EL PERU EN REMATE

dice el padre en la ciencia celeste ALFA Y OMEGA

401.- En la prueba de la vida, hubieron demonios que se tomaron el extraño libertinaje, de negociar lo que no les pertenecía; es así que todo llamado presidente, rey, dictador, monarca y todo extraño funcionario de gobiernos, del extraño mundo salido de las extrañas leyes del oro, que se atrevieron a negociar a la naturaleza, sin pedir la opinión a los pueblos, tienen severísimo juicio de parte del hijo de dios; ninguno de estos demonios del abuso, volverán a ver la luz; todos ellos serán llamados traidores a las leyes de la luz.-

Quieren cobrar comisiones en grande

La publicación del primer decreto de urgencia del año que apura y libra de controles la concesión de 30 megaproyectos de inversión relacionados con la infraestructura estratégica del país, generó la reacción inmediata de congresistas de diversas tendencias, que consideraron que se trata de un super faenón del gobierno.

En diálogo con LA PRIMERA, la congresista y candidata a la vicepresidencia por el nacionalismo, Marisol Espinoza, señaló que el dispositivo dado por el gobierno convierte a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), en un super-poder al que se le transferirán los bienes públicos que se quiere conceder y el que decidirá su destino.

“A este organismo le han dado el nombre de ‘concediente’, es decir el que va a actuar a nombre de un Estado que está tan desesperado por entregarlo todo que ha declarado de urgencia facilitar este proceso. ¿De dónde sale la atribución de una entidad así para disponer del patrimonio del Estado y todos los peruanos”?, preguntó.

La legisladora nacionalista opinó, también, que “la experiencia muestra que ProInversión ha permitido que la corrupción esté presente en procesos donde los recursos y el patrimonio del Estado se malbaratean y se transfieren trasgrediendo las leyes”.

“Es el caso del puerto de Paita, el aeródromo de Collique y, también, el de las azucareras de Pomalca, Tumán y Cayaltí, entre otros”, anotó.

Sostuvo finalmente que en este caso no se justifica para nada la supuesta “urgencia”, que está prevista para situaciones de suma gravedad (desastres naturales, epidemias, conflictos, etc.) que requieran una respuesta urgente del Estado con cargo a dar cuenta posterior al Congreso. “Aquí están sacando al Congreso del tema porque saben que una norma así no podría ser sometida a un mínimo debate porque todo el país se daría cuenta de sus intenciones que es repartirse las últimas comisiones antes de irse”, apuntó.

Pedirán derogatoriaLa también candidata a LA PRIMERA vicepresidencia de Gana Perú señaló que el dispositivo debe ser derogado, por lo que adelantó que su bancada presentará en el Congreso una iniciativa al respecto.

“Hay que parar esto porque se sigue saqueando y rematando el país. Lo más vergonzoso es que lo haga en contra de los intereses del pueblo peruano. Se debe derogar este decreto porque es un atentado contra el patrimonio nacional”, agregó.

“Ojalá que el presidente del Congreso (César Zumaeta) disponga lo necesario para que este pedido se vea con celeridad”, anotó.

Objetivo electoralPor su parte el integrante de Alianza Parlamentaria, Yonhy Lescano, también criticó que el gobierno haya dado este decreto de urgencia cuando está a punto de irse.

Asimismo indicó que el procedimiento para entregar en concesión 30 proyectos de inversión, dando facultades plenas a ProInversión, es ilegal, pero además –argumentó-, tiene una connotación electoral. “Recurre a todo este tipo de medidas para hacer obras y levantar el APRA”, remarcó.

Peligran los intereses nacionales “El gobierno quiere rematar los proyectos estratégicos antes de irse, por eso ha emitido un decreto de urgencia que es inconstitucional, ilegal y que representa un peligro para los intereses del país”, señaló el congresista Washington Zeballos, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos y Ecología.

Las disposiciones contenidas en el Decreto de Urgencia N° 001-2011, permiten que se declare viable grandes inversiones con solo estudios de prefactibilidad. “En ella se establece que no serán necesarias las certificaciones ambientales para el otorgamiento de las autorizaciones administrativas, lo cual vulnera el principio precautorio y preventivo, violenta la legislación ambiental y se convierte en una fuente de grandes conflictos sociales”, indicó el legislador.

Zeballos se preguntó: ¿Cuál es el interés de un gobierno que se va en concesionar carreteras, terminales portuarios, líneas de transmisión eléctrica, represas, gaseoductos, aeropuertos, banda ancha e incluso una nueva fase del tren eléctrico? “Concesionar y contratar, violentando y saltando todo tipo de procedimientos, es una mala señal que muestra intereses subalternos”, sostuvo.


Helio RamosRedacción