Los análisis políticos, por lo general, consideran a los conflictos como objetos sobre los que recae la acción del estado. Este artículo invierte el punto de vista y analiza las políticas de gobierno como respuestas a las luchas. Siguiendo ese hilo se pondrán de manifiesto, no sólo las tensiones que esas políticas encierran, sino también los movimientos que las superan.
La composición del trabajo en Uruguay pasó por grandes transformaciones técnicas y políticas durante las últimas décadas.
Los métodos de organización basados en la colaboración de los trabajadores, la subcontratación de funciones y la precarización del empleo, disgregaron la figura de una clase obrera masiva. La relación laboral no se limita a algo que ocurre entre obreros y patrón dentro de la fábrica. El mando sobre el trabajo se extiende como un control de redes productivas en la sociedad y multiplica también los personajes y lugares de conflicto.
Los sindicatos, reducidos a la organización del empleo formal, resistieron las reformas neoliberales asociados al partido de izquierda, el Frente Amplio.1 Esos lazos entre organizaciones sociales y políticas no estuvieron libres de tensiones. No obstante, fueron decisivos, tanto para la eficacia política de las resistencias sociales, como para canalizar electoralmente los descontentos a favor de la izquierda y acceder al gobierno.
El gobierno del Frente Amplio respondió a esa composición de clase con la institución de los Consejos de Salarios. La negociación colectiva era una demanda sostenida del movimiento sindical y un elemento clave de su asociación con la izquierda, contrapuesta a la desregulación laboral promovida por los partidos políticos tradicionales. Los Consejos de Salarios aparecen como un reconocimiento del poder de los trabajadores y, al mismo tiempo, como la tentativa de confinarlos en un lugar subalterno.
Entre los años 2005 y 2010, el gobierno de Tabaré Vázquez procuró controlar los conflictos del trabajo y administrar los salarios en función de la inflación.
El Frente Amplio organizó Consejos de Salarios en toda las actividades económicas; protegió a los sindicatos, con el fin de equilibrar su posición con los empresarios; y puso la negociación colectiva bajo la tutela del gobierno. El Poder Ejecutivo fijó aumentos de salarios simultáneos y uniformes, limitó la negociación colectiva a una implementación particular por ramas de actividad y reconoció solamente los convenios que cumplieran con las pautas gubernamentales.
De este modo, la política económica pretendió regular los salarios como una variable dependiente de la inflación. Sin embargo, se encontró con un desarrollo de necesidades y deseos que desbordan las mediaciones políticas.
Los conflictos aumentaron hasta recuperar los niveles previos a la instalación de los Consejos de Salarios. Según el Instituto de Relaciones Laborales, la conflictividad pasó de 392.914 jornadas laborales en el año 2005, para un total de 1.315.983 jornadas de trabajo perdidas en el 2008.
Creció también la organización sindical. De los 140.000 trabajadores sindicalizados, estimados a comienzos del 2005, llegó a cerca de 300.000 para fines del año 2008, según la central sindical PIT-CNT.2
Los trabajadores cuestionaron las pautas salariales del gobierno. Promovieron aumentos diferenciados para las categorías de bajos ingresos y, mientras los ajustes fijados por el gobierno de Vázquez iban de un mínimo del 9 hasta un máximo del 20 por ciento, llevaron a un crecimiento del salario real del 27 por ciento en el quinquenio.
Las luchas convirtieron al salario en una variable rebelde, que supera los límites de la política económica.
En el año 2010, asumió un nuevo gobierno presidido por José Mujica. Si bien pertenece también al Frente Amplio como el anterior, reaccionó a los conflictos del trabajo con la flexibilización salarial.
El gobierno de Mujica mantuvo el control de la inflación como prioridad, pero abandonó la administración de los salarios. El Poder Ejecutivo dejó de fijar los porcentajes de ajuste y los reemplazó con aumentos por productividad. La flexibilización permite mayores aumentos para los sindicatos más fuertes y las empresas con mejor capacidad de pago, sin empujar a un alza general de salarios ni elevar los precios.
No afecta la distribución entre trabajo y capital, porque los salarios sólo aumentan si crecen las ganancias. En cambio, tiene importantes efectos políticos. La subordinación a la productividad asocia los ingresos del trabajador con la suerte de las empresas, antes que con el conjunto de la clase, y requiere la colaboración de los sindicatos para definir y vigilar los convenios.
El gobierno del Frente Amplio respondió al desarrollo de la composición de clase con políticas que acentúan las diferencias entre los trabajadores, dispersan la acción de los sindicatos y reintegran las luchas dentro de la política económica. No obstante, el cambio de la regulación salarial terminó por resolverse a través de una ola de conflictos.
Los conflictos comprendieron la renovación de los convenios de la actividad privada y la negociación presupuestal de los funcionarios públicos, sostenidos por acciones comunes de todo el movimiento sindical, incluyendo un paro general de 24 horas. La conflictividad sumó un total de 1.279.500 jornadas de trabajo en el año 2010, con la participación de 1.114.400 trabajadores, según el Instituto de Relaciones Laborales.
Su impacto se vio acrecentado, además, por formas de lucha que multiplican los efectos sobre las actividades. Las ocupaciones de lugares de trabajo, los piquetes y el encadenamiento de las paralizaciones revelaron un conocimiento y poder de los trabajadores, que se sobrepuso a las direcciones de empresas y servicios. El ciclo concluyó atrayendo a los trabajadores del comercio y los servicios, de más bajos salarios y que habían sido mantenidos hasta entonces al margen de las luchas.
El Ministerio de Trabajo celebró los consensos finalmente alcanzados con la firma de nuevos convenios. En cambio, el Banco Central advirtió que se acordaron aumentos de salarios por encima de la inflación que no están atados a incrementos de productividad.
En efecto, la mayoría de los convenios estableció aumentos de salarios fijos e incluso, cuando adoptaron formas de flexibilidad como en el caso de la Construcción, acotaron su variación dentro de estrechos márgenes. La similitud de los porcentajes de aumento, a pesar de la diversidad de las fórmulas de ajuste, refleja referencias comunes, que prevalecen sobre las diferencias entre los sectores económicos.
Puede discutirse si los resultados obtenidos están a la altura del potencial existente. Este es y será siempre un asunto de debate entre las agrupaciones sindicales. Los conflictos del período produjeron también algo más y distinto que mejores salarios. Trazaron un curso de acción mayoritario entre los trabajadores y victorioso en el choque de clases.
Las relaciones de fuerzas produjeron resultados que contrariaron los lineamientos del gobierno. No son los salarios que se flexibilizan para mantener las ganancias, sino éstas que resultan condicionadas por la rigidez de las necesidades de los trabajadores. Lejos de dispersar su acción, los sindicatos impusieron referencias comunes, que nivelan las diferencias entre los sectores económicos. El salario se independiza como un “componente exógeno”, alerta el Banco Central, que escapa al manejo de la política económica y la condiciona.
De las luchas surge una estrategia diferenciada del gobierno, que revela una tendencia a la autonomía política de los trabajadores y se proyecta como un movimiento que supera el actual estado de cosas.
