las noticias mundiales en video

Humala, entre lo moderado y lo radical

Perú tiene una sociedad bastante conservadora y Ollanta Humala, que ya tuvo que flexibilizarse respecto de las elecciones de 2006, enfrentará una serie de dilemas para construir un país que democratice la política, la economía y el espacio territorial, pero al mismo tiempo tendrá que ver cómo se dirige, sin provocar traumas, hacia el curso latinoamericanista.

Es demasiado prematuro sacar conclusiones sobre el curso que irá a seguir Ollanta Humala en Perú, tras derrotar el 5 de junio pasado al bloque compacto que la derecha más conservadora de ese país y del continente conformó alrededor de Keiko Fujimori. Sin embargo, como ya se pudo observar en la campaña electoral que desarrolló –en estrategia y discurso-, además del tipo de mensaje que formuló en su primera gira poselectoral por varios países de Sudamérica, es previsible que se vaya a mover con bastante moderación.

Mostrar / Ocultar ▼▲

No puede ignorarse, al momento de hacerse estas primeras reflexiones sobre el gobierno de Humala, las condiciones objetivas y subjetivas de la sociedad peruana: una alta concentración de la riqueza en un cohesionado grupo empresarial con profundos vínculos transnacionales y un nivel de pobreza de cerca del 40 por ciento y de extrema pobreza del 10%, con la agravante de que esos hombres y mujeres –que nunca se beneficiaron del “rebalse” provocado por la economía de mercado- viven en la zona central, en sur y en la amazonía peruanas. Las clases dominantes de ese país, cuyo núcleo está integrado por las fracciones financiera, minera y mediática, jamás de esforzaron por hacer en esas regiones otro tipo de capitalismo que no sea el que ha convertido a la acumulación originaria –que David Harvey llama acumulación por desposesión- a su instrumento más importante de obtención de ganancias.

Pero la victoria de Gana Perú también se dio más por la fuerza de su candidato que por la fortaleza de las clases subalternas, cuyas protestas contra el crecimiento de las desigualdades sociales no ha borrado los rasgos conservadores construidos por las clases dominantes en más de 20 años en base a un hábil uso de las secuelas dejadas por la violencia guerrillera de los 90 –particularmente de Sendero Luminoso- y el terrorismo de Estado en la era de Alberto Fujimori. No es una sorpresa observar en ese país sindicatos debilitados –muchos de ellos cooptados por tendencias “amarillistas”-, escaso reconocimiento de la indio que recorre por sus venas y una ausencia de proyección de los movimientos sociales, cuando lograron constituirse como tales, salvo aquella movilización que puso al desnudo el carácter avasallador del proyecto industrialista de Alan García en la selva peruana.

En ese contexto de la realidad peruana, que Ollanta no ignoró al momento de formar su agrupación política para las elecciones con la presencia de corrientes de izquierda y centro derecha, ni mucho menos al recibir el respaldo de otra fracción de la derecha peruana a través de Mario Vargas Llosa y Alejandro Toledo en la segunda vuelta, es que se debe entender su oferta electoral y los futuros movimientos, discursos y medidas que vaya a tomar el presidente electo.

A manera de ir cerrando esta primera parte. El 5 de junio se dio el triunfo del Perú profundo y de la periferia. Gana Perú conquistó 19 de los 25 departamentos de ese país. Perú ya no es solo Lima. Lo hizo a través del político nacionalista, cuyos orígenes políticos e ideológicos están en la resistencia al fujimorismo y en el etnocacerismo, respectivamente.

Esta victoria le da un aire fresco para América Latina en un momento de contraofensiva de los Estados Unidos: el golpe de estado contra Zelaya en junio de 2009, la instalación de cuatro bases militares en Panamá, la movilización de 10.000 efectivos a Costa Rica con el argumento de la lucha contra el narcotráfico y de un número similar a Haití a título de “ayuda humanitaria” por el terremoto y la ampliación de tropas en Colombia que efectivamente se ha registrado a pesar de no haberse instalado seis nuevas bases ante el rechazo de la Corte Suprema de Justicia colombiana al convenio firmado por Alvaro Uribe y George Bush.

Pero los desafíos y los dilemas que tendrá que enfrentar Ollanta Humala no serán pocos. La manipulación que hizo la burguesía transnacional financiera al día siguiente que se alzó victorioso, con el cierre de la Bolsa, provocando una caída del 12%, es una muestra muy clara del terrorismo económico al que está dispuesto a llegar ese bloque dominante para acorralarlo y si es posible derrocarlo. La burguesía muchas veces se quita la careta democrática cuanto siente terror y amenaza a sus intereses. De eso, cada cual a su manera, Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa tienen bastante experiencia.

Un primer dilema, por tanto, será el tipo de modelo que desarrollará Ollanta para hacer posible su oferta electoral: crecimiento económico con inclusión social. Su identificación con Brasil –una de las economía más poderosas de América Latina con la que el Perú no puede compararse por varias razones- da una idea más o menos próxima de lo que se intentará hacer para no tirarse a los empresarios encima y al mismo tiempo empezar a resolver la gran deuda social provocada por el neoliberalismo. Se ha anunciado un impuesto a la ganancia extraordinaria de las empresas mineras ¿eso es posible? Habrá que estar atento.

Un segundo dilema es si el triunfo del Perú profundo es el punto de partida para construir un nuevo sistema político, radicalmente distinto al que se tuvo en más de 20 años, o más bien el punto de llegada para poner en marcha una política que le de oxigeno a la recomposición de los partidos tradicionales (el APRA ya no existe) y allane el camino para Keiko Fujimori, una joven política de derecha que seguro tendrá la paciencia para esperar, obviamente no sentada pero subvirtiendo discretamente, la culminación del periodo presidencial. Es decir, Ollanta tendrá que tomar, en breve, la decisión de abrir otros canales de amplia participación democrática del pueblo –lo que implica encontrar la manera de posicionar la idea de la Asamblea Constituyente- o seguir con la camisa de fuerza que le impone las reglas construidas por la Constitución Política del fujimorismo.

Un tercer dilema se presentará en el campo de la integración. Perú tiene firmado un TLC con Estados Unidos y desmontar la creencia colectiva de que los beneficiarios son ambos países, lo cual no explicaría el por qué ha salido de ese país más de 40 mil millones de dólares respecto de lo que ha entrado o se ha quedado, será una tarea muy difícil y compleja. Además, ese país se ha movido en el Bloque Pacífico que EE.UU. ha conformado con Chile, Colombia y México con el objetivo de cerrar el paso a la expansión del ALBA y la corriente latinoamericanista.

Por lo pronto, Ollanta, a diferencia de su primera participación electoral en 2006, ha evitado hablar del ALBA –y de los países que lo integran- y sus respuestas más bien se han inclinado por la prioridad que Perú le dará a Unasur y a otros mecanismos de integración como el MERCOSUR y la CAN. Eso lo ha dicho en Brasil, Paraguay y Argentina.

No hay duda que Estados Unidos ha recibido un duro golpe con la derrota de la derecha en Perú. Pero tampoco hay duda que Ollanta puede estar muy tentado a convertir el ejemplo de Brasil en la línea política a seguir, ignorando que la “lulalización” es viable en países como el carioca y que en otros como el peruano hay necesidad de respuestas más radicales para terminar con las diversas formas de exclusión.

Estados Unidos no va a quedarse quieto. Y en la memoria de América Latina también está registrada la capacidad imperial de convertir sus derrotas en victorias al promover capitulaciones. La historia de Lucio Gutiérrez en Ecuador es una prueba bastante aleccionadora.

Perú, ¿de un patio trasero a otro?

El 5 de junio Ollanta Humala (izquierda) ganó las elecciones presidenciales peruanas con el 51,6% de los votos frente al 48,4% de su adversaria Keiko Fujimori (derecha).

La noticia provocó la mayor caída de la Bolsa de Lima desde su creación (el 12,51%): ¿No había declarado Humala durante la campaña electoral anterior, en 2006, su proximidad con el presidente venezolano Hugo Chávez? «Un error», ha repetido constantemente durante la campaña de 2011, y ha preferido declarase cercano al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, mejor considerado en los mercados financieros.

Mostrar / Ocultar ▼▲

Después de asegurar que una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala imponía a los peruanos la elección «entre el cáncer y el sida», el intelectual liberal Mario Vargas Llosa –Premio Nobel de Literatura 2001- prestó su apoyo al candidato de izquierda, seguido por una parte de la burguesía. Porque Keiko Fujimori es ni más ni menos que la hija del expresidente Alberto Fujimori, en el poder entre 1990 y 2000, que en la actualidad cumple una condena de 25 años de prisión por corrupción y violación de los derechos humanos. Votar por una candidata que contaba entre sus objetivos con el de rehabilitar a su padre «conduciría a legitimar la peor dictadura que hemos tenido que sufrir en toda nuestra larga historia republicana», justificó Vargas Llosa.

Una de las propuestas más populares de Humala consiste en incrementar los impuestos sobre la renta minera, inflada por la subida de los precios: aunque la economía peruana creció el 8,3% en 2010 y la pobreza cayó del 54% al 35% en diez años, las desigualdades continúan siendo escandalosas. Algo que concierne directamente a las empresas chinas que, como muestra este reportaje, desde hace varios años han propulsado los productos mineros al primer puesto de las exportaciones del país.

«Hasta no hace mucho tiempo muchos trabajadores todavía consideraban que China formaba parte del campo socialista, recuerda Juan Carlos Vargas, presidente del PLADES, una organización no gubernamental (ONG) de apoyo al movimiento sindical, y la adquisición de “Hierro Perú” por parte de una empresa china suscitó grandes esperanzas entre los mineros». En la actualidad, a un lado y otro de las calles invadidas por la arena, las casas de colores desvaídos caen poco a poco en la ruina. Muchas están vacías y otras tapiadas, dando de San Juan Marcona la imagen de un sueño desvanecido.

Durante mucho tiempo una simple aldea de pescadores perdida entre el desierto y el océano, a unos 500 kilómetros al sur de Lima, San Juan Marcona se convirtió en un campamento minero en 1953, con la llegada de una compañía estadounidense que vino para explotar los yacimientos de hierro de la región. Nacionalizada en 1975 por el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, la Marcona Mining Compagny después se rebautizó como Hierro Perú (1).

A principios de los años 90, la elección de Alberto Fujimori abrió, como en otros lugares de América Latina, una era de privatizaciones masivas «El chino», como apodaban al nuevo presidente, hizo hincapié en el estrechamiento de las relaciones económicas con Asia. Por supuesto con Japón, de donde es originaria su familia, y también con China. Entre 1991 y 1995, Fujimori viajó cuatro veces a Pekín, y en 1994 ambos países firmaron un convenio sobre la promoción y protección recíproca de las inversiones. Comparadas con las multinacionales occidentales, las empresas chinas sólo se beneficiaban de una manera muy marginal de esa «apertura». La compra de Hierro Perú en 1992 por Shougang Corporation constituyó, con mucho, la operación más importante realizada por los chinos en ese marco.

Dirigida por el ministro de Comercio Víctor Joy Way –también de origen chino y en la actualidad encarcelado por su implicación en varios casos de corrupción-, la privatización de Hierro Perú en beneficio de Shougang se revelaría, pero demasiado tarde, «llena de irregularidades y que respondía a intereses privados que no tenían nada que ver con los del Estado» (2). Hasta el punto de que en 2001 fue objeto de una investigación de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros del Congreso peruano. Sin embargo en principio parecía un buen negocio para Perú, los chinos se comprometieron a invertir 270 millones de dólares para modernizar la empresa.

«No tardamos mucho en desilusionarnos», explica Julio Ortiz, secretario del Sindicato Minero de Marcona. Ciertamente, a diferencia de lo que pasa en numerosos países africanos, los peruanos sólo veían desembarcar importantes contingentes de trabajadores chinos que venían a ocupar los puestos de trabajo codiciados por los «nacionales». A pesar de que hacía contrataciones, la Shougang no respetaba todos sus compromisos: «Sólo una ínfima parte de las inversiones prometidas se realizaron efectivamente, observa Ortiz, y nosotros seguimos trabajando con equipamientos obsoletos que se remontan a veces a la época de los estadounidenses. Las desastrosas condiciones de trabajo están en el origen de un número anormalmente elevado de accidentes de trabajo graves».

Ni más ni menos que las empresas occidentales, la compañía recurre sistemáticamente a las empresas prestatarias de mano de obra que a menudo emplean a antiguos mineros despedidos por Shougang. De los aproximadamente dos mil trabajadores, menos de la mitad están contratados directamente por la empresa. Finalmente, las relaciones de la dirección con el sindicato, antes a la cabeza de un auténtico bastión, «¡Es un pulso constante! Todas las revisiones de los acuerdos salariales o del convenio colectivo desembocan en una huelga –más de una al año de promedio durante el último decenio- y a pesar de todo nuestros salarios continúan siendo inferiores a los de otras empresas mineras».

Las relaciones con el gobierno municipal no son mejores. «Las sucesivas oleadas de despidos constituyen una hemorragia y la ciudad ha perdido más de la mitad de su población, el parque de viviendas perteneciente a la empresa no se ha renovado nunca, los vertidos contaminantes afectan gravemente al medio ambiente marino y a las condiciones de vida de los pescadores, enumera Rodolfo Purizaca, el teniente de alcalde. ¡Marcona se ha convertido en un enclave chino!», concluye. En las cuatro esquinas de la ciudad, así como en sus alrededores, los paneles «Concesión Shougang Hierro Perú» marcan el territorio.

Contraviniendo los términos del acuerdo de privatización, la empresa se niega a devolver a la alcaldía la gestión del agua, sus ejecutivos –la mayoría chinos- reciben aprovisionamiento las veinticuatro horas del día, pero el resto de la población sólo tiene acceso al preciado líquido durante algunas horas diarias. Shougang Generation Electrica, una de las numerosas filiales del grupo, provee en primer lugar las instalaciones de la empresa y después, accesoriamente, a la ciudad. Los barcos de Agnav, otra filial del grupo, atracan en el muelle privado de la compañía y garantizan el transporte del mineral a China y a las fábricas siderúrgicas de la Shougang Corporation.

«Los chinos se oponen a todo lo que podría poner en cuestión su hegemonía en el territorio de la comunidad, afirma Puricaza. Ya se trate de la construcción de un importante terminal portuario, de la implantación de una empresa petroquímica o de proyectos de acondicionamiento urbano». Así, el pasado mes de septiembre, la compañía vetó la puesta en marcha de los trabajos de construcción de un nuevo barrio que recortaba una concesión minera que no se ha explotado nunca. El alcalde y sus administrados se encontraron entonces frente a los vigilantes de la empresa respaldados por un centenar de policías; la situación degeneró en enfrentamientos violentos. «Sin embargo el proyecto se había aprobado por un decreto de Estado», señala Puricaza.

El director de la edición peruana de la revista China Today, Meng Kexin, es más accesible que los dirigentes de las empresas chinas (los cuales no quisieron responder a nuestras preguntas). Cuando se recuerda ante él el comportamiento de la compañía no lo niega, atempera: «No hace tanto tiempo que las empresas chinas se abren al mundo, aprenden poco a poco». Sin embargo reconoce que «Shougang sería un poco la vieja escuela y Chinalco la nueva generación…».

En 2001, China se integró en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y anunció su intención de promover una nueva expansión de sus inversiones más allá de las fronteras nacionales. En Perú eso se tradujo en lo que los economistas Cynthia Sanborn y Víctor Torres (3) califican de «segunda ola de inversiones chinas» -la primera correspondería especialmente a la compra de Hierro Perú por Shougang, en la primera mitad de los años 90-.

En algunos años, el volumen de los intercambios comerciales entre los dos países se aceleró para pasar de 231 millones de dólares en 1993 a 7.800 millones en 2008, con un balance positivo para Perú, que exporta a China casi tres veces más de lo que importa. Porque aunque esas cantidades pesan muy poco a escala de la economía china –Perú representa el 0,4% de sus importaciones y el 0,1% de sus exportaciones- no es lo mismo para Lima. En la actualidad el Imperio del Medio ha ascendido a la categoría de segundo socio comercial del país después de Estados Unidos.

En 2008 China representó el 15% de los intercambios comerciales de Perú; China importa el 50% de los productos de la pesca y el 41,9% de los productos de la explotación forestal peruana. Pero el sector minero continúa llevándose la parte del león. Para abastecer un crecimiento de dos cifras –y dado que forma parte de los principales productores mundiales de recursos minerales- China, en efecto, tiene que asegurarse el acceso a nuevas fuentes de aprovisionamiento. Resultado: el 99% de las inversiones extranjeras directas (IDE) de China en Perú se concentra en el sector minero.

La estrategia de sus empresas no siempre es la especulación, al contrario. «Las inversiones de las empresas chinas obedecen a una estrategia a largo plazo pilotada desde Pekín, analiza José de Echave, director de la ONG CooperAción. A su vez, el gobierno y los bancos chinos apoyan a sus empresas, permitiéndolas participar en proyectos importantes sin que tengan que someterse a la presión de los accionistas privados ansiosos de rentabilidad inmediata».

El proyecto de explotación de los yacimientos de cobre del monte Toromocho por la multinacional china Chinalco es emblemático a este respecto. La Chinese Aluminium Corporation (Sociedad de Aluminio China, Chinalco) es una empresa del Estado. Segundo productor mundial de aluminio, el grupo invierte en una docena de países, posee el 9% de las acciones de la anglo-australiana Río Tinto –la tercera compañía minera del mundo-, es un buque insignia de la industria china y ha sido distinguida varias veces por su comportamiento responsable en materia de gestión medioambiental y social. En 2007, Chinalco se convirtió en propietaria de las concesiones del lugar de Toromocho, en el departamento de Junin, al comprar la sociedad minera canadiense Perú Copper. Las reservas de cobre del monte Toromocho (4.600 metros de altitud) se conocen desde hace mucho tiempo y están estimadas en unos dos mil millones de toneladas. Sin embargo nunca se han explotado debido, por una parte a la poca concentración de cobre del mineral, y por otro lado por el coste y la dificultad de poner en marcha un proyecto que exige el desplazamiento de los cinco mil habitantes de la pequeña ciudad de Morococha.

Suelos carcomidos, renegridos por las emanaciones ácidas, la atmósfera, los lagos y los ríos contaminados… Situada en una región de larga tradición minera (4), la localidad de Morococha muestra sus cicatrices. Las concesiones de las diferentes compañías cubren el 97,7% del territorio municipal. Pero «Nosotros vivimos de la mina, reconoce el alcalde, Marcial Salomé Ponce, y durante la consulta preliminar sobre el proyecto de Chinalco aceptamos el principio de un traslado de la ciudad». Sobre todo porque los chinos prometieron una gran oferta de empleos a los «locales» y anunciaron la construcción de una ciudad equipada con todos los servicios –agua, escuelas, hospital-. El coste previsto de la operación era de alrededor de 50 millones de dólares, una bagatela comparados con los 2.200 millones que Chinalco preveía invertir en ese proyecto.

Pero las relaciones entre la empresa y los habitantes se deterioraron rápidamente. Las casas-piloto expuestas por Chinalco se consideraron muy pequeñas y las indemnizaciones insuficientes; los primeros empleos que se crearon se dieron a trabajadores procedentes de otras provincias, a veces de Chile; el emplazamiento elegido para la construcción de la nueva ciudad –una zona inundable situada aguas abajo de la presa donde se almacenarán los residuos de la explotación minera- no convenció.

Frente a la revuelta de los habitantes, los ejecutivos chinos de la empresa no se presentaron: «Nadie vino a discutir cara a cara con la población, y conmigo tampoco se han entrevistado nunca», se queja el alcalde. En vez de diálogo, Chinalco prefiere a menudo otros métodos: «Yo he recibido amenazas de muerte en mi móvil», afirma Doña Marta Curacachi, presidenta de la Asociación de Mujeres de Morocoha.

Si ellos insisten en mantener su opinión, los habitantes de Morococha sin embargo piensan cuestionar el propio proyecto. No es lo mismo que en Huancabamba, en el departamento de Piura, en el norte del país, donde el grupo minero Zijin ha comprado la compañía británica Monterrico Metals y proyecta la explotación a cielo abierto de los yacimientos de cobre de Río Blanco.

En esta región, fronteriza con Ecuador y que se denomina los Andes Verdes, la oposición de una población mayoritariamente rural a la industria minera es muy anterior a la llegada de los chinos. «El río Marañón, uno de los principales afluentes del Amazonas, y otros ríos que riegan el departamento de Piura, toman sus fuentes en nuestras montañas, explica Benito Guarniza, presidente de la comunidad rural de Segunda y Cajas. Dichos ríos encierran una extraordinaria biodiversidad pero son ecosistemas frágiles, continúa. Los daños causados por la explotación minera a gran escala serán considerables y afectarán a nuestra forma de vida y a los fundamentos de nuestra cultura».

Así en 2003, cuando el gobierno peruano concedió a Monterrico Metals los yacimientos de Río Blanco, las comunidades rurales de Huancabamba, Ayacaba y El Carmen de la Frontera protestaron, alegando que esas tierras les pertenecían y que no se había consultado a los habitantes. Apoyado por diversas ONG peruanas e internacionales, el movimiento se expandió y desafiando una brutal represión, se estructuró bajo la bandera de un Frente para el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte de Perú (FDSFNP). Paradójicamente, esta situación conflictiva es la que permitió en 2007 que el consorcio chino fuera el único que respondió a la licitación para adquirir Monterrico Metals a un precio muy inferior de su valor estimado.

En Huancabamba, la noticia se acogió con inquietud. Puesto que Zijin llegó precedido de una reputación execrable: en la provincia de Guizhou, los diques de una de sus presas de almacenamiento de residuos se rompió liberando doscientos mil metros cúbicos de lodo; en el Yunnan se habían producido violentos enfrentamientos con los campesinos que se resistían a la expropiación y en China –sin embargo poco conocida por su severidad al respecto- la empresa ya había sido condenada.

El 16 de septiembre de 2007, los opositores al proyecto organizaron un referéndum popular en las comunidades rurales de Huancabamba y de Ayabaca. Con un 97,7% de oposición a la puesta en marcha del proyecto minero, el resultado es definitivo. Pero China absorbe en la actualidad un tercio de la producción mundial de metales básicos y, desde hace algunos años, esta bulimia contribuye a hacer que se disparen los precios de los productos mineros impulsando la economía de Perú, cuyo subsuelo está repleto de recursos minerales. Un maná del que ni las élites ni el gobierno quieren privarse.

¡Al contrario! A través de una de sus filiales –Agropecuaria Las Huaringas, S.A.- el grupo financiero Romero, el más poderoso de Perú, se convirtió en accionista del consorcio dirigido por Zijin y se implicó activamente sobre el terreno, financiando una radio y una fundación favorables al proyecto minero. En cuanto al presidente Alan García, en marzo de 2008, con ocasión de un viaje oficial a China, se entrevistó con los dirigentes de Zijin y garantizó su apoyo al proyecto Río Blanco (5).

¿Vemos una demostración de ese apoyo? El 2 de diciembre de 2009 la policía abrió fuego sobre los campesinos de Segunda y Cajas, causando dos muertos y varios heridos. «En 2005, durante una marcha pacífica, veintinueve personas fueron detenidas y torturadas durante tres días en el campamento minero de Monterrico Metals, y algunos meses después un líder comunitario fue asesinado, recuerda José de Echave. En esa época, prosigue, esos sucesos repercutieron en el país de origen de la empresa, la Organización Los Amigos de la Tierra interpeló públicamente a los principales accionistas de la empresa, en particular Lehman Brothers, y acudieron a un bufete de abogados británicos que se hicieron cargo y obtuvieron la congelación de una parte de los haberes bancarios de Monterrico Metals. En la actualidad es mucho más difícil presentar un recurso ante los tribunales chinos. Y por eso hay que encontrar relevos en la sociedad civil de ese país…»

Sin embargo en Huancabamba las comunidades campesinas y ecologistas no deponen las armas. El pasado mes de octubre Ramiro Ibáñez fue elegido alcalde de la localidad tras una campaña articulada en torno a la consigna «¡Sí a la agricultura, no a la minería!». No está solo: en las recientes elecciones regionales y municipales los departamentos de Piura y Cajamarca (6) se han dotado de dirigentes conocidos por su posición crítica con respecto al «todo minería», mientras que en San Juan Marcona y Morococha los alcaldes salientes han sido reelegidos. Estos últimos, como Ibáñez, afirman que otros candidatos, más favorables a las compañías mineras, se han beneficiado de la generosidad de los chinos. Pero parece claro que estas injerencias sobre todo son actuaciones de los aliados locales. En vez de implicarse directamente, los chinos prefieren delegar en el gobierno peruano la tarea de gestionar los problemas planteados por su presencia.

Las observaciones de Salomón Lerner, director ejecutivo de una empresa de transporte aéreo, van en el mismo sentido: «Somos muy consciente de que los chinos no respetan las reglas comerciales y practican el dumping, estima. Pero a diferencia de Estados Unidos, que pretende imponer su sistema –de valores y de libre mercado-, los chinos no hacen proselitismo, no buscan la hegemonía, se adaptan». «Sin emociones, añade Javier Diez Canseco dirigente del Partido Socialista, donde encuentran un gobierno débil que les deja hacer, ellos aprovechan…» En cuanto a Meng Kexin, se limita a declarar: «Nosotros hemos elegido la economía de mercado, nos dedicamos al comercio, no a la política».

Walter Aduviri: Gobierno busca otro Baguazo en Puno

Antes de refugiarse en Canal 5, el líder aymara alertó que el Ejecutivo no quiere dialogar y que tiene un doble discurso.


A más de un mes de huelga sin ser atendidos, ¿cree que en Lima logrará una solución?
El Ejecutivo no tiene la mínima voluntad de diálogo. Nos han cerrado todas las puertas.

¿Qué harán entonces?
La huelga va a continuar. Lapoblación aimara puede tomar la decisión, en cualquier momento, de venir a Lima. Parece que el gobierno busca otro baguazo, enfrentándonos con las fuerzas especiales, para después derogar el decreto 083 (que faculta la concesión a minera Santa Ana en Puno) y las otras concesiones en la zona aimara.

Mostrar / Ocultar ▼▲

Es un precio demasiado alto
Sí. Pareciera que los aimaras  no tenemos gobernante ni representantes en el Congreso, a excepción de  Yonhy Lescano. El presidente García gobierna solo para los que tienen dinero. Nosotros no pedimos dinero, sino el respeto a nuestros derechos, a la propiedad y territorio, al convenio 169 de la OIT, a los recursos naturales, a los derechos de los pueblos originarios.

La Premier dijo que anular  las concesiones es imposible porque quebraría el orden jurídico.
Entonces, ¿por qué lo violentaron para imponer normas y nos quieren hacer  creer que no pueden violentarlo otra vez? Su discurso tiene  doble sentido. Tenemos entendido que un representante de minera Bear Creek Mining Company,  del proyecto Santa Ana, vino a conversar con cada uno de los 120 parlamentarios a fin de negociar.

Si no quieren minería,  ¿cómo financiarán las obras?
La minería no ha traído desarrollo en Puno. En la zona aimara  no hay minería ni lo habrá. Buscamos la sostenibilidad económica de los sectores agrícola, pecuario, pesquero, comercio y turismo.

¿Qué reclaman entonces?
Hay 600 concesiones, entre mineras y petroleras. Una es Santa Ana. Dicen que está en exploración, pero se han instalado y llevado mineral. No queremos que pase lo de Aruntani, donde  los distritos son pobres extremos y la laguna de Pasto Grande está contaminada.

¿No teme que lo detengan?
No. La denuncia es una mentira, los aimaras no incendiaron la Aduana. Habría que preguntarse por qué la Policía abandonó este local público si tenía orden de no hacerlo.

Provocación del gobierno agrava el conflicto puneño

El presidente del Frente de Defensa de la Zona Sur de Puno, Walter Aduviri, permanecía hasta el cierre de la edición en el local de Panamericana Televisión, resistiendo una orden judicial de detención, dictada por una denuncia del gobierno, en una evidente provocación del Ejecutivo.

La denuncia gubernamental responsabiliza a Aduviri y otros dirigentes aimaras de los desmanes registrados en mayo pasado en la capital del Altiplano y que los dirigentes sociales atribuyeron a infiltrados favorecidos por la sospechosa tolerancia policial.

Mostrar / Ocultar ▼▲

Aduviri, quien lidera las protestas campesinas contra la actividad minera en las provincias del sur de Puno, fronterizas con Bolivia, permaneció en el canal a la espera de la llegada del fiscal puneño encargado del caso, facultado para cambiar el mandato de detención preliminar por una orden de comparecencia.

En las afueras de la estación, decenas de policías aguardaban para detenerlo y se enfrascaron en violentas discusiones e intercambio de empujones y golpes con los dirigentes comunales aimaras que buscan vanamente dialogar con las autoridades del gobierno sobre sus demandas.

Cuestiona la ordenCercado y declarado “huésped” por la televisora, Aduviri indicó que la orden de detención contra él y otros siete dirigentes “no tiene fundamento jurídico ni sustento porque no tienen pruebas” de la acusación.

Sostuvo además que los aimaras no han cometido actos delincuenciales. “Mientras mis manos no estén manchadas de sangre y mi conciencia esté limpia, ni el pueblo aimara ni yo le debemos nada a nadie”, anotó.

Además dijo que la protesta que demanda la anulación de las concesiones mineras solo busca conservar la gran reserva de agua que constituye el lago Titicaca, con el fin de protegerla de la contaminación de las mineras.

“Lo único que hemos pedido es la reivindicación y el respeto para nuestro territorio, nuestros recursos naturales, nuestro recurso agua, queremos que el bolsón del agua del Titicaca no desaparezca del mundo. Lo que queremos es conservar esta reserva hídrica”, señaló.

“Una vez más invoco a los hermanos aimaras a mantener la calma, somos optimistas de que vamos a llevar resultados positivos para la región de Puno, en especial a la zona aimara”, dijo.

Los hechosAduviri y su delegación llegaron hace tres días a Lima para exponer sus demandas ante LA PRIMERA ministra, Rosario Fernández; el ministro de energía y Minas, Pedro Sánchez, y el presidente del Congreso, César Zumaeta, pero éstos se negaron a recibirlos aduciendo que los dirigentes tienen orden de captura.

Fernández alegó que los aimaras no aceptaban que el diálogo sea solo con 30 de los 300 llegados a Lima y querían participar todos, lo que era inviable.

El dirigente puneño llegó a las 6 y 30 de la mañana a Panamericana para una entrevista con el periodista Beto Ortiz y se enteró que la Policía había llegado para detenerlo. De inmediato, los aimaras empezaron a reclamar y Aduviri se negó a salir y entregarse, advirtiendo que si lo hacía podría estallar una protesta de grandes proporciones en las provincias aimaras.

El gerente del canal, Federico Anchorena, intentó calmar los ánimos, ofreciéndole a Aduviri que suba con cuatro acompañantes a dialogar a los pisos superiores. Momentos después llegaron a acompañarlo y mediar los congresistas electos Yonhy Lescano y Javier Diez Canseco.

La fiscal de turno, Rocío Acevedo, llegó a las 11 de la mañana y tomó las declaraciones preventivas de Aduviri, acompañado de sus abogados y de la representante de la Defensoría del Pueblo, Imelda Tumialán, quien informó que el dirigente aimara ya no sería detenido, quedando sin efecto el mandato de captura.

El abogado Rubén Calizaya dijo que al dirigente le tomaron sus datos personales y le preguntaron cuál fue su participación en los desmanes producidos el pasado 26 de mayo. “Aduviri dio sus declaraciones de ley y negó su participación en los saqueos e incendios contra instalaciones estatales en Puno”, expresó.

Entretanto, miles de aimaras realizaron marchas y mítines por las calles de Puno en defensa de sus dirigentes y, en Desaguadero, amenazaron con tomar el Puente Internacional. Unos tres mil pobladores de las localidades de la provincia de Chucuito, esperaban el desarrollo de los acontecimientos.

denuncian maniobra oficialistaEl legislador Yonhy Lescano denunció que la orden de captura fue una maniobra del gobierno, tras saber que Aduviri y su comitiva se dirigían a Lima para dialogar con los ministros.

“No nos han entregado ningún documento de notificación para que Aduviri declare, al parecer ha habido una orden de captura cuando los dirigentes aimaras llegan voluntariamente a Lima. ¿Es políticamente correcto, es ético y adecuado para el país invitar al diálogo y luego con los procuradores promover una orden de captura?”, preguntó.

LA PRIMERA ministra Fernández, por su parte, lejos de sumarse a los esfuerzos de distensión y de solución del problema, exigió en Lima que la orden de detención de Aduviri se cumpliera, en contradicción con su declarada disposición a dialogar con los dirigentes.

En tanto, la Sala Penal de Apelaciones de Puno, presidida por Manuel Quintanilla Chacón, reprogramó para hoy la audiencia del caso, a solicitud escrita de la fiscal Gaby Pantigoso. La Sala deberá pronunciarse sobre el recurso impugnatorio de apelación, presentado por los abogados de Aduviri.

Al mismo tiempo, en Puno la situación se normalizó ayer en la provincia de Carabaya tras una huelga, luego que el gobierno cancelara mediante un decreto el proyecto de la hidroeléctrica de Inambari, rechazada por los pobladores, y la provincia de Ayaviri inició otra huelga general contra la presencia de tres empresas mineras.

Poder Judicial verá Ley 29703

Reacción. Su presidencia nombró comisión especial. Magistrados Víctor Prado Saldarriaga y Duberlí Rodríguez Tineo tendrán a cargo esta labor.

Ante los cuestionamientos a la Ley N° 29703, que favorecería  a procesados por  corrupción, la presidencia del Poder Judicial formó una comisión que se encargará de analizar con mayor detalle esta norma, que modifica el Código Penal respecto de los delitos contra la Administración Pública.

Los magistrados que tendrán a cargo esta labor son los doctores Víctor Prado Saldarriaga y Duberlí Rodríguez Tineo, quienes podrían proponer las reformas que correspondan.

Mostrar / Ocultar ▼▲

“La decisión del Poder Judicial responde a que la Corte Suprema fue la autora original de dicha iniciativa que, al ser debatida y aprobada en el Congreso de la República, quedó con algunas imprecisiones técnicas y deficiencias político- criminales que pueden perfeccionarse”, precisa un comunicado de este poder del Estado.

El Tribunal recuerda que el 3 de agosto del año pasado, bajo la presidencia de Javier Villa Stein, se presentó el proyecto de ley N° 4187, el cual buscaba, en gran medida, incorporar los aportes del Derecho Comparado al respecto, así como acentuar y unificar la línea jurisprudencial de los últimos años.

Por esta razón –explica– se propuso no solo la modificación del contenido de determinados tipos legales en materia de corrupción, sino que además se postuló la inclusión de otros y el respectivo reordenamiento punitivo de algunos más.
Omisiones en el Congreso

Sin embargo, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso elaboró y aprobó el 13 de abril del 2011 un Texto Sustitutorio al Proyecto de Ley original presentado por el Poder Judicial, en el que no se consideraron varios cambios normativos planteados.

“Estas propuestas no fueron recogidas en su oportunidad y en el modo estipulado por el Supremo Tribunal por dicho grupo de trabajo y por el Pleno de la representación nacional, pese incluso a las dos comunicaciones remitidas por la Corte Suprema durante el proceso de debate al interior de la citada Comisión, de fechas 7 y 29 de marzo del presente año”, concluye el comunicado.

Matute plantea cambios a norma

El coordinador de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, Genaro Matute, sugirió  hacer algunos cambios a la Ley 29703 para evitar “malas interpretaciones”.  Dijo que tras revisar el diario de debate de la Comisión de Justicia del Congreso, cuyos miembros discutieron el texto, pudo concluir que no hubo “mala intención”.

“Lo que pasa es que en el  Código Penal, cada palabra tiene una interpretación, y allí hay que tener mucho cuidado en eso (…) Por eso se deben modificar “ciertos términos” , sostuvo.

Pacto García-Keiko

“Ponce Feijoó hace más de un año dio una entrevista a un medio que, por extrañas razones, no fue publicada y aseguró saber de un convenio secreto entre García y la china Fujimori”, dice Tomasio.

El capitán de navío retirado Carlos Tomasio, procesado por el caso Business Track, aseguró que existe un pacto secreto entre el presidente Alan García y la excandidata Keiko Fujimori, tal como lo revelara Ponce Feijoó en una entrevista nunca divulgada. Afirma además que la Dirandro sí chuponea y denuncia amenazas porque hay en juego muchos intereses.

Mostrar / Ocultar ▼▲

-¿Confía en la sala que ve su caso y que preside el juez Iván Sequeiros? -Es un buen juez Sequeiros y la sala que dirige es incólume y seria. No tengo ninguna queja contra ellos.

-¿Cuánto ganaba en Business Track?-Mil dólares mensuales aproximadamente, dependiendo de los contratos.

-¿Usted sabe chuponear?-Yo sí sé chuponear y sé hackear, lo aprendí en la Marina, pero eso no significa que lo haya hecho en BTR.

-¿Quién decidía en BTR los trabajos que se hacían?-Los decidíamos los dos, el señor Ponce, que era gerente general de BTR, y yo como directivo, pero BTR era una empresa legalmente constituida, que tenía una cartera de clientes y estábamos saliendo adelante. Que algunos hayan hecho trabajos ilegales por su cuenta es otra cosa, pero BTR no lo hacía.

-¿Usted hacía interceptación de llamadas telefónicas?-No. En todo caso que lo diga la justicia. Eso lo dirá la sala. Yo voy a decir mi verdad, lo que jurídicamente está en los 200 mil folios. El asunto es que en el Perú uno debe demostrar su inocencia, cuando es la justicia la que debe demostrar la culpabilidad.

-¿Y los petroaudios?-No sé de dónde salieron y lo que digan tendrán que probarlo.

-¿Nunca cometió un acto ilegal?-En BTR no, antes, sí, cuando trabajaba en Inteligencia, en que a veces se comete actos ilegales para lograr un objetivo nacional.

-¿Cuál es la principal prueba contra usted?-Me acusan de ser proveedor logístico al haber comprado para el estado peruano, en el 2000, equipos Trigger Fish, cuyo precio unitario es de 55 mil dólares, en los Estados Unidos. Eso fue cuando estaba en la Marina y era agregado naval adjunto, trabajo por el cual me siento orgulloso. Me acusan de que compré esos equipos y sabía de su uso. Si me condenan por eso, lo acepto.

-¿Esos equipos no se usaron en BTR?-Por seguridad nacional, no diré dónde están esos equipos. Yo estoy esperando a que me muestren qué equipos de chuponeo incautó la Policía a BTR.

-¿Le hubiera convenido que Keiko Fujimori ganara la presidencia?
-En absoluto. García nos quiere sacar la mierda. Había una carta bajo la mesa: El mismo señor Ponce Feijoó hace más de un año dio una entrevista a un medio que, por equis razones, no fue publicada, y aseguró saber de un convenio secreto entre García y la china Fujimori.

-¿Y qué pruebas tiene Ponce acerca de eso?-No sé, pregúntale a él.

-¿Recibe amenazas en el penal?-A mí, en el penal de Castro Castro, los terroristas, presos comunes, en general, me respetan porque sacamos la corrupción al aire.

Indulto de Fujimori está en manos de García, dice Kenji

El congresista electo Kenji Fujimori expresó molestia porque algunos medios de comunicación, según dijo, tratan de minimizar el estado de salud de su padre, Alberto Fujimori, al destacar que solo tiene fuerte depresión para así desmerecer la posibilidad de un indulto, y señaló que la decisión sobre esta medida está en manos del presidente Alan García.

Al ser consultado sobre la posibilidad de esa gracia, el menor de los Fujimori, dijo que ese tema le corresponde evaluarlo al presidente de la República, Alan García. “Yo como hijo, deseo ver a mi padre libre”, indicó, y se excusó de ampliar el tema para no provocar “suspicacias o malas interpretaciones”.


Mostrar / Ocultar ▼▲

Enfatiza CáncerKenji, quien llegó ayer a la sede del Palacio Legislativo para recoger una carpeta sobre la labor parlamentaria, recordó que su padre ha sufrido un Cáncer en la boca, el cual es de alto riesgo porque ahora padece trombosis, así como problemas renales y pancreáticos. El propio exgobernante confirmó el martes que no sufre Cáncer terminal y que luchará contra la enfermedad, en un video entregado a la prensa.

El congresista Alejandro Aguinaga, médico de cabecera de Fujimori, informó que el exmandatario ya recibe apoyo psicológico por la depresión profunda que padece y negó haber solicitado suavizar o mejorar las condiciones carcelarias del preso, lo que piden un grupo de peruanos aunque también hay otro opuesto a ellas.

Por su parte, el congresista Carlos Raffo planteó buscar un punto medio para dar una salida humanitaria a la situación de Alberto Fujimori y así conciliar a quienes piden que cumpla su condena con los que desean que muera en la cárcel.

Arresto domiciliario En tal sentido, Raffo planteó, como un acto de reconciliación, cambiar el régimen penitenciario a Fujimori y darle detención domiciliaria. “Podría cumplir condena en su casa, pero en condiciones que garanticen que no morirá en un año”, anotó, planteando una fórmula similar a la sugerida por el abogado de derechos humanos Ronald Gamarra, quien considera que tal medida se justificaría solo en caso de una enfermedad terminal.

El legislador rechazó que, para indultar al expresidente, se quiera esperar que tenga un Cáncer terminal. “Así sería indultado para que lo preparen para el cajón”, expresó.

Horas antes, en un programa televisivo, Raffo dijo que sería capaz de hacer un túnel en la Diroes para liberar a Fujimori. “Como Fujimorista hago un túnel y lo saco. Hay un 25% de peruanos que piensan así y merecemos respeto, pero somos conscientes de que hay otro sector que no piensa eso y quieren que Fujimori se pudra en la cárcel, y un tercer sector que ve con ojos fríos el caso”, refirió.

Raffo aseguró que la depresión que padece Fujimori no es post electoral, sino que se ha manifestado desde hace cuatro meses, lo que ha generado que baje hasta 15 kilos de peso.

“Se ha confirmado que tiene Cáncer y todos sabemos que Cáncer más depresión genera un desenlace más rápido de la enfermedad”, argumentó.

Fracasó imposición de nuevo defensor aprista

En medio de empellones, gritos e insultos, el pleno del Congreso se vio ayer impedido de elegir como nuevo defensor del Pueblo a Walter Gutiérrez, único candidato al cargo, con el aval, principalmente, del APRA y el Fujimorismo.

El Congreso había acordado someter la reconsideración de la votación para designar al nuevo defensor a las 11 de la mañana de ayer, pero ante la poca asistencia de congresistas la sesión fue aplazada para la una de la tarde.

Mostrar / Ocultar ▼▲

Con expectativa de los medios, la votación empezó 45 minutos después de lo acordado, cuando la Mesa Directiva, presidida por el congresista Fujimorista Alejandro Aguinaga, abrió el tablero de votación el cual permaneció es ese estado más de veinte minutos ante la protesta del nacionalismo y congresistas de otras bancadas que, con gritos y carpetazos, pedían iniciar el conteo de los votos.

El cLima de tensión llegó a su punto más alto, cuando el congresista Edgard Raymundo (Bloque Popular), indignado, subió hasta la Mesa y reclamó de manera airada a Aguinaga que haga efectivo el cierre de la votación, que ya llevaba demasiado tiempo abierta.

Desde su escaño, sin ocultar su ira, el legislador Raúl Castro Stagnaro (Unidad Nacional) increpó a Raymundo su actitud y éste le contestó de manera airada, por lo que Castro se dirigió a la Mesa, pero fue detenido por otros parlamentarios. En el incidente participaron también los apristas Wilder Calderón y Luis Wilson.

Por un momento, Aguinaga suspendió la sesión sin cerrar la votación hasta que los ánimos se calmaron y fue posible contar los votos: 77 congresistas apoyaron la candidatura de Gutiérrez, 24 votaron en contra y seis se abstuvieron.

La reconsideración para la elección del nuevo defensor requería una mayoría calificada de 80 votos, los que, como en la votación del pasado jueves, no se llegó a alcanzar, pese a los esfuerzos del APRA por reunir las adhesiones necesarias. En esa ocasión, al igual que ayer, la reconsideración solo alcanzó 77 votos.

Según pudo conocer LA PRIMERA, el presidente del Congreso, César Zumaeta, presionó a diversos congresistas para que asistieran, entre ellos Elizabeth León (Bloque Popular), quien tenía planeada otra actividad, a la que Zumaeta le ofreció concurrir a cambio de que ella respaldara la reconsideración.

En su afán de lograr la elección, el APRA consiguió que la congresista Fujimorista Martha Hildebrandt, quien se encuentra delicada de salud y con permiso, acudiera hasta el Parlamento para votar por la reconsideración para hacer posible la elección de Gutiérrez.

Pese a todos estos esfuerzos, el oficialismo fracasó en su cometido. Al verse perdido, Luis Gonzales Posada (APRA), presidente de la Comisión Especial Multipartidaria encargada de seleccionar a los candidatos a defensor, no pudo ocultar su desagrado ante el resultado negativo.

El amigo de Canaán, Jorge del Castillo, aprovechó el incidente para expresar su animadversión al nacionalismo: “El Perú está notificado que esas reacciones son propias de un gobierno totalitario”, afirmó. Después, en los pasillos del Congreso, Castro se sumó a los ataques y acusó al nacionalismo de maniobrar para imponer un defensor que le sea simpático.

El legislador pretendió justificar la demora del cierre de la votación y dijo que esto siempre sucede en casos como una elección de defensor.

Una versión distinta dio Del Castillo, quien alegó que la demora se debió a que se esperaba la presencia de los congresistas de Puno, ausentes porque participaban en las gestiones de los indígenas aimaras.