El Departamento de Defensa estadounidense analiza varias opciones para intervenir en Libia mientras legisladores presionan a la Casa Blanca para obligarla a endurecer su postura, revela hoy el diario The New York Times.
Tanto el jefe del Pentágono, Robert Gates, como oficiales de alto rango han advertido sobre las consecuencias en el mundo árabe de una nueva invasión norteamericana, por lo cual varios especialistas debaten sobre otras estrategias, subraya el periódico.
Entre las propuestas está el uso de un avión, que volaría en aguas internacionales, para bloquear las comunicaciones del gobierno libio con sus tropas, destacó un funcionario que solicitó el anonimato.
The New York Times recuerda que el USS Ponce y el USS Kearsarge, dos barcos anfibios, están apostados cerca de la costa del país árabe con la 26 Unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina a bordo, lista para entrar en combate.
La presencia de ambas naves puede verse como un ejemplo de “la diplomacia del cañón” y busca incrementar la confianza de los rebeldes y por el contrario disminuir el apoyo de las fuerzas leales al líder libio Muamar El-Gadafi, subraya.
Otra táctica sería suministrar armamento y pertrechos por aire a los alzados, como defendió Stephen Hadley, consejero de Seguridad Nacional del ex presidente George W. Bush.
Además, el Pentágono podría utilizar a sus fuerzas especiales en pequeña escala para ayudar a los grupos armados como hizo en Afganistán, agrega el rotativo.
Este fin de semana el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata John Kerry, llamó a la oficina Oval a ordenar una zona de exclusión aérea en Libia.
Esa propuesta fue defendida por el líder de la bancada republicana en la Cámara alta, Mitch McConnell, y su colega de partido y excandidato a la Casa Blanca, John McCain.
Por su parte, el periodista Robert Fisk afirma en el diario británico The Independet que las autoridades norteamericanas solicitaron a las sauditas suministrar armamento a la oposición libia si el conflicto se extiende.
(Con información de Prensa Latina)
lunes, 7 de marzo de 2011
El gobierno de los ricos
DICE EL DIVINO PADRE ETERNO EN LA CIENCIA CELESTE ALFA Y OMEGA:
Ellos lloran cuando supuestamente pierden ganancias y por esto van en lujosos jets a pedir limosna al Congreso para que les preste un dinerito de nuestros impuestos, como cuando le pidieron en el 2008 al gobierno $700 mil millones de dólares estímular la economía estadounidense. El supuesto “estímulo” no ha dado los resultados que se esperaban en la mayoría de los casos. Las víctimas no son obviamente los millonarios y ricos, el blanco central de esta crísis son los trabajadores: servidores públicos, maestros, enfermeras y los pobres quienes siempre pagan los platos rotos.
El 14 de Febrero, el gobernador republicano Scott Walker de Wisconsin presentó un proyecto de ley anti-democrático que entre otras cosas eliminaría casi todos los derechos a la negociación colectiva de la mayoría de los empleados públicos y recortaría los sueldos y beneficios de dichos sectores. El gobernador defendió sus proyecto declarando que era necesario para equilibrar el déficit presupuestario de tres mil 600 millones de dólares en los próximos dos años. En otras palabras, los trabajadores tienen que pagar una cuota mayor en sus seguros médicos y sus fondos de pensiones. Y de paso barre de un zarpazo los sindicatos (excepto los de los bomberos y policías) y el derecho a la negociación.
Este proyecto le ha ganado una enorme oposición por parte de los trabajadores. El sábado 26 de Febrero tuvo lugar una protesta de 100,000 trabajores y sus familias en Madison en contra de la propuesta. En esos días 600 manifestantes durmieron en el ayuntamiento, el gobernador Walker pidió que fueran removidos, pero la policía se negó a complir ordenes porque entendían que tenían derecho a protestar. Las protestas se han extendido a Indiana, Ohio, Idaho... En las protestas habían pancartas que decían “Fuera Hosni Walker” en alusión al exdictador egipcio Mubarak Hosni.
Los medios oficiales de comunicación social le han dado muy poca atención a esas movilizaciones. Por otro lado, en defensa de los ricos, desde el pasado enero el gobernador Walker otorgó una amnistía fiscal a empresas multinacionales que cuesta a las arcas del estado 170 millones de dólares.
Un reciente estudio de El Centro de Presupuestos y Prioridades que analiza las propuestas de presupuestos para el próximo año fiscal 2012 que de aprobarse en 41 estados demócratas y republicanos serían desbastadoras. Demócratas y Repúblicanos estan exigiendo que la crisis que hicieron los poderosos la lleven en la espalda los trabajadores. Posiblemente, a menos que los gobernadores encuentren una oposición social muy fuerte y bien organizada, una de las área más afectadas serán la educación. Otra área que podrá afectarse en 23 estados significativamente será la salud. En otros estados de aprobarse su presupuesto los servidores públicos perderían miles de sus empleos, perderían sus beneficios de pensiones y habrán cortes en los programas gubernamentales para ancianos y niños pobres.
Estados Unidos gasta en la guerra alrededor de $2.000 millones de dólares a la semana ¡solamente en Afganistan!; lo que representa unos $104.000 millones de dólares al año, esto sin incluir Irak. Millones que muy bien debería ir a los estados en lugar de ir a las guerras y corporaciones. Frente a la realidad que experimentamos y que se puede agudizar, es necesario en Estados Unidos que la clase trabajadora considere fundar una alternativa verdaderamente socialista, independiente de las corporaciones y de los partidos tradicionales. Que exija la crisis la paguen los ricos y millonarios.
3232.- EN LA PRUEBA DE LA VIDA, CADA CUAL DEFENDIÓ TAL O CUAL FORMA DE GOBIERNO; LOS QUE DEFENDIERON A GOBIERNOS QUE DEFENDÍAN A LA BESTIA, CAYERON EN SUS PRUEBAS DE VIDA; PORQUE EL SISTEMA DE LOS RICOS, YA HABÍA SIDO SENTENCIADO POR EL DIVINO PADRE JEHOVA; ESCRITO FUÉ: ES MÁS FÁCIL QUE UN CAMELLO PASE POR EL OJO DE UNA AGUJA, A QUE UN RICO LOGRE ENTRAR AL REINO DE LOS CIELOS; EN LA PRUEBA DE LA VIDA, HABÍA QUE SABER A QUIEN SE DEFENDÍA; Y PARA SABERLO, HABÍA QUE CONSULTAR CON EL DIVINO EVANGELIO DE DIOS.-
Si se deja de repetir como papagayo el discurso de los principales medios de comunicación social y por el contrario se analiza cuidadosamente los conflictos y contradiciones de clase sociales se caerá en cuenta de que Estados Unidos es una plutocracia, es decir, un gobierno dirigido por los ricos y para los ricos. Gobernado por los multimillonarios, propietarios de bancos, corporaciones, comunicaciones y del enorme complejo industrial militar. Los principales responsables que dieron origen a la crisis en que estamos metidos. Ellos lloran cuando supuestamente pierden ganancias y por esto van en lujosos jets a pedir limosna al Congreso para que les preste un dinerito de nuestros impuestos, como cuando le pidieron en el 2008 al gobierno $700 mil millones de dólares estímular la economía estadounidense. El supuesto “estímulo” no ha dado los resultados que se esperaban en la mayoría de los casos. Las víctimas no son obviamente los millonarios y ricos, el blanco central de esta crísis son los trabajadores: servidores públicos, maestros, enfermeras y los pobres quienes siempre pagan los platos rotos.
El 14 de Febrero, el gobernador republicano Scott Walker de Wisconsin presentó un proyecto de ley anti-democrático que entre otras cosas eliminaría casi todos los derechos a la negociación colectiva de la mayoría de los empleados públicos y recortaría los sueldos y beneficios de dichos sectores. El gobernador defendió sus proyecto declarando que era necesario para equilibrar el déficit presupuestario de tres mil 600 millones de dólares en los próximos dos años. En otras palabras, los trabajadores tienen que pagar una cuota mayor en sus seguros médicos y sus fondos de pensiones. Y de paso barre de un zarpazo los sindicatos (excepto los de los bomberos y policías) y el derecho a la negociación.
Este proyecto le ha ganado una enorme oposición por parte de los trabajadores. El sábado 26 de Febrero tuvo lugar una protesta de 100,000 trabajores y sus familias en Madison en contra de la propuesta. En esos días 600 manifestantes durmieron en el ayuntamiento, el gobernador Walker pidió que fueran removidos, pero la policía se negó a complir ordenes porque entendían que tenían derecho a protestar. Las protestas se han extendido a Indiana, Ohio, Idaho... En las protestas habían pancartas que decían “Fuera Hosni Walker” en alusión al exdictador egipcio Mubarak Hosni.
Los medios oficiales de comunicación social le han dado muy poca atención a esas movilizaciones. Por otro lado, en defensa de los ricos, desde el pasado enero el gobernador Walker otorgó una amnistía fiscal a empresas multinacionales que cuesta a las arcas del estado 170 millones de dólares.
Un reciente estudio de El Centro de Presupuestos y Prioridades que analiza las propuestas de presupuestos para el próximo año fiscal 2012 que de aprobarse en 41 estados demócratas y republicanos serían desbastadoras. Demócratas y Repúblicanos estan exigiendo que la crisis que hicieron los poderosos la lleven en la espalda los trabajadores. Posiblemente, a menos que los gobernadores encuentren una oposición social muy fuerte y bien organizada, una de las área más afectadas serán la educación. Otra área que podrá afectarse en 23 estados significativamente será la salud. En otros estados de aprobarse su presupuesto los servidores públicos perderían miles de sus empleos, perderían sus beneficios de pensiones y habrán cortes en los programas gubernamentales para ancianos y niños pobres.
Estados Unidos gasta en la guerra alrededor de $2.000 millones de dólares a la semana ¡solamente en Afganistan!; lo que representa unos $104.000 millones de dólares al año, esto sin incluir Irak. Millones que muy bien debería ir a los estados en lugar de ir a las guerras y corporaciones. Frente a la realidad que experimentamos y que se puede agudizar, es necesario en Estados Unidos que la clase trabajadora considere fundar una alternativa verdaderamente socialista, independiente de las corporaciones y de los partidos tradicionales. Que exija la crisis la paguen los ricos y millonarios.
El gobierno criminal de Colombia dando lecciones de Derechos Humanos
El 28 de febrero de 2011 el Consejo de Seguridad (sic) de las Naciones Unidas (sic), del que forma parte el Estado colombiano, aprobó por unanimidad la resolución No. 1970, por medio de la cual se condena a Libia. Lo significativo del caso es que un estado criminal como el colombiano, que se caracteriza por su permanente violación de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, y del más elemental de todos los derechos, el derecho a la vida, y cuyo presidente actual es el responsable intelectual, ideólogo y organizador del asesinato de miles de jóvenes pobres, conocidos de manera eufemística como “falsos positivos”, presuman de ser defensores del pueblo de Libia y con lágrimas de cocodrilo condenen a ese país por violar los derechos humanos, fungiendo de simples perros falderos del imperialismo, e incluso pidan la intervención de la dudosa y muy cuestionada Corte Penal Internacional. No debe sorprender que un régimen como el colombiano, tan criminal y dependiente del imperialismo, se haya plegado a una resolución redactada por la delegación de Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Alemania.
Por si hubiera dudas de lo que estamos diciendo con respecto a la violación de los derechos humanos por parte del régimen en Colombia, sólo basta recordar algunas cifras: Colombia es el primer país del mundo en desplazamiento forzado de su población (5.500.000 personas), superando a países como Sudan e Irak; Colombia es el campeón mundial de asesinato de sindicalistas; entre el 2005 y 2010, la Fiscalía General de la Nación, reportó 173.000 asesinatos por parte de fuerza (para)militares; la ONU misma acaba de decir en febrero de este año que en Colombia se incrementaron las masacres cometidas por grupos criminales, en los que se comprueba la participación de miembros de las fuerzas armadas estatales, que pasaron de 27 en 2009 a 38 en 2010; se calculan en 250.000 los desaparecidos en Colombia en los últimos 20 años; se han encontrado en el territorio colombiano unas 300 fosas con restos de personas asesinadas, por paramilitares y fuerzas armadas; hay 7500 presos políticos en Colombia que sufren la tortura y el maltrato por parte del Estado; Presidentes de la República, vicepresidentes, ministros, senadores, funcionarios del Estado a todos los niveles, generales y altos y bajos mandos del Ejército, la policía, el DAS y todos los organismos del Estado han sido y son organizadores, financiadores y miembros de grupos de criminales a lo largo y ancho del país.
¡Con estos pocos datos queda demostrada la gran autoridad moral que el régimen colombiano tiene para impartirle lecciones de derechos humanos a Libia o a cualquier otro país del mundo!
El discurso del Embajador de Colombia ante la ONU alcanza tal nivel de surrealismo, que su contenido, al pie de la letra y sin cambiarle ni una coma, puede ser aplicado a Colombia. Por ello reproducimos el texto leído por Néstor Osorio en las Naciones Unidas el 28 de febrero, pero cambiándole algunos nombres (donde dice Colombia hemos puesto Libia y viceversa, y los cambios van en negrillas), para demostrar que se aplica por completo al caso de Colombia y a los crímenes perpetrados por el Estado, y como consecuencia de los cuales deben ser juzgados por tribunales internacionales conocidos genocidas como Álvaro Uribe Vélez.
El texto tomado directamente de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia es el siguiente:
28/03/2011
Discurso de Embajador Ali Treki ante Consejo de Seguridad de la ONU sobre situación en Colombia
Nueva York, (28 Feb./11). El embajador Ali Treki, Representante Permanente de Libia ante las Naciones Unidas, manifestó su satisfacción por la resolución del Consejo de Seguridad ante la situación de Paz y Seguridad en América Latina y Colombia.
CONSEJO DE SEGURIDAD
PAZ Y SEGURIDAD EN AMERICA LATINA, LA SITUACION EN COLOMBIA
INTERVENCIÓN DE S.E. EMBAJADOR ALI TREKI, REPRESENTANTE PERMANENTE DE LIBIA ANTE LAS NACIONES UNIDAS
Señora Presidente,
Quiero expresar la satisfacción de mi delegación por la Resolución que este Consejo viene de aprobar, como resultado de un proceso de consultas oportuno, responsable y en consonancia con el sentido de urgencia que la situación y la comunidad internacional exigen.
De manera unánime y con determinación, el Consejo transmite un mensaje directo y contundente: la violencia debe terminar y los responsables de los ataques contra la población tendrán que responder por sus delitos y por ello, resulta muy oportuna la decisión de remitir la situación a la Corte Penal internacional.
Consternados hemos seguido el escalamiento de la violencia y la represión contra la población. Libia reitera la urgencia de detener la violencia y exige a las autoridades colombianas el estricto cumplimiento de sus obligaciones internacionales y el derecho internacional de los derechos humanos.
Rechazamos de manera inequívoca las incitaciones a la violencia desde sectores oficiales y condenamos las violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales del pueblo colombiano. El Estado debe asumir su responsabilidad primaria de garantizar la seguridad y derechos de sus ciudadanos, incluyendo el derecho a la vida, a la libertad de expresión y reunión pacífica.
Mi país ha mantenido una posición firme y coherente en todos los escenarios en los que se ha abordado esta situación. Copatrocinamos la resolución del Consejo de Derechos Humanos, en la que se estableció una comisión internacional de investigación sobre las violaciones cometidas en Colombia y se recomendó la suspensión de la membresía de ese país. Adicionalmente, copatrocinaremos la resolución que somete a consideración de la Asamblea General esa recomendación.
Colombia debe encontrar los mecanismos para responder de manera efectiva a las legítimas aspiraciones de su pueblo, en búsqueda de una sociedad más justa y equitativa, en la que sus ciudadanos puedan ejercer libremente sus derechos y libertades fundamentales. La reconciliación requerirá el establecimiento de responsabilidades, enfrentar la impunidad y asegurar que quienes cometan o hayan cometido crímenes de lesa humanidad sean sometidos a la justicia.
La comunidad internacional debe permanecer unida y continuar tomando las medidas conducentes a detener las violaciones que cometen los verdugos del pueblo colombiano.
Muchas gracias, señora Presidente.
Por si hubiera dudas de lo que estamos diciendo con respecto a la violación de los derechos humanos por parte del régimen en Colombia, sólo basta recordar algunas cifras: Colombia es el primer país del mundo en desplazamiento forzado de su población (5.500.000 personas), superando a países como Sudan e Irak; Colombia es el campeón mundial de asesinato de sindicalistas; entre el 2005 y 2010, la Fiscalía General de la Nación, reportó 173.000 asesinatos por parte de fuerza (para)militares; la ONU misma acaba de decir en febrero de este año que en Colombia se incrementaron las masacres cometidas por grupos criminales, en los que se comprueba la participación de miembros de las fuerzas armadas estatales, que pasaron de 27 en 2009 a 38 en 2010; se calculan en 250.000 los desaparecidos en Colombia en los últimos 20 años; se han encontrado en el territorio colombiano unas 300 fosas con restos de personas asesinadas, por paramilitares y fuerzas armadas; hay 7500 presos políticos en Colombia que sufren la tortura y el maltrato por parte del Estado; Presidentes de la República, vicepresidentes, ministros, senadores, funcionarios del Estado a todos los niveles, generales y altos y bajos mandos del Ejército, la policía, el DAS y todos los organismos del Estado han sido y son organizadores, financiadores y miembros de grupos de criminales a lo largo y ancho del país.
¡Con estos pocos datos queda demostrada la gran autoridad moral que el régimen colombiano tiene para impartirle lecciones de derechos humanos a Libia o a cualquier otro país del mundo!
El discurso del Embajador de Colombia ante la ONU alcanza tal nivel de surrealismo, que su contenido, al pie de la letra y sin cambiarle ni una coma, puede ser aplicado a Colombia. Por ello reproducimos el texto leído por Néstor Osorio en las Naciones Unidas el 28 de febrero, pero cambiándole algunos nombres (donde dice Colombia hemos puesto Libia y viceversa, y los cambios van en negrillas), para demostrar que se aplica por completo al caso de Colombia y a los crímenes perpetrados por el Estado, y como consecuencia de los cuales deben ser juzgados por tribunales internacionales conocidos genocidas como Álvaro Uribe Vélez.
El texto tomado directamente de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia es el siguiente:
28/03/2011
Discurso de Embajador Ali Treki ante Consejo de Seguridad de la ONU sobre situación en Colombia
Nueva York, (28 Feb./11). El embajador Ali Treki, Representante Permanente de Libia ante las Naciones Unidas, manifestó su satisfacción por la resolución del Consejo de Seguridad ante la situación de Paz y Seguridad en América Latina y Colombia.
CONSEJO DE SEGURIDAD
PAZ Y SEGURIDAD EN AMERICA LATINA, LA SITUACION EN COLOMBIA
INTERVENCIÓN DE S.E. EMBAJADOR ALI TREKI, REPRESENTANTE PERMANENTE DE LIBIA ANTE LAS NACIONES UNIDAS
Señora Presidente,
Quiero expresar la satisfacción de mi delegación por la Resolución que este Consejo viene de aprobar, como resultado de un proceso de consultas oportuno, responsable y en consonancia con el sentido de urgencia que la situación y la comunidad internacional exigen.
De manera unánime y con determinación, el Consejo transmite un mensaje directo y contundente: la violencia debe terminar y los responsables de los ataques contra la población tendrán que responder por sus delitos y por ello, resulta muy oportuna la decisión de remitir la situación a la Corte Penal internacional.
Consternados hemos seguido el escalamiento de la violencia y la represión contra la población. Libia reitera la urgencia de detener la violencia y exige a las autoridades colombianas el estricto cumplimiento de sus obligaciones internacionales y el derecho internacional de los derechos humanos.
Rechazamos de manera inequívoca las incitaciones a la violencia desde sectores oficiales y condenamos las violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales del pueblo colombiano. El Estado debe asumir su responsabilidad primaria de garantizar la seguridad y derechos de sus ciudadanos, incluyendo el derecho a la vida, a la libertad de expresión y reunión pacífica.
Mi país ha mantenido una posición firme y coherente en todos los escenarios en los que se ha abordado esta situación. Copatrocinamos la resolución del Consejo de Derechos Humanos, en la que se estableció una comisión internacional de investigación sobre las violaciones cometidas en Colombia y se recomendó la suspensión de la membresía de ese país. Adicionalmente, copatrocinaremos la resolución que somete a consideración de la Asamblea General esa recomendación.
Colombia debe encontrar los mecanismos para responder de manera efectiva a las legítimas aspiraciones de su pueblo, en búsqueda de una sociedad más justa y equitativa, en la que sus ciudadanos puedan ejercer libremente sus derechos y libertades fundamentales. La reconciliación requerirá el establecimiento de responsabilidades, enfrentar la impunidad y asegurar que quienes cometan o hayan cometido crímenes de lesa humanidad sean sometidos a la justicia.
La comunidad internacional debe permanecer unida y continuar tomando las medidas conducentes a detener las violaciones que cometen los verdugos del pueblo colombiano.
Muchas gracias, señora Presidente.
Mapuches derrotan a la Ley Antiterrorista
Tres meses y medio tardó la justicia en entregar su veredicto respecto de las imputaciones formuladas contra 17 comuneros mapuches en Cañete, formalizados por asociación ilícita, incendio, robo y atentado contra la autoridad, todos agravados por la aplicación de la Ley Antiterrorista. Al punto que la Fiscalía pedía en algunos casos más de cien años de prisión, basándose en declaraciones de “testigos protegidos”, que en el juicio entraron en abiertas contradicciones, mientras que otros denunciaron haber sido sometidos a torturas para obtener dichos testimonios.
El Ministerio Público, sin embargo, sufrió un revés importante en sus propósitos al ser declarados culpables sólo cuatro de los 17 imputados, ninguno de ellos por delitos de carácter terrorista, como solicitaba la Fiscalía. Los condenados son Héctor Llaitul Carrillanca, Jonathan Huillical Méndez, José Huenuche Rei-mán y Ramón Llanquileo Pilquimán, quienes arriesgan penas de hasta 10 años y un día por los cargos de robo con intimidación y homicidio frustrado y lesiones. Estos últimos, por la participación que les cabría en el presunto atentado al fiscal Mario Elgueta, ocurrido el 16 de octubre de 2008 en el sector de Puerto Choque cuando regresaba de un procedimiento en la casa de José Santos Jorquera, conocido en la zona por haber facilitado durante la dictadura sus tierras a los militares para la detención de prisioneros, muchos de ellos desaparecidos.
Los magistrados se dieron un mes de plazo -hasta el 22 de marzo- para redactar el fallo, y la defensa tiene 10 días hábiles antes de esa fecha para apelar a las condena, lo que ya han confirmado los abogados defensores por sustentarse en declaraciones de testigos protegidos que carecen de toda validez y por una serie de irregularidades que se dieron en el marco del proceso, como que la defensa no haya sido convocada (aunque sí la prensa) a la reconstitución de escena del principal delito imputado, el atentado al fiscal Elgueta, quien, ¿cabe la casualidad?, antes de estos hechos recibió formación antiterrorista en Estados Unidos.
Por eso, si bien es cierto que la absolución de la mayor parte de los imputados reviste un avance, persisten en este juicio -como lo veremos a continuación- la aplicación de la Ley Antiterrorista, los falsos testimonios, los montajes y las violaciones al debido proceso de los mapuches movilizados por la defensa de su territorio ancestral.
Caso emblemático
Sin lugar a dudas, este es un juicio emblemático, tanto por el alto número de formalizados como por la complejidad de los cargos y la diversidad de los delitos atribuidos. Es también el primero en que se invoca la Ley Antiterrorista tras la huelga de hambre que por 86 días mantuvieron 34 presos políticos mapuche durante 2010, precisamente para poner fin al uso de esta ley especial en juicios contra comuneros mapuches, así como a los dobles juzgamientos que enfrentan por un mismo delito, en tribunales ordinarios y en la justicia militar.
Esta medida de presión -luego de intensas negociaciones, incluida la mediación de la Iglesia- logró forzar el compromiso del gobierno de no aplicar la Ley Antiterrorista en las causas mapuches y de tramitar de modo urgente su modificación para adecuarla a los estándares internacionales en la materia, así como enmendar el Código Militar, para revertir su excesiva competencia que permite a los tribunales castrenses juzgar a civiles. Esto último es exigido además al Estado chileno por sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el denominado caso Palamara, obligatoria para Chile; entre otras cosas también se le ordena limitar la jurisdicción de dichos tribunales exclusivamente a militares en ejercicio de sus funciones. Constatar si el gobierno cumpliría sus compromisos, era otro elemento importante en este juicio.
Compromisos parciales
El Ejecutivo retiró la formalización por delito terrorista, pero lo hizo recién el 17 de febrero, durante la intervención del nuevo abogado del Ministerio del Interior en los alegatos finales para el cierre del juicio, a casi cinco meses de los acuerdos con los huelguistas, pues la huelga de hambre fue depuesta el 1° de octubre de 2010 por la mayoría de los ayunantes, y una semana más tarde por los restantes.
En cuanto a las modificaciones legales, si bien se realizaron, fueron parciales e insustanciales en sus efectos, pues cinco de los imputados fueron igualmente juzgados y luego absueltos por la justicia militar, ante la falta de pruebas en su contra. Entre ellos, Héctor Llaitul, sindicado por los fiscales de Cañete como el cabecilla de la asociación ilícita terrorista mapuche que habrían constituido los acusados. Pero se siguió utilizando testigos sin rostro, en abierta vulneración al derecho a un debido proceso durante el largo tiempo en que el gobierno no se pronunció sobre la recalificación de los delitos a la que se había obligado. Tanto la Fiscalía, de manera tozuda y desafiante, como el querellante particular, Forestal Mininco, continuaron invocando férreamente la Ley Antiterrorista, la que permite el uso de este tipo de testigos secretos.
Finalmente, ningún comunero fue condenado aplicando esta ley, aunque el tribunal de todos modos la consideró en el caso del delito de incendio, pero estimó que no había pruebas suficientes para condenar por este cargo. Así, el tribunal persiste en identificar al incendio, aún cuándo no se pone en riesgo la vida de personas y sólo se atenta contra bienes materiales, como un delito susceptible de ser considerado terrorista, lo que se aleja de la postura adoptada por los órganos internacionales de derechos humanos, que imponen la necesidad de que se atente contra la vida humana de modo consciente para que un acto sea calificado de terrorista.
Cabe además precisar que eliminar el incendio en casa deshabitada como delito de esta envergadura, fue una de las principales propuestas y exigencias en la reciente modificación a la Ley Antiterrorista, pero en definitiva ésta fue rechazada por el Parlamento, manteniéndose de este modo un margen de arbitrariedad que permite al Estado -puntualmente al Ministerio Público, que es quien investiga y formaliza los cargos- criminalizar la protesta de diversos movimientos sociales y pueblos, recurriendo incluso al engaño, los montajes y la tortura para configurar el delito. Por eso es una muy mala señal, y de extrema gravedad, que los tribunales mantengan esta posición, ya que de acuerdo a la Constitución Política tanto el Poder Legislativo (que equivocadamente no consideró la reforma a esta figura) como el Poder Judicial (y, por cierto, el Ejecutivo), están obligados a promover y respetar los derechos garantizados en los tratados ratificados y vigentes en el país. Resolver, entonces, aplicando estos estándares era un deber del tribunal, que incumplió, sentando un adverso precedente para los diversos juicios que tendrán lugar en los próximos meses contra mapuches por este mismo tipo de acciones.
Falsos testimonios y tortura
Las incongruencias en las que entraron algunos de los testigos de la Fiscalía durante el juicio fueron tan burdas, que era evidente que estaban mintiendo al tribunal. Como en el caso del testigo de nombre “Ismael”, quien testificó haber leído una declaración, en circunstancias que no sabe leer; o del testigo número 8, quien señaló haber escuchado a Ramón Llanquileo avisar que venían los carabineros tras un supuesto ataque a la casa de Santos Jorquera, pero este testigo sufre de sordera desde hace dos años; o del testigo número 26, quien aseguró haber reconocido a uno de los imputados “por los puros ojos y por su baja altura” en el ataque con metralletas a Santos Jorquera, no obstante tratarse de una persona de estatura media en la zona, y a que en la causa nunca se probó la existencia de este tipo de armamento.
Pero lo que causó mayor consternación fueron las denuncias de tortura que se declaró habrían recibido dos de los testigos del Ministerio Público, los que “curiosamente” fueron retirados de la lista de testimonios de prueba aportada por la Fiscalía, al enterarse de su intención de confesar ante el tribunal este grave apremio cometido por agentes del Estado.
Se trata de los hermanos José y Rodrigo Viluñir que, al no poder estar presentes en el estrado, Patricio Cona, presidente de la comunidad Caupolicán a la que pertenecen, expuso su testimonio: “La primera vez fueron detenido por Carabineros y llevados al predio de Eduardo Campos, donde (a Rodrigo) lo cambiaron de vehículo a una camioneta roja y luego lo llevaron a un puente, le colgaron de manos y pies, esposado, y le dijeron que tenía que inventar cualquier cosa y colaborar con ellos”. Este proceder de los policías, validado por el Ministerio Público en su afán por acusar de terroristas a los mapuches, no es nuevo y tampoco se aplica exclusivamente a adultos. Como comprobó en diciembre pasado una misión de observación de derechos humanos que visitó el penal de Chol Chol y entrevistó a L.M., uno de los niños mapuches a los que se imputan delitos de carácter terrorista y que hasta hace unas semanas permaneció en “internación provisoria” en dicho centro por casi un año. Aún cuando la reforma a la Ley Antiterrorista tras la huelga de hambre de los presos mapuches, a la que se sumó en su momento L.M., prohíbe su aplicación a menores de edad. En forma reiterada se le negó a L.M. la libertad, pese a existir mayoría en el tribunal a favor de revocar la medida cautelar de prisión, porque la Ley Antiterrorista exige unanimidad.
En su relato, L.M. develó la forma en que se obtienen testimonios falsos bajo tortura y ofertas económicas. L.M. fue detenido en su colegio por personal de Carabineros y agentes de civil, quienes lo insultaron y golpearon durante todo el trayecto en un auto blanco sin identificación y luego en la comisaría, pidiéndole identificar a determinadas personas. Luego fue el tiempo de las ofertas, no por ello abandonando los golpes. “L.M. ¿querí tener mucha plata?”, le dijeron, “si tú quieres, las cosas pueden cambiar para ti y tu familia. Los podemos sacar de la región y cambiarte el nombre”. Todo a cambio de una confesión.
Medios para concientizar a la población
Los medios de comunicación masivos siempre han trabajado en estrecha relación con las policías, desde la otrora crónica roja hasta los complejos escenarios de terrorismo que según la Fiscalía hoy asolarían Chile, originados por los mapuches y en el último tiempo por los jóvenes okupas, denominados “antisistémicos” y considerados “un peligro para la sociedad”.
Consciente de ello, el Ministerio Público fue construyendo su argumentación de cara al tribunal, pero también frente a la opinión pública, valiéndose para ello de los medios de comunicación que han informado profusamente cada vez que se detiene o encausa a un mapuche, y que han festinado con su supuesta vinculación con grupos armados extranjeros, como las FARC y la ETA.
En el documental Ngüenén, el engaño, de Dauno Totoro e Italo Retamal, se pone en jaque la veracidad del atentado a Elgueta, se muestra claramente cómo los manuales que el fiscal conoció en Estados Unidos instruyen que -para el éxito de una operación de inteligencia- se debe tener además del control del poder punitivo y de las leyes, la venia del público. Para ello, de acuerdo al manual, se requieren dos acciones básicas: resaltar el carácter violento y destructivo de estos grupos de “desadaptados”, con el propósito de infundir temor y rechazo en la población, y promover el sufrimiento de las presuntas “víctimas”, para sensibilizar y alcanzar la empatía del público. Algo que sobre todo la televisión, pero también la radio y la prensa escrita, saben hacer a la perfección. Programas como Contacto o Informe Especial, han servido para difundir las tesis incriminadoras de la Fiscalía, al mismo tiempo que moldean percepciones y contribuyen a crear el estigma terrorista.
Por eso, llama la atención que este juicio, tan publicitado al momento de las detenciones, no tuviera una cobertura permanent. Y es que ni siquiera los medios que han facilitado la criminalización, creen que estos hechos de protesta social revistan el carácter de terrorismo y que los mapuches sean terroristas.
Tanto los abogados defensores como los observadores internacionales coinciden en que se trata de “un juicio político” y que la razón de fondo para esta persecución es facilitar la explotación de recursos en tierras usurpadas a los mapuches por el Estado que hoy los incrimina. Esta misma persecución hoy se aplica a jóvenes okupa por oponerse al sistema, y empieza a percibirse también, aunque aún no bajo la lógica terrorista, contra grupos que se oponen a proyectos mineros, termoeléctricos, hidroeléctricos y contaminantes.
(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 728, 4 de marzo, 2011)
punto@tutopia.com
www.puntofinal.cl
www.pf-memoriahistorica.org
¿A qué crisis nos enfrentamos?
Caracterizar adecuadamente bajo qué tipo de crisis malvivimos, es imprescindible para no cometer errores estratégicos. Los datos sobre el desempleo, la muy débil e incierta recuperación económica mundial, las dificultades que amenazan a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, etc., el encarecimiento de alimentos, fármacos y energías, las hambrunas, la saturación de la capacidad de carga del planeta, el resurgimiento de las luchas populares en el Norte de África y en el corazón del imperialismo, la militarización, la contraofensiva de las burguesías, todo indica que no estamos ante una simple crisis. Ahora mismo existe una profunda inestabilidad financiera que tiene su origen en la abisal distancia entre la producción mundial de valor y el total de capital financiero. Por cada dólar de valor real existen casi 20 dólares flotando sin soporte material. Crisis financieras han existido, que se sepa, desde 1637 cuando pinchó la “economía de aire” pese a los esfuerzos de controlarla desde 1610. Según la industria y el comercio pierden rentabilidad, los capitales se vuelcan en el “juego bursátil”, en la “ingeniería financiera”, en la especulación de alto riesgo que al principio reactiva la economía pero luego la ahoga en un océano de deudas impagables.
Para salir de la crisis de finales de los ’60, el capitalismo lanzó la feroz contraofensiva neoliberal que obtuvo triunfos significativos pero no logró relanzar masivamente los beneficios. A mediados de los ’80 EEUU y Gran Bretaña forzaron la desregulación de los controles financieros instaurando el capitalismo “de casino”, de “dinero loco”. La URSS, minada por la burocracia y el ataque imperialista desde 1917, no pudo aguantar e implosionó. Parecía que por fin el capitalismo había superando sus limitaciones y que se iniciaba la era la de la “economía del conocimiento”, “desmaterializada”; pero bajo la superficie se agitaban las contradicciones negadas por la propaganda. Crisis financieras y de deuda habían estallado en los ’80, en los ’90 emergieron las luchas de los pueblos y la catástrofe de los “tigres asiáticos”, supuestos ejemplos de la “nueva economía”. Un anuncio de lo que se avecinaba apareció en el corralito argentino a comienzos del siglo XXI, pero la enceguecida estupidez burguesa siguió dirigiéndose al desastre de 2007-2011.
¿Por qué han fallado las medidas impuestas desde comienzos de los ’70 pese a los períodos de recuperación y a las victorias contrarrevolucionarias? Por dos razones que nos llevan a la definición de la crisis actual como crisis “nueva” en la historia burguesa. Una razón es que la propia lógica interna del capital dificulta cada vez más la obtención de beneficios, lo que le obliga a la creciente intervención del Estado, al aumento de la explotación y de la represión, y al recurso de las guerras. Para salir de cada crisis estructural, el capitalismo necesita más sangre humana en cualquiera de sus formas que la que necesitó para salir de la crisis anterior. Un ejemplo, la proporción de dinero público que hacía falta en la década de 1930 para reactivar la economía era de 1 a 4, mientras que en la de 2000 ha sido de 30 a 4, y va en aumento. El problema es que apenas queda dinero público. Se estima que en 2010 la deuda de los 30 Estados más enriquecidos sea del 100% de su PIB, destacando la de EEUU. Como se están agotando las reservas, se agudiza la represión de los derechos democráticos y sindicales, y se multiplica la explotación económica y el saqueo imperialista.
La otra razón es que en la segunda mitad del siglo XX se materializaron tres nuevas contradicciones que aumentan exponencialmente los problemas del capital. Una contradicción es la posibilidad objetiva de la autodestrucción humana por una guerra termonuclear y bioquímica. En los ’80 se demostró que el invierno nuclear subsiguiente tapará la Tierra durante años bajo una radiactiva y envenenada oscuridad gélida que aniquilará la fotosíntesis y sólo dejará con vida cucarachas e insectos. Las fuerzas destructivas actuales pueden aniquilar más de 20 veces la vida humana. Esta es una de las razones que han impedido a EEUU recurrir a la guerra nuclear siquiera táctica y restringida, como ha estado a punto de hacerlo varias veces, porque sabe que inmediatamente se desencadenaría la “destrucción mutua asegurada”. El imperialismo estudia activar “holocaustos localizados” sobre zonas geoestratégicas según las urgencias y las circunstancias, lo que abriría una espiral muy difícil de detener.
Otra contradicción es el agotamiento de los recursos energéticos que llegarán a su pico de producción a partir de la década de 2030. Todavía existen muchos obstáculos e imponderables tecnocientíficos que impiden obtener las suficientes energías alternativas, y muchos estudios sostienen que ha acabado la época de la energía barata. Los biocombustibles son necrocombustibles porque desertizan y agotan las tierras, y porque con el maíz necesario para obtener 50 litros de bioetanol podría comer un niño durante un año. Apenas quedan nuevas tierras cultivables y la acidificación estanca la productividad de las cultivadas. La FAO advierte que el mayor costo energético encarecerá los alimentos, y que la pesca está al límite de su reproducción. El agua potable se reduce y la mitad de la humanidad tendrá problemas de suministro para mediados de este siglo. Y la otra contradicción es la catástrofe ecológica que se avecina. La década del 2000 ha sido la más calurosa desde que hace 130 se empezó a recoger datos. Los glaciares se derriten, lagos y mares se calientan, los océanos pierden anualmente el 1% de su fitoplancton, y se envenenan: el 64,7% de los niños de Gipuzkoa nacen con más mercurio en la sangre que el permitido, proveniente del pescado. China Popular necesitará tres siglos para revertir la desertización que sufre. En 40 años los bosques de la Amazonía se han reducido en un 20%. Todo indica que ya se han superado tres de los nueve límites planetarios que tiene la Tierra: cambio climático, biodiversidad y ciclo del nitrógeno.
Son contradicciones capitalistas porque han surgido de y con la expansión burguesa. No tienen su origen en el egoísmo humano ni el pecado de avaricia, sino en de acumulación de capital en el mínimo tiempo sin reparar en las desastrosas consecuencias presentes y futuras. El capital ha creado la militarización termonuclear y bioquímica, el agotamiento de los recursos y la catástrofe ecológica que exacerban la crisis, que pesan como plomo en las arruinadas arcas estatales. Aunque el “capitalismo verde” es una rama productiva muy rentable, ella sola no equilibra el caótico desequilibrio global porque la forma burguesa de vida lo impide. El 80% del CO2 lo emiten las grandes potencias industrializadas. Una persona necesita tres litros de agua al día, pero poner un kilo de carne en la mesa capitalista necesita entre 6000 y 20.000 litros de agua, y 10 kilos de cereales. Los menos pesimistas afirman que el capitalismo necesita los recursos de dos Tierras para mantener el consumo actual, pero los más informados sostienen que no bastaría.
Sufrimos una crisis nueva porque nunca la civilización del capital había desarrollado a la vez tantas contradicciones irresolubles y tantas fuerzas destructivas. El capitalismo es como el brujo que no puede controlar las fuerzas infernales que ha conjurado, sino a costa de generar mayores hecatombes futuras. Izquierdas revolucionarias debaten sobre si el dilema socialismo o barbarie, lanzado en 1915, no está siendo superado e integrado por el comunismo o caos. Nosotros ayudaremos con nuestra lucha por la independencia y el socialismo, por un Estado vasco, a que la práctica dilucide esta cuestión.
Para salir de la crisis de finales de los ’60, el capitalismo lanzó la feroz contraofensiva neoliberal que obtuvo triunfos significativos pero no logró relanzar masivamente los beneficios. A mediados de los ’80 EEUU y Gran Bretaña forzaron la desregulación de los controles financieros instaurando el capitalismo “de casino”, de “dinero loco”. La URSS, minada por la burocracia y el ataque imperialista desde 1917, no pudo aguantar e implosionó. Parecía que por fin el capitalismo había superando sus limitaciones y que se iniciaba la era la de la “economía del conocimiento”, “desmaterializada”; pero bajo la superficie se agitaban las contradicciones negadas por la propaganda. Crisis financieras y de deuda habían estallado en los ’80, en los ’90 emergieron las luchas de los pueblos y la catástrofe de los “tigres asiáticos”, supuestos ejemplos de la “nueva economía”. Un anuncio de lo que se avecinaba apareció en el corralito argentino a comienzos del siglo XXI, pero la enceguecida estupidez burguesa siguió dirigiéndose al desastre de 2007-2011.
¿Por qué han fallado las medidas impuestas desde comienzos de los ’70 pese a los períodos de recuperación y a las victorias contrarrevolucionarias? Por dos razones que nos llevan a la definición de la crisis actual como crisis “nueva” en la historia burguesa. Una razón es que la propia lógica interna del capital dificulta cada vez más la obtención de beneficios, lo que le obliga a la creciente intervención del Estado, al aumento de la explotación y de la represión, y al recurso de las guerras. Para salir de cada crisis estructural, el capitalismo necesita más sangre humana en cualquiera de sus formas que la que necesitó para salir de la crisis anterior. Un ejemplo, la proporción de dinero público que hacía falta en la década de 1930 para reactivar la economía era de 1 a 4, mientras que en la de 2000 ha sido de 30 a 4, y va en aumento. El problema es que apenas queda dinero público. Se estima que en 2010 la deuda de los 30 Estados más enriquecidos sea del 100% de su PIB, destacando la de EEUU. Como se están agotando las reservas, se agudiza la represión de los derechos democráticos y sindicales, y se multiplica la explotación económica y el saqueo imperialista.
La otra razón es que en la segunda mitad del siglo XX se materializaron tres nuevas contradicciones que aumentan exponencialmente los problemas del capital. Una contradicción es la posibilidad objetiva de la autodestrucción humana por una guerra termonuclear y bioquímica. En los ’80 se demostró que el invierno nuclear subsiguiente tapará la Tierra durante años bajo una radiactiva y envenenada oscuridad gélida que aniquilará la fotosíntesis y sólo dejará con vida cucarachas e insectos. Las fuerzas destructivas actuales pueden aniquilar más de 20 veces la vida humana. Esta es una de las razones que han impedido a EEUU recurrir a la guerra nuclear siquiera táctica y restringida, como ha estado a punto de hacerlo varias veces, porque sabe que inmediatamente se desencadenaría la “destrucción mutua asegurada”. El imperialismo estudia activar “holocaustos localizados” sobre zonas geoestratégicas según las urgencias y las circunstancias, lo que abriría una espiral muy difícil de detener.
Otra contradicción es el agotamiento de los recursos energéticos que llegarán a su pico de producción a partir de la década de 2030. Todavía existen muchos obstáculos e imponderables tecnocientíficos que impiden obtener las suficientes energías alternativas, y muchos estudios sostienen que ha acabado la época de la energía barata. Los biocombustibles son necrocombustibles porque desertizan y agotan las tierras, y porque con el maíz necesario para obtener 50 litros de bioetanol podría comer un niño durante un año. Apenas quedan nuevas tierras cultivables y la acidificación estanca la productividad de las cultivadas. La FAO advierte que el mayor costo energético encarecerá los alimentos, y que la pesca está al límite de su reproducción. El agua potable se reduce y la mitad de la humanidad tendrá problemas de suministro para mediados de este siglo. Y la otra contradicción es la catástrofe ecológica que se avecina. La década del 2000 ha sido la más calurosa desde que hace 130 se empezó a recoger datos. Los glaciares se derriten, lagos y mares se calientan, los océanos pierden anualmente el 1% de su fitoplancton, y se envenenan: el 64,7% de los niños de Gipuzkoa nacen con más mercurio en la sangre que el permitido, proveniente del pescado. China Popular necesitará tres siglos para revertir la desertización que sufre. En 40 años los bosques de la Amazonía se han reducido en un 20%. Todo indica que ya se han superado tres de los nueve límites planetarios que tiene la Tierra: cambio climático, biodiversidad y ciclo del nitrógeno.
Son contradicciones capitalistas porque han surgido de y con la expansión burguesa. No tienen su origen en el egoísmo humano ni el pecado de avaricia, sino en de acumulación de capital en el mínimo tiempo sin reparar en las desastrosas consecuencias presentes y futuras. El capital ha creado la militarización termonuclear y bioquímica, el agotamiento de los recursos y la catástrofe ecológica que exacerban la crisis, que pesan como plomo en las arruinadas arcas estatales. Aunque el “capitalismo verde” es una rama productiva muy rentable, ella sola no equilibra el caótico desequilibrio global porque la forma burguesa de vida lo impide. El 80% del CO2 lo emiten las grandes potencias industrializadas. Una persona necesita tres litros de agua al día, pero poner un kilo de carne en la mesa capitalista necesita entre 6000 y 20.000 litros de agua, y 10 kilos de cereales. Los menos pesimistas afirman que el capitalismo necesita los recursos de dos Tierras para mantener el consumo actual, pero los más informados sostienen que no bastaría.
Sufrimos una crisis nueva porque nunca la civilización del capital había desarrollado a la vez tantas contradicciones irresolubles y tantas fuerzas destructivas. El capitalismo es como el brujo que no puede controlar las fuerzas infernales que ha conjurado, sino a costa de generar mayores hecatombes futuras. Izquierdas revolucionarias debaten sobre si el dilema socialismo o barbarie, lanzado en 1915, no está siendo superado e integrado por el comunismo o caos. Nosotros ayudaremos con nuestra lucha por la independencia y el socialismo, por un Estado vasco, a que la práctica dilucide esta cuestión.
Greg Page, el hombre que controla la alimentación del planeta
Tiene 59 años y jamás concede entrevistas. Seguramente, su nombre y el de su empresa no le digan nada. Pero por sus manos pasa la mayoría de los alimentos que usted pueda imaginar. Cargill es una de las cuatro compañías que controlan el 70 por ciento del comercio mundial de comida. Mientras el mundo se enfrenta a la mayor crisis alimentaria en décadas, ellos hacen caja ‘leyendo los mercados’… Así funciona.
Usted no lo sabe, pero la tostada de su desayuno es una mercancía más valiosa que el petróleo. La harina con la que está hecha tiene nombre: Cargill. ¿Le suena? Pues también se llaman Cargill la grasa de la mantequilla que unta su tostada y la glucosa de la mermelada que la endulza. Cargill es el pienso que engordó a la vaca lechera y a la gallina que puso los huevos que se fríen en la sartén. Cargill es el grano de café y la semilla de cacao; la fibra de las galletas y la bebida de soja. ¿El endulzante del refresco, la carne de la hamburguesa, la sémola de los fideos? Cargill. Y el maíz de los nachos, el girasol del aceite, el fosfato de los fertilizantes... ¿Y qué me dice del biocombustible de su coche, ese almidón que las petroleras han refinado para convertirlo en etanol y mezclarlo con gasolina? Adivine.
No, no busque marca o etiquetas; no las encontrará. Cargill ha pasado de puntillas por la historia. ¿Cómo puede ser que una empresa fundada en 1865, con 131.000 empleados repartidos en 67 países, con unas ventas anuales de 120.000 millones de dólares que cuadruplican la facturación de Coca-Cola y quintuplican la de McDonald’s, sea tan desconocida? ¿Cómo se explica que una compañía tan gigantesca que sus cuentas superan la economía de Kuwait, Perú y otros 80 países haya pasado tan inadvertida hasta ahora? En parte, porque es una empresa familiar. Sí, sus números pasman, pero Cargill no cotiza en Bolsa y no tiene que dar explicaciones. Sus socios son un enjambre de tataranietos de los fundadores, los hermanos William y Samuel Cargill, campesinos de Iowa que levantaron un imperio en el siglo XIX gracias a un ascensor de cereal arrimado a la vía del tren en un pueblecito de la pradera que no venía en los mapas. Más tarde, un cuñado -John MacMillan- tomaría las riendas. Durante décadas, los Cargill y los MacMillan fueron añadiendo silos de grano, molinos harineros, minas de sal, mataderos y una flota de barcos mercantes. Hoy, unos 80 descendientes se reparten los dividendos y juegan al golf. Poco más se sabe de ellos, salvo que los varones visten falda escocesa en las fiestas para honrar a sus antepasados. Y que siete se sientan en el consejo de administración y están en la lista Forbes de los más ricos del planeta, con fortunas que rondan los 7000 millones por cabeza. El presidente de la compañía es Greg Page, un tipo flemático al que le gusta decir, con cierta sorna, que Cargill se dedica «a la comercialización de la fotosíntesis».
Pero no está el patio para bromas. Los precios de los alimentos básicos se han disparado en el último año: el trigo, un 84 por ciento; el maíz, un 63, y el arroz, casi un diez; los tres cereales que dan de comer a la humanidad. Son máximos históricos, advierte la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Por encima de los que en 2008 causaron revueltas en 40 países y condenaron a la hambruna a 130 millones de personas. Y los precios seguirán subiendo, pronostica Financial Times. «El coste de los cereales es crítico para la seguridad alimentaria porque es la materia prima de referencia en los países pobres. Si los precios continúan elevándose, habrá más algaradas.»
Las razones son múltiples. Un cóctel de sequías, malas cosechas y especulación. Pero los ganadores son muy pocos. Y entre ellos están las mastodónticas empresas que controlan el comercio mundial de cereales. Cargill ha triplicado sus beneficios en el último semestre y sus ganancias superarán los 4000 millones de dólares, récord alcanzado en 2008 en el río revuelto de la crisis alimentaria. La compañía apostó a que la sequía en Rusia, uno de los grandes productores mundiales, obligaría a Vladimir Putin a prohibir las exportaciones para asegurar el consumo interno. Y acertó. «Hicimos un buen trabajo ‘leyendo los mercados’ y reaccionamos con rapidez», explicó una portavoz de Cargill. ¿En qué consiste esa reacción? En esencia, se trata de jugar al Monopoly comprando cosechas en el mercado de futuros, en ocasiones antes de que se plante una sola semilla. Y moviéndolas de un lugar a otro del planeta, allá donde resulte más rentable.
http://xlsemanal.finanzas.com/web/articulo.php?id=66619&id_edicion=6127
Usted no lo sabe, pero la tostada de su desayuno es una mercancía más valiosa que el petróleo. La harina con la que está hecha tiene nombre: Cargill. ¿Le suena? Pues también se llaman Cargill la grasa de la mantequilla que unta su tostada y la glucosa de la mermelada que la endulza. Cargill es el pienso que engordó a la vaca lechera y a la gallina que puso los huevos que se fríen en la sartén. Cargill es el grano de café y la semilla de cacao; la fibra de las galletas y la bebida de soja. ¿El endulzante del refresco, la carne de la hamburguesa, la sémola de los fideos? Cargill. Y el maíz de los nachos, el girasol del aceite, el fosfato de los fertilizantes... ¿Y qué me dice del biocombustible de su coche, ese almidón que las petroleras han refinado para convertirlo en etanol y mezclarlo con gasolina? Adivine.
No, no busque marca o etiquetas; no las encontrará. Cargill ha pasado de puntillas por la historia. ¿Cómo puede ser que una empresa fundada en 1865, con 131.000 empleados repartidos en 67 países, con unas ventas anuales de 120.000 millones de dólares que cuadruplican la facturación de Coca-Cola y quintuplican la de McDonald’s, sea tan desconocida? ¿Cómo se explica que una compañía tan gigantesca que sus cuentas superan la economía de Kuwait, Perú y otros 80 países haya pasado tan inadvertida hasta ahora? En parte, porque es una empresa familiar. Sí, sus números pasman, pero Cargill no cotiza en Bolsa y no tiene que dar explicaciones. Sus socios son un enjambre de tataranietos de los fundadores, los hermanos William y Samuel Cargill, campesinos de Iowa que levantaron un imperio en el siglo XIX gracias a un ascensor de cereal arrimado a la vía del tren en un pueblecito de la pradera que no venía en los mapas. Más tarde, un cuñado -John MacMillan- tomaría las riendas. Durante décadas, los Cargill y los MacMillan fueron añadiendo silos de grano, molinos harineros, minas de sal, mataderos y una flota de barcos mercantes. Hoy, unos 80 descendientes se reparten los dividendos y juegan al golf. Poco más se sabe de ellos, salvo que los varones visten falda escocesa en las fiestas para honrar a sus antepasados. Y que siete se sientan en el consejo de administración y están en la lista Forbes de los más ricos del planeta, con fortunas que rondan los 7000 millones por cabeza. El presidente de la compañía es Greg Page, un tipo flemático al que le gusta decir, con cierta sorna, que Cargill se dedica «a la comercialización de la fotosíntesis».
Pero no está el patio para bromas. Los precios de los alimentos básicos se han disparado en el último año: el trigo, un 84 por ciento; el maíz, un 63, y el arroz, casi un diez; los tres cereales que dan de comer a la humanidad. Son máximos históricos, advierte la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Por encima de los que en 2008 causaron revueltas en 40 países y condenaron a la hambruna a 130 millones de personas. Y los precios seguirán subiendo, pronostica Financial Times. «El coste de los cereales es crítico para la seguridad alimentaria porque es la materia prima de referencia en los países pobres. Si los precios continúan elevándose, habrá más algaradas.»
Las razones son múltiples. Un cóctel de sequías, malas cosechas y especulación. Pero los ganadores son muy pocos. Y entre ellos están las mastodónticas empresas que controlan el comercio mundial de cereales. Cargill ha triplicado sus beneficios en el último semestre y sus ganancias superarán los 4000 millones de dólares, récord alcanzado en 2008 en el río revuelto de la crisis alimentaria. La compañía apostó a que la sequía en Rusia, uno de los grandes productores mundiales, obligaría a Vladimir Putin a prohibir las exportaciones para asegurar el consumo interno. Y acertó. «Hicimos un buen trabajo ‘leyendo los mercados’ y reaccionamos con rapidez», explicó una portavoz de Cargill. ¿En qué consiste esa reacción? En esencia, se trata de jugar al Monopoly comprando cosechas en el mercado de futuros, en ocasiones antes de que se plante una sola semilla. Y moviéndolas de un lugar a otro del planeta, allá donde resulte más rentable.
http://xlsemanal.finanzas.com/web/articulo.php?id=66619&id_edicion=6127
"Operación Exterminio", 50 años de agresiones contra Cuba
Estas páginas, concebidas a partir de la vasta experiencia de su autor al frente de los órganos de la Seguridad del Estado, así como del empleo de fuentes desclasificadas estadounidenses y de archivos de la Isla, resumen las actividades de espionaje y subversión desarrolladas por la CIA en sus continuas agresiones contra Cuba durante medio siglo. Más información sobre este libro en http://www.oceansur.com/catalogo/titulos/operacion-exterminio/
Introducción a Operación Exterminio (Ocean Sur, 2011)
…en los años venideros habrá tantos y tantos que quieran escribir sobre la
Revolución, y quieran expresarse sobre la Revolución, recopilando datos e informaciones para saber cómo fue, qué pasó, cómo vivíamos. Fidel Castro
Las ambiciones de los Estados Unidos por apoderarse de la mayor de las Antillas tienen su origen en la primera mitad del siglo XIX , cuando la nueva nación iniciaba su expansión imperialista y avizoraba la recolonización de las repúblicas liberadas del coloniaje español.
A principios de 1823 el secretario de Estado norteamericano, John Quincy Adams, escribía:
Existen leyes políticas, así como de gravitación física; y si una manzana separada por la tempestad de su árbol, de su origen, no puede escoger sino caer al suelo, Cuba, por fuerza, separada de su artificial conexión con España, e incapaz de sostenerse por sí misma, solo puede gravitar hacia la unión americana, la cual, por la misma ley de la naturaleza, no puede rechazarla de su seno.1
Meses después, el 2 de diciembre del propio año, el presidente James Monroe, en su mensaje al Congreso de la Unión, santificaba esas ideas como política de Estado, en la conocida Doctrina que lleva su nombre.
José Martí, el más esclarecido patriota que luchó por la independencia de Cuba, supo comprender el peligro que entrañaban las ambiciones del poderoso vecino cuando, en vísperas de su caída en combate, el 19 de mayo de 1895, expresó en carta a su amigo, el mexicano Manuel Mercado:
Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber ―puesto que lo entiendo y tengo ánimos con que realizarlo― de impedir a tiempo, con la independencia de Cuba, que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América.2
El gobierno norteamericano aprobó en 1898 la Resolución Conjunta. Patentizaba que «el pueblo de Cuba es y de derecho debe ser libre e independiente» y que los Estados Unidos no tenían «deseo, ni intención, de ejercer dominio sobre la Isla, excepto para su pacificación», pero no reconocía a la República en Armas. El real interés de apropiarse de la Isla llevaba al Presidente de esa nación a procurar negociaciones con España, intentando reiteradamente la compra del territorio insular, siempre infructuosamente. Una vía más expedita se presentó con la explosión del acorazado Maine , atracado en la bahía de La Habana. Entonces, los Estados Unidos intervinieron directamente en la guerra cubano-española para frustrar la inminente victoria de las armas cubanas con el pretexto de la agresión y para justificar su intromisión en la contienda. El momento escogido no fue casual. El Ejército Libertador, en su ofensiva, ganaba una guerra que España no podía sostener.
El 11 de abril, el presidente William McKinley propugnó «la enérgica intervención de los Estados Unidos en el conflicto».3 La guerra duró apenas tres meses, concluyó con la rendición incondicional de España y la exclusión de los patriotas cubanos de las negociaciones, allanó el camino para imponernos una república mediatizada por sus cónsules y cañoneras durante más de medio siglo.
La guerra imperialista culminó con la ocupación militar de Cuba. Se le concedió la independencia formal a la sombra de nuevas bases navales norteamericanas en su territorio y con una enmienda constitucional que daba derecho a los Estados Unidos a intervenir en Cuba. El país había cambiado de amo.
Durante más de cincuenta años, gobiernos manipulados por Washington administraron la Isla para garantizar las prósperas inversiones norteñas, amenazadas constantemente por los patriotas que se enfrentaban a la política neocolonial de la recién estrenada metrópoli. La miseria, el hambre, el analfabetismo y la discriminación proliferaban en el país. La corrupción, el latrocinio, la prostitución y el juego se enraizaron. El descontento, la inconformidad, la rebeldía y el sentimiento antiimperialista se acrecentaban. Nuestro pueblo libró grandes batallas durante ese período: la fundación del Partido Comunista y de numerosas organizaciones revolucionarias, obreras y sociales; el derrocamiento de la tiranía de Gerardo Machado en 1933; la lucha contra la primera dictadura de Fulgencio Batista; el establecimiento de una Constitución progresista en 1940; las luchas obreras de esa década que desembocaron en la formación de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC); la batalla por el diferencial azucarero, que costó la vida al prestigioso dirigente comunista Jesús Menéndez; y, finalmente, el enfrentamiento a la dictadura batistiana, con el asalto al Cuartel Moncada en 1953, que conjuntamente con el desembarco del Granma , en 1956, y protagonizados por Fidel Castro, iniciaría la lucha armada en las montañas orientales y la resistencia clandestina en las ciudades, marcando el último capítulo de la dominación norteamericana.
El 1ro. de enero de 1959 triunfó en Cuba una revolución nacional y antiimperialista que derrocó a la dictadura de Batista. A partir de entonces, los Estados Unidos desencadenarían una verdadera guerra contra el nuevo proyecto social emprendido en la Isla. No podían admitir que en sus propias fronteras se expropiara la tierra a los latifundistas nativos y extranjeros, se eliminara la discriminación racial y de sexo; se enseñara a leer a los analfabetos; se comenzara a construir una sociedad nueva cuyo objetivo central ha sido y es la justicia social y el bienestar del pueblo.
Desde entonces, los gobiernos de los Estados Unidos han pretendido destruir el proceso revolucionario. En 1960, con la aprobación de la orden ejecutiva para derrocar al gobierno de la Isla, después, en 1962 con el Proyecto Cuba, que inició el feroz bloqueo que aún perdura; más tarde en 1963, con las «alternativas cubanas»; luego con las leyes Torricelli de 1992 y Helms- Burton de 1996 y, finalmente, en 2003, con el «Plan para la Asistencia a una Cuba Libre», las administraciones de la Casa Blanca han pretendido exterminar no solo a la Revolución, sino también al pueblo cubano; sin embargo, todo ello ha fracasado por una sola y única razón: la unidad del pueblo cubano y sus líderes en torno a un proceso político, social y económico verdaderamente revolucionario, soberano, independiente y antiimperialista.
Han transcurrido cincuenta años de revolución victoriosa, a pesar de las agresiones, bloqueos y demás aventuras militares y subversivas emprendidas por el imperio. Durante este tiempo, la CIA y sus aliados han cometido los crímenes más horrendos en nombre de la «gran» democracia norteamericana. Al reflexionar sobre esta secular historia de agresiones y de guerras ―unas veces encubiertas, otras declaradas―, comprendimos la necesidad de que nuestros pueblos de América conozcan los peligros que corren quienes pretendan liberarse de la dictadura generalizada que ejercen los Estados Unidos bajo la cobertura de la «defensa de los derechos humanos» y sus conceptos de «democracia representativa», que no ha sido sino un pretexto para intentar tiranizarnos.
Las políticas imperiales y el papel de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el proyecto subversivo para desarticular la Revolución Cubana han transitado por diferentes caminos: van desde la constitución de las primeras organizaciones contrarrevolucionarias y el desarrollo de la conspiración trujillista; la preparación del ataque mercenario por Playa Girón; las operaciones Patty y Cuba en Llamas; los planes para asesinar a Fidel; la Operación Mangosta; la creación de JM/Wave, el enclave subversivo y terrorista más poderoso que haya existido en suelo norteamericano; el complot para involucrar a Cuba en el asesinato de Kennedy; las operaciones «autónomas»; la agresión biológica desatada en los años setenta; «las guerras por los caminos del mundo», uno de los proyectos terroristas más abarcadores emprendidos y probable génesis del terrorismo actual; las campañas de guerra psicológica; la subversión política; el terrorismo contra el sector turístico para arruinar la economía, hasta nuestros días, cuando las campañas diversionistas desde la Sección de Intereses de los Estados Unidos en La Habana y otros centros subversivos pretenden caotizar la sociedad cubana, destruir su economía, desarmar la ideología socialista y estimular una «oposición legal» que, en su momento, pueda propinar el golpe de gracia a la Revolución, exterminándola y diluyendo su ejemplo.
Documentos desclasificados en los Estados Unidos, testimonios de participantes directos, informes de la Seguridad cubana y vivencias del autor, son los medios que nos proponemos utilizar para que el lector pueda formularse una idea de los principales acontecimientos ocurridos durante estos cincuenta años.
También pretendemos aportar experiencias relativas a la formación y desarrollo de los servicios de Seguridad cubanos y cómo en su combate cotidiano, apoyados en la voluntad del pueblo para defender su revolución y el pensamiento de Fidel, han podido vencer a enemigos de tan poderosa talla.
Reconstruir la memoria de unos e informar a los más jóvenes contribuirá a que el lector, guiado en este laberinto de intrigas, golpes sucios, crímenes y destrucción, tenga una panorámica de lo que han sido esto años de agresiones, luchas y victorias en defensa de la Revolución Cubana.
En junio de 1961, en sus «Palabras a los intelectuales», Fidel avizoraba la necesidad de que los escritores revolucionarios y honestos de los tiempos venideros plasmaran en sus obras la realidad de esos primeros años, y señalaba: «ustedes tienen la oportunidad de ser más que espectadores, de ser actores de esa Revolución, de escribir sobre ella, de expresarse sobre ella»4 para que las generaciones futuras conocieran esa realidad. Ese ha sido y será nuestro propósito.
Quedarán siempre episodios por narrar que dejamos a la iniciativa de otros. Sirva este relato como un modesto aporte a la historia contemporánea de nuestro heroico pueblo.
Más información sobre este libro en
http://www.oceansur.com/catalogo/titulos/operacion-exterminio/
Introducción a Operación Exterminio (Ocean Sur, 2011)
…en los años venideros habrá tantos y tantos que quieran escribir sobre la
Revolución, y quieran expresarse sobre la Revolución, recopilando datos e informaciones para saber cómo fue, qué pasó, cómo vivíamos. Fidel Castro
Las ambiciones de los Estados Unidos por apoderarse de la mayor de las Antillas tienen su origen en la primera mitad del siglo XIX , cuando la nueva nación iniciaba su expansión imperialista y avizoraba la recolonización de las repúblicas liberadas del coloniaje español.
A principios de 1823 el secretario de Estado norteamericano, John Quincy Adams, escribía:
Existen leyes políticas, así como de gravitación física; y si una manzana separada por la tempestad de su árbol, de su origen, no puede escoger sino caer al suelo, Cuba, por fuerza, separada de su artificial conexión con España, e incapaz de sostenerse por sí misma, solo puede gravitar hacia la unión americana, la cual, por la misma ley de la naturaleza, no puede rechazarla de su seno.1
Meses después, el 2 de diciembre del propio año, el presidente James Monroe, en su mensaje al Congreso de la Unión, santificaba esas ideas como política de Estado, en la conocida Doctrina que lleva su nombre.
José Martí, el más esclarecido patriota que luchó por la independencia de Cuba, supo comprender el peligro que entrañaban las ambiciones del poderoso vecino cuando, en vísperas de su caída en combate, el 19 de mayo de 1895, expresó en carta a su amigo, el mexicano Manuel Mercado:
Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber ―puesto que lo entiendo y tengo ánimos con que realizarlo― de impedir a tiempo, con la independencia de Cuba, que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América.2
El gobierno norteamericano aprobó en 1898 la Resolución Conjunta. Patentizaba que «el pueblo de Cuba es y de derecho debe ser libre e independiente» y que los Estados Unidos no tenían «deseo, ni intención, de ejercer dominio sobre la Isla, excepto para su pacificación», pero no reconocía a la República en Armas. El real interés de apropiarse de la Isla llevaba al Presidente de esa nación a procurar negociaciones con España, intentando reiteradamente la compra del territorio insular, siempre infructuosamente. Una vía más expedita se presentó con la explosión del acorazado Maine , atracado en la bahía de La Habana. Entonces, los Estados Unidos intervinieron directamente en la guerra cubano-española para frustrar la inminente victoria de las armas cubanas con el pretexto de la agresión y para justificar su intromisión en la contienda. El momento escogido no fue casual. El Ejército Libertador, en su ofensiva, ganaba una guerra que España no podía sostener.
El 11 de abril, el presidente William McKinley propugnó «la enérgica intervención de los Estados Unidos en el conflicto».3 La guerra duró apenas tres meses, concluyó con la rendición incondicional de España y la exclusión de los patriotas cubanos de las negociaciones, allanó el camino para imponernos una república mediatizada por sus cónsules y cañoneras durante más de medio siglo.
La guerra imperialista culminó con la ocupación militar de Cuba. Se le concedió la independencia formal a la sombra de nuevas bases navales norteamericanas en su territorio y con una enmienda constitucional que daba derecho a los Estados Unidos a intervenir en Cuba. El país había cambiado de amo.
Durante más de cincuenta años, gobiernos manipulados por Washington administraron la Isla para garantizar las prósperas inversiones norteñas, amenazadas constantemente por los patriotas que se enfrentaban a la política neocolonial de la recién estrenada metrópoli. La miseria, el hambre, el analfabetismo y la discriminación proliferaban en el país. La corrupción, el latrocinio, la prostitución y el juego se enraizaron. El descontento, la inconformidad, la rebeldía y el sentimiento antiimperialista se acrecentaban. Nuestro pueblo libró grandes batallas durante ese período: la fundación del Partido Comunista y de numerosas organizaciones revolucionarias, obreras y sociales; el derrocamiento de la tiranía de Gerardo Machado en 1933; la lucha contra la primera dictadura de Fulgencio Batista; el establecimiento de una Constitución progresista en 1940; las luchas obreras de esa década que desembocaron en la formación de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC); la batalla por el diferencial azucarero, que costó la vida al prestigioso dirigente comunista Jesús Menéndez; y, finalmente, el enfrentamiento a la dictadura batistiana, con el asalto al Cuartel Moncada en 1953, que conjuntamente con el desembarco del Granma , en 1956, y protagonizados por Fidel Castro, iniciaría la lucha armada en las montañas orientales y la resistencia clandestina en las ciudades, marcando el último capítulo de la dominación norteamericana.
El 1ro. de enero de 1959 triunfó en Cuba una revolución nacional y antiimperialista que derrocó a la dictadura de Batista. A partir de entonces, los Estados Unidos desencadenarían una verdadera guerra contra el nuevo proyecto social emprendido en la Isla. No podían admitir que en sus propias fronteras se expropiara la tierra a los latifundistas nativos y extranjeros, se eliminara la discriminación racial y de sexo; se enseñara a leer a los analfabetos; se comenzara a construir una sociedad nueva cuyo objetivo central ha sido y es la justicia social y el bienestar del pueblo.
Desde entonces, los gobiernos de los Estados Unidos han pretendido destruir el proceso revolucionario. En 1960, con la aprobación de la orden ejecutiva para derrocar al gobierno de la Isla, después, en 1962 con el Proyecto Cuba, que inició el feroz bloqueo que aún perdura; más tarde en 1963, con las «alternativas cubanas»; luego con las leyes Torricelli de 1992 y Helms- Burton de 1996 y, finalmente, en 2003, con el «Plan para la Asistencia a una Cuba Libre», las administraciones de la Casa Blanca han pretendido exterminar no solo a la Revolución, sino también al pueblo cubano; sin embargo, todo ello ha fracasado por una sola y única razón: la unidad del pueblo cubano y sus líderes en torno a un proceso político, social y económico verdaderamente revolucionario, soberano, independiente y antiimperialista.
Han transcurrido cincuenta años de revolución victoriosa, a pesar de las agresiones, bloqueos y demás aventuras militares y subversivas emprendidas por el imperio. Durante este tiempo, la CIA y sus aliados han cometido los crímenes más horrendos en nombre de la «gran» democracia norteamericana. Al reflexionar sobre esta secular historia de agresiones y de guerras ―unas veces encubiertas, otras declaradas―, comprendimos la necesidad de que nuestros pueblos de América conozcan los peligros que corren quienes pretendan liberarse de la dictadura generalizada que ejercen los Estados Unidos bajo la cobertura de la «defensa de los derechos humanos» y sus conceptos de «democracia representativa», que no ha sido sino un pretexto para intentar tiranizarnos.
Las políticas imperiales y el papel de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el proyecto subversivo para desarticular la Revolución Cubana han transitado por diferentes caminos: van desde la constitución de las primeras organizaciones contrarrevolucionarias y el desarrollo de la conspiración trujillista; la preparación del ataque mercenario por Playa Girón; las operaciones Patty y Cuba en Llamas; los planes para asesinar a Fidel; la Operación Mangosta; la creación de JM/Wave, el enclave subversivo y terrorista más poderoso que haya existido en suelo norteamericano; el complot para involucrar a Cuba en el asesinato de Kennedy; las operaciones «autónomas»; la agresión biológica desatada en los años setenta; «las guerras por los caminos del mundo», uno de los proyectos terroristas más abarcadores emprendidos y probable génesis del terrorismo actual; las campañas de guerra psicológica; la subversión política; el terrorismo contra el sector turístico para arruinar la economía, hasta nuestros días, cuando las campañas diversionistas desde la Sección de Intereses de los Estados Unidos en La Habana y otros centros subversivos pretenden caotizar la sociedad cubana, destruir su economía, desarmar la ideología socialista y estimular una «oposición legal» que, en su momento, pueda propinar el golpe de gracia a la Revolución, exterminándola y diluyendo su ejemplo.
Documentos desclasificados en los Estados Unidos, testimonios de participantes directos, informes de la Seguridad cubana y vivencias del autor, son los medios que nos proponemos utilizar para que el lector pueda formularse una idea de los principales acontecimientos ocurridos durante estos cincuenta años.
También pretendemos aportar experiencias relativas a la formación y desarrollo de los servicios de Seguridad cubanos y cómo en su combate cotidiano, apoyados en la voluntad del pueblo para defender su revolución y el pensamiento de Fidel, han podido vencer a enemigos de tan poderosa talla.
Reconstruir la memoria de unos e informar a los más jóvenes contribuirá a que el lector, guiado en este laberinto de intrigas, golpes sucios, crímenes y destrucción, tenga una panorámica de lo que han sido esto años de agresiones, luchas y victorias en defensa de la Revolución Cubana.
En junio de 1961, en sus «Palabras a los intelectuales», Fidel avizoraba la necesidad de que los escritores revolucionarios y honestos de los tiempos venideros plasmaran en sus obras la realidad de esos primeros años, y señalaba: «ustedes tienen la oportunidad de ser más que espectadores, de ser actores de esa Revolución, de escribir sobre ella, de expresarse sobre ella»4 para que las generaciones futuras conocieran esa realidad. Ese ha sido y será nuestro propósito.
Quedarán siempre episodios por narrar que dejamos a la iniciativa de otros. Sirva este relato como un modesto aporte a la historia contemporánea de nuestro heroico pueblo.
Más información sobre este libro en
http://www.oceansur.com/catalogo/titulos/operacion-exterminio/
En Marruecos, el Majzén mata en silencio
Dos nombres, dos caras, Fadoua y Karim, dos víctimas de la arbitrariedad, sin duda no los únicos, pero su triste suerte ha emocionado a Marruecos. Karim Chaïb, de 21 años, perdió su vida en los violentos disturbios que sacudieron a la ciudad de Sefrou tras las manifestaciones del 20 de febrero. Un vídeo muestra a numerosos policías ensañándose con él en un callejón de la ciudad mientras se escuchan los gritos indignados de algunas mujeres. Aunque la escena se produjo delante de testigos, esto no ha impedido a las autoridades “maquillar” su crimen. Karim fue enterrado por la mañana muy temprano en presencia de un número muy limitado de miembros de su familia sin que los resultados de la autopsia hayan sido hechos públicos.
Sin embargo, otros vídeos de la ciudad agobian a las fuerzas de la represión, como éste que muestra a un miembro de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) tirado en el suelo y ensangrentado y en el que acusa a los miembros de la Policía Judicial de haberle golpeado y robado su teléfono móvil.
Otras imágenes insoportables son las de Fadoua Laroui, de 25 años, originaria de Souk Sebt. Ella fue la primera mujer que se quemó a lo bonzo tras ser expulsada de su chabola y verse en la calle con sus dos hijos. A Fadoua Laroui se le negó el acceso a una vivienda social con la excusa de que era madre soltera y que, por tanto, no podía ser considerada jefe de familia. Centenares de personas la acompañaron en su entierro sin que las autoridades hayan hecho la menor declaración respecto a su caso.
En otras ciudades ha habido muertes sin aclarar, como los cinco cadáveres calcinados encontrados en una sucursal bancaria saqueada en Al Hoceima. Las detenciones se cuentan por centenares y se han anunciado siglos de prisión contra los manifestantes. Los relatos de torturas y detenciones arbitrarias son legión, el Ejército ha sido despegado en algunas ciudades, como Dajla, donde los llamados “marroquíes del interior” han cometido agresiones contra el pueblo saharaui bajo la mirada cómplice de las fuerzas del orden, tal y como ocurrió hace unos meses en El Aaiún tras el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik.
Todo esto ocurre mientras el Estado marroquí sigue mostrando su discurso de democracia y canta alabanzas sobre sus “avances”. Hasta ahora, Mohamed VI no ha dado ninguna señal a favor de las reivindicaciones del Movimiento del 20 de febrero. Sólo se han filtrado algunos rumores de reorganización ministerial a través de los opacos muros del Palacio Real, rumores a los que los jóvenes ya han respondido durante las manifestaciones celebradas el pasado domingo en varias ciudades de Marruecos: “No queremos que el rey nombre ministros más competentes, queremos que deje de nombrar ministros”, insistieron.
Frente a estas reivindicaciones legítimas, el Estado responde, de momento, con amenazas e insultos telefónicos en plena noche, intimidaciones, etc, en lo que parece ser la vía escogida por el Estado para contrarrestar el cambio que quiere imponerle una amplia parte de la población.
Los ejemplos abundan. El local de la sección de Rabat de la AMDH, donde los jóvenes del 20 de febrero se reúnen, fue asaltado la noche del 27 de febrero y el caricaturista Khalid Gueddar escapó por los pelos de un acuchillamiento muy cerca de su casa en la capital marroquí el día anterior.
El Majzén pretende imponer el terror con métodos de otros tiempos mientras continúa vendiendo su imagen de Estado moderno y más “abierto” que los otros países de la región. Entre el desprecio de sus dirigentes y la complacencia europea, el pueblo marroquí está decidido a continuar la lucha para conquistar sus derechos.
Sin embargo, otros vídeos de la ciudad agobian a las fuerzas de la represión, como éste que muestra a un miembro de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) tirado en el suelo y ensangrentado y en el que acusa a los miembros de la Policía Judicial de haberle golpeado y robado su teléfono móvil.
Otras imágenes insoportables son las de Fadoua Laroui, de 25 años, originaria de Souk Sebt. Ella fue la primera mujer que se quemó a lo bonzo tras ser expulsada de su chabola y verse en la calle con sus dos hijos. A Fadoua Laroui se le negó el acceso a una vivienda social con la excusa de que era madre soltera y que, por tanto, no podía ser considerada jefe de familia. Centenares de personas la acompañaron en su entierro sin que las autoridades hayan hecho la menor declaración respecto a su caso.
En otras ciudades ha habido muertes sin aclarar, como los cinco cadáveres calcinados encontrados en una sucursal bancaria saqueada en Al Hoceima. Las detenciones se cuentan por centenares y se han anunciado siglos de prisión contra los manifestantes. Los relatos de torturas y detenciones arbitrarias son legión, el Ejército ha sido despegado en algunas ciudades, como Dajla, donde los llamados “marroquíes del interior” han cometido agresiones contra el pueblo saharaui bajo la mirada cómplice de las fuerzas del orden, tal y como ocurrió hace unos meses en El Aaiún tras el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik.
Todo esto ocurre mientras el Estado marroquí sigue mostrando su discurso de democracia y canta alabanzas sobre sus “avances”. Hasta ahora, Mohamed VI no ha dado ninguna señal a favor de las reivindicaciones del Movimiento del 20 de febrero. Sólo se han filtrado algunos rumores de reorganización ministerial a través de los opacos muros del Palacio Real, rumores a los que los jóvenes ya han respondido durante las manifestaciones celebradas el pasado domingo en varias ciudades de Marruecos: “No queremos que el rey nombre ministros más competentes, queremos que deje de nombrar ministros”, insistieron.
Frente a estas reivindicaciones legítimas, el Estado responde, de momento, con amenazas e insultos telefónicos en plena noche, intimidaciones, etc, en lo que parece ser la vía escogida por el Estado para contrarrestar el cambio que quiere imponerle una amplia parte de la población.
Los ejemplos abundan. El local de la sección de Rabat de la AMDH, donde los jóvenes del 20 de febrero se reúnen, fue asaltado la noche del 27 de febrero y el caricaturista Khalid Gueddar escapó por los pelos de un acuchillamiento muy cerca de su casa en la capital marroquí el día anterior.
El Majzén pretende imponer el terror con métodos de otros tiempos mientras continúa vendiendo su imagen de Estado moderno y más “abierto” que los otros países de la región. Entre el desprecio de sus dirigentes y la complacencia europea, el pueblo marroquí está decidido a continuar la lucha para conquistar sus derechos.
La Chevron no tiene un TLC
El fallo judicial sancionado en Ecuador contra la compañía petrolera estadounidense Chevron confirma fehacientemente que las naciones de América Latina deben abstenerse de firmar Tratados de Libre Comercio (TLC) como los ha deseado imponer Estados Unidos en la región.
Tras 18 años de reclamaciones y querellas, el juez Nicolás Zambrano dictaminó que Chevron-Texaco es responsable y culpable del daño ambiental existente en la Amazonia ecuatoriana y ordenó que la compañía pague la suma de 9 510 millones de dólares para indemnización y gastos de limpieza.
La historia de esta tragedia ambiental en la Amazonia comenzó cuando la entonces compañía estadounidense Texaco, (adquirida por Chevron en el año 2001) empezó a buscar petróleo en 1964 en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos junto con la compañía Gulf. Tres años después encontró el primer yacimiento conocido como Lago Agrio 1.
A las extracciones se sumó, años más tarde, el Estado ecuatoriano como parte del consorcio y en 1990, Texaco dejó de operar la explotación aunque siguió siendo parte de la asociación.
En 1993, 88 ecuatorianos (en representación de más de 30 000 habitantes afectados) presentaron la primera demanda por daño ambiental en contra de Texaco en una Corte Federal de Texas, y un año más tarde el mismo grupo llevó la queja ante tribunales de Nueva York. Ambas cortes las desecharon. En el 2003 la querella ambiental en contra de Chevron-Texaco fue llevada finalmente a la Corte Superior de Sucumbíos, ciudad de Nueva Loja, en la Amazonia, que se tomó ocho años para dictar sentencia.
Para muchos especialistas esta ha sido una de las peores catástrofes ambientales causada por la actividad petrolera en la historia de la humanidad, y hasta superior a la de British Petroleum (BP), en 2010, en el Golfo de México y a la del buque Exxon Valdez ocurrida en las costas de Alaska en 1989.
El desastre se ha descrito como infernal. La activista norteamericana Kerry Kennedy tras recorrer durante tres días las zonas afectadas redactó un informe en diciembre de 2009 que fue publicado por la agencia de noticias Inter Press Service (IPS) y que expresa:
"Bajo el manto de nubes, la selva es una maraña de manchas negras de petróleo, fango purulento y tuberías oxidadas. El humo brota del suelo, arrojando vapores al aire que queman la garganta. Las aguas residuales de estanques sin encofrar se traspasan a las aguas subterráneas y transitan a los ríos y los arroyos".
Entre 1964 y 1990, Texaco perforó alrededor de 350 pozos petroleros en una superficie de 2 700 millas cuadradas de selva y en ese período obtuvo más de 30 000 millones de dólares en ganancias, mientras derramó deliberadamente 18 000 millones de galones de sopa tóxica, conocida como agua de producción (una mezcla de petróleo, ácidos y otros cancerígenos) que cayó a las corrientes donde seres humanos recogen agua para beber, pescan, nadan y se bañan.
Kerry puntualizó que la Texaco construyó más de 900 fosos de fango de petróleo, muchos del tamaño de piscinas olímpicas, sin revestir la tierra, es decir, no se colocó ningún concreto para proteger el suelo y el veneno se escurrió al agua subterránea.
"Yo había escuchado durante años sobre el Chernobyl de Chevron en la Amazonia, pero nada me había preparado para el horror del que fui testigo", sentenció Kennedy.
La cantidad fijada por el juez Nicolás Zambrano de la Corte de Justicia de Nueva Loja, fue de 8 646 millones de dólares que aumentarán otros 864 millones al sumarle 10 % del total a favor de los demandantes, como dispone la ley y consta en la sentencia. En un plazo de 60 días las partes deberán constituir un fideicomiso mercantil, a cargo de algunas de las administradoras de fondos del país, entidades que forman parte de la banca privada ecuatoriana. El beneficiario del fideicomiso será el Frente de Defensa de la Amazonia, que reúne a los demandantes y según el fallo, todo el patrimonio tendrá como destino cubrir los costos necesarios para la contratación de las personas encargadas para ejecutar las medidas de reparación previstas. El desglose de la suma a pagar por Chevron será de 5 396 millones de dólares para limpieza de suelos, 1 400 millones a favor de construir sistemas de salud, 800 millones en planes de salud y atención a los pacientes con cáncer derivado de la contaminación, 600 millones para limpieza de aguas subterráneas, 200 millones destinados a la recuperación de especies nativas, 150 millones en proyectos de dotación de agua y 100 millones para reparar el daño cultural. La cifra impuesta por la Corte de la provincia de Sucumbíos es más pequeña que la sugerida por el mismo perito del tribunal que la había fijado en 27 000 millones de dólares, y mucho menor a los números que manejaban los expertos de los demandantes, entre 40 000 y 113 000 millones.
De todas formas, la respuesta de Chevron no se hizo esperar y en una suerte de furia incontenida, el vocero de la empresa, James Craig la catalogó de “ilegítima e inejecutable, producto de fraude y contraria a la evidencia científica”.
En un comunicado, la compañía divulgó que tanto las cortes en Estados Unidos como tribunales internacionales ya han tomado medidas para prevenir la aplicación de la sentencia emitida por la corte ecuatoriana.
Una semana antes, un juez federal en Nueva York decidió conceder a Chevron una protección temporal contra cualquier fallo que le ordene el pago de una indemnización multimillonaria por supuestos daños ambientales en Ecuador.
Tres días después, un panel de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya prohibió temporalmente la aplicación de cualquier sentencia que se emita en contra la compañía petrolera.
Estas acciones demuestran porqué Estados Unidos trata de imponer en toda América Latina los Tratados de Libre Comercio.
Una de las exigencias de Washington es que los países firmantes de los TLC, (como ocurrió con México y Perú) ratifiquen sin enmiendas el capítulo 10, el cual posibilita a las compañías estadounidenses proceder legalmente contra los gobiernos firmantes y reclamar compensaciones extraordinarias, en caso de que se promulguen leyes que atenten contra sus intereses económicos.
De esa forma, ni obreros ni autoridades nacionales tienen potestad para demandar a las compañías transnacionales ante cualquier exceso o arbitrariedades cometidas.
Entre las cláusulas de los TLC se reafirma la imposibilidad de acudir a tribunales nacionales cuando se presenten diferencias, mientras que en las cortes internacionales las disputas son inapelables, las audiencias casi siempre son secretas y Estados Unidos puede ser demandado pero sin reclamos a los inversionistas.
Chevron que aparece como la segunda peor compañía en el mundo por su ataque al medio ambiente, también ostenta gran influencia política y de capital.
Baste recordar que la ex jefa del Departamento de Estado durante la administración de George W. Bush, Condoleeza Rice fue su directora en los años 90, mientras Dick Cheney, uno de los hombres claves para la invasión y ocupación de Irak, actuó como director de Halliburton, una empresa que tiene contratos por cientos de millones de dólares con la Chevron.
La batalla por las reivindicaciones de los habitantes en la Amazonia ecuatoriana aun será larga, pero tienen a su favor que Ecuador no haya firmado el TLC con Estados Unidos y así continuar luchando jurídicamente para que la Chevron responda por su crimen ambiental y pague el costo económico.
Tras 18 años de reclamaciones y querellas, el juez Nicolás Zambrano dictaminó que Chevron-Texaco es responsable y culpable del daño ambiental existente en la Amazonia ecuatoriana y ordenó que la compañía pague la suma de 9 510 millones de dólares para indemnización y gastos de limpieza.
La historia de esta tragedia ambiental en la Amazonia comenzó cuando la entonces compañía estadounidense Texaco, (adquirida por Chevron en el año 2001) empezó a buscar petróleo en 1964 en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos junto con la compañía Gulf. Tres años después encontró el primer yacimiento conocido como Lago Agrio 1.
A las extracciones se sumó, años más tarde, el Estado ecuatoriano como parte del consorcio y en 1990, Texaco dejó de operar la explotación aunque siguió siendo parte de la asociación.
En 1993, 88 ecuatorianos (en representación de más de 30 000 habitantes afectados) presentaron la primera demanda por daño ambiental en contra de Texaco en una Corte Federal de Texas, y un año más tarde el mismo grupo llevó la queja ante tribunales de Nueva York. Ambas cortes las desecharon. En el 2003 la querella ambiental en contra de Chevron-Texaco fue llevada finalmente a la Corte Superior de Sucumbíos, ciudad de Nueva Loja, en la Amazonia, que se tomó ocho años para dictar sentencia.
Para muchos especialistas esta ha sido una de las peores catástrofes ambientales causada por la actividad petrolera en la historia de la humanidad, y hasta superior a la de British Petroleum (BP), en 2010, en el Golfo de México y a la del buque Exxon Valdez ocurrida en las costas de Alaska en 1989.
El desastre se ha descrito como infernal. La activista norteamericana Kerry Kennedy tras recorrer durante tres días las zonas afectadas redactó un informe en diciembre de 2009 que fue publicado por la agencia de noticias Inter Press Service (IPS) y que expresa:
"Bajo el manto de nubes, la selva es una maraña de manchas negras de petróleo, fango purulento y tuberías oxidadas. El humo brota del suelo, arrojando vapores al aire que queman la garganta. Las aguas residuales de estanques sin encofrar se traspasan a las aguas subterráneas y transitan a los ríos y los arroyos".
Entre 1964 y 1990, Texaco perforó alrededor de 350 pozos petroleros en una superficie de 2 700 millas cuadradas de selva y en ese período obtuvo más de 30 000 millones de dólares en ganancias, mientras derramó deliberadamente 18 000 millones de galones de sopa tóxica, conocida como agua de producción (una mezcla de petróleo, ácidos y otros cancerígenos) que cayó a las corrientes donde seres humanos recogen agua para beber, pescan, nadan y se bañan.
Kerry puntualizó que la Texaco construyó más de 900 fosos de fango de petróleo, muchos del tamaño de piscinas olímpicas, sin revestir la tierra, es decir, no se colocó ningún concreto para proteger el suelo y el veneno se escurrió al agua subterránea.
"Yo había escuchado durante años sobre el Chernobyl de Chevron en la Amazonia, pero nada me había preparado para el horror del que fui testigo", sentenció Kennedy.
La cantidad fijada por el juez Nicolás Zambrano de la Corte de Justicia de Nueva Loja, fue de 8 646 millones de dólares que aumentarán otros 864 millones al sumarle 10 % del total a favor de los demandantes, como dispone la ley y consta en la sentencia. En un plazo de 60 días las partes deberán constituir un fideicomiso mercantil, a cargo de algunas de las administradoras de fondos del país, entidades que forman parte de la banca privada ecuatoriana. El beneficiario del fideicomiso será el Frente de Defensa de la Amazonia, que reúne a los demandantes y según el fallo, todo el patrimonio tendrá como destino cubrir los costos necesarios para la contratación de las personas encargadas para ejecutar las medidas de reparación previstas. El desglose de la suma a pagar por Chevron será de 5 396 millones de dólares para limpieza de suelos, 1 400 millones a favor de construir sistemas de salud, 800 millones en planes de salud y atención a los pacientes con cáncer derivado de la contaminación, 600 millones para limpieza de aguas subterráneas, 200 millones destinados a la recuperación de especies nativas, 150 millones en proyectos de dotación de agua y 100 millones para reparar el daño cultural. La cifra impuesta por la Corte de la provincia de Sucumbíos es más pequeña que la sugerida por el mismo perito del tribunal que la había fijado en 27 000 millones de dólares, y mucho menor a los números que manejaban los expertos de los demandantes, entre 40 000 y 113 000 millones.
De todas formas, la respuesta de Chevron no se hizo esperar y en una suerte de furia incontenida, el vocero de la empresa, James Craig la catalogó de “ilegítima e inejecutable, producto de fraude y contraria a la evidencia científica”.
En un comunicado, la compañía divulgó que tanto las cortes en Estados Unidos como tribunales internacionales ya han tomado medidas para prevenir la aplicación de la sentencia emitida por la corte ecuatoriana.
Una semana antes, un juez federal en Nueva York decidió conceder a Chevron una protección temporal contra cualquier fallo que le ordene el pago de una indemnización multimillonaria por supuestos daños ambientales en Ecuador.
Tres días después, un panel de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya prohibió temporalmente la aplicación de cualquier sentencia que se emita en contra la compañía petrolera.
Estas acciones demuestran porqué Estados Unidos trata de imponer en toda América Latina los Tratados de Libre Comercio.
Una de las exigencias de Washington es que los países firmantes de los TLC, (como ocurrió con México y Perú) ratifiquen sin enmiendas el capítulo 10, el cual posibilita a las compañías estadounidenses proceder legalmente contra los gobiernos firmantes y reclamar compensaciones extraordinarias, en caso de que se promulguen leyes que atenten contra sus intereses económicos.
De esa forma, ni obreros ni autoridades nacionales tienen potestad para demandar a las compañías transnacionales ante cualquier exceso o arbitrariedades cometidas.
Entre las cláusulas de los TLC se reafirma la imposibilidad de acudir a tribunales nacionales cuando se presenten diferencias, mientras que en las cortes internacionales las disputas son inapelables, las audiencias casi siempre son secretas y Estados Unidos puede ser demandado pero sin reclamos a los inversionistas.
Chevron que aparece como la segunda peor compañía en el mundo por su ataque al medio ambiente, también ostenta gran influencia política y de capital.
Baste recordar que la ex jefa del Departamento de Estado durante la administración de George W. Bush, Condoleeza Rice fue su directora en los años 90, mientras Dick Cheney, uno de los hombres claves para la invasión y ocupación de Irak, actuó como director de Halliburton, una empresa que tiene contratos por cientos de millones de dólares con la Chevron.
La batalla por las reivindicaciones de los habitantes en la Amazonia ecuatoriana aun será larga, pero tienen a su favor que Ecuador no haya firmado el TLC con Estados Unidos y así continuar luchando jurídicamente para que la Chevron responda por su crimen ambiental y pague el costo económico.
Gobierno sigue exportando ilegalmente gas de Camisea
El especialista Aurelio Ochoa alertó que pese a existir un déficit en el suministro y distribución de Gas Natural en el Perú y la ausencia de plantas petroquímicas, Alan García y sus funcionarios de energía y Minas, se empeñan en exportar el recurso.
“Con todo eso, la pregunta es: ¿Cómo estamos exportando (gas)? Porque aquí hay un incumplimiento de la ley. Mejor dicho de dos normas; las leyes 27133 de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural y la de Creación de plantas petroquímicas que, en su artículo tercero, dice lo mismo: La prioridad del mercado interno”, subrayó.
MentirosoEn ese sentido, advirtió que el gobierno, a través de su viceministro de energía, Daniel Cámac, miente y pretende “curarse en salud” cuando señala falsamente que “no hay demanda interna y que por eso exportamos”.
Ochoa le aclaró a Cámac y al régimen aprista que la exportación del gas está condicionada a dos premisas fundamentales: el abastecimiento pleno del mercado interno y que el recurso vendido al exterior no puede ser registrado a precios inferiores a los establecidos en el mercado local.
“¿Y qué es lo que pasa? Que ni una, ni otra se viene cumpliendo, porque en estos momentos estamos regalando el precio del gas. El referido precio de exportación del gas, al concesionario del pozo, se le está abonando 0,53 céntimos de dólar; mientras que estamos vendiendo al mercado local como, por ejemplo, los industriales, a dos dólares 60 céntimos”, especificó.
Por su parte, el representante del Foro Soberanía Energética y candidato al Parlamento por Gana Perú, Manuel Dammert, denunció que al gobierno de Alan García no le interesa la creación de un mercado interno del gas, ya que -anotó- están comprometidos dolosamente con la ilegal exportación de este hidrocarburo.
“Daniel Cámac es un mentiroso. Él oculta que acaban de autorizar, en enero, la exportación de gas para un millón de usuarios domiciliarios en Corea del Sur. Eso significa que ha quitado el suministro local a una similar cantidad de usuarios nacionales”, remarcó.
Al respecto, sostuvo que se requieren, en Lima, tres millones de usuarios de Gas Natural. “Y esa infraestructura de conexiones domiciliarias se puede desarrollar, a través de PetroPerú, tal como lo hizo la compañía estatal Ecopetrol en Colombia”, anotó.
Gas caroDe igual modo, recalcó que el costo real al público del balón de Gas Licuado de Petróleo (GLP) doméstico es de 12 soles, y no los 36 y 40 soles que se pagan ahora. “El tema de la reducción del precio del GLP no es que el Estado lo subsidie, sino que nos están cobrando demás, como si nos lo trajeran del Medio Oriente. O sea, nos lo están vendiendo a precio internacional, cuando este insumo se produce en el Perú”, enfatizó.
Dirigentes nativos rechazan falsa consulta
La Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (Orpian) responsabilizó a la Comisión Agraria del Congreso, que preside el legislador Aníbal Huerta, por los posibles conflictos sociales que pueda generar la eventual aprobación en el pleno del dictamen del proyecto de Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
A través de un comunicado firmado por sus principales dirigentes awajún y wampis, Orpian dice esperar que el gobierno de Alan García Pérez no sorprenda a la población con la “falsa consulta” que desarrolla la referida comisión parlamentaria.
El documento cita como antecedentes una reunión que se produjo el 2 de marzo del 2011 en la que el presidente de Orpian rechazó las condiciones en que se debate esta iniciativa, pendiente de aprobación en la Representación Nacional.
Según Orpian, las sesiones de la Comisión Agraria pretenden hacer una “seudo consulta” para cumplir con un requisito de que exige el Convenio 169 de la OIT. Los dirigentes consideran que la Ley Forestal busca favorecer a las grandes transnacionales, dejando de lado la cultura indígena, la biodiversidad biológica y la riqueza natural.
A través de un comunicado firmado por sus principales dirigentes awajún y wampis, Orpian dice esperar que el gobierno de Alan García Pérez no sorprenda a la población con la “falsa consulta” que desarrolla la referida comisión parlamentaria.
El documento cita como antecedentes una reunión que se produjo el 2 de marzo del 2011 en la que el presidente de Orpian rechazó las condiciones en que se debate esta iniciativa, pendiente de aprobación en la Representación Nacional.
Según Orpian, las sesiones de la Comisión Agraria pretenden hacer una “seudo consulta” para cumplir con un requisito de que exige el Convenio 169 de la OIT. Los dirigentes consideran que la Ley Forestal busca favorecer a las grandes transnacionales, dejando de lado la cultura indígena, la biodiversidad biológica y la riqueza natural.
Retrocede ante repudio a decretos entreguistas
COMO SIEMPRE EL DIVINO PADRE IMPARTIENDO JUSTICIA A LOS DEMONIOS SOSTENEDORES DEL SISTEMA CAPITALISTA, JUICIO A ESTOS LIBERTINOS HIJOS DE SATANAS: EN EL DIVINO TITULO EL ETERNO DICE LO SIGUIENTE;
3217.- EN LA PRUEBA DE LA VIDA, EXSISTIERON INFINITAS CLASES DE INDIFERENCIAS, QUE EN OTROS CAUSÓ DOLOR DE INJUSTICIA; A LA CABEZA ESTÁN LOS LLAMADOS PRESIDENTES, REYES, DICTADORES DE NACIONES, QUE NO HICIERON LO QUE LOS PUEBLOS DESEABAN; FUERON ENTREGUISTAS DE LA BESTIA; FUERON TRAIDORES DE LOS HUMILDES; A ESTOS EXTRAÑOS INDIFERENTES, POR LO QUE OTROS SENTÍAN, NO SE LES PERDONARÁ NI UNA MOLÉCULA DE SUS ERRORES; ES MÁS FÁCIL QUE EL HIJO DE DIOS PERDONE, A UNO QUE FUÉ COMO ELLOS; ES MÁS FÁCIL QUE PERDONE, A UNO QUE NO FUÉ PODEROSO, EN UN EXTRAÑO Y DESCONOCIDO SISTEMA DE VIDA, QUE NADIE HABÍA PEDIDO A DIOS.-
El presidente Alan García dijo ayer que está dispuesto exponer al Consejo de Ministros el tema de la derogación de los decretos de urgencia 001 y 002 que facilitan la concesión irregular de 33 proyectos de infraestructura del país y que son rechazados o duramente criticados por la Iglesia, la Defensoría del Pueblo, reputados especialistas y candidatos a la presidencia de la República, luego que este diario revelara el caso.“No tengo ninguna obsesión, lamento sí que se demore mucho el inicio de las obras o los trámites que a veces duran dos años o tres años, y que eso no pueda generar mayor empleo, pero si el país no lo entiende adecuadamente, no tengo ningún problema (en derogarlos) yo no soy más papista que el Papa, yo impulso el desarrollo del país, pero si alguien cree que es sospechoso, sí se varía el decreto y se acabó”, puntualizó.
García atribuyó sólo a los candidatos presidenciales el rechazo de sus decretos y les atribuyó una mala lectura de la norma y una actitud de aprovechamiento para obtener votos. “Ahora, por la campaña electoral, algunos quieren prenderse de eso leyendo mal, pero la verdad que yo no hago cuestión de estado sobre el tema. Si los candidatos no entienden el tema, yo no tengo ningún interés particular para eso, de manera que lo puedo someter al presidente del Consejo de Ministros y a los ministros para que tomen una decisión”, expresó.
El presidente negó que sus decretos dejen de lado los estudios de impacto ambiental (EIA) y dijo que “ninguna obra de construcción, represa o línea de transmisión eléctrica que se quiera hacer, se ejecutará sin esos estudios”, obviando el hecho que los decretos permiten adjudicar los proyectos sin ese requisito, dejándolo para después, quedando las exigencias ambientales en el ámbito de la ambigüedad.
el pueblo nunca liberará a un corrupto y asesino mediato
El presidente Alan García anunció que en caso de agravamiento de la salud del exdictador Alberto Fujimori, el hombre que ayudó a instalarse en Palacio de Gobierno, convocaría a un referéndum para que el pueblo decida si el encarcelado puede ser puesto en libertad.
“Me niego a ser un carcelero cruel, por eso soy muy cuidadoso de no maltratar a una persona que puede tener una sentencia. Si la situación se agravara, habría que consultar con el país porque es un tema nacional, no depende de mí”, declaró en una entrevista concedida a un diario local.
García también hizo un balance de los indultos que realizó durante su mandato y mencionó que no le guarda rencor a Fujimori por no haberle permitido asistir al entierro de su padre, tras ser acusado de enriquecimiento ilícito, cargos que prescribieron por su ausencia del país.
“Yo he indultado a 6000 personas porque considero que más allá de la sentencia que reciben las personas, la situación de las cárceles es una doble penalidad. Vamos ayudando a alguna gente y cuando haya personas que tienen más de 70 años y argumentan estar enfermos, soy un ser que cree en esas cosas y soy un hombre de corazón”, indicó.
Alberto Fujimori, de 72 años, fue condenado a 25 años de prisión por ser autor mediato de 25 asesinatos y dos secuestros cometidos durante su gobierno (1990-2000). Por ello se encuentra recluido en el cuartel de la División de Operaciones Especiales (Dinoes) de la Policía Nacional del Perú, desde su extradición de Chile en el 2007.
La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de derechos humanos, Rocío Silva Santisteban, calificó la propuesta del mandatario como un despropósito a todo nivel en un contexto de campaña electoral y la persistencia de problemas que todavía no se han resuelto en los aspectos económico y social.
“Primero, realizar un referéndum sería una pérdida de dinero inmenso en las actuales circunstancias. Segundo, esa propuesta es totalmente inadecuada en un momento donde lo más importante es el debate electoral entre los candidatos, a menos que quiera favorecer a Keiko Fujimori”, dijo.
También se refirió a la frase “no ser cruel” que Alan García utilizó para justificar un eventual indulto a Alberto Fujimori. “Tampoco quiso ser cruel cuando indultó a Crousillat. Más bien debería de pensar en no favorecer a una persona que se encuentra encarcelada por delitos de lesa humanidad”, sostuvo.
Añadió que el gobierno actual se caracterizó por despreciar cualquier medida a favor de los derechos humanos. “Alan no quiso recibir el dinero aportado por Alemania para construir el Museo de la memoria. Tampoco ha realizado nada para ver las reparaciones civiles de las víctimas del terrorismo y de las incursiones militares”, explicó.
En ese sentido, precisó que la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros, no ha cumplido desde el 2007 con el encargo de establecer las reparaciones a las víctimas de la violencia y el terror.
A su turno, la abogada de la Asociación Pro derechos humanos (Aprodeh), Gloria Cano, expresó que Alan García quiere utilizar como pretexto la salud de Fujimori para cumplir con un pacto que tiene con el Fujimorismo para cubrir las denuncias por violación a los derechos humanos que ambos gobiernos han tenido.
“Alan planea primero crear un debate de si se debe o no indultar a delincuentes condenados por delitos de lesa humanidad como Alberto Fujimori y los militares del Grupo Colina. Después, el plan es liberarlos”, advirtió.
La abogada de Aprodeh indicó que un posible indulto al reo Fujimori crearía un mal precedente legal, consistente en liberar a personas condenadas por delitos de lesa humanidad mediante un referéndum.
“Si bien el Presidente de la República tiene facultad para indultar a un reo por razones humanitarias, esto no puede favorecer a una persona que desde prisión dirige la campaña electoral de un grupo político como Fuerza 2011. Por ese motivo, varios miembros del Grupo Colina siguen pidiendo la conmutación de sus penas”, reveló.
“Me niego a ser un carcelero cruel, por eso soy muy cuidadoso de no maltratar a una persona que puede tener una sentencia. Si la situación se agravara, habría que consultar con el país porque es un tema nacional, no depende de mí”, declaró en una entrevista concedida a un diario local.
García también hizo un balance de los indultos que realizó durante su mandato y mencionó que no le guarda rencor a Fujimori por no haberle permitido asistir al entierro de su padre, tras ser acusado de enriquecimiento ilícito, cargos que prescribieron por su ausencia del país.
“Yo he indultado a 6000 personas porque considero que más allá de la sentencia que reciben las personas, la situación de las cárceles es una doble penalidad. Vamos ayudando a alguna gente y cuando haya personas que tienen más de 70 años y argumentan estar enfermos, soy un ser que cree en esas cosas y soy un hombre de corazón”, indicó.
Alberto Fujimori, de 72 años, fue condenado a 25 años de prisión por ser autor mediato de 25 asesinatos y dos secuestros cometidos durante su gobierno (1990-2000). Por ello se encuentra recluido en el cuartel de la División de Operaciones Especiales (Dinoes) de la Policía Nacional del Perú, desde su extradición de Chile en el 2007.
La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de derechos humanos, Rocío Silva Santisteban, calificó la propuesta del mandatario como un despropósito a todo nivel en un contexto de campaña electoral y la persistencia de problemas que todavía no se han resuelto en los aspectos económico y social.
“Primero, realizar un referéndum sería una pérdida de dinero inmenso en las actuales circunstancias. Segundo, esa propuesta es totalmente inadecuada en un momento donde lo más importante es el debate electoral entre los candidatos, a menos que quiera favorecer a Keiko Fujimori”, dijo.
También se refirió a la frase “no ser cruel” que Alan García utilizó para justificar un eventual indulto a Alberto Fujimori. “Tampoco quiso ser cruel cuando indultó a Crousillat. Más bien debería de pensar en no favorecer a una persona que se encuentra encarcelada por delitos de lesa humanidad”, sostuvo.
Añadió que el gobierno actual se caracterizó por despreciar cualquier medida a favor de los derechos humanos. “Alan no quiso recibir el dinero aportado por Alemania para construir el Museo de la memoria. Tampoco ha realizado nada para ver las reparaciones civiles de las víctimas del terrorismo y de las incursiones militares”, explicó.
En ese sentido, precisó que la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros, no ha cumplido desde el 2007 con el encargo de establecer las reparaciones a las víctimas de la violencia y el terror.
A su turno, la abogada de la Asociación Pro derechos humanos (Aprodeh), Gloria Cano, expresó que Alan García quiere utilizar como pretexto la salud de Fujimori para cumplir con un pacto que tiene con el Fujimorismo para cubrir las denuncias por violación a los derechos humanos que ambos gobiernos han tenido.
“Alan planea primero crear un debate de si se debe o no indultar a delincuentes condenados por delitos de lesa humanidad como Alberto Fujimori y los militares del Grupo Colina. Después, el plan es liberarlos”, advirtió.
La abogada de Aprodeh indicó que un posible indulto al reo Fujimori crearía un mal precedente legal, consistente en liberar a personas condenadas por delitos de lesa humanidad mediante un referéndum.
“Si bien el Presidente de la República tiene facultad para indultar a un reo por razones humanitarias, esto no puede favorecer a una persona que desde prisión dirige la campaña electoral de un grupo político como Fuerza 2011. Por ese motivo, varios miembros del Grupo Colina siguen pidiendo la conmutación de sus penas”, reveló.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)