Llega a Libia primer buque petrolero que comercializará sólo con los rebeldes

El primer buque petrolero que comercializará únicamente con los rebeldes de Libia llegó este martes al puerto de Tobruk, al este de ese país norteafricano, para comenzar a cargar el crudo y concretar el inicio de los intercambios que financiarán sólo a la oposición Libia. Así lo confirmó la industria británica Lloyd’s Intelligence.

En una rueda de prensa ofrecida en Londres, la experta en mercados de Lloyd’s List Intelligence, Michelle Bockmann, precisó que el buque tanque atracó en la terminal petrolera, ubicada a 130 kilómetros de la frontera egipcia. Tiene una capacidad de transportar hasta un millón de barriles de crudo.

La firma británica señaló que se cree que el cargamento será llevado a Qatar y que su comercialización será posiblemente a Italia y a Francia.

Este es el primer cargamento de crudo que llevan a cabo los rebeldes libios, que controlan varios campos petrolíferos e instalaciones de refinado y exportación en el este del país desde el inicio de los ataques imperialistas el pasado 19 de marzo.

Al precio actual del barril, que se elevó de manera significativa tras las revueltas populares, este cargamento equivaldría a más de 70,5 millones de euros (100 millones de dólares).
Según señaló el Consejo Nacional de Transición (CNT), que dirige a los opositores del líder libio, Muammar Al Gaddafi, el viernes pasado se hizo un acuerdo con Qatar para comercializar el crudo a cambio de alimentos, medicinas y carburante.
No obstante, en reiteradas oportunidades se ha dicho que los rebeldes también esperan poder comprar armas con los ingresos que obtengan del petróleo, razón por la que desde el mes pasado han mostrado gran interés en controlar el este del país, que es la zona más rica en crudo.
En tanto, la Unión Europea (UE) afirmó este martes que no pondrá ningún impedimento a la compra de gas y petróleo a los rebeldes libios siempre que se garantice que los ingresos no beneficiarán de ninguna forma al Gobierno de Gaddafi.
El pasado 27 de marzo, uno de los voceros de la oposición libia, Alí Tahorni, señaló que los campos petrolíferos en las regiones bajo control de los rebeldes producen entre 100 mil y 130 mil barriles diarios.
En esa oportunidad, Tahorni destacó que los rebeldes proyectaban exportar el petróleo “antes de una semana” y que se había concluido un acuerdo con Qatar para asegurar la comercialización.
Además de esta participación, Qatar también fue el primer país árabe que apoyó los bombardeos efectuados por las fuerzas imperialistas contra Libia; que hasta ahora según los entes oficiales, han causado más de un centenar de muertos y casi 300 heridos.
Contrario a la posición agresiva de estas fuerzas, el Gobierno de Gaddafi ha afirmado su disposición a encontrar la solución del conflicto interno por medio del cese al fuego; sin embargo, la oposición sigue pidiendo que se retiren las tropas leales al líder Gaddafo de ciudades controladas.

Esclavitud moderna: la cara menos atractiva de Dubai

La ciudad de Dubai (Emiratos Árabes Unidos) creció de la arena del desierto en menos de 30 años. A pesar del calor, los turistas llegan a la ciudad para pasar sus vacaciones.

Pero ese paraíso tiene una cara oscura. Muchos de los trabajadores que levantaron la ciudad se ven obligados a realizar trabajos forzados.

Llegaron desde India, Pakistán, Nepal o Bangladesh alumbrados por la promesa de un buen salario pero a cambio recibieron muy poco o casi nada y viven en condiciones verdaderamente espantosas y precarias.

No pueden regresar a sus países de origen porque les retienen los pasaportes. Algunos críticos lo consideran la versión moderna de la esclavitud. Al Gobierno de Dubai no le gusta que este fenómeno trascienda. La BBC entrevistó a varios Khali balis (Los que no importan a nadie), trabajadores que han conseguido escapar de los trabajos forzados y que viven y trabajan de forma clandestina.
“No me han pagado en 6 meses, no tengo dinero para pagarme un vuelo de regreso a casa”, dice uno de ellos.
El billete cuesta unos 200 dólares pero tampoco tienen el pasaporte o los documentos necesarios para cruzar la frontera. Sus embajadas no los ayudan. Shashikala Devanapally, una doctora india que vive en Dubai, los ayuda personalmente. Todas las noches va a los lugares donde se encuentran a repartirles comida. Ni siquiera ella sabe cuantos miles de Khali balis hay en total.
“Se encuentran en una situación desesperada, están varados por falta de dinero y por billetes de avión, no tienen pasaportes”, afirma la doctora.
La organización humanitaria Anti Slavery International, con sede en Londres, hace campaña contra los trabajos forzados en los países del Golfo Pérsico.
“Hace 200 años los esclavistas usaban redes para atrapar trabajadores, hoy usan las leyes de inmigración. Lo que vemos en muchos sitios, y en particular en los países del Golfo Pérsico, es que las reglas de entrada y salida del país son tan complejas que a las personas les resulta muy difícil salir”, dice Aidan McQuade, Director de Anti Slavery International.
Estos trabajadores contribuyeron en su momento a levantar Dubai, sin embargo, ni sus gobiernos ni las autoridades de la ciudad se interesan ahora por su suerte.

Ecuador declara “persona no grata” a embajadora de EEUU y exhorta a que abandone el país

El Gobierno del Ecuador resolvió declarar persona no grata a la embajadora de Estados Unidos en el país, Heather Hodges, y la instó a abandonar territorio ecuatoriano en el menor tiempo posible, informó hoy el canciller Ricardo Patiño, quien aclaró que no se trata de una expulsión.
La decisión se adoptó luego de que la víspera, durante una reunión con Patiño, la funcionaria estadounidense no ofreciera “una información satisfactoria” respecto a los cables electrónicos revelados por wikileaks, y enviados desde la Embajada de los Estados Unidos en Quito, en el que se presume que el Presidente Rafael Correa habría estado enterado de los supuestos actos de corrupción de miembros de la cúpula policial.
Patiño enfatizó en rueda de prensa que esta acción “no es en contra del Gobierno de los EEUU, sino contra una funcionaria que hizo declaraciones graves”.
Durante el encuentro con Hodges, dijo el canciller, se le manifestó la indignación del Gobierno ecuatoriano y del Presidente de la República; mientras que la diplomática se limitó a responder que no tiene “nada que decir” ya que los cables electrónicos constituyen información robada al Departamento de Estado de los EEUU.
Este lunes,el Gobierno del Ecuador emitió un comunicado en el que pide explicaciones al Gobierno estadounidense por las afirmaciones “maliciosas y temerarias” respecto a que el Jefe de Estado haya nombrado al general Jaime Aquilino Hurtado Vaca (acusado de actos ilícitos) como Comandante General de la Policía Nacional del Ecuador “por considerar que esa condición lo hacía fácilmente manipulable”.

¿Por qué no un nuevo tratado con Bolivia?

El anuncio del presidente de Bolivia, Evo Morales, de que su gobierno recurrirá a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para obtener una salida soberana al Océano Pacífico, provocó fuertes reacciones en Chile. El recurso se basaría en la ilegitimidad del tratado de 1904, vigente entre Chile y Bolivia como consecuencia de la guerra del salitre de 1879-83. El presidente Sebastián Piñera señaló que la decisión boliviana constituye un “serio obstáculo” para las conversaciones que se llevan en el marco de una agenda consensuada entre los dos países, que incluye la demanda marítima. Grupos ultranacionalistas propusieron -como era de esperar- la ruptura de relaciones con Bolivia, reducidas desde 1978 sólo a nivel consular.

Para Chile, así como para Bolivia, llegar a un acuerdo sobre la salida al mar (y también sobre los demás problemas pendientes entre ambos países), tiene primera prioridad por su vecindad y conflictiva historia. Conviene ampliamente a los dos pueblos en todos los planos, tanto productivos, de intercambio, de complementación así como en materia cultural, educacional y tecnológica y, sobre todo, porque repararía el trauma histórico que afecta al pueblo boliviano por la pérdida de su litoral y de la actual región de Antofagasta. Se eliminaría así un foco de resentimiento y rencor, que no debe existir entre pueblos hermanos.
La importancia de este entendimiento para el futuro de nuestros pueblos exige una mirada comprensiva y buena voluntad de las partes, y en el terreno práctico, prudencia, imaginación y flexibilidad para solucionar los problemas.
Como país soberano, Bolivia tiene derecho a concurrir a la Corte Internacional de Justicia para que ésta se pronuncie sobre la justeza de su petición. Podría recurrir ahora mismo o más adelante, si fracasan las conversaciones con Chile o si ellas llegaran a resultados que considerara insuficientes.
Si Bolivia ejerce un derecho legítimo, propio de su soberanía, no corresponde a Chile considerar inamistosa esa decisión, ni alterar las negociaciones en marcha, salvo para acelerarlas y llegar pronto a una solución. La validez o nulidad del tratado de 1904, que ha estado vigente durante más de un siglo, es un tema complicado, que, sin embargo, no debería preocupar a Chile ya sea por los precedentes internacionales como porque existiendo consenso, es posible modificar o reemplazar tratados vigentes por otros que se ajusten a la nueva realidad. Es el caso de este tratado, producto de una guerra de rapiña instigada por el imperialismo británico de la época. Regular las relaciones chileno-bolivianas a través de un nuevo tratado de límites y de convenios que corrijan injusticias y que abran cauce a la cooperación e integración de ambas naciones, sería una profunda lección de justicia y hermandad para el mundo.
En plena dictadura militar, Chile no rompió relaciones con Argentina cuando la junta militar de ese país declaró “insanablemente nulo” el fallo arbitral de la Corona británica que favorecía a Chile en el diferendo por el Canal de Beagle.
Ahora mismo, la presentación de Perú ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya demandando la modificación del límite marítimo con Chile, no ha influido mayormente en las relaciones bilaterales que ambos gobiernos desean intensificar. ¿Por qué con Bolivia no se hace lo mismo? ¿Acaso se busca un pretexto para interrumpir conversaciones que hasta el momento han significado un considerable avance con relación a las tensiones y dificultades que hubo antes del triunfo del presidente Evo Morales? Es más, se ha producido en Chile una creciente apertura de la ciudadanía para aceptar la salida al mar para Bolivia, aunque el tema de la soberanía claramente tiene menos acogida, en especial si se propusiera un acuerdo que rompiera la continuidad territorial del país.

Sin embargo, siempre es posible lograr soluciones aun en las situaciones más difíciles. Soluciones que serían producto de transacciones de ambas partes, pero que permitirían avances graduales en un tiempo que probablemente no será breve.
Chile tiene la responsabilidad ética de continuar y apurar las conversaciones con Bolivia. Esa responsabilidad recae sobre nosotros, pues hemos disfrutado durante más de cien años de las riquezas de una región conquistada en una guerra que ninguno de los dos pueblos quiso, y que benefició en último término a capitalistas extranjeros. Además, el vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, ha reiterado que por ningún motivo su país interrumpirá las conversaciones en marcha, voluntad que debería compartir Chile.
Incluso los que critican al presidente Evo Morales por su decisión de recurrir a la Corte Internacional de Justicia deberían tener presente que el pueblo boliviano ha esperado mucho tiempo -más de un siglo- una solución que no llega y que, con razón, desconfía de conversaciones que se prolongan indefinidamente. En esas circunstancias es obligación de un gobernante tratar de encontrar caminos alternativos. Es lo que precisamente ha hecho el presidente Morales.

Los intereses de Chile y Bolivia son complementarios, sobre todo en su zona fronteriza. Para Chile es la posibilidad de agua, gas natural y petróleo, alimentos derivados de la agricultura y ganadería, intercambios culturales y educacionales y la contención del deterioro de los poblados del altiplano que se van convirtiendo en villorrios fantasmas. Para Bolivia significa disponer de una salida al mar para sus exportaciones hacia los mercados asiáticos, complementación con los corredores oceánicos, intercambios culturales, tecnológicos y educacionales, en definitiva, romper el enclaustramiento y comenzar a cicatrizar una herida profunda.
El entendimiento entre Chile y Bolivia, al que debería en algún instante sumarse Perú, posibilitaría crear una zona de desarrollo de alto dinamismo en el Pacífico Sur, en el marco de una integración latinoamericana que se abre camino a pesar de todas las dificultades y de los intentos desestabilizadores que azuza el imperialismo, ávido de controlar las riquezas naturales para garantizar su supervivencia.

Libertad de expresión, pilar del cinismo capitalista mundial

La llamada “libertad de expresión”, fundamentada  en el libre mercado y la propiedad privada de los medios, constituye una de las más grandes rapacerías del capitalismo occidental. Recordando un poco su historia, el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reza:
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
A su vez, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, teóricamente, garantiza:
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
El artículo 3° del Pacto Internacional protege precisamente uno de los enunciados jurídicos más antidemocráticos de las oligarquías del mundo occidental (salvo algunas respetables excepciones) que versa sobre el sacrosanto concepto de la libertad de expresión. El concepto se funda en lo que escribió en el Digesto el jurista romano Ulpiano: Jurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, justi et injusti scientia, que significa: Jurisprudencia es la noticia o conocimiento de las cosas humanas y divinas, así como la ciencia de lo justo y de lo injusto.
Es decir, la jurisprudencia y el derecho romano –una disciplina exclusiva de los aristócratas- saltaron a todas las escuelas de leyes de occidente y a todos nuestros países. Junto con sus enfermedades venéreas, los conquistadores nos trajeron sus leyes -y su religión- para perpetuarlas en las cátedras de derecho de nuestras poco democráticas sociedades surgidas tras las gloriosas guerras  de independencias contra el yugo español, británico, portugués y francés.

La sagrada propiedad privada de los medios
A medida que el capitalismo se apoderaba de occidente (incluida América) surgió la sagrada propiedad privada, otro concepto vital para los creadores del capitalismo, las monarquías y oligarquías occidentales y criollas que ya habían logrado cimentar sus países a fuerza de banderas, fronteras y sangre aborigen.  La organización social que más aplaudió esta revolucionaria visión de progreso fue la venerable Iglesia Católica Apostólica Romana.
El derecho a la libertad de expresión es defendido como un medio para la libre difusión de las ideas, y así fue concebido durante la Ilustración. Para filósofos como Montesquieu, Voltaire y Rousseau la posibilidad del disenso fomenta el avance de las artes y las ciencias y la auténtica participación política. Fue uno de los pilares de la guerra de la independencia de EEUU y de la revolución francesa, hechos que remecieron a las cortes de los demás estados occidentales.
La alusión más clásica a la libertad de expresión del capitalismo internacional la podemos encontrar en los juristas estadounidenses Oliver Wendell Holmes Jr. y Louis Brandeis, quienes acuñaron el argumento del “Mercado de Ideas”. Según esta analogía con la libertad de comercio, la verdad de una idea se revela en su capacidad para competir en el “mercado”. Es decir, estando en igualdad de condiciones con las demás ideas (supuestamente, gracias a la “libertad de expresión”), los individuos apreciarían qué ideas son verdaderas, falsas o relativas.
Este argumento ha sido criticado por pre-asumir que cualquier idea cabría en el “mercado de ideas”. Y aún así, aquellas ideas que tengan mayores medios de difusión se impondrían sobre otras, al margen de la verdad. Aún más: tras la teoría del “mercado de ideas” existe la asunción de que la verdad se impone sobre la falsedad. Para los detractores está demostrado que los prejuicios se imponen a menudo sobre la verdad, y cuando ésta llega a imponerse ya muchos han sufrido la represalia del “mercado de las ideas”, a veces de una manera brutal y despiadada. Esto se ha visto muchas veces, por ejemplo, en graves daños a la imagen de personas o sociedades antagónicas al capitalismo y a la tiranía del llamado “cuarto poder”. Efectivamente, medios de comunicación, periódicos y la televisión, con la complicidad de “periodistas” que sirven a sus amos y a su ideología, han llegado a tener el poder de poner o sacar presidentes y fomentar guerras y sangrientos golpes de estado mediante la mentira, la tergiversación y la injuria.
Incluida América Latina, nuestros pueblos tercermundistas conocen bastante de esta práctica delictiva amparada por mercaderes inmorales de la “información”. Entre los ejemplos emblemáticos está la implicación de los medios en el golpe a Salvador Allende, liderado por El Mercurio y su red de diarios -que hasta hoy representan la aplastante mayoría de la prensa escrita privada de Chile-, más otros medios escritos y el pontificio Canal 13 de TV, perteneciente al Vaticano y a la Santa Iglesia Católica chilena, y ahora en 66% al grupo Luksic. Asimismo, en el golpe a Manuel Zelaya, en Honduras, se involucró el 99,9% de los medios privados y el 100% de la TV. El golpe frustrado en la Bolivia de Evo Morales, con el apoyo del 98% de la prensa, incluyó a todos los canales privados. También el golpe frustrado a Rafael Correa en Ecuador, apoyado por toda la prensa escrita de derecha y el 99,9 % de las televisoras privadas, y el golpe de Estado a Hugo Chávez Frías, que en los hechos no sólo fue apoyado sino protagonizado por el 100% de la prensa privada y de los canales de TV.

Parar el terrorismo mediático
También conocemos organizaciones terroristas de la información. Por ejemplo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que aglutina a los grandes diarios de EEUU y América Latina en una asociación patronal mafiosa, aliada a toda la telaraña mediática de las corporaciones transnacionales planetarias alineadas bajo la batuta de EEUU. La SIP es protegida por todos los gobiernos capitalistas neoliberales o fascistas de la región.
Estamos conscientes que en las sociedades “modernas” las actividades de sus ciudadanos, sean empresariales o particulares, están todas normalizadas. Es decir, están reguladas por leyes que rayan la cancha a cada una, quedando además establecidas en las constituciones de cada país, haciendo por esta razón, poco comprensible la noción de hombres libres que con tanto orgullo declaran (casi siempre en sus primeros articulados) las cartas magnas de los países “democráticos” de occidente.
Pero ¡qué extraño!, qué paradójico, qué extravagante, qué misterioso: La actividad humana de las empresas privadas de comunicación e información (prensa y televisión) es la única que se excluye del rayado jurídico de la cancha, tan necesario para la democracia social. Un humano lúcido y consciente de sus derechos y deberes no puede considerar que la declaración de la ONU, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sea la panacea de la democracia ya que allí falta lo fundamental: la responsabilidad social que lleva consigo esta actividad humana y las necesaria sanción económica e incluso la caducación de la concesión asignada de un segmento del espectro radioeléctrico a los medios de comunicación privados y/o estatales que al traficar con la mentira traicionan así la necesaria neutralidad y pluralidad frente a los hechos noticiosos, sean políticos o sociales, que ocurren en el mundo, sin dejar de lado que muchas “noticias” son ignoradas por la censura. Es decir, estos medios de información se echan al bolsillo el derecho humano a ser informado de manera oportuna, veraz y plural.
Para este periodista, el cáncer que representa para la humanidad el “cuarto poder”, y toda su batería ideológica, necesariamente pasa por una impostergable legislación democrática abocada a poner justicia y sentido común al escandaloso problema de la (des) información masiva en el mundo global de los mass media. La democratización del derecho a la información verdadera y neutral pasa por la absoluta necesidad de prohibir la propiedad privada de cualquier medio de comunicación masivo que se difunda utilizando el espectro electromagnético de una nación, porque este bien no es propiedad de una persona privada, ni de un consorcio, ni siquiera de un gobierno: pertenece a todos los ciudadanos, al igual que las riquezas naturales de la tierra donde nacieron. Debería abolirse la propiedad privada de los medios de comunicación masivos -prensa y televisión incluidos- privilegiando, en cambio, la propiedad de grupos organizados de la sociedad, organizaciones regionales, comunitarias, universidades, grupos culturales, partidos políticos, etc. Es decir, ese derecho debería otorgarse a voces colectivas y no a personas privadas, o consorcios de “accionistas”, la mayor parte invisibles para la opinión pública.
La ley debe castigar o multar severamente la estratagema “cazabobos” que utilizan los medios privados de información, tanto en la prensa escrita como en la TV privada, al utilizar personas  o “analistas” (evidentemente seleccionados por ellos mismos) para dar su opinión sobre temas de especial interés para el dueño (s) del medio informativo, haciendo decir a este invitado especial lo que no puede proclamar el amo del medio, ya que su ideología antidemocrática quedaría al descubierto. Entonces, usando esta estratagema cazabobos se escudan bajo el manto sagrado de la libertad de opinión, cuando en realidad se están mofando descaradamente del derecho de las personas a una información plural y verdadera, o sea, a mostrar en el mismo espacio las dos caras de la información, como dicen en la jerga periodística. Es tanta la desvergüenza en la utilización de este cazabobos que no sólo se llega al extremo de injuriar personas y gobiernos, y a mentir descaradamente, sino que a proferir elegías al fascismo, al odio racista e instigar a la violencia y a los golpes de estado, llamando incluso a asesinar políticos y al propio Presidente de la República democráticamente elegido. Los países seudo-democráticos del capitalismo aliado a las oligarquías  internacionales amparan toda esta basura se en la protección del derecho a la libre expresión y opinión.
Para hacer realidad la democratización de esta injusticia irracional e irrefutable sólo se necesita voluntad política para cambiar la ley sobre este espinoso asunto, aunque sea utilizando un plebiscito nacional donde los ciudadanos puedan aceptar o rechazar el proyecto de rectificación democrática propuesto. Y para que todos vean que esto va en serio, habría que crear un ministerio, con fiscales e investigadores, que podría llamarse Ministerio contra el Crimen Organizado en la Información Pública.

Hacer trampa

Para aquellos que alguna vez se han acercado a la historia del pensamiento económico, el nombre de Adam Smith remite al filósofo escocés del siglo XVIII, padre de la llamada teoría clásica, quien sostuvo –entre otras muchas ideas– que la división del trabajo y la búsqueda del beneficio individual constituían las fuerzas motoras del progreso económico. Tres siglos más tarde, un homónimo del célebre economista parece haberse tomado demasiado en serio la importancia de maximizar los ingresos individuales. Si uno mira en estos días las grises páginas policiales de los periódicos en los Estados Unidos encontrará referencias a un economista de 39 años graduado en Harvard que responde al nombre de Adam Smith. Este operador financiero declaró el martes pasado ante los tribunales de Nueva York, testificando contra su ex jefe en una causa por utilización indebida de información privilegiada. La acusación apunta a Raj Rajaratnam, presidente de Galleon, uno de los fondos de inversión más importantes del mundo. La causa judicial le imputa a Rajaratnam haber conseguido indebidamente ganancias por más de 45 millones de dólares gracias al uso de datos confidenciales de empresas como Intel o IBM.
Rajaratnam, de 53 años, originario de Sri Lanka, supuestamente empleó una red nacional de operadores, agentes financieros y ejecutivos de varias empresas para obtener esa información privilegiada. El año pasado el financista ocupaba el puesto 236 de la lista de los 400 estadounidenses más acaudalados elaborada por la revista Forbes, con una fortuna de 1500 millones de dólares.
El Adam Smith contemporáneo es uno de los 19 imputados que ya han reconocido su culpabilidad en este caso y colaboran con la investigación de las autoridades norteamericanas. El señor Smith declaró el martes pasado que Rajaratnam “me dio luz verde para violar la ley utilizando información secreta de industrias pertenecientes al sector tecnológico”. El operador contó que mientras trabajaba en el fondo de inversiones se relacionó con altos ejecutivos de empresas tecnológicas a los que les ofreció dinero para acceder a información confidencial referida al desempeño de esas compañías. Smith explicó muy gráficamente desde el estrado la diferencia entre analizar financieramente los números de una empresa y usar información privilegiada: “Hacer research es como preparar la tarea antes de ir a la escuela, usar información privilegiada es como hacer trampa en un examen”.
El juicio es seguido con mucho interés por los operadores de Wall Street, ya que en el mismo están involucradas relevantes personalidades del mundo financiero, que deberán acudir como testigos durante el proceso. Entre ellos se destaca el amigo de Rajaratnam, Rajat Gupta, acusado de haber anticipado ilegalmente al fundador de Galleon Group las ganancias trimestrales de Goldman Sachs y de Procter & Gamble, dos empresas sobre las que disponía de información privilegiada por ser miembro de sus directorios.
Como toda historia que se precie, esta saga de estafas tiene su costado pasional donde se entrecruza la decisión de obtener información secreta por cualquier medio con naturales y entendibles deseos carnales de ejecutivos estresados por sus elevadas responsabilidades. Entre los involucrados que han reconocido su participación en la utilización de información privilegiada figura Danielle Chiesi, una ex consultora del fondo de cobertura New Castle Funds LLC que se declaró culpable de tres cargos de conspiración en relación al caso del fondo Galleon. Danielle se involucró amorosamente con Robert Moffat Jr., un ex ejecutivo de IBM quien admitió haberle suministrado información sensible mientras mantenían relaciones íntimas.
Al declararse culpable, Robert Moffat Jr. buscó diferenciarse del resto de los imputados alegando que sus motivaciones para brindarle información secreta a la bella Danielle no se originaron en la vulgar y mercantil búsqueda del vil metal, sino que su comportamiento se basó en valores nobles que movilizan a gran parte de la humanidad desde el origen de los tiempos.
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/45-5070-2011-04-04.html

Guerras humanitarias, guerras preventivas, guerras de intervención

Los bombardeos de la OTAN sobre Libia suman más de cien civiles asesinados, decenas de heridos y miles de familias desplazadas. La crisis humanitaria que esto representa se recrudece cada minuto después de abierto el teatro aéreo de operaciones (zona de exclusión aérea) a partir de la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU.
Los alegatos al interior de la institución multilateral versaron sobre la situación interna del país norafricano, luego de las manifestaciones sociales contra el régimen de Khadafi y la represión desatada por sus tropas leales contra los opositores y rebeldes. Las naciones imperialistas urgían al mundo entero intervenir para evitar “la catástrofe humanitaria”, que ahora ellas mismas profundizan. Masacran civiles, destruyen logística y parque de las fuerzas militares del régimen libio, ponen en peligro el abastecimiento de agua para el 70 por ciento de la población y asesinan a los rebeldes ---a los cuales dicen apoyar--- con bombas.
Los blancos militares de Estados Unidos y sus aliados son todos aquellos que interfieran a su paso orientado a derrocar a Khadafi; neutralizar, desarticular y desarmar a la oposición rebelde en un segundo momento; imponer un gobierno de transición (confiable para ellos) y comenzar la millonaria reconstrucción de la conquista.
Los actuales argumentos del Consejo de Seguridad reeditan la matriz utilizada en la intervención militar de 1999 en la hoy Ex Yugoslavia, su consecuente balcanización, destrucción nacional y apropiación de sus riquezas por los países agresores participantes. A este proceso de destrucción/despoblamiento y reconstrucción/repoblamiento en aquella zona de Europa Oriental, que comenzó con sobrevuelos de al menos 1,000 aeronaves tripuladas desde Italia y el Mar Adriático y 15 mil sistemáticos ataques, le llamaron “Guerra Humanitaria”, un código lingüístico del “arte de la destrucción” de la administración del entonces Presidente Bill Clinton que encubrió el horror sufrido sobre todo por la población civil: miles de personas que murieron de hambre mientras otras esperaron a que los mataran con bombardeos de la OTAN o las bandas paramilitares del ELK, mientras Washington aplaudió las operaciones como “efectivos blancos estratégicos”.
En aquél entonces, las naciones acuerpadas en la OTAN afirmaron que era un “esfuerzo humanitario” para frenar la represión de los albaneses en Kosovo. Y hoy en el caso de la escalada de fuego en Libia volvemos a escuchar frases de este tipo como la que recién declaró el asesor del Presidente Barack Obama para Medio Oriente, Denis Ross, en el sentido de que si las fuerzas leales de Khadafi llegaran a Benghazi, bastión de los rebeldes libios, realizarían una masacre y “todo el mundo nos culparía por ello”, luego entonces lo menos que se puede hacer es “intervenir para evitarlo”, claro está con sus daños colaterales previsibles y verificables que sufren familias inocentes.
Esta nueva guerra de intervención echa mano de otros elementos ya conocidos en los discursos oficiales de los Señores Imperiales. Por ejemplo, las “operaciones humanitarias” también representan una “guerra preventiva” que anticipa ataques con artillería pesada, más de 74 bombardeos hasta este fin de semana, con el objeto de neutralizar el despliegue del enemigo, acorralarlo y generar tácticas de “choque y pavor” que lo paralicen. Queda de relieve adelantarse al uso de la fuerza antes de que supuestamente otro la haga, una guerra que es más anticipada que preventiva contra Libia.
La “Guerra Preventiva” como doctrina estratégica geo-militar se lanzó por primera vez en la administración de George W. Bush para el caso de las invasiones en Afganistán y luego en Irak. Consistió en el ataque “sorpresivo” (inminente) antes de que la red Al-Qaeda realizara más atentados terroristas como el del 11 de septiembre en Nueva York y el régimen de Sadam Hussein usara sus inexistentes armas nucleares. Señalar a estos dos “enemigos de la libertad” como instigadores de la paz mundial y aliados del terrorismo internacional como construcción mediática y discursiva que posibilitara “acciones preventivas” urgentes. Hacer una guerra con el pretexto de futuras acciones contra la civilización occidental.
Con este concepto se identificaron enemigos reales o imaginarios, que dio rienda suelta a los Estados Unidos ---su maquinaria de muerte--- a intervenir en cualquier parte del mundo con o sin consenso de la ONU, con o sin del acompañamiento de la OTAN.
El entonces secretario de la defensa, el despreciable Donald Rumsfeld, declaró que “la defensa de los Estados Unidos requiere prevención, autodefensa y en ciertos casos la iniciativa en la acción… En ciertos casos la única defensa es una buena ofensiva.” Frases que marcaron el inicio de un viraje en las nuevas guerras de rapiña con los mismos objetivos de siempre: el negocio de las armas con dividendos económicos, políticos, geopolíticos y militares.
Para el historial construido en torno a Khadafi desde los años 80, Washington lo mantiene en el catálogo “de poca confiabilidad”, aunque el Coronel se haya alejado de su práctica independentista de aquellos años y en los últimos haya permitido que naciones europeas se hagan de los suministros del petróleo altamente codiciados.
En la época del presidente Reagan, el régimen libio fue identificado como promotor del terrorismo. Libia fue designada como agente principal de la red terrorista de inspiración soviética. En 1981 se filtró en la prensa de los Estados Unidos un plan de la CIA para derrocar a Khadafi con una campaña militar de terror en el interior del país africano.
Así, llegaron en 1986 los bombardeos a Trípoli y Benghazi bajo el argumento “legal” de que la violencia contra “los autores de la violencia” está justificada como un acto de defensa propia. Y precisamente el motivo por el cual se justificaron los bombardeos estadunidenses fue “prevenir un ataque”, lo cual podría verse como una forma de defensa propia en lugar de como una acción de represalia, siempre y cuando el uso estratégico de los medios de comunicación diera resultados favorables y efectivos en la opinión pública internacional.
En la actualidad, la guerra de intervención sin adjetivos está en marcha en Libia. Podemos adelantar resultados catastróficos: miles de desplazados, niños huérfanos, civiles asesinados, hambruna, un país desintegrado. Otras consecuencias más como la existencia del paramilitarismo, los señores de la guerra mafiosos que proliferarán con el tráfico de armas y drogas, las empresas militares privadas y las empresas de la reconstrucción. Todo ello como corolario de la política guerrerista del imperio. Un complejo criminal-institucional.
Las empresas privadas de la guerra están en marcha con sus diseños pretéritos y presentes. La firma Executive Outcomes de origen sudafricano de la época del Apartheid, la cual tiene un historial de horror en África subsahariana, Sierra Leona y Angola, espera contratos de seguridad, capacitación militar, acción sobre el terreno y sistema de inteligencia satelital en el territorio libio. Cada ramificación mafiosa prepara sus futuras actuaciones.
Como en los momentos críticos de las invasiones a Afganistán e Irak, los pueblos del mundo deben de manifestarse contra los bombardeos sobre Libia. Si en los casos anteriores sumaron millones en las calles, hoy es imprescindible alcanzar mayores niveles de organización y movilización pacífica contra la barbarie, una de las caras más visibles y aterradoras del sistema capitalista que padecemos. Todo acto o acción pacífica en estos momentos son anticapitalistas.

El Apocalipsis japonés explicado a Occidente

Inmediatamente después de la tragedia que golpeó Japón, los medios de comunicación occidentales se maravillaban ante las multitudes de Tokio que caminaban en orden la noche del seísmo sin manifestaciones de desesperación y siempre conteniendo las lágrimas. Se habla de estoicismo, de dignidad, de fatalismo, de tabú… Esa actitud se ha atribuido a la formación («todos los estudiantes japoneses aprenden lo que hay que hacer en caso de terremoto»), a la costumbre («en Japón las furias de la naturaleza forman parte de la vida») y a veces a la manipulación («los medios ocultan lo más horrible»). También se ha hablado mucho de una supuesta mezcla de Zen y cultura pop, dibujos y mangas, «cultura de lo efímero» y «cultura del desastre» (1). Se han llegado a recitar en la televisión –sobre la tumba de barro donde yacen enterradas veinte mil víctimas- los antiquísimos haikus para explicar a los telespectadores «por qué no lloran los japoneses» (2). Como reacción a esa avalancha mediática, otros han denunciado el viejo fantasma orientalista de una diferencia inventada, e incluso las reminiscencias del «japonismo» del gusto de los ultranacionalistas nipones que quieren demostrar, a golpe de anécdotas y generalizaciones abusivas, que los japoneses constituyen un pueblo cultural y genéticamente homogéneo cuya «esencia» no se parece a ninguna otra… (3).
Sin embargo no podemos negar que las naciones están dotadas de una «esencia», y comprobamos que muchas de ellas se reconocen simbólicamente en una gran narrativa fundadora. Los estadounidenses en la conquista del Oeste y los franceses en la toma de la Bastilla. Los japoneses poseen un escenario recurrente: el de un cataclismo seguido de un renacimiento. En el mito original, la colérica diosa del sol Amaterasu, antepasada de la familia imperial, sumerge el mundo en las tinieblas antes de devolverle la luz. En una época más cercana, Japón conoció la larga paz del período Edo (1603-1868) que sucedió a dos siglos de anarquía sangrienta; la modernización nació de la terrible irrupción, en 1853, de las cañoneras occidentales en los puertos de un archipiélago cerrado al mundo desde hacía más de dos siglos; y el holocausto de Hiroshima fue el preludio del «milagro japonés» que convirtió al país en la segunda potencia económica del mundo.
La impregnación de esta trama histórica en las mentalidades se refuerza por la continua sucesión de catástrofes naturales que afectan al archipiélago: el regreso anual de tifones y deslizamientos de tierras, erupciones volcánicas, terremotos y tsunamis. Desde hace un siglo Japón ha sufrido 119 terremotos de magnitud superior a 6, de ellos 65 mortíferos, especialmente en Tokio (140.000 muertos, 1923), en el Sanriku (3.064 muertos, 1930), en Fukui (3.800 muertos, 1948) y en Kobé (6.437 muertos, 1995). La población, acorralada en la franja costera de un archipiélago accidentado, nunca ha tenido otra opción que la de volver a construir en el mismo sitio. Siempre lo ha conseguido. El archipiélago posee una experiencia sin igual en materia de cataclismos, pero ignora el fin del mundo que el cristianismo promete a la humanidad. El budismo no amenaza a sus fieles y el sintoísmo se centra totalmente en el ciclo de la vida. Frente al Apocalipsis cristiano, en el que el ser humano no puede hacer nada y sólo promete la resurrección de los creyentes en otro mundo, el Apocalipsis made in Japan lleva el germen de un futuro que devuelve a las personas a su renacimiento.
Esto es cierto incluso con respecto a Hiroshima, y contribuye a explicar por qué se ha desarrollado en Japón la energía nuclear sin encontrar la oposición feroz que sería de esperar en un país que sufrió el fuego atómico. El holocausto nuclear, aunque fue horrible, cerró un ciclo de hábitos guerreros y totalitarismo opresivo para alumbrar un Japón nuevo, pacifista, democrático y próspero. La actitud de los japoneses frente al átomo refleja esta ambigüedad fundamental. Todos los pequeños baby bombers nipones han aprendido que el fuego nuclear fue un horror, pero todos se apasionan por Tetsuwan Atomu (Átomo poderoso), alias Astroboy (4), el pequeño y valiente robot creado en 1952 por el «dios del manga» Tezuka Osamu. Astroboy, que fue a la escuela con los niños de su generación y defendía el bien, la democracia y la igualdad entre las razas en las cuatro esquinas del mundo, tenía un corazón atómico… La ley sobre el desarrollo de la energía nuclear se votó tres años después de su nacimiento y el primer reactor se puso en marcha, a menos de 150 kilómetros de Tokio, en 1965 mientras la versión animada de Astroboy batía todos los récords de audiencia en la cadena pública NHK.
Desde la guerra, los cataclismos son una fuente de inspiración inagotable para la cultura nipona. Los mangas, el cine y los juegos de vídeo han familiarizado a los japoneses con las imágenes post-apocalípticas de maremotos gigantescos, ciudades arrasadas, chatarra de vehículos esparcida en paisajes devastados y refinerías en llamas. Pero en medio siglo el género ha vivido una evolución radical. En los años 70, el joven superviviente de Hiroshima (Hadashi no Gen), a quien su madre hizo jurar la tarde del bombardeo atómico que lucharía por un mundo mejor, supera la prueba con un optimismo increíble y un sentido muy claro de su deber; al final avanza con entusiasmo hacia el futuro. Un decenio después, los héroes de Akira vagan entre las ruinas de Neo-Tokio persiguiendo objetivos personales insignificantes en relación con el cataclismo que destruyó la megalópolis, y al final el mundo no se reconstruye. La heroína de Nausicaa (cuya versión manga de Hayao Miyazaky es mucho más compleja y negra que la película) decide que la humanidad que ha transformado el planeta en un infierno contaminado no merece recuperar su dominio. A la vuelta del siglo XXI, en El arma definitiva o Dragon Head, ya nadie sabe por qué el mundo se hunde, la locura reina por todas partes y una muerte solitaria espera a los adolescentes perdidos en ese desastre (5). Si el tema post-apocalíptico ha podido evolucionar de esta forma en menos de cincuenta años, se puede preguntar legítimamente por eso que existe en esa «aguda conciencia de la precariedad (…) entre el sueño y la realidad» (6), que ya inspiraba a los poetas de la época de Heian (794-1185), y si es legítimo invocarlos para explicar la actitud de los japoneses de 2011…
Esa evolución también refleja la crisis profunda del impulso nacional en un país que envejece, socavado por veinte años de depresión económica, traumatizado por las reformas neoliberales implantadas desde principios de siglo y paralizado por un sistema político sin aliento. Como el 11 de septiembre transformó a Estados Unidos, el 11 de marzo transformará a Japón. ¿El cataclismo será un electrochoque y la reconstrucción se convertirá en el objetivo nacional del que carecen en la actualidad los japoneses? ¿El hecho de haber rozado el Apocalipsis los llevará a reconsiderar un modo de desarrollo donde un único accidente puede transformar una de sus megalópolis en un desierto envenenado? Estas cuestiones dirigen en la actualidad todo el futuro de Japón.

Agricultores perjudicados

Si bien el reciente D.U. Nº 012-2011, dado la semana pasada, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) generará mayor ahorro público y, principalmente, reducir el ritmo de crecimiento del gasto estatal que fomentaba una mayor inflación, dicha medida, a la vez, perjudicaría al sector agrícola.

En opinión del gerente general de la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú -JNUDRP, economista Virgilio Brenis Muro, dicha medida que a todas luces parece positiva en el fondo es negativa pues “suspende hasta el 28 de julio próximo la contratación de servicios de consultoría con personas jurídicas o naturales de manera directa e indirecta”.

Esto significa, que en el sector agrario, donde la mayoría de servidores son por consultoría y contratados por periodos cortos están paralizados y seguirán así por casi cuatro meses.

Entre los programas afectados por dicho decreto de urgencia se encuentra, asegura Virgilio Brenis, el Programa Subsectorial de Irrigaciones, PSI Sierra, recientemente lanzado en Huancayo el 17 de febrero, que beneficiaría a los agricultores más pobres de la sierra del Perú, con capacitación, mejoramiento de infraestructura, saneamiento de derechos de uso de agua con fines agrarios; sin embargo ahora se encuentra paralizado.

Además, advirtió, que la Autoridad Nacional de Agua, órgano especializado que tiene que reglamentar conjuntamente con la JNUDRP la Ley de Recursos Hídricos, paralizará todos los trabajos que vienen realizando con urgencia como es el “Reglamento de Organizaciones de Usuarios de Agua, operadores de infraestructura hidráulica, tarifa y retribuciones”, entre otros.

RAUL WINNER - COLUMNA

Tremendas ovejitas

La figura aquella del lobo vestido con piel de oveja que ilustró la tapa de un diario limeño hace algunos días, para aludir a Ollanta Humala, sugiere la idea que sus rivales sí son honestos ovinos de la manada, a los que no hay que tenerles ningún miedo.

Más aún se pretende que no se puede confiar en un candidato como Ollanta que no reconoce que lo financia e inspira el presidente venezolano, que fue el argumento más usado durante las elecciones de 2006, para desprestigiarlo y derrotarlo.

No es sincero, dicen, porque en su programa habla de impulsar el desarrollo de una economía nacional, y en sus apariciones por televisión asegura que habrá estabilidad, cuando lo que debería reconocer es que habrá inestabilidad, para que pierda.

Miente porque dice que respetará la libertad de prensa cuando en su Plan de Gobierno indica que las nuevas frecuencias de la televisión digital se distribuirán democráticamente, cuando ya se las han repartido sin decirle nada al pueblo.

Claro que esto se puede tomar como un indicio de que piensa cerrar los diarios, como que la regulación estatal que propone el Plan debe significar una estatización disfrazada y el cambio de Constitución, la reelección indefinida.

También es para pensar lo que puede llevar dentro una oveja verdadera: por ejemplo, la hija del dictador, que ayer celebró en familia los 19 años del golpe de Estado que impuso las leyes de excepción y que llevó a la cárcel a cientos de inocentes por falta de garantías, esos que ahora irresponsablemente ella y Toledo han convertido en un concurso de acusaciones sobre qué gobierno liberó más “terroristas”.

¿No esconde la sonrisa de la gordita un germen golpista, reeleccionista, corrupto, violador y pervertidor de la libertad de prensa? Claro que sí, como que tiene a casi todos los actores de los 90 a su lado, todos ellos conectados al lobazo de la Diroes. Pero no es el único: ¿o alguien ha olvidado que Castañeda era funcionario de Fujimori (presidente de la seguridad Social) cuando el 5 de abril de 1992 y no renunció hasta 1996 al cargo, en el que toleró el congelamiento de las pensiones de la 19990 y la destrucción de las pensiones públicas a favor de las AFP?

¿Alguien recuerda a PPK enfrentando a Fujimori, oponiéndose al golpe de Estado, llamando al boicot a la dictadura como hizo Vargas Llosa? Nada que ver. Si el gringo volvió al Perú en la segunda mitad de la década autoritaria fue para comerciar con un régimen que se avenía perfectamente a los contratos corruptos, esos que no quieren ahora que se revisen y se subordinen a las leyes, y no se hizo bolas de representar a los Chilenos en Edelnor para reducir impuestos a las eléctricas y a LAP para la entrega del aeropuerto.

Exactamente un lobby feroz con piel de tecnócrata eficiente, que luego se convirtió en ministro para sacramentar sus tropelías.

Pero el mejor de todos es Toledo, que es un almacén de disfraces acompañándolo a todas partes. Fujimorista y antiFujimorista; que “se la juega” el 2000 y “no se la juega” el 2011; que quiere cambiar la Constitución (discurso de 28 de julio de 2004) y ahora dice que eso crea Desempleo y falta de inversiones; que empieza la campaña planteando cambios y la concluye llamando al no cambio y al voto asustado. Una tremenda ovejita, que se las sabe todas.

Islay exige retiro total

Los pobladores y agricultores del Valle del Tambo, de la provincia de Islay, anunciaron que continuarán con el paro indefinido iniciado hace 15 días exigiendo el cese del proyecto cuprífero de tajo abierto Tía María, de la transnacional mexicana Southern Copper Corporation.

Pepe Julio Gutiérrez, presidente del Frente Amplio de Defensa de Cocachacra, y José Chapa, presidente de la Coordinadora Política contra la Agresión Minera, señalaron que la población seguirá con la medida de fuerza hasta que el proyecto de Tía María se vaya definitivamente, debido a que generará contaminación de pueblos y campos de cultivo, además que depredará el agua del subsuelo.

Las protestas siguen en pie a pesar que el gobierno regional de Arequipa acordó ayer, en sesión de consejo, suspender todos los actos, plazos y procedimientos administrativos de la mina Tía María hasta que el Ministerio de energía y Minas resuelva el pedido de la sociedad civil de Islay.

“Hace dos años el gobierno regional dio una medida similar, pero fuimos paseados, es por eso que lo queremos no es la suspensión sino el retiro definitivo y que se respete el derecho de consulta de la población que quiere que Tía María se vaya”, dijo Chapa.

Sigue bloqueoPortando carteles con la inscripción: “Agro sí, mina no”, los pobladores y agricultores continuaron bloqueando la carretera Matarani-Mollendo a lo largo de tres kilómetros, lo cual originó que numerosos vehículos permanezcan varados.

El cLima de violencia continuó a lo largo del día, y la policía lanzó bombas lacrimógenas y piedras desde helicópteros contra la población, según los dirigentes del paro.

Según informaciones de los pobladores, en Matarani ayer hubo más enfrentamientos con la policía, con un saldo de tres heridos, entre ellos un menor de edad y un poblador que recibió 32 perdigones.

Tras la necropsia de ley, amigos y familiares del fallecido Andrés Taipe retiraron del hospital de Mollendo el cuerpo sin vida del joven, quien fue paseado por las calles de la ciudad.

Ricardo Quispe Aguilar, dirigente de la CGTP, señaló que se ha confirmado el asesinato de Taype, pues según la autopsia estableció que el joven agricultor recibió un impacto de bala que entró por la espalda y salió por el estómago.

Rolando Luque, adjunto para la Prevención de los Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, verificó la situación de los heridos que dejó el enfrentamiento de hace dos días.

Gobierno blinda fraudulenta privatización

La concesión del puerto de Paita fue, y sigue, seriamente cuestionada por los trabajadores portuarios, congresistas, empresarios, organizaciones civiles y especialistas al considerarla inconstitucional y lesiva a los intereses del país, ahora es protegida por un dudoso Convenio de Estabilidad Jurídica firmado la semana pasada por la actual administración aprista que está ad portas de salir.

A través de una RM Nº 164-2011-MTC/02, que lleva el visto bueno del ministro de Transportes, Enrique Cornejo, el portafolio aprobó el Convenio de Estabilidad Jurídica a celebrarse con la empresa receptora Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A. (TPE), -que administra el puerto de Paita- por la supuesta inversión que realizará Tertir – Terminais de Portugal S.A. de la República de Portugal y Cosmos Agencia Marítima S.A.C. de la República del Perú. De esta manera, la administración aprista asegura que el próximo gobierno no cambie las ventajosas condiciones dadas por el actual Ejecutivo.

La puesta de este candado pretende evitar que nadie pueda tocar el cuestionado acuerdo que se suscribió, dice la parlamentaria Marisol Espinoza quien rechazó el contrato de concesión que elaboró la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), ya que este indica, “el Estado debe garantizar un ingreso determinado anual a favor de la concesionaria, y subsidiarla en caso no llegue a la meta”.

Es decir, de acuerdo al contrato de concesión firmado entre el Estado y TPE, existe un acápite denominado Ingreso Mínimo Anual Garantizado, que dice que garantiza a la empresa privada 352 millones de dólares para los 30 años de la concesión, que da un promedio de 12 millones de dólares al año, que es una cifra alta. Si la empresa no llega a ese monto, el Estado –mediante el dinero recaudado de los tributos de los todos los peruanos- debe darle la diferencia para alcanzar ese ingreso mínimo.

Espinoza calificó la resolución ministerial como un “extra-contrato” lesivo a los intereses de Paita, debido a que la empresa Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A. solamente deja el 2% de fideicomiso para los pobladores de este importante puerto de Piura.

“Este extra-contrato es lesivo a los intereses del pueblo paiteño, porque es un trato de estabilidad tributaria a favor de esta empresa. Es un blindaje tributario al contrato de concesión del puerto que fue firmado en marzo del 2009 por el gobierno de Alan García y esta empresa que no ha aportado ningún beneficio para la población de Paita. Seguramente esa resolución está dirigida a beneficiar a uno de los amigos del presidente Alan García”, dijo.

Coincidiendo con lo dicho por la parlamentaria, el especialista en temas portuarios Manuel Dammert subraya que este reciente convenio es “un nuevo faenón” por parte de la administración aprista, que nuevamente protege los intereses privados de sus amigos en desmedro de los intereses nacionales.

El secretario general de la Fentenapu, Leopoldo Ortiz, también cuestionó el convenio de estabilidad y lamentó que el actual gobierno aprista venga entregando importantes ejes estratégicos nacionales a capitales privados en lugar de apostar por la modernización de las empresas nacionales.

Especialistas rechazan Convenio
El especialista en temas tributarios Luis Arias Minaya se mostró en contra de los Contratos de Estabilidad Tributaria. “Estoy en contra de los contratos que se firman bajo la mesa y en los contratos de estabilidad tributaria en donde el que firma es cualquier otro ministerio que no sea el Ministerio de Economía y Finanzas con la participación de la Superintendencia de la Administración Tributaria”, dice Minaya quien añade que “estoy de acuerdo con los contrato de estabilidad en donde no se establezca ninguna exoneración tributaria”.

Recalcó que el problema de una baja recaudación tributaria que tiene el país es consecuencia, entre otras, de los actuales convenios de estabilidad tributaria firmados entre el Estado y diferentes empresas privadas principalmente las vinculadas al sector minero.

Similar opinión tiene Waldo Mendoza, jefe del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien considera que el Estado ya no debe seguir firmando nuevos convenios de estabilidad tributaria.

La ley 27343 del 2000 estableció que para acceder a la estabilidad tributaria hay que pagar una tasa de 2% adicional al Impuesto a la Renta (IR) -es decir 30% de IR + 2%-. Mendoza al igual que diferentes especialistas cuestionan que el plus que tiene que pagar las empresas por gozar de estabilidad tributaria es tan pequeño, planteándose que debiera ser 7% adicional.

El jefe del plan de gobierno del partido Gana Perú recalca que de obtener la administración del país, revisarán todos los contratos de estabilidad jurídica que se firmaron. Precisa que negociarán sobre el impuesto extra que pagan. Es decir, coincide con Mendoza y plantea un impuesto de 7% adicional al IR, como se aplica en Chile a las empresas que gozan de un convenio de estabilidad jurídica.

Jiménez estimó que los actuales contratos de estabilidad tributaria representan que el Estado deja de recaudar 631 millones de soles o 227 millones de dólares anuales.

El artículo 62 de la Constitución de 1993 ha blindado aún mas a los acuerdos de estabilidad jurídica, ahora nadie los puede tocar, ni siquiera el Congreso, pues solo pueden ser modificados previo acuerdo entre las partes. Este blindaje no existe en ningún otro país de la Región.

Incluso el propio Fondo Monetario Internacional dice que dichos contratos son discriminatorios pues otorgan beneficios que otros no tienen. Por eso plantean que ya no se firmen más contratos de este tipo. Sin embargo, la administración aprista ad portas de salir continúa con ello, una muestra es el reciente acuerdo firmado con TPE.

En manos ChilenasPara Espinoza y Dammert lo más preocupante es que con este convenio de estabilidad jurídica se blinda y finiquita la entrega de estratégicos puertos peruanos a manos de capitales Chilenos.

“Pero lo más grave, es que de una manera oculta se está garantizando que nadie quite los puertos peruanos de manos Chilenas. Uno de los puntos del contrato estipula que si fracasa la concesión el acreedor bancario pasa a disponer del puerto ¿y quién es ese acreedor? Pues nada menos que el Scotiabank, que es manejado por el monopolio portuario Chileno”, advirtió la legisladora.

Tras una addenda que se hace al contrato –dice Dammert- se extendió por seis meses la obligación de TPE de invertir 40 millones de dólares y ahonda la dependencia de este puerto a los intereses de los capitales navieros Chilenos. “Esta addenda reconoce a Scotiabank, el que va a proporcionarle el dinero para la inversión, la potestad de cambiar al concesionario sin necesidad de intervención del Estado, y el gobierno oculta que el Scotiabank Perú está conformado en su mayor parte por directivos procedentes del Scotiabank Chile y que el 50% de las acciones de este banco son de propiedad de los navieros Chilenos”, remarcó Dammert.

Según el especialista el reciente Convenio firmado blinda la empresa concesionaria del puerto de Paita (TPE) del control estatal y favorece los intereses del grupo Chileno Claro, dueño del banco Scotiabank Perú, que ha quedado como acreedor principal de todas las inversiones.

“El Estado le ha dado la soberanía del puerto como principal acreedor al Scotiabank. Si hubiera un problema en las inversiones, el encargado de subastar el puerto como único dueño sería este banco que es de propiedad de la compañía Chilena Claro. Eso se llama un traslado de soberanía”, explicó.

Agregó que el grupo Chileno Claro también es dueño de la Compañía Sudamericana de Vapores, cuyo plan es ser la dueña de una ruta sudamericana de exportación e importación a través de los puertos de Chile, Paita, Guayaquil, Asia y Estados Unidos

TPE hace caja con el puerto de PaitaTras la concesión del puerto de Paita que fue entregado a manos del consorcio TPE, Las tarifas en dicho puerto se incrementaron considerablemente. Las que más subieron son las que corresponden a la recepción y entrega de contenedores, pues lo que antes tenía un costo de 400 dólares por “facturación mínima por cuadrilla”, ahora cuesta 2,200 dólares. El incremento representa 1,800 dólares, equivalente a un 450%.

En el caso de los fletes marítimos, la concesionaria tampoco ha tenido reparo en aplicar incrementos de entre 200% y 400% por contenedor. El ex senador y presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro-Piura), Andrés Luna Vargas, explicó que si antes, bajo la administración de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu), las “tarifas especiales” (para los productos que requieren refrigeración) se aplicaban después de 15 días libres para las importaciones y de 30 días libres para las exportaciones, con TPE sólo hay 48 horas libres (dos días), después de las cuales se aplica una tarifa de 8 dólares hasta el octavo día, nueve dólares entre el noveno y decimoquinto día, y 15 dólares diarios en adelante.

En cuanto a las tarifas “standard”, para los demás productos, el monto se ha incrementado de 95 a 130 dólares por contenedor de 20 pies y de 125 a 195 dólares por uno de 30 pies.

Puerto mermadoPara Dammert la concesión del puerto de Paita a manos de TPE ha significado que dicho puerto nacional deje de ser el eje interoceánico del Amazonas para convertirse en un puerto de transbordo entre el norte del Perú y el sur de Ecuador.

Recalca que esto es consecuencia de que los consorcios navieros Tertir y Cosmos –que forman parte de TPE-, este último subsidiario del grupo naviero Chileno Neptunia, dependiente a la vez del monopolio de la misma nacionalidad Von Appen, que no quieren ninguna competencia con su megapuerto de Mejillones. Es decir, como Von Appen que controla el mega puerto de Mejillones en Chile no quiere mayor competencia en la región por ello redujo al puerto de Paita a un puerto de transbordo.

Precios de combustibles embalsados

El cálculo político y electoral de la administración aprista pasará la factura al futuro gobierno con el manejo de los precios de los combustibles. Las refinerías que se benefician con estas decisiones recibirán del Estado hasta el mes de julio aproximadamente 2,400 millones de soles. Subsidios a combustibles originan un retraso de más de 20% del valor real.

El problema del embalse actual de los precios de los combustibles se originó cuando a finales de febrero del presente año el Poder Ejecutivo suspendió temporalmente la actualización y publicación de las Bandas de Precios de los productos incluidos en el Fondo de Estabilización del Precio de los combustibles (FEPC) –con el cálculo político bajo el brazo estableció que la banda se actualizaría el último jueves de abril, o sea después de las elecciones presidenciales–, lo que ha originado, según diferentes especialistas, un retraso de hasta 20% en los precios del combustibles derivados del petróleo en el mercado local frente a los precios internacionales.

Así, según el economista y especialista en tema de Hidrocarburos, Cesar Bedón, mientras que a comienzos de marzo se compensaba (el FEPC pagaba a las refinerías) en S/. 1.16, a fines esta cifra se ha elevado a la fecha hasta S/. 1.82 por galón promedio.

Dicho incrementó, según el especialista, equivale aproximadamente a un mayor compromiso anual del Estado de alrededor de S/. 1.6 mil millones, si es que las cosas no cambian, o sea si es que el precio internacional del petróleo sigue incrementándose como lo viene haciendo.

Bedón recalcó que, adicionalmente al alza del precio internacional del petróleo, un país con un crecimiento de 8% anual –como lo tuvo el Perú el pasado año- genera un porcentaje similar de crecimiento en su demanda de combustibles. Y eso significa más petróleo crudo, gasolinas de alto octanaje y Diesel importados.

“El embalse de precios determinado por el Gobierno, orientado por los técnicos estatales que insisten en la alta volatilidad en espera de bajas de precios y no reconocen la tendencia, viene tomando proporciones de muy difícil manejo”, advirtió el economista.

Según estimó el Ministerio de Economía y Finanzas la deuda a las refinerías alcanzaría hasta julio S/. 2,400 millones, sin embargo de este total se habría cancelado, según el MEF, S/. 1,200 millones (600 en marzo y otros 600 a inicios del presente mes). De acuerdo, al ministro Ismael Benavides con esos S/. 1,200 millones se cancela la deuda que el Estado tiene con las refinerías pero solo hasta marzo.

El problema es que la deuda seguirá incrementándose y es muy factible que supere las estimaciones del MEF a marzo, pues el precio internacional del petróleo sigue incrementándose. Al iniciar esta semana (lunes) el precio del oro negro alcanzó su mayor nivel en los últimos 30 meses (US$ 108.78) debido a la inestabilidad en Libia y el Medio Oriente.

Para diferentes especialistas, el estado peruano en lugar de seguir con su política de subsidiar el combustible, como los S/. 600 millones pagado recientemente a las refinerías, bien podría estar sirviendo para financiar la reconversión de la matriz energética del país hacia el uso del Gas Natural, las instalaciones de gas de los hogares más pobres en las diversas regiones del país, he incluso la reconversión de algunas empresas, etc.

¿Eliminar el ISC?
Aún si elimináramos totalmente el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), como lo vienen pidiendo diferentes gremios de transporte terrestre de pasajeros, éste apenas aportaría los S/. 2.4 mil millones que recaudó el año 2010, lo cual es insuficiente, consideró Bedón.

“Esta opción (eliminar el ISC) no debería ser muy difícil de tomar en los actuales rumbos de nuestra política económica; si ya se redujeron los ingresos fiscales en S/. 1.8 mil millones anuales con la baja del IGV en un punto de 19 a 18%. Mención aparte tiene lo anti técnico de su aplicación y su cada vez más baja participación en los ingresos fiscales”, subrayó.

El año 2002 la participación del ISC en los ingresos totales del Gobierno Central era de 10.9%. El año pasado aportó un 3.3% y la tendencia es a la baja en la medida que combustibles como el Gas Licuado de Petróleo, el GLP automotor y el Gas Natural se encuentran exonerados del ISC y vienen ganando mayor participación en la matriz energética.

Embalse y enormes subsidiosA Bedón le preocupa varios temas en el manejo artificial de precios de los Hidrocarburos que implementa este Gobierno tratando de contener lo incontenible.

Uno de ellos es el enorme subsidio al Diesel. Según el especialista, casi dos tercios del subsidio se aplica a este combustible absorbiendo un impacto de S/. 2.47 por galón; es decir, si se eliminara totalmente el subsidio al Diesel 2 el precio en grifos subiría alrededor de S/. 2.50 por galón (incluido IGV).

Sólo el subsidio aplicado al Diesel es superior en 23% a la recaudación total del ISC. Su atraso con relación al precio internacional es de 22.0%.

“Así de grave es el embalse y como todo embalse se va agravando poco a poco. Lleva ya un atraso de precios de 26.7%. No hay eliminación del ISC que ayude a la baja del precio pues desde el año 2005 no lo paga. Por tanto de seguro mantendrá un subsidio elevado”, cuestionó.

En opinión de Bedón Rocha, lo mas irracional es el subsidio a las gasolinas, principalmente las de alto octanaje que igualmente son subsidiadas. Así, estimó, que el Estado subsidia con S/. 1.66 por galón la gasolina 84, de consumo principalmente en provincias, y con montos mayores las de alto octanaje.

El caso del GLPEn la actualidad los productores (las refinerías) vienen recibiendo por parte del Estado una compensación del Fondo de Estabilización de Precios de los Hidrocarburos a manera de subsidio para que no trasladen los efectos del incremento internacional de precios a las envasadoras, estaciones de servicio y consumidores industriales. Este subsidio en marzo 2011 ha promediado S/. 5.91 por balón de 10 kilogramos.

De esta manera, dijo el especialista, gracias al Fondo de Estabilización las envasadoras pagaron en marzo 2011 un 9.8% menos que en junio 2005. Los productores reciben o recibirán 20.2% más en la medida que el GLP se alinea con los precios internacionales. Por su parte el Fisco recibe S/. 5.44 por IGV, pero con la compensación que el Estado otorga a los productores termina con un déficit de S/. 0.47. Es decir que en lugar de los S/. 7.08 que recibía en junio 2005 hoy por el contrario desembolsa S/. 0.47.

“Por supuesto que el público consumidor paga casi el mismo precio luego de 6 años, lo cual no es malo. No incorporo aquí el efecto positivo para la caja fiscal y negativo para los productores de las regalías pagadas por cada Kilogramo producido”, indicó.

¿Y el margen comercial?Se ha incrementado a marzo 2011 en S/. 3.64 ó 41.6%. Asímismo, mientras en junio del 2005 el subsidio del Estado absorbía un 24.6% del precio al consumidor, en marzo 2011 absorbe el 34.8% del precio final. Un aumento de 10.2 puntos porcentuales.

“Creo que hay que revisar este asunto y con seriedad. Debemos reconocer que existe en promedio un buen servicio en la comercialización del GLP; que igualmente se han efectuado inversiones en adquisición de balones y medios de transporte pero hay fallas en el mercado, eso es evidente”, mencionó Bedón.

Herramientas para enfrentar“Quedan dos herramientas para seguir porfiando contra el tsunami que se nos viene. Una de las herramientas es eliminar el ISC, lo que generará algunas palmas políticas por eliminar un tributo anti técnico; mover las bandas de precios para que se aplique el 28 de abril, si llegamos con aire suficiente, aumentos de precios para lo cual habrá otro Decreto de Urgencia que, nuevamente y ´por única vez´, autorizará los porcentajes máximos de aumentos. Todo ello en un manejo burocrático de precios que con ineficiencia ha tratado de substituir al libre mercado. “, consideró Bedón.


Se está dejando sin recursos al EstadoPara Aurelio Ochoa, especialista en temas energéticos, se vislumbra que este último pago a las refinerías (S/. 600 millones) dejará una gran deuda al próximo gobierno.

El precio de los combustibles repercute a nivel nacional, ya que solo en los años 2008 y 2009 se destinaron S/. 3.500 millones del fisco para el pago de las refinerías, este monto es excesivo para un país pobre como el nuestro y que ese dinero se debería distribuir a otros sectores como Educación y salud.

Agregó que el subsidio es indiscriminado pues solo debería limitarse al transporte público y de carga para que no afecte a los más pobres, por un período de dos a tres años hasta que estos medios de transporte pasen a usar el gas.

Sin embargo, sostuvo que el resto de la población debería pagar el precio real del combustible que utilizan, de esta manera ahorrarían al ser caro el petróleo y las refinerías al disminuir la demanda -por los altos precios- tendrían mayores ofertas para los usuarios.

“Ahora el MEF destina S/.600 millones, ya no se deberían pagar los subsidios a las refinarías, de seguir así nadie va a ahorrar combustible”, consideró.

Añadió que se debería apostar por el Gas Natural pues indicó que actualmente el retraso del precio de los combustibles en el mercado local en comparación a los precios internacionales del petróleo es de 20% y con tendencia a seguir incrementándose la brecha.

“Estos pagos son una sangría a los recursos del Estado pues no tenemos dinero” , advirtió Ochoa quien estimó que los precios de los combustibles en el mercado internacional podrían dispararse no en el mes de junio o julio sino que a finales de este mes, ya que en esa época se conocerá nuevamente la banda de precios de combustibles.