No había que ser adivino para saber lo que preví con rigurosa precisión en tres Reflexiones que publiqué en el sitio Web CubaDebate, entre el 21 de febrero y el 3 de marzo: “El plan de la OTAN es ocupar Libia”, “Danza macabra de cinismo”, y “La Guerra inevitable de la OTAN”.
Ni siquiera los líderes fascistas de Alemania e Italia fueron tan sumamente descarados a raíz de la Guerra Civil Española desatada en 1936, un episodio que muchos tal vez hayan recordado en estos días.
Han transcurrido desde entonces casi exactamente 75 años; pero nada que pueda parecerse a los cambios que han tenido lugar en 75 siglos, o si lo desean, en 75 milenios de la vida humana en nuestro planeta.
A veces parece que, quienes serenamente opinamos sobre estos temas, somos exagerados. Me atrevería a decir que más bien somos ingenuos cuando suponemos que todos deberíamos ser conscientes del engaño o la colosal ignorancia a la que ha sido arrastrada la humanidad.
Existía en 1936 un intenso enfrentamiento entre dos sistemas y dos ideologías aproximadamente equiparadas en su poder militar.
Las armas entonces parecían de juguete comparadas con las actuales. La humanidad tenía garantizada la supervivencia, a pesar del poder destructivo y localmente mortífero de las mismas. Ciudades enteras, e incluso naciones, podían ser virtualmente arrasadas. Pero jamás los seres humanos, en su totalidad, podían ser varias veces exterminados por el estúpido y suicida poder desarrollado por las ciencias y las tecnologías actuales.
Partiendo de estas realidades, son bochornosas las noticias que se transmiten continuamente sobre el empleo de potentes cohetes dirigidos por láser, de total precisión; cazabombarderos que duplican la velocidad del sonido; potentes explosivos que hacen estallar metales endurecidos con uranio, cuyo efecto sobre los pobladores y sus descendientes perdura por tiempo indefinido.
Cuba expuso en la reunión de Ginebra su posición respecto al problema interno de Libia. Defendió sin vacilar la idea de una solución política al conflicto en ese país, y se opuso categóricamente a cualquier intervención militar extranjera.
En un mundo donde la alianza de Estados Unidos y las potencias capitalistas desarrolladas de Europa se adueña cada vez más de los recursos y el fruto del trabajo de los pueblos, cualquier ciudadano honesto, sea cual fuere su posición ante el gobierno, se opondría a la intervención militar extranjera en su Patria.
Lo más absurdo de la situación actual es que antes de iniciarse la brutal guerra en el Norte de África, en otra región del mundo, a casi 10.000 kilómetros de distancia, se había producido un accidente nuclear en uno de los puntos más densamente poblados del planeta tras un tsunami provocado por un terremoto de magnitud 9 que a un país laborioso como Japón ha costado ya casi 30.000 víctimas fatales. Tal accidente no habría podido producirse 75 años antes.
En Haití, un país pobre y subdesarrollado, un terremoto de apenas 7 grados en la escala de Richter ocasionó más de 300.000 muertos, incontables heridos y cientos de miles de lesionados.
Sin embargo, lo terriblemente trágico en Japón fue el accidente en la planta electronuclear de Fukushima, cuyas consecuencias están todavía por determinarse.
Citaré solo algunos titulares de las agencias noticiosas:
“ANSA.- La central nuclear de Fukushima 1 está difundiendo “radiaciones extremadamente fuertes, potencialmente letales”, dijo Gregory Jaczko, jefe de la Nuclear Regulatory Commission (NRC), el ente nuclear estadounidense.”
“EFE.- La amenaza nuclear por la crítica situación de una central en Japón tras el sismo, ha disparado las revisiones de la seguridad de las plantas atómicas en el mundo y ha llevado a algunos países a paralizar sus planes.”
“Reuters.- El devastador terremoto de Japón y la profundización de la crisis nuclear podría generar pérdidas de hasta 200.000 millones de dólares en su economía, pero el impacto global es difícil de evaluar por el momento.”
“EFE.- El deterioro de un reactor tras otro en la central de Fukushima siguió alimentando hoy el temor a un desastre nuclear en Japón, sin que los desesperados intentos para controlar una fuga radiactiva abrieran un resquicio a la esperanza.”
“AFP.- Emperador Akihito expresa preocupación por el carácter imprevisible de la crisis nuclear que golpea a Japón tras el sismo y el tsunami que mataron a miles de personas y dejaron a 500.000 sin hogar. Reportan nuevo terremoto en la región de Tokio.”
Hay despachos que hablan de temas más preocupantes todavía. Algunos mencionan la presencia de yodo radiactivo tóxico en el agua de Tokio, que duplica la cantidad tolerable que pueden consumir los niños más pequeños en la capital japonesa. Uno de los despachos habla de que las reservas de agua embotellada se están agotando en Tokio, ciudad ubicada en una prefectura a más de 200 kilómetros de Fukushima.
Este conjunto de circunstancias determina una situación dramática para nuestro mundo.
Puedo expresar mis puntos de vista sobre la guerra en Libia con entera libertad.
No comparto con el líder de ese país concepciones políticas o de carácter religioso. Soy marxista-leninista y martiano, como ya he expresado.
Veo a Libia como un miembro del Movimiento de Países No Alineados y un Estado soberano de los casi 200 de la Organización de las Naciones Unidas.
Jamás un país grande o pequeño, en este caso de apenas 5 millones de habitantes, fue víctima de un ataque tan brutal por la fuerza aérea de una organización belicista que cuenta con miles de cazabombarderos, más de 100 submarinos, portaaviones nucleares, y suficiente arsenal para destruir numerosas veces el planeta. Tal situación jamás la conoció nuestra especie y no existía nada parecido hace 75 años cuando los bombarderos nazis atacaron objetivos en España.
Ahora, sin embargo, la desprestigiada y criminal OTAN escribirá una “bella” historieta sobre su “humanitario” bombardeo.
Si Gadafi hace honor a las tradiciones de su pueblo y decide combatir, como ha prometido, hasta el último aliento junto a los libios que están enfrentando los peores bombardeos que jamás sufrió un país, hundirá en el fango de la ignominia a la OTAN y sus criminales proyectos.
Los pueblos respetan y creen en los hombres que saben cumplir el deber.
Hace más de 50 años, cuando Estados Unidos asesinó a más de cien cubanos con la explosión del mercante “La Coubre”, nuestro pueblo proclamó “Patria o Muerte”. Ha cumplido, y ha estado siempre dispuesto a cumplir su palabra.
“Quien intente apoderarse de Cuba -exclamó el más glorioso combatiente de nuestra historia- solo recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre”.
Ruego se me excuse la franqueza con la que abordo el tema.
martes, 29 de marzo de 2011
malditos yanquis asesinos......
Publican nuevas fotos de los asesinatos “por diversión” de soldados estadounidenses en Afganistán
La semana pasada, la revista alemana Der Spiegel fue la primera en publicar tres fotografías de un grupo de soldados estadounidenses que, entre juergas y drogas, posó con los cádaveres de afganos inocentes que habían matado.
El artículo de Der Spiegel era ya suficientemente inquietante, con fotos de varios soldados de EEUU que sostienen la cabeza de un cadáver, y otra foto de dos hombres afganos muertos, encubriendo los rostros de las víctimas.
17 fotos más han sido publicadas por la revista Rolling Stone este domingo (esta vez sin borrar los rostros de las víctimas) llevando el terror a un nivel superior.
El artículo de la revista Rolling Stone que acompaña las fotos se titula “The Kill Team Photos” (Las fotos del equipo de matar).
Una foto muestra a soldados de la 5 ª Brigada Mixta Base de Lewis-McChord de Stryker siguiendo el protocolo militar y cortando la ropa de Gul Mudin, un campesino afgano.
Un sonriente Capitán Jeremy Morlock y el soldado Andrew Holmes aparecen mostrando la cabeza de Mudin sostenida por el pelo, y posando con su cadáver en otras imágenes.
Otra foto muestra a un afgano que había sido apuñalado por el “Kill Team”.
La revista también señaló que el Ejército ha estado tratando de eliminar las pruebas de mala conducta del Tercer Pelotón. Una foto que puede haber sido tomada por otro pelotón muestra a dos hombres afganos muertos amarrados y colocados junto a una carretera.
Un cartel en el cuello de un cadáver dice: “los talibanes están muertos.”
Los fiscales del Ejército insisten en que la culpa de las muertes corresponde a Calvin Gibbs, jefe de escuadra en el Tercer Pelotón. Morlock, junto con otros cinco soldados, se declaró culpable la semana pasada de delitos menores a cambio de su testimonio.
Morlock ha sido condenado a 24 años de prisión.
La semana pasada, la revista alemana Der Spiegel fue la primera en publicar tres fotografías de un grupo de soldados estadounidenses que, entre juergas y drogas, posó con los cádaveres de afganos inocentes que habían matado.
El artículo de Der Spiegel era ya suficientemente inquietante, con fotos de varios soldados de EEUU que sostienen la cabeza de un cadáver, y otra foto de dos hombres afganos muertos, encubriendo los rostros de las víctimas.
17 fotos más han sido publicadas por la revista Rolling Stone este domingo (esta vez sin borrar los rostros de las víctimas) llevando el terror a un nivel superior.
El artículo de la revista Rolling Stone que acompaña las fotos se titula “The Kill Team Photos” (Las fotos del equipo de matar).
Una foto muestra a soldados de la 5 ª Brigada Mixta Base de Lewis-McChord de Stryker siguiendo el protocolo militar y cortando la ropa de Gul Mudin, un campesino afgano.
Un sonriente Capitán Jeremy Morlock y el soldado Andrew Holmes aparecen mostrando la cabeza de Mudin sostenida por el pelo, y posando con su cadáver en otras imágenes.
Otra foto muestra a un afgano que había sido apuñalado por el “Kill Team”.
La revista también señaló que el Ejército ha estado tratando de eliminar las pruebas de mala conducta del Tercer Pelotón. Una foto que puede haber sido tomada por otro pelotón muestra a dos hombres afganos muertos amarrados y colocados junto a una carretera.
Un cartel en el cuello de un cadáver dice: “los talibanes están muertos.”
Los fiscales del Ejército insisten en que la culpa de las muertes corresponde a Calvin Gibbs, jefe de escuadra en el Tercer Pelotón. Morlock, junto con otros cinco soldados, se declaró culpable la semana pasada de delitos menores a cambio de su testimonio.
Morlock ha sido condenado a 24 años de prisión.
Obama y las “Damas de blanco”: el dato que no dio AFP
El 13 de marzo la agencia AFP emitía desde La Habana un despacho en que recogía las declaraciones de la señora Laura Pollán, a la que France Press identifica como “líder” de las llamadas Damas de Blanco, anunciando que no realizarían su habitual “marcha” si los tres “opositores” que quedaban en prisión del grupo de 75 sancionados por los tribunales cubanos en 2003 y que supuestamente constituían el objetivo de sus reclamos dominicales eran liberados antes de esa fecha.
“Esperamos que antes del 18 de marzo sean liberados todos (día en que conmemoran el aniversario de las detenciones), de no ser así, ellos (el gobierno) saben que será un día de marcha por cada uno”, dijo Pollán a AFP. No antes del 18, porque ningún gobierno que se precie de serlo acepta chantajes, pero el miércoles 23 de marzo ya no quedaba en prisión ninguno de los condenados por conspirar bajo las órdenes de James Cason con la representación diplomática norteamericana en La Habana.
Sin embargo, el domingo 27, un nuevo reporte de AFP daba cuenta de que la misma señora “dijo que “todavía hay un buen rato para las Damas de Blanco”, y que seguirán reclamando “la libertad de los presos” que no pertenecen al grupo de los 75 y velar porque se respeten los derechos humanos en la isla”.
Cuáles presos, se pregunta uno, porque los únicos individuos que permanecen en prisión por causas que manipuladamente pueden presentarse como políticas son responsables de actos terroristas asociados a secuestros de embarcaciones y muertes de personas con el objetivo de emigrar. ¿O es que ocurrió algo entre el 13 y el 27 de marzo que modificó el propósito de la mediática agrupación?
La respuesta nos la da el propio cable de France Press: “Pollán consideró “muy bonito” que el presidente norteamericano Barack Obama haya reconocido la lucha del grupo que encabeza, en el discurso que pronunció el pasado lunes en Chile, en el marco de una gira por América Latina” Y qué dijo Obama en su discurso en Santiago de Chile, pues el hombre que venía de autorizar desde Brasil los bombardeos a Libia utilizó el verbo marchar en presente y dijo que las amigas de Pollán “marchan”, no dijo “marcharon”, ni usó el past perfect para referirse a los provocativos paseos que supervisan sus diplomáticos en la Isla. Nada, un pequeño dato que se le ha escapado a AFP, que cierra su despacho diciendo que “La Habana califica a las Damas de Blanco y al resto de la oposición de “mercenarios” de Estados Unidos” pero sin decir por qué.
Fuente: http://lapupilainsomne.wordpress.com/2011/03/28/obama-y-las-damas-de-blanco-el-dato-que-no-dio-afp/
“Esperamos que antes del 18 de marzo sean liberados todos (día en que conmemoran el aniversario de las detenciones), de no ser así, ellos (el gobierno) saben que será un día de marcha por cada uno”, dijo Pollán a AFP. No antes del 18, porque ningún gobierno que se precie de serlo acepta chantajes, pero el miércoles 23 de marzo ya no quedaba en prisión ninguno de los condenados por conspirar bajo las órdenes de James Cason con la representación diplomática norteamericana en La Habana.
Sin embargo, el domingo 27, un nuevo reporte de AFP daba cuenta de que la misma señora “dijo que “todavía hay un buen rato para las Damas de Blanco”, y que seguirán reclamando “la libertad de los presos” que no pertenecen al grupo de los 75 y velar porque se respeten los derechos humanos en la isla”.
Cuáles presos, se pregunta uno, porque los únicos individuos que permanecen en prisión por causas que manipuladamente pueden presentarse como políticas son responsables de actos terroristas asociados a secuestros de embarcaciones y muertes de personas con el objetivo de emigrar. ¿O es que ocurrió algo entre el 13 y el 27 de marzo que modificó el propósito de la mediática agrupación?
La respuesta nos la da el propio cable de France Press: “Pollán consideró “muy bonito” que el presidente norteamericano Barack Obama haya reconocido la lucha del grupo que encabeza, en el discurso que pronunció el pasado lunes en Chile, en el marco de una gira por América Latina” Y qué dijo Obama en su discurso en Santiago de Chile, pues el hombre que venía de autorizar desde Brasil los bombardeos a Libia utilizó el verbo marchar en presente y dijo que las amigas de Pollán “marchan”, no dijo “marcharon”, ni usó el past perfect para referirse a los provocativos paseos que supervisan sus diplomáticos en la Isla. Nada, un pequeño dato que se le ha escapado a AFP, que cierra su despacho diciendo que “La Habana califica a las Damas de Blanco y al resto de la oposición de “mercenarios” de Estados Unidos” pero sin decir por qué.
Fuente: http://lapupilainsomne.wordpress.com/2011/03/28/obama-y-las-damas-de-blanco-el-dato-que-no-dio-afp/
Mercenarios españoles combaten en Libia junto a los rebeldes
Desde hace al menos una semana, un nutrido grupo de contratistas de la empresa Gibraltareña compuesta por Españoles SGSI Group se encuentra luchando en Libia contra las tropas gubernamentales de el Coronel Gadafi. Al parecer, estos se habrían desplazado desde Malta, para recuperar y poner a salvo a uno grupo de técnicos expatriados de una conocida compañía petrolífera. Tras de lo cual y habiendo llegado a un acuerdo con los jefes del mando rebelde se habrían comprometido con este gobierno en ayudarles a formar pelotones para actuar contra los carros de combate y las tropas estatales. Parece ser que han logrado desplazar material militar para abastecer a su equipo y a los rebeldes a los que entrenan desde su base en Cesaréa Israel.
El propietario de la empresa Víctor González, es un viejo conocido de el General Israel Viz, a cuyo servicio ya habría servido en el pasado. Israel Viz es un militar israelí retirado que se ha estado dedicando entre otras cosas a formar para SGSI Group a personal de inteligencia en Guinea ecuatorial. Mientras que Israel Viz habría estado coordinado a Mercenarios en Libia que ahora están cumpliendo funciones de francotiradores, Víctor González habría aceptado cumplir con la misión de eliminar a los mismos con sus propios francotiradores. De este modo si Gadafi gana Israel Viz seguirá trabajando para su régimen, haciendo ver los logros, de sus mercenarios. Y si Gadafi pierde, haría púbico el acuerdo llegado con el SGSI, por lo que aún podría demostrar que sus lealtades estaban con los rebeldes y con la coalición. Un claro ejemplo más de lo prácticos que pueden llegar a ser los israelíes en las contiendas actuales, siempre sacando partido.
Esta misión de eliminación de objetivos, habría empezado en Bengazi, y se estaría desarrollando ahora mismo en Misurata. Según fuentes rebeldes al menos ocho francotiradores habrían sido eliminados solo durante el primer día en Bengazi. La empresa SGSI lleva mas de diez años asesorando en cuestiones de seguridad al gobierno de Guinea Ecuatorial al que dicen ha montado su propio servicio de inteligencia. Se dice que ante una llamada del entonces gobierno de José María Aznar, pidiéndole su colaboración antes del intento de golpe del 2004, el propietario de la empresa, habría llamado él mismo a un contacto del gobierno Angoleño para que pusiesen en marcha el bloqueo de dicho golpe [1]. Víctor González que tiene un pasado de lo mas oscuro, se dice que ha llegado a estar huido de la justicia de su propio país aprovechando su condición diplomática Guineana, cuenta con una empresa paralela en España que tiene los permisos y parabienes del ministerio de defensa para la venta y comercialización de armamento en España. La pregunta ahora es, ¿Es conocedor el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de las actividades que sus compatriotas desempeñan ahora mismo en Libia? España que tiene incluido en su código penal un artículo contra los mercenarios, debería ser mucho más seria a la hora de controlar las actividades que los mismos, en su mayoría formados dentro del seno de su propio ejército. Lo más curioso del caso es que durante décadas, el material militar español ha sido vendido sin reparo alguno al gobierno de Libia y que posiblemente esta misma empresa haya mediado en la compra-venta del mismo.
SGSI Group tiene a su mecenazgo un grupo de luchadores contra Al Qaeda en Somalia llamado Ahlu Sugnat national salvation forces. Al parecer este grupo se habría puesto en contacto con SGSI durante una operación que esta empresa protagonizó el pasado año en Somalia, contra un grupo de terroristas que habrían secuestrado un barco alemán de un armador cliente. En un intento de conseguir ayuda por parte del gobierno de Israel el responsable de este auto proclamado cuerpo de salvación somalí habría llegado a un acuerdo de colaboración, armamento y entrenamiento a cambio de información privilegiada sobre los piratas locales. Se conocen operaciones de este mismo estilo así como de protección llevadas a cabo por SGSI Group en Iraq, Afganistán y Pakistán.
Un pingüe negocio una vez mas para estas oscuras fuerzas que operan a su antojo.
El propietario de la empresa Víctor González, es un viejo conocido de el General Israel Viz, a cuyo servicio ya habría servido en el pasado. Israel Viz es un militar israelí retirado que se ha estado dedicando entre otras cosas a formar para SGSI Group a personal de inteligencia en Guinea ecuatorial. Mientras que Israel Viz habría estado coordinado a Mercenarios en Libia que ahora están cumpliendo funciones de francotiradores, Víctor González habría aceptado cumplir con la misión de eliminar a los mismos con sus propios francotiradores. De este modo si Gadafi gana Israel Viz seguirá trabajando para su régimen, haciendo ver los logros, de sus mercenarios. Y si Gadafi pierde, haría púbico el acuerdo llegado con el SGSI, por lo que aún podría demostrar que sus lealtades estaban con los rebeldes y con la coalición. Un claro ejemplo más de lo prácticos que pueden llegar a ser los israelíes en las contiendas actuales, siempre sacando partido.
Esta misión de eliminación de objetivos, habría empezado en Bengazi, y se estaría desarrollando ahora mismo en Misurata. Según fuentes rebeldes al menos ocho francotiradores habrían sido eliminados solo durante el primer día en Bengazi. La empresa SGSI lleva mas de diez años asesorando en cuestiones de seguridad al gobierno de Guinea Ecuatorial al que dicen ha montado su propio servicio de inteligencia. Se dice que ante una llamada del entonces gobierno de José María Aznar, pidiéndole su colaboración antes del intento de golpe del 2004, el propietario de la empresa, habría llamado él mismo a un contacto del gobierno Angoleño para que pusiesen en marcha el bloqueo de dicho golpe [1]. Víctor González que tiene un pasado de lo mas oscuro, se dice que ha llegado a estar huido de la justicia de su propio país aprovechando su condición diplomática Guineana, cuenta con una empresa paralela en España que tiene los permisos y parabienes del ministerio de defensa para la venta y comercialización de armamento en España. La pregunta ahora es, ¿Es conocedor el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de las actividades que sus compatriotas desempeñan ahora mismo en Libia? España que tiene incluido en su código penal un artículo contra los mercenarios, debería ser mucho más seria a la hora de controlar las actividades que los mismos, en su mayoría formados dentro del seno de su propio ejército. Lo más curioso del caso es que durante décadas, el material militar español ha sido vendido sin reparo alguno al gobierno de Libia y que posiblemente esta misma empresa haya mediado en la compra-venta del mismo.
SGSI Group tiene a su mecenazgo un grupo de luchadores contra Al Qaeda en Somalia llamado Ahlu Sugnat national salvation forces. Al parecer este grupo se habría puesto en contacto con SGSI durante una operación que esta empresa protagonizó el pasado año en Somalia, contra un grupo de terroristas que habrían secuestrado un barco alemán de un armador cliente. En un intento de conseguir ayuda por parte del gobierno de Israel el responsable de este auto proclamado cuerpo de salvación somalí habría llegado a un acuerdo de colaboración, armamento y entrenamiento a cambio de información privilegiada sobre los piratas locales. Se conocen operaciones de este mismo estilo así como de protección llevadas a cabo por SGSI Group en Iraq, Afganistán y Pakistán.
Un pingüe negocio una vez mas para estas oscuras fuerzas que operan a su antojo.
La crisis política en Libia
Hace poco menos de un mes, al referirnos al drama político que se vivía en la Jamahiriya Árabe Libia, mejor conocida en Occidente sencillamente como Libia, describíamos el torbellino político en el cual elementos desafectos del gobierno comenzaban a levantarse contra las instituciones políticas existentes llevando al país a una eventual guerra civil. A escala internacional, el ex vice Embajador en la Organización de las Naciones Unidas de Libia, Ibrahim Dabbashi, solicitaba la intervención de la comunidad internacional en los asuntos internos de su país, mientras Casa Blanca y el Consejo de Seguridad de Estados Unidos reclamaban poner fin a un llamado “baño de sangre” surgido como respuesta del Gobierno a las protestas promovidas por grupos opositores en la región de Cirenaica y algunas ciudades occidentales del país. Ha transcurrido poco más de un mes desde aquel momento. Lo anticipado entonces por Fidel Castro en una de sus Reflexiones a los efectos de que a “Estados Unidos no le preocupa en absoluto la paz en Libia, y no vacilará en dar a la OTAN la orden de invadir ese rico país, tal vez en cuestión de horas o muy breves días”, es cada vez un resultado inminente.
En efecto, Fidel tuvo una vez más razón en sus análisis. La guerra civil se ha desatado mientras las potencias occidentales, particularmente aquellas con larga tradición imperialista como lo son Estados Unidos, Francia, Inglaterra y España, dan pasos cada vez más comprometedores en una aventura militar cuyas consecuencias son impredecibles. A pesar de que entre los países de la OTAN apenas recientemente se ha tomado una decisión final sobre el alcance de su intervención en el conflicto bélico interno de Libia, previo a tal decisión han sido ya son cientos o quizás miles los misiles lanzados contra objetivos militares, gubernamentales y civiles en Libia. En claro menosprecio de la soberanía de este país, incluso sin el apoyo de algunos de los países que conforman esta alianza militar como son Alemania e Italia, bajo la conducción del águila imperial estadounidense se dirigen hoy las operaciones militares contra el gobierno legítimo de Libia y su pueblo.
Las operaciones militares se han dado en clara y abierta violación de las normas de derecho internacional vigentes. La Resolución 1973, adoptada el 17 de marzo de 2011, (luego de otra adoptada el 26 de febrero) por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, contrario a lo que se ha pretendido establecer, no avala las operaciones militares desatadas.
El Consejo de la Liga de Estados Árabes adoptó la decisión el 12 de marzo de pedir el establecimiento de una zona de prohibición de vuelos de la aviación militar en Libia en su propio espacio aéreo y establecer zonas de protección para la población libia y extranjera. El 16 de marzo el Secretario General de la ONU hizo un llamamiento a favor de un cese de fuego mientras la Liga de Estados Árabes, la Unión Africana y el Secretario General de la Organización de la Conferencia Islámica, emitieron comunicados denunciando violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Libia.
Este tipo de situación no es nuevo en el debate internacional. Han sido muchas las ocasiones en que voces de denuncia provenientes de la comunidad internacional se han pronunciado, por ejemplo, señalando la conducta del estado de Israel en los territorios de Gaza y Cisjordania y las múltiples violaciones de derechos al pueblo palestino. Sin embargo, la respuesta de estos mismos países occidentales hacia Israel no ha sido el desarrollo de la respuesta militar como la lanzada contra Libia, sino el respaldo de sus acciones, incluso con ejerciendo el poder de veto ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
A pesar de que el texto de la Resolución 1973 específicamente reafirma el compromiso del Consejo de Seguridad con “la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la unidad nacional” de Libia, las acciones militares desarrolladas contra este país han sido violatorias de su soberanía nacional e independencia, mientras funcionarios como el Primer Ministro de Inglaterra, proponen la división del país en dos países, afectando así su integridad y unidad nacional. De hecho, es importante destacar que la parte de la Resolución del Consejo de Seguridad que menciona a prohibición de todos los vuelos en el espacio aéreo libio, salvo aquellos que lleven ayuda humanitaria, material médico, alimentos, trabajadores humanitarios o en ayuda por la evacuación de ciudadanos, no contempla el desarrollo de bombardeos sistemáticos contra la infraestructura del país, incluyendo objetivos civiles. Aquí sencillamente, Francia, Estados Unidos, Inglaterra y España han diseñado una estrategia dirigida al derrocamiento del gobierno libio y a su eventual sustitución por un gobierno más afín a sus intereses, incluyendo la eventualidad de dividir el país en dos partes, tal como ocurrió, aunque por otros métodos, en Sudán. El objetivo que persiguen es establecer un control efectivo sobre los recursos naturales de petróleo y gas de este país norafricano.
En el proceso de aprobación de la referida Resolución 1973, países como Rusia y China, ambos con poder de veto dentro del Consejo de Seguridad se abstuvieron, al igual que hicieron India Brasil y Alemania. La operación militar de los países imperialistas occidentales contra Libia bajo el nombre Odisea del Amanecer, de la cual participan buques de guerra, aviación, fuerzas especiales enviadas a tierra y submarinos atómicos, no es sino el preludio de una intervención mucho más complicada que nos recuerda en 1993 lo ocurrido en la región del Golfo bajo las operaciones militares que llevaron a la Guerra contra Iraq, a saber Escudo del Desierto y Tormenta del Desierto.
De acuerdo con Michel Chossudovsky, en un artículo escrito para Global Research bajo el título Insurrección e intervención militar en Libia, las “fuerzas especiales y los asesores de la OTAN” estaban ya estaban sobre el terreno antes de ordenarse las acciones militares. “La operación se planeó para hacerla coincidir con el movimiento de protesta en los países árabes vecinos, haciéndosele creer a la opinión pública que el movimiento de protesta se había extendido de forma espontánea a Libia desde Túnez y Egipto.” A paso seguido, el autor coincide con otras opiniones sobre el tema a los efectos de que la Administración Obama lo que persigue es dar un golpe de estado en Libia.
De acuerdo con Chossudovsky, la presencia de fuerzas especiales quedó al descubierto tras la denuncia del periódico Sunday Times, indicando que un grupo de seis comandos de las fuerzas especiales británicas fueron capturados en la región de Benghazi mientras intentaban “poner en contacto a diplomáticos británicos con los principales opositores al Coronel Gadafi en Libia.”
El 25 de marzo fue convocada la Unión Africana a una reunión en la capital de Etiopía, junto con la Liga Árabe, la Conferencia Islámica, la Unión Europea y las Naciones Unidas para discutir los recientes acontecimientos. De hecho, a poco del inicio de los bombardeos contra Libia, el Secretario General de la Liga Árabe, quien respaldó en un inicio la creación de una zona de exclusión aérea sobre territorio nacional libio, manifestó sus críticas a la alianza internacional por sus acciones contra el gobierno libio por entender que los ataques militares perpetrados “no han recibido la autorización de la comunidad internacional” y exceden la zona de protección aérea para los civiles insurgentes.
Mientras el periódico Wall Street Journal, denuncia que Egipto, con la anuencia de Estados Unidos, ha estado enviando armas a la oposición libia, países árabes como Siria, Argelia, Yemen y Sudán cuestionaron la decisión de la Liga Árabe de en un principio, apoyar las medidas adoptadas por la Alianza Internacional creyendo que no llegarían al extremo de bombardear Libia. Todo parece indicar que las palabras del General estadounidense James Mattis, oficial militar a cargo de Comando Central de Estados Unidos (USCENTCOM) son cada vez más una realidad en el norte de África. El 5 de marzo de 2011, al describir el alcance de la campaña para establecer una zona de exclusión aérea, indicó lo siguiente: “Sería una operación militar, no bastaría con decirle a la gente que no volasen aviones. Habría que anular toda la capacidad de defensa aérea para establecer esa zona de exclusión aérea, pensar otra cosa es hacerse falsas ilusiones.”
Recientemente el periódico El Nuevo Día, en su edición dominical de 27 de marzo de 2011, publica una columna escrita por Thomas L. Friedman bajo el título Tribus sin banderas en la cual cita a David Kirkpatrick, Director de The Times, en relación con la discusión de qué acontece realmente en Libia. Allí nos indica: “La interrogante ha estado flotando en el aire acerca de la rebelión libia desde el momento en que el primer jefe de la unidad de tanques desertó para unirse a sus compatriotas que protestaban en las calles de Benghazi: ¿Es la batalla por Libia el choque de un dictador brutal contra una oposición democrática, o es fundamentalmente una guerra civil tribal?” Más adelante el autor de la columna nos indica que en el contexto de los estados árabes, se puede distinguir entre aquellos que él llama “países verdaderos”, que son aquellos con un largo historial en su territorio y sobre el cual se formo una identidad nacional; y aquellos que denomina “tribus con banderas”, que no son sino estados artificiales, cuyas fronteras fueron determinadas por las potencias coloniales y que han atrapado dentro de sus fronteras tribus que en ningún momento determinaron, a través de un largo proceso histórico convivir juntas como ciudadanos de un mismo estado, país o nación. A esta última categoría, según autor, pertenece Libia, país cuyas fronteras modernas son el resultado de una decisión del imperio británico una vez concluye su mandato sobre el territorio ocupado en el curso de la Segunda Guerra Mundial.
La política exterior de Estados Unidos y las demás potencias imperialistas que les acompañan en esta aventura guerrerista no se orienta por principios sino por meros intereses económicos y políticos. De nada valen sus argumentos sobre la alegada realidad en que se encuentra la población libia o su preocupación por víctimas civiles. De hecho, los nuevos avances que se adjudican a las fuerzas rebeldes en los pasados días, recuperando lugares de donde habían sido expulsados por fuerzas leales al gobierno, ha sido el resultado del apoyo aéreo y naval de las fuerzas de la OTAN sobre las ciudades donde se encuentran civiles, muchos de los cuales han caído como resultado de los bombardeos de la llamada “alianza internacional”. Mañana los países de la OTAN dividirán el país, se quedarán con los recursos naturales en la región de Cirenaica, impondrán un nuevo gobierno y, eventualmente, veremos cómo los nuevos regentes del nuevo estado político que de allí surja, mantendrán la opresión contra sus habitantes y el saqueo de los recursos naturales del país. Así es el imperialismo. Por eso cada día es importante, sobre todo para aquellos y aquellas que nos oponemos a las guerras e intervenciones extranjeras violatorias de la soberanía nacional de los pueblos, recordar al Ché cuando nos decía que en el imperialismo no se podía confiar “ni un tantito así”.
En efecto, Fidel tuvo una vez más razón en sus análisis. La guerra civil se ha desatado mientras las potencias occidentales, particularmente aquellas con larga tradición imperialista como lo son Estados Unidos, Francia, Inglaterra y España, dan pasos cada vez más comprometedores en una aventura militar cuyas consecuencias son impredecibles. A pesar de que entre los países de la OTAN apenas recientemente se ha tomado una decisión final sobre el alcance de su intervención en el conflicto bélico interno de Libia, previo a tal decisión han sido ya son cientos o quizás miles los misiles lanzados contra objetivos militares, gubernamentales y civiles en Libia. En claro menosprecio de la soberanía de este país, incluso sin el apoyo de algunos de los países que conforman esta alianza militar como son Alemania e Italia, bajo la conducción del águila imperial estadounidense se dirigen hoy las operaciones militares contra el gobierno legítimo de Libia y su pueblo.
Las operaciones militares se han dado en clara y abierta violación de las normas de derecho internacional vigentes. La Resolución 1973, adoptada el 17 de marzo de 2011, (luego de otra adoptada el 26 de febrero) por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, contrario a lo que se ha pretendido establecer, no avala las operaciones militares desatadas.
El Consejo de la Liga de Estados Árabes adoptó la decisión el 12 de marzo de pedir el establecimiento de una zona de prohibición de vuelos de la aviación militar en Libia en su propio espacio aéreo y establecer zonas de protección para la población libia y extranjera. El 16 de marzo el Secretario General de la ONU hizo un llamamiento a favor de un cese de fuego mientras la Liga de Estados Árabes, la Unión Africana y el Secretario General de la Organización de la Conferencia Islámica, emitieron comunicados denunciando violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Libia.
Este tipo de situación no es nuevo en el debate internacional. Han sido muchas las ocasiones en que voces de denuncia provenientes de la comunidad internacional se han pronunciado, por ejemplo, señalando la conducta del estado de Israel en los territorios de Gaza y Cisjordania y las múltiples violaciones de derechos al pueblo palestino. Sin embargo, la respuesta de estos mismos países occidentales hacia Israel no ha sido el desarrollo de la respuesta militar como la lanzada contra Libia, sino el respaldo de sus acciones, incluso con ejerciendo el poder de veto ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
A pesar de que el texto de la Resolución 1973 específicamente reafirma el compromiso del Consejo de Seguridad con “la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la unidad nacional” de Libia, las acciones militares desarrolladas contra este país han sido violatorias de su soberanía nacional e independencia, mientras funcionarios como el Primer Ministro de Inglaterra, proponen la división del país en dos países, afectando así su integridad y unidad nacional. De hecho, es importante destacar que la parte de la Resolución del Consejo de Seguridad que menciona a prohibición de todos los vuelos en el espacio aéreo libio, salvo aquellos que lleven ayuda humanitaria, material médico, alimentos, trabajadores humanitarios o en ayuda por la evacuación de ciudadanos, no contempla el desarrollo de bombardeos sistemáticos contra la infraestructura del país, incluyendo objetivos civiles. Aquí sencillamente, Francia, Estados Unidos, Inglaterra y España han diseñado una estrategia dirigida al derrocamiento del gobierno libio y a su eventual sustitución por un gobierno más afín a sus intereses, incluyendo la eventualidad de dividir el país en dos partes, tal como ocurrió, aunque por otros métodos, en Sudán. El objetivo que persiguen es establecer un control efectivo sobre los recursos naturales de petróleo y gas de este país norafricano.
En el proceso de aprobación de la referida Resolución 1973, países como Rusia y China, ambos con poder de veto dentro del Consejo de Seguridad se abstuvieron, al igual que hicieron India Brasil y Alemania. La operación militar de los países imperialistas occidentales contra Libia bajo el nombre Odisea del Amanecer, de la cual participan buques de guerra, aviación, fuerzas especiales enviadas a tierra y submarinos atómicos, no es sino el preludio de una intervención mucho más complicada que nos recuerda en 1993 lo ocurrido en la región del Golfo bajo las operaciones militares que llevaron a la Guerra contra Iraq, a saber Escudo del Desierto y Tormenta del Desierto.
De acuerdo con Michel Chossudovsky, en un artículo escrito para Global Research bajo el título Insurrección e intervención militar en Libia, las “fuerzas especiales y los asesores de la OTAN” estaban ya estaban sobre el terreno antes de ordenarse las acciones militares. “La operación se planeó para hacerla coincidir con el movimiento de protesta en los países árabes vecinos, haciéndosele creer a la opinión pública que el movimiento de protesta se había extendido de forma espontánea a Libia desde Túnez y Egipto.” A paso seguido, el autor coincide con otras opiniones sobre el tema a los efectos de que la Administración Obama lo que persigue es dar un golpe de estado en Libia.
De acuerdo con Chossudovsky, la presencia de fuerzas especiales quedó al descubierto tras la denuncia del periódico Sunday Times, indicando que un grupo de seis comandos de las fuerzas especiales británicas fueron capturados en la región de Benghazi mientras intentaban “poner en contacto a diplomáticos británicos con los principales opositores al Coronel Gadafi en Libia.”
El 25 de marzo fue convocada la Unión Africana a una reunión en la capital de Etiopía, junto con la Liga Árabe, la Conferencia Islámica, la Unión Europea y las Naciones Unidas para discutir los recientes acontecimientos. De hecho, a poco del inicio de los bombardeos contra Libia, el Secretario General de la Liga Árabe, quien respaldó en un inicio la creación de una zona de exclusión aérea sobre territorio nacional libio, manifestó sus críticas a la alianza internacional por sus acciones contra el gobierno libio por entender que los ataques militares perpetrados “no han recibido la autorización de la comunidad internacional” y exceden la zona de protección aérea para los civiles insurgentes.
Mientras el periódico Wall Street Journal, denuncia que Egipto, con la anuencia de Estados Unidos, ha estado enviando armas a la oposición libia, países árabes como Siria, Argelia, Yemen y Sudán cuestionaron la decisión de la Liga Árabe de en un principio, apoyar las medidas adoptadas por la Alianza Internacional creyendo que no llegarían al extremo de bombardear Libia. Todo parece indicar que las palabras del General estadounidense James Mattis, oficial militar a cargo de Comando Central de Estados Unidos (USCENTCOM) son cada vez más una realidad en el norte de África. El 5 de marzo de 2011, al describir el alcance de la campaña para establecer una zona de exclusión aérea, indicó lo siguiente: “Sería una operación militar, no bastaría con decirle a la gente que no volasen aviones. Habría que anular toda la capacidad de defensa aérea para establecer esa zona de exclusión aérea, pensar otra cosa es hacerse falsas ilusiones.”
Recientemente el periódico El Nuevo Día, en su edición dominical de 27 de marzo de 2011, publica una columna escrita por Thomas L. Friedman bajo el título Tribus sin banderas en la cual cita a David Kirkpatrick, Director de The Times, en relación con la discusión de qué acontece realmente en Libia. Allí nos indica: “La interrogante ha estado flotando en el aire acerca de la rebelión libia desde el momento en que el primer jefe de la unidad de tanques desertó para unirse a sus compatriotas que protestaban en las calles de Benghazi: ¿Es la batalla por Libia el choque de un dictador brutal contra una oposición democrática, o es fundamentalmente una guerra civil tribal?” Más adelante el autor de la columna nos indica que en el contexto de los estados árabes, se puede distinguir entre aquellos que él llama “países verdaderos”, que son aquellos con un largo historial en su territorio y sobre el cual se formo una identidad nacional; y aquellos que denomina “tribus con banderas”, que no son sino estados artificiales, cuyas fronteras fueron determinadas por las potencias coloniales y que han atrapado dentro de sus fronteras tribus que en ningún momento determinaron, a través de un largo proceso histórico convivir juntas como ciudadanos de un mismo estado, país o nación. A esta última categoría, según autor, pertenece Libia, país cuyas fronteras modernas son el resultado de una decisión del imperio británico una vez concluye su mandato sobre el territorio ocupado en el curso de la Segunda Guerra Mundial.
La política exterior de Estados Unidos y las demás potencias imperialistas que les acompañan en esta aventura guerrerista no se orienta por principios sino por meros intereses económicos y políticos. De nada valen sus argumentos sobre la alegada realidad en que se encuentra la población libia o su preocupación por víctimas civiles. De hecho, los nuevos avances que se adjudican a las fuerzas rebeldes en los pasados días, recuperando lugares de donde habían sido expulsados por fuerzas leales al gobierno, ha sido el resultado del apoyo aéreo y naval de las fuerzas de la OTAN sobre las ciudades donde se encuentran civiles, muchos de los cuales han caído como resultado de los bombardeos de la llamada “alianza internacional”. Mañana los países de la OTAN dividirán el país, se quedarán con los recursos naturales en la región de Cirenaica, impondrán un nuevo gobierno y, eventualmente, veremos cómo los nuevos regentes del nuevo estado político que de allí surja, mantendrán la opresión contra sus habitantes y el saqueo de los recursos naturales del país. Así es el imperialismo. Por eso cada día es importante, sobre todo para aquellos y aquellas que nos oponemos a las guerras e intervenciones extranjeras violatorias de la soberanía nacional de los pueblos, recordar al Ché cuando nos decía que en el imperialismo no se podía confiar “ni un tantito así”.
La lección nuclear
Por casualidad, el día anterior al terremoto escribí un artículo que fue publicado unos pocos días más tarde, en la edición matutina del Asahi Shimbun. El artículo era acerca de un pescador de mi generación que había estado expuesto a la radiación en 1954, durante las pruebas de la bomba de hidrógeno en el atolón de Bikini. Escuché por primera vez acerca de él cuando tenía diecinueve años. Más tarde él dedicó su vida a denunciar el mito de la disuasión nuclear y la arrogancia de quienes abogaban por ella. ¿Fue una especie de presentimiento sombrío lo que me llevó a evocar a ese pescador en vísperas de la catástrofe? También había luchado contra las plantas nucleares y el riesgo que representan. Durante mucho tiempo he contemplado la idea de observar la historia reciente de Japón a través del prisma de tres grupos de gente: los que murieron en los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, los que fueron expuestos en las pruebas de Bikini y las víctimas de accidentes en centrales nucleares. Si se considera la historia japonesa a través de estas historias, la tragedia es evidente. Hoy podemos confirmar que el riesgo de los reactores nucleares se ha hecho realidad. Como sea que termine este desastre –y con todo el respeto que siento por el esfuerzo humano empleado para contenerlo– su significado no es para nada ambiguo: la historia japonesa ha ingresado en una nueva fase y una vez más debemos mirar las cosas a través de los ojos de las víctimas del poder nuclear, de los hombres y mujeres que han probado su coraje con sufrimiento. La lección aprendida del actual desastre dependerá de que quienes lo sobrevivan decidan no repetir sus errores.
Este desastre une, de forma dramática, dos fenómenos: la vulnerabilidad de Japón ante los terremotos y el riesgo representado por la energía nuclear. El primero es una realidad que este país ha tenido que enfrentar desde el amanecer de los tiempos. El segundo, que muchos creen podría ser más catastrófico que el terremoto y el tsunami, es obra humana. ¿Qué aprendió Japón de la tragedia de Hiroshima? Una de las grandes figuras del pensamiento japonés contemporáneo, Shuichi Kato, que murió en 2008, hablando de bombas atómicas y reactores nucleares recordó una línea de El libro de la almohada, escrito hace mil años por una mujer, Sei Shonagon, en la que la autora evoca “algo que parece muy lejano pero de hecho está muy cerca”. El desastre nuclear parece una hipótesis distante, improbable; pero la posibilidad está, de cualquier modo, siempre entre nosotros. Los japoneses no deberían pensar en la energía nuclear en términos de productividad industrial; no deberían obtener de la tragedia de Hiroshima una receta para el crecimiento. Como los terremotos, tsunamis y otras calamidades naturales, la experiencia de Hiroshima debería grabarse en la memoria humana: y fue una catástrofe mucho más dramática precisamente porque la hicieron los hombres. Repetir el error al exhibir, mediante la construcción de reactores nucleares, la misma falta de respeto por la vida es la peor de las traiciones posibles a las víctimas de Hiroshima.
Yo tenía diez años cuando Japón fue derrotado. Al año siguiente fue proclamada la nueva Constitución. Durante los años siguientes me pregunté si el pacifismo escrito en nuestra Constitución, que incluía la renuncia al uso de la fuerza y, más adelante, los Tres Principios No Nucleares (no poseer, manufacturar ni introducir en el territorio japonés armas nucleares) era una representación precisa de los ideales fundamentales del Japón de posguerra. Y así sucedió: Japón ha reconstituido progresivamente su fuerza militar y acuerdos secretos firmados en los años 60 permitieron a los Estados Unidos introducir armas nucleares en el archipiélago, dejando sin sentido aquellos tres principios. Los ideales de la humanidad de posguerra, sin embargo, no han sido completamente olvidados. Los muertos, que nos vigilan, nos obligan a respetar esos ideales, y su memoria nos previene de minimizar la perniciosa naturaleza del arsenal nuclear en nombre del realismo político. Somos opuestos. Allí reside la ambigüedad del Japón contemporáneo: es una nación pacifista refugiada bajo el paraguas nuclear de los Estados Unidos. Uno espera que el accidente en la central de Fukushima permita a los japoneses reconectarse con las víctimas de Hiroshima y Nagasaki, reconocer el peligro del poder nuclear y poner un final a la ilusión de la eficacia de la disuasión por la que abogan las potencias nucleares.
Cuando llegué a la edad que comúnmente se considera madura, escribí una novela llamada Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura. Ahora, en los últimos años de mi vida, estoy escribiendo una novela final. Si consigo sobrevivir a la locura actual, el libro que escribo comenzará con la última línea del Infierno de Dante: “Y después salimos para ver una vez más las estrellas”.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-6915-2011-03-28.html
Este desastre une, de forma dramática, dos fenómenos: la vulnerabilidad de Japón ante los terremotos y el riesgo representado por la energía nuclear. El primero es una realidad que este país ha tenido que enfrentar desde el amanecer de los tiempos. El segundo, que muchos creen podría ser más catastrófico que el terremoto y el tsunami, es obra humana. ¿Qué aprendió Japón de la tragedia de Hiroshima? Una de las grandes figuras del pensamiento japonés contemporáneo, Shuichi Kato, que murió en 2008, hablando de bombas atómicas y reactores nucleares recordó una línea de El libro de la almohada, escrito hace mil años por una mujer, Sei Shonagon, en la que la autora evoca “algo que parece muy lejano pero de hecho está muy cerca”. El desastre nuclear parece una hipótesis distante, improbable; pero la posibilidad está, de cualquier modo, siempre entre nosotros. Los japoneses no deberían pensar en la energía nuclear en términos de productividad industrial; no deberían obtener de la tragedia de Hiroshima una receta para el crecimiento. Como los terremotos, tsunamis y otras calamidades naturales, la experiencia de Hiroshima debería grabarse en la memoria humana: y fue una catástrofe mucho más dramática precisamente porque la hicieron los hombres. Repetir el error al exhibir, mediante la construcción de reactores nucleares, la misma falta de respeto por la vida es la peor de las traiciones posibles a las víctimas de Hiroshima.
Yo tenía diez años cuando Japón fue derrotado. Al año siguiente fue proclamada la nueva Constitución. Durante los años siguientes me pregunté si el pacifismo escrito en nuestra Constitución, que incluía la renuncia al uso de la fuerza y, más adelante, los Tres Principios No Nucleares (no poseer, manufacturar ni introducir en el territorio japonés armas nucleares) era una representación precisa de los ideales fundamentales del Japón de posguerra. Y así sucedió: Japón ha reconstituido progresivamente su fuerza militar y acuerdos secretos firmados en los años 60 permitieron a los Estados Unidos introducir armas nucleares en el archipiélago, dejando sin sentido aquellos tres principios. Los ideales de la humanidad de posguerra, sin embargo, no han sido completamente olvidados. Los muertos, que nos vigilan, nos obligan a respetar esos ideales, y su memoria nos previene de minimizar la perniciosa naturaleza del arsenal nuclear en nombre del realismo político. Somos opuestos. Allí reside la ambigüedad del Japón contemporáneo: es una nación pacifista refugiada bajo el paraguas nuclear de los Estados Unidos. Uno espera que el accidente en la central de Fukushima permita a los japoneses reconectarse con las víctimas de Hiroshima y Nagasaki, reconocer el peligro del poder nuclear y poner un final a la ilusión de la eficacia de la disuasión por la que abogan las potencias nucleares.
Cuando llegué a la edad que comúnmente se considera madura, escribí una novela llamada Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura. Ahora, en los últimos años de mi vida, estoy escribiendo una novela final. Si consigo sobrevivir a la locura actual, el libro que escribo comenzará con la última línea del Infierno de Dante: “Y después salimos para ver una vez más las estrellas”.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-6915-2011-03-28.html
Mineras deben pagar más
En opinión de Waldo Mendoza el Estado debe recaudar lo mayor posible de las empresas del sector minería e Hidrocarburos. Propone una sobretasa al impuesto a la renta.
Debido a que las empresas mineras, petroleras o gasíferas explotan un recurso no renovable que no es de su propiedad, sino del Estado –como lo indica el artículo 66 de la Constitución-, es necesario que el dueño de los recursos, es decir el estado peruano, recaude de estas empresas la más alta tributación comparado con empresas de otros sectores, esto aunque el sector minería e Hidrocarburos no tengan ganancias extraordinarias.
Así opina el jefe del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica e investigador del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), para quien las actuales normas tributarias favorecen al Sector de Minería e Hidrocarburos (SMH) y desfavorecen a los intereses del Estado. Por ello, propone que dichas empresas paguen un impuesto específico –adicional a los tradicionales que pagan todas las demás empresas- que sería una sobretasa al Impuesto a la Renta
También las mineras podrían proporcionar al Estado un ingreso por el derecho a explotar el recurso, adicional al pago de impuesto común a otros sectores, de un monto similar a la tasa de ganancia normal en el SMH.
“Cada vez que hay más explotación minera tenemos menos stock de capital o riqueza (recursos naturales), por ello el Estado debe recaudar los mayor posible de estas empresas, pues cuando estas (empresas) se vayan del país quien va reparar los daños causados al medio ambiente”, subraya Mendoza.
Contratos de estabilidad tributariaEn opinión de Mendoza los contratos de estabilidad tributaria son aun necesarios. Pero, subraya, el “precio” que deben pagar las empresas por la garantía de estabilidad tributaria, debiera ser mucho mayor al actual 3.5 %, y acercarse al 7 % que existe en Chile. Para ello, dice, debe promulgarse una Ley que imponga la nueva sobretasa en los contratos de estabilidad al amparo de la Ley General de Minería.
Esta sobre tasa debe extenderse también para la firma de convenios de estabilidad jurídica. Inexplicablemente, la ley actual no contempla ninguna sobretasa. La sobretasa de 2 % del IR que existía inicialmente fue derogada en 2001. “El Estado debe recaudar lo mayor posible de este sector pero no lo viene haciendo”, dice.
Debido a que las empresas mineras, petroleras o gasíferas explotan un recurso no renovable que no es de su propiedad, sino del Estado –como lo indica el artículo 66 de la Constitución-, es necesario que el dueño de los recursos, es decir el estado peruano, recaude de estas empresas la más alta tributación comparado con empresas de otros sectores, esto aunque el sector minería e Hidrocarburos no tengan ganancias extraordinarias.
Así opina el jefe del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica e investigador del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), para quien las actuales normas tributarias favorecen al Sector de Minería e Hidrocarburos (SMH) y desfavorecen a los intereses del Estado. Por ello, propone que dichas empresas paguen un impuesto específico –adicional a los tradicionales que pagan todas las demás empresas- que sería una sobretasa al Impuesto a la Renta
También las mineras podrían proporcionar al Estado un ingreso por el derecho a explotar el recurso, adicional al pago de impuesto común a otros sectores, de un monto similar a la tasa de ganancia normal en el SMH.
“Cada vez que hay más explotación minera tenemos menos stock de capital o riqueza (recursos naturales), por ello el Estado debe recaudar los mayor posible de estas empresas, pues cuando estas (empresas) se vayan del país quien va reparar los daños causados al medio ambiente”, subraya Mendoza.
Contratos de estabilidad tributariaEn opinión de Mendoza los contratos de estabilidad tributaria son aun necesarios. Pero, subraya, el “precio” que deben pagar las empresas por la garantía de estabilidad tributaria, debiera ser mucho mayor al actual 3.5 %, y acercarse al 7 % que existe en Chile. Para ello, dice, debe promulgarse una Ley que imponga la nueva sobretasa en los contratos de estabilidad al amparo de la Ley General de Minería.
Esta sobre tasa debe extenderse también para la firma de convenios de estabilidad jurídica. Inexplicablemente, la ley actual no contempla ninguna sobretasa. La sobretasa de 2 % del IR que existía inicialmente fue derogada en 2001. “El Estado debe recaudar lo mayor posible de este sector pero no lo viene haciendo”, dice.
FAO preocupada por deforestación
En la actualidad, de los 10 millones de hectáreas deforestadas en el país sólo se usa el 20% del total para la agricultura o la ganadería ; y 8 millones de Has están abandonadas, de acuerdo a un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) alerta que esta realidad es similar en otros países de América Latina.
El subdirector de la FAO, Eduardo Rojas, advirtió sobre la deforestación que sufre América Latina y consideró que esta región es una de las mayores “decepciones”.
Rojas indicó que Argentina muestra una altísima cifra de deforestación, superior a la mayoría de los países africanos. Sin embargo, destacó que hay países donde estarían funcionando las medidas pro bosques, como Chile, Costa Rica, Uruguay y en Brasil.
Además, un estudio de la UNODC señala que en Perú se deforestan 150 mil hectáreas cada año y que a la fecha, el total del área deforestada asciende a 10 millones de hectáreas, las que han generado pérdidas al país hasta por US$ 66,140 millones.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) alerta que esta realidad es similar en otros países de América Latina.
El subdirector de la FAO, Eduardo Rojas, advirtió sobre la deforestación que sufre América Latina y consideró que esta región es una de las mayores “decepciones”.
Rojas indicó que Argentina muestra una altísima cifra de deforestación, superior a la mayoría de los países africanos. Sin embargo, destacó que hay países donde estarían funcionando las medidas pro bosques, como Chile, Costa Rica, Uruguay y en Brasil.
Además, un estudio de la UNODC señala que en Perú se deforestan 150 mil hectáreas cada año y que a la fecha, el total del área deforestada asciende a 10 millones de hectáreas, las que han generado pérdidas al país hasta por US$ 66,140 millones.
Rechazan contaminación de los relaves mineros
Pobladores de varias comunidades se movilizaron por la ciudad de Cajamarca protestando por el derrame de aguas ácidas que habría contaminado el agua que consumen las familias.
Ellos piden la reubicación de la poza La Chugurana, que es la receptora de los relaves mineros.
“Estamos solicitando la reubicación de la poza La Chugurana, que es una amenaza para la vida y que se encuentra en la cabecera del Rio Grande”, manifestó Juan Cholán Vargas, secretario del canal Yanacocha, resaltando el peligro constante en el que se encuentran las poblaciones adyacentes a esta concesión de la minera Yanacocha.
Por su parte, el Presidente Regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, dijo que es un enorme atentado a la salud de la población cajamarquina y demandó severas sanciones para la transnacional.
“Una vez más se muestra que la seguridad ambiental que explica la transnacional Newmont, no es tal, debido a que la comunidad cajamarquina y sus afluentes están siempre amenazadas por este tipo de derrames generados por el sistema de protección o del cuidado de sus aguas ácidas”, puntualizó.
Señaló que hay una enorme duda en torno a la capacidad de la transnacional para controlar todas las aguas ácidas y sus lagunas de lixiviación.
“Esto nos pone en un nuevo reto de exigir y demandar sanciones severas a esta empresa, porque los daños al agua son irreparables, además que su actitud inmoral, anti ética, de decir que varios de sus funcionarios habrían comunicado inmediatamente al gobierno regional, cuando recién hemos recibido el comunicado formal el día 25 de febrero. El hecho ocurrió el 17 y nosotros el mismo 26 hemos tenido que asentar la denuncia ante la Fiscalía para que inicie el proceso de investigación”, explicó la autoridad regional.
El alto funcionario regional también indicó que la transnacional está acumulando más problemas y que en cualquier momento se pueda producir un conflicto social mayor.
“Luego que no le echen la culpa al pueblo cajamarquino, a sus organizaciones y a sus autoridades de los accidentes ambientales que origina solo más contaminación, principalmente, en las cuencas de agua que van directamente hacia la planta El Milagro, que es la que abastece y distribuye el agua para Cajamarca”, remarcó.
Ellos piden la reubicación de la poza La Chugurana, que es la receptora de los relaves mineros.
“Estamos solicitando la reubicación de la poza La Chugurana, que es una amenaza para la vida y que se encuentra en la cabecera del Rio Grande”, manifestó Juan Cholán Vargas, secretario del canal Yanacocha, resaltando el peligro constante en el que se encuentran las poblaciones adyacentes a esta concesión de la minera Yanacocha.
Por su parte, el Presidente Regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, dijo que es un enorme atentado a la salud de la población cajamarquina y demandó severas sanciones para la transnacional.
“Una vez más se muestra que la seguridad ambiental que explica la transnacional Newmont, no es tal, debido a que la comunidad cajamarquina y sus afluentes están siempre amenazadas por este tipo de derrames generados por el sistema de protección o del cuidado de sus aguas ácidas”, puntualizó.
Señaló que hay una enorme duda en torno a la capacidad de la transnacional para controlar todas las aguas ácidas y sus lagunas de lixiviación.
“Esto nos pone en un nuevo reto de exigir y demandar sanciones severas a esta empresa, porque los daños al agua son irreparables, además que su actitud inmoral, anti ética, de decir que varios de sus funcionarios habrían comunicado inmediatamente al gobierno regional, cuando recién hemos recibido el comunicado formal el día 25 de febrero. El hecho ocurrió el 17 y nosotros el mismo 26 hemos tenido que asentar la denuncia ante la Fiscalía para que inicie el proceso de investigación”, explicó la autoridad regional.
El alto funcionario regional también indicó que la transnacional está acumulando más problemas y que en cualquier momento se pueda producir un conflicto social mayor.
“Luego que no le echen la culpa al pueblo cajamarquino, a sus organizaciones y a sus autoridades de los accidentes ambientales que origina solo más contaminación, principalmente, en las cuencas de agua que van directamente hacia la planta El Milagro, que es la que abastece y distribuye el agua para Cajamarca”, remarcó.
CON EL USO DE LA FUERZA, QUIEREN ACALLAR LAS PROTESTAS POPULARES
Autorizan a FF. AA intervenir en Islay
El gobierno ordena el uso de la fuerza para favorecer a minera Southern y su proyecto Tía María cuyo Estudio de Impacto Ambiental no pasó la prueba. Huelga indefinida continúa.
La decisión del gobierno de autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en Islay no amedrentará a la población de dicha provincia arequipeña, donde hoy se cumple el sexto día de paralización indefinida en rechazo al proyecto minero Tía María.
Así lo aseguró Julio Gutiérrez, presidente del Frente de Defensa Ambiental del distrito de Cocachacra, quien calificó como una “provocación” la resolución suprema Nº 113-2011-DE, publicada este lunes en el diario oficial “El Peruano”.
El dispositivo autoriza la intervención de las FFAA en apoyo a la Policía Nacional, a fin de garantizar “el normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales y privados” en Islay.
Al respecto, Gutiérrez Zevallos destacó que, hasta el momento, la protesta se desarrolla de manera totalmente pacífica. “No hemos tomado ninguna carretera ni hemos destruido ningún local ni nada. Entonces, no entiendo a mérito de qué sacan ese tipo de documentos”.
“Nuestro pueblo está de pie. No nos amedrenta este tipo de resoluciones (...) si ellos creen que con la represión van a controlar, pues que asuman también la responsabilidad del caso”, enfatizó.
En todo el valle del Tambo, en la provincia de Islay se ingresó al séptimo día de huelga indefinida en rechazo al proyecto Tía María, y agricultores se mantienen concentrados con presencia de la policía del sector. Unas 1,500 personas participaron de una movilización pacífica y el día sábado el Presidente Regional de Arequipa, llegó a la zona para reunirse con los pobladores informando que varios Ministros estarían arribando para entablar un diálogo con los dirigentes del lugar.
El gobierno ordena el uso de la fuerza para favorecer a minera Southern y su proyecto Tía María cuyo Estudio de Impacto Ambiental no pasó la prueba. Huelga indefinida continúa.
La decisión del gobierno de autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en Islay no amedrentará a la población de dicha provincia arequipeña, donde hoy se cumple el sexto día de paralización indefinida en rechazo al proyecto minero Tía María.
Así lo aseguró Julio Gutiérrez, presidente del Frente de Defensa Ambiental del distrito de Cocachacra, quien calificó como una “provocación” la resolución suprema Nº 113-2011-DE, publicada este lunes en el diario oficial “El Peruano”.
El dispositivo autoriza la intervención de las FFAA en apoyo a la Policía Nacional, a fin de garantizar “el normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales y privados” en Islay.
Al respecto, Gutiérrez Zevallos destacó que, hasta el momento, la protesta se desarrolla de manera totalmente pacífica. “No hemos tomado ninguna carretera ni hemos destruido ningún local ni nada. Entonces, no entiendo a mérito de qué sacan ese tipo de documentos”.
“Nuestro pueblo está de pie. No nos amedrenta este tipo de resoluciones (...) si ellos creen que con la represión van a controlar, pues que asuman también la responsabilidad del caso”, enfatizó.
En todo el valle del Tambo, en la provincia de Islay se ingresó al séptimo día de huelga indefinida en rechazo al proyecto Tía María, y agricultores se mantienen concentrados con presencia de la policía del sector. Unas 1,500 personas participaron de una movilización pacífica y el día sábado el Presidente Regional de Arequipa, llegó a la zona para reunirse con los pobladores informando que varios Ministros estarían arribando para entablar un diálogo con los dirigentes del lugar.
Gobierno viola ley al negar información sobre Camisea
Poder Judicial admitió hábeas data y concedió cinco días al Ejecutivo para contestar pero el plazo se ha vencido largamente y no responde. Evalúan denunciar constitucionalmente al premier José Chang, al titular de energía y Minas, Pedro Sánchez, y al presidente de Perupetro, Daniel Saba.
La lucha por recuperar el gas de Camisea para los peruanos sigue en pie pese a que el Ejecutivo no ha contestado hasta el momento la demanda de hábeas data presentada por el Foro Soberanía Energética contra la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de energía y Minas (MEM) y Perupetro, por negarse a entregar documentos sobre las irregularidades en la exportación del gas de Camisea.
Esta acción jurídica presentada el 21 de octubre 2010, fue admitida el pasado cuatro de enero por el Noveno Juzgado Constitucional de Lima, que despacha el juez Juan Fidel Torres, y notificada exactamente un mes después (4 de febrero) al Ejecutivo, dándole un término de cinco días para contestarla. Hasta el momento, sin embargo, no hay respuesta del Ejecutivo.
En diálogo con LA PRIMERA, el coordinador del Foro Soberanía Energética, Manuel Dammert, señaló que en el fondo el gobierno no quiere contestar o entregar la documentación que evidencia la ilegalidad y defraudación fiscal en la irregular exportación del gas de Camisea. “Están buscando que se enfríe el tema, que desaparezca o que algunos documentos sean trabajados o arreglados”, anotó.
Documentación requeridaEsta garantía constitucional de hábeas data, suscrita por Dammert junto al secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, Mario Huamán, fue formulada para que el Poder Judicial requiera al gobierno entregar de manera obligatoria los documentos referidos a la exportación gasífera antes mencionada.
Según el especialista, entre otros asuntos, el gobierno no ha entregado la documentación sustentatoria de la independización de los lotes 88 y 56, así como las fechas, condiciones (si éstas se hubiesen producido), y las pruebas de que no se está exportando el gas del lote 88.
Otra documentación requerida y que no ha sido alcanzada es la que sustenta que el gas del lote 56 no es propiedad del Perú, como afirma el gobierno, al sostener que no le alcanza el artículo 4 de la Ley 27133, cuando fue devuelto por Shell e inscrito con reservas probadas.
Este registro –según Dammert- habría sido irregularmente alterado como “probables” para regalar el gas valorizado en 20,000 millones de dólares a la empresa Hunt para que lo exporte.
Tampoco el gobierno ha alcanzado la documentación de los contratos de exportación del gas de Camisea a México y ahora a Corea del Sur, como si no fuese atribución soberana del Perú conocer al respecto.
Más silencioEl gobierno niega además la documentación que sustenta la autorización para usar el gasoducto para exportar, cuando el contrato establece dedicación exclusiva para el mercado nacional hasta el 2014.
Al respecto, Dammert señaló que el gobierno ha derivado sin explicación documentada un contrato entre Repsol y la Transportadora del Gas del Perú (TGP) como si fuese un asunto exclusivo entre privados, cuando en ellos cambian las obligaciones del contrato y someten el documento a la jurisdicción de los Estados Unidos abandonando la peruana.
Asimismo, que el Ejecutivo no ha entregado las facturas y contratos de exportación, ni los volúmenes, precios de venta, destinos, pagos de impuestos y utilidades en cada etapa de la operación del proceso de extracción, transporte, distribución y exportación en curso.
Todo esto para deslindar una posible sobrevaluación, evasión fiscal y transferencia ilegal de las utilidades entre los integrantes del monopolio exportador de Camisea.
Además el gobierno no ha informado del cumplimiento de las recomendaciones del informe especial 220 de la Contraloría, del 2008, el cual señala como prueba preconstituida del delito de defraudación que se estaba ilegalmente descontando 3.6 dólares por barril de líquidos, al haberse falseado su costo de producción.
El Ejecutivo tampoco ha informado documentalmente los sustentos técnicos y económicos de las diversas propuestas y planteamientos del Ejecutivo en la llamada “renegociación” con el monopolio exportador, la que incluso ha vuelto a ampliar desde enero del presente año a un millón de usuarios domiciliaros de Corea del Sur.
“En el Perú tenemos aproximadamente 30 mil usuarios domiciliarios que están desabastecidos y, en vez de pagar 12 soles por balón de GLP, se paga el triple, siendo el gas más caro de la región”, refirió.
La lucha por recuperar el gas de Camisea para los peruanos sigue en pie pese a que el Ejecutivo no ha contestado hasta el momento la demanda de hábeas data presentada por el Foro Soberanía Energética contra la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de energía y Minas (MEM) y Perupetro, por negarse a entregar documentos sobre las irregularidades en la exportación del gas de Camisea.
Esta acción jurídica presentada el 21 de octubre 2010, fue admitida el pasado cuatro de enero por el Noveno Juzgado Constitucional de Lima, que despacha el juez Juan Fidel Torres, y notificada exactamente un mes después (4 de febrero) al Ejecutivo, dándole un término de cinco días para contestarla. Hasta el momento, sin embargo, no hay respuesta del Ejecutivo.
En diálogo con LA PRIMERA, el coordinador del Foro Soberanía Energética, Manuel Dammert, señaló que en el fondo el gobierno no quiere contestar o entregar la documentación que evidencia la ilegalidad y defraudación fiscal en la irregular exportación del gas de Camisea. “Están buscando que se enfríe el tema, que desaparezca o que algunos documentos sean trabajados o arreglados”, anotó.
Documentación requeridaEsta garantía constitucional de hábeas data, suscrita por Dammert junto al secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, Mario Huamán, fue formulada para que el Poder Judicial requiera al gobierno entregar de manera obligatoria los documentos referidos a la exportación gasífera antes mencionada.
Según el especialista, entre otros asuntos, el gobierno no ha entregado la documentación sustentatoria de la independización de los lotes 88 y 56, así como las fechas, condiciones (si éstas se hubiesen producido), y las pruebas de que no se está exportando el gas del lote 88.
Otra documentación requerida y que no ha sido alcanzada es la que sustenta que el gas del lote 56 no es propiedad del Perú, como afirma el gobierno, al sostener que no le alcanza el artículo 4 de la Ley 27133, cuando fue devuelto por Shell e inscrito con reservas probadas.
Este registro –según Dammert- habría sido irregularmente alterado como “probables” para regalar el gas valorizado en 20,000 millones de dólares a la empresa Hunt para que lo exporte.
Tampoco el gobierno ha alcanzado la documentación de los contratos de exportación del gas de Camisea a México y ahora a Corea del Sur, como si no fuese atribución soberana del Perú conocer al respecto.
Más silencioEl gobierno niega además la documentación que sustenta la autorización para usar el gasoducto para exportar, cuando el contrato establece dedicación exclusiva para el mercado nacional hasta el 2014.
Al respecto, Dammert señaló que el gobierno ha derivado sin explicación documentada un contrato entre Repsol y la Transportadora del Gas del Perú (TGP) como si fuese un asunto exclusivo entre privados, cuando en ellos cambian las obligaciones del contrato y someten el documento a la jurisdicción de los Estados Unidos abandonando la peruana.
Asimismo, que el Ejecutivo no ha entregado las facturas y contratos de exportación, ni los volúmenes, precios de venta, destinos, pagos de impuestos y utilidades en cada etapa de la operación del proceso de extracción, transporte, distribución y exportación en curso.
Todo esto para deslindar una posible sobrevaluación, evasión fiscal y transferencia ilegal de las utilidades entre los integrantes del monopolio exportador de Camisea.
Además el gobierno no ha informado del cumplimiento de las recomendaciones del informe especial 220 de la Contraloría, del 2008, el cual señala como prueba preconstituida del delito de defraudación que se estaba ilegalmente descontando 3.6 dólares por barril de líquidos, al haberse falseado su costo de producción.
El Ejecutivo tampoco ha informado documentalmente los sustentos técnicos y económicos de las diversas propuestas y planteamientos del Ejecutivo en la llamada “renegociación” con el monopolio exportador, la que incluso ha vuelto a ampliar desde enero del presente año a un millón de usuarios domiciliaros de Corea del Sur.
“En el Perú tenemos aproximadamente 30 mil usuarios domiciliarios que están desabastecidos y, en vez de pagar 12 soles por balón de GLP, se paga el triple, siendo el gas más caro de la región”, refirió.
PPK despertará terrorismo
Si el candidato de la Alianza por el Gran Cambio, Pedro Pablo Kuczynski, llegara a ser elegido presidente del Perú la actividad terrorista puede resurgir porque activaría la desconfianza en la democracia y un aumento de la brecha económica entre ricos y pobres, sostienen diversos analistas.
El sociólogo e historiador Nelson Manrique dijo que en un eventual gobierno de Kuczynski la diferencia económica entre los pobres y ricos se abultará en contra de los deseos de un 73% de la población que anhela un cambio en la política económica. “Esta situación alimentaría una escalada de violencia política y el fortalecimiento de grupos radicales como Sendero Luminoso”, explicó.
“Un gobierno de PPK abultará las contradicciones hasta el punto de que se podría producir un rebrote de Sendero Luminoso. Él olvida que una gran mayoría desea un cambio en la política económica”, expresó.
Añadió que el candidato de la Alianza por el Gran Cambio es un político neoliberal que representa los intereses del empresariado y las transnacionales, algunas de los cuales están manejadas en forma abusiva. “PPK es un político neoliberal que condensa en estado puro la continuidad de la política económica”, apuntó.
“Su jefe de plan de gobierno, Pablo Secada, plantea eliminar la CTS para los nuevos trabajadores que entran al mercado laboral y reducir las vacaciones a 15 días. PPK solo busca abaratar los costos de producción y no piensa en los derechos laborales”, dijo.
De igual parecer fue el analista Alberto Adrianzén quien precisó que si Kuczynski llegara al poder habría un aumento de la violencia política y de los conflictos sociales en todo el país, ya que como ministro del gobierno de Alejandro Toledo fue un defensor de las transnacionales y mineras.
“Cuando PPK fue ministro de Alejandro Toledo, estuvo involucrado en la represión de comuneros en una acción de protesta pacífica realizada en el campamento minero Majaz (Piura), ocurrida el 2005, que dejó el saldo de un campesino muerto y otros 30 torturados”, recordó.
Agregó que el candidato presidencial de la Alianza por el Gran Cambio no es una garantía para el fortalecimiento de la democracia, porque generaría entre la población desconfianza en el sistema político constitucional y propiciaría reacciones radicales y hasta actividades terroristas.
El sociólogo e historiador Nelson Manrique dijo que en un eventual gobierno de Kuczynski la diferencia económica entre los pobres y ricos se abultará en contra de los deseos de un 73% de la población que anhela un cambio en la política económica. “Esta situación alimentaría una escalada de violencia política y el fortalecimiento de grupos radicales como Sendero Luminoso”, explicó.
“Un gobierno de PPK abultará las contradicciones hasta el punto de que se podría producir un rebrote de Sendero Luminoso. Él olvida que una gran mayoría desea un cambio en la política económica”, expresó.
Añadió que el candidato de la Alianza por el Gran Cambio es un político neoliberal que representa los intereses del empresariado y las transnacionales, algunas de los cuales están manejadas en forma abusiva. “PPK es un político neoliberal que condensa en estado puro la continuidad de la política económica”, apuntó.
“Su jefe de plan de gobierno, Pablo Secada, plantea eliminar la CTS para los nuevos trabajadores que entran al mercado laboral y reducir las vacaciones a 15 días. PPK solo busca abaratar los costos de producción y no piensa en los derechos laborales”, dijo.
De igual parecer fue el analista Alberto Adrianzén quien precisó que si Kuczynski llegara al poder habría un aumento de la violencia política y de los conflictos sociales en todo el país, ya que como ministro del gobierno de Alejandro Toledo fue un defensor de las transnacionales y mineras.
“Cuando PPK fue ministro de Alejandro Toledo, estuvo involucrado en la represión de comuneros en una acción de protesta pacífica realizada en el campamento minero Majaz (Piura), ocurrida el 2005, que dejó el saldo de un campesino muerto y otros 30 torturados”, recordó.
Agregó que el candidato presidencial de la Alianza por el Gran Cambio no es una garantía para el fortalecimiento de la democracia, porque generaría entre la población desconfianza en el sistema político constitucional y propiciaría reacciones radicales y hasta actividades terroristas.
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