Las manifestaciones impulsadas por campesinos peruanos, que desde hace 10 días han mantenido bloqueado el paso fronterizo con Bolivia, podrían radicalizarse este jueves si no obtienen respuesta por parte del presidente Álan García.
Los pobladores exigen la anulación de una ley que permite la explotación minera y causaría contaminación excesiva en las zonas naturales de la región.
El corresponsal de teleSUR de Bolivia, Freddy Morales, explicó que para este jueves se espera una respuesta del Gobierno de Perú, porque este martes hubo una reunión para plantear propuestas alternativas a la legislación de la explotación minera.
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El periodista explicó que los campesinos peruanos se oponen a esta normativa debido a que además de incrementar la contaminación de las aguas y los suelos, también perjudicará las actividades comerciales.
“Los pobladores peruanos exigen que se anule una legislación para explotar la mina Santa Ana (…) los campesinos se oponen a toda actividad minera o carbonífera porque temen que se contamine la tierra y las aguas del lago Titicaca”, indicó.
Morales también agregó que el bloqueo incluyó el uso de al menos 500 camiones de carga pesada, que han sido empleados para obstaculizar el paso en los dos puentes fronterizos de la zona.
Los campesinos han reiterado que se oponen de manera contundente a cualquier explotación minera en la zona porque se trata de una región agropecuaria. Además aseguran tener planes a futuro en esa área y sobre todo impulsar la producción lechera.
Repudio a la contaminación
Los habitantes de las poblaciones Lunguyo, Chucuito e Inlave, ubicadas al sur del distrito fronterizo de Guaculiani en Perú no cesan en su protesta contra las concesiones dadas a empresas para la explotación minera, al considerar que esta actividad podría contaminar en su totalidad el lago Titicaca.
La corresponsal de teleSUR en Perú, Verónica Insausti, reportó que los manifestantes han presionado al Consejo Regional para que se elabore una ordenanza que impida el otorgamiento de este tipo de concesiones; sin embargo, esto se realiza a través del Gobierno Central.
En cuanto al encuentro sostenido este martes entre la comisión de alto nivel, integrada por el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Interior y de la Presidencia de la República y los manifestantes, la periodista comentó que no se obtuvo ningún tipo de acuerdo, ya que el pliego de reclamos decía “no a las concesiones ni a Santa Ana y ninguna otra”.
Esperan una decisión del Consejo de Ministros sobre esta situación
Por otro lado, el congresista por el partido Acción Popular de Perú, Yonhy Lescano, explicó que “esta actividad minera genera bastantes riesgos, puesto que están alrededor del lago Titicaca o cerca de ríos alimentadores del lago, que eventualmente podrían contaminar este importante afluente de agua dulce”.
Dijo que ya se ha dado concesión a tres empresas petroleras para hacer exploraciones en el reservorio natural, lo que podría generar como consecuencia su contaminación y, de esta manera, afectar también la actividad agropecuaria de estas poblaciones rurales, que se dedican a la ganadería y la agricultura.
Los huelguistas tomaron la vía internacional que une entre Bolivia y Perú en las localidades de Desaguadero, Zepita, Yunguyo, Pomata y Juli, por donde pasa la ruta de carácter binacional.
Tras solicitar la presencia de autoridades gubernamentales que se apersonen en la zona de bloqueo, una comisión ministerial llegó la víspera a la ciudad de Puno (sureste de Perú) y convocó a los dirigentes de la huelga a un diálogo de alto nivel.
Según los medios locales, el bloqueo ha ganado intensidad con el pasar de los días, ya que se ha sumado un mayor número de manifestantes.
Asimismo, responsables de la Federación del Transporte Pesado Internacional de Bolivia acudieron a comienzos de semana a la Cancillería para que coadyuve a la solución del bloqueo en la localidad del Desaguadero.
Medios de comunicación locales informaron que cerca de 25 mil campesinos protestan en rechazo al proyecto de minería de la empresa canadiense Bear Creek con intenciones de explotar la actividad en la territorio peruano con posibles consecuencias medioambientales de gran impacto para las áreas donde habitan grupos étnicos.
