miércoles, 23 de febrero de 2011

La doble nacionalidad es un peligro para país

Exigen inmediata solución al vacío legal. Piden que Keiko y Toledo aclaren si tienen doble nacionalidad como la tiene Kuczynski. Ollanta Humala plantea reforma que impida postular a personas con doble nacionalidad.

Diversas personalidades políticas exigieron la inmediata solución del vacío legal que permite que expresidentes puedan usar la doble nacionalidad para evadir las responsabilidades públicas, políticas y penales, como sucedió con el expresidente Alberto Fujimori, que huyó a Japón, país que lo cobijó durante cinco años.

El primero en poner sobre el tapete el tema, hace varias semanas, fue el candidato presidencial de Gana Perú, Ollanta Humala, quien ayer agregó que, de ser elegido, promoverá una reforma constitucional que prohíba que ciudadanos que poseen doble nacionalidad postulen a la Presidencia de la República.

El candidato de Perú Posible al Congreso, Juan Sheput, puso como ejemplo a la candidata presidencial de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, que podría aprovecharse de la figura del Koseki familiar japonés que le permite, por ley de ese país oriental, al ser hija de un japonés, obtener la ciudadanía japonesa; y también de la ciudadanía norteamericana que podría también haber obtenido al haberse casado con un ciudadano estadounidense.

En ese sentido, demandó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y en especial al Congreso de la República que solucionen los vacíos legales existentes en relación al tema para que cualquier candidato rinda cuentas una vez acabado su gestión y no tenga la posibilidad de ampararse en su segunda nacionalidad.

“Para que con Keiko no se vuelva a repetir la historia de su padre, el exdictador Fujimori, que ahora está preso por haber cometido delitos de lesa humanidad, el Congreso debería abordar y solucionar inmediatamente dicha situación porque estamos ad portas de unas elecciones. Y no solo Keiko, sino también Pedro Pablo Kuczynski, quien aún no renuncia a su ciudadanía norteamericana, y es un peligro para la democracia ante la eventualidad de que ganara la presidencia”, dijo Sheput a LA PRIMERA y emplazó a Keiko Fujimori a que aclare si tiene doble ciudadanía.

Del mismo parecer es Daniel Abugattás, número uno de la lista congresal de Gana Perú, quien consideró peligroso para el país los casos de ciertos candidatos, que podrían ocultar una segunda nacionalidad, entre ellos el de Perú Posible, Alejandro Toledo, y exigió también una pública aclaración ante la población.

“Ya sería el colmo que tuviéramos tantos candidatos que aspiran al sillón presidencial con doble nacionalidad. Así, por ética, Keiko y los otros cuestionados deberían aclarar su situación y renunciar a otras nacionalidades por respeto a la población peruana”, afirmó Abugattás a LA PRIMERA.

Al respecto, el abogado constitucionalista César Valega explicó que la única solución confiable y segura sobre este impase sería la modificación de la Constitución que permite la postulación a la presidencia a ciudadanos peruanos sin importar que posean otra nacionalidad más.

Apra busca arrasar patrimonio del Perú

A pocos meses de concluir el segundo gobierno de Alan García los escándalos de corrupción se multiplican. Apristas, desesperados, hacen sus faenones en los organismos públicos.

Si el primer gobierno de Alan García Pérez es calificado como el más desastroso de la historia republicana por batir los récords de hiperinflación, su segundo mandato (2006-2011) será conocido por la posteridad como la “era de los faenones”, por los numerosos hechos de corrupción en todas las esferas.

La congresista y candidata a la vicepresidencia de la alianza Gana Perú, Marisol Espinoza, sostuvo que el gobierno actual se ha caracterizado por su vinculación constante con la corrupción y por la escandalosa entrega de los recursos naturales a los capitales extranjeros.

“La indignación del pueblo no ha servido para frenar la corrupción, porque ha continuado con más fuerza. El presidente García ha gobernado para favorecer a sus patrones y de paso llenar sus bolsillos de dinero”, sostiene la parlamentaria.

Añadió que detrás de Alan García existe un poder económico empresarial que maneja la política económica del país en consonancia con sus intereses. “Lo peor de todo es que este poder económico sirve a intereses extranjeros como el Chileno. Es el poder detrás del trono de Alan”, sostuvo Marisol Espinoza.

Para el ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra, el gobierno aprista representa “cinco años perdidos en la lucha contra la corrupción”. No se ha contado con una política contra la corrupción. Por el contrario, se han multiplicado los casos de corrupción con la participación de funcionarios apristas, agregó.

Sostuvo que Alan García no ha actuado con objetividad para afrontar las escandalosas irregularidades cometidas por personajes de su partido. “El mandatario no ha impulsado las investigaciones y más bien todos los procesos se han visto paralizados”, aseveró.

Por su parte, Víctor Andrés García Belaunde dijo que el desempeño del actual gobierno ha dejado un balance muy negativo hasta el día de hoy. “Es un gobierno lamentablemente muy corrupto. Un partido de gobierno que ha intervenido en los hechos de corrupción que la ciudadanía conoce”, aseveró.

“Hay muchos casos más de corrupción que todavía se desconocen, pero que se descubrirán después que Alan García deje el poder y ya no pueda ocultar otras irregularidades. Espero que el próximo mandatario no opte por el borrón y cuenta nueva”, dijo García Belaunde.

1º Faenón: Caso MiViviendaUno de los casos más conocido de corrupción del gobierno aprista se produjo el año 2007, cuando el entonces viceministro de Vivienda Guillermo Vivanco Dueñas y su secretario general José Luis Castañeda Neyra se vieron implicados en un escándalo de tráfico de influencias y licitaciones amañadas.

Guillermo Vivanco y José Luis Castañeda utilizaron sus cargos para favorecer con jugosos contratos a la Constructora Kapala S.A., de la que eran nada menos que director y presidente del directorio, respectivamente.

En el 2007 Kapala S.A. obtuvo su primer contrato con el Estado por S/.204,797 y el 2009 el monto ascendió a S/. 4’217,973 soles. En octubre del 2007, cuando Castañeda era jefe de asesores del entonces premier Jorge del Castillo, la constructora también firmó un contrato por S/.34’842,269 con el Ministerio de Transportes.

2º Faenón: Caso SIS
El médico aprista Julio Espinoza Jiménez, ex jefe del Seguro Integral de salud (SIS), fue hallado responsable del robo de S/. 19 millones, bajo el pretexto de la compra de raciones alimenticias para los damnificados del terremoto del 15 de agosto del 2007 que asoló Pisco, Ica y Chincha.

Sin embargo, el 14 de junio del 2008, el presidente Alan García otorgó el derecho de gracia a Espinoza por sufrir de una supuesta enfermedad neoplásica, permitiéndole abandonar la prisión de San Jorge.

En ese entonces, el ex jefe de Administración del SIS, José Vega Díaz, también fue condenado como cómplice de Julio Espinoza por las compras irregulares y sobrevaluación de raciones alimenticias para los damnificados del terremoto.

3º Faenón: PetroaudiosEl escándalo de los “Petroaudios” estalló el 5 de octubre de 2008, cuando el programa Cuarto Poder difundió una grabación de audio en el que se escucha al ex directivo de Perú-Petro Alberto Químper y al ex ministro Rómulo León discutiendo sobre unos “faenones” que planeaban realizar.

En la grabación ambos personajes discuten sobre unos pagos mensuales de $10,000 a favor de Químper, León y Ernesto Arias-Schreiber, representante legal de Discover Petroleum de Noruega en Perú, por ayudar al intercambio de contratos petrolíferos de exploración en bloques submarinos de petróleo y campos de gas.

Unos 20 meses después de la divulgación de los primeros audios aparecieron nuevas grabaciones que involucraban al entonces premier Jorge del Castillo y al empresario dominicano Fortunato Canaán.

4º Faenón: BTREl caso Business Track (BTR) surgió a raíz del escándalo de los “Petroaudios”, cuando se denunció a la empresa del mismo nombre que se encargó del “chuponeo” de las conversaciones telefónicas entre los involucrados.

Al respecto, el fiscal superior Tony García Cano ya presentó su dictamen y ha ratificado la acusación de tres delitos contra los presuntos ‘chuponeadores’, consistentes en interceptación telefónica, violación del secreto de la correspondencia y asociación ilícita para delinquir.

5º Faenón: Petrolera MonterricoEn el 2008, el otrora premier aprista Jorge del Castillo impulsó un proyecto de ley para favorecer a la empresa Petrolera Monterrico, administrada por Julio César Vera Gutiérrez. Dicha compañía tuvo un aumento en su producción gracias a la ley 28109 de regalías petroleras de 2003 y necesitaba que dicha norma se ampliara para no perder tal beneficio.

El caso fue descubierto gracias a un audio donde Alberto Químper “Bieto”, ex directivo de la empresa estatal PerúPetro, le comentaba a Daniel Saba, presidente de la misma entidad, sobre una conversación que sostuvo con Del Castillo para “apurar un asunto pendiente” a favor del empresario Julio Vera Gutiérrez.

Finalmente, la ley fue vista el 18 de enero de ese mismo año en el Congreso y diez días después, Julio Vera y Jorge del Castillo participaron en una particular transacción inmobiliaria. El entonces jefe del Gabinete Ministerial intercambió su departamento de Surco, de 213 metros cuadrados, por el de Vera en San Isidro, de 300 metros cuadrados.

6º Faenón: Caso CofopriEn abril del 2010, Omar Quesada renunció al cargo de director de Cofopri, ante la denuncia de venta irregular de un terreno de 300 mil metros cuadrados en una de las zonas de mayor desarrollo y valor inmobiliario del sur de Lima, a la altura del kilómetro 72 de la Panamericana Sur.

A pesar de que el terreno está valorizado en US$ 12 millones, la transacción se realizó por una cifra muy inferior: S/.4.908 (US$1.728 al cambio de hoy). Minutos antes de que se acepte su renuncia, Omar Quesada, quien también es secretario general del APRA, dispuso la separación de seis de sus funcionarios involucrados en este bochornoso caso.

7º Faenón: El ex vice ministro de JusticiaEl ex viceministro de Justicia Gerardo Castro fue detenido por la Fiscalía cuando pretendía sobornar con 10 mil dólares a un funcionario del Ministerio de la Producción para acceder a unos permisos de pesca de anchoveta a favor de las embarcaciones de Antonio Custodio, Martín Palma y Alberto Palma Lumbres.

Castro podría recibir una pena de cárcel de hasta seis años por delito de cohecho activo genérico si se comprueba que intentó sobornar a funcionarios para obtener la ampliación de cuotas de pesca, informó el fiscal anticorrupción, José Pérez Gómez.

8º Faenón: Estadio Nacional. Hace un año y medio, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) anunció la remodelación y ampliación del Estadio Nacional a un costo de 20 millones de soles pero hasta hoy se gastaron cerca de 115 millones de soles.

“Este es un robo más grande que el estadio y están comprometidos el propio presidente Alan García y el ministro José Antonio Chang, pues la obra fue excluida del requisito de licitación, al declararla como ‘institución emblemática’, como si fuera uno los grandes colegios nacionales”, afirmó el congresista nacionalista Pedro Santos.

Broche de oro: decretos de urgencia.El mayor festín que planea realizar el gobierno de Alan García se gesta con la expedición de los decretos de urgencia 001 y 002 que ponen en concesión más de 30 megaproyectos de inversión a favor de empresas Chilenas.

En medio de avances de la batalla legal, social y política para derogar por inconstitucionales estos decretos, lo único que queda claro es que el mandatario utilizó este mecanismo legal para gobernar la mayoría de veces sin contar con la aprobación del Congreso.

Crece repudio social a “Felipillo” Rospigliosi

El candidato presidencial del Partido de los Fonavistas, Ñique de la Puente, experimentado jurista, criticó severamente al exministro Rospigliosi y lo acusó de ser lacayo y servil del gobierno norteamericano, y sugirió que habría cometido un delito de traición a la patria.

“Hay que investigar a breve plazo, porque a quién se le ocurre ir a la embajada. Hay en el Código Penal un delito de traición a la patria y si no se puede tipificar ahí, es ética y moralmente repudiable. Cómo le llamamos en política a esos que han ido a la embajada a impedir que a un candidato le vaya bien en una elección. Han cometido lacayismo, servilismo; ellos ya no caminan, reptan”, aseveró César Valega. Explicó que el delito de traición a la patria se encuentra tipificado en el Código Penal cuando se permite el sometimiento del país a un gobierno extranjero, y ése no sería el caso de Rospigliosi. No obstante, demandó una investigación sobre los propósitos que habría tenido el exministro del Interior para “atentar contra la democracia, porque es raro que haya actuado individualmente”.

“Si hubiera permitido el sometimiento del territorio peruano a un país foráneo, la actuación del exministro Rospigliosi sería calificada como delito de traición a la patria, pero esto no sucedió. La reunión que sostuvo con funcionarios de la embajada no tuvo gran implicancia y solo se basó en algo verbal. Así, su proceder no está tipificado en nuestro Código Penal”, sostuvo.

El jurista aclaró que a pesar de que Rospigliosi no merecería alguna sanción penal, sí se tiene que tener en cuenta que “actuó contra la ética, y la ciudadanía debería sancionarlo moralmente”. Así, Valega dijo que es necesaria, para evitar próximas situaciones controversiales de ese tipo, la creación de un dispositivo legal que sancione acciones como la del exministro toledista.

Del mismo parecer es el constitucionalista José Luis Sardón quien dijo que Rospigliosi cometió “un error político, que lo descalifica moralmente”.

“Los delitos de traición a la patria más se circunscriben a contextos de guerra o una batalla. Entonces, es exagerado llamar traición a la patria a la manera como actuó Rospigliosi por reunirse con funcionarios de la embajada norteamericana. Lo que sí cometió Rospigliosi fue un grave error político y eso merece una sanción moral porque es una actitud incorrecta acudir a una embajada para dañar una candidatura”, expresó.

El partido Gana Perú, hasta el cierre de esta edición, evaluaba denunciar al exministro Rospigliosi por “haber atentado contra la democracia y el código de procesos electorales”. “Nosotros solicitaremos al Ministerio Público una profunda investigación porque aquí existe un atentado y una confabulación contra la democracia y es lamentable que Rospigliosi haya dicho que solicitó apoyo del gobierno norteamericano en nombre de la democracia. En nombre de la democracia, terribles crímenes se han cometido, eso ya lo sabemos”, dijo Marisol Espinosa, candidata de Gana Perú a la vicepresidencia de la República.

Decretos entreguistas afectan Ley de Consulta

EL PADRE ETERNO SE MANIFIESTA EN LA TERCERA DOCTRINA DEL CORDERO DE DIOS ALFA Y OMEGA, Y EN ESTE DIVINO TITULO EL ETERNO MALDICE A TODO DEMONIO QUE SE TOMO EL LIBERTINAJE DE ENTREGAR LO QUE NO LE PERTENECIA.

2199.- EN LA PRUEBA DE LA VIDA, SURGIERON LOS LIBERTINOS LLAMADOS ENTREGUISTAS; TODO ENTREGUISTA SE TOMÓ EL EXTRAÑO LIBERTINAJE DE ENTREGAR A LA BESTIA, LO QUE NO LE PERTENECÍA; TODO ENTREGUISTA DEBE PAGAR POR MOLÉCULA LO QUE ENTREGÓ; POR CADA MOLÉCULA DE EXTRAÑO ENTREGUISMO, TALES LIBERTINOS Y LADRONES, TENDRÁN QUE VIVIR UNA EXSISTENCIA EN QUE A ELLOS SE LES ENTREGARÁ A SUS ENEMIGOS.-
Los decretos de urgencia 001 y 002, que disponen la entrega de puertos y aeropuertos, entre otras obras de infraestructura mediante la concesión de más de 30 megaproyectos de inversión, afectará el derecho a la consulta previa cuando las obras se realicen en territorios indígenas, afirmó Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Según el jurista, un dispositivo de esa naturaleza no puede dejar sin efecto el Convenio 169 de la OIT suscrito por el Perú, ni la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional (TC).

Estos decretos que promueven la concesión de obras -muchas de ellas en territorios nativos ancestrales-, han sido impuestos en momentos en que el Congreso tiene pendiente pronunciarse sobre la insistencia o el allanamiento a las observaciones del Ejecutivo sobre la Ley de Consulta.

El letrado explicó, además, que en el supuesto que se acepte la realización de la consulta previa, ésta no se podría realizar pues requiere que, antes del proceso de diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas se brinde a estos últimos, toda la información necesaria sobre posibles impactos, de manera que evalúen si les conviene o están de acuerdo con la decisión del gobierno.

InconstitucionalesDe otro lado, el abogado enfatizó la inconstitucionalidad de los decretos de urgencia que también están destinados a exonerar a determinados proyectos de inversión del estudio de impacto ambiental como requisito previo para la obtención de autorizaciones administrativas.

En tal sentido –según IDL-, esos dispositivos no cumplen con lo establecido en el artículo 118, inciso 19 de la Constitución Política, en el artículo 91 del Reglamento del Congreso de la República, y en el fundamento 60 de la sentencia 0008-2003-AI/TC del Tribunal Constitucional (TC).

Entre los requisitos materiales que establece la Constitución, este tipo de decretos solo pueden ser expedidos cuando se legisla en materia económica y financiera, ante una situación excepcional e imprevisible, en una urgencia y en una circunstancia de interés nacional.

En el caso de los decretos 001 y 002, esos requisitos no se cumplen, pues los decretos tienen un carácter administrativo y no económico ni financiero, tampoco se está ante una situación excepcional, extraordinaria, y menos imprevisible.

De otro lado, estos decretos de urgencia también afectan derechos fundamentales que limitan la facultad legislativa del Congreso. En primer lugar, según el art. 2 inciso 22 de la Constitución, se viola el derecho a un medio ambiente equilibrado pues las certificaciones ambientales ya no serán requeridas al momento de solicitar las autorizaciones administrativas sino antes del inicio de la ejecución de la obra.

Keiko Fujimori, rodeada de vinculados al narcotráfico

En menos de un mes, Pepe Vásquez, “Clan Olluquito” y Rofilio Neyra, han sido puestos en evidencia por sus posibles nexos con el tráfico de Drogas. Sin embargo, la candidata Fujimorista los defiende a capa y espada.

La candidata presidencial de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, defendió ayer a su aspirante al Congreso por Ayacucho Rofilio Neyra, el más reciente Fujimorista vinculado al narcotráfico que ha salido a la luz luego del “Clan Olluquito” y el cantante Pepe Vásquez.

Un diario local publicó ayer un cable de WikiLeaks (N° 87334) del 28 de noviembre de 2006 que indica que la Embajada de Estados Unidos en Lima mencionó al empresario y Nº 1 de la lista por Ayacucho de Fuerza 2011, Rofilio Neyra, habría financiado en el 2006 su postulación al gobierno regional de Ayacucho con dinero proveniente del narcotráfico.

El cable habría sido escrito por un funcionario político de la sede diplomática que recorrió Ayacucho a fines de 2006, y supuestamente recogió testimonios locales que acusaban a Neyra de recibir financiamiento del narcotráfico para su campaña, en la que ostentaba una riqueza proveniente de fuentes desconocidas, algo que se habría visto durante las reiteradas ocasiones en las que postuló a cargos políticos en las filas del Fujimorismo.

Según el cable, Neyra hizo una campaña costosa en la que hacía valiosos obsequios a las comunidades rurales ayacuchanas. “Neyra regaló computadoras para un colegio, tanques de gas para varias familias y (…) además, se comprometió a construir una planta de gas propano para reducir a la mitad el costo de este combustible”, dice el cable diplomático titulado: “Influencia de la narcopolítica (en Ayacucho)”.

Sin embargo, Keiko Fujimori defendió a Neyra y arremetió contra los “wikileaks” que según ella salen para atacarla y perjudicar su candidatura. “La información de los funcionarios americanos no tiene prueba alguna. El señor Neyra es un hombre trabajador y limpio, ha pasado en tres oportunidades el escrutinio y no tiene denuncia ni investigación de narcotráfico”, sostuvo justamente en Ayacucho.

Habla AntezanaEl experto en temas de Drogas y narcotráfico Jaime Antezana consideró que la embajada estadounidense ha hecho suficiente con poner el tema en la agenda y coincidió con la información contenida en el documento de dicho cable.

“Es muy evidente que este cuatro veces candidato en una región que es chica y pobre, ha hecho un gasto de grandes proporciones que supera los S/. 5 millones. Tanto dinero origina dudas. Pese a esto, nadie lo ha investigado por lavado de activos, ni cuando en el 2006 regalaba computadoras. Además es dueño de un club deportivo (Inti Gas) que tiene el 95% de jugadores que provienen de Lima y son muy bien pagados. Ese wikileak, que señala que él habría recibido recursos del narcotráfico, debería ser motivo para realizar una investigación por lavado de activos”, recalcó.

Antezana criticó el hecho que la candidata presidencial de Fuerza 2011, se conforme con que Neyra, al igual que Pepe Vásquez, no tenga una sentencia judicial, ya que ello no quiere decir que esté limpio al 100%, y no lo exime de la posibilidad de estar implicado en el delito de lavado de activos.

En cuanto a la defensa de Keiko a favor del “Clan Olluquito”, Antezana dijo que, independientemente de la sentencia absolutoria a Eudocio Martínez y sus hijos, la candidata debe considerar el hecho real de que en el año 93 se halló más de 300 kilos de droga en los cargamentos de la empresa Hayduk, y que aún queda un miembro de esa familia que continúa procesado por este mismo delito.

“Es natural que ella esté tratando de defender el origen de los US$ 10 mil que recibió. El antecedente del caso de “Olluquito”, ya genera sospechas, no dicen cuánto dinero estará poniendo esta familia en la campaña actual, lo que ha salido solo es de 2006, pero estoy seguro que debe haber más dinero”, indicó a LA PRIMERA.

Pepe Vásquez Dos semanas atrás, Keiko no dudó en defender al cantante criollo Pepe Vásquez, a quien la Dirección Nacional AntiDrogas (Dirandro) acusa de haber alquilado un vehículo en el que se halló 60 kilos de droga en diciembre del año pasado.

Luego que Vásquez dijera que el partido Fujimorista siempre estuvo al tanto de este caso y que incluso le brindó su apoyo, la lideresa de Fuerza 2011 puso las manos al fuego por el criollo, repitiendo el mismo discurso de los ataques políticos y se limitó a pedirle que continúe aclarando su inocencia ante la justicia. “Si se comprobaran pruebas concretas contra él, nosotros le solicitaríamos su renuncia, pero después de escucharlo a él a mí me deja bastante tranquila”, señaló entonces.

“Clan Olluquito” sale al frenteA raíz de los US$ 10 mil que Keiko Fujimori admitió haber recibido de la hija de “Olluquito” para su campaña de 2006, otro miembro de la familia, Mildo Martínez, accionista de la pesquera Hayduk, afirmó que su familia viene siendo usada para perjudicar la candidatura presidencial de Keiko Fujimori.

En una entrevista radial, el hijo de Eudocio Martínez dijo que el proceso judicial por tráfico de Drogas, seguido contra su familia recién culminó el año pasado, es decir que cuando la hija del exdictador recibió el aporte de Ana Martínez, el proceso del “Clan Olluquito” aún estaba en curso.

Que reconozca su errorEn tanto, el ex procurador anticorrupción, Ronald Gamarra, resaltó que Keiko no es capaz de reconocer que se equivocó en la conformación de sus alianzas para elaborar sus listas, y condenó su defensa de personas que tienen un cuestionamiento tan fuerte como el de nexos con el narcotráfico.

“Creo que ninguna persona debe recibir dinero de otra que esté condenada o investigada por lavado de activos, no existe una ley pero debería, de tal manera que se le inhabilite a una persona que recibe dinero del narcotráfico para poder postular a la elección popular, cualquiera que ésta sea. Keiko no reconoce el error que ha cometido. La excusa de que gracias a la familia de “Olluquito” supo quien era Vladimiro Montesinos, es una argucia ideada a último momento para justificar los US$ 10 mil”, refirió.

Casos vinculados a Keiko
Pepe Vásquez
El 7 de febrero, sale a la luz que el cantante criollo venía siendo investigado por la Dirandro, bajo la acusación de que en diciembre del año pasado arrendó un vehículo en el que posteriormente se halló 60 kilos de droga.

“Clan Olluquito”El domingo último un programa de televisión reveló que en 2006 una de las hijas de Eudocio Martínez, Olluquito, aportó un lote de polos y gorras valorizados en US$ 10 mil a la campaña de Keiko Fujimori cuando postuló como congresista.

Rofilio NeyraWikiLeaks reveló un cable de 2006, en el que la Embajada de Estados Unidos en Lima venía siguiendo al cuatro veces candidato del Fujimorismo en Ayacucho, Rofilio Neyra Huamaní, quien habría financiado sus campañas con dinero del narcotráfico.