis de incertidumbre puede hacer de un día muchos años y de muchos años un día. No obstante, sean cuales fueren los plazos, las movilizaciones ciudadanas en curso auguran un nuevo tiempo político para Chile.

La peor sequía en 60 años provoca un éxodo en Somalia

"Nos llegan mujeres y niños que llevan 20 días andando", cuenta Antoine Sroidevaux, coordinador de Médicos Sin Fronteras (MSF), desde el campamento de refugiados de Dadaab en Kenia, que recibe cada día una media de 1.400 personas que escapan de Somalia, azotada por la peor sequía en 60 años.

El éxodo somalí ha desbordado al campamento más grande del mundo, que cuadriplica su capacidad inicial. Pensado para acoger a 90.000 personas, Dadaab da refugio actualmente a cerca de 380.000 refugiados y se prevé que el número no deje de crecer en las próximas semanas. Frente a esta avalancha humana y tras días de fuerte presión internacional, el Gobierno de Kenia anunció ayer la construcción de un nuevo campo, con capacidad para 80.000 personas , que estará operativo en diez días.

Unas 3.000 personas huyen cada día hacia los países vecinos

Unas 3.000 personas llegan cada día desde Somalia a Kenia y Etiopía, donde hay otros tres campamentos de acogida, igualmente desbordados. Es una de las muchas cifras que explican la crudeza del drama somalí, el país del cuerno de África más afectado por una sequía que mantiene, según la ONU, a casi 11 millones de personas de la región en situación de "emergencia humanitaria" y que podría acabar con la vida de un millón de niños desnutridos.

El éxodo de refugiados empezó hace meses pero se ha agravado en las últimas semanas. La escasez de lluvia en los dos últimos años y el aumento de las temperaturas han acabado con la cosecha y el ganado de miles de pastores que viven de la agricultura y se han visto forzados a emigrar.

La sequía ha disparado también el precio de los alimentos. "Hay zonas de la región donde el precio de la leche se ha multiplicado por tres y donde hasta un 70% de los pastores ha visto morir a todo su ganado", explica a Público en conversación telefónica desde Kenia Alfonso Daniels, portavoz de la organización Save The Children.

Lluvias escasas y altas temperaturas en los últimos dos años

Al drama de la sequía se añade el desgobierno y la violencia latente que sufre Somalia desde hace más de dos décadas, lo que impulsa también la migración. La milicia islamista Al Shabab vinculada a Al Qaeda y que controla la gran mayoría del país levantó la semana pasada la prohibición, impuesta hace un año, de impedir la entrada de organizaciones humanitarias.

Sin embargo, los asaltos violentos, los robos o las agresiones sexuales siguen siendo habituales en la odisea para lograr salir de Somalia, como la de Sultan, de 25 años y madre de cuatro hijos. "Por el camino sufrimos una emboscada. Nos tuvieron presos en el monte durante dos noches y nos robaron todos nuestros ahorros, unos dos millones de chelines somalíes (unos 885 euros)", cuenta en un testimonio recogido por MSF.

Una vez en los campamentos, la vida de los refugiados no está exenta de dificultades. La malnutrición y la mortalidad infantil son alarmantemente altas en los centros de acogida, según la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas (Acnur).

En el campamento de Dolo Ado, Etiopía, uno de cada dos niños menores de 5 años que llegan al campo padece malnutrición, mientras que en Dadaab, Kenia, afecta al 40% de los niños.

En ambos campos, la tasa de mortalidad supera "absolutamente" el umbral de emergencia , situado en un muerto al día por cada 10.000 personas y en dos en el caso de los niños menores de 5 años, según explica Alfonso Verdú, responsable de operaciones de MSF en el cuerno de África.

"Hemos visto a niños morir en espera de su primera o segunda ración de comida, entre las que pueden pasar hasta 40 días, cuando el estándar internacional es de 15 días", relata a Público.

En la misma línea se expresa su compañero Sroidevaux: "Damos tres litros de agua por persona al día, cuando lo normal es dar 20 litros para cocinar y limpiarse . La gente se cansa de hacer colas y algunos pagan para conseguir agua cuando debería ser gratis. Sólo tenemos tiendas de dormir para un 20% de los refugiados y los demás se buscan la vida por su cuenta".

En los primeros 11 días de julio, más de 11.000 somalíes llegaron a Etiopia y otros 8.600 a Kenia, según las estadísticas de Acnur, que alerta de que otros muchos no sobreviven y fallecen durante el éxodo.

Denuncia de la ONU

"He visto con mis propios ojos el profundo sufrimiento del pueblo somalí que busca seguridad y alimentos. Niños refugiados que mueren y sus madres, que se han convertido en esqueletos andantes y están ante la disyuntiva de a qué hijo salvar" , aseguró recientemente el alto comisionado de la ONU Antonio Guterres, tras visitar el sureste de Etiopía.

Según la ONU, casi tres millones de somalíes un tercio de la población está desplazada y necesita ayuda humanitaria. Sólo en la primera mitad de este año, 135.000 somalíes escaparon de su país, un flujo que se disparó en junio, cuando emigraron 55.000 personas.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, hizo esta semana un llamamiento a los países donantes, al haber recibido solamente la mitad de los 1.130 millones de euros estimados para hacer frente a la crisis en la zona. 

Fuente: http://www.publico.es/internacional/387119/la-peor-sequia-en-60-anos-provoca-un-exodo-en-somalia

Los bancos europeos se preparan para lo peor

Según funcionarios del sector, algunos de esos bancos han restringido los préstamos transfronterizos a empresas en países como España e Italia. Otros, en cambio, depositan más dinero en el Banco Central Europeo (BCE), de acuerdo con datos de esa entidad. En tanto que otros más aumentan el uso de seguros contra la cesación de pagos como protección contra sus tenencias de deuda soberana de países inestables.

Mientras la crisis se profundiza, incluso los bancos centrales europeos consideran la posibilidad de que uno o más países abandonen la moneda del bloque, de acuerdo con fuentes al tanto, un escenario que hasta hace una semana les parecía inadmisible.

En general, los bancos europeos parecen ser cada vez más renuentes prestarse dinero entre si, incluso a corto plazo. El dinero que los bancos europeos depositaron en el BCE a un día trepó el martes a 90.500 millones de euros (US$127.000 millones), frente a los 65.700 millones de euros del día anterior. La última vez que ese tipo de depósitos había tenido un desempeño similar había sido más de cinco meses atrás, el 7 de febrero, cuando los bancos atesoraron allí 137.000 millones de euros.

Pese a que la cantidad de los fondos depositados en el BCE sube y baja por razones técnicas a lo largo de cada mes, ha sido históricamente un buen indicador acerca de la renuencia de los bancos a prestarse dinero unos a otros, y sobre la intensificación de la crisis financiera.

Los cambios reflejan la creciente inquietud por la falta de voluntad de los líderes políticos de Europa para abordar de manera adecuada los problemas del continente. Las inquietudes han pasado de la preocupación por que Grecia pueda caer en incumplimiento de pagos de su deuda a un escenario más dramático, donde Grecia u otro país dejen la moneda del bloque.

A pesar de que la crisis de la deuda europea ha afectado al continente desde hace alrededor de un año y medio, parece haber entrado en una nueva y más peligrosa fase esta semana. En este contexto se han desvanecido expectativas de que los funcionarios europeos podrán contener una vez más los problemas de Grecia y evitar una caída en incumplimiento de pagos, lo que podría ocasionar pérdidas a los bancos tenedores de deuda griega.

En el proceso, la atención se volvió hacia los problemas de las deudas de Italia y España. A principios de año se había vuelto una opinión general que a pesar de sus propios problemas económicos y fiscales, tanto Italia como España se habían puesto a salvo de los problemas de Grecia. Sin embargo, la reciente atención puesta en Italia sugiere que no es el caso.

"Más allá del BCE, en la actualidad no hay en la UE grandes billeteras capaces de respaldar a España e Italia", expresó Willem Buiter, jefe economista del Citigroup Inc.

La salida de un país de la zona euro podría exponer a los bancos con grandes operaciones en esos países al riesgo de una rápida devaluación de la moneda y otros trastornos. Mientras un banquero dijo que su banco estaba aumentando su cobertura para protegerse, un funcionario de otro banco expresó que la situación de Italia es monitoreada "momento a momento".

Las medidas defensivas tienen el potencial de aumentar la presión sobre esas economías mediante la reducción de la oferta ya limitada del crédito. Esto ocurrió al comienzo de la crisis financiera de Estados Unidos en 2008, profundizando la recesión.

Los funcionarios de algunos bancos dijeron que rebanaron su exposición a países en riesgo hace más de un año, por lo que son innecesarias nuevas medidas. También los bancos siguen de cerca sus posiciones de financiación, alertas a la posibilidad de que los depositantes en pánico comiencen a tirar de los fondos en manos de prestamistas relacionados con la crisis de la zona euro, señalaron funcionarios del sector.

Hay indicios de que algunos depositantes, como los fondos de mercados de dinero de Estados Unidos, que representan una fuente de fondos clave para muchos bancos europeos, están cada vez más nerviosos. Funcionarios relacionados con dos bancos europeos relativamente saludables indicaron que recientemente han captado más depósitos a corto plazo, a pesar de que están ofreciendo tasad de interés ultra-bajas. Asimismo, señalaron que el repunte de los depósitos es indicativo de una fuga hacia la seguridad.

http://www.iarnoticias.com/2011/secciones/europa/0018_wsj_crisis_eurozona_14jul2011.html

Fondos especuladores

Los que sacan partido de la crisis europea


Algunos cuestionan el papel de los llamados fondos de cobertura o hedge funds, que comercian diariamente con enormes sumas de bonos de deuda de estos países. Y llaman la atención particularmente a un instrumento financiero que se conoce como Credit Default Swaps, o CDS, una especie de seguro contra el impago de deuda o default. 

En un artículo del diario británico The Guardian, el analista James Rickards, quien trabajó para el fondo de cobertura estadounidense Long Term Capital Management, comparaba el mercado de CDS con quien asegura la casa del vecino, ya que uno puede adquirir seguros de activos que uno no posee. 

Y recuerda que quien compra un seguro para la casa de su vecino "tiene un interés en que la casa se queme o incluso le prende fuego".

Desde hace más de un año, los hedge funds y los CDS han sido severamente criticados por las autoridades europeas. La canciller alemana, Angela Merkel y el presidente francés, Nicolás Sarkozy, entre otros, han llamado a que se regule un mercado que consideran bastante opaco. 

Ataques de mercado

La preocupación se centra en una dinámica que las autoridades griegas han descrito como perversa.

Cuando se inician las dudas sobre la capacidad de países como Grecia o Portugal de pagar su deuda -por ejemplo si la calificación de la deuda baja- eso lleva a un aumento de los CDS, o del costo de asegurarse contra el default. 

Eso a su vez conduce a que suban los intereses de los bonos del país en cuestión, sea Grecia o Portugal, con lo cual aumenta el costo de financiación del país y aumentan sus dificultades, lo que eventualmente hace más probable el default. 

"Cuando alguien espera que un valor baje, lo que hace es que asume una posición corta (vende a corto plazo con el compromiso de recompra en un período determinado; el objetivo es comprarlos más baratos) y eso hace que el valor baje todavía más", dijo a BBC Mundo Xavier Adserá, ex presidente del Instituto de Analistas Financieros de España.

En ese sentido es posible que un hedge fund se deshaga temporalmente de unos bonos para recomprarlos nuevamente a descuento con lo cual influyen en que el mercado vaya en una cierta dirección. "Ellos lo que están buscando no es influir en el mercado sino sacar dinero". 

La Asociación Internacional de Swaps y derivados (ISDA) ha salido al paso de las críticas, negando que el mercado de CDS esté exacerbando la crisis. Xabier Adserá cree que la especulación es una consecuencia, pero no la causa de la profundización de la crisis.

Con eso concuerda Santiago Carbó, profesor de la Universidad de Granada, en España, quien señaló a BBC Mundo que "hay un componente especulativo en la crisis, pero no olvidemos que desde la crisis griega los grandes inversores del mundo se están deshaciendo de la deuda periférica y para que se la queden hay que ofrecerles más interés, y eso es un problema estructural, no es especulativo".

Ganancias ocultas

Independientemente del debate, lo que si está claro es que actores financieros están amasando recursos con esos instrumentos, pero es difícil saber cuánto dinero se mueve en ese mercado.

El año pasado, la Comisión Europea anunció que investigaría a más de 10 bancos de inversión, a quienes acusó de abusar de su posición dominante en el mercado contribuyendo con ello a que aumentaran los costos de financiación de Grecia.

Pero no fue posible encontrar pruebas de una serie de supuestos intercambios multimillonarios, ya que no hay registros de esas operaciones.

Algunos analistas advierten que muchos hedge funds se han abstenido de apostar directamente a un cese de pagos por parte de Grecia, por temor a que las autoridades europeas arremetan y los acusen de sacar ventaja de la situación. 

Sin embargo, un informe de la agencia Reuters pone de relieve algunas de las estrategias utilizadas para sacar partido, como por ejemplo apostar a caídas del euro o a la caída de las acciones de bancos expuestos a un default por parte de Grecia. 

Muchos han cuestionado el hecho de que instituciones financieras se pongan diferentes sombreros en diferentes contextos, como cuando se descubrió que Goldman Sachs ayudó a vender hipotecas subprime en EE.UU. y por el otro lado aconsejó a clientes que utilizaran esos CDS para apostar a que se irían a pique.

En el contexto europeo, un artículo del New York Times dijo que Goldman Sachs había ayudado al gobierno griego a maquillar sus cifras y por el otro lado recomendó veladamente en un informe a sus clientes sobre los riesgos de la deuda soberana griega.

Goldman Sachs señaló que su informe -CDS 101- no menciona por ningún lado a Grecia.

Pero eso aumentó las sospechas de las autoridades europeas que han lanzado una investigación en relación al papel que esos instrumentos están jugando en la crisis.

Y movimientos en el mercado como los que este lunes colocaron a España e Italia en serios aprietos financieros, hacen pensar a muchos que hay que hacerlo más temprano que tarde.

Contaminantes en alimentos

Dos alimentos pueden no ser el mismo producto



La Agencia de Seguridad Alimentaria (AESAN) ha recomendado oficialmente que niños y mujeres embarazadas no tomen, pero nada de nada, de los siguientes alimentos: pez espada, atún, cabezas de crustáceos, acelgas y espinacas. Dichos productos no están recomendados por su contenido en tóxicos como mercurio, nitratos y cadmio. La advertencia resulta paradójica pues se advierte de la extrema peligrosidad de unos alimentos para niños y embarazadas pero ¿es que no resultan tóxicos para no embarazadas, jóvenes, adultos, mayores, es decir, el resto de la población? Los pescados azules, como saben, son ricos en Omega 3, un aceite esencial para nuestra salud, pero visto como está el patio marino, y su contaminación no para de aumentar, será mejor obtener dicho aceite de frutos como por ejemplo el aguacate, ecológico claro.

Por otra parte hace unos días la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publicó un informe sobre la calidad de las leches. Analizó el producto de 26 fabricantes y ha llegado a la conclusión de que en general la leche hoy es peor que hace diez años. Llama la atención que entre las analizadas no haya ninguna marca de leche ecológica ¿es que no existen en España? Respuesta negativa. ¿Es que no interesa, por algún motivo, darlas a conocer porque sus resultados sería con seguridad mucho mejores que los de las marcas convencionales? Quién sabe. Lo cierto es que por lo general las leches ecológicas, como las buenas leches, dejan un poso blanco en el vaso mientras que algunas marcas de leche convencional parecen más agua de tiza. Y sí, sé que están pensando en el precio pero una leche de agua de tiza que no llega a un euro el litro y una fresca obtenida de vacas que pastan en semilibertad y que son criadas con criterios de producción ecológica puede costar mucho sí, 2, 3 casi 4 euros pero se mire por donde se mire es que no estamos hablando del mismo producto. Uno es leche lo otro échenle imaginación. Todas estas informaciones lo que nos hablan es de la importancia de invertir más en nuestra alimentación que es salud, más vale comer lo que necesitemos pero de calidad y limpio que comprar por comprar comida que no vale ni lo que marca su precio.

Fuente: http://www.migueljara.com/2011/07/10/dos-alimentos-pueden-no-ser-el-mismo-producto/

Amenazas a los pueblos invisibles de la Amazonía Peruana

El último tic-tac de los pueblos aislados
Son decenas de miles las comunidades indígenas que viven en los bosques de la Amazonía peruana. Sus culturas y modos de vida describen un proceso – a diferentes velocidades pero imparable- de asimilación a los patrones occidentales. A medida que aumenta el consumo de productos prescindibles y ajenos, la entrada de iglesias de todo color, la irresistible atracción a los centros poblados o la contratación de comunarios como mano de obra en actividades extractivas, los pueblos originarios cada vez se parecen más entre ellos. Y a la vez se parecen más a la sociedad mestiza.

Sin embargo, algunas fracciones de estos pueblos siempre han rechazado voluntariamente este contacto asimilatorio, adentrándose a las regiones más inhóspitas. Los reportes sobre su existencia, expresan que cualquier ingreso a sus territorios es sentido como una amenaza a la cual se defienden. Por eso, los calatos, habitantes desnudos de la selva, despiertan respeto y temor a todas aquellas personas que entran a esas regiones buscando madera o petróleo.

En la actualidad, el avance de la frontera petrolera, los proyectos de conexión vial transfronteriza y un nuevo reglamento que permitiría la entrada en Reservas Territoriales creadas por el gobierno peruano para su protección, amenaza seriamente la supervivencia de los últimos pueblos en aislamiento voluntario del Perú.

Alianza Hispano-petrovietnamita

El Bloque 39, de 886.820 hectáreas de selva virgen, abarca una región intransitable entre los ríos Napo y Tigre en la fronteriza región de Loreto. Testimonios y evidencias demostrarían la existencia de pueblos en aislamiento voluntario de las etnias Huaoranis , Arabela) y Taushiros. (1)

A principios de año, la empresa ConocoPhilips, ex socia de Repsol YPF en este bloque, se desprendió sorpresivamente de su participación en el marco de una restructuración financiera. Este gesto generó esperanzas a organizaciones de Derechos Humanos que promueven una campaña internacional contra el inicio de operaciones tanto en este bloque como en el vecino Lote 67, de la francesa Perenco.(2)

Sin embargo, en junio de 2011 la compañía estatal PetroVietnam se asoció a Repsol YPF para operar en el bloque. Su asociación coincide con la negativa de comunidades afectadas por sendas empresas en otros bloques del país: ni el pueblo kakinte quiere a Repsol en su territorio, ni la comunidad shipibo Nueva Betania, en el río Ucayali, permite el ingreso a Petro Vietnam.(3)

Una carretera en la R.T. Isco-Nahua

El dirigente shipibo José Faquín Fernández, presidente de la Organización Regional de Aidesep de Ucayali (ORAU), entrevistado por el equipo de Alerta Amazónica en Atalaya (4), alertó de la amenaza que representa el proyecto de construcción de una carretera trans-oceánica para el pueblo en aislamiento voluntario Isco-Nahua. “Justamente el proyecto carretero partiría en dos la Reserva Territorial creada para proteger a este pueblo” – declaró durante el XXVIII aniversario de la Organización Indígena de la Región de Atalaya (OIRA).

Relatos de un petrolero sobre episodios de contacto

Atalaya es un pueblo emergente cuya estratégica posición en la confluencia de los ríos Tambo, Urubamba y Ucayali , lo convierten en un punto logístico para el transporte fluvial hacia el megaproyecto gasífero de Camisea (Pluspetrol) y lotes aledaños (Repsol YPF y Petrobras).

Cada tarde desembarcan cientos de trabajadores que regresan de transportar insumos o de fatigantes jornadas selva adentro abriendo líneas sísmicas. Es una oportunidad para entrevistar a uno de estos peones selváticos que tras una ducha y sacarse el casco y uniforme de la subcontratista, regresa al anonimato como un civil más. A petición del entrevistado, el equipo de Alerta Amazónica reserva la fuente.

En sus trabajos de exploración sísmica ha vivido situaciones de contacto con pueblos aislados? Aunque no directamente, reconoce que existen muchas historias sobre este tema, de otros compañeros que avistaron personas “calatas” (desnudas) o sus rastros. De hecho, entre los petroleros de a pie, existe un gran temor a estos grupos por su fama de atacar con flecha.

Entre las experiencias, varias veces han cruzado arroyos donde se han encontrado huellas humanas descalzas. La reacción de equipo ha sido reagruparse y avanzar muy alerta con el temor de sufrir ataques desde cualquier rincón oculto de la vegetación. Otro relato describe la ocasión en que entró un hombre desnudo a la cocina del campamento cargano un sajino (puerco salvaje) que arrojó al suelo. Tras una curiosa inspección , este abandonó el lugar llevándose a modo de intercambio sal y otros alimentos.

Aunque estas situaciones de contacto sean pacíficas, expertos advierten de la extrema vulnerabilidad epidemiológica que sufren estos pueblos durante los contactos preliminares.

Y la reciente propuesta de “ Reglamento de Supervisión de Actividades Exploratorias y Extractivas al Interior de las Reservas Territoriales e Indígenas del Estado ” presentada por el Instituto Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (Indepa) (5) , que permitiría la entrada de petroleras en Reservas Territoriales, no hace más que promover situaciones de acorralamiento a los últimos pueblos aislados.(6)