“Esos años, el Congreso cumplió el papel más sumiso y perverso de su historia”. Así resume Javier Diez Canseco la labor del Poder Legislativo durante la década del gobierno de Alberto Fujimori, especialmente entre 1993 y el 2000.
Mostrar / Ocultar ▼▲
El ex congresista hoy electo evoca así leyes trasnochadas y decretos de urgencia ignorados que fueron fuente de corrupción en el gobierno de entonces.
Recuerda con claridad, por ejemplo, cómo la madrugada del 14 de junio de 1995 el Congreso con mayoría fujimorista discutió y aprobó la Ley 26749 de Amnistía a militares y policías que bajo el manto de la lucha antisubversiva cometieron ejecuciones extrajudiciales.
La famosa Ley Cantuta era promovida por Martha Chávez y alentada por Rafael Rey, en un Parlamento sumiso presidido por Jaime Yoshiyama. Los dos últimos, hoy en la plancha presidencial de Keiko Fujimori Higuchi.
Por esa ley, en julio de ese año el Consejo Supremo de Justicia Militar ordenó liberar a los militares que ejecutaron al profesor y estudiantes de La Cantuta (1992) y fue derogada recién el 2000, al término de la década fujimorista.
Interpretación descabellada
Más tarde, en 1996 el Parlamento dio la Ley de Interpretación Auténtica que permitía la segunda reelección de Fujimori.
“Ello ocurrió en el Congreso 1995-2000, y previamente se impidió el referéndum cambiando la Ley de Participación Ciudadana”, explica Diez Canseco.
Esta norma atentó contra la Constitución de 1993, que no facultaba al Congreso a interpretarla.
Un año después, en mayo de 1997, el Congreso decidió, tras 14 horas de debate, destituir a los magistrados del Tribunal Constitucional Delia Revoredo, Guillermo Rey Terry y Manuel Aguirre Roca, por sostener la inaplicabilidad de la cuestionada norma.
“Fue algo descabellado, pues se abrió una comisión investigadora a raíz del hostigamiento a los tres pero ellos terminaron acusados, sacados del TC y procesados. Todo avalado por un grupo presidido por Martha Hildebrandt”, señala.
El pleno fujimorista cambió la Ley Orgánica del TC, modificando su quórum y anulando así los mecanismos de control.
Carlos Ferrero Costa fue el único legislador fujimorista en abstenerse. “La corrupción y muchas cosas no las conocíamos como hoy.
También voté en contra de la amnistía y por esas discrepancias terminaron expulsándome”, indica.
Ferrero agrega que el Parlamento de entonces también avaló las esterilizaciones forzadas a campesinas humildes, la ley que habilitó a jueces sin rostro y en 1998 “el cheque en blanco para que el gobierno negocie con Ecuador”.
Pero recuerda especialmente los decretos legislativos para la compra de armas, que permitieron coimas millonarias para Vladimiro Montesinos y la cúpula militar de esos años.
Se legislaba por beeper
Recién el 2001 al retornar la democracia, una comisión del Congreso desclasificó los dispositivos secretos de la década fujimorista para compras de armamento.
“El Congreso debía revisar esos decretos de urgencia y no lo hizo. Con el pretexto de la seguridad nacional, se permitió la corrupción y legalizó al gobierno de facto”, sostiene Diez Canseco.
“Los parlamentarios del fujimorato votaban por beeper, con mensajes que recibían de Palacio y del SIN, donde les escribían los discursos. Obtenían prebendas, licencias, créditos y concesiones, pero también eran chantajeados, filmados en las Suites d eBarranco y sometidos. Una vergüenza”, dice.
Claves
Cuestionados. Martha Chávez y Luz Salgado volverán al Parlamento. La primera presidió una comisión investigadora del ‘chuponeo’ en los años más duros del fujimorismo, que exculpó a ese gobierno.
Cierre. El 5 de abril de 1992 Alberto Fujimori cerró el Congreso, donde no tenía mayoría útil. Consideraba que este poder era un obstáculo para sus reformas. Su hija Keiko dice que aquella fue una medida “excepcional”.
Cifras
20.5 millones de dólares destinó el fujimorismo a los congresistas tránsfugas.
8 de un centenar de decretos de Fujimori llegaron al Parlamento hasta el 2000.
Tránfugas comprados por Montesinos
1] El año 2000, 18 congresistas electos por otras agrupaciones fueron adheridos al oficialismo fujimorista, a cambio de dinero. En el SIN firmaron papeles de sujeción o, en otros casos, fueron sometidos a presión y chantaje. A Jorge Pollack Merel, electo por Solidaridad, se le entregó 490 mil dólares y prebendas para su emisora radial.
2] Recibieron prebendas José Luna Gálvez, Eduardo Farah, Luis Cáceres Velásquez y su hijo Róger. El caso más sonado fue el de Luis Alberto Kouri, quien recibió de Montesinos 15 mil dólares. El video de esta acción inició la caída del gobierno fujimorista. En lista también figuran José Luis Elías, hoy electo en Fuerza 2011 por Ica, Waldo Ríos (FIM), Ruby Rodríguez (Apra), Gregorio Ticona, Milagros Huamán y Antonio Palomo (Perú Posible).
