¿Desde Lima se impulsa nueva fase de la Operación Cóndor?

Pareciera tener razón el valeroso profesor paraguayo Martín Almada. Hace algunas semanas denunció que estaba en marcha una nueva fase de la siniestra “Operación Cóndor” que tanto daño hizo a nuestros países bajo el imperio de las dictaduras militares del pasado.

Y solo algunos días atrás, el semanario “El Siglo”, que se edita en Santiago de Chile, publicó un extenso artículo de Jean-Guy Allard en el que se pone en evidencia la llamada “Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley”, entidad que, bajo sus siglas en ingles (ILEA) funciona desde el año 2005 en diversos países.

Se trata -dice el autor de la nota- de “una siniestra red de establecimientos que preparan a policías y militares de distintos países en modernas técnicas de tortura y represión”.
La denuncia en el hemisferio sur, la hizo Hector Timmerman, ministro de relaciones exteriores de Argentina, quien recogió lo dicho por el salvadoreño Frankie Flores, quien aseveró que Estados Unidos dispone de una red de cinco institutos ILEA de preparación de policías y militares a sus últimas técnicas de represión, cuatro de ellos fuera de su territorio: en Budapest, Hungria; en Bangkok, Thailandia; en Gaborone, Botswana; y en San Salvador, El Salvador. Completa el circuito, ILEA Roswell en Nueva México, Estados Unidos, la única sede que funciona en USA.

Actualmente la ILEA entrena agentes operativos de varios países latinoamericanos, en técnicas especiales destinadas a derrotar -según dice- el terrorismo, el narcotráfico y la subversión, Del Perú recientemente, fueron capacitados ocho “alumnos” cuya identidad no se conoce. Así aplicó sus acciones la “Operación Cóndor” en el pasado.

Particular preocupación debe causarnos la versión que proporciona Frankie Flores: una de las instituciones mas peligrosas de esta red es el Centro de entrenamiento para la región suramericana con sede en Lima “donde se está entrenando a soldados y policías en contra-insurgencia o para “combatir el terrorismo” como se llama ahora, ya que este tipo de academias fue diseñado y aprobado bajo la administración del presidente Billy Clinton para “entrenamientos contra-terroristas e intercambio de información”, es decir, espionaje.

¿Ha autorizado el ciudadano peruano el funcionamiento de esta institución en su territorio? ¿Se ha hecho algún debate en torno a la materia en nuestro país? ¿Han informado a la opinión pública de esto los medios de comunicación? ¿Ha aprobado el Congreso de la República del Perú una resolución legislativa amparando esa acción? ¿Ha avalado el Presidente García -y antes el Presidente Toledo- a una entidad con esos fines? ¿Por qué han guardado ante el tema tanto silencio las autoridades peruanas?

En todo caso, virtualmente es muy poco lo que se sabe, porque ni el gobierno peruano ni las autoridades militares se han dignado decir una palabra en torno a la materia. Han guardado el mismo silencio que guardó el general Richter Prada, cuando, colaborando con la “Operación Cóndor” contribuyó a fines de los setenta del siglo pasado secuestrar, torturar y asesinar a un pequeño grupo de “Montoneras” en nuestro país.

El Ministerio Justicia -si el tema tuviera que ver con el imperio de la ley- debiera ser el primero en hablar en torno a la materia; pero a lo mejor aquí ocurrió lo mismo que en Costa Rica, donde los funcionarios del Pentágono prefirieron entenderse con las autoridades de policía y no con las judiciales, como ameritaría “el cumplimiento de la ley”.

Es posible que quienes hayan tenido en sus manos el caso, optaran por el silencio con la idea de estar protegiendo una suerte de “secreto de estado” que hoy se ha vuelto público; o quizá que, simplemente, hayan sido sorprendidos por el nombre rimbombante de una entidad que se dice empeñada en asegurar propósitos lícitos.

Si este improbable hecho hubiese ocurrido, aún estarían a tiempo las autoridades peruanas para pronunciarse y actuar en consonancia con los intereses del país; dado que el Perú no podría ser un centro de preparación para prácticas contrarias a la naturaleza misma de la nación.

Los peruanos, en efecto, no concebimos el territorio nacional como un lugar de capacitación para torturadores ni asesinos de ningún género. Por lo demás, ese tipo de acciones configuran hoy delitos de lesa humanidad, reconocidos por la legislación Penal Internacional y por los Tribunales de Justicia como la Corte de La Haya.

Quienes tienen duda respecto a la esencia de instituciones de esta naturaleza debieran recodar a la tristemente célebre “Escuela de las Américas”, que en Panamá cumplía funciones similares: adiestraba oficiales de los ejércitos y las policías de nuestros países para someterlos a su control más estrecho y a la ejecución de planes y programas vinculados a la estrategia de dominación de los Estados Unidos.

La siniestra Fort Benning, sepultada en los estertores de la guerra fría, fue, un activo centro de operaciones militares en el se fraguaron agresiones contra diversos países de la región. Castillo Armas y sus colaboradores que actuaron en provecho del Imperio en 1954 en Guatemala, se adiestraron allí; del mismo modo como lo hicieron los que desembarcaron en Playa Girón, en 1961; y en Santo Domingo pocos años más tarde.

Incluso la misma agresión militar norteamericana que depuso al general Noriega a fines del siglo pasado en Panamá, contó con el apoyo activo de este centro de la subversión internacional.

Aunque el diplomático norteamericano John Danilovich aseguró en su momento que no existe ningún componente militar en el programa de estudios de esta academia, que la AICL es estricta y explícitamente no militar y que tampoco habrá armas o la instrucción típica de una academia de policía; lo que ya se conoce dista mucho de esa versión.

Hoy se sabe, en efecto que reciben actualmente, entrenamiento allí agentes provenientes de 30 países de América, entre ellos: la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay, Paraguay y Perú.

De acuerdo con las versiones recibidas, la citada academia entrena anualmente un promedio de 1500 oficiales de policía, jueces, fiscales y otros agentes estatales en diferentes técnicas, en temas de narcotráfico, terrorismo y otros delitos. Los instructores provienen de agencias de Estados Unidos, como la agencia antidrogas DEA, el Immigration and Customs Enforcement (ICE) y la Oficina Federal de Investigación (FBI), notorios expertos en esta políticas.

Las sospechas respecto al origen y funciones de esta institución, en realidad nacieron en la misma patria de Walt Whitman y Martin Luther King. Allí el organismo de derechos humanos School of Americas Watch (SOAW) denunció en el año 2005 que la ILEA era una “escuela de asesinos”. Por su parte, el reverendo Roy Bourgeois, aseguró que esta academia significa “un retroceso en términos democráticos” y “un camino para seguir controlando a Latinoamérica”.

En el Perú estamos en víspera de un proceso electoral. ¿Querrán los candidatos a la Presidencia de la República o los postulantes al Congreso Nacional pronunciarse en torno a este tema? ¿Se darán cuenta que tras este asunto hay hechos que lesionan nuestra soberanía y nuestra dignidad como Estado? ¿Tendrán conciencia que “centros” de este tipo resultan incompatibles con cualquier rumbo elementalmente democrático, patriótico, o nacionalista?

El Perú, ni sus instituciones ni su suelo, pueden ser usados en provecho de la tortura y la muerte. Nuestra capital no puede convertirse en sede exportadora del terror en sus más diversas modalidades. Hay que impedir a toda costa que el siniestro Cóndor renazca de sus cenizas.

Gustavo Espinoza M. Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera.

Se filtra la propuesta estadounidense de nuevo TLC

  Trans-Pacific Partnership (TPP) es la nueva iniciativa de tratado de libre comercio impulsada por Estados Unidos. El tratado es negociado en conjunto con Australia, Brunei, Chile, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Las negociaciones, que se efectúan en secreto, acaban de sufrir un serio revés tras la filtración extraoficial del capítulo sobre propiedad intelectual. El capítulo en cuestión incluye diversas disposiciones que afectarán el acceso a medicamentos, los derechos de las personas en Internet, la libertad de expresión y el respeto a la vida privada, entre otros. En materia de patentes, la propuesta estadounidense omite toda alusión a la Declaración de Doha, a través de la cual se ha procurado salvaguardar la salud pública del nocivo efecto de la excesiva protección de las patentes farmacéuticas. En cambio, el acuerdo exigiría el linkage, una medida no incluida en el TLC suscrito por Chile con Estados Unidos, la cual ha sido rechazada por organizaciones de consumidores y por las farmacéuticas locales, pero persistentemente alentada por la industria americana. A través de ella se intenta entorpecer el acceso al mercado de medicamentos genéricos, encareciendo las medicinas.

En materia de derechos de autor, la propuesta exige sanciones criminales para quienes eludan medidas tecnológicas de protección, incluso si no hay infracción a los derechos de autor. Igualmente, se exigen sanciones criminales incluso si supuestas infracciones han sido cometidas sin ánimo de lucro y sin beneficio económico para el infractor. Además, la propuesta requeriría que fiscales y autoridades aduaneras actúen aun sin reclamación de los supuestos afectados.
La propuesta también afectaría seriamente el acceso a contenidos protegidos por derechos de autor. Por ejemplo, en ciertos casos, se intenta extender la duración de los derechos de autor hasta 95 años después de publicada una obra; hoy, en Chile ese plazo es 70 años. Más peligroso aún, el tratado exigiría que la “importación” de obras contará con autorización de los titulares de derechos de autor, lo cual eliminaría el agotamiento internacional del derecho, que, en el caso de Chile, permite enviar una obra de un país a otro sin pedir autorización.
En relación al funcionamiento de Internet, la propuesta de tratado exige que los países adopten un sistema de responsabilidad para los prestadores de servicio de Internet por las supuestas infracciones a derechos de autor cometidas en línea. En este punto, la propuesta va más allá de lo actualmente previsto en la legislación de los Estados Unidos, y también de Chile, pues impone obligaciones incluso en los prestadores de servicio de transmisión, tales como identificar a los supuestos infractores y desconectarlos de Internet. Además, la propuesta requiere que los países dispongan de medidas para bajar no solo contenidos infractores, sino que todo un sitio web por supuestas infracciones.
“Varias de las medidas propuestas por el TPP entran en conflicto con los derechos y libertades constitucionales. Por ejemplo, las normas sobre desconexión de usuarios de Internet por supuestas infracciones infringen el derecho al debido proceso, la presunción de inocencia, la libertad de expresión y el derecho a la vida privada”, asegura Alberto Cerda Silva, director de estudios de ONG Derechos Digitales. “Pero más grave, el tratado genera nocivas consecuencias para el acceso a la salud y al conocimiento, al incrementar la protección más allá de lo previsto en cualquier tratado internacional actualmente vigente”, agrega Cerda.
Para Claudio Ruiz, presidente de ONG Derechos Digitales, la propuesta de tratado es preocupante y afecta seriamente los derechos de las personas, razón por la cual anticipo que próximamente se solicitará audiencia a las autoridades del Gobierno comprometidas en la negociación del tratado. “Chile no debería comprometerse más allá de los ya elevados estándares comprometidos en el TLC con Estados Unidos”, sostiene Ruiz, quien valoró el hecho de que en las negociaciones Chile haya formulado propuestas a favor de la gente, y no de un reducido grupo de intereses.
http://www.derechosdigitales.org/2011/03/10/se-filtra-la-propuesta-estadounidense-de-nuevo-tlc/