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viernes, 29 de abril de 2011
Denuncian convenio de Ejército y minera Afrodita
La semana pasada, mientras los medios de comunicación hacían eco a las antojadizas declaraciones de la minera Afrodita sobre la invasión de un grupo de sus trabajadores en territorios indígenas asegurando que no fueron sorprendidos, mucho menos retenidos por el pueblo awajún por invadir sus territorios, sino que se extraviaron.
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Protestan contra la entrada de semillas transgénicas
Marchas. Exigen se derogue decreto que atenta contra biodiversidad. El miércoles debatirían el tema en el Pleno del Congreso como primer punto de la agenda.
Más de 100 integrantes de la Coalición de Defensa de la Biodiversidad, el Agro y la Gastronomía Peruana realizaron un plantón en los alrededores del Congreso de la República para exigir la derogatoria del Decreto Supremo 003, que permite la entrada de semillas transgénicas (organismos genéticamente modificados) en el país.
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“No vamos a cesar hasta la derogatoria de este decreto que atenta con nuestra biodiversidad y las comunidades campesinas ya que la finalidad es que seamos productores dependientes de unas semillas que la producen solo las empresas internacionales”, dijo Jorge Prado, vicepresidente de Conveagro, integrante de la Coalición.
Precisó que el martes 3 de mayo realizarán otro plantón frente a las instalaciones del Ministerio de Agricultura, en La Molina.
Asimismo, a través de una carta a la Presidencia del Consejo de Ministros, la presidenta del Foro Agrario, Lucila Quintana, pidió una reunión urgente con la dirigencia agraria y representantes de la Coalición para exponer las razones del rechazo a la cuestionada norma.
Debate será este miércoles
La congresista Rosario Sasieta informó que el miércoles se debatiría el tema en el Pleno del Congreso como primer punto de la agenda. “No queremos transgénicos en el país ya que nuestros recursos se ponen en riesgo”, señaló.
Más de 100 integrantes de la Coalición de Defensa de la Biodiversidad, el Agro y la Gastronomía Peruana realizaron un plantón en los alrededores del Congreso de la República para exigir la derogatoria del Decreto Supremo 003, que permite la entrada de semillas transgénicas (organismos genéticamente modificados) en el país.
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“No vamos a cesar hasta la derogatoria de este decreto que atenta con nuestra biodiversidad y las comunidades campesinas ya que la finalidad es que seamos productores dependientes de unas semillas que la producen solo las empresas internacionales”, dijo Jorge Prado, vicepresidente de Conveagro, integrante de la Coalición.
Precisó que el martes 3 de mayo realizarán otro plantón frente a las instalaciones del Ministerio de Agricultura, en La Molina.
Asimismo, a través de una carta a la Presidencia del Consejo de Ministros, la presidenta del Foro Agrario, Lucila Quintana, pidió una reunión urgente con la dirigencia agraria y representantes de la Coalición para exponer las razones del rechazo a la cuestionada norma.
Debate será este miércoles
La congresista Rosario Sasieta informó que el miércoles se debatiría el tema en el Pleno del Congreso como primer punto de la agenda. “No queremos transgénicos en el país ya que nuestros recursos se ponen en riesgo”, señaló.
Estado podría perder ante Doe Run
El colmo. Tras ser demandado por US$ 800 millones. La demanda fue presentada por Renco Group el pasado cinco de diciembre ante un tribunal internacional.
Luego que la estadounidense Renco Group y su filial Doe Run Perú demandaron al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por US$ 800 millones, los expertos afirman que hay el riesgo de que el Perú pierda en este juicio.
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José De Echave, experto en temas mineros, afirmó que existe el grave riesgo de que el Estado peruano pierda en esa confrontación.
Según precisó, la empresa se aprovechó del capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos para blindarse.
“A través de este capítulo, los inversionistas están protegidos por una serie de cláusulas que les permite utilizar estos mecanismos de resolución de disputas”, afirmó en una entrevista publicada en el portal La Mula.
Asimismo, el especialista manifestó que Doe Run “es una empresa que no ha tenido la voluntad de cumplir con sus obligaciones ambientales, y que al final ha utilizado una serie de subterfugios para crear esta situación y finalmente aparecer como víctima”.
Demanda presentada en el 2010
La demanda por unos US$ 800 millones contra el Estado peruano fue presentada por Renco Group el pasado 5 de diciembre ante el Ciadi.
Según señala el comunicado que fue emitido en Nueva York por Renco Group el pasado 5 de enero de este año, “la demanda se origina debido al incumplimiento del Gobierno peruano en honrar sus obligaciones legales de acuerdo a las leyes internacionales, el Tratado y el contrato de inversión entre el Estado peruano, Doe Run Perú y los inversionistas norteamericanos en lo relacionado a la significativa inversión que Renco ha efectuado en La Oroya”.
Agregan que “este incumplimiento incluye la negativa del gobierno de remediar los suelos de La Oroya y alrededores, como se comprometió legalmente y el desconocimiento de su responsabilidad ante las demandas interpuestas por los ciudadanos de La Oroya”.
En tanto, el Estado peruano viene preparando su defensa por esta demanda de US$ 800 millones ante el Ciadi por parte de Doe Run, informó el Ministerio de Energía y Minas (MEM) un par de semanas atrás.
“Debemos tomar las previsiones del caso en defensa del Estado que tiene todas las facultades, y obviamente lo va a hacer. Este es un proceso en el que tenemos que ser muy cuidadosos, no quiero adelantar ningún juicio”, dijo en ese momento el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez.
Luego que la estadounidense Renco Group y su filial Doe Run Perú demandaron al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por US$ 800 millones, los expertos afirman que hay el riesgo de que el Perú pierda en este juicio.
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José De Echave, experto en temas mineros, afirmó que existe el grave riesgo de que el Estado peruano pierda en esa confrontación.
Según precisó, la empresa se aprovechó del capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos para blindarse.
“A través de este capítulo, los inversionistas están protegidos por una serie de cláusulas que les permite utilizar estos mecanismos de resolución de disputas”, afirmó en una entrevista publicada en el portal La Mula.
Asimismo, el especialista manifestó que Doe Run “es una empresa que no ha tenido la voluntad de cumplir con sus obligaciones ambientales, y que al final ha utilizado una serie de subterfugios para crear esta situación y finalmente aparecer como víctima”.
Demanda presentada en el 2010
La demanda por unos US$ 800 millones contra el Estado peruano fue presentada por Renco Group el pasado 5 de diciembre ante el Ciadi.
Según señala el comunicado que fue emitido en Nueva York por Renco Group el pasado 5 de enero de este año, “la demanda se origina debido al incumplimiento del Gobierno peruano en honrar sus obligaciones legales de acuerdo a las leyes internacionales, el Tratado y el contrato de inversión entre el Estado peruano, Doe Run Perú y los inversionistas norteamericanos en lo relacionado a la significativa inversión que Renco ha efectuado en La Oroya”.
Agregan que “este incumplimiento incluye la negativa del gobierno de remediar los suelos de La Oroya y alrededores, como se comprometió legalmente y el desconocimiento de su responsabilidad ante las demandas interpuestas por los ciudadanos de La Oroya”.
En tanto, el Estado peruano viene preparando su defensa por esta demanda de US$ 800 millones ante el Ciadi por parte de Doe Run, informó el Ministerio de Energía y Minas (MEM) un par de semanas atrás.
“Debemos tomar las previsiones del caso en defensa del Estado que tiene todas las facultades, y obviamente lo va a hacer. Este es un proceso en el que tenemos que ser muy cuidadosos, no quiero adelantar ningún juicio”, dijo en ese momento el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez.
Hernando de Soto participó en discurso plagiado de Fujimori en 1992
En el portal IDL Reporteros, el periodista Gustavo Gorriti afirma que el economista Hernando de Soto fue quien asesoró al sentenciado Alberto Fujimori en el plagio de un discurso que pronunció tras realizar el autogolpe de Estado.
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Como se recuerda, Keiko Fujimori anunció que ha invitado a De Soto a sumarse como asesor a su campaña. Años atrás, “asesoró a un recién estrenado dictador que precisaba con urgencia un lavado de imagen”.
Según la nota, en mayo de 1992 hubo una reunión de cancilleres de la OEA en Bahamas para, sobre todo, discutir el caso peruano.
“Asesorado por de Soto, Fujimori llegó sorpresivamente a Bahamas y leyó un discurso –en el cual la mano de su momentáneo asesor, de Soto, era evidente– en el que se comprometió a retroceder algunos pasos y convocar a lo que luego fueron las elecciones para el CCD”, se consigna.
Plagio de discurso
Sin embargo, gran parte del discurso fue una justificación del golpe. En el documento, Fujimori mencionaba que el golpe no había sido contra una democracia, sino contra una “partidocracia”.
Casi cuatro años, en noviembre de 1996, la fundación Friedrich Ebert publicó un libro compilado por Fernando Tuesta: “Los enigmas del poder: Fujimori, 1990-1996”. El libro era una colección de artículos de varios autores, entre los cuales había uno que traía interesantes novedades.
“El autor reveló que las largas justificaciones del golpe como una acción contra la partidocracia, no fueron escritas originalmente por Fujimori y sus asesores para hablar del Perú en 1992, sino que fueron publicadas por en 1988 por un autor norteamericano, Michael Coppedge, en su disertación doctoral sobre Venezuela”, reveló.
Incluso en las páginas 103 y 104 del libro hay una comparación lado a lado de ambos textos. Salvo el cambio de “Venezuela” por “Perú” y la traducción del inglés al español, se trata del mismo texto.
“Es decir, hubo trampa hasta en la justificación del golpe. Sin rubor alguno, Fujimori leyó un plagio burdo ante la OEA. De repente no lo supo. Pero el que escribió el discurso fue el que perpetró el plagio”, señala Gorriti.
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Como se recuerda, Keiko Fujimori anunció que ha invitado a De Soto a sumarse como asesor a su campaña. Años atrás, “asesoró a un recién estrenado dictador que precisaba con urgencia un lavado de imagen”.
Según la nota, en mayo de 1992 hubo una reunión de cancilleres de la OEA en Bahamas para, sobre todo, discutir el caso peruano.
“Asesorado por de Soto, Fujimori llegó sorpresivamente a Bahamas y leyó un discurso –en el cual la mano de su momentáneo asesor, de Soto, era evidente– en el que se comprometió a retroceder algunos pasos y convocar a lo que luego fueron las elecciones para el CCD”, se consigna.
Plagio de discurso
Sin embargo, gran parte del discurso fue una justificación del golpe. En el documento, Fujimori mencionaba que el golpe no había sido contra una democracia, sino contra una “partidocracia”.
Casi cuatro años, en noviembre de 1996, la fundación Friedrich Ebert publicó un libro compilado por Fernando Tuesta: “Los enigmas del poder: Fujimori, 1990-1996”. El libro era una colección de artículos de varios autores, entre los cuales había uno que traía interesantes novedades.
“El autor reveló que las largas justificaciones del golpe como una acción contra la partidocracia, no fueron escritas originalmente por Fujimori y sus asesores para hablar del Perú en 1992, sino que fueron publicadas por en 1988 por un autor norteamericano, Michael Coppedge, en su disertación doctoral sobre Venezuela”, reveló.
Incluso en las páginas 103 y 104 del libro hay una comparación lado a lado de ambos textos. Salvo el cambio de “Venezuela” por “Perú” y la traducción del inglés al español, se trata del mismo texto.
“Es decir, hubo trampa hasta en la justificación del golpe. Sin rubor alguno, Fujimori leyó un plagio burdo ante la OEA. De repente no lo supo. Pero el que escribió el discurso fue el que perpetró el plagio”, señala Gorriti.
Denuncian nuevo acto de persecución contra Radio La Voz de Bagua
Ipys advierte de otro atentado contra la libertad de expresión. Fiscal Olga Bobadilla pidió cuatro años de cárcel para la propietaria de la emisora, Aurora Burgos.
El abogado del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), Roberto Pereira, denunció una nueva persecución contra la Radio La Voz de Bagua, tras una denuncia interpuesta por autoridades del gobierno aprista.
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El juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, Ernesto Bernabé O., citó para el 3 de mayo a la propietaria de Radio La Voz por la denuncia penal interpuesta por la fiscal Olga Bobadilla Terán.
La representante del Ministerio Público la acusó de hurto agravado del espectro radioeléctrico, y solicitó cuatro años de cárcel para la empresaria, además del pago de tres mil soles como reparación civil en favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Según explicó Pereira, el delito que ahora intentan imputarle a la dueña de la emisora califica solo para radios clandestinas que irrumpen en el espacio radioeléctrico para transmitir una señal.
“La emisora cuenta con todas las licencias de operación, por lo que no puede ser imputada por ese delito. Ellos usaron un enlace entre su cabina y su antena, lo que correspondería a una falta administrativa, la cual ya fue pagada”, indicó el abogado de Ipys.
La clave
Apristas. El director de La Voz de Bagua, Carlos Flores Borja, indicó que este caso ha sido reabierto sin explicación alguna por el procurador aprista del MTC, Oswaldo Arroyo Novoa.
El abogado del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), Roberto Pereira, denunció una nueva persecución contra la Radio La Voz de Bagua, tras una denuncia interpuesta por autoridades del gobierno aprista.
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El juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, Ernesto Bernabé O., citó para el 3 de mayo a la propietaria de Radio La Voz por la denuncia penal interpuesta por la fiscal Olga Bobadilla Terán.
La representante del Ministerio Público la acusó de hurto agravado del espectro radioeléctrico, y solicitó cuatro años de cárcel para la empresaria, además del pago de tres mil soles como reparación civil en favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Según explicó Pereira, el delito que ahora intentan imputarle a la dueña de la emisora califica solo para radios clandestinas que irrumpen en el espacio radioeléctrico para transmitir una señal.
“La emisora cuenta con todas las licencias de operación, por lo que no puede ser imputada por ese delito. Ellos usaron un enlace entre su cabina y su antena, lo que correspondería a una falta administrativa, la cual ya fue pagada”, indicó el abogado de Ipys.
La clave
Apristas. El director de La Voz de Bagua, Carlos Flores Borja, indicó que este caso ha sido reabierto sin explicación alguna por el procurador aprista del MTC, Oswaldo Arroyo Novoa.
La columna de Raul Wiener
Keiko crítica incoherencia de Ollanta por tener un asesor Chileno, que realmente no tiene.
Keiko dice que respetará aportaciones a Essalud, y critica a Humala, por proponer afectar esos fondos (que su padre sí afectó), al plantearse el objetivo de un sistema integrado de salud.
Keiko defiende la libertad de prensa amenazada por Humala, que en su plan de gobierno indica que se debe democratizar la distribución de las nuevas frecuencias de televisión digital y recomienda lo que se ha hecho en este aspecto en la Argentina.
Keiko se opone a la Pensión 65 de Ollanta porque va a afectar los fondos de las AFP, que no es lo que dice el Plan de Gobierno de Gana Perú que plantea un financiamiento con impuestos a las grandes empresas, y postula un bono de gratitud para los viejitos que no explica con qué plata se pagará.
Keiko se opone a subir el IGV a 26%, que es un invento del director de Perú 21 para pintar el próximo Apocalipsis.
Y así sucesivamente.
O sea Keiko es bien modosita, no ataca a nadie y su único tema es el de los pobres.
Pero cuando los ricos asustados con la posibilidad de pagar impuestos o ser regulados hacen su guerra sucia, termina “preocupada” de las “contradicciones” de su adversario. Y dándole categoría de verdad a todo lo que aparezca en los titulares de los diarios que apoyan a su candidatura.
Si alguien cree que este no es un esquema previamente conversado será porque está dispuesto a tragarse también la conjura venezolana-brasileña-Chilena-Argentina-pensionista-comunista que nos amenaza detrás de Humala.
O tal vez a imaginar que el perdón que la gordita está pidiendo por los crímenes de su papi se le ocurrió a ella misma y no es una condición de la derecha para apoyarla. En ese caso, como en todos lo demás, la candidata está siendo conducida por los poderes fácticos, a los que nadie eligió pero deciden por nosotros.
Es como si el plan naranja se hubiera agotado en un resultado que ni siquiera esperaban: entrar a segunda vuelta, convertirse en LA PRIMERA fuerza de la derecha, colocar 38 parlamentarios, etc.
Y por eso mismo ni Keiko ni sus asesores inmediatos están peleando apasionadamente el poder en estos momentos, tratando de remontar la desventaja u oponiendo sus propuestas a las de Humala. Su lógica es mucho más simple: tratar de seguir reteniendo el voto de LA PRIMERA vuelta que es su futuro, y encargarle a la derecha fáctica que se haga cargo del nacionalista.
Si quieren el poder, encárguense ustedes, podría ser la esencia del mensaje.
De ahí que vemos a Keiko en el rebote de las denuncias y en el esfuerzo de hacernos creer que está donde está por sus “méritos” aunque todo el país sepa que lo que estamos discutiendo es si la herencia de su padre conduce al poder o debe permanecer en la cárcel.
La derecha sabe que no se gana en una votación a favor o en contra de Fujimori, y que si se visibiliza el plan de Yoshiyama todos se darán cuenta que se trata de retroceder 11 años. Por eso la realpolitik ordena otra vez que no se vote a favor sino en contra. Como lo hicieron antes por AGP que era el peor presidente, lo harán ahora por AFF que carga delitos imperdonables.
Todo sea para que no haya cambios.
Keiko dice que respetará aportaciones a Essalud, y critica a Humala, por proponer afectar esos fondos (que su padre sí afectó), al plantearse el objetivo de un sistema integrado de salud.
Keiko defiende la libertad de prensa amenazada por Humala, que en su plan de gobierno indica que se debe democratizar la distribución de las nuevas frecuencias de televisión digital y recomienda lo que se ha hecho en este aspecto en la Argentina.
Keiko se opone a la Pensión 65 de Ollanta porque va a afectar los fondos de las AFP, que no es lo que dice el Plan de Gobierno de Gana Perú que plantea un financiamiento con impuestos a las grandes empresas, y postula un bono de gratitud para los viejitos que no explica con qué plata se pagará.
Keiko se opone a subir el IGV a 26%, que es un invento del director de Perú 21 para pintar el próximo Apocalipsis.
Y así sucesivamente.
O sea Keiko es bien modosita, no ataca a nadie y su único tema es el de los pobres.
Pero cuando los ricos asustados con la posibilidad de pagar impuestos o ser regulados hacen su guerra sucia, termina “preocupada” de las “contradicciones” de su adversario. Y dándole categoría de verdad a todo lo que aparezca en los titulares de los diarios que apoyan a su candidatura.
Si alguien cree que este no es un esquema previamente conversado será porque está dispuesto a tragarse también la conjura venezolana-brasileña-Chilena-Argentina-pensionista-comunista que nos amenaza detrás de Humala.
O tal vez a imaginar que el perdón que la gordita está pidiendo por los crímenes de su papi se le ocurrió a ella misma y no es una condición de la derecha para apoyarla. En ese caso, como en todos lo demás, la candidata está siendo conducida por los poderes fácticos, a los que nadie eligió pero deciden por nosotros.
Es como si el plan naranja se hubiera agotado en un resultado que ni siquiera esperaban: entrar a segunda vuelta, convertirse en LA PRIMERA fuerza de la derecha, colocar 38 parlamentarios, etc.
Y por eso mismo ni Keiko ni sus asesores inmediatos están peleando apasionadamente el poder en estos momentos, tratando de remontar la desventaja u oponiendo sus propuestas a las de Humala. Su lógica es mucho más simple: tratar de seguir reteniendo el voto de LA PRIMERA vuelta que es su futuro, y encargarle a la derecha fáctica que se haga cargo del nacionalista.
Si quieren el poder, encárguense ustedes, podría ser la esencia del mensaje.
De ahí que vemos a Keiko en el rebote de las denuncias y en el esfuerzo de hacernos creer que está donde está por sus “méritos” aunque todo el país sepa que lo que estamos discutiendo es si la herencia de su padre conduce al poder o debe permanecer en la cárcel.
La derecha sabe que no se gana en una votación a favor o en contra de Fujimori, y que si se visibiliza el plan de Yoshiyama todos se darán cuenta que se trata de retroceder 11 años. Por eso la realpolitik ordena otra vez que no se vote a favor sino en contra. Como lo hicieron antes por AGP que era el peor presidente, lo harán ahora por AFF que carga delitos imperdonables.
Todo sea para que no haya cambios.
Sin sentencia el más grave caso de corrupción del gobierno de Fujimori
Latrocinio. La compra de los aviones de guerra MiG-29 y Sukhoi-25 a Bielorrusia por US$ 402 Millones. Uno de los principales conspiradores, el traficante de armas Claus Corpancho, extraditado de España el 2009, espera sentencia en su casa.
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Ángel paez
La única vez en la historia del Perú que el Congreso por unanimidad acusó por traición a la patria a un ex presidente de la República fue el 28 de mayo del 2003, cuando responsabilizó a Alberto Fujimori por la adquisición fraudulenta de 36 aviones de combate MiG-29 y Sukhoi-25 a Bielorrusia por US$ 402 millones.
Es el caso más grave de corrupción del fujimorato reconocido, además, por el propio Fujimori, quien, desde Tokio, acusó a su ex asesor Vladimiro Montesinos de haber cobrado un suculento soborno. El 30 de julio de 2001, a los ocho meses de fugar del Perú, Fujimori escribió en su página web: “(A Montesinos) el símbolo de dólares se le dibujó en su retina e inició una operación ilegal paralela a la nuestra (...). Nadie se habría imaginado que (...) este personaje (Montesinos) aprovecharía primero su agudo oído, y luego sus desconocidos contactos, para soterradamente obtener la famosa comisión que mi gobierno quiso evitar”. A confesión de parte, relevo de pruebas.
Historia de una traición
Sin embargo, el proceso judicial por el más vasto latrocinio del régimen de Fujimori agoniza en la Cuarta Sala Penal Especial. Además, la mayoría de los principales implicados está prófugo o habita cómodamente en su casa.
En efecto, de los tres traficantes que participaron activamente en la operación de venta de las aeronaves, dos están prófugos, el israelí Moshe Rothschild y el peruano Enrique Benavides Morales; y el tercero, el peruano Claus Corpancho Kleinicke, luego de haber sido extraditado de España en 2009, ahora espera desde la tranquilidad de su hogar el desenlace del juicio. Salió en libertad el 26 de enero de 2010. No es el único. Víctor Venero Garrido, el testaferro de Montesinos que organizó a los vendedores de las aeronaves bielorrusas, también disfruta del calor de su hogar desde que abandonó la cárcel el 20 de enero de 2009.
La acusación del Ministerio Público señala que los US$ 402 millones que se pagó por las 38 aeronaves MiG-29 y Sukhoi-25 no solo son un monto considerablemente sobrevalorado, ya que las máquinas son de segunda mano. Pero, además, los aviones no cumplían con los requerimientos técnicos exigidos por la Fuerza Aérea del Perú (FAP).
La propia FAP concluyó que la adquisición de las naves de guerra no representó una ventaja militar para el Perú porque el país vendedor, Bielorrusia, no era fabricante de los aparatos y, en consecuencia, no contaba con motores y repuestos. Los traficantes aseguraron a la FAP que la Federación Rusa garantizaba el suministro de motores y equipos complementarios, pero no era cierto.
Para subsanar el error, Fujimori y Montesinos consumaron una compra adicional de tres MiG-29SE nuevos a la Federación Rusa por US$ 129 millones, con la finalidad de conseguir acceso a la tecnología del país fabricante de las aeronaves que vendieron los bielorrusos.
En esta segunda operación, ejecutada en julio de 1998, nuevamente se pagaron sobornos, como acredita el Ministerio Público a partir del testimonio de uno de los principales participantes, James Stone Cohen.
Es así que el proceso judicial que se ventila en la Cuarta Sala Penal Especial es por las dos compras de aviones de guerra por un total de US$ 531 millones.
De acuerdo con la Procuraduría Ad Hoc del Caso Fujimori-Montesinos, el 80% del dinero que se le encontró al ex asesor presidencial de Fujimori tenía como origen las coimas por las adquisiciones militares, especialmente por la compra de los MiG-29. Solo Montesinos cobró alrededor de US$ 20 millones. A todos les tocó su parte.
Traficantes tenían relación directa con Fujimori
No es verdad que Moshe Rothschild, Enrique Benavides Morales y Claus Corpancho Kleinicke, los traficantes de armas que intervinieron en la millonaria venta de los MiG-29 y Su-25, se beneficiaban exclusivamente de estrechísimas vinculaciones con Vladimiro Montesinos y la cúpula militar. Como ha quedado acreditado judicialmente, los comerciantes de armamento también tenían relación directa con el ex mandatario Alberto Fujimori y miembros de su familia.
El ex jefe de adquisiciones del Ejército general EP (r) Hugo Gonzales Ríos declaró ante los tribunales que Fujimori lo llamaba personalmente por teléfono para indicarle que le comprara helicópteros y otro tipo de equipamiento a Moshe Rothschild.
El colaborador eficaz Jorge Mercado Flores, ex empleado de Enrique Benavides, manifestó ante los tribunales que Juana Fujimori, hermana del ex presidente Alberto Fujimori, cada cierto tiempo se presentaba en las oficinas de la compañía Cifsa, de propiedad de Benavides, para recibir “contribuciones” de manos del traficante.
De hecho, el 6 de marzo de 1998, Juana Fujimori compró una casa en Miraflores a la empresa Ocean Reef Trading, ubicada en Islas Vírgenes, y que servían de fachada para las actividades ilícitas de Enrique Benavides.
Víctor Venero ha manifestado que los traficantes también aportaron a las campañas de Fujimori.
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Ángel paez
La única vez en la historia del Perú que el Congreso por unanimidad acusó por traición a la patria a un ex presidente de la República fue el 28 de mayo del 2003, cuando responsabilizó a Alberto Fujimori por la adquisición fraudulenta de 36 aviones de combate MiG-29 y Sukhoi-25 a Bielorrusia por US$ 402 millones.
Es el caso más grave de corrupción del fujimorato reconocido, además, por el propio Fujimori, quien, desde Tokio, acusó a su ex asesor Vladimiro Montesinos de haber cobrado un suculento soborno. El 30 de julio de 2001, a los ocho meses de fugar del Perú, Fujimori escribió en su página web: “(A Montesinos) el símbolo de dólares se le dibujó en su retina e inició una operación ilegal paralela a la nuestra (...). Nadie se habría imaginado que (...) este personaje (Montesinos) aprovecharía primero su agudo oído, y luego sus desconocidos contactos, para soterradamente obtener la famosa comisión que mi gobierno quiso evitar”. A confesión de parte, relevo de pruebas.
Historia de una traición
Sin embargo, el proceso judicial por el más vasto latrocinio del régimen de Fujimori agoniza en la Cuarta Sala Penal Especial. Además, la mayoría de los principales implicados está prófugo o habita cómodamente en su casa.
En efecto, de los tres traficantes que participaron activamente en la operación de venta de las aeronaves, dos están prófugos, el israelí Moshe Rothschild y el peruano Enrique Benavides Morales; y el tercero, el peruano Claus Corpancho Kleinicke, luego de haber sido extraditado de España en 2009, ahora espera desde la tranquilidad de su hogar el desenlace del juicio. Salió en libertad el 26 de enero de 2010. No es el único. Víctor Venero Garrido, el testaferro de Montesinos que organizó a los vendedores de las aeronaves bielorrusas, también disfruta del calor de su hogar desde que abandonó la cárcel el 20 de enero de 2009.
La acusación del Ministerio Público señala que los US$ 402 millones que se pagó por las 38 aeronaves MiG-29 y Sukhoi-25 no solo son un monto considerablemente sobrevalorado, ya que las máquinas son de segunda mano. Pero, además, los aviones no cumplían con los requerimientos técnicos exigidos por la Fuerza Aérea del Perú (FAP).
La propia FAP concluyó que la adquisición de las naves de guerra no representó una ventaja militar para el Perú porque el país vendedor, Bielorrusia, no era fabricante de los aparatos y, en consecuencia, no contaba con motores y repuestos. Los traficantes aseguraron a la FAP que la Federación Rusa garantizaba el suministro de motores y equipos complementarios, pero no era cierto.
Para subsanar el error, Fujimori y Montesinos consumaron una compra adicional de tres MiG-29SE nuevos a la Federación Rusa por US$ 129 millones, con la finalidad de conseguir acceso a la tecnología del país fabricante de las aeronaves que vendieron los bielorrusos.
En esta segunda operación, ejecutada en julio de 1998, nuevamente se pagaron sobornos, como acredita el Ministerio Público a partir del testimonio de uno de los principales participantes, James Stone Cohen.
Es así que el proceso judicial que se ventila en la Cuarta Sala Penal Especial es por las dos compras de aviones de guerra por un total de US$ 531 millones.
De acuerdo con la Procuraduría Ad Hoc del Caso Fujimori-Montesinos, el 80% del dinero que se le encontró al ex asesor presidencial de Fujimori tenía como origen las coimas por las adquisiciones militares, especialmente por la compra de los MiG-29. Solo Montesinos cobró alrededor de US$ 20 millones. A todos les tocó su parte.
Traficantes tenían relación directa con Fujimori
No es verdad que Moshe Rothschild, Enrique Benavides Morales y Claus Corpancho Kleinicke, los traficantes de armas que intervinieron en la millonaria venta de los MiG-29 y Su-25, se beneficiaban exclusivamente de estrechísimas vinculaciones con Vladimiro Montesinos y la cúpula militar. Como ha quedado acreditado judicialmente, los comerciantes de armamento también tenían relación directa con el ex mandatario Alberto Fujimori y miembros de su familia.
El ex jefe de adquisiciones del Ejército general EP (r) Hugo Gonzales Ríos declaró ante los tribunales que Fujimori lo llamaba personalmente por teléfono para indicarle que le comprara helicópteros y otro tipo de equipamiento a Moshe Rothschild.
El colaborador eficaz Jorge Mercado Flores, ex empleado de Enrique Benavides, manifestó ante los tribunales que Juana Fujimori, hermana del ex presidente Alberto Fujimori, cada cierto tiempo se presentaba en las oficinas de la compañía Cifsa, de propiedad de Benavides, para recibir “contribuciones” de manos del traficante.
De hecho, el 6 de marzo de 1998, Juana Fujimori compró una casa en Miraflores a la empresa Ocean Reef Trading, ubicada en Islas Vírgenes, y que servían de fachada para las actividades ilícitas de Enrique Benavides.
Víctor Venero ha manifestado que los traficantes también aportaron a las campañas de Fujimori.
Grupo Gloria, Romero y mineras tras campaña
Los grupos de poder económico, como las corporaciones Gloria, Romero y las empresas mineras que se beneficiaron con las prebendas del régimen del reo de la Diroes, Alberto Fujimori, son los mismos que ahora apoyan la candidatura de su hija, Keiko, y están detrás de la financiación de los psicosociales mediáticos, en contra de la postulación de Ollanta Humala, afirmó el vocero de Gana Perú Daniel Abugattás.
El legislador dijo que esos grupos de poder (que están detrás de los psicosociales contra Ollanta) son los que han comido de las manos de la corrupción y que están acostumbrados a beneficiarse de ella. “De ahí vienen los grupos Crédito, de los Romero; Gloria y El Comercio, de la década de los 90”, subrayó.
Abugattás recordó que todos esos grupos económicos estuvieron vinculados a los negociados de la corrupción. “Son productos de la corruptela. Eso es lo que son. Son más de lo mismo. Entre corrupto (la mafia) y corruptor (los grupos de poder), no hay mayor diferencia y, en este caso, creo que no la hay. Son más de lo mismo, uno y otro”, enfatizó.
El legislador dijo que esos grupos de poder (que están detrás de los psicosociales contra Ollanta) son los que han comido de las manos de la corrupción y que están acostumbrados a beneficiarse de ella. “De ahí vienen los grupos Crédito, de los Romero; Gloria y El Comercio, de la década de los 90”, subrayó.
Abugattás recordó que todos esos grupos económicos estuvieron vinculados a los negociados de la corrupción. “Son productos de la corruptela. Eso es lo que son. Son más de lo mismo. Entre corrupto (la mafia) y corruptor (los grupos de poder), no hay mayor diferencia y, en este caso, creo que no la hay. Son más de lo mismo, uno y otro”, enfatizó.
Reabren investigación a Keiko por narcotráfico
Fiscal Superior ordena reabrir investigación a candidata de Fuerza 2011 por encubrimiento de narcotráfico para favorecer a la familia Martínez Moreno, dueña de la compañía pesquera Hayduk. Keiko recibió 10 mil dólares como “donativo” de parte de clan “Olluquito”.
La Quinta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo de Óscar Hernán Miranda Orrillo, reabrió una investigación a la candidata de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, por los presuntos delitos de encubrimiento de narcotráfico, cohecho pasivo propio y tráfico de influencias, por beneficiar a la familia Martínez Moreno, dueña de la compañía pesquera Hayduk, procesada por delito de tráfico de Drogas, por el caso conocido como “Olluquito”.
Por ello, dicho dictamen fiscal (Disposición N° 01-2011-5FSPDCF-MP, del 25-04-2011) anuló la disposición 01-2011, del 4-04-2011 de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa, que despacha José Domingo Pérez Gómez, que ordenaba el archivo de la denuncia planteada contra Fujimori Higuchi.
En consecuencia, dispuso que la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa, ubicada en el jirón Lampa N° 597, Cercado de Lima, abra la correspondiente investigación preliminar, en sede fiscal, contra la denunciada postulante Fujimorista, por los ilícitos antes mencionados.
El tema materia del procesamiento a Keiko es el tristemente célebre caso Hayduk. Las procesadas por tráfico de Drogas, Ana Isabel y Mariana Jackeline Martínez Moreno, hijas del acusado por ese delito, Eudocio “Olluquito” Martínez, fueron beneficiadas por un irregular “derecho de gracia”, a los escasos cuarenta días de producirse sus respectivas detenciones.
Dicho “fallo”, ordenado por un juez penal de Lima, se sustentó en la Resolución Suprema N° 044-2000-JUS, del 1°-03-2000, rubricada por el padre de la denunciada, Alberto Fujimori, entonces Presidente de la República y el entonces ministro de Justicia, Alberto Bustamante Belaunde.
Por este ilegal “derecho de gracia” se cortó el proceso penal contra las hermanas Martínez Moreno, y las “puso en inmediata libertad”.
Al respecto, la denunciada Keiko Sofía es confesa de haber gestionado esta figura legal ante su padre, el entonces presidente Alberto Fujimori; y obtenido el beneficio, así como de recibir la suma de 10 mil dólares como “donativo”, de parte de estas dos mujeres, entonces procesadas por narcotráfico.
Ella ha alegado que la familia Martínez estaba siendo extorsionada por el entonces asesor presidencial Vladimiro Montesinos.
En cuanto al fallo rectificatorio, el fiscal superior Miranda Orrillo ha considerado que los elementos citados en la impugnación presentada por el denunciante, Guillermo Olivera Díaz, contra la resolución de la fiscalía provincial que ordenaba el “archivo” de la denuncia por prescripción, aunados a los que ahora se tiene, ameritan una investigación para corroborar las pruebas aportadas, sobre si se está dentro del plazo extraordinario de prescripción por interrupción de la misma.
En el delito de encubrimiento de narcotráfico, el plazo ordinario es 10 años, al mismo que se agrega la mitad, en caso haya actuaciones, que las hay, del Ministerio Público que la interrumpan, lo cual hace un total de 15 años.
Además, indicó, en base a la fecha de comisión del delito, denunciado en el dispositivo fiscal 1°-03-2000, el plazo extraordinario de prescripción recién vence el año 2015 y hay tiempo de sobra para investigar y castigar.
El abogado denunciante, Guillermo Olivera Díaz, resaltó a LA PRIMERA la valiente decisión del fiscal superior Óscar Miranda Orrillo de “ponerse los pantalones”, al reabrir la investigación contra Keiko, sin hacer oídos a las presiones mediáticas y de toda índole que invocan el pretexto “no interferir” con la campaña electoral presidencial.
“Además, la diligencia y expedición que ha puesto al caso el fiscal superior Miranda Orrillo, demuestra que no se tiene por qué anteponer como pretexto la campaña electoral presidencial para perseguir el delito. Esto significa que cuando hay un ilícito, nada tiene que ver que la persona involucrada en éste (Keiko Fujimori, en esta oportunidad) sea candidata de una elección presidencial”, puntualizo.
La Quinta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo de Óscar Hernán Miranda Orrillo, reabrió una investigación a la candidata de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, por los presuntos delitos de encubrimiento de narcotráfico, cohecho pasivo propio y tráfico de influencias, por beneficiar a la familia Martínez Moreno, dueña de la compañía pesquera Hayduk, procesada por delito de tráfico de Drogas, por el caso conocido como “Olluquito”.
Por ello, dicho dictamen fiscal (Disposición N° 01-2011-5FSPDCF-MP, del 25-04-2011) anuló la disposición 01-2011, del 4-04-2011 de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa, que despacha José Domingo Pérez Gómez, que ordenaba el archivo de la denuncia planteada contra Fujimori Higuchi.
En consecuencia, dispuso que la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa, ubicada en el jirón Lampa N° 597, Cercado de Lima, abra la correspondiente investigación preliminar, en sede fiscal, contra la denunciada postulante Fujimorista, por los ilícitos antes mencionados.
El tema materia del procesamiento a Keiko es el tristemente célebre caso Hayduk. Las procesadas por tráfico de Drogas, Ana Isabel y Mariana Jackeline Martínez Moreno, hijas del acusado por ese delito, Eudocio “Olluquito” Martínez, fueron beneficiadas por un irregular “derecho de gracia”, a los escasos cuarenta días de producirse sus respectivas detenciones.
Dicho “fallo”, ordenado por un juez penal de Lima, se sustentó en la Resolución Suprema N° 044-2000-JUS, del 1°-03-2000, rubricada por el padre de la denunciada, Alberto Fujimori, entonces Presidente de la República y el entonces ministro de Justicia, Alberto Bustamante Belaunde.
Por este ilegal “derecho de gracia” se cortó el proceso penal contra las hermanas Martínez Moreno, y las “puso en inmediata libertad”.
Al respecto, la denunciada Keiko Sofía es confesa de haber gestionado esta figura legal ante su padre, el entonces presidente Alberto Fujimori; y obtenido el beneficio, así como de recibir la suma de 10 mil dólares como “donativo”, de parte de estas dos mujeres, entonces procesadas por narcotráfico.
Ella ha alegado que la familia Martínez estaba siendo extorsionada por el entonces asesor presidencial Vladimiro Montesinos.
En cuanto al fallo rectificatorio, el fiscal superior Miranda Orrillo ha considerado que los elementos citados en la impugnación presentada por el denunciante, Guillermo Olivera Díaz, contra la resolución de la fiscalía provincial que ordenaba el “archivo” de la denuncia por prescripción, aunados a los que ahora se tiene, ameritan una investigación para corroborar las pruebas aportadas, sobre si se está dentro del plazo extraordinario de prescripción por interrupción de la misma.
En el delito de encubrimiento de narcotráfico, el plazo ordinario es 10 años, al mismo que se agrega la mitad, en caso haya actuaciones, que las hay, del Ministerio Público que la interrumpan, lo cual hace un total de 15 años.
Además, indicó, en base a la fecha de comisión del delito, denunciado en el dispositivo fiscal 1°-03-2000, el plazo extraordinario de prescripción recién vence el año 2015 y hay tiempo de sobra para investigar y castigar.
El abogado denunciante, Guillermo Olivera Díaz, resaltó a LA PRIMERA la valiente decisión del fiscal superior Óscar Miranda Orrillo de “ponerse los pantalones”, al reabrir la investigación contra Keiko, sin hacer oídos a las presiones mediáticas y de toda índole que invocan el pretexto “no interferir” con la campaña electoral presidencial.
“Además, la diligencia y expedición que ha puesto al caso el fiscal superior Miranda Orrillo, demuestra que no se tiene por qué anteponer como pretexto la campaña electoral presidencial para perseguir el delito. Esto significa que cuando hay un ilícito, nada tiene que ver que la persona involucrada en éste (Keiko Fujimori, en esta oportunidad) sea candidata de una elección presidencial”, puntualizo.
Las addendas que cambiaron todo
Se realizaron 64 addendas a los contratos que firmó el Gobierno con las empresas privadas que cambiaron el contrato original perjudicando al estado peruano. Las modificaciones en la distribución, transporte y exportación del gas de Camisea en su mayoría fueron en beneficio de las empresas privadas, entre las que se encuentran el cambio de la legislación para facilitar la exportación del Gas Natural que hoy se realiza a precios irrisorios.
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Camisea, se han realizado 64 addendas, modificaciones, al contrato original que firmará el Estado con el Consorcio Camisea (que explota y comercializa los lote 88 y 56) y las empresas vinculadas a este proyecto, es decir Transportadora de Gas del Perú-TGP (empresa que transporta el Gas Natural desde los yacimientos gasíferos cusqueños al resto del país), y Perú LNG (consorcio que exporta el gas nacional).
De las 64 adendas a los contratos iniciales, la mayoría de modificaciones han sido para favorecer a las empresas privadas en desmedro de los intereses nacionales.
En opinión del ex ministro de energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, la modificación más perjudicial para los intereses nacionales son las que se dieron entorno al contrato del Lote 56, el cual fue calificado por el ex funcionario como infame.
“Ese es el contrato mediante el cual un lote (56) con reservas probadas de gas y Líquidos devuelto el año 2001 por la Shell, se entregó a dedo a una empresa para que exporte el gas, declarando Perupetro a través del Contrato que la exportación era de interés nacional; a eso se sumó que a través de las cláusulas de precios, el riesgo económico del proyecto lo asumió el Perú (si el precio baja, el exportador sigue cobrando como si nada pasase y la baja de precio la sufre el Perú)”, dijo Herrera Descalzi.
Además, en diciembre del 2005, a través del D.S. 050-2005-EM, se autorizó a Perupetro modificar el contrato del Lote 88 y exportar el gas que estaba destinado para el consumo de los peruanos. “Todos estas modificaciones se hicieron a gestión de los ministros Kuczynski y Quijandría, con el respaldo del Congreso de entonces”, dice el ex ministro.
Otras modificaciones a los contratos se dieron, por ejemplo, en enero del 2006, fecha en que se promulgó el DS 006 2006 EM, que aprobó que Perupetro modifique el Contrato del Lote 88. Sin embargo, diferentes “lobbies” le pusieron la puntería, primero, a la Ley 27133 de 1999 y a su Reglamento, el DS 040-EM-99, ambos vigentes cuando se firmó el Contrato de Camisea a fines del 2000. El DS 040 dice: “Se considera garantizado el abastecimiento de Gas Natural al mercado nacional, cuando las reservas probadas del Productor alcancen para abastecer la demanda futura, determinada según lo señalado en el Contrato; para un periodo mínimo definido en el Contrato (…) un horizonte permanente de 20 años-”
Sin embargo, en el 2003 se promulgó el DS 031 EM –siendo ministro Hans Flury– que cambia lo del “horizonte permanente de 20 años”. Ahora solo se dice que se abastece la demanda futura “por un periodo mínimo definido en el contrato”.
Ya no hay garantía de “abastecimiento permanente”. Pero un DS siempre puede ser cuestionado, por lo que se necesitaba también cambiar la Ley 27133. En abril del 2003 se modificó la Ley 27133 de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural mediante Ley 28176 (Ley de Promoción de la Inversión en Plantas de Procesamiento de Gas Natural)del 29 de enero del 2004. Esta ley es la base del convenio con Perú LNG.
En junio del 2005 el Congreso promulgó la Ley 28552, que modificó el Art. 4 de la Ley 27133, que ahora dice: “a) Garantizar el abastecimiento al mercado nacional de Gas Natural”. Ya no hay nada sobre el “horizonte permanente de 20 años” ni tampoco lo del “periodo mínimo definido en el contrato”.
En diciembre del 2005 a través del D.S. 050-2005-EM, en forma muy audaz, se autoriza a Perupetro modificar el contrato del Lote 88 y exportar el gas que estaba destinado para el consumo de los peruanos. Todos estas modificaciones se hicieron durante el gobierno del señor Toledo a gestión de sus ministros Kuczynski y Quijandría y con el respaldo del Congreso de entonces y ratificado por el gobierno actual En enero del 2006 se promulga el DS 006 2006 EM, que aprueba que Perupetro modifique el Contrato del Lote 88, en el sentido que solo se tenga que autorizar el abastecimiento del mercado interno por años.Consumidores afectadosEn una vivienda que consume dos balones de GLP (gas licuado de petróleo) por mes gasta actualmente S/. 66 mensuales, sin embargo, para generar la misma cantidad de energía calorífica con otros combustibles como el Gas Natural solo gastaría S/. 33. Si utiliza carbón S/. 22, leña S/. 16 y el precio se incrementa hasta S/. 51 si apuesta por Kerosene y S/. 86 si fuera con electricidad.
Si bien resulta mas barato utilizar carbón o leña, el Gas Natural es un combustible moderno que brinda mayores facilidades, siempre está disponible porque contiene menor grado de contaminación y se paga después de consumirlo. Pero a nivel nacional, el gran negocio sigue siendo para los nacionales y extranjeros que extraen petróleo que fue de Petro Perú a US$ 3 el barril (de petróleo) y nos lo venden US$ 87 el Barril (por el simple efecto de precio de mercado)
Desde enero 2011, el gas de Camisea, procedente de los yacimientos gasíferos cusqueños, abastece a un millón de usuarios. Solo que no son peruanos que vivan en San Juan de Lurigancho, Pamplona alta, los Olivos, Comas o el Cercado. Tampoco son pobladores del sur peruano, y menos aún del Cusco, donde están los yacimientos. Se trata de habitantes de Corea del Sur, a los que el Monopolio Hunt-Techint-Repsol ha incluido en su circuito mundial de exportación de nuestro gas, mientras impiden se use en Perú por los peruanos.
El gran negocio sigue siendo importar el Diesel a US $87 el barril y vender el barril de Gas Natural Vehicular a US$ 1. Para eso tenemos economistas cholos que han estudiado en Harvard y Yale, y que han aprendido que regalar a un extranjero rinde más que lo consuma un peruano. Defraudación y racionamientoEl gobierno y el Monopolio exportador distraen la atención con una falsa “renegociación”. Realmente la exportación continúa acelerada, saqueando al país, con una gigantesca mega corrupción como ha sido advertido por la Contraloría General de la República el 2008 que advierte que el Consorcio Camisea viene inflando los costos de transporte y extracción del barril de líquidos derivados del Gas Natural. Así se prueba que el Consorcio defrauda al Perú por un total de US$ 1,000 millones desde el 2004 y por los siguientes 30 años.
La exportación del Gas Natural sigue adelante a pesar que existe racionamiento de gas para las centrales térmicas, afectando el abastecimiento a las empresas mineras del sur y el norte.
La crisis mundial de la energía, agudizada con la crisis de Egipto, Libia y otros países árabes productores de petróleo, impulsa que el precio del petróleo suba a más de US$ 100 barril. Todos los países protegen y cuidan sus reservas energéticas estratégicas. Menos el Perú, que en 20 años de neoliberalismo acrecienta exportar el gas de los lotes 88 y 56, que es la reserva principal, propiedad de todos los peruanos. Precio justoSe exporta Gas Natural, y también se exportan Líquidos asociados (a la extracción del Gas Natural) y su envase en Gas Licuado de Petróleo (GLP). El gas, envasado en balón de GLP, ha reemplazado en los hogares nacionales a la leña y el kerosene. Es la fuente de energía principal domiciliaria. Constituye el eslabón más débil, que estalla en esta crisis. La población exige su precio real, al ser producido en Perú y no traído desde medio oriente.
El precio del balón de GLP debe ser S/.12 y no de S/. 30 o S/. 40, el gas más caro de la región suramericana. Reducir el precio no requiere que aporte dinero el Estado; sino basta con establecer la política pública soberana, rompiendo el actual robo al pueblo por el monopolio exportador.
Masificar el consumo
Pero no solo debe bajar drásticamente el precio del GLP, también debe masificarse el uso del Gas Natural, conectado a los domicilios.
Entre el 2004 y 2010, solo existen 24 mil conexiones domiciliarias de gas hechas por la única empresa encargada de brindar este servicio, Cálidda. El gobierno y Cálidda proyectan llegar a 200 mil al 2015. Es una oferta grotesca para mantener la exportación a costa del Perú.
En Colombia existen 5,5 millones de usuarios, y en Bolivia tienen conexiones el 99% del Alto en La Paz. En Perú, con una adecuad red de ductos en las grandes ciudades y regionales, se puede y debe tener 3 millones de usuarios en 3 años.
El precio de este Gas Natural conectado seria un quinto más barato que el actual de la electricidad, es decir de S/. 9. La masificación solo es posible si el Estado invierte, con su empresa estatal de Hidrocarburos (Petroperu), en hacer la red de ductos para abastecer el gas, y recupera la inversión en 20 o 30 años. Esto es lo que han hecho Colombia y Bolivia. El Perú está obligado a hacerlo.
Gas barato y masivo en las casas, es una condición básica para que los hogares tengan mejor calidad de vida y liberen recursos para sectores como Educación, salud, entre otros. Es uno de los usos nacionales del gas, junto al transporte, la industria y la petroquímica. Pero solo es posible si recuperamos para el Perú el gas actualmente secuestrado de los lotes 88 y 56. Este es uno de los temas de la Carta Abierta a Garía, y que pese a la brutal represión, la he presentado de todos modos, lavando la bandera por el Perú.
Desde que se inició la explotación de Lote 88 y, posteriormente, del Lote 56 de los yacimientos gasíferos cusqueños de
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Camisea, se han realizado 64 addendas, modificaciones, al contrato original que firmará el Estado con el Consorcio Camisea (que explota y comercializa los lote 88 y 56) y las empresas vinculadas a este proyecto, es decir Transportadora de Gas del Perú-TGP (empresa que transporta el Gas Natural desde los yacimientos gasíferos cusqueños al resto del país), y Perú LNG (consorcio que exporta el gas nacional).
De las 64 adendas a los contratos iniciales, la mayoría de modificaciones han sido para favorecer a las empresas privadas en desmedro de los intereses nacionales.
En opinión del ex ministro de energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, la modificación más perjudicial para los intereses nacionales son las que se dieron entorno al contrato del Lote 56, el cual fue calificado por el ex funcionario como infame.
“Ese es el contrato mediante el cual un lote (56) con reservas probadas de gas y Líquidos devuelto el año 2001 por la Shell, se entregó a dedo a una empresa para que exporte el gas, declarando Perupetro a través del Contrato que la exportación era de interés nacional; a eso se sumó que a través de las cláusulas de precios, el riesgo económico del proyecto lo asumió el Perú (si el precio baja, el exportador sigue cobrando como si nada pasase y la baja de precio la sufre el Perú)”, dijo Herrera Descalzi.
Además, en diciembre del 2005, a través del D.S. 050-2005-EM, se autorizó a Perupetro modificar el contrato del Lote 88 y exportar el gas que estaba destinado para el consumo de los peruanos. “Todos estas modificaciones se hicieron a gestión de los ministros Kuczynski y Quijandría, con el respaldo del Congreso de entonces”, dice el ex ministro.
Otras modificaciones a los contratos se dieron, por ejemplo, en enero del 2006, fecha en que se promulgó el DS 006 2006 EM, que aprobó que Perupetro modifique el Contrato del Lote 88. Sin embargo, diferentes “lobbies” le pusieron la puntería, primero, a la Ley 27133 de 1999 y a su Reglamento, el DS 040-EM-99, ambos vigentes cuando se firmó el Contrato de Camisea a fines del 2000. El DS 040 dice: “Se considera garantizado el abastecimiento de Gas Natural al mercado nacional, cuando las reservas probadas del Productor alcancen para abastecer la demanda futura, determinada según lo señalado en el Contrato; para un periodo mínimo definido en el Contrato (…) un horizonte permanente de 20 años-”
Sin embargo, en el 2003 se promulgó el DS 031 EM –siendo ministro Hans Flury– que cambia lo del “horizonte permanente de 20 años”. Ahora solo se dice que se abastece la demanda futura “por un periodo mínimo definido en el contrato”.
Ya no hay garantía de “abastecimiento permanente”. Pero un DS siempre puede ser cuestionado, por lo que se necesitaba también cambiar la Ley 27133. En abril del 2003 se modificó la Ley 27133 de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural mediante Ley 28176 (Ley de Promoción de la Inversión en Plantas de Procesamiento de Gas Natural)del 29 de enero del 2004. Esta ley es la base del convenio con Perú LNG.
En junio del 2005 el Congreso promulgó la Ley 28552, que modificó el Art. 4 de la Ley 27133, que ahora dice: “a) Garantizar el abastecimiento al mercado nacional de Gas Natural”. Ya no hay nada sobre el “horizonte permanente de 20 años” ni tampoco lo del “periodo mínimo definido en el contrato”.
En diciembre del 2005 a través del D.S. 050-2005-EM, en forma muy audaz, se autoriza a Perupetro modificar el contrato del Lote 88 y exportar el gas que estaba destinado para el consumo de los peruanos. Todos estas modificaciones se hicieron durante el gobierno del señor Toledo a gestión de sus ministros Kuczynski y Quijandría y con el respaldo del Congreso de entonces y ratificado por el gobierno actual En enero del 2006 se promulga el DS 006 2006 EM, que aprueba que Perupetro modifique el Contrato del Lote 88, en el sentido que solo se tenga que autorizar el abastecimiento del mercado interno por años.Consumidores afectadosEn una vivienda que consume dos balones de GLP (gas licuado de petróleo) por mes gasta actualmente S/. 66 mensuales, sin embargo, para generar la misma cantidad de energía calorífica con otros combustibles como el Gas Natural solo gastaría S/. 33. Si utiliza carbón S/. 22, leña S/. 16 y el precio se incrementa hasta S/. 51 si apuesta por Kerosene y S/. 86 si fuera con electricidad.
Si bien resulta mas barato utilizar carbón o leña, el Gas Natural es un combustible moderno que brinda mayores facilidades, siempre está disponible porque contiene menor grado de contaminación y se paga después de consumirlo. Pero a nivel nacional, el gran negocio sigue siendo para los nacionales y extranjeros que extraen petróleo que fue de Petro Perú a US$ 3 el barril (de petróleo) y nos lo venden US$ 87 el Barril (por el simple efecto de precio de mercado)
Desde enero 2011, el gas de Camisea, procedente de los yacimientos gasíferos cusqueños, abastece a un millón de usuarios. Solo que no son peruanos que vivan en San Juan de Lurigancho, Pamplona alta, los Olivos, Comas o el Cercado. Tampoco son pobladores del sur peruano, y menos aún del Cusco, donde están los yacimientos. Se trata de habitantes de Corea del Sur, a los que el Monopolio Hunt-Techint-Repsol ha incluido en su circuito mundial de exportación de nuestro gas, mientras impiden se use en Perú por los peruanos.
El gran negocio sigue siendo importar el Diesel a US $87 el barril y vender el barril de Gas Natural Vehicular a US$ 1. Para eso tenemos economistas cholos que han estudiado en Harvard y Yale, y que han aprendido que regalar a un extranjero rinde más que lo consuma un peruano. Defraudación y racionamientoEl gobierno y el Monopolio exportador distraen la atención con una falsa “renegociación”. Realmente la exportación continúa acelerada, saqueando al país, con una gigantesca mega corrupción como ha sido advertido por la Contraloría General de la República el 2008 que advierte que el Consorcio Camisea viene inflando los costos de transporte y extracción del barril de líquidos derivados del Gas Natural. Así se prueba que el Consorcio defrauda al Perú por un total de US$ 1,000 millones desde el 2004 y por los siguientes 30 años.
La exportación del Gas Natural sigue adelante a pesar que existe racionamiento de gas para las centrales térmicas, afectando el abastecimiento a las empresas mineras del sur y el norte.
La crisis mundial de la energía, agudizada con la crisis de Egipto, Libia y otros países árabes productores de petróleo, impulsa que el precio del petróleo suba a más de US$ 100 barril. Todos los países protegen y cuidan sus reservas energéticas estratégicas. Menos el Perú, que en 20 años de neoliberalismo acrecienta exportar el gas de los lotes 88 y 56, que es la reserva principal, propiedad de todos los peruanos. Precio justoSe exporta Gas Natural, y también se exportan Líquidos asociados (a la extracción del Gas Natural) y su envase en Gas Licuado de Petróleo (GLP). El gas, envasado en balón de GLP, ha reemplazado en los hogares nacionales a la leña y el kerosene. Es la fuente de energía principal domiciliaria. Constituye el eslabón más débil, que estalla en esta crisis. La población exige su precio real, al ser producido en Perú y no traído desde medio oriente.
El precio del balón de GLP debe ser S/.12 y no de S/. 30 o S/. 40, el gas más caro de la región suramericana. Reducir el precio no requiere que aporte dinero el Estado; sino basta con establecer la política pública soberana, rompiendo el actual robo al pueblo por el monopolio exportador.
Masificar el consumo
Pero no solo debe bajar drásticamente el precio del GLP, también debe masificarse el uso del Gas Natural, conectado a los domicilios.
Entre el 2004 y 2010, solo existen 24 mil conexiones domiciliarias de gas hechas por la única empresa encargada de brindar este servicio, Cálidda. El gobierno y Cálidda proyectan llegar a 200 mil al 2015. Es una oferta grotesca para mantener la exportación a costa del Perú.
En Colombia existen 5,5 millones de usuarios, y en Bolivia tienen conexiones el 99% del Alto en La Paz. En Perú, con una adecuad red de ductos en las grandes ciudades y regionales, se puede y debe tener 3 millones de usuarios en 3 años.
El precio de este Gas Natural conectado seria un quinto más barato que el actual de la electricidad, es decir de S/. 9. La masificación solo es posible si el Estado invierte, con su empresa estatal de Hidrocarburos (Petroperu), en hacer la red de ductos para abastecer el gas, y recupera la inversión en 20 o 30 años. Esto es lo que han hecho Colombia y Bolivia. El Perú está obligado a hacerlo.
Gas barato y masivo en las casas, es una condición básica para que los hogares tengan mejor calidad de vida y liberen recursos para sectores como Educación, salud, entre otros. Es uno de los usos nacionales del gas, junto al transporte, la industria y la petroquímica. Pero solo es posible si recuperamos para el Perú el gas actualmente secuestrado de los lotes 88 y 56. Este es uno de los temas de la Carta Abierta a Garía, y que pese a la brutal represión, la he presentado de todos modos, lavando la bandera por el Perú.
Desde que se inició la explotación de Lote 88 y, posteriormente, del Lote 56 de los yacimientos gasíferos cusqueños de
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