COLOMBIA: Grave amenaza de desplazamiento y muerte sobre los campesinos

200 paramilitares toman el control sobre la zona de San José de Apartadó, con la complicidad del Estado

Desde hace algunos días hemos dejado constancia de situaciones muy difíciles que se viven en este momento en la zona de nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó; pese a todo, el Estado sigue siendo espectador y cómplice de todo este actuar.

El lunes 28 de noviembre, cerca de 200 paramilitares llegaron a la vereda La Esperanza donde han retenido a la gente por varias horas teniéndolos encerrados en el centro de salud, manteniéndolos incomunicados. Allí, según ellos, están revisando los antecedentes de cada uno. De igual forma han dicho que van a quedarse allí como los que mandan y tener control de todo. Además han dicho que han comprado varias fincas en Playa Larga y que la orden es que la finca que necesiten, se les venda, quieran o no. Ya han comprado tres grandes fincas donde tendrán sus bases en Playa Larga y afirman que lo mismo harán en todas las veredas.

Esta situación es muy dramática puesto coloca a las diversas veredas en un desplazamiento inminente y en peligro la vida de la gente. Así mismo se pretende someter a las comunidades a la lógica paramilitar. Nos negamos a ello y no lo aceptaremos, obedeciendo nuestros principios por la vida. Pedimos solidaridad ante estas situaciones y apoyo para exigirle al Estado que cese este actuar cómplice.

Nuestras constancias y clamores se suceden sin que ninguna instancia del Estado muestre preocupación alguna por el accionar intenso del paramilitarismo, como brazo armado que actúa en plena coordinación con los puntos de control de la fuerza pública.  Los paramilitares insisten en que nos sometamos a ellos bajo la amenaza de exterminarnos. No nos someteremos y hacemos una vez más responsable al Gobierno de todos los horrores a que nos tienen sometidos. El Presidente Santos ha estado informado minuciosamente de todos estos horrores y se niega a actuar. Las bases paramilitares siguen intactas y protegidas por la fuerza pública. Continuamos dejando constancias para la historia y estamos seguros de que la gente consciente sigue caminando con nosotros en una resistencia moral ante tanta infamia.

La Comunidad de Paz ha hecho un llamamiento a las autoridades a que actuen y ha dejado constancia de los siguientes hechos:

• El lunes 14 de noviembre de 2011, hacia las 18:00 horas, 30 paramilitares llegaron a la vereda La Esperanza con armas largas y en trajes civiles, penetraron en las viviendas, entre ellas las de familias de nuestra Comunidad de Paz. Nuevamente repitieron su mensaje: los que no se sometan a ellos y trabajen con ellos, tendrán que irse o morirse, Van a actuar en delante de manera más contundente.

• El viernes 18 de noviembre de 2011, hacia las 16:00 horas, los paramilitares ingresaron de nuevo a la vereda La Esperanza, esta vez con trajes de camuflado y armas largas. Afirmaron que comenzarían a actuar más contundentemente.

• El sábado 19 y el domingo 20 de noviembre de 2011, durante todo el día los paramilitares hicieron presencia en los caminos aledaños a las veredas La Esperanza, Rodoxalí y El Porvenir. Instalaron retenes  y se robaron los alimentos que la gente transportaba, afirmando que está prohibido llevar alimentos a las casas; que han decretado un bloqueo de alimentos y que el que incumpla estas disposiciones será asesinado.

• El martes 22 de Noviembre de 2011, hacia las 05:00 horas y hasta las 09:00 horas, se presentaron combates entre los paramilitares y la guerrilla en las veredas La Esperanza y Playa Larga, poniendo a la población civil en medio del fuego. Varias familias tuvieron que huir de en medio del combate y salvar sus vidas. Nuevamente se evidencia que los paramilitares, quienes continúan actuando en estrecha unidad de acción con el Ejército, buscan poner como ESCUDO a la población civil, lo cual constituye un CRIMEN DE GUERRA. Hace tan solo una semana que denunciamos hechos similares y nuevamente se repiten.

Las familias de La Esperanza, así como las de Rodoxalí, El Porvenir y veredas aledañas, están en altísimo riesgo. Varias familias quieren desplazarse. Por eso hacemos un llamado apremiante para que se intervenga ante el Gobierno central y se exija cesar el accionar paramilitar que es un accionar camuflado del Estado. La Comunidad de Paz se mantendrá firme en sus lugares y no se someterá de ningún modo a los dictámenes de estos criminales amparados por el Estado.

Fuente: http://prensarural.org/spip/spip.php?article6877

NOTAS RELACIONADAS:

• "Las jerarquías del Ejército y de la Policía son las instituciones que incentivan, apoyan y protegen a los paramilitares" (11-octubre-2011)
• No podemos callar (5-agosto-2011)
• Asesinado John Kennedy Higuita Ramírez, miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (18-mayo-2011)
• Iván Cepeda denuncia que hay 4 bases paramilitares en San José de Apartadó (10-mayo-2011)
• Continuamos rodeados por la muerte (24-abril-2011)
• Paramilitares asesinan a Bernardo Ríos, miembro de la comunidad de paz de San José de Apartadó (29-marzo-2011)
• Nuevo Gobierno y continuidad en la barbarie (7-enero-2011)

La eurozona mira al FMI para incrementar su fondo de rescate

A la eurozona no la cuadran las cuentas. Su objetivo de aumentar el fondo de rescate para respaldar a las debilitadas economías de Italia y el Estado español se ha topado con un obstáculo difícil de sortear: la falta de capital. Se confiaba en lograr la aportación de inversores extranjeros, pero no parece que estén por la labor. Las miradas se dirigen ahora al FMI. Quien sí está más cerca del dinero que necesitaba es Grecia, que roza con los dedos el sexto tramo del rescate.

El tamaño sí importa. En la cumbre del pasado 26 de octubre, los líderes de la eurozona se propusieron aumentar el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) hasta alcanzar un billón de euros. El objetivo de esta medida era construir un cortafuegos eficaz que frenara el contagio de la crisis de deuda a Italia y el Estado español, ya que este fondo de rescate podría respaldar ambas economías.
Éste era el punto principal del orden del día en la reunión de ministros de Economía de la eurozona convocada ayer en Bruselas. Al cierre de esta edición la cita no había finalizado, pero a la entrada las sensaciones eran bastante pesimistas. La falta de inversores extranjeros es la causa, al parecer, de que al igual que en el cuento de la lechera el cántaro se haya roto .
«Será muy difícil alcanzar algo alrededor de 1 billón de euros, quizá la mitad. Así que estamos buscando en otras partes y, en opinión de Países Bajos, tenemos que mirar al FMI y estar dispuestos, tanto los países europeos como los no europeos, a aumentar los recursos del FMI para que pueda intervenir más», manifestó el ministro holandés de Finanzas, Jan Kees de Jager.
El único ministro que se mostró optimista sobre la posibilidad de alcanzar esa cifra redonda fue el francés François Baroin. «Es el objetivo, forma parte de los elementos del acuerdo a nivel de jefes de Estado y de Gobierno, así que debemos trabajar sobre ello».
El fondo de rescate sólo tiene disponibles en la actualidad 250.000 millones de euros, porque el resto ya se ha comprometido para Portugal, Irlanda y el segundo rescate de Grecia.
Todos los analistas consideran que esta cantidad es insuficiente para ayudar a Italia y al Estado español. En este último caso, la ministra de Economía en funciones, Elena Salgado, sostuvo que no se necesitarán avales del fondo de rescate para las emisiones de deuda, porque sigue financiándose «razonablemente bien, dadas las circunstancias». La prima de riesgo cerró ayer en 406 puntos básicos.
En Italia, pese al cambio de Gobierno, las cosas pintan peor, con su bono a diez años pagando un desorbitado interés del 7,23% en el mercado secundario. Mario Monti y su equipo trabajan a contrarreloj y la Cámara de los Diputados ya tiene sobre la mesa la propuesta para introducir la exigencia del equilibrio presupuestario en su Constitución, que incluye la creación de un «organismo independiente» que analizará, verificará y valorará las cuentas públicas del Estado.
Además, técnicos del Gobierno cifraron en unos 20.000 millones de euros el plan de ajuste presupuestario que tiene que aprobar el Estado para lograr el objetivo de cuentas fijado para 2013. El diario «La Repubblica» publicó que la Comisión Europea (CE) ha pedido a Italia la adopción inmediata de un plan de ajuste de 11.000 millones de euros, la reforma del sistema de pensiones y la flexibilidad en el despido de trabajadores.

Luz verde para los griegos

Volviendo a la reunión del Eurogrupo, éste dio luz verde al sexto tramo del paquete de asistencia financiera a Grecia, 8.000 millones que llevan en el alero desde el pasado verano. Ahora falta el visto bueno del Fondo Monetario Internacional.
El Eurogrupo ya se había mostrado en octubre a favor de conceder el sexto tramo de ayuda, pero la decisión fue bloqueada a raíz del anuncio de celebración de un referéndum sobre las medidas de ajuste, que finalmente no se celebró y además costó el cargo al ex primer ministro heleno, Yorgos Panpandréu.
Tras la salida de Papandréu, la troika -integrada por el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea- exigió a los principales líderes griegos una confirmación por escrito de su intención de aplicar el plan de reformas que provocó reticencias en el país.
Finalmente tanto el nuevo primer ministro griego, Lukás Papadimos, como el líder del partido conservador Nueva Democracia, Antonis Samaras, y el ex primer ministro Yorgos Papandréu enviaron una misiva en este sentido a la Comisión Europea.
En la reunión de Bruselas también se aprobó entregar a Irlanda el cuarto tramo del paquete de asistencia financiera a este país, de 11.500 millones de euros, de los que la Unión Europea aporta dos tercios y el Fondo Monetario Internacional el tercio restante.

El 33% de los españoles no confía en mantener su empleo

Una encuesta del Eurobarómetro publicada ayer señala que el 33% de los españoles se declara «poco o nada» confiado en mantener su trabajo en los próximos meses, frente a la media del 15% en la UE-27. Preguntados por el final de la crisis, un 71% de los ciudadanos de la UE sigue sin ver cerca la salida a esta situación.

Fuente: http://www.gara.net/paperezkoa/20111130/306831/es/La-eurozona-mira-FMI-para-incrementar-su-fondo-rescate

¿Vamos al infierno?

La violencia entra en la universidad

Antes de ser abatido por la bala asesina, el Reverendo Martin Luther King Jr. había estado preparando su sermón para la iglesia baptista de Atlanta Ebeneezer. El sermón se titulaba “Por qué América puede descender al infierno”. El tema del sermón era sencillo, que el fracaso en afrontar la aguda crisis social del país estaba conduciendo a una violencia peligrosa. Una protesta en el centro de Memphis, Tennessee, en apoyo de los trabajadores de la sanidad en huelga acabó en caos. King escapó de lo que él pensaba que iba a ser una manifestación no violenta y señaló, “Vivimos en una nación enferma. Quizás debamos simplemente admitir que la violencia ya está aquí y quizás debamos simplemente abandonar y dejar que la violencia siga su curso.”

Esta declaración es inusual en el repertorio de King, que es principalmente positivo y esperanzado. En 1968 la contra-revolución, cuidadosamente planeada contra los movimientos de liberación no tardaría en hacer su aparición. Los momentos más dramáticos fueron los asesinatos de los portaestandartes de los movimientos liberales (King en Abril, Robert F. Kennedy en Junio). Un poco menos dramáticos fueron los disparos a los estudiantes que luchaban contra los restos de la segregación y que se negaban a disparar contra los vietnamitas. Actualmente ya casi no se recuerda el asesinato de unos estudiantes, el 8 de febrero de 1968, cuando los agentes de seguridad de la autopista de Carolina del Sur dispararon y mataron a Delano Middleton, Henry Smith y Samuel Hammond porque trataban de protestar por una bolera segregada en Orangeburg. La violencia ya no venía de abajo. Era más probable que viniera de arriba, que fuera la violencia de la contra-revolución.

La militancia universitaria llegó a su punto más alto quizás en la primavera de 1969, cuando alrededor de un tercio de estudiantes participó de una manera u otra en las manifestaciones. Fue en este contexto que el Gobernador de California Ronald Reagan dijo de los estudiantes: “Si hace falta un baño de sangre, acabemos ya. Basta de apaciguamiento”. El 4 de mayo de 1970, cuatro estudiantes yacían muertos en Ohio (Jeffery Miller, Allison Krause, William Schroeder y Sandra Scheuer, de 19 años y 6 meses de edad media). Reagan consiguió su baño de sangre.

Ninguna otra universidad tomó el tipo de medidas empleadas por la Universidad de Ohio después del primer tiroteo registrado en una universidad de los Estados Unidos. El 31 de octubre de 1893, un vigilante nocturno disparó a un grupo de estudiantes, hiriendo a uno de ellos. El consejo Rector deliberó y dio su veredicto: “Que, aunque no aprobamos que los estudiantes ofrezcan resistencia a un oficial y creemos que el vigilante quiso cumplir con su deber, lo que ocurrió la última noche demostró que carece de la serenidad necesaria para este tipo de trabajo y, por lo tanto, recomendamos que quede libre de sus obligaciones y que la conducta de los estudiantes sea juzgada en la facultad a la que pertenecen”. El vigilante nocturno fue despedido. Los guardias nacionales del Estado de Kent tuvieron que presentarse ante un juez, que rechazó los cargos contra ellos en 1974.

En los años 50, las universidades reemplazaron el vigilante nocturno amateur por el agente de seguridad profesional. Algunas universidades (como la Universidad de Oregón y el Instituto de Tecnología de California) dieron instrucciones explícitas a sus agentes de no intervenir en las protestas universitarias (en 1970 un asistente del Presidente de la Universidad de Oregón escribió que “la policía de seguridad del campus no intervendrá de ninguna forma en los desórdenes del mismo”) . Pero eran minoría y pronto cambiarían sus políticas. La mayoría de centros fueron menos circunspectos. A mediados de los 70, los departamentos de seguridad de las universidades empleaban normalmente a policías retirados y muchas universidades les instruían en las llamadas “técnicas de disturbios de masa”. En 1972, un estudio de referencia del Departamento de Justicia sugería que los agentes de seguridad de los campus tuvieran plenos poderes de detención y que fueran formados y equipados para enfrentarse de forma efectiva a los disturbios universitarios y el control de multitudes.

En nuestras protestas contra el apartheid y contra las guerras sucias en América Central nos enfrentamos con policías profesionales que nos mantuvieron a raya con su insistencia en los permisos y en la provisión de lugares de protesta. Cuando éstos se violaban nos trataban como a aquellos estudiantes de Harvard que en 1766 protagonizaron la primera protesta estudiantil registrada, por la mala calidad de la mantequilla que se servía en los comedores universitarios. Durante el “año de las ciudades miseria” (1985-86), en la mayoría de las universidades se levantaron tiendas de campaña en protesta por las inversiones de EEUU en Sudáfrica. Se nos toleró. La mayoría de las universidades eventualmente desinvertieron su dinero (en Darmouth, las tiendas fueron quemadas por el Committee To Beautify the Green ). Las detenciones eran una comedia. Mi primer contacto con el spray de pimienta Roach Killer fue una cortesía de la LAPD (Los Angeles Police Department) en una manifestación a favor de los refugiados de El Salvador en 1987. La policía del campus nunca se hubiera atrevido.

Cuando las universidades se vieron a sí mismas como una isla de prosperidad en un mar de turbulencias económicas, los policías del campus se vieron obligados a ejercer otro papel. Tenían que proteger a los estudiantes de la posible violencia de los pobres del vecindario (no se trataba de la rutinaria violencia sexual, casi siempre entre estudiantes). El debate sobre la posibilidad de armar a los policías no giraba en torno a dirigir sus armas contra los estudiantes-consumidores, sino contra la amenaza de la población local. Es lo que el antropólogo Michael Taussig llamó “el terrorismo habitual de la clase media, justificado por las referencias a la educación superior, a la protección de la misma civilización, que se jugaba allí mismo en los muy puntiagudos bloques, llenos de miedo, las rojas imágenes de los edificios ardiendo, y los tranquilos focos de la policía con sus perros vigilantes”. Para Taussig, este es el significado de la expresión de Walter Benjamin “no hay ninguna traza de civilización que no lleve al mismo tiempo una traza de barbarismo”. Taussig pensaba en la Universidad de Chicago, donde por aquel entonces yo estudiaba y donde la fuerza policial es la segunda más grande en Illinois (por detrás del área metropolitana de Chicago). Cuando King fue asesinado, la Guardia Nacional llevó su maquinaria pesada al Midway para proteger a la Universidad de Chicago del Southside. Actualmente la policía universitaria está capacitada para la labor.

El aviso profético de King quedó en suspensión. En los años 90 las prioridades nacionales eran tales que los fondos públicos disponibles se dedicaban más bien a la constitución de fuerzas de policía y prisiones que a las instituciones educativas. La lógica neo-liberal dicta que el gasto público para la represión es aceptable, pero el gasto público para el bien social es traición. El presupuesto de California dedica el once por ciento a prisiones, pero solamente el siete y medio por ciento a la educación superior. En el presupuesto actual el estado gasta 10.000 millones de dólares en prisiones, el doble de lo que gasta en la Universidad de California y el sistema universitario del Estado de California. A mediados de los años 90, las prioridades estatales eran exactamente las contrarias. También se dedicó cada vez más dinero a las fuerzas de represión dentro del propio sistema universitario: sus policías están bien equipados y bien entrenados y son una fuerza creciente.

A medida que el movimiento Ocupa llega a los campus, se ve la verdadera naturaleza de esta fuerza de policía. Recomiendo el video de la acción de la policía de la UC Berkeley del 10 de noviembre. El agente de seguridad del campus ya no llamó para abrir las puertas de las habitaciones; son policías anti-disturbios, completamente preparados para romper unas cuantas cabezas. O, como en el caso de la profesora Celeste Langan, para agarrarte por los cabellos cuando te ofreces sin violencia para ser arrestado y te arrastra por la hierba. También recomiendo el vídeo del 18 de noviembre de un agente de la UC Davis yendo delante de una línea de manifestantes no violentos (todos sentados en el suelo) levantando victoriosamente un bote de spray de pimienta y lanzando el nocivo gas naranja a las caras de los estudiantes sin dudarlo un momento. Si esto hubiera ocurrido en la Universidad de Teherán o en la Universidad de Beijing, el Departamento de Estado habría emitido una nota de protesta moralista sobre la violación de los derechos humanos y el derecho a disentir.

El profesor adjunto Nathan Brown del Departamento de Inglés de Davis escribió una lúcida y valiente carta al rector pidiendo la dimisión. No solamente señalaba la conducta de los policías del campus en Berkeley y en Davis, sino también la responsabilidad de la dirección de la universidad que envió a la policía a actuar de esta manera contra manifestantes que, para empezar, no eran violentos. “El hecho es”, escribía Brown, “que la Administración de las universidades estadounidenses utiliza sistemáticamente la brutalidad policial para aterrorizar a los estudiantes y a la facultad, para aplastar la disidencia política en nuestras universidades y para eliminar la libre expresión y el derecho de reunión. Mucha gente lo sabe. Mucha más lo está aprendiendo rápidamente”.

La Rectora de la UC Davis está “triste” por los acontecimientos y se está llevando a cabo una investigación. Esta no revelará nada. Se suspenderá a uno o dos agentes de policía. El deslizamiento de la universidad en la ciénaga de la deuda del estudiante y el estado policial continuará incólume.

Las prioridades del campus están claras. Un profesor adjunto gana un salario anual de algo más de 60.000 $; un teniente en el departamento de seguridad del campus (el hombre que arrojó el gas pimienta, por ejemplo) se lleva a casa 110.000 $. No hay que envidiar el salario de ningún trabajador público (ninguno de ellos está en la franja del 1%). Lo que maravilla es la desproporción, y el sistema que garantiza este abismo.

Vivimos en una nación enferma.

Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=4592

El síndrome de la mano oculta

La demonización de Irán

Irán ha sido denunciado en Washington como la fuente de donde procede buena parte del mal en Oriente Próximo. Arabia Saudí y sus aliados suníes ven la mano de Teherán en las protestas de Bahréin y en las de la Provincia Oriental rica en petróleo de Arabia Saudí. Ante la salida de las últimas fuerzas estadounidenses de Iraq a finales de año se están produciendo nefastas advertencias al respecto de que Iraq se está convirtiendo en un peón de Irán.

Esta demonización de Irán parece a veces preparar el terreno para un ataque militar de Estados Unidos e Israel a Irán. La propaganda acumulada es muy similar a la dirigida contra el Iraq de Sadam Husein en 2002. En ambos casos, un Estado aislado con recursos limitados se presenta como un peligro real para la región y para el mundo. Se da crédito oficial a teorías de la conspiración, poco probables y a veces cómicas, como el supuesto complot de un concesionario de automóviles usados iraní-estadounidense en Texas en equipo con la Guardia Revolucionaria iraní para asesinar al embajador saudí en Washington. El programa nuclear de Irán se identifica como una amenaza en la misma medida y del mismo modo que las inexistentes armas de destrucción masiva de Sadam Husein.

Por ello, resultó un golpe duro que el distinguido abogado egipcio-estadounidense Cherif Bassiuni, quien dirigió la Comisión de Investigación Independiente de Bahréin sobre los disturbios de este año, afirmara rotundamente en sus 500 páginas del informe la semana pasada que no hay pruebas de la participación iraní en los acontecimientos de Bahréin. Esa había sido la convicción esencial de la familia real de Bahréin y de los monarcas del Golfo. El temor a una intervención armada iraní fue la justificación para que Bahréin solicitara una contundente fuerza militar de 1.500 miembros dirigida por Arabia Saudí el 14 de marzo de este año antes de sacar a los manifestantes de las calles. Bahréin contó incluso con buques de guerra kuwaitíes para patrullar las costas de la isla en el caso de que Irán tratara de entregar armas a los manifestantes chiíes partidarios de la democracia.

Sin duda, los reyes y emires del Golfo se creen de verdad sus propias teorías de la conspiración. Muchos de los torturados durante la brutal represión de Bahréin han dado pruebas desde entonces de que sus torturadores en repetidas ocasiones les preguntaron sobre sus vínculos con Irán. Pacientes hospitalarios de mediana edad fueron obligados a firmar confesiones en las que admitían ser miembros de un complot revolucionario iraní. Después de aceptar el informe Bassiuni, el rey Hamad bin Isa al-Jalifa dijo que, aunque su gobierno no podía presentar pruebas claras, el papel de Teherán se hizo evidente para “todo el que tenga ojos y oídos”.

La misma paranoia sobre Irán se encuentra profundamente entre los suníes de Oriente Próximo. Un disidente de Bahréin que huyó a Qatar a principios de este año, me dijo que “la gente en Qatar me preguntaba si había un túnel que conduce desde la plaza de la Perla [el punto de reunión de los manifestantes] a Irán. Lo decían solo medio en broma”.

La identificación del activismo político chií con Irán ha calado demasiado profundo en la mente de los suníes como para borrarla. La semana pasada presencié un resurgimiento de las protestas entre los dos millones de chiíes de Arabia Saudí, en su mayoría en la Provincia Oriental. Los disturbios comenzaron cuando un hombre de 19 años, llamado Nasser al-Mheishi, fue asesinado en uno de los muchos puestos de control en Qatif, de acuerdo con Hamza al-Hassan, un activista de la oposición. Él dice que lo que alimentó la ira popular fue la negativa de las autoridades durante varias horas a permitir que su familia se llevara el cadáver. Al igual que en el pasado, el Ministerio del Interior saudí dijo que los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes fueron “ordenados por patrones extranjeros”, que es siempre la forma en que el Estado saudí se refiere a Irán.

La oposición dice que los comentarios en Twitter y en Internet de saudíes no chiíes muestran que la política del gobierno de culpar de todo a Irán puede que ya no convenza tanto como antes. “Estamos al borde de un estallido” comentaba una mujer de forma gráfica.

Las protestas en la Provincia Oriental probablemente se intensificarán. Como en otros lugares del mundo árabe, la juventud ya no obedece a los líderes tradicionales. El monarca saudí y el bahreiní podrán culpar a la televisión iraní de inflamar la situación pero lo que realmente enciende la ira chií es lo que ven en YouTube o lo que leen en Twitter y en Internet. Lo que influye en los manifestantes no es tanto Irán como el ejemplo de jóvenes manifestantes similares a ellos que exigen derechos políticos y civiles en El Cairo y Siria.

En el año del Despertar Árabe, el medio tradicional saudí de conseguir que los notables locales calmen las cosas ya no funciona. La semana pasada, aquellos se quejaron ante el gobernador de la Provincia Oriental, el príncipe Mohammad bin Fahd, (quien les había pedido que asistieran a una reunión en la capital provincial, Dammam) de que ya no podían convencer a su gente de que pusieran fin a las protestas porque sus llamadas a la moderación a comienzos de año no habían producido ninguna concesión del gobierno saudí con respecto a la discriminación contra los chiíes. Los prisioneros chiíes detenidos sin juicio desde 1996 no han sido liberados.

En Arabia Saudí y Bahréin la creencia de que la mano oculta de Irán está detrás de las protestas ha conducido a ambos gobiernos a cometer un grave error. Han llegado a creerse que se enfrentan a una amenaza revolucionaria, cuando los chiíes de Bahréin y los saudíes se conformarían con una participación equitativa en los empleos, con cargos oficiales y negocios. Los chiíes quieren unirse al club, no volarlo por los aires. Negándose a ver esto, los monarcas saudí y bahreiní desestabilizan sus propios Estados.

Irán nunca ha sido tan fuerte como sus enemigos lo representan o como le gustaría ser. En muchos sentidos, la satanización de los dirigentes de Irán como una amenaza para la región cumple con la ambición de Irán de presentarse como una potencia regional.

En la práctica, su retórica sedienta de sangre siempre se ha combinado con una política exterior cautelosa y cuidadosamente calculada.

El presidente George W. Bush y Tony Blair siempre se refirieron a Irán como si tuviera el objetivo de desestabilizar al gobierno iraquí. Una estupidez, porque Teherán estuvo encantado de ver el final de su antiguo enemigo Sadam Husein y su reemplazo por un gobierno electo iraquí dominado por partidos religiosos chiíes. El ministro de Exteriores iraquí, Hoshyar Zebari, solía decir que era divertido, en las conferencias donde estaban representados tanto Estados Unidos como Irán, ver a estadounidenses e iraníes denunciándose con furia unos a otros por sus nefastas acciones en Iraq, y luego hacer discursos de apoyo al gobierno iraquí muy similares.

¿Se moverán ahora los iraníes a llenar el vacío dejado por la salida de tropas estadounidenses? Ciertamente, la importancia de Estados Unidos en Iraq caerá porque sus soldados se habrán ido y porque ya está gastando menos dinero en el país. En un momento dado, por ejemplo, la financiación de la mujabarat iraquí [policía secreta] no figuraba en el presupuesto iraquí porque la pagaba en su totalidad la CIA.

Considerar que el dominio de Irán sobre Iraq es inevitable resulta ingenuo: hay demasiados actores poderosos, como Turquía y Arabia Saudí. Los chiíes de Iraq difieren marcadamente en tradición y en creencias con respecto de sus correligionarios iraníes. Y los kurdos y los suníes se opondrán. Si Irán extiende demasiado su mano, como hizo Estados Unidos después de 2003, se convertirá en el blanco de una horda de enemigos diferenciados.

En Bahréin, Arabia Saudí e Iraq el papel de Irán como provocador de los disturbios se ha inventado o se ha exagerado. Sin embargo la misión de tratar a pacíficos manifestantes como revolucionarios que actúan en nombre de Irán se ha cumplido. La próxima vez, puede que los reformistas frustrados busquen ayuda exterior.

Fuente: http://www.counterpunch.org/2011/11/28/the-demonization-of-iran/

Apropiándose del sentido: los medios y los "mercados"

Los "mercados", acaso esa entelequia sociópata que se presenta como simpática a ojos del espectador creado por los medios de comunicación (verdaderas usinas de lanaturalización del lenguaje y la apropiación del sentido), parece que piensan tanto en los pueblos, que presionan a las autoridades políticas de Europa y el mundo para que tome decisiones y las aplique de manera urgente. Siempre tan incompetentes y lerdos los políticos, sobre todo ahora que son todos iguales y no sirven para nada. Claro, nosotros que no somos ni de izquierdas ni de derechas, somos los de abajo... tenemos autoridad moral y sociológica (ciudadanos y sociedad civil del siglo XXI) e hicimos un curso acelerado en la Escuela Austríaca casi sin darnos cuenta. 

Lo dicho, ahora parece que los "mercados" dieron un respiro positivo en las Bolsas debido a "rumores" de que finalmente los políticos europeos (Alemania) comprarán "deuda soberana" (¿alguien sabe si esa deuda es nuestra o no?). Y aquí mientras uno se despide indultando a un banquero, el otro se reúne con los banqueros antes que con nadie. 

Pero ellos son los profesionales, oiga. Ellos son los gestores y tecnócratas que saben lo que hacen y lo hacen por nuestro bien, el bien común. Y ahí están sus galardones, sus diplomas y sus matrículas de honor para demostrarlo. ¿Nosotros, masa amorfa y pancista, lo vamos a poner en duda? ¡Qué horror! ¿El vulgo? 

"Hay que hacer los deberes, señores", nos dicen. Y nosotros pensamos que si lo dicen ellos será por algo, si estamos así no es por nada. ¿No? 

Pero déjenme decirles. La sociedad no es un todo orgánico, sino una red compleja de grupos, cada uno con intereses distintos, y relacionados unos con otros en términos de su relación de poder con los grupos o clases dominantes. Las relaciones sociales son entendidas en términos de poder social, de una estructura de dominación y subordinación que nunca es estática, sino que es siempre el lugar de la resistencia y la lucha, la negociación y la aceptación. El poder social es el poder que alcanza un grupo o una clase servido por la estructura social como un todo. Y la lucha social es la contestación de este poder por los subordinados. En el terreno de la cultura, esta lucha toma forma de "la lucha por la apropiación del sentido" en la que las clases dominantes intentan "naturalizar" los sentidos que sirven a sus intereses , incorporándolos al "sentido común" de la sociedad como un todo, mientras las clases subordinadas se resisten a este proceso de distintas maneras y distintos grados, a la vez que intentan construir los suyos propios. 

Pero el intento de las clases dominantes de naturalizar estos sentidos NO es el resultado de una intención consciente de los miembros individuales de estas clases. Sin embargo la resistencia SÍ es frecuentemente consciente e intencional. No puede serlo de otra manera para combatirla, ya que la lucha que se emprende no es contra un enemigo visible, corpóreo, tangible... y éste no se puede combatir con otro invisible. Por eso, se suele acusar a las resistencias de estar ideologizadas y politizadas, cuando en realidad están luchando contra una hegemonía ideológica que se ha naturalizado e impregnado a través del tiempo en la Sociedad y la Cultura para transformarse en "sentido común", aparentemente desideologizada. 

Flexibilidad, liberalización, desregulación, agentes activos de la sociedad, sociedad civil, libre mercado, democracia y libertad, derechos humanos, estado de derecho... hasta las actuales primas de riesgo, deuda soberana, ajuste, reformas... y el tan manido "hacer los deberes". Todos forman parte de una perversión lingüística y una batería de eufemismos que se piensan en "absoluto" sin importar las verdaderas implicancias que tienen en una cultura determinada. 

¿Cómo entender acaso los silencios y la aprobación social europea en cuestiones tan flagrantes como en Libia y actualmente en Siria? 

Nuestra lucha por la descolonización del lenguaje y la reapropiación del sentido... es dura y enormemente difícil. Pero es necesaria. Por nuestros hijos. Por nuestro futuro.

CEPAL: Venezuela es el tercer país con menos pobreza de América Latina y el Caribe

De acuerdo con el informe “Panorama Social de América Latina 2011″, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), durante 2010 en Venezuela la cantidad de personas en situación de pobreza se situó en 27,8% , lo que la ubica en el tercer lugar de los países con menor cantidad de pobres de la región.

Las naciones que presentaron menor porcentaje de pobreza durante 2010 son: Argentina y Uruguay (8,6%),seguidas de Panamá (25,8%), Venezuela (27,8%) y Perú 31,3%.

Por el contrario, entre las que cuentan con mayor cantidad de habitantes pobres destacan: Honduras (67,4%), Paraguay (54,8%), El Salvador (46,6%) y Colombia (44,3%).

El documento de la Cepal plantea que entre 1990 y 2010 la tasa de pobreza en América Latina se redujo 17 puntos porcentuales (de 48,4 % a 31,4 % de la población), mientras que la de indigencia bajó 10,3 puntos (de 22,6 % a 12,3 % de la población), lo que representa el nivel más bajo de los indicadores durante los últimos 20 años.

Asimismo, estima que para 2011 la tasa de pobreza caerá a 30,4 % de la población, mientras que la de indigencia podría subir a 12,8 %, ya que el aumento en los precios de los alimentos contrarrestaría el incremento previsto en los ingresos de los hogares.

La Cepal informó que en el caso de Venezuela, entre 2002 y 2010 la pobreza disminuyó en 20,8% al pasar de 48,6% a 27,8%, mientras que la pobreza extrema pasó de 22,2% a 10,7%,lo que se traduce en un descenso de 11,5%.

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística venezolano (INE) reflejan que la pobreza bajó de 49,0% en el primer semestre de 1998 a 27,4% en el primer semestre de 2011, lo que representa una reducción de 21,6%.

En cuanto a la pobreza extrema en Venezuela, para el primer semestre de 1998, se ubicaba en 24,7% , mientras que para el primer semestre de 2011 presenta una reducción de 64%, al colocarse en 8,9%.

El Senado de EE.UU. vota el proyecto de ley que permitirá a los militares arrestar ciudadanos y mantenerlos retenidos indefinidamente

Stephen D. Foster Jr. / Traducción de Burrach para Kaos en la Red

Desde que comenzó el movimiento Occupy Wall Street, los oficiales de policía norteamericanos han detenido a miles de personas por ejercer el derecho a protestar, un derecho recogido en la constitución. El Senado de EE.UU. ha votado un proyecto de ley que le daría al Presidente la capacidad de ordenar a los militares que detengan y encarcelen a ciudadanos estadounidenses en cualquier parte del mundo por un período indefinido de tiempo.

El proyecto de ley de Autorización de Defensa Nacional, escrito por los senadores John McCain y Carl Levin, declara el suelo estadounidense un “campo de batalla” y permite que el Presidente y todos los futuros jefes ejecutivos tengan la potestad de ordenar a los militares de arrestar y detener a ciudadanos estadounidenses, inocentes o no, sin alegar cargos o ir a juicio. En otras palabras, si se aprueba esta ley los manifestantes de Occupy Wall Street o cualquier otro estadounidense podrían terminar entre rejas por tiempo indefinido y sin tener garantizado el derecho a un proceso legal normal ni a un juicio rápido.

El proyecto de ley fue escrito y aprobado en secreto por el comité, sin que hubiese una sola audiencia. Tanto los senadores republicanos como los demócratas apoyan el proyecto de ley, al menos lo suficiente como para darle la oportunidad de hacerse efectivo. Pero esta disposición tiene oponentes. El presidente Obama ha amenazado con ejercer su derecho a veto e incluso el congresista Ron Paul se ha preocupado lo suficiente como para llevarlo a uno de los debates del Partido Republicano. Una enmienda llamada Enmienda Udall ha sido propuesta por el senador demócrata Mark Udall, que suprimiría esta peligrosa disposición.

Si usted es un ciudadano estadounidense, proteja sus derechos constitucionales. Llame a su senador y dígale que se apruebe la enmienda Udall. Ningún ciudadano americano debería ser arrestado por los militares y retenido indefinidamente sin previa acusación o juicio. Esto no contribuye a los valores norteamericanos, ya que otorgaría más poderes a los militares y al gobierno sobre la ciudadanía estadounidense. La última vez que los americanos tuvieron que hacer frente a una extralimitación militar fue durante la Revolución, hace unos 250 años. Debido a ello, los Fundadores incluyeron la tercera enmienda con el objeto de prohibir la intromisión de las tropas en los tiempos de paz o guerra. Una vez más, los estadounidenses están bajo la amenaza de lidiar con un ejército que tiene más poder del que debería tener. Y que les puede costar la mayoría de las libertades que se suelen dar por sentado.

Estados Unidos NO es un campo de batalla. Estados Unidos es un país libre y los ciudadanos americanos nunca deberían ser arrestados por los militares y mucho menos sin tener derecho a un juicio previo. Esta disposición dejaría de lado la Constitución y pondría las libertades de los ciudadanos estadounidenses en grave situación de riesgo, tanto en casa como en el resto de países. Por favor, llame a su senador o visite este enlace, porque estamos ante un riesgo que los ciudadanos estadounidenses no pueden permitirse el lujo de tener.

Perú

Humala militariza tareas policiales

El gobierno peruano de Ollanta Humala atribuye más responsabilidades de orden público a las Fuerzas Armadas, que venían actuando en la lucha contra el narcotráfico, para ocuparse de la minería ilegal y la intervención en protestas sociales.

En el Valle de los ríos Apurimac y Ene (VRAE), que comprende las regiones Ayacucho, Cusco y Apurímac, en el sur del país, las Fuerzas Armadas combaten desde hace varios años a una facción de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso y destruyen laboratorios de procesamiento de cocaína, decomisan droga y buscan y capturan a presuntos narcotraficantes nacionales y extranjeros.

El argumento es que en el VRAE existe una alianza entre senderistas y bandas de traficantes y que los militares deben enfrentar por igual al denominado "enemigo narcoterrorista". En 2008, bajo el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), esas operaciones se intensificaron.

Entre el 7 y 12 de octubre pasado, tropas del ejército incautaron una tonelada y media de cocaína y detuvieron a un grupo de presuntos traficantes liderados por un colombiano que actuaba en el VRAE.

En la primera semana de noviembre, 2.000 efectivos ejecutaron una gran operación contra asientos mineros ilegales en los principales ríos del departamento de Madre de Dios, zona amazónica en el sudeste, limítrofe con Brasil y Bolivia.

La explotación de oro no autorizada en Madre de Dios afecta gravemente el ambiente debido al uso intensivo de mercurio y maquinaria pesada, como grandes dragas, y al desmonte de selva virgen.

La actuación militar ante el tráfico de drogas y la minería informal se ajusta a las leyes, dijo a IPS el ministro de Defensa, general retirado Daniel Mora Zevallos.

"Las Fuerzas Armadas actúan cuando las autoridades lo disponen. Los militares intervienen estrictamente bajo el imperio de la ley. Actuamos porque la ley nos faculta y no salimos del marco que establece nuestras funciones. Los militares no buscamos enfrentarnos a la población. Es lo que menos nos gusta", dijo Mora Zevallos.

"Pero no se trata solo de una orden", agregó, se interviene "solo si se dan las condiciones adecuadas. No deseamos tener problemas de derechos humanos. Por eso actuamos estrictamente donde existe una situación de ilegalidad", añadió.

El gobierno de Humala –un militar retirado que asumió la Presidencia el 28 de julio– parece querer ampliar el ámbito de acción de las Fuerzas Armadas.

El propio Mora Zevallos, elegido legislador en el actual período e integrante de la Comisión de Defensa del Poder Legislativo, votó a favor un proyecto de ley que amplifica las facultades de las Fuerzas Armadas para desactivar protestas sociales que perturben "el orden público".

El 22 de noviembre, la Comisión de Defensa aprobó el proyecto que da a los militares potestad para actuar en áreas territoriales declaradas en situación de emergencia, "asumir el control del orden interno y la conducción total de la zona y realizar acciones militares con el apoyo de la Policía Nacional para el control del orden interno, pudiendo hacer uso de la fuerza ante otras situaciones de violencia", afirma el texto.

En esas zonas y dependiendo de las circunstancias, la policía se someterá a la jerarquía castrense, según el proyecto.

Según el seguimiento mensual de la Defensoría del Pueblo, en octubre se registraban en todo en el país 217 conflictos sociales, 154 activos y 63 en estado latente. Del total, 124 tenían causas socioambientales.

La iniciativa también da marco legal a la participación militar en las operaciones antinarcóticos.

"Las Fuerzas Armadas en zonas declaradas en emergencia, estén a cargo o no del control del orden interno, están facultadas para realizar interdicción terrestre, naval y aérea a los implicados en el delito de tráfico ilícito de drogas", indica el texto.

La ampliación de facultades militares en materia de orden público cuenta con respaldo de representantes del partido gobernante Gana Perú, y de Fuerza 2011, el bloque del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado a prisión por crímenes de derechos humanos y corrupción.

Estos dos bloques forman mayoría, pero la iniciativa podría inclusive tener respaldo de partidos menores que suelen apoyar al gobierno, como Perú Posible, la fuerza del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), a la que pertenece también el ministro Mora Zevallos.

Así alienta la militarización del orden público y se criminaliza la protesta social, criticó Aldo Blume, investigador del no gubernamental Instituto de Defensa Legal (IDL).

Se trata de una ampliación del Decreto Legislativo 1095, suscrito el 31 de agosto de 2010 por el entonces presidente García, que abrió la puerta a estos nuevos roles militares.

Este "fenómeno no es propio de un régimen democrático y de un Estado de derecho", sostuvo Blume en un comentario publicado en el sitio de IDL.

"Es cierto que la inseguridad ciudadana y el combate a la delincuencia, en particular a las organizaciones del narcotráfico, son problemas cada vez más complejos, pero la solución no radica en la ejecución de medidas represivas y de restricción de derechos", agregó.

Para el analista Javier Azpur, coordinador del Grupo Propuesta Ciudadana, un consorcio de organizaciones no gubernamentales con actividad en todo el país, existe en el gobierno de Humala una tendencia a la militarización.

Humala había prometido en campaña que las carteras de Defensa e Interior estarían en manos civiles. Pero sus titulares, Mora Zevallos y Óscar Valdés Dancuart, respectivamente, son militares retirados.

"Es más o menos evidente que el presidente quiere dar un rol significativo a las Fuerzas Armadas en ámbitos importantes de su gestión. Ello parece ser así por formación y por convicción", dijo Azpur a IPS.

"La conducción del sector Interior tiene una importante presencia del ejército. Un hecho constatable también es la ampliación de la presencia que (los militares) ya tenían desde el gobierno anterior en el VRAE. A ello debemos agregar su rol protagónico en la necesaria lucha contra la minería ilegal o informal", agregó.

El 24 de noviembre, pobladores de la región norandina de Cajamarca iniciaron una huelga indefinida contra el proyecto aurífero Conga, de la empresa Yanacocha, propiedad de las compañías Newmont, de Estados Unidos, y Buenaventura, de Perú.

Los campesinos se oponen a la actividad minera en su territorio porque una laguna será secada para extraer el oro que se encuentra en su lecho, lo que afectaría la disponibilidad de agua en la zona.

Ante rumores del desplazamiento de 2.000 soldados a Cajamarca, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Luis Howell Ballena, sostuvo que, "si la policía siente que será sobrepasada, puede pedir al presidente la participación" militar.

"Si los militares intervienen, significaría la derrota de Humala en los sectores rurales que lo apoyaron de manera masiva" y de la "estrategia del diálogo y la salida política que viene impulsando el gobierno", reflexionó Azpur. "Perdería credibilidad en su intento de representar los intereses de los sectores excluidos y sumidos en la pobreza".

"Forzar el proyecto Conga con una represión de alta intensidad… significaría sumarse a la política impuesta en el país desde el régimen fujimorista. Amplios sectores de la sociedad lo verían (a Humala) como un representante más de los grandes grupos de poder económico", advirtió.

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=99686