jueves, 21 de abril de 2011

El 71% de tierras de Islay tienen denuncios mineros

El 71% de terrenos en la provincia de Islay están denunciados para la actividad minera, y la gran mayoría corresponden a la empresa Southern Perú, así lo revelaron los estudios efectuados por la Red Muqui y Cooper Acción, los cuales fueron entregados a los dirigentes de la provincia, en un foro denominado “Valle de Tambo: Despensa Alimentaria del Sur en Riesgo con minería a Tajo Abierto”.

Pepe Julio Gutiérrez y Jaime de la Cruz, ambos dirigentes del Frente de Defensa de Cocachacra, señalaron que estas cifras revelan el peligro que amenaza a Islay, teniendo en cuenta su circuito de playas y las extensas lomas con las que cuenta.

“No en vano hemos luchado contra la minera, igual lo haremos con las otras empresas,”, comentaron. Indicaron que luego de los 17 días de huelga, comenzaron a trabajar en convenio con las municipalidades del valle y el Gobierno Regional de Arequipa para elaborar un documento que les permita zonificar y declarar intangible por lo menos más de 350 mil hectáreas de las lomas y otros terrenos.

Por otro lado, un estudio realizado en el valle de Tambo también por la Red Muqui y Cooper Acción, reveló que la minería afectará a la provincia quitándole agua, generando contaminación y destruyendo el desarrollo económico y social del lugar. Sin embargo, la investigación efectuada por la consultora Marlene Castillo, ingeniera agrónoma sostiene que la agricultura sólo en los dos últimos años ha generado un movimiento económico de 100 millones de dólares.

Las principales actividades de este sector son: 280 millones de soles es por la venta de productos bandera como el arroz, el ajo, la cebolla, entre otros. Además, supera los 7 mil puestos de trabajo permanentes y 4 mil temporales, estos últimos en época de cosecha. Sin contar que la pesca artesanal que también es un componente económico importante, se vería afectada por el uso de agua de la minera que dejaría a 7 mil sin trabajo.

los fujimori Desaparecieron Caja del Pescador

El congresista electo de Gana Perú, Javier Diez Canseco, afirmó que el régimen Fujimorista llevó a la quiebra la Caja del Pescador al desfinanciarla, lo que demuestra que el partido que representa Keiko Fujimori siempre mostró un claro desinterés por aliviar la calidad de vida de las mayorías. “La Caja del Pescador, entre otros, es uno de los casos emblemáticos de cómo actúa el régimen Fujimorista sobre los fondos de los trabajadores, porque permitió su quiebra al dejarla desfinanciada. El gobierno de Alberto Fujimori tuvo una directa responsabilidad política al conducirla a esa situación hipercrítica”, dijo Diez Canseco.

En agosto de 1995, el gobierno de Fujimori colocó la Caja del Pescador (los fondos de los cuales debían salir las pensiones de los pescadores) bajo el control de la SBS, como si se tratara de una entidad financiera, separándola del sistema de pensiones. Esta decisión reflejaba la grave crisis de la institución que carecía de los recursos suficientes para atender la demanda de pago de sus aportantes que iban pasando al retiro. Pero el gobierno de Fujimori no apoyó su plan de recapitalización y el fondo del cual dependían miles de familias virtualmente quebró por el abandono. “Ahora estamos en una campaña del miedo contra Ollanta Humala, de quien se dice alteraría el sistema privado de pensiones, cuando es el Fujimorismo el que ha destruido los distintos fondos de los trabajadores. Así, Keiko que representa a ese régimen, no garantiza ninguna seguridad para las pensiones de los trabajadores”, sentenció.

Victoria azucarera

El secretario general de la Federación de Trabajadores del Perú, Demetrio Ruiz, celebró ayer como una victoria azucarera la aprobación por el Congreso, con 71 votos a favor y apenas 5 en contra, de la Ley de Protección Patrimonial para las empresas azucareras Pomalca, Tumán y Cayaltí, que el presidente Alan García había vetado al observarla.

“Los azucareros pasamos a una nueva etapa gracias a esta victoria. Con esta protección se ha logrado evitar los embargos con que nos amenazaba la Sunat, la Oficina de Normalización Previsional y Essalud; por eso los azucareros estamos celebrando. saludo a todos los medios de comunicación, a la prensa, en especial a LA PRIMERA que nos apoyaron muchísimo para que nuestras demandas y nuestros problemas sean escuchados por las autoridades del Congreso, incluso por la alcaldesa de Lima, para que no nos desalojara”, refirió.

A su vez, el asesor del referido gremio, Daniel Vásquez, dijo que se ha hecho justicia a los azucareros con la aprobación de Ley de Protección Patrimonial. “Esta es una reivindicación importantísima, no solo para las empresas, sino para los trabajadores que ahora se libran de la amenaza del embargo, de medidas cautelares y así quedan protegidas nuestras empresas porque estábamos recibiendo amenazas.

Debemos este triunfo a los trabajadores y a los medios de comunicación que se jugaron por nuestros derechos y en primer lugar a LA PRIMERA”, dijo Vásquez al referirse al sólido compromiso de este diario con su causa.

El Parlamento determinó que la norma, observada por el presidente Alan García, debe viabilizar el régimen de las empresas agrarias azucareras. La ley indica que el régimen de protección patrimonial de las empresas azucareras se extenderá y terminará el 31 de diciembre de 2011 sin excepción. Para acogerse a estas medidas, indica la norma, las empresas deberán presentar a Indecopi, hasta el 30 de junio de este año, los programas de reflotamiento empresarial, de reconocimiento de obligaciones así como el cronograma de pagos debidamente actualizado.

Los documentos presentados por la empresa serán evaluados y aprobados por una comisión integrada por un representante de Indecopi y otro de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), que deberán verificar la documentación presentada.

Fue una dictadura de ladrones

Fujimoristas asaltaron la Caja Policial Militar que ya venía débil, con el pretexto de “reorganizarla” y se apropiaron de los fondos de retiro de militares y policías para impulsar empresas constructoras y financieras conducidas por testaferros del poder, a los que luego compraban sus “participaciones” a precios sobrevaluados.

“Esto va a ser una hecatombe. Yo tengo grabados videos desde el 90. Están en Lima y son cerca de treinta mil”, fue lo que dijo Montesinos en la carceleta del Palacio de Justicia, luego de ser traído desde Caracas, donde había sido detenido en junio de 2001.

“Tengo videos en los que aparecen empresarios, diplomáticos norteamericanos, rusos, europeos, que si los saco se producirá una crisis internacional”, insistió el exasesor anticipándose a lo que luego se diría de los WikiLeaks de la diplomacia estadounidense.

“No voy a revelar dónde se encuentran los videos. Ellos son mi seguro de vida. Voy a mostrar los que me interesen, los que sean necesarios y me convengan para negociar la libertad de mi familia”. Y apuntó que fue “el mismo Fujimori quien le ordenó grabar todas las actividades que se realizaban en el Servicio de Inteligencia Nacional para que quedara registro de todo lo que pasaba allí… él estaba enterado de todo”.

Perú septiembre del 2000En las calles de Lima y provincias, miles de personas celebran el anuncio de Alberto Fujimori ante una cadena de estaciones de televisión informando que se irá por fin del poder al cumplir el primer año de su tercer período de gobierno y que convocará a nuevas elecciones, luego de conocerse el video Kouri-Montesinos que mostró al país cómo se formó la última mayoría parlamentaria del Fujimorismo. El mensaje concluía:

-Y está demás decir que en estas elecciones no participará quien habla.

Casi once años de protagonismo electoral de Alberto Fujimori llegaban a su fin en forma ignominiosa. Lo que no pudieron hacer los miembros del Tribunal Constitucional que declararon inaplicable la “interpretación auténtica” con la que el Congreso de Martha Chávez, Luz Salgado, Martha Hildebrandt, Chirinos Soto, Medelius, Siura, Torres y Torres Lara, y tantos otros, había consagrado que el segundo gobierno de Fujimori era en realidad el primero y que cabía una nueva reelección.

Lo que no lograron los jóvenes universitarios que tomaron las calles contra el abuso; lo que no se pudo resolver con la rebelión contra el fraude en el primer semestre de 2006 y la marcha de los Cuatro Suyos, se selló finalmente con una imagen filmada que el gobernante corrupto ya no pudo ocultar.

Pero ahí nomás ya estaba comenzando el operativo para separar a Fujimori de su asesor, y construir la nueva historia sobre la parte buena y la parte mala del régimen de los 90. Esa versión revisionista que ahora nos llega empaquetada en Keiko Fujimori, que era muy niña cuando el golpe; muy distraída cuando secuestraron a su madre; muy susurrante cuando le recomendó a su padre sacar a Montesinos, pero siguió en el gobierno; muy inocente cuando ayudó a preparar las maletas para la fuga final de su padre, y recibió el encargo de quedarse al frente de la dinastía político-familiar.

Pero la verdad histórica señala que Fujimori instauró por decisión propia un gobierno compartido con Montesinos, expulsado del Ejército por espía y abogado de pasillos que defendía narcos haciendo desaparecer expedientes y vendía información clasificada a los servicios de inteligencia.

Como pasó en otras satrapías, el tipo que recibió el inocuo título de asesor, escondía un ilimitado poder informal que solo podía existir tras una negociación y transacción con el poder formal. Era la manera de poder manejar decisiones que desbordaban los marcos de lo permitido y lograr evadir los sistemas de control y fiscalización.

Lo más grave era además que este sistema de poder de dos pisos, no era desconocido para nadie. Cada vez más el Fujimorismo fue asociando su supuesta eficiencia, su capacidad de alcanzar resultados, a los medios de “inteligencia” que empleaba.

El poder del Doc, estaba a la vista, y es por ello que desde el banquero más poderoso del país, los inversionistas extranjeros, los dueños de los medios de comunicación, los jueces y fiscales, los comandantes generales de los institutos armados, es decir toda la elite económica, política, social y militar lo visitaba y llegaba a acuerdo con él. Fue Dionisio Romero quien mejor sintetizó el porqué de esta atracción fatal:

-Todos sabíamos que conversando con él, lo estábamos haciendo con el poder real.

Y, claro, los bancos necesitan poder real. Por ejemplo para lograr que los interventores judiciales de la empresa Hayduk, cuyos propietarios estaban encausados por narcotráfico, fueran propuestos por el Banco de Crédito, al que la pesquera debía mucho dinero. Una gauchadita para tener un mejor lugar en el momento del pago de las deudas. Pero así son los negocios.

Es decir que si Romero tuvo una relación más que profunda con el gobierno de Fujimori, al punto de comprometerse a vivar por la re-reelección, el contacto para sacar cosas de ese gobierno era a través de Montesinos, que nunca hubiera podido tener un gramo de poder si alguna vez Fujimori hubiera querido ponerlo en su sitio.

SiamesesLo que sí quiso hacer el dictador con su asesor fue convertirlo en su igual, que era como decir que el país necesita dos presidentes, uno para los actos protocolares y otro para la guerra sucia. Pero iguales, al fin.

Eso es lo que nos transmitieron en la famosa entrevista con Álamo Pérez Luna en el año 1999, a la que acudieron con ternos y corbatas idénticas, hechas por el mismo sastre, con la finalidad de subrayar que nadie era más que el otro cuando estaban justos estos dos.

Años después Toledo y Bush se vestirían con ternos y corbatas de igual color para transmitir el mismo efecto, y García lo haría con Castañeda cuando lo proclamó su candidato favorito y lo quemó para toda la vida.

Pero la identidad en la vestimenta de Fujimori-Montesinos, no solo era una novedad cuando salió al aire, sino un mensaje clasificado, porque se trataba de alguien que si le reclamaban por algo era capaz de decir que no tenía cargo, no era funcionario y no cobraba sueldo establecido, pero al mismo tiempo podía hacer que se cierre el tráfico seis cuadras a la redonda y llegaba rodeado de una guardia mayor que el presidente. No era, pero era, que es una de las claves del Fujimorismo de los 90 y sigue siendo en el actual.

El secretismo y la trampa son las marcas distintivas del método Fujimorista. Y ese sistema está hecho para dominar y para cubrir los actos corruptos. El Fujimorismo vendió más de cien empresas públicas, muchas de ellas de gran valor económico, obteniendo un ingreso final de alrededor de 11 mil millones de dólares (se ha calculado que el valor real era más o menos el triple y que en la subvaluación ya hubo actos de corrupción y comisiones bajo la mesa).

Pero de todo lo que se obtuvo por privatización no hubo una sola inversión de largo plazo que pueda decirse para qué se vendió la empresa de teléfonos o la de electricidad, o se malbaratearon los pozos de PetroPerú.

En el momento que Fujimori se retiró del poder, los fondos de reserva por privatización no llegaban a 500 millones de dólares, pero eran producto de intereses acumulados y no gastados.

Los 11 mil millones se habían ido en la compra con sobreprecio de armas en mercados secundarios, con traficantes como intermediarios; en gasto social sin control con fines re-reeleccionistas, en pagos a comisionistas, estudios de abogados, bancos de inversión, etc.

Pero no se quedaron ahí. Compraron armamento chatarra con sobreprecio, a pesar de las tensiones militares que tuvimos en las fronteras norte y sur. Y su general victorioso purga veinte años de prisión tras haber confesado que su fortuna provenía de las coimas en la compra de armamento, lo que le salvó de ser condenado por presunta relación con el narcotráfico.

Asaltaron la Caja Policial Militar que ya venía débil, lo que aprovecharon para “reorganizarla” y usar los fondos de retiro para impulsar empresas constructoras y financieras conducidas por testaferros del poder, a los que luego le compraban sus “participaciones” a precios sobrevaluados.

Mafia bancariaConstruyeron una mafia bancaria con el grupo Wiese-Sudameris, el Banco República, el Banco de Comercio, el Banco Latino y otros, que movían cuentas de organismos del Estado para tener liquidez y hacer préstamos que luego se inflaban fraudulentamente y permitían arrebatar la propiedad ajena.

Es una tontería definir estos hechos como aislados, suceden en todos los gobiernos, o “fallas que no niegan las cosas buenas del gobierno”.

Lo que hubo en el Perú de Fujimori fue un poder mafioso que se articuló como una inmensa telaraña, y que como en la historia del arzobispo centroamericano, cuando llegaron los reemplazos y ordenaron investigar, descubrieron que la cosa era tan grave y tan profunda que mejor era quemar los papeles y pensar que la noche había acabado y que todo recuperaría su normalidad.

Pero no fue así. La corrupción que no es extirpada hasta la raíz, es como el Cáncer y vuelve a reaparecer. Lo estamos viendo. La mafia se propone regresar y hay poderosos intereses que prefieren el regreso del poder corrupto, antes que ponerse en la situación de tener que renegociar los inmensos privilegios de los que han gozado todos estos años y que son los que han creado la inmensa bolsa del descontento social que se manifestó en las elecciones. Esta historia continuará.

Raúl Wiener

Se levantaron el dinero del Fonavi

La presidenta de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Carmela Sifuentes, afirmó que la dictadura de Alberto Fujimori saqueó y liquidó el Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), al utilizar los aportes de los trabajadores para desarrollar su política asistencialista. Además, dijo que Keiko Fujimori, al defender el modelo económico de su padre, significa un peligro para la clase trabajadora. “El gobierno de Alberto Fujimori fue el más nefasto para los trabajadores y tiene como una de sus perlas el incumplimiento de la devolución de los aportes al Fonavi, al darse leyes justamente para no resarcir aquellos aportes de los trabajadores”, comentó.

Fujimori malversó ese dinero en la realización de su programa asistencialista y, no cabe duda, para engordar su cuenta corriente”, dijo Sifuentes a LA PRIMERA. El Fonavi, organismo de carácter comunitario y social, fue creado en abril de 1979, por Decreto Ley 22591, con la finalidad de construir viviendas a través de la Empresa Nacional de Construcciones y Edificaciones (Enace) para los trabajadores públicos y privados que contribuían con 1% de su remuneración.

La finalidad estuvo bien orientada, pero durante el primer gobierno de Alan García, Enace era muy deficiente en su gestión, lo que empeoró con un aumento desmesurado de sus planillas y la corrupción que afectaba directamente los fondos recaudados.

El gobierno de Alberto Fujimori no hizo nada por reflotar ese importante fondo; por el contrario, desvió esos recursos para la implementación de proyectos sociales de distintos rubros, por lo que Fujimori decidió liquidarlo en agosto de 1998, mediante la Ley 26969.

AFPs peligran: fujimoristas se alistan para saquearlas

Los riesgos de que los fondos de jubilación de los trabajadores que guardan las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP) sean desfalcados o manipulados con fines populistas por un hipotético gobierno de Keiko Fujimori son muy altos, advirtió ayer el economista Kurt Burneo.

Burneo declaró a LA PRIMERA que ese peligro está plenamente sustentado porque los operadores Fujimoristas que integraron el gobierno del padre de la candidata, que participaron en los saqueos de otros fondos previsionales como los de la Caja del Pescador, la Caja de Pensiones Militar Policial y malversaron los recursos del Fonavi; ahora forman parte del cogollo del equipo de gobierno de la candidata de Fuerza 2011.

“Ese es el riesgo (de una eventual manipulación de los fondos de las AFP); y viene a partir de los operadores que están con la señora Keiko Fujimori, y que son los mismos que trabajaron en la administración de su papá Alberto. Entonces, obviamente, si estamos hablando de los mismos operadores, entonces los riesgos también están concentrados por ese lado”, subrayó.

Burneo advirtió que la señora Fujimori está rodeada de colaboradores con antecedentes delincuenciales que también apoyaron el gobierno corrupto de su progenitor. En ese contexto el economista recordó la manera en la que el Fujimorismo manejó los recursos de las privatizaciones.

“A no ser que se piense que los dineros que se llevó y dispuso Vladimiro Montesinos; y que todos vimos en los vladivideos, cuando compraba congresistas o compraba medios de comunicación, etc, fueran de los negocios particulares del exasesor. Y lo que estaba claro era que: o era plata del Estado o era plata del narcotráfico”, puntualizó.

Hay sospechas Por su parte, el exdirector del Banco Central de Reserva (BCR), Gonzalo García Núñez, refirió que si bien sería muy difícil que un gobierno manipule los fondos previsionales de las AFP, por ser de carácter privado, los antecedentes del gobierno del padre de la candidata de Fuerza 2011, hacen que sea pasible de una razonable sospecha, en una hipotética administración suya.“Evidentemente, Keiko Fujimori arrastra el pasivo del gobierno de su padre, en materia de manejo de fondos pensionarios, y eso, aunque no le concierna directamente, puede resultarle una desventaja”, anotó.

Ella sabía del operativo mediático“Cuando la señora Fujimori firma el Pacto por el Perú de Pedro Pablo Kuczynski incluye dos agregados a los seis iniciales. Uno de los nuevos puntos se refiere al ahorro; lo que significa que sabía que se venía la campaña de hacer creer que dentro del Plan de Gobierno de Ollanta Humala hay alguna intención de utilizar los fondos de las AFP para atender Pensión 65”, dijo Marisol Espinoza, candidata de Gana Perú a LA PRIMERA vicepresidencia.

Espinoza sostuvo que Keiko Fujimori y sus aliados de la derecha, insistieron en este caso basado en la mentira, pese a que está claro que Pensión 65 no se financiará con los fondos de las AFP. “Nosotros creemos que las pensiones son propiedad privada, sagradas y no se van a tocar”, dijo.

“¿Por qué, precisamente, incluyen la palabra ahorro en ese pacto PPK-Fujimori? Porque precisamente venían preparando este psicosocial en contra de Ollanta Humala sobre las AFP para decir que se estaría destrozando el ahorro nacional. Pero lo vuelvo a reiterar: los derechos de los trabajadores están garantizados en el ahorro nacional y no se tocará ni un solo sol del dinero privado”, enfatizó.

“Adicionalmente, ahora (Keiko Fujimori) se proclama la defensora de los ahorros de los pensionistas. Yo me pregunto ¿dónde estaba ella cuando se flexibilizó todo y les quitaron sus pensiones a los mineros y a los jubilados que ahorita están en las puertas del Congreso, pidiendo desde hace 20 años, que se les reconozca su jubilación?”, remarcó.

“No vamos a tocar las aportaciones de población”El candidato presidencial de Gana Perú, Ollanta Humala, reiteró ayer que no tocará los aportes de los afiliados a las AFP. “Nos comprometemos ante el pueblo peruano a que nosotros no vamos a tocar las aportaciones de la población, porque son sus aportaciones y defendemos el derecho a la propiedad, no solo la física, sino también la de sus ahorros, que es fundamental”, expresó en declaraciones a la prensa.

Al responder a las falsas imputaciones que se le hacen por un supuesto uso de los ahorros de las AFP en su eventual gobierno, Ollanta descartó esa posibilidad y señaló que de ser electo en segunda vuelta no se va producir un “shock” como el que impuso el fujimorato en los noventa.

“Otros gobiernos dijeron al pueblo que no harían un shock y cuando llegaron fue lo primero que hicieron. Un ex ministro (Juan Carlos Hurtado Miller), hoy detenido, decía incluso ‘que Dios nos ampare’. Eso no va a pasar en un gobierno nacionalista”, explicó a los periodistas.

En declaraciones en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el líder nacionalista reiteró que el canon minero lo deben pagar íntegramente las empresas que explotan esos recursos, y no salir del Impuesto a la Renta.

“El llamado a pagar el canon es la empresa y no el Estado. Eso lo hemos señalado y ese canon debe quedarse en la región. Eso le permitirá al Estado tener el 100 por ciento del Impuesto a la Renta que pagan las mineras y del que hoy llega a la Sunat solo el 50 por ciento”, detalló, al señalar cómo pretende incrementar los ingresos fiscales.

Ollanta indicó que con esos recursos se pueden poner en marcha las políticas redistributivas propuestas por su agrupación, entre ellas el programa Pensión 65, que busca otorgar un subsidio a las personas mayores de 65 años que carecen de pensión.

“Le duela a quien le duela, Pensión 65 se va a dar”, manifestó, reiterando que no tocará a las AFP, sino que impulsará una reforma tributaria. Las personas mayores de 65 años tienen derecho a contar con una pensión, aunque “algunos grupos económicos no lo quieran”, dijo.

Humala advirtió que frente a esos planteamientos, él y su agrupación son objeto de una campaña que busca asustar a la población.

De otro lado, consideró que hay “tareas pendientes” en el país, como reforzar la lucha contra la corrupción, otorgar salud y Educación de calidad, crear los programas Cunamás y la construcción de un hospital en cada provincia.

Además, tenemos el reto de la masificación del gas con la construcción del gasosur que tiene que llegar a Tacna, ya que el tramo proyectado no va para esta región, que no debe ser discriminada, anotó.