Ricardo Pando, candidato a reelección por Fuerza 2011, hace mal uso de acuerdo de Mesa Directiva. Promotor de campaña de Fuerza 2011 en Junín cobra sueldo del Congreso con el título de coordinador regional.
La República obtuvo una baraja continuada de diez recibos mensuales por honorarios abonados con fondos del Congreso Nacional por concepto de “servicios de coordinación” prestados al congresista Ricardo Pando Córdova.
Constancias de pagos mensuales, cada una por el valor de 1,100 soles, recibidos por Samuel César Montalván Sulluchuco, radicado en Huancayo, en su condición de “coordinador parlamentario” de Ricardo Pando en Junín. Pando es actual representante fujimorista por esa región y postula a la reelección en la lista de Fuerza 2011.
Los recibos fueron honrados por el Congreso, de febrero a noviembre del 2010 por un total de 11 mil soles. Y puesto que se trata de dineros públicos esta redacción decidió contrastar su aplicación.
En Huancayo mismo, La República comprobó que Samuel Montalván es ingeniero de profesión. Domicilia en avenida Breña 219. En el primer piso del inmueble funciona una marisquería y desde que se iniciara la campaña electoral es la sede de la candidatura de su jefe Ricardo Pando y de Keiko Fujimori.
A fines del 2009, la Mesa Directiva del Congreso facultó a los parlamentarios a tomar un empleado adicional que los represente en su jurisdicción.
Se defiende
Ricardo Pando explicó a esta redacción que la tarea de su coordinador regional es servir de enlace con la población y cumplir las tareas que él le asigne.
En realidad, desde febrero del año pasado, Montalván está dedicado a tiempo completo a cumplir labores proselitistas a favor de las candidaturas de Fuerza 2011.
Durante la reciente visita de Keiko Fujimori a Huancayo, el lunes 7 de febrero, Montalván acompañó a la candidata durante toda la jornada y la auxilió en la entrega de frazadas en el barrio Echadero I en el distrito de Chilca.
El trabajo electoral de Montalván no se limita a Junín. Apoya activamente la candidatura fujimorista de Miguel Ángel Díaz en la vecina región de Huancavelica, quien va con el número 1.
Samuel Montalván es militante fujimorista desde 1990. En las últimas elecciones tentó las candidaturas a regidor huanca y congresista, pero fue marginado. Su trayectoria política también registra una renuncia a la agrupación Sí Cumple y una efímera incorporación al Apra.
Es titular de una razón social: Inversiones Zayma SAC, con un capital declarado de 100 mil soles. Montalván es poseedor de un 99% del accionariado.
Datos
Ricardo Pando se libró a comienzos de su actual gestión de una acusación de falsedad genérica y del desafuero. Motivo: la contratación de una auxiliar fantasma: Liliana Reátegui. Se salvó porque la acusación solo obtuvo 37 votos a favor (necesitaba 47) de apenas 56 votos.
Dice la ley. Los empleados públicos están prohibidos de realizar actividades de proselitismo político dentro de los horarios de trabajo, en el centro laboral o fuera de él.
viernes, 25 de febrero de 2011
Decretos entreguistas afectan Ley de Consulta
Los decretos de urgencia 001 y 002, que disponen la entrega de puertos y aeropuertos, entre otras obras de infraestructura mediante la concesión de más de 30 megaproyectos de inversión, afectará el derecho a la consulta previa cuando las obras se realicen en territorios indígenas, afirmó Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL).Estos decretos que promueven la concesión de obras -muchas de ellas en territorios nativos ancestrales-, han sido impuestos en momentos en que el Congreso tiene pendiente pronunciarse sobre la insistencia o el allanamiento a las observaciones del Ejecutivo sobre la Ley de Consulta.
El letrado explicó, además, que en el supuesto que se acepte la realización de la consulta previa, ésta no se podría realizar pues requiere que, antes del proceso de diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas se brinde a estos últimos, toda la información necesaria sobre posibles impactos, de manera que evalúen si les conviene o están de acuerdo con la decisión del gobierno.
InconstitucionalesDe otro lado, el abogado enfatizó la inconstitucionalidad de los decretos de urgencia que también están destinados a exonerar a determinados proyectos de inversión del estudio de impacto ambiental como requisito previo para la obtención de autorizaciones administrativas.
En tal sentido –según IDL-, esos dispositivos no cumplen con lo establecido en el artículo 118, inciso 19 de la Constitución Política, en el artículo 91 del Reglamento del Congreso de la República, y en el fundamento 60 de la sentencia 0008-2003-AI/TC del Tribunal Constitucional (TC).
Entre los requisitos materiales que establece la Constitución, este tipo de decretos solo pueden ser expedidos cuando se legisla en materia económica y financiera, ante una situación excepcional e imprevisible, en una urgencia y en una circunstancia de interés nacional.
En el caso de los decretos 001 y 002, esos requisitos no se cumplen, pues los decretos tienen un carácter administrativo y no económico ni financiero, tampoco se está ante una situación excepcional, extraordinaria, y menos imprevisible.
De otro lado, estos decretos de urgencia también afectan derechos fundamentales que limitan la facultad legislativa del Congreso. En primer lugar, según el art. 2 inciso 22 de la Constitución, se viola el derecho a un medio ambiente equilibrado pues las certificaciones ambientales ya no serán requeridas al momento de solicitar las autorizaciones administrativas sino antes del inicio de la ejecución de la obra.
UNA VEZ MÁS EL PADRE LES ADVIERTE A ESTOS DEMONIOS EL JUICIO A LOS ENTREGUISTAS DE ESTE SISTEMA DE VIDA CAPITALISTA, EN EL DIVINO TITULO PRESTEN ATENCIÓN, Y DICE EL PADRE ETERNO EN LA CIENCIA CELESTE ALFA Y OMEGA:
3217.- EN LA PRUEBA DE LA VIDA, EXSISTIERON INFINITAS CLASES DE INDIFERENCIAS, QUE EN OTROS CAUSÓ DOLOR DE INJUSTICIA; A LA CABEZA ESTÁN LOS LLAMADOS PRESIDENTES, REYES, DICTADORES DE NACIONES, QUE NO HICIERON LO QUE LOS PUEBLOS DESEABAN; FUERON ENTREGUISTAS DE LA BESTIA; FUERON TRAIDORES DE LOS HUMILDES; A ESTOS EXTRAÑOS INDIFERENTES, POR LO QUE OTROS SENTÍAN, NO SE LES PERDONARÁ NI UNA MOLÉCULA DE SUS ERRORES; ES MÁS FÁCIL QUE EL HIJO DE DIOS PERDONE, A UNO QUE FUÉ COMO ELLOS; ES MÁS FÁCIL QUE PERDONE, A UNO QUE NO FUÉ PODEROSO, EN UN EXTRAÑO Y DESCONOCIDO SISTEMA DE VIDA, QUE NADIE HABÍA PEDIDO A DIOS.-
Los millones que le pagó CASTAÑEDA a la OIM
EL PADRE ES CLARÍSIMO CON AQUELLOS GOBERNATES QUE SE TENTARON CON EL DINERO DEL PUEBLO, TAL ROBO LO PAGARAN. DICE EN LA CIENCIA CELESTE ALFA Y OMEGA.
Gestión de Castañeda le encargó a organismo supervisión de 180 obras y le pagó S/.44 millones.
111.- En la prueba de la vida, surgieron los llamados gobernantes, de las llamadas naciones; y entre ellos hubo escándalos y robos; estas extrañas inmoralidades de los que debieron haber tenido la más elevada moral, que la mente humana pudo haber imaginado, lo pagan ellos y los que los secundaron; este juicio lo harán los mismos pueblos, a quienes engañaron; y todo lo oculto que se hizo engañando a los pueblos, lo verá el mundo de la prueba, en la television solar; instante por instante todo se verá; los engañadores de pueblos pagan sus inmoralidades, segundo por segundo, molécula por molécula, idea por idea; a los llamados gobernantes del extraño mundo del oro, no se les perdonará ni una molécula de engaño cometido; el divino juicio de dios, es más severo y exigente, para los que más se engrandecieron y se hicieron poderosos, en un extraño y desconocido sistema de vida no escrito en el Reino de los Cielos; es más fácil que entre al Reino de dios, un humilde ciudadano que no fué gobernante de un extraño mundo, que en sus extrañas leyes incluyó la desigualdad; a que puedan entrar, los que se hicieron elegir gobernantes de tan extraño mundo.-
Gestión de Castañeda le encargó a organismo supervisión de 180 obras y le pagó S/.44 millones.
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| uno de los casos comprobados de corrupción y robo de dinero |
Ahora se sabe que la tremenda comisión que la gestión del exalcalde Luis Castañeda le pagó a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) por haberse hecho cargo de la supervisión de las grandes obras de la capital fue de casi S/.44 millones, nada menos.
En total, fueron 180 las obras cuya ejecución administró, entre 2003 y 2010, este cuestionado organismo internacional que goza de inmunidad diplomática. Todas le costaron a la ciudad S/.1,285’067,316.
De este monto, de acuerdo con lo que ha podido establecer la gestión de Susana Villarán, la OIM se ganó una comisión equivalente al 3.5% del valor de cada obra, con lo cual, en siete años, se hizo con nada menos que S/.43’456,382.
Es decir, no solo ocurrió que en ese período el municipio evadió los controles y la fiscalización de la Contraloría General de la República –puesto que la OIM fue el escudo para que ninguna factura, contrato o expediente técnico fueran revisados–, sino que, además, las arcas municipales desembolsaron a favor de esa entidad un dinero que bien pudo quedarse en la comuna para el desarrollo de obras sociales a favor de los limeños.
Esa cifra podría ser mayor si se toma en consideración que de las 32 obras iniciadas en 2010 (ver cuadro), hay varias que aún están en ejecución. Teniendo en cuenta que la gestión de Castañeda tenía por costumbre hacer presupuestos que después se disparaban por las nubes, el costo final de los proyectos puede ser mayor; con lo cual, la comisión final para la OIM podría superar los S/.43.4 millones.
LAS OBRAS. El 31 de mayo de 2009, este diario informó que 19 de las grandes obras de la ciudad estuvieron a cargo de la OIM, y que solo ellas superaban los 500 millones de soles.
Algunas de estas obras son la Vía Expresa Grau (S/.140 millones), la semaforización de la avenida Canadá (S/.1.5 millones), el Viaducto Paseo de la República-Manco Cápac (S/.17.6 millones), el Intercambio Vial Universitaria-Venezuela (S/.57.9 millones), la Interconexión Rímac-San Juan de Lurigancho (S/.62.4 millones), la Interconexión de la Vía Grau con San Juan de Lurigancho (S/.25.7 millones), entre otras.
La Contraloría ya ha expresado la imposibilidad de auditar el íntegro de estos proyectos porque los organismos internacionales no están obligados a rendir cuentas en el país, en virtud de su “inmunidad diplomática”. Por eso, nadie puede saber hasta el momento si Castañeda hizo o no buen uso de esos cientos de millones de soles.
En total, fueron 180 las obras cuya ejecución administró, entre 2003 y 2010, este cuestionado organismo internacional que goza de inmunidad diplomática. Todas le costaron a la ciudad S/.1,285’067,316.
De este monto, de acuerdo con lo que ha podido establecer la gestión de Susana Villarán, la OIM se ganó una comisión equivalente al 3.5% del valor de cada obra, con lo cual, en siete años, se hizo con nada menos que S/.43’456,382.
Es decir, no solo ocurrió que en ese período el municipio evadió los controles y la fiscalización de la Contraloría General de la República –puesto que la OIM fue el escudo para que ninguna factura, contrato o expediente técnico fueran revisados–, sino que, además, las arcas municipales desembolsaron a favor de esa entidad un dinero que bien pudo quedarse en la comuna para el desarrollo de obras sociales a favor de los limeños.
Esa cifra podría ser mayor si se toma en consideración que de las 32 obras iniciadas en 2010 (ver cuadro), hay varias que aún están en ejecución. Teniendo en cuenta que la gestión de Castañeda tenía por costumbre hacer presupuestos que después se disparaban por las nubes, el costo final de los proyectos puede ser mayor; con lo cual, la comisión final para la OIM podría superar los S/.43.4 millones.
LAS OBRAS. El 31 de mayo de 2009, este diario informó que 19 de las grandes obras de la ciudad estuvieron a cargo de la OIM, y que solo ellas superaban los 500 millones de soles.
Algunas de estas obras son la Vía Expresa Grau (S/.140 millones), la semaforización de la avenida Canadá (S/.1.5 millones), el Viaducto Paseo de la República-Manco Cápac (S/.17.6 millones), el Intercambio Vial Universitaria-Venezuela (S/.57.9 millones), la Interconexión Rímac-San Juan de Lurigancho (S/.62.4 millones), la Interconexión de la Vía Grau con San Juan de Lurigancho (S/.25.7 millones), entre otras.
La Contraloría ya ha expresado la imposibilidad de auditar el íntegro de estos proyectos porque los organismos internacionales no están obligados a rendir cuentas en el país, en virtud de su “inmunidad diplomática”. Por eso, nadie puede saber hasta el momento si Castañeda hizo o no buen uso de esos cientos de millones de soles.
Otra jornada de lucha contra decretos lesivos
Esa fue una de las principales conclusiones del Foro en procura de la anulación de dichos dispositivos, organizado por la central laboral, que también demandó a los candidatos presidenciales pronunciarse por la derogación de los decretos o declarar su nulidad de ser elegidos si el gobierno actual no los elimina.
Las organizaciones laborales coincidieron en señalar también que los decretos de urgencia 001 y 002 no tienen como objetivo el desarrollo de la infraestructura nacional, sino que buscan hacer negociados y subastar la soberanía y los bienes nacionales.
saludaron la decisión de las empresas estatales de realizar un paro el 23 de marzo como parte de las medidas de fuerza desarrolladas para anular los dispositivos.
Tras ratificar la unidad por la soberanía del Perú, contra la corrupta subasta, la CGTP llamó a los ciudadanos conscientes a sumarse a la lucha. La central sindical reiteró además su respaldo a los trabajadores azucareros en su demanda de promulgación de la Ley de Protección Patrimonial de sus empresas, que el presidente García ha vetado.
El representante del Foro Soberanía Energética y candidato de Gana Perú al Parlamento, Manuel Dammert, ratificó que detrás de estos controvertidos decretos está la intención de García de realizar grandes “meganegociados” en tres importantes infraestructuras del estado peruano: el gas de Camisea, el puerto norteño de Bayóvar y el puerto del Callao.
En el caso del primero, dijo que el objetivo es utilizar las reservas de gas de Camisea para abastecer de energía al norte de Chile.
Indicó que la segunda parte del plan entreguista consiste en regalar a la transnacional española Repsol el proyecto de PetroPerú de una plataforma de comercialización de Hidrocarburos en el Pacífico Sur, en el puerto norteño de Bayóvar. “Con el dispositivo en cuestión se le regala a Repsol, todas las instalaciones, equipos y activos de PetroPerú”, alertó.
La tercera joya de la corona que desea entregar García al capital transnacional, con vínculos indirectos Chilenos, es el muelle norte del Callao, la principal infraestructura del primer terminal portuario del país.
“Quieren entregar el puerto del Callao a un monopolio u oligopolio, con el consiguiente pago de un sobrecosto de mil millones de dólares anuales, a cargo del contribuyente nacional. ¿Y de quién sería el monopolio?: Del grupo naviero Chileno Neptunia, perteneciente a la familia Von Appen, que ya tiene el control del transporte de combustible de la producción de PetroPerú”, especificó.
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