Agencias de pánico

Las agencias de calificación crediticia están teniendo fuerte incidencia en la propagación de la crisis europea, y por el poder que estas firmas tienen para dirigir el flujo inversor, los gobiernos deben salir a dar explicaciones cada vez que hay modificaciones en la nota de los bonos soberanos. El ministro de Finanzas griego, Giorgos Papandreu, aclaró ayer que “es incomprensible” que Fitch haya rebajado súbitamente tres escalones la nota hasta la penúltima categoría, porque “existe un calendario de ayuda financiera de los países de la Eurozona y del FMI”. Agregó que el castigo de la agencia “no afectará el sistema bancario griego”. Las calificadoras mantienen una notoria influencia a pesar de su desprestigio tanto en el ámbito político como académico. Ahora también han empezado a cuestionar a Estados Unidos por su abultada deuda y el riesgo a un default temporario (ver aparte).

Las agencias asesoran sobre el riesgo crediticio subyacente a títulos públicos, deuda de entidades financieras y no financieras. En la actualidad son los emisores de los títulos (los propios “calificados”) los que contratan el servicio de las agencias. En otros casos, la empresa califica la deuda sin que sea solicitado por el usuario. El trabajo del Banco Mundial El derrumbe de la securitización estructural de 2007 indica que “las agencias enfrentan un incentivo a sobreestimar la calidad del título de manera de construir una buena relación con el cliente”. “Los honorarios influencian demasiado sus calificaciones”, agrega el estudio. Además, no hay competencia entre las agencias para lograr una mayor reputación. Aunque existen alrededor de 150 firmas, las tres más grandes tienen en su poder alrededor del 95 por ciento del mercado. Standard & Poor’s y Moody’s ostentan un 40 por ciento cada una, mientras que Fitch, el 15 por ciento.

La estrecha vinculación entre las agencias y bancos y aseguradoras hizo que productos financieros riesgosos fueran calificados con la máxima nota, al igual que débiles bonos soberanos. “Las agencias ayudaron al masivo crecimiento del mercado financiero antes de la crisis que estalló en 2008”, indican Mai Hassan y Christian Kalhoefer en “Regulación de las agencias de rating crediticio. Evidencias de la crisis reciente”. La fuerte corrección a la baja que se hizo con la burbuja en pleno auge “resultó en pánicos sistémicos e inestabilidad financiera”, explican.

Los investigadores Rabah Arezki, Bertrand Candelon y Amadou Sy, en su trabajo “Noticias de rating en deudas soberanas y el derrame en los mercados financieros” analizaron 71 anuncios de las agencias entre 2006 y 2010. Concluyen que “las calificadoras no anticiparon la debilidad de las economías europeas”. “A pesar de que Grecia tiene una larga historia de debilidad económica, las agencias creyeron que sus bonos constituían una inversión segura. Les tomó un largo tiempo advertir el riesgo”, indican Hassan y Kalhoefer. Cuando la situación en Atenas se volvió insostenible, las agencias rebajaron rápidamente la nota, profundizando el problema. Las súbitas caídas en las notas para el país helénico, Irlanda, Portugal y España generan inestabilidad y corridas. “La crisis en la Eurozona se ha vuelto tan profunda en parte a causa de la actuación de las agencias de calificación”, indica Helmut Reisen, jefe del centro de desarrollo de la OCDE. Haber mantenido hasta último momento altas calificaciones a la deuda de los países europeos puede responder a varias causas. Arezki, Candelon y Sy explican que una rebaja en el rating soberano afecta “la rentabilidad de bancos europeos que tienen esos títulos y a la vez de bancos en otros países expuestos en las entidades europeas”. Tanto en el caso de las deudas privadas como las públicas, las agencias amplifican los auges y luego profundizan las crisis, exagerando los ciclos.

contra el saqueo de nuestros recursos

Crece la oleada contra el modelo extractivo


La reacción de los pueblos contra el modelo extractivo es cada vez más intensa y se está conformando una alianza de hecho entre diversos sectores sociales. Hace pocos meses fueron los obreros que construyen la central hidroeléctrica de Jirau, sobre el río Madera, en el estado brasileño de Rondonia, los que se levantaron contra las pésimas condiciones de trabajo. Hace dos años fueron los indígenas amazónicos de Bagua, en Perú, los que enfrentaron las concesiones petroleras, con un saldo de más de 30 muertos.

En junio el levantamiento fue en el sur peruano, abarcó buena parte del departamento de Puno y se dirigió contra proyectos mineros e hidroeléctricos. Desde hace varios años la resistencia a la minería viene creciendo en toda la región. Tambogrande y Ayavaca se inscribieron en los últimos años en la historia de la resistencia a la minería, ambos en el norte peruano. Hace dos meses, en Cocachacra, en el sur del país, la población consiguió frenar el proyecto minero Tía María. Allí donde la población puede expresarse, lo hace masivamente contra la minería trasnacional.

El reciente levantamiento en Puno tiene algunas particularidades que muestran un camino. En primer lugar, fue una lucha extensa e intensa: 45 días de paros, en los cuales hubo seis muertos y 30 heridos por la represión ordenada por el presidente Alan García Pérez, que en pocos días dejará el gobierno. Por dos veces los manifestantes intentaron tomar el aeropuerto de Juliaca, la principal ciudad del departamento, con unos 300.000 habitantes. Lo consiguieron, pero la represión se cobró cinco muertos. Palos y hondas contra fuego real.

Desbordando la contención policial, las multitudes sitiaron la ciudad, quemaron la comisaría de Azángaro y destrozaron locales de varias trasnacionales en Juliaca, según informa el mensuario Lucha Indígena, dirigido por Hugo Blanco. Las principales formas de lucha fueron los paros indefinidos, con masivos cortes de carreteras y marchas de varios días hasta las ciudades, que llegaron a reunir hasta seis comuneros.

En segundo, fue una lucha masiva en la que participaron comunidades aymaras y quechuas, campesinos, trabajadores urbanos, comerciantes, estudiantes y profesionales, y contó por momentos con el apoyo de autoridades locales. Se consiguió tejer un vasto frente social. El Frente de Defensa de los Recursos Naturales del sur de Puno fue uno de los referentes principales, pero no el único, ya que se trató de una amplia convergencia, en la cual participan organizaciones locales y de base, y otras que integran la Conacami (Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería).

En tercer lugar, no fueron acciones locales ni contra una empresa. La resistencia se focalizó contra el proyecto hidroeléctrico Inambari, un conjunto de cinco represas para proveer de energía a Brasil, que se viene cuestionando desde hace varios años porque desplaza miles de campesinos y afecta a los ecosistemas. Pero también contra la explotación minera Santa Ana de la canadiense Bear Creek Mining. Además, se unieron a la lucha las comunidades que quieren la limpieza del río Ramis, contaminado por la minería formal e informal, y los que rechazan otros emprendimientos mineros en uno de los departamentos más pobres del país.

En cuarto lugar, los sucesos de Puno muestran que la oleada contra el modelo extractivo en Perú se expande desde las iniciativas puntuales, en general contra la minería, hacia confluencias entre luchas de diversos departamentos. A finales de junio, mientras ardía Puno, se realizó un encuentro en Islay (sur de Arequipa), donde se registró la resistencia a la mina Tía María en Cocachacra, en el que participaron comunidades afectas de Tacna, Moquegua, Puno, Cusco y Arequipa.

La tendencia viene siendo a la generalización del conflicto en toda la sierra andina y parte de la selva amazónica. El gobierno deja 227 conflictos sociales y ambientales no resueltos, tres veces más de los que encontró García hace cinco años cuando ocupó el Palacio de Gobierno. Su sucesor, Ollanta Humala, anunció que aumentará los impuestos a la minería y el agronegocio para poder cumplir sus metas sociales, entre ellas pensiones vitalicias a los mayores de 65 años y construcción de colegios y hospitales.

Es poco probable que esas medidas consigan frenar la actual oleada andina-amazónica contra el modelo extractivo, que viene creciendo desde las profundidades de la sociedad peruana desde hace más de una década. La población del sur y de las regiones donde se asientan los más resistidos proyectos mineros, hidroeléctricos y petroleros ha votado masivamente por Humala. En Puno, alrededor del 80% en varios distritos. Sin embargo, no esperaron que asuma el nuevo presidente para que resuelva sus problemas.

Todo indica que no habrá tregua, aunque un descenso significativo de la represión conseguirá desdramatizar los conflictos. Hay dos hechos que hacen pensar que la resistencia al modelo seguirá su curso. La primera es que existe plena conciencia de que se trata de una tregua, ya que los proyectos se han aplazado pero en modo alguno se han anulado. El capital trasnacional no va a permitir que el Estado peruano incumpla sus compromisos y multiplicará sus presiones.

En el caso de la hidroeléctrica Inambari, Brasil está muy interesado en asegurar y diversificar sus fuentes de energía. Los gobiernos de Lula y García firmaron en 2010 un acuerdo para el suministro de hidroelectricidad. Humala pudo llegar a la presidencia, entre otras razones, por el apoyo del gobierno brasileño que se concretó en la presencia directa de dos asesores personales de Lula.

La segunda es que hay cada vez mayor conciencia en que no se derrota el modelo a escala local ni por caminos legales. El poder del capital trasnacional es tan fuerte, tan densa la malla legal que lo protege, y tiene tanta capacidad de corromper, que sólo será posible ponerlo en fuga con levantamientos simultáneos en las más diversas geografías. Quizá estemos asistiendo a los primeros pasos en esa dirección.

Otra bomba de García, ahora en el aeropuerto

estado peruano podría perder 300 millones dedólares a favor de LAP ante riesgo de incumplir contrato, por saneamiento de predios para construcción de segunda pista del Jorge Chávez. 

La negligencia de la administración de Alan García, puede arriesgar al país a correr el riesgo de abonar una penalidad de aproximadamente 300 millones de dólares a la concesionaria del aeropuerto internacional Jorge Chávez,Lima Airport Partners (LAP), ante la posibilidad de incumplir, en febrero de 2013, con el compromiso de sanear los predios a expropiar para la edificación de la segunda pista de aterrizaje. 

Así lo advirtieron la presidenta del Comité de Transferencia, Marisol Espinoza, y la congresista nacionalista Susana Vilca, quienes dijeron que en este tema García volvió a mentir al país, al afirmar recientemente que los terrenos materia de expropiación “estaban debidamente saneados”. 

Tras presentar el tercer informe de la Comisión de Transferencia de Gana Perú, esta vez referido al sector Transportes y Comunicaciones, Espinoza cuestionó que el retraso en el proceso de expropiación de terrenos para la construcción de la obra provocaría el incumplimiento de los plazos estipulados y obligaría al estado peruanoa pagarle una penalidad de 300 millones de dólares a LAP, la concesionaria encargada de construir la segunda pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez. 

“Si nosotros vemos el informe de la Contraloría del 6 de junio de 2011, éste nos alerta de dos cosas: Que de no acelerarse los procesos de expropiación en la zona, se podría generar el riesgo de que el Estado no entregue los terrenos a la empresa LAP. (Y que) esta Comisión de Alto Nivel para el desarrollo de estas actividades, no cuenta con un programa de reubicación de asentamientos humanos, situación que puede incidir en el incumplimiento del plazo de (saneamiento de) los terrenos”, anotó. 

En conferencia de prensa, especificó que en los últimos nueve años no se ha cumplido con el saneamiento de los terrenos ocupados por terceras personas. “El proceso está a menos del 20%, pues quedan 43 predios por sanear. Llegar al 100% es un camino bastante largo que no se ha hecho (dentro de los plazos previstos)”, puntualizó. 

Además, alertó que el gobierno gasta actualmente un fondo de aproximadamente S/. 40 millones para cumplir con el pago de las empresas que atienden el proceso de saneamiento del terreno, sin que se vean resultados sobre este asunto.

De otro lado, LA PRIMERA vicepresidenta electa denunció el incremento, durante el segundo quinquenio aprista, en casi un 75% de la planilla de servidores del portafolio de Transportes y Comunicaciones, al pasar de dos mil 711 trabajadores, en el 2006, a 4 mil 737, en el presente año. 

Detalló que la mayoría de los afortunados “compañeros” que han ingresado a este sector han sido concentrados en Provías.

Asimismo, denunció la decisión de última hora del saliente gobierno de Alan García de renovar el contrato de concesión del contrato de telefonía móvil de las bandas correspondientes a Lima y Callao, cuyo plazo inicial de veinte años, a partir de LA PRIMERA licencia otorgada, vencía por estos meses. 

ESE TRENEn cuanto al Tren Eléctrico, recordó que al cumplirse, recién en octubre, la puesta en operación comercial de esta infraestructura, el estado peruano deberá subsidiar 86 millones de dólares hasta enero de 2013, a favor del concesionario, lo cual afectará las cuentas del sector público. 

PARA LA PISTA DOS 
Falta sanear mayoría del terrenoMarisol Espinoza señaló que falta sanear el 83% del terreno donde debe construirse la pista dos del aeropuerto, según un informe elaborado por la Contraloría General de la República. “Esta es una herencia terrible, y genera un problema económico pero también social, porque en esos terrenos hay más de 500 familias que no merecen ser desalojadas del lugar sin antes haber sido reubicadas en un buen lugar”, expresó Espinoza. 

Asimismo, al igual que en otros sectores, advirtió que llama la atención la gran cantidad de contrataciones realizadas en los últimos meses en el sector Transportes. El personal aumentó y lo peor de todo es que no se ha logrado sincerar la planilla, y los contratados ocupan demasiadas plazas administrativas en oficinas como Provías Nacional, cuando hace falta personal técnico para la construcción de carreteras, manifestó Espinoza. 

Cómo empeoró la UE la crisis griega

Peligro en la Eurozona

Grecia es el primer caso de prueba de la resistencia de la moneda única europea en un tiempo de crisis. Es un hecho históricamente establecido que una crisis bancaria va seguida de un fuerte aumento en la deuda pública, debido tanto al apoyo fiscal al sector bancario como a la caída del PIB debida al aumento de la recesión. Aunque Grecia no tenía una crisis bancaria de la magnitud de la de otros Estados miembros de la UE, sus finanzas públicas fueron afectadas fuertemente por la recesión causada por la crisis financiera global. Esto, combinado con sus débiles mecanismos de recaudación de impuestos y sus altos gastos públicos de los últimos años (gastos militares, Juegos Olímpicos, etc.), han llevado a un gran aumento de su déficit público y de la deuda.

Contrariamente a algunos informes de los medios, los trabajadores en Grecia trabajan más horas que en Alemania (en promedio 2.161 horas anuales por trabajador en 2009, en comparación con 1.382 en Alemania). Además, la productividad por hora de trabajo en Grecia duplicó la velocidad del aumento en Alemania en los diez años después de la introducción del euro (26,3% en Grecia en comparación con 11,6% en Alemania).

El problema ha sido la mayor tasa de aumento en salarios y precios en Grecia en comparación con Alemania, haciendo que las exportaciones griegas sean menos competitivas que las alemanas. Esto está en la raíz de los llamados ‘desequilibrios comerciales’ de la UE, por los cuales algunos países, como Alemania, refrenaron los salarios más que otros países, sobre todo en el sur de Europa. De esta manera, Alemania acumuló un excedente comercial que se refleja en el déficit comercial de sus socios de Europa del Sur como Italia y Grecia.

Por otra parte, el ingreso promedio per cápita de la población en Grecia nunca alcanzó el de los antiguos 15 de la UE, mientras que en el año pasado, ¡ha disminuido a un nivel que está muy por debajo del de 1980, cuando llegó a ser miembro pleno de UE! Por lo tanto, aunque los griegos han estado trabajando duro, sus ingresos solo aumentaron con mucha lentitud al promedio de la UE.

Los ‘rescates’ de la UE y el FMI no solucionaron el problema del sobre-endeudamiento. En los hechos, lo agravaron. Esto, porque las medidas de austeridad a las que están vinculados intensificaron la recesión de la economía griega. Mientras se reduce el PIB, aumenta la relación entre el déficit público y la deuda. Además, la continua especulación contra los bonos del gobierno griego sigue aumentando las tasas de interés y por ello el peso de la deuda. El hecho de que no se regule a los protagonistas financieros como las agencias de calificación crediticia y los fondos especulativos solo exacerba el problema.

Un año después de la implementación del primer paquete de ‘rescate & austeridad’, los ingresos y el nivel de vida de una gran parte de la sociedad griega han caído drásticamente y no existe ninguna perspectiva de mejora en el futuro previsible. Los más afectados son las pequeñas empresas, que constituyen la espina dorsal de la economía griega, los pensionistas y los jóvenes, quienes emigran en grandes cantidades en busca de un futuro.

Considerando esas condiciones, no cuesta comprender por qué pueblo griego no solo está indignado, sino furioso, contra la dirigencia política de los dos partidos gobernantes, que ocultaron la verdad y que todavía no encaran los problemas de la economía y el futuro de la sociedad griega.

La forma en que la UE ha manejado la llamada ‘crisis griega’ ha empeorado las cosas. No solo no se ha comprendido la naturaleza de la crisis y los peligros para la Eurozona de un modo más general, sino que además ha habido confusión sobre cómo resolver la crisis.

A pesar de sus características ‘griegas’, se trata de una prueba de resistencia del euro en un mundo de finanzas globales en tiempos de crisis. La actual arquitectura de la Eurozona expone a sus miembros a los ataques especulativos de los mercados financieros, pero no provee ninguna política de manejo de las crisis. Se necesita una clara visión europea y mucha voluntad política para convertir la actual zona de moneda única en una unión económica y política. Desgraciadamente, menos que eso no bastará. Es lo que ha mostrado la experiencia de Grecia y de otros países que han seguido sus pasos.

Por último, los aprietos del pueblo griego no terminarán aquí. La deuda pública griega es insostenible. Por ello, habrá que reestructurarla o puede ser que ocurra un default muy desordenado. Parece que por fin el Consejo Europeo reconoce este hecho. Sin embargo, se teme que las medidas sugeridas el 24 de junio –reestructuración voluntaria y apoyo de los Fondos Estructurales– sea ‘demasiado poco, demasiado tarde’. La zona euro y por cierto el proyecto de integración europea están en un momento decisivo. La integración tendrá que profundizarse con el fin de resolver los actuales problemas, o la Unión Europea corre peligro de desintegrarse.

Marica Frangakis es economista y asociada del Instituto Transnacional, miembro del Grupo Euro-Memorandum y miembro de ATTAC Hellas.