El ex secretario general de la CGTP, Valentín Pacho, llamó a los trabajadores y a los sectores populares a enfrentar la candidatura de Keiko Fujimor, postulante de los “poderes económicos, las empresas trasnacionales como las mineras; la poderosa maquinaria mediática, el Comando Sur, el Cardenal Cipriani y Alan García”.
“La demolición del candidato de Gana Perú Ollanta Humala ha llegado al tope. La tecnología de las comunicaciones y las mañas de la psicología de masas, perfeccionadas por la CIA para manipular a las poblaciones despolitizadas, está funcionando con precisión perfecta. La corrupción institucionalizada espera ocupar pronto (y nuevamente) los ministerios y demás cargos del Estado para delinquir”, expresó el exdirigente.
El actual Secretario General Adjunto de la Federación Sindical mundial FSM añadió que en esta segunda vuelta las opciones se han reducido a dos: una, caracterizada por el intento de recuperar la dignidad, la ética y la moral en la política, representada por Ollanta Humala; y la otra, constituida por la inmoralidad, el delito y la corrupción, representada por el clan Fujimori.
Si por desgracia ganara la segunda opción, significaría que la corrupción ha terminado por descomponer la moral en nuestra patria ¡Esto sería una vergüenza sin nombre! Esto sería colocarnos ante la comunidad internacional como una nación sin principios, advierte Pacho, quien considera que el 5 de junio está en juego el honor del pueblo peruano.
El dirigente gremial recordó que el gobierno de Fujimori anuló la legislación laboral, que hasta entonces era favorable al trabajador y permitía el accionar de los sindicatos. Y que suprimió el derecho a la negociación colectiva, por lo que los sindicalizados se vieron impedidos de presentar sus pliegos de reclamos. Abolió el derecho a la estabilidad laboral, y fueron despedidos más de 8OO mil trabajadores del sector público. Miles de trabajadores de empresas públicas fueron echados a la calle tras las privatizaciones.
lunes, 30 de mayo de 2011
Propuestas laborales de Keiko generan preocupación
Un grupo de profesores, profesionales y estudiantes vinculados a la defensa de los derechos laborales advirtieron, a través de una carta pública, la preocupación por la candidatura de Keiko Fujimori porque representa un peligro su propuesta en materia laboral.
El comunicado que firman una treintena de personalidades, entre ellas, Javier Neves Mujica, Elmer Arce Ortiz, Edgardo Balbín Torres, Javier Mujica Petit y Carmela Vildoso, recuerdan que durante la década Fujimorista se estableció una legislación que amplió la posibilidad de contratar temporalmente, permitió jornadas extensas y facilitó el despido colectivo; y se implementaron mecanismos de “formación laboral” que permiten hasta el día de hoy el trabajo juvenil sin derechos laborales ni protección adecuada.
Además, en materia de derechos colectivos, se limitó abusivamente la actividad de los sindicatos, por lo que la afiliación sindical cayó de 22% en 1990 a menos del 5% en la actualidad. Y se privatizó la seguridad social, con un efecto negativo en la cobertura de los sistemas de salud y pensiones que, como consecuencia, solamente uno de cada cuatro peruanos tiene cobertura en pensiones y uno de cada tres en salud.
La propaganda electoral de la candidata Fujimori plantea incentivos para el trabajo juvenil (programa mi primera chamba) y la creación de una superintendencia de derechos laborales, planteamientos que no están considerados en su plan de gobierno. y que, al contrario, el plan de gobierno de la candidata Keiko Fujimori tiene como eje central en materia laboral “Flexibilizar el Empleo”, frase que es ambigua y peligrosa.
El comunicado que firman una treintena de personalidades, entre ellas, Javier Neves Mujica, Elmer Arce Ortiz, Edgardo Balbín Torres, Javier Mujica Petit y Carmela Vildoso, recuerdan que durante la década Fujimorista se estableció una legislación que amplió la posibilidad de contratar temporalmente, permitió jornadas extensas y facilitó el despido colectivo; y se implementaron mecanismos de “formación laboral” que permiten hasta el día de hoy el trabajo juvenil sin derechos laborales ni protección adecuada.
Además, en materia de derechos colectivos, se limitó abusivamente la actividad de los sindicatos, por lo que la afiliación sindical cayó de 22% en 1990 a menos del 5% en la actualidad. Y se privatizó la seguridad social, con un efecto negativo en la cobertura de los sistemas de salud y pensiones que, como consecuencia, solamente uno de cada cuatro peruanos tiene cobertura en pensiones y uno de cada tres en salud.
La propaganda electoral de la candidata Fujimori plantea incentivos para el trabajo juvenil (programa mi primera chamba) y la creación de una superintendencia de derechos laborales, planteamientos que no están considerados en su plan de gobierno. y que, al contrario, el plan de gobierno de la candidata Keiko Fujimori tiene como eje central en materia laboral “Flexibilizar el Empleo”, frase que es ambigua y peligrosa.
Exigen decreto que cancele las concesiones mineras
El presidente del Frente de Defensa de la zona Sur de Puno, Walter Aduviri, rechazó la propuesta del gobierno de suspender por 12 meses la admisión de las concesiones mineras en las provincias de Chucuito, Yunguyo, Collao y Puno, y paralizar el procedimiento de aprobación del estudio de impacto ambiental del proyecto minero Santa Ana.
El dirigente exigió al gobierno que se anulen definitivamente las concesiones. “Es una aberración, es una mecida del gobierno, no aceptamos la propuesta de suspender por un año la concesión minera, por lo tanto, la protesta continúa hasta las últimas consecuencias. Lo que estamos pidiendo al gobierno es que saque un decreto legislativo que indique la cancelación definitiva de todas las concesiones mineras de la región sur de Puno”, enfatizó.
También demandó que se paralicen las persecuciones y las denuncias contra los dirigentes aymaras y subrayó que los desmanes ocurridos los realizaron delincuentes comunes, cuando ellos estaban en Lima ante una comisión del Congreso.
El dirigente aymara indicó su desacuerdo con la política de imposición de la actividad minera que realiza del presidente García. “En primer lugar, nosotros somos un territorio agrícola, pecuario, pesquero, comercial y de turismo. No pueden imponernos dictatorialmente para que cambiemos a otra actividad económica. Condenamos el doble discurso de Alan García que nos quiere imponer sus amañados proyectos”, señaló tras negar la acusación de Keiko Fujimori y Alan García de que sea militante de Gana Perú o tenga una opción comunista.
Consulta previaEl presidente regional de Puno, Mauricio Rodríguez, destacó que tras el acuerdo suscrito con el Ejecutivo, no habrá más concesiones mineras ni petroleras en la región sin consultar previamente a las comunidades campesinas. Para el caso del proyecto minero Santa Ana, la empresa deberá realizar un procedimiento de consulta a la población antes de iniciar el proceso de explotación.
El dirigente exigió al gobierno que se anulen definitivamente las concesiones. “Es una aberración, es una mecida del gobierno, no aceptamos la propuesta de suspender por un año la concesión minera, por lo tanto, la protesta continúa hasta las últimas consecuencias. Lo que estamos pidiendo al gobierno es que saque un decreto legislativo que indique la cancelación definitiva de todas las concesiones mineras de la región sur de Puno”, enfatizó.
También demandó que se paralicen las persecuciones y las denuncias contra los dirigentes aymaras y subrayó que los desmanes ocurridos los realizaron delincuentes comunes, cuando ellos estaban en Lima ante una comisión del Congreso.
El dirigente aymara indicó su desacuerdo con la política de imposición de la actividad minera que realiza del presidente García. “En primer lugar, nosotros somos un territorio agrícola, pecuario, pesquero, comercial y de turismo. No pueden imponernos dictatorialmente para que cambiemos a otra actividad económica. Condenamos el doble discurso de Alan García que nos quiere imponer sus amañados proyectos”, señaló tras negar la acusación de Keiko Fujimori y Alan García de que sea militante de Gana Perú o tenga una opción comunista.
Consulta previaEl presidente regional de Puno, Mauricio Rodríguez, destacó que tras el acuerdo suscrito con el Ejecutivo, no habrá más concesiones mineras ni petroleras en la región sin consultar previamente a las comunidades campesinas. Para el caso del proyecto minero Santa Ana, la empresa deberá realizar un procedimiento de consulta a la población antes de iniciar el proceso de explotación.
Mafia juega sus cartas para liberar a Fujimori
El Fujimorismo se jugará varias cartas para liberar a su líder, Alberto Fujimori, preso en la sede de la Diroes, pero su aplicación dependerá de los resultados de las elecciones del 5 de junio y al apoyo del gobierno, de acuerdo a expertos judiciales.
Una de ellas tiene que ver con las presiones que estarían realizando personajes del Fujimorismo y el APRA a funcionarios del Instituto de Medicina Legal para que redacten un informe que deje establecido que Fujimori padece de un “Cáncer terminal”, con el que se tramite el indulto días antes de la culminación del mandato de Alan García.
Tribunal ConstitucionalOtra de las cartas es la del hábeas corpus. Uno de ellos ya está jugado en el Tribunal Constitucional, en el que magistrados apristas y proFujimoristas se muestran a favor de la liberación del reo. Entre esos magistrados, se comenta, estaría incluso Gerardo Eto Cruz, quien fuera elegido con los votos del nacionalismo, pero que no dudó en redactar una sentencia por la que se separó del proceso por enriquecimiento ilícito al general Fujimorista Walter Chacón.
Pero el hábeas corpus no solo se trabajaría en el TC, sino en cualquier juzgado amigo si es que gana la hija del dictador el 5 de abril. A los pocos días que LA PRIMERA denunciara que está en marcha un plan para liberar a Fujimori utilizando argucias legales, el expresidente de la Corte Superior de la década de los 90, Alejandro Rodríguez Medrano, envió una carta al diario amenazando con denunciarnos por difamación.
En una larga carta el amigo de Vladimiro Montesinos explicaba, además, las razones por las que se debería anular el juicio al dictador. Señalaba que los jueces que lo sentenciaron habrían violado el principio del “juez natural” y por tanto la imparcialidad del proceso.
Si bien es verdad que en las normas judiciales existe lo que se denomina “el juez predeterminado por ley”, la Corte Suprema decidió que por la complejidad de los procesos que tenían que ver con la mafia que gobernó el país en los 90, el caso debía estar en manos de un juzgado especializado. Esta decisión fue ratificada por el TC anterior y organismos de justicia internacionales.
UsurpaciónEn la misiva, Rodríguez Medrano acusa de “usurpación de funciones” a los vocales César San Martín, Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo, quienes sustentaron la sentencia penal del caso. El amigo de Montesinos los acusa de usurpar funciones al asumir el juzgamiento pues, dice, no les correspondía asumir esa tarea, sino a los vocales que conformaban la Sala Penal Permanente de la Suprema.
Afirma que debieron ser los encargados de juzgar a Fujimori los vocales Robinson Gonzales Campos, Adolfo Barrientos Peña, Valentín Rojas Maraví y Julia Arellano Serquén, quienes conformaban la Sala Penal Permanente de la Suprema y algunos de los cuales tienen simpatía por el fujimorato.
Y considera irregular la resolución administrativa de la Presidencia del Poder Judicial 001-2009-P-PJ, del 5 de enero de 2009, firmada por Javier Villa Stein, que designó a los jueces titulares del juzgamiento del jefe de la mafia. Su argumento se basa en el artículo 17 del Código de Procedimientos Penales.
En su acusación también comprende al nuevo Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, “por haber permitido e intervenido en una Sala Penal Especial dispuesta por el Presidente del Poder Judicial y no por la Sala Penal Permanente”.
El “chino” también incluye en su denuncia al exfiscal Avelino Guillén, quien tuvo un rol importante en la sentencia.
Una de ellas tiene que ver con las presiones que estarían realizando personajes del Fujimorismo y el APRA a funcionarios del Instituto de Medicina Legal para que redacten un informe que deje establecido que Fujimori padece de un “Cáncer terminal”, con el que se tramite el indulto días antes de la culminación del mandato de Alan García.
Tribunal ConstitucionalOtra de las cartas es la del hábeas corpus. Uno de ellos ya está jugado en el Tribunal Constitucional, en el que magistrados apristas y proFujimoristas se muestran a favor de la liberación del reo. Entre esos magistrados, se comenta, estaría incluso Gerardo Eto Cruz, quien fuera elegido con los votos del nacionalismo, pero que no dudó en redactar una sentencia por la que se separó del proceso por enriquecimiento ilícito al general Fujimorista Walter Chacón.
Pero el hábeas corpus no solo se trabajaría en el TC, sino en cualquier juzgado amigo si es que gana la hija del dictador el 5 de abril. A los pocos días que LA PRIMERA denunciara que está en marcha un plan para liberar a Fujimori utilizando argucias legales, el expresidente de la Corte Superior de la década de los 90, Alejandro Rodríguez Medrano, envió una carta al diario amenazando con denunciarnos por difamación.
En una larga carta el amigo de Vladimiro Montesinos explicaba, además, las razones por las que se debería anular el juicio al dictador. Señalaba que los jueces que lo sentenciaron habrían violado el principio del “juez natural” y por tanto la imparcialidad del proceso.
Si bien es verdad que en las normas judiciales existe lo que se denomina “el juez predeterminado por ley”, la Corte Suprema decidió que por la complejidad de los procesos que tenían que ver con la mafia que gobernó el país en los 90, el caso debía estar en manos de un juzgado especializado. Esta decisión fue ratificada por el TC anterior y organismos de justicia internacionales.
UsurpaciónEn la misiva, Rodríguez Medrano acusa de “usurpación de funciones” a los vocales César San Martín, Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo, quienes sustentaron la sentencia penal del caso. El amigo de Montesinos los acusa de usurpar funciones al asumir el juzgamiento pues, dice, no les correspondía asumir esa tarea, sino a los vocales que conformaban la Sala Penal Permanente de la Suprema.
Afirma que debieron ser los encargados de juzgar a Fujimori los vocales Robinson Gonzales Campos, Adolfo Barrientos Peña, Valentín Rojas Maraví y Julia Arellano Serquén, quienes conformaban la Sala Penal Permanente de la Suprema y algunos de los cuales tienen simpatía por el fujimorato.
Y considera irregular la resolución administrativa de la Presidencia del Poder Judicial 001-2009-P-PJ, del 5 de enero de 2009, firmada por Javier Villa Stein, que designó a los jueces titulares del juzgamiento del jefe de la mafia. Su argumento se basa en el artículo 17 del Código de Procedimientos Penales.
En su acusación también comprende al nuevo Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, “por haber permitido e intervenido en una Sala Penal Especial dispuesta por el Presidente del Poder Judicial y no por la Sala Penal Permanente”.
El “chino” también incluye en su denuncia al exfiscal Avelino Guillén, quien tuvo un rol importante en la sentencia.
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