Jóvenes estadounidenses están atrapados entre el desempleo y las deudas estudiantiles

Según los últimos datos, en el país se han registrado los peores niveles de deuda estudiantil, multiplicándose por dos en apenas cinco años

19 Nov. 2011 - Millones de jóvenes estadounidenses están al borde de la desesperación por sentirse prisioneros de la grave situación económica que atraviesa Estados Unidos.

Una de las principales razones que les impide ver la realidad y el futuro con optimismo es la imposibilidad de pagar la deuda que contrajeron para financiar sus estudios superiores.

Según los últimos datos, en el país se han registrado los peores niveles de deuda estudiantil, multiplicándose por dos en apenas cinco años.

Se estima que, tras graduarse en la universidad, los estudiantes estadounidenses salen al peor mercado laboral desde los años 30 del siglo pasado. Además, la mayoría confiesa que sus títulos universitarios -esos que obtuvieron con tanto esfuerzo- ahora no sirven para nada.

“Estoy buscando cualquier tipo de trabajo. Estoy recorriendo sitios como Starbucks o McDonalds, igual que hacía cuando tenía 17 años. Y esto me hace pensar que mis estudios en la universidad han sido en vano si estoy donde estoy”, cuenta Stef Gray, de 23 años, licenciada en geología.

Ni tan siquiera los intentos de ahorrar alivian sus preocupaciones. Se ve obligada a vivir de vales de comidas, un sacrificio que le supone no gastar más de 200 dólares al mes. Además, la joven trata de ganar dinero extra vendiendo sus antiguos libros de texto en subastas por Internet. Por supuesto, sus escasos ingresos son insuficientes para amortizar su compromiso con el mayor prestamista privado de Estados Unidos, Sallie Mae, y para pagar su modesta vivienda de alquiler.

“Ya llevo casi dos meses demorándome en el pago. Y no sé como arreglármelas. No puedo dormir por las noches y me vuelvo loca pensando en todo esto. Estoy muy preocupada ante la perspectiva de ser desalojada”, asegura la joven.

No es de sorprender que Stef no concilie el sueño. En EE. UU. no hay una ley que pueda ofrecerle el debido amparo y protegerle del aumento del interés si se trata de un préstamo privado como es en su caso. De acuerdo con Gray, pidió 40.000 dólares en préstamos y ya debe 65.000. “No alcanzo a entender cómo han aparecido estos 25.000 dólares en intereses”, exclamó.

Medio iraní Press Tv informa que Rusia envió naves de guerra a aguas de Siria para prevenir ataques de la OTAN

19 Nov. 2011 - El primer Ministro de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que su país rechaza la idea del uso de fuerza cuando se trata de solucionar problemas internacionales y que su postura en el Consejo de Seguridad en cuanto a la cuestión Siria se caracteriza por el autocontrol y la sabiduría.

En una rueda de prensa celebrada hoy en Moscú con su homólogo francés, Francios Fiun, Puntin redujo la importancia del paso adoptado por Gran Bretaña, Alemania y Francia en presentar un proyecto de resolución sobre la situación en Siria ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

El funcionario ruso agregó que su país está haciendo una evaluación de la situación en el mundo y toma en consideración lo que está ocurriendo en el norte de África, ya que no se sabe cuando terminarán las operaciones violentas en varios de sus países.

Por otra parte, según informa la página web de la televisión oficial iraní Press Tv,  barcos de guerra rusos estarían por arribar a aguas territoriales sirias como claro mensaje del rechazo de Moscú a una intervención extranjera en Siria.

La información también es recogida por el diario israelí Haaretz, citando una agencia de noticias siria que no identificaron.

19/11/11.-El cineasta estadounidense Oliver Stone declaró el sábado en Argel que Estados Unidos no vive en democracia, incluso bajo la presidencia de Barack Obama, elegido en 2008, y denunció a Wall Street, la actitud bélica estadounidense y la indiferencia de sus compatriotas hacia el resto del mundo.

En una conferencia de prensa en francés intercalada por algunas expresiones en inglés, Stone juzgó que los “indignados” estadounidenses que manifiestan contra Wall Street deberían más bien desplazar su movimiento de protesta contra las altas finanzas “a Washington y no Nueva York, para tener mayor impacto”.

Es así que las presiones sobre los políticos para sanear el sistema financiero serán “eficaces”, dijo el director de “Wall Street” (1987) y “Wall Street, el dinero nunca duerme” (2010).

Este hijo de un ex operador financiero de Wall Street y madre francesa estaba invitado del festival de cine de autor de Argel. Dijo estar “consternado de ver cómo el dinero es venerado por los estadounidenses” y por los efectos de la crisis.

“La clase media (estadounidense) es la primera víctima, pero nada puede hacer mover al sistema” estadounidense, añadió Stone, al que califica de “no-democrático, incluso después de la llegada de Obama”.

El cineasta denunció “30 años de mentiras”. Los estadounidenses vivieron con la idea de que “el comunismo va a dominar el mundo”, cuando se derrumbó en 1989.

Interrogado sobre el respaldo estadounidense a Israel, Stone afirmó que “no se puede hablar de ello en Estados Unidos. Hay un tal poder, el dinero, la prensa y el lobby son tales que los hechos, la verdad, no sale”, dijo.

Stone, de 65 años, juzga con severidad a sus compatriotas. “Los estadounidenses no están tan interesados en los problemas del extranjero”, dijo. “No tienen empatía por ellos”, añadió.
(Con información de AFP)

Perú: Población de Moquegua y Arequipa rechaza proyecto minero Quellaveco

Agricultores de Arequipa y Moquegua rechazaron el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Quellaveco que desviaría los cauces de los ríos Vizcachas y Titire.

Ello afectaría al Valle de Tambopata, ubicado en la provincia de Islay- departamento de Arequipa- cuya población teme por la disminución del caudal de ambos afluentes.

El presidente del Frente de Defensa del referido valle, Pepe Julio Gutiérrez, advirtió que no permitirán la inversión debido a que esta afecta a la población y al recurso hídrico de la zona.

Anunció que el 23 de noviembre los representantes de su organización se reunirán para exponer los motivos de su oposición, además de solicitar al gobierno regional que exprese su posición sobre el proyecto.

A su vez, Carlos Vargas Rodríguez, Jefe del Instituto Regional del Agua, indicó que los habitantes de las zonas de influencia tienen muchas dudas porque aún existen comunidades que no han sido consultadas.

“(La empresa) señala que construirá una represa de agua dulce de 60 millones de metros cúbicos para Moquegua, pero no se dice si la edificación de esta represa afectará al Valle de Tambo”, reveló.

Cabe precisar que el pasado 9 de noviembre, el Presidente Regional de esta región, Martín Vizcarra Cornejo, se mostró de acuerdo con la inversión en estos territorios pero bajo ciertas condiciones.

Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas aprobó el proyecto de Quellaveco sin tener en cuenta a la población del Tambo. Ante ello Vargas recomendó a la minera compensar a la población por el agua de los ríos que captará.

Indicios de corrupción a favor de la transnacional española Telefónica en Perú

El procurador de la Superintendencia Nacional Tributaria (Sunat), José Escalante señaló que la transnacional española la empresa Telefónica le adeuda al Estado peruano más de 2.300 millones de nuevos soles por concepto de impuesto a la renta en el periodo 2000-2001.

Pide que la Comisión de Fiscalización cite al presidente del Poder Judicial, César San Martín, y al titular de la Corte de Lima, Héctor Enrique Lama, por escandaloso fallo.

El legislador de Alianza Parlamentaria Yonhy Lescano anunció ayer que pedirá que la Comisión de Fiscalización del Congreso cite al presidente del Poder Judicial, César San Martín; al titular de la Corte de Lima, Héctor Enrique Lama, y al juez Carlos Cuevas para que den explicaciones sobre la insólita decisión de Cuevas de suspender el pago de casi el 70% de la deuda tributaria de la empresa española Telefónica.

“Deben venir a la Comisión de Fiscalización para explicar los fundamentos de esa decisión, porque no se trata de una resolución común, se trata de una resolución plagada de irregularidades”, anotó.

Sin embargo, Lescano precisó que esta decisión judicial es irregular y evidencia indicios de corrupción. “Yo creo que hay una irregularidad evidente, porque a través de una medida cautelar, el juez no puede ordenar que se deje de cobrar una deuda que finalmente es parte del fallo final; de tal manera que asumo que existe una evidente corrupción que se debe investigar”, dijo.

El parlamentario sostuvo que esta decisión judicial afecta los intereses del Estado y por ello, también pedirá a la Comisión de Transportes y Comunicaciones que convoque al ministro del ramo, Carlos Paredes.

El ministro de Transportes dice que la renovación del contrato de concesión de Telefónica nada tiene que ver con el pago de impuestos, “¿cómo que no tiene que ver nada? si el pago de impuestos tiene que ver con la prestación de servicios y hay que tomarlo en cuenta para ver a quién se adjudica”, agregó.

Señaló también que el gobierno debe convocar a una licitación pública e internacional para esa concesión “porque si hay un contrato, cómo no se va a tomar en cuenta estos incumplimientos, incluso el mismo contrato dice que se debe cumplir las obligaciones (tributarias)”.

PAGA PRIMERO
Respaldando la posición de su colega, el congresista de Gana Perú y presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Jaime Delgado, dijo que la labor del Congreso es pedir claridad en el manejo del tema.

Pidió por tanto a la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) que vigile el caso del juez que supuestamente está favoreciendo a la Telefónica y al que esa instancia de control judicial abrió una investigación.

“La coyuntura actual obliga a Telefónica a mostrar una actitud diferente a la que ha tenido a lo largo de la historia, sobre todo si quiere aspirar a la renovación de un contrato. Telefónica nos ha acostumbrado en su administración a la frase: paga primero, reclama después, ahora le diremos paga primero, reclama después o pide la renovación del contrato después”, refirió Delgado.

Lamentó que la empresa española adopte la estrategia de judicializar esa deuda tributaria para que permanezca en ese ámbito por años, y perjudique al erario nacional. “Se pone de manifiesto cómo una empresa puede finalmente vencer al Estado en sus pretensiones poniendo abogados y litigando por más de 10 años. Por otro lado, el Estado no ha sabido hacerse respetar. Tenemos como evidencia que la Sunat publica la semana pasada a las empresas más deudoras del país y no la pone a Telefónica porque su caso esta judicializado”, sostiene.

RENOVACIÓN
Delgado argumentó que Telefónica pretende la renovación del contrato, suscrito originalmente en 1992, porque el mercado peruano de comunicaciones es atractivo y, por tanto, otros operadores internacionales también pueden tener el mismo interés y deben ser convocados.

“Así tendríamos postores con mejores condiciones de servicio para el usuario. La decisión que tome el gobierno en este campo debe ser muy consciente, porque la población se encuentra totalmente sensibilizada con Telefónica por el maltrato de años”, comentó.

OCMA
El jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma), Enrique Mendoza, consideró que los “fueros deben respetarse” al ser consultado por la propuesta del congresista Lescano, para citar algunos jueces al Parlamento a explicar algunas de sus resoluciones.

“La preocupación puede ser muy legítima del congresista, sin embargo, no se puede estar haciendo una revisión de las resoluciones y fallos porque todo esto tiene un mecanismo propio que está dentro de la autonomía judicial”, aseguró.

En ese sentido, manifestó que existe un mecanismo de control que se está ejecutando en la actualidad, y pidió a la ciudadanía a tener confianza en el Poder Judicial.

“Estamos en una etapa indagatoria, porque es una aproximación para ver qué es lo que ha ocurrido, ya que hubo una serie de acusaciones de probable favoritismo. Nosotros indagamos, pero si se trata de una resolución que cumple con los márgenes jurídicos, nosotros nos abstenemos”, subrayó.

Asimismo, Mendoza precisó que esta etapa no tomará más de 30 días. “Nosotros hacemos indagatoria, que no es una investigación, esta etapa no toma más de un mes”.

Perú: 100 días del gobierno

Buscando el difícil equilibrio y diciendo adiós a la “luna de miel”

Buscando un equilibrio que no se halla

17 de noviembre, 2011.- Ollanta Humala llega a sus primeros cien días de gobierno, con un nivel de aceptación bastante alto aún (60%). Esta alta popularidad se explica, en gran medida por el efecto positivo, que todavía tienen sus primeras medidas como el impuesto a las sobre ganancias mineras, los programas sociales, la ley de consulta previa, la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social entre otras. El Presidente Humala, ha dado señales claras de que no será el radical que temían los sectores conservadores, pero tampoco el que esperaban algunos sectores de izquierda. Se empeña en mostrarse sereno y transmitir confianza a la población y a los inversionistas.

Desde el punto de vista económico, el gobierno se sigue manejando dentro de los márgenes del modelo económico que caracterizó a los gobiernos anteriores. En lo político, se mantiene en silencio todo rumor de reformas y cambios constitucionales. Si alguna duda quedaba al respecto, pareciera que en el corto plazo, no habrá lugar para radicalismos. Más bien, todo parece indicar que estamos ante una mayor dosis de un preocupante pragmatismo en las decisiones políticas. Esto se expresa, en la frase varias veces repetidas, en los últimos días, por el presidente Humala: “No importa de qué color es el gato, lo importante es que pueda cazar a los ratones”.

Si este gobierno inició su gestión con un precario sustento político, en estos cien días, este sustento se ha debilitado aún más. Los escándalos de varios congresistas oficialistas (“roba cable”, “come oro”, Chehade) y los conflictos internos producidos en la conformación algunas comisiones son señales de esta fragilidad que aún no le permiten al gobierno garantizar los niveles necesarios de gobernabilidad y sostenibilidad a los cambios que está planteando. Esta precariedad en el Congreso de la República, no ha permitido aún la construcción de correlaciones políticas favorables en el poder legislativo. A cien días de iniciada su gestión, no está claro si el gobierno será capaz de consolidar un bloque parlamentario que fortalezca y sustente la lógica de cambio que el gobierno quiere implementar.

Se han puesto en marcha varios de los programas sociales anunciados como es el caso de Pensión 65 y se anuncia el inicio de otros, sin embargo aún no se sabe si la inclusión social que propone el gobierno se limitará al acceso a los programas sociales y al acceso monetario de los sectores que viven en condiciones de pobreza extrema. El problema es que estos programas sociales, no pueden ser el sustento de la transformación social que prometió el Presidente Humala, pues estos programas pueden ayudar a luchar contra la pobreza extrema, pero no resuelven el problema de la desigualdad social que es el tema de fondo. Por el momento, sólo se ha anunciado el gobierno seguirá generando condiciones para que el crecimiento no se detenga y lo hará a través de la inversión nacional y extranjera principalmente en los rubros de extracción de recursos, gran infraestructura, construcción etc.

El gobierno sigue creyendo en la posibilidad de promover la inversión de grandes capitales (minería, petróleo, hidroeléctricas etc.) y a la vez reconocer derechos de los pueblos (Consulta previa) y convencerlos de las bondades de estas actividades. Sin embargo, las verdaderas pruebas de fuego para Ollanta Humala están a la vuelta de la esquina. Nuevamente la disputa por el territorio, los recursos naturales y los derechos de los pueblos indígenas vuelven a ser el centro del escenario.

Territorio en disputa y adiós “ luna de miel”

Una de las demandas centrales de los pueblos indígenas amazónicos y andinos, está relacionada directamente con el territorio. En este sentido, el ordenamiento territorial es un proceso impostergable en todas las regiones, especialmente en aquellas donde los recursos naturales y la biodiversidad enfrentan serias amenazas de los megaproyectos y actividades extractivas. El Presidente Humala en su discurso del 28 de julio, manifestó que este proceso será participativo y que buscará el uso racional del territorio (1) y que los recursos como el agua, los bosques y la biodiversidad se explotarán respetando a los pobladores y el medio ambiente(2).

El ordenamiento territorial, es imprescindible para la búsqueda de solución a la disputa y la confrontación en torno al territorio y los recursos naturales; pero esto supone el reconocimiento y cumplimiento de derechos que han sido desconocidos y avasallados a los largo de las últimas décadas, especialmente los derechos de los pueblos indígenas amazónicos y andinos. Supone por lo tanto, retomar espacios de diálogo (Mesas de Diálogo) y avances logrados que se quedaron truncos (Derecho a la Consulta) y la articulación de normas (leyes nacionales y Convenio 169 de la OIT, Declaración de las NNUU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas) e instituciones democráticas (Gobiernos Regionales y Locales, Organizaciones Indígenas, MCLCP, ONGs etc.).

El gobierno ha expresado su voluntad de iniciar un proceso de Ordenamiento Territorial, sin embargo hasta el momento está voluntad no encuentra un punto de equilibrio con su apuesta de continuar promoviendo las actividades extractivas y la ejecución de megaproyectos (centrales hidroeléctricas, infraestructura de la IIRSA et.) aunque haya dicho que esto se hará de acuerdo a la demanda interna (3). Hay que tener en cuenta que el gobierno llegó a un acuerdo con los empresarios mineros, que permitió el pago de nuevos impuestos (Sobre ganancias) y que implica darles garantías para que puedan realizar sus actividades; tiene la pesada herencia de unos de 100 contratos petroleros que ocupan cerca del 80% de la Amazonía y que aún no se sabe lo que pasará con el paquete de proyectos que plantea la construcción de unas 20 centrales hidroeléctricas a lo largo del Río Marañón en el norte de la Amazonía peruana y un acuerdo energético entre Perú y Brasil que aún no han sido debatidos en el Congreso de la República.

Lo que viene ocurriendo en Cajamarca con el proyecto Conga y en Andahuaylas con la protesta social antiminera, muestran claramente que el gobierno no cuenta con una estrategia y un plan para manejar y resolver los conflictos socioambientales. Los conflictos heredados del gobierno anterior, no han sido resueltos y se mantienen intactos, aunque la mayoría de ellos aún se mantienen latentes y no se han activado. Esto es especialmente grave, si se tiene en cuenta que, de acuerdo a la ley, dentro de pocas semanas, el gobierno contará con el Reglamento de la Ley de Consulta Previa, que dejará expedito el camino para iniciar los procesos de consulta. Si este contexto persiste, el gobierno se verá desbordado por los conflictos y no tendrá capacidad para implementar los procesos de consulta. Las legítimas expectativas de los pueblos indígenas, generadas por la ley de consulta previa podrían terminar en una gran frustración.

A cien días del nuevo gobierno, aún es prematuro sacar conclusiones definitivas respecto al proyecto político que quiere implementar Humala. El momento político que se vive, sigue marcado por la expectativa social que existe en grandes sectores de la sociedad. La “luna de miel” entre la ciudadanía y el gobierno está llegando a su fin. Para mantener la gobernabilidad necesaria, deberá dar nuevas medidas y señales que se orienten a un modelo de desarrollo integral y sostenible y a una democracia inclusiva e intercultural.

¿Para qué votar si gobiernan los bancos?

Desde el inicio de la crisis financiera en 2008 los gobiernos han estado tomando decisiones a favor de los bancos. Empezaron con las ayudas millonarias a los bancos (han recibido una suma de 25.000 millones de euros en España y en la Unión Europea de 2,34 billones de euros), mientras no desaparecen los beneficios de la banca y los sueldos de los directivos aumentan escandalosamente. Esta política nefasta endeudó y sigue endeudando a los gobiernos de Europa, que están asumiendo la deuda privada como estatal. Y lleva a que los estados deleguen su política económica en los bancos acreedores, aniquilando la democracia.

Así, Mario Draghi, vicepresidente de Goldman Sachs, se ha convertido en presidente del Banco Central Europeo. En Grecia se ha creado un gobierno de concentración para evitar cualquier consulta a la población griega sobre el plan de recortes impuesto por los bancos a través de la Unión Europea. En Italia también se rehúye de la consulta al pueblo (no se convocan elecciones) y se crea un nuevo gobierno en el que directamente, Corrada Passera, el director general del segundo banco del país, Intesa San Paolo, ase pone al frente de un “superministerio” que agrupa Desarrollo Económico, Infraestructuras y Transportes. En España tenemos elecciones, pero hemos cumplido con los dictados de los bancos (rescate bancario, reforma constitucional,…), y aún nos esperan seguir más dictados de los bancos quizás mediante personas como José Manuel González-Páramo, miembro del consejo del Banco Central Europeo, que se perfila como vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda de España si el PP gana las elecciones, algo que parece cantado. Por eso desde el movimiento 15-M se ha promovido irónicamente el “voto en banco” a los banqueros: desenmascarar a los que nos gobiernan en verdad.

Si las finanzas controlan la política a través de las dos marcas electorales (PP-PSOE) que tienen posibilidades de gobernar, las elecciones sólo sirven para legitimar la política a favor de la oligarquía financiera. Quizás a corto plazo, no haya más via que apostar por partidos alternativos que promuevan la regulación de los mercados a favor de lo público, pero es un camino limitado porque el propio sistema electoral margina a estos partidos y llegado el caso de alcanzar cotas de poder importante los compra y corrompe.

Por ello, si queremos acabar con el gobierno de los bancos necesitamos potenciar la autoorganización asamblearia promovida por el 15-M y necesitamos renunciar al uso de la banca privada, porque si no seremos presos de sus intereses oligárquicos que nada tienen que ver con defender la igualdad económica ni una auténtica participación política de todos. Potenciar una banca pública o cooperativa y reducir el uso del dinero para la satisfacción de nuestras necesidades (tienda gratis, trueque, bancos de tiempo,…) se muestran como necesidades acuciantes para acabar con esta dictadura y conseguir más libertad.

SIRIA: Campaña por una guerra regional: una maniobra de distracción letal

Israel hace sonar a todo trapo los tambores de la guerra y provoca una desafiante preparación para un enfrentamiento contra Irán y su aliado Hizbulá. Esta última confrontación tiene lugar en medio del deterioro de las relaciones entre Siria y la Liga Árabe respaldada por las potencias occidentales. Si ocurriera, una guerra regional tendrá lugar en un nuevo contexto geopolítico que aún no ha sido totalmente comprendido.


La escalada es continua. Durante la semana pasada, se multiplicaron los informes en los medios sobre los ejercicios de la fuerza aérea de Israel en Italia y ensayos de misiles de largo alcance. El derechista gobierno israelí subió aún más el listón e hizo caso omiso de las advertencias de su ejército sobre las repercusiones que podría tener la acción de atacar a Irán. El OIEA, el organismo atómico de la ONU, publicó su informe sobre el programa nuclear de Irán, fomentando aún más los llamados a disciplinar a la República Islámica.


Las potencias occidentales amenazan con sanciones más duras. El supremo líder de Irán prometió rápidamente que golpearía con puño de hierro a los que ataquen a Irán. El líder de Hizbulá, Hassan Nasrallah, advirtió de que un ataque contra Irán o Siria llevaría a una guerra regional. Al día siguiente una explosión mató a por lo menos 17 soldados en una base militar iraní cerca de Teherán. Ahora ha estallado un escándalo de espionaje entre Teherán y Kuwait.
No es por primera vez que la amenaza de una guerra generalizada preocupa a la región. Las brutales invasiones estadounidenses de Afganistán e Iraq abrieron un período de extrema inestabilidad y presionaron para más militarización de los conflictos de Pakistán a Yemen. La guerra de 2006 de Israel contra el Líbano y su ofensiva de 2008 contra Gaza fueron dos vueltas más de la doctrina bélica de Bush.


Un potencial ataque a Irán siempre estuvo al acecho a la sombra de esas guerras, pero nunca llegó a una etapa de implementación. La gran presencia militar en Iraq hizo que el ejército de EE.UU. fuera más –no menos– vulnerable a represalias. La recesión global y la oposición interior en EE.UU. redujeron la probabilidad de un ataque semejante. Esto no impidió que EE.UU., Israel, y sus aliados árabes –es decir los Estados del Golfo y Jordania– invocaran repetidamente la “amenaza” iraní para sembrar la discordia entre Irán y sus vecinos árabes, y para distraer la atención de Israel como amenaza primordial de los países árabes.
A pesar de esos esfuerzos, parecía que la campaña nunca adquirió pleno impulso. 


Washington estaba suficientemente desesperado como para fraguar el guión de un complot iraní para asesinar al embajador de Arabia Saudí en Washington. Fue una tormenta en una taza de té. La verdadera amenaza de una guerra total a corto plazo sigue siendo pequeña, a pesar de todo el rechinar de espadas. Pero algo ha cambiado: Siria.


Siria era una pieza clave en el eje antiestadounidense que se extendía de Teherán al Sur del Líbano. La guerra de 2006 dio al régimen de Assad un aumento muy necesario de su popularidad. La alianza Hizbulá/Siria/Irán se convirtió en un pacto de defensa común. Después de 2006, cualquier guerra será regional.


Los levantamientos árabes no sacudieron esa alianza al nivel de los regímenes. Al contrario, unieron más estrechamente a las partes aliadas. Pero la efectividad de esta alianza dependía parcialmente de la legitimidad de su razón de ser (antiestadounidense y antisionista) entre los pueblos de la región, incluidos los de los países involucrados.


Esta legitimidad se ha debilitado considerablemente en Siria. El frente interior de Siria se ha vuelto frágil y asequible al apoyo a la intervención extranjera. La culpa, claro está, es enteramente del régimen y su obstinada –pero esperada– negativa a ceder el poder.
La culpabilidad del régimen, sin embargo, no cambia el hecho de que la oposición organizada en Siria y su estado actual, y por mucho tiempo, es demasiado débil para determinar la forma y la oportunidad de cualquier intervención internacional. La oposición se ha convertido en rehén, por la fuerza o por decisión propia, de los planes de las potencias occidentales y de sus aliados del Golfo. Los dos últimos probablemente emplearán una serie de tácticas para derribar al régimen sin llegar a un ataque militar. Un régimen que ya es débil se debilitará aún más y su proceso de toma de decisiones también se convertirá en rehén de las directivas de Teherán.


En suma, los sirios tendrían poca influencia en una futura guerra regional que si estallara se libraría en gran parte en su país. A diferencia de guerras anteriores, la autoridad moral de un frente antiimperialista y antisionista se perderá después del derramamiento de sangre siria a manos de su régimen. Pero quienquiera gane, la medida de la destrucción y el daño causados sobrepasará por un gran margen cualquier ventaja que traiga la liberación de Siria del Partido Baaz. La guerra se librará en suelo sirio y el daño será sobre todo para Siria. La guerra de la OTAN en Libia será poco en comparación considerando la capacidad militar de las fuerzas pro y contra el régimen en esa parte del mundo árabe.


El régimen es consciente de los peligros inherentes a la interferencia extranjera y utiliza este hecho para chantajear a la gente que piensa en sumarse al levantamiento. Esto no debería conducir a una negativa automática de considerar un escenario semejante. Si estalla una verdadera batalla o si la agitación sigue siendo una guerra de palabras, el daño causado por la concentración en los enfoques militares o internacionalizados será considerable para la verdadera lucha por el cambio.


La guerra es el camino más corto y seguro para silenciar el disenso. Cuanto más se atraiga la atención sobre las rivalidades y tensiones regionales, más será subsumida la agenda real de la revolución por un discurso nacionalista vacío sobre la liberación de Siria o su defensa. Los apologistas del régimen se unirán a Assad y dirán “os lo advertimos”, ignorando que el régimen es el culpable total al invitar a la intervención extranjera. El Consejo Nacional Sirio calificará de cómplices del régimen a los que se oponen a la intervención.
Los motivos fundamentales de la rebelión pueden por lo tanto perderse en la reyerta. El régimen derramará pocas lágrimas por ese hecho. Pero no el pueblo sirio que arriesga su vida por la libertad y le interesa el resultado. Si la rebelión tiene el propósito final de lograr una auténtica democracia y justicia social, podrá verse obligado a considerar los medios –incluidos los de evitar la guerra– con tanta seriedad como el fin: el justificado derrocamiento del régimen.

Los fondos de pensiones acaparan la adquisición de tierras agrícolas

Los fondos de pensiones están acaparando la adquisición de tierras agrícolas alrededor del mundo, perjudicando a comunidades locales y promoviendo una agricultura contraproducente para los actuales problemas alimentarios y medioambientales.


Los fondos de inversión, en especial los fondos de pensiones, se encuentran atraídos a estas inversiones por los beneficios potenciales. Se estima que centre 5.000 y 15.000 millones de dólares del sector de mercancías o commodities están destinados a la adquisición de tierras de cultivo.


Sin embargo, como se sabe, los fondos de pensiones manejan los ahorros de los trabajadores, por lo que debería haber alguna forma de rendición de cuentas públicas o de otro tipo cuando se tomen decisiones de inversión.


En ese sentido, los fondos de pensiones acaparadores de tierras, son uno de los pocos fondos que podrían ser desbaratados por la población que es dueña del dinero, y éste ha sido uno de los objetivos de los movimientos sociales.


Los fondos de pensionesActualmente las pensiones de los trabajadores están manejadas por empresas privadas que deben entregar a los trabajadores mensualidades luego de su jubilación.


Se sabe que los fondos de pensiones, a nivel mundial, manejan 23 billones de dólares en activos. Los más grandes son aquellos administrados por los gobiernos, como es el caso de Japón, Noruega, Holanda, Corea y Estados Unidos. (Ver cuadro de mayores fondos de pensiones a nivel mundial).


Los fondos de pensiones fueron afectados durante la última crisis financiera. Por ello, muchas de estas administradoras de fondos recurren a las tierras agrícolas, muy atractivas por un patrón claro de oferta y demanda: una creciente población mundial necesitada de alimentos.
Además, los administradores de estos fondos consideran que los precios de las tierras son relativamente bajos en países como Australia, Sudán, Uruguay, Rusia, Zambia o Brasil.
Estos fondos consideran los beneficios a largo plazo por el precio creciente de la tierra y los ingresos que perciben, además, con las ventas de cosechas, ganado lechero y producción de carne.


La agricultura es claramente una fuente de beneficios futuros para los inversionistas, con los precios de los commodities y los alimentos en alza, por lo que últimamente los fondos de pensiones empezaron a invertir fuertemente en este rubro.


Barclays Capital informa de  que hace diez años los fondos institucionales invertían aproximadamente 6.000 millones de dólares en mercancías o commodities, mientras que actualmente la cifra asciende a 320.000 millones de dólares.


De esos 320.000 millones, los fondos de pensiones invierten 100.000 millones. Y estas inversiones se dedican mayoritariamente a las tierras agrícolas -activos que ofrecen retornos anuales entre 10% a 20%-.


Actualmente, los fondos de pensiones tienen aproximadamente de 1 a 3% de sus carteras asignadas a los commodities de tierras agrícolas. Se estima que para 2015 se llegue a porcentajes de 3 a 5%.


El panorama actual indica que los inversionistas más grandes están programando duplicar sus portafolios de propiedades de commodities agrícolas, que incluyen tierras agrícolas.
La consecuencia de ello será la subida de precios de los alimentos, lo cual afectará gravemente a las comunidades rurales y pobres, e implica a los trabajadores.


El tema queda en manos de los sindicatos de trabajadores, los gobiernos y otras instituciones responsables de decisiones estratégicas para controlar cómo se deben invertir los fondos de pensiones.

Fuente: http://servindi.org/actualidad/54521