El hambre de ganancias infla el precio de la comida

Un apresurado moscovita cruza la Plaza Roja ataviado con una apocalíptica mascarilla. Moscú está cercado por el fuego provocado por el verano más tórrido de la historia. La inclemencia meterológica no sólo deja imágenes inéditas. La mayor sequía en cien años azota el continente y se lleva por delante las cosechas de trigo del sur del país. El primer ministro, Vladimir Putin, impone una excepcional medida para contener los precios: no habrá exportaciones de trigo hasta 2011.
Al otro lado del mundo, un trader (intermediario) del mayor mercado de materias primas del mundo hace sus cálculos. Rusia es el tercer exportador del mundo de este cereal y Canadá, el segundo, tendrá una de sus peores cosechas en tres años. La oportunidad está servida en bandeja. En apenas dos días (4 y 5 de agosto), el trigo sube un 8,42% y los volúmenes que mueve chocan con los topes impuestos por la entidad reguladora para contener la especulación en un mercado tan delicado. En el último semestre de 2010, el alza acumulada llega al 44%. Y subiendo.
El efecto mariposa se extiende seis meses después al pequeño poblado tunecino de Sidi Bou Zid. El precio de la harina, y el de otros alimentos, se ha duplicado. Túnez, junto con Egipto e Irak, es uno de los principales importadores de trigo ruso. El joven Mohamed Bouazizi se quema a lo bonzo, angustiado porque le han quitado su negocio y no puede alimentar a su familia.
Como este ciclo, especialmente hiperbólico e intenso, se repiten cada año en el mundo secuencias de sucesos producidos por la alteración de los precios de los alimentos, inflados por la acción de los grandes inversores institucionales. El desenlace de estos capítulos es, en el mejor de los casos, una revuelta, porque en la mayoría de las ocasiones lo que se desencadena son hambrunas.
“La especulación financiera impacta en los precios”. Expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la FAO o el Banco Mundial concuerdan en este punto. Los expertos de estas organizaciones declinan hablar o prefieren no ser citados cuando se les pregunta por el rol de los fondos de alto riesgo (hedge funds), pero asumen que su papel es clave ya que amplifican los efectos de una mala cosecha o un inesperado repunte de la demanda.
Sin embargo, cuantificar en el precio el impacto de la especulación es casi imposible, según los expertos. El Instituto para la Agricultura y la Política Comercial de EEUU (IATP), recoge los datos de un estudio preparado por una consultora en el que se atribuye al efecto de la especulación hasta un 31% a la subida del precio del maíz en julio de 2008, la anterior burbuja de los precios de los alimentos.

Actores

El que lo tiene muy claro es el gurú financiero George Soros, que fue llamado a testificar ante una Comisión del Senado estadounidense en 2008 para explicar el papel de la especulación en la subida de los precios de materias primas. De “inestabilizador” y “dañino” tildó el magnate la entrada masiva de especuladores en las materias primas, pese a lo cual, siguen siendo sus inversiones favoritas (sobre todo oro y crudo) a día de hoy.
“Hay tres tipos de actores en el mercado financiero. Están los intermediarios de derivados, los índices que siguen a materias primas y los hedge funds. Entre un 12% y un 16% de los actores que influyen en el precio de las materias primas no comercian realmente con ellas”, explica un antiguo intermediario del Chicago Board, el mayor mercado de materias primas del mundo. “El volumen de Chicago ha superado los 300.0000 millones de dólares y en tres años se ha triplicado. El 80% de los que participan en este mercado son bancos de inversión”, concreta este experto.
Entre todos los participantes, el más poderoso es el indestructible (por ser uno de los pocos supervivientes de la hecatombe financiera) banco de inversión Goldman Sachs, que en 2008 logró un tercio de sus ingresos netos (alrededor de 1.500 millones de dólares) gracias a su inversión en materias primas. Su índice Goldman Sachs Commodity Index pasó de tener una inversión de apenas 8.000 millones de dólares en el año 2000 a atesorar en la actualidad 100.000 millones de dólares que invierte contra la evolución de las materias primas (incluido el petróleo). Sólo en 2010, el índice se revalorizó un 50%, con una subida cercana al 10% en diciembre. En lo que va de año, el ascenso ya roza el 14%.
Estos miles de millones fluyendo hacia la inversión en materias primas provocan una alta inestabilidad en el precio de las materias primas. “Cuanto más volumen se negocia, mayor es la volatilidad”, explica el economista de la FAO Abdolreza Abbassian.
La especulación con los alimentos es tan vieja como la propia agricultura, pero su atractivo como instrumento de lucro se disparó en la década pasada al descubrirse como una oportunidad de inversión única. La rentabilidad está asegurada porque la demanda mundial, en línea con la subida de la población y el mayor poder adquisitivo de los países emergentes, garantiza su crecimiento de forma consistente. “No hay prácticamente otro producto en el que invertir en estos momentos cuya demanda real sea tan clara, es decir, que tenga tan buenos fundamentales”, apunta Francisco López Ollés, experto en materias primas y divisas. “Al final, todo esto es resultado de las operaciones de los bancos centrales para que haya más liquidez en los mercados (el conocido como quantitative easing). El dinero tiene que buscar rentabilidad en algún lado”, concluye.
El director del sector financiero del IE Business School, Manuel Romera, recuerda que “de cada diez operaciones, nueve son especulativas”. Sin embargo, Romera apunta a que “el derivado el producto financiero suele ser arrastrado por el subyacente el producto agrícola real”. Para especular en el mercado de las materias primas no hace falta tener ni un gramo real del producto que se comercializa.
El mercado padece de los mismos defectos regulatorios que el resto de la negociación de productos financieros derivados. Las operaciones Over the Counter (sobre el mostrador) se realizan sin apunte electrónico, por lo que no se sabe quién vende o quién compra en el mercado. El control de estas operaciones es una de las principales demandas de los expertos internacionales.
Además, hay un desajuste regulatorio entre EEUU y Europa que en tiempo de un mercado global no tiene sentido. Así, en Estados Unidos, que tiene su propia Comisión para regular el mercado de las materias primas, se han puesto límites a los volúmenes y a la banda de fluctuación de los precios sobre los alimentos, para que no se pueda alterar el precio real de la mercancía. En Europa, no existen esas barreras en determinadas materias, como el azúcar, el café y el cacao. La FAO ha detectado que para aprovecharse de ello, se envían cargamentos enteros de este producto desde Nueva York, hasta Ámsterdam, Amberes o Hamburgo, para que se pueda negociar allí con ellos sin límite.
Aunque la supervisión para un mayor control está en marcha (Londres, otro de los mayores mercados del mundo, ha prometido tenerla preparada para 2012), el lobby de los bancos de inversión y de los grandes intermediarios agrícolas está presionando para retrasar, y aligerar, la posible puesta en marcha de estas nuevas normativas.
“El rol de los hedge funds es muy controvertido. Es uno de los grandes factores, pero no el único. Tanto la oferta como la demanda están muy ajustadas y eso tensa el mercado”, contemporizan desde la OCDE, recordando que hay otras muchas cuestiones que engordan el precio de los alimentos. “En mi opinión, los fondos de inversión terminan siguiendo la tendencia más que creándola. La amplifican”, sentencian las mismas fuentes de la organización.

Un solo fondo de inversión compró el 7% de la producción mundial en un día

Un sólo ‘hedge fund’ tiene agarrado por el cuello desde hace meses a todos los productores de chocolate del mundo. El fondo Armajaro, pilotado por un conocido ejecutivo británico, Anthony Ward, apodado como ‘Chocfinger’ (dedo de chocolate), compró el pasado julio hasta 240.000 toneladas de cacao, el equivalente al 7% de la producción mundial, en una sola operación. La compra, que se hizo en el mercado Euronext, donde no hay límites sobre este tipo de materia, disparó el precio del cacao hasta sus máximos desde 1977. Las miles de toneladas de cacao siguen acumuladas, según confirmaron fuentes conocedoras de la operación a este periódico, en los almacenes de Hamburgo, Amberes y Ámsterdan. Ward ha apostado por el cacao, ya que uno de sus principales productores, Costa de Marfil, está virtualmente en guerra civil, con lo que escaseará el producto en breve. Según el diario británico ‘The Daily Telegraph’, George Soros invierte en este fondo de inversión.
Belén Carreño / Público

EEUU mantiene unos 19 000 contratistas dedicados a la seguridad en Afganistán

Un nuevo informe del Servicio de Investigación del Congreso indica que el número de empleados de seguridad contratados a empresas privadas, que se encuentran trabajando para las Fuerzas Armadas estadounidenses en Afganistán, llegó a un nuevo récord de casi 19 000.

La cifra oficial, 18 919 contratistas destinados a la seguridad, es más del triple del personal que se encontraba en Afganistán en junio de 2009  y el número más alto de esta categoría de contratistas utilizado por EEUU en cualquier conflicto, añadió el informe.
El presidente afgano, Hamid Karzai, ha estado tratando de disolver los contratistas de seguridad, a quienes ha acusado de saquear y robar, tener vínculos con grupos delictivos e incluso financiar a los insurgentes.
Alrededor del 95 por ciento de los empleados de empresas privadas para la seguridad en Afganistán eran de nacionalidad afgana, con un uno por ciento de estadounidenses y otros cuatro por ciento de otros países, dijo el informe.
“De 2006 a 2009, los contratistas privados de seguridad que escoltan convoyes de suministros a las bases de la coalición han sido culpados por la muerte de más de 30 civiles inocentes solo en el distrito de Maywand”, dijo el informe.
“Y en mayo de 2010, EE.UU. y funcionarios afganos, habría declarado que los contratistas locales de seguridad que acompañan los convoyes de suministro de la OTAN en Kandahar” regularmente abren fuego contra los pueblos por los que pasan, añadió.
La investigación del gobierno de EEUU también ha encontrado que parte del dinero de EEUU. para los contratos en Afganistán se ha utilizado para pagar a los talibanes a cambio de seguridad, según el informe.
Además del Departamento de Defensa, otras agencias de EEUU emplean las empresas privadas de seguridad, incluido el Departamento de Estado.

"Las compañías multinacionales se están apropiando de los recursos naturales, de la tierra, del agua, las semillas"

La lucha por la tenencia de la tierra es un fenómeno que se da en toda América latina. También es compartido el proceso de extranjerización de un recurso vital no sólo para la vida campesina sino para todas las poblaciones. Acelera, además, la concentración de la actividad agrícola en pocas manos. En Argentina hay aproximadamente 17 millones de hectáreas en manos de firmas extranjeras, mientras que casi 500.000 familias campesinas tienen problemas legales para acceder a la posesión de sus tierras. En Brasil, son cuatro millones de familias en esa condición. Para analizar esa problemática, Cash reunió a la dirigente del Movimiento Sin Tierra de Brasil, Etelvina Macioli, a un integrante de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), el ecuatoriano Luis Andrango, y el representante del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina, Diego Montón. La soberanía alimentaria, una reforma agraria y un nuevo modelo de agricultura son los ejes comunes que atraviesan a esos movimientos sociales vinculados con el pequeño productor familiar y comunitario. También analizaron el modelo brasileño para la distribución de tierras, esquema que podría ser adoptado por la Argentina en un proyecto de ley para regular su propiedad, anunciado esta semana por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
¿Cuál es el escenario político económico que enfrentan hoy los movimientos campesinos de la región?Etelvina Macioli: –A partir de la construcción social de la lucha campesina, podemos decir que las problemáticas que nos aquejan no están circunscriptas al campo sino que involucran a toda la humanidad. Los movimientos campesinos de toda América latina abogamos por alcanzar la soberanía alimentaria y una reforma agraria integral. También ponemos en discusión la crisis profunda del capitalismo. Durante la última conferencia internacional de la Vía Campesina, que se realizó en Mozambique en 2008, identificamos que las empresas transnacionales eran los enemigos comunes de los pueblos y las principales responsables de la ofensiva contra los intereses de los campesinos, a partir del modelo de agricultura imperante. Cuando los campesinos hablamos de soberanía alimentaria queremos hacer hincapié en que el modelo agropecuario debe estar vinculado a un proyecto político que determine un nuevo modelo de organización social alrededor del campo.
¿Qué significa?E. M.: –Queremos que los pueblos puedan definir formas autónomas de producción para garantizar los derechos básicos de los campesinos, por ejemplo el acceso a los alimentos y la tierra. En este contexto, creemos que es necesario articular nuestra lucha con otros sectores, aplicar una estrategia de alianzas entre los sectores del campo y la ciudad para enfrentar la ofensiva de las multinacionales.
¿De qué manera este enemigo común que ustedes definen como las empresas transnacionales afecta sus intereses?Luis Andrango: –Desde hace muchos años denunciamos que la producción de alimentos está cada vez más concentrada en pocas manos, como consecuencia de este proceso de globalización de la agricultura. Por otro lado, sabemos que las compañías multinacionales se están apropiando de los recursos naturales, de la tierra, del agua, las semillas. Lamentablemente, la tendencia internacional es despojar a los campesinos de estos elementos cruciales para la vida diaria. Más allá de este contexto, sabemos que en la región hubo un cambio de paradigma a partir del surgimiento de gobiernos de centroizquierda, que incorporaron las tesis de los movimientos sociales. Sin embargo, todavía falta que este cambio se traduzca en políticas estructurales.
E. M.: –Primero hay que decir que cualquier avance en la región sobre estas temáticas se consiguió a partir de los reclamos de los movimientos organizados, donde también se logró poner fin, al menos por el momento, a los gobiernos conservadores que se turnaban en el poder. Este fue el resultado del encuentro entre las clases populares. Pero todavía hay intereses en disputa.
¿Cuáles?E. M.: –Nuestra región vio crecer los agronegocios a partir del financiamiento público a determinadas actividades. El actual modelo de la agricultura está orientado hacia la exportación y eso fue posible porque los Estados apostaron a este modelo. Estas son las contradicciones que existen entre la orientación política de muchos de los gobiernos de la región, de centroizquierda, con sus políticas concretas. Es un debate que hay que dar. Por eso debemos ser propositivos, ahí es donde juega un rol preponderante nuestra propuesta de crear un nuevo modelo de agricultura. Nosotros queremos producir alimentos para generar una buena calidad de vida. Es vergonzoso que en un país como Brasil, con sus dimensiones de tierra y recursos, exista una gran cantidad de personas que mueran de hambre. Para solucionarlo, hay que tener una política agrícola clara.
¿No hubo cambios concretos en Brasil y Ecuador? Por ejemplo, el gobierno de Lula da Silva sancionó una ley para impulsar la agricultura familiar.E. M.: –En Brasil no hubo una reforma agraria, sino que fueron sancionadas una serie de políticas positivas. Se avanzó en la distribución de tierras, gracias a la presión de los movimientos campesinos. En el área de educación, se crearon alianzas con diversas universidades para formar a los trabajadores del campo. También se impulsó una política pública de compra directa de alimentos a través de un organismo público. Son políticas que aplaudimos y que favorecen la agricultura familiar. También fue sancionada una ley que fija que el 30 por ciento de la merienda escolar debe ser comprada directamente a los agricultores familiares. Ahora la discusión tiene que ver con las definiciones: no queremos meriendas, sino alimentos producidos de manera orgánica, que complementen el proceso de desarrollo de nuestros niños.
¿Cómo es la política de distribución de tierras?E. M.: –La política de desapropiación de tierras ha sido uno de los embates más duros de los últimos años. En el Estado todavía hay un gran andamiaje conservador, que muchas veces impide que se cumpla la Constitución Federal, que obliga a la desapropiación de las tierras si éstas no cumplen la función social que les asigna la propia Carta Magna. Muchas veces queda demostrado que no se cumple ese rol social, y sin embargo el Estado no hace nada. Acá está en juego la correlación de fuerzas entre los intereses de la clase trabajadora y los sectores más conservadores. Hay una lucha permanente.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para regular la propiedad de la tierra, tomando como base el modelo brasileño. ¿Cómo debería ser una iniciativa de estas características?Diego Montón: –Hay que tener en cuenta que cuando se habla de extranjerización, no es sólo un tema de quién tiene la propiedad de la tierra sino para qué se la usa. La rentabilidad de la soja es tan alta que el modelo agrícola apuesta al arrendamiento. En este sentido, puede ocurrir que haya muchas extensiones de tierras en poder de productores locales pero que al arrendarlas favorecen un modelo de extranjerización de la agricultura. La tierra tiene que estar puesta a disposición de un proyecto nacional. En este sentido, una herramienta válida podría ser una ley que limite la compra por parte de extranjeros, aunque no debe ser el único instrumento.
E. M.: –En Brasil se ha dado una lucha histórica para que exista una ley integral que limite la cantidad de hectáreas que puedan ser adquiridas por una persona o empresa. Hoy un latifundista puede tener millones de hectáreas. El último Censo nacional reveló la altísima concentración de la tierra, sobre todo en manos de extranjeros. Además hay diversas denuncias sobre la ocupación de tierras en zonas de fronteras, como Syngenta, que tiene campos en zonas con reservas legales. La tierra, en cualquiera de sus dimensiones, debería tener una función social, como lo establece nuestra constitución.
D. M.: –Quizás una clave de la política brasileña tiene que ver con ese artículo de la Constitución que define a la tierra como de uso social, algo que les da a los movimientos campesinos un mayor margen de acción para luchar por su posesión. En la Constitución nacional de 1949 estaba incluido este tema, pero ahora la tierra está a merced de las grandes empresas.
¿Cómo es el contexto ecuatoriano? ¿Hubo cambios durante el gobierno de Rafael Correa?L. A.: –Todavía falta dar un salto hacia la agricultura de la alimentación. Hoy el modelo agrario de Ecuador está enfocado a la exportación, como ocurre en el resto de los países de la región. Todavía se hace mucho hincapié en las actividades extractivas, donde se replica la misma lógica que venimos combatiendo desde hace muchos años, por más que haya cambiado el signo político del Gobierno. Los recursos naturales son utilizados como materias primas y no como ejes del desarrollo de nuestro pueblo. Como hecho positivo hay que destacar que la soberanía alimentaria quedó definida en la Constitución.
En la Argentina, todo lo relacionado con el campo está tenido por la puja entre el Gobierno y la Mesa de Enlace. ¿Cuál es la visión del Movimiento Nacional Campesino Indígena?D. M.: –El país donde más se profundizó el modelo agroexportador fue Argentina, impulsado por la alianza estratégica entre los integrantes de la llamada Mesa de Enlace y las empresas transnacionales. El avance de los agronegocios fue muy rápido y los efectos pueden verse cotidianamente, incluso en lo que sale publicado en los medios de comunicación, donde la tierra es puesta a disposición de un modelo pensado en otros países. Esto afecta nuestra alimentación, donde se da el fenómeno de la concentración de toda la cadena industrial.
¿Cómo se refleja ese proceso?
D. M.: –Por ejemplo, Cargill tiene el 60 por ciento de la industria de los frigoríficos. Otro tema relacionado con los agronegocios tiene que ver con el trabajo esclavo, ampliamente denunciado en los últimos meses. Los empresarios quieren aumentar constantemente su rentabilidad para poder participar de la rueda financiera que hoy representa el modelo agropecuario. Y una de las formas de lograr esa rentabilidad es a través de la explotación de los trabajadores. En cuanto a las políticas del Gobierno, hay que decir que se logró recuperar al Estado como un actor clave en la definición de las políticas públicas. Sin embargo, en el modelo agropecuario es muy poco lo que se ha hecho. Todo el andamiaje de subsidios apunta a los actores concentrados de la industria. En este sentido, entendemos que una tarea urgente es el redireccionamiento de esos recursos hacia los agricultores familiares.
¿Cuáles deberían ser los ejes centrales de una reforma agraria a nivel regional?
L. A.: –Un proceso de reforma agraria debe orientarse hacia la construcción de la soberanía alimentaria y para ello es necesario orientar cuál debe ser la función de la tierra. Un segundo capítulo debería definir con claridad la función social y ambiental de la misma. Hay que combatir la lógica perversa que dice que por estar sembrada con cualquier cosa, una tierra ya cumple su función social. Esto no es así. Hay que definir exactamente qué es la función social. Un tercer elemento clave tiene que ver con los regímenes de propiedad. Ya no existen los grandes terratenientes. El 70 por ciento del territorio donde viven los campesinos indígenas ecuatorianos no tienen reconocimiento legal. Hay que normalizar esta situación. El otro tema es el Fondo Nacional de Tierras, instrumento que no debe convertirse en un banco para la compraventa de campos sino que debe financiar la alimentación soberana del pueblo. Estos son los temas que se discuten en Ecuador y que podrían ser comunes a una reforma agraria a nivel regional.
D. M.: –También debería incluir una fuerte política de educación, es decir, trasladar la estructura educativa al campo y no al revés. A su vez, plantear la existencia de mercados locales para que los agricultores puedan comercializar de manera directa su producción.
E. M.: –Hablar de una reforma agraria es hablar de un conjunto de políticas, que van desde la infraestructura básica para el desarrollo de los campesinos, herramientas de capacitación, salud y asistencia financiera. No es una sola ley, sino un conjunto de políticas de Estado.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-5013-2011-03-08.html

Somos vendedores de materias primas

De acuerdo a un reporte de la Sunat correspondiente a enero 2011, del total de las exportaciones que sumaron US$ 2,854 millones, el 75% (US$ 2,151 millones) corresponde a envíos de commodities, es decir productos sin valor agregado.

Si bien las exportaciones totales en enero del presente año –según reporte de la Sunat- ascendió a US$ 2,854 millones, lo que representa un avance de 17% respecto a similar mes del 2010, dicho crecimiento ha sido impulsado por los envíos tradicionales que sumaron US$ 2,151 millones. Es decir, el 75% de las exportaciones fueron commodities (exportación de materias primas) y apenas US$ 683 millones fueron exportaciones no tradicionales (venta de productos con valor agregado)

De los US$ 2,151 millones que alcanzó las exportaciones tradicionales, los envíos de minerales ascendieron a US$ 1,682 millones, monto superior en US$ 169 millones en relación al monto de similar mes del año anterior.

Los metales menores fueron productos que registraron mayor tasa de crecimiento (152.1%), seguido del hierro (150.4%), plata (83.4%), plomo (48.2%) y cobre (18.8%); por el contrario, disminuyeron las ventas de zinc (-8.1%) y oro (-4.7%).

Según sector económico dentro de los envíos tradicionales, destacó la expansión de las ventas al exterior de productos agrícolas que sumaron US$ 49 millones (un crecimiento de 129.2 por ciento), los envíos de petróleo y Gas Natural alcanzaron US$ 342 millones (44.7 por ciento) y los minerales sumaron US$ 1,682 millones (11.2 por ciento). En contraste, las exportaciones de productos pesqueros disminuyeron 50.1 por ciento.

El reporte de la Sunat precisa que el crecimiento de las exportaciones agrícolas (129.2 por ciento) en enero del presente año frente al mismo mes de 2010, es asociado a las ventas al exterior del azúcar (que ascendieron a 14 millones y que en enero de 2010 no registraron movimiento) y café (crecieron 60.7 por ciento).

Entonces, a puertas de culminar la segunda administración de Alan García seguimos siendo un país exportador de materias primas y dependientes de factores externos como lo son los altos precios de los minerales, dice el investigador de CENTRUM Católica, Germán Alarco.

Envíos no tradicionales
Si bien las exportaciones no tradicionales ascendieron, en enero, a US$ 683 millones, monto que representó un crecimiento de 38.3% (189 millones de dólares) respecto de similar mes del año anterior, como se ha dicho líneas arriba de esta nota siguen siendo los envíos de materias primas el motor de las exportaciones.

Dentro de las exportaciones no tradicionales, es decir envíos de productos con valor agregado y que, a la vez, generan mayores puestos de trabajo, es el sector agropecuario que –según el reporte de la Sunat- sigue siendo el más importante exportador no tradicional, registrando una participación del 29% (US$ 223 millones) del total en enero de 2011; le siguieron en orden de importancia el sector textil 17% (US$ 116 millones), químico 16% (US$106 millones) y siderúrgico-metalúrgico 11% (US$ 72 millones), entre otros.

el narcotrafico en la politica peruana?

Pruebas acusan a Pepe Vásquez

Nuevas pruebas en su contra han puesto la soga en el cuello al cantante criollo Pepe Vásquez quien pagó por encargo del narcotraficante Augusto Arriaga Sánchez una deuda en dólares por el alquiler de un departamento en Miraflores y realizó la mudanza de sus pertenencias de dicho inmueble. Antes, dijo a la Policía que no lo conocía.

El abogado Juan José Camprubí Massa, representante de la propietaria del edificio ubicado en la avenida Reducto en Miraflores, mostró un comprobante donde estaba escrito: “He recibido de parte del señor José Vásquez Montero, por encargo del señor Augusto Arriaga Sánchez, la suma de 470 dólares por el pago del alquiler….”

El documento evidencia que el excandidato al Congreso por el movimiento de Keiko Fujimori y el narcotraficante sí se conocían y tenían confianza. Por si fuera poco, el conserje del edificio dijo que Vásquez llegó para realizar la mudanza de las pertenencias de Augusto Arriaga cuando éste ya no vivía allí.

Posteriormente, los agentes de la Dirandro encontraron el documento del pago por el alquiler entre los documentos del narcotraficante en una intervención policial.

Lo más grave del caso es que la ficha del registro de identidad del Fiscal Provincial titular antiDrogas del Callao Juan Mendoza Abarca fue hallada entre las pertenencias del narcotraficante, y fue solicitada con la clave del Poder Judicial.

El auto alquilado
Según la investigación policial, todo empezó el año pasado durante un decomiso de casi media tonelada de cocaína en un almacén de la empresa Tramarsa en el Callao. Por primera vez se escuchó el nombre de Augusto Arriaga pero meses después una casa en la playa Tortugas fue intervenida decomisando 54 kilos del mismo alcaloide y nuevamente el dueño era “Augusto”. Los policías llegaron a la casa de playa tras seguir al auto modelo Yaris rojo alquilado a la empresa Guía Renta Car por el excandidato al Congreso Pepe Vásquez. De allí en adelante su nombre no paró de escucharse vinculado al narco Colombiano.

Las falacias contra MAJES SIGUAS II

El Proyecto Majes Siguas II comprende la construcción de la presa de Angostura, el trasvase de las aguas a la cuenca del rio Colca mediante la construcción del Túnel de Derivación (Aducción Angostura - Colca). Todas estas obras estarán ubicadas íntegramente en la provincia de Caylloma, región Arequipa. Con esas aguas se irrigarán 12,000 hectáreas en las pampas de Majes y 22,000 en las pampas de Siguas. Este es un proyecto de impacto macro regional. Sin embargo en los últimos meses se viene escuchando desde el Cusco, numerosas objeciones, trabas judiciales y hasta movilizaciones en contra del Proyecto Majes Siguas II. Lo que me motiva a escribir estas líneas, fue la reciente Conferencia de Prensa que dieron los congresistas Víctor Mayorga Miranda e Hilaria Supa Huamán, la que estuvo plagada de falacias e hipocresías, que hacen eco de las autoridades del Cusco, así como cierta prensa subalterna y los tontos útiles de las algunas agencias de cooperación al desarrollo. Veamos sólo algunas de esas mentiras y frustraciones en contra de Arequipa.

1. El Proyecto Majes Siguas II, va a impactar negativamente la provincia de Espinar, porque dejaría sin agua para el riego de sus cultivos y consumo humano directo de sus pobladores. FALSO.
En el nevado Mismi (5,597 msnm) ubicado en el distrito de Madrigal, provincia de Caylloma, región Arequipa, se origina el riachuelo Oahuanta, que luego se llamará Soqueta y después Hornillos hasta llegar a Angostura (km 70 del río, a 4,140 msnm), después de recibir el aporte de varios riachuelos como el Orcuyo, Monigote etc. El riachuelo Hornillos desemboca en el río Apurímac que proviene de la laguna de Vintro (4,725 msnm). Todo ubicado en el distrito y provincia de Caylloma, al igual toda la infraestructura a construirse por el Proyecto Majes Siguas II. En la provincia de Espinar existen principalmente pastos naturales que ha permitido el desarrollo de la actividad pecuaria, que representa el 17.4% del total de la superficie provincial. A más 4000 mil m.s.n.m. no se hace agricultura, y si la población de la capital de Espinar no tiene agua potable las 24 horas al día, es por la incapacidad de sus autoridades, que el año pasado boicotearon la licitación pública. Los ríos Ccañipía y Salado pasan muy cerca de la ciudad, pero no se pueden aprovechar sus aguas porque están contaminados por la actividad minera, el río Ccañipìa recibe la descarga de las aguas servidas de la ciudad. El río Salado pierde 600 millones de metros cúbicos en épocas de lluvias.

Es necesario construir complementariamente presas, que permitan capturar las aguas y luego distribuirlas o suministrarlas para el desarrollo de actividades productivas de la provincia de Espinar. Estas presas pueden ser las Sañu, Cayomani y IV Cañón. Existe el compromiso del gobierno central y de la región Arequipa, de financiar dichas obras.

2. No se han subsanado las observaciones que se hicieran al Estudio de Impacto Ambiental, y al estudio de Balance Hídrico realizados. Falta un estudio de verdad, ya que fue hecho por una consultora parcializada con la región Arequipa. FALSO.
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Majes Siguas II, se ha realizado siguiendo los criterios técnicos y legales establecidos en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley Nº 27446, cuenta con la correspondiente aprobación de la autoridad ambiental competente. La ley señala que EIA es realizado por una empresa consultora debidamente inscrita y registrada ante la autoridad ambiental competente. Sobre el estudio de Balance Hídrico, éste si se ha realizado y está debidamente aprobado por la Autoridad Nacional de Agua (ANA). Por mandado judicial no se puede cuestionar y/o desconocer un EIA, si previamente no se han interpuesto los recursos impugnatorios que establece la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444.

3. Que existen disposiciones del Poder Judicial del Cusco, que la región Arequipa y el gobierno central no están respetando. FALSO.
El Poder Judicial es uno solo, no existen jueces del Cusco o de Arequipa. Los mandatos judiciales si han sido cumplidos (Sentencia de la Sala de Canchis), en otros casos han sido revocados por el Poder Judicial. Lo que existe actualmente en trámite, es la apelación interpuesta por la región Arequipa, en contra de la sentencia emitida por el Juzgado Mixto de Espinar (Juez Prudencio Aimituma), respecto de realizar nuevamente los Estudios de Impacto Ambiental, así como de Balance Hídrico de la cuenca del rio Apurímac, este proceso se encuentra pendiente de resolución de LA PRIMERA Sala Penal Vacacional del Cusco. Los argumentos de las autoridades del Cusco carecen de sustento, porque se piden estudios de consultoras internacionales imparciales, esto es totalmente subjetivo y no está considerado en la legislación nacional. Obviamente si es necesario realizar el afianzamiento hídrico de la cuenca alta del rio Apurímac, para compensar el déficit hídrico de 12 millones metros cúbicos de agua al año. Finalmente el argumento de recurrir a la Corte Interamericana de derechos humanos es descabellado.

¿informalidad o régimen depredador de concesiones mineras?

Después de los mineros baleados en Chala, y la improvisada declaratoria de emergencia en Madre de Dios, por el Ejecutivo, que facilitó la lamentable intervención policial-militar a las zonas mineras de esta parte de país que provocó la muerte de dos mineros y dejó 37 heridos, muchas verdades empezaron a emerger sobre el negocio del oro y las consecuencias de la actual política minera en el Perú.

El gobierno trató de cargar las culpas sobre la pequeña minería llamada informal por los problemas ambientales y los efectos sociales de este tipo de minería, como si los pequeños mineros fuesen los que conducen el rentable negocio del oro en el Perú.

Si observamos las cifras oficiales nos podemos dar cuenta que la minería “informal” opera en estrecha conexión con las empresas que realizan el comercio formal del oro.

En la serie histórica de los últimos cinco años (ver cuadro N°1) mostrando que hay una brecha de alrededor del 60%, entre lo que se produce formalmente y lo que se exporta formalmente en el país.

¿De dónde sale el oro que se exporta formalmente pero no se produce como tal? Es evidente que proviene de la llamada minería informal. Las grandes empresas comercializadoras adquieren el oro informal y lo comercializan formalmente, con autorización del gobierno, sin asumir ningún tipo de responsabilidad social, ambiental por la forma en que se produce, ni mucho menos pagar impuestos por el oro que compran.

Se trata de un gran negocio que utiliza a las familias desplazadas, desempleadas, y que buscan en la pequeña minería una estrategia de sobrevivencia a cualquier precio. Sin duda, UN NEGOCIO REDONDO, de bajo costo, donde se explota la pobreza como el medio para extraer los recursos del suelo, depredar el ambiente y evadir impuestos, con conocimiento de nuestras autoridades encargadas de autorizar y fiscalizar el comercio del oro.

El investigador Miguel Santillana de la Universidad San Martín de Porres sostiene que hay un “oligopolio de más o menos 8 a 10 empresas con nombre y apellido conocidos por la SUNAT” que se dedican a la compra del oro a nivel nacional. El propio ministro del Ambiente Antonio Brack ha dicho que “esa minería (la de Madre de Dios) no es ni pequeña ni artesanal. Es minería grande camuflada…”.

Quienes lideran el negocio del oro en el Perú, sin considerar estándares de seguridad, ni de responsabilidad social ni ambiental, son empresas formales dedicadas a la extracción, acopio, cianurización y venta del codiciado metal y las que se quedan con el grueso de las ganancias que los mercados del metal producen. Esto se evidencia (ver cuadro N°2), en que casi el 60% del oro producido se comercializa por tres empresas grandes.

Este negocio ha sido constante en los últimos años, tolerado por el gobierno que no solo aprueba la contratación informal y no le impone pena alguna, sino que registra el oro informal en un rubro de “comercio de origen indeterminado” que solo el Perú consigna en sus cuentas.

La minería llamada informal no es tan “informal” como dice el presidente. No solo porque los pequeños mineros se encuentran funcionalmente ensamblados a la cadena de exportadoras formales, sino también porque las actividades de explotación del oro a través de la minería pequeña y artesanal están autorizadas por las leyes.

El actual régimen legal de concesiones mineras otorga discreción ilimitada al Ministerio de energía y Minas para disponer de los recursos minerales metálicos y no metálicos del país, sin ninguna aprobación de los gobiernos regionales, ni de las municipalidades, ni de las comunidades nativas e indígenas, ni de las poblaciones regionales, a consecuencia de lo cual se tienen alrededor de 30,000 concesiones en costa, sierra y selva.

Y las explotaciones llamadas “informales” operan en la mayoría de casos en concesiones formalmente otorgadas. En muchos casos los titulares de las concesiones no explotan directamente las cuadrículas concesionadas, sino que las entregan a mineros informales, medianos, pequeños y artesanales con quienes contratan, pero esto también se ampara en el sistema legal.

El Artículo 11, de la ley 27651, de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, del periodo de Toledo, permite el “acuerdo o contrato de explotación entre el minero artesanal y el titular del derecho minero”. Es decir, acepta la asociación entre el titular de la concesión y los llamados mineros informales, aunque le encarga al Ministerio de energía y Minas, una labor tutelar de fortalecimiento orientada a la “consolidación empresarial” de los pequeños mineros.

Nos encontramos, entonces, ante una informalidad que se origina y se reconoce en las actuales leyes, fuertemente ensamblada al régimen formal de otorgamiento de concesiones y a las empresas autorizadas para comercializar el oro. No se debe culpar, entonces, únicamente a los pequeños mineros. Aquí hay indudable responsabilidad de la gran minería, ubicada en el centro de la cadena de explotación del oro, y, por supuesto, hay responsabilidad del Estado por el tipo de legislación que promueve.

Se viene otro faenón

Ejecutivo presentará proyecto al Congreso para pagar deuda a los poseedores de bonos de la reforma agraria, el problema es que dichos papeles están en manos de grandes grupos de poder e inversionistas extranjeros.

A puertas de concluir el segundo gobierno aprista pareciera que la intención del gobierno es “desestabilizar” a la administración entrante, teniendo en cuenta que debido a medidas fiscales tomadas en las últimas semanas como la reducción del Impuesto General a las Ventas (IGV), del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), la restitución de la exoneración del pago del IGV en los departamentos de la selva –por esto el Estado dejará de recaudar S/. 4,860 millones anuales- y el embalsamiento del precio de los combustibles, ahora se suma la intención gubernamental de reconocer el pago a los poseedores de los bonos de la reforma agraria que alcanza los S/, 4,000 millones.

Es decir, esta administración saliente asume mayores compromisos y, a la vez, reduce los ingresos. Pero los menores ingresos a la caja fiscal y mayores compromisos de pago que asume la actual administración y que deben ser asumidos por el próximo gobierno no es el meollo del asunto. LA PRIMERA conversó con diferentes especialistas agrarios y economistas que advierten que “se viene otro faenón” teniendo en cuenta que los actuales poseedores de los bonos de la reforma agraria son grandes grupos de poder vinculados a funcionarios del gobierno.

Anuncia faenón y contradiccionesEn el transcurso de la semana pasada, el ministro de Economía y Finanzas, Ismael Benavides, anunció que el gobierno alista una propuesta legislativa que la hará llegar al Congreso de la República con el fin de pagar unos S/. 4,000 millones a los tenedores (poseedores) de los bonos de la reforma agraria, decisión que comprometería las arcas del próximo gobierno.

El funcionario precisó que dicha propuesta será enviada al Congreso para su debate y aprobación antes de que finalice el segundo régimen de Alán García. Los bonos que fueron emitidos en la década de 1970 por el gobierno del general Juan Velasco y permitieron acabar con el latifundismo asciende a S/. 4,000 millones, es decir US$ 1,400 millones equivalente a 1% del Producto Bruto Interno (PBI).

Este anuncio del ministro es contradictorio con lo que el mismo dijera a inicios de este año pues en dicha ocasión el ministro Ismael Benavides recalcó a los medios de comunicación “que el gobierno aún no está en condiciones para garantizar el pago de unos bonos por una antigua reforma agraria (…) todavía se deben encontrar los “mecanismos legales adecuados para su pago por parte del Estado”. Entonces, ¿a qué se debe el cambio de opinión del actual gobierno?

Es más, a inicios de este año la Dirección Nacional del Endeudamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas preparó un informe en el que precisa que “resulta inviable atender cualquier requerimiento de actualización del valor y pago de los bonos de la deuda agraria u otra obligación derivada del proceso de reforma agraria”.

Dicho informe N°188-2010-EF/75.20 fue en respuesta al pedido de uno de los herederos de los terrenos expropiados, en el que se les solicita actualizar las deudas al valor presente de mercado.

Un poco de historiaEl especialista en temas agrarios y director de la revista Agronoticias, Reynaldo Trinidad, recuerda que fue el gobierno revolucionario del general Juan Velasco Alvarado que decretó, el 24 de junio de 1969, la reforma agraria más profunda de América, para expropiar y adjudicar todas las haciendas, con el fin de poner fin al semifeudalismo. En esos tiempos, el 75.9 por ciento de las tierras estaba en manos del 0.4 por ciento de propietarios

Así fueron expropiadas las haciendas, bajo el compromiso de pagar los valores correspondientes en bonos, durante 20 años. Incluso el 50 por ciento de estos podían convertirse en dinero líquido, si los bonistas invertían en industrias. Pero como muchos hacendados no aceptaron los valores irrisorios de sus bonos (compatibles con lo que declararon para pagar poco o nada de impuestos), algunos los regalaron o remataron de inmediato, mientras que otros prefirieron guardarlos. El problema es con estos, dice Trinidad.

Mediante la Constitución de 1979, dada por la alianza del APRA y el PPC, el Estado condonó las deudas de los campesinos por la Reforma Agraria, para asumir el pago de los bonos, pero no cumplió con esto. Luego, cuando vino el gobierno neoliberal de Fujimori en 1990, este reconoció y comenzó a pagar todas las deudas del Estado ante el exterior, pero no hizo lo mismo con la deuda interna de los bonos de Reforma Agraria.

Compra de bonosComo el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori no tuvo intereses en pagar las deudas internas del Estado, algunos estudios de abogados, aprovechando la coyuntura, coludidos con ministros y altos funcionarios de Economía y Finanzas, igual que con grandes grupos económicos del país y el exterior comenzaron a comprar (acaparar) esos bonos por precios viles (entre 10 y 20 por ciento de sus valores nominales), con el propósito de hacerle pagar al Estado algún día el 100 por ciento de esos valores, más intereses, moras y otras penalidades, advierte Reynaldo Trinidad.

Similar opinión tiene Fernando Eguren, presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes) quien indica que ha habido empresas que han comprado bonos de la reforma agraria a bajo precio para luego iniciar procesos judiciales exigiendo al Estado el pago

Si bien Eguren reconoce que los tenedores de los bonos tienen el derecho de reclamar por el pago también subraya que hay varios problemas. Uno de ellos es cómo se valorizarán los bonos.

El valor nominal original es de poca utilidad, pues en los años siguientes a la reforma agraria hubo devaluaciones espectaculares de la moneda y cambios de denominación. Así que el cálculo es todo un reto. Luego está si se debe incluir los intereses devengados, y cuáles serían esos intereses. En diferentes momentos se han dado cifras que han sido impagables, dice Eguren.

El director de Agronoticias cuestiona que ahora el Estado debe pagar la deuda interna no a los afectados por la reforma agraria sino a sus poderosos y oportunistas herederos.

Subraya que antes que se pague dicha deuda el Estado debe considerar que muchas de esas tierras expropiadas fueron y son tierras eriazas, por lo que pide al gobierno no ceder a lo que exigen los especuladores que han acaparado esos papeles (bonos).

Sin embargo, Trinidad es realista y ve difícil que el actual gobierno recoja las anteriores recomendaciones antes de pagar la deuda dada por la reforma agraria, pues considera “que actualmente hay mucho interés en cierta gente del Ministerio de Economía y Finanzas por pagar esos bonos antes de que termine el gobierno vigente, sin importar a quienes (los tenedores originales o sus herederos, o los acaparadores); lo cual entraña un doble problema. Uno ético por la posible colusión de ciertos funcionarios con los acaparadores y económico porque el Estado tendría que pagar sumas descomunales, por los intereses, moras y otras penalidades que exigen los acaparadores”. Añade, “o sea que podríamos estar ante otro faenòn burocrático”, concluye.

Fernando Eguren, considera que los diferentes gobiernos no han tenido la voluntad política de resolver este problema que ya tiene décadas. “Y no estoy seguro que el ministro Benavides o Alan García lo tenga, a pesar de sus declaraciones. Después de todo, dentro de menos de cinco meses ya no estarán en el gobierno”, subraya.

Desfinanciar al próximo gobiernoGermán Alarco Investigador de CENTRUM Católica señaló que este asunto de reconocer los Bonos de la Deuda Agraria no es casual. La reducción del IGV y del ITF favorece en primera instancia a los propietarios de los medios de producción y en segunda instancia a los consumidores. En este caso se conoce que estos bonos han sido renegociados y transferidos a intermediarios, quienes obtendrían grandes beneficios, al momento de recuperar dichos recursos del Estado.

No hay que olvidar –dice Alarco- que estos intermediarios los compraron a un valor mínimo a los tenedores (expropiados originales).

“Es lamentable, pero la consigna del gobierno Aprista es dejar desfinanciado al próximo gobierno y en este caso servir a intereses particulares. Todas estas acciones finales del gobierno deberán ser objeto de una severa fiscalización”, comentó Alarco quien añade que el gobierno se olvida de la gran deuda que tiene con la población excluida del país. Prefiere servir a unos pocos que a las mayorías. El jefe del plan del gobierno de Perú Posible, Kurt Burneo, dijo que esta intención del gobierno aprista de asumir nuevos compromisos a puertas de culminar su gestión no es mas que una nueva medida para desestabilizar a la administración entrante.

“Lo que el gobierno aprista quiere es quedar bien, son solo fotos de momento, medidas populistas tomadas sin el mínimo criterio técnico como la reducción del IGV, ITF, el congelamiento del precio de los combustibles que lo único que provocará es el embalsamiento de precios que deberán ser asumidos por el próximo gobierno. Por esta misma línea va el pago de los bonos de la reforma agraria”, advierte Burneo.

Anteriormente, Félix Jiménez, jefe del plan de gobierno de Gana Perú estimó que el Estado perderá S/. 4,860 millones anuales de recaudación. Explica que S/. 2,130 millones por la reducción del IGV, S/. 900 millones por la reducción del ITF, S/. 1,830 millones por restitución de exoneraciones. La pérdida para el fisco es casi el doble de los 2,500 millones de soles que se han recabado en cinco años de óbolo.

Faenones a la carta

Los organismos internacionales fueron utilizados para encubrir múltiples negociados en las licitaciones, tal como dejaron entrever en numerosas oportunidades, expertos en el tema como Alberto Químper y Rómulo León. Tal vez, por eso, el presidente Alan García respalda esas instituciones. Una conversación entre Rómulo León y el hijo de Abel Salinas, registrada en uno de los petroaudios, a fines de 2007, da cuenta de ello:

- Rómulo León Alegría: “La Organización de Estados Iberoamericanos”.

- Abel Salinas hijo: “Es la que le maneja las licitaciones a Castañeda”.

- “Rómulo León Alegría: “En algunos casos le ha manejado [licitaciones] a Castañeda. Sí, lo que pasa es que hay que salirse de Consucode; si no, la locura.”


La jugada del ‘mudo’Así fue como Luis Castañeda pagó un total de 44 millones a la Organización Internacional de Migraciones (OIM) para saltarse el sistema de control de licitaciones y lograr aprobar obras del Metropolitano, que, como se sabe, costaron tres veces más del presupuesto inicial.

Pero no fue la única con la que contrató: por ejemplo, recurrió a la UNOX (Naciones Unidas) para la reconstrucción del Teatro Municipal, varias veces licitado y vuelto a licitar.

El hoy candidato ha dicho que es legal recurrir a organismos internacionales, creados para otros propósitos, pero que brindan servicios de supervisión de procesos de licitación. Ha dicho, asimismo, que en el Ejecutivo también se ha utilizado el procedimiento. Lo que en realidad sirve para traer al recuerdo que el tema de las licitaciones y los organismos internacionales ocupa un papel central en la trama de los petroaudios.

El 2007, Fortunato Canaán escribió un memorándum a Rómulo León, en el que hace los siguientes señalamientos:

Asuntos importantes y urgentes

Hospitales

Designación de OEI para todo lo concerniente a Hospitales de Lima.

Alternativa: UNOX...

Designación de OEI es un objetivo a cumplir de vida o muerte

Valor del M2 US 750 MINSA

Rómulo: el precio mínimo que iríamos sería US $ 1,100 a 1,150, esto sólo se consigue con OEI haciendo el expediente técnico del Hospital del Niño y las tres emergencias…

Si tengo que llamar a Hernán (Garrido Lecca) última instancia.

Recuerda que Hernán tiene una gran relación con el jefe de UNOX. También tiene otra empresa española muy cerca (nueva empresa)

Esta es una información que me ha llegado aquí.

Cierra todo esto Lunes a Martes.

Precio debería ser 1,200/1,250 –m2- Para cubrir todos los compromisos y que nos quede a nosotros.

En febrero de 2008 se produce un diálogo entre Rómulo León e Ignacio López Soria, director de la OIE, grabado en otro petroaudio:

Rómulo León: Tú ya le pones los términos (al convenio)

José López Soria: No. Pero nosotros... digamos el documento que te hemos dado la vez pasada y (del) que te hemos enviado dos copias... de ahí sale el Convenio Marco, pues.

- Rómulo León: ¡Ah! El documento que hiciste, ese es el Convenio Marco.

- José López Soria: Esos son los datos fundamentales para el Convenio Marco. Ahí no hay porcentaje.

- Rómulo León: No hay, claro. Entonces en la carta ofreces formalmente colaborar con la administración de los recursos del sector salud para la adjudicación de los hospitales, llave en mano, se ha anunciado que… Porque han anunciado formalmente que se van a construir en Lima en los próximos días, en los próximos meses. Entonces tú le dices que estás en condiciones de asumir esta oportunidad y los términos, hasta que nos pongamos de acuerdo, serán los que satisfagan a ambas partes (...).

- José López Soria: ¿Por que tú no te animas a hacer un borrador de la carta que tú consideras que es la más conveniente y nos la envías?...

- Rómulo León: Y tú ya le pones los términos.

- José López Soria: Sí, acá le ponemos los términos.


Algunas conclusionesEn el mundo del lobby en el que se movían León, Salinas, Canaán y otros, sabían que el hecho de recurrir a estas organizaciones permitía saltar al Consucode (hoy OSCE), que es la instancia que define los requisitos de cada concurso.

En el caso Canaán-León se trataba de subir el valor del metro cuadrado de construcción que el MINSA (Ministerio de salud) tasaba muy abajo. El objetivo de ir ante la OIE era alcanzar una mejora de más del 50%. La alternativa si no se conseguía OIE era UNOX. Finalmente, lo que se comprueba es la complicidad entre el director del OIE y el lobista, que se ponen de acuerdo para hacer los documentos para que el MINSA acepte la propuesta.

Ahora la pregunta clave es: ¿usted cree que los contratos de Castañeda eran distintos a los de Rómulo-López Soria y Canaán?

Indulto confirmaría pacto infame con el fujimorismo

Alertan intentos de Alan García para consumar “aberración jurídica” contraria al estado de derecho. Keiko Fujimori rechaza pacto y afirma que su padre se encuentra bien de salud.

La posibilidad de que el jefe de Estado Alan García conceda la gracia presidencial del indulto al exdictador Alberto Fujimori no haría más que corroborar el pacto infame entre la cúpula del Partido Aprista, encabezada por el mismo primer mandatario, y el Fujimorismo corrupto y homicida.

Así dijeron a LA PRIMERA, tanto el ex funcionario aprista Luis Alberto Salgado, como el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Carlos Rivera, quienes alertaron, además, sobre la posibilidad de que se consume, lo que denominaron, una aberración jurídica en contra el estado de derecho.

“Indultar a Fujimori corroboraría el pacto infame entre los principales dirigentes del APRA, como Jorge del Castillo, Javier Velásquez, Mauricio Mulder y otros, todos ellos encabezados por Alan García, y el Fujimorismo, esa organización criminal y corrupta que gobernó el Perú en la década del 90”, dijo Salgado a este diario.

En entrevista con un medio local, García dejó abierta la posibilidad de indultar a Fujimori, pese a que le quedan cuatro meses para culminar su mandato. “Eso (el indulto) lo tiene que analizar una comisión de médicos, que tiene que ser escrupulosa después de lo que ocurrió en el caso Crousillat”, señaló el jefe de Estado.

Según RPP, García incluso habló de la posibilidad de realizar un referéndum para conceder esta gracia en caso haya agravamiento de la salud del exdictador, quien fuera operado de la lengua de una leucoplasia.

Al respecto Salgado –quien fuera secretario ejecutivo del Consejo Nacional de derechos humanos del Ministerio de Justicia-, sostuvo que García no está en condiciones de poner en debate un asunto serio y de carácter político como el indulto a Fujimori, porque pesan sobre su gobierno altos niveles de sospecha y corrupción con el antecedente de José Enrique Crousillat.

Por su parte, Carlos Rivera señaló que no existe ninguna duda que haya un acuerdo político entre el APRA y el Fujimorismo, tal como lo reveló un “wikileak” del 2006 que se conoció semanas atrás. “La agenda concreta de ese acuerdo ha sido el indulto a Fujimori”, anotó.

El letrado agregó que un segundo punto de la alianza política aproFujimorista ha sido “salvarle el pellejo” a los congresistas Carlos Raffo y Cecilia Chacón, ambos con serias imputaciones judiciales por corrupción. “La actitud de García de ponerse de costado durante la extradición de Fujimori y durante el juicio tomar una actitud de defensor demuestran una alianza que negarla sería necio”, indicó Rivera.

Llaman a alertaSalgado hizo un llamado a todas las instituciones democráticas del país para que estén pendientes ante el planteamiento de García. “Las invoco para que no permitan que se consuma esta aberración jurídica y en contra el estado de derecho”, refirió.

También calificó como una caricaturización y una burla que García diga que se niega a ser un carcelero cruel de Fujimori, cuando trata de justificar su intención de librar al expresidente. Agregó que si la situación de la salud del preso fuese gravísima y terminal, corresponde al gobierno que salga elegido en las próximas elecciones tomar una decisión. “Estos temas deben ser tratados con mucha transparencia y sin demagogia, con por lo menos la opinión de cuatro informes médicos fidedignos”, apuntó.

No hay pacto
Ante el requerimiento de LA PRIMERA, la candidata presidencial de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, agradeció que Alan García haya manifestado la posibilidad de conceder un indulto a su padre, el exdictador Alberto Fujimori, pero consideró que la libertad de su progenitor se conseguirá por la vía judicial.

“No existe ningún pacto con el APRA, nosotros estos años hemos actuado responsablemente en el Congreso y lo hemos demostrado en nuestras votaciones y hemos sido críticos del partido de gobierno”, señaló la candidata de Fuerza 2011.

Familia de general Debenedetti acusada de tráfico de propiedades

El general Bruno Debenedetti se hizo conocido por recibir cheques a su nombre por 280 mil soles de la municipalidad del Callao para la comisaría, con el respaldo del presidente Alan García, quien dijo que era muy poco dinero para afectar una excelente foja de servicios.

El general además acaba de escapar a la reciente razzia de altos oficiales de la Policía impulsada por el ministro del Interior, el general Miguel Hidalgo, quien se ha centrado en los que investigaron su escapada a un hostal con uniforme y automóvil de servicio (también apañado por el grande).

Pero Debenedetti tiene otras curiosidades en su vida, como estar casado con una señora italiana procesada junto con sus hermanas y otros personajes por una impresionante lista de delitos vinculados al tráfico de propiedades.

El cerebroLo más interesante es que varias de las denunciantes (todas las víctimas son mujeres) señalan al general como el cerebro detrás de diversas operaciones de falsificación de documentos, inscripción fraudulenta, estafa y otros. Dicen que utiliza su poder e influencia para lograr que sus parientes salgan bien parados de las múltiples demandas judiciales en que se encuentran involucrados.

En el apacible distrito de La Punta en el Callao, la mediterránea familia Zunino Berisso es vista como un afortunado grupo de mujeres venidas de Europa que no se meten con nadie, con una de las hermanas casadas con un general de la policía, y nadie sospecharía que dedican buena parte de su tiempo a disputar los derechos sobre casas y departamentos en distintas partes de la ciudad.

El caso más reciente es el de la señora Antonieta Jiménez Castillo, residente en los Estados Unidos, quien tuvo que trasladarse al Perú para defender la vivienda de sus padres en Chaclacayo donde nació, porque ya había recibido noticias del extraño interés de las señoras italianas en la casa.

Llegada al país hizo los trámites de sucesión de la propiedad ante los registros públicos, hasta que se encontró frente a una demanda de las señoras María Felicia Zunino Berisso y Olga Zunino de Debenedetti ante los tribunales del Cono Norte de Lima, que decían tener una Escritura Pública de compra venta inscrita en la notaría Céspedes Marín, del año 1968, aparentemente suscrita entre los padres de unos y otros.

¿Por qué se fueron al cono norte, para reclamar sobre una casa en Chaclacayo, cuando ellas residen en La Punta? Vaya uno a saber. Lo sorprendente es que en este caso las pericias policiales establecieron que las firmas de los miembros de la familia Jiménez que figuraban en la escritura estaban falsificadas lo que dio lugar a un juicio penal por fraude procesal y falsificación documentaria, contra las hermanas Zunino, mientras en paralelo se seguía un juicio civil de desalojo de estas mismas personas contra Antonieta Jiménez, basado en los documentos fraudulentos.

KafkianoCualquiera se preguntará como puede haber dos procesos contradictorios en desarrollo cuando la ley es explícita en el sentido de que debe agotarse la cuestión penal para poder dilucidar los asuntos comerciales. Pero tal vez ahí está la respuesta de porqué se escogen ciertos juzgados. El hecho es que a la señora Jiménez le han hecho la de Kafka: los jueces penales han zanjado que los documentos notariales son falsos y que no hubo contraventa, pero no han encontrado delito en las Zunino, porque no estaría probado que ellas fueron las falsificadoras, aunque sean las beneficiarias del dolo y, obviando que también es delito valerse de documentos ilegales para litigar, así el autor sea otro.

Al mismo tiempo, el juzgado civil del cono norte le dio la razón a las Zunino, otorgando validez a los documentos y firmas que en el ámbito penal eran calificados de fraudulentos. ¿Cómo puede ocurrir esto? La explicación es que estamos en el Perú, donde el dinero, una batería de abogados y un solícito general merodeando los pasillos judiciales, pueden logran las sentencias más increíbles.

Ahora la señora Antonieta Jiménez se encuentra atrincherada en la que era la casa de sus padres, a la espera de una orden de desalojo que parece estar esperando que se venzan todos sus plazos de permanencia en el país y deje una propiedad avaluada en casi medio millón de dólares, en manos de las no tan inocentes señoras de La Punta.

Rosario de denuncias contra la familia DebenedettiTal vez alguien piense que la pareja del general, al igual que su cuñada, merece el beneficio de la duda. Podría ser, si este fuera un caso aislado. Pero basta pedir el informe de constancia sobre denuncias en las fiscalías penales de Lima contra las hermanas Zunino Berisso para toparse con la siguiente información:

• 31 Fiscalía Penal. Delitos Fraude Procesal y Falsificación documentaria. Agraviado: Antonieta Jiménez Castillo. Inicio: 10.05.07

• 12 Fiscalía Penal. Delito Estafa. Agraviado: Agnes Giovanna Mayta Collachagua, Golda Escalante Aguirre y Lucía Mendoza Nima. Fecha: 12.07.07

• 41 Fiscalía Penal. Delitos Estafa y Falsedad Ideológica. María Isabel Escalante Aguirre. Fecha: 22.03.07

• 43 Fiscalía Penal: Delitos: Estafa y Falsedad Ideológica. Agraviado: Golda Elvira Escalante Aguirre. Fecha 27.11.07

• 35 Fiscalía Penal: Delitos: Estafa, Estelionato, Extorsión, Fraude Procesal y Falsedad Ideológica. Agraviado: Yanet Soraya Alfaro Torres. Inicio 10.01.03

• 35 Fiscalía Penal. Delitos: Estafa, Estelionato, Extorsión, Fraude Procesal y Falsedad Ideológica. Agraviado: Natalia Pacheco Aponte. Fecha de inicio: 10.01.03.

• 35 Fiscalía Penal. Delitos: Estafa, Estelionato, Extorsión, Fraude Procesal y Falsedad Ideológica. Agraviado: Jovita Edith Medina de Peña. Fecha de inicio: 10.01.03.

• 35 Fiscalía Penal. Delitos: Estafa, Estelionato, Extorsión, Fraude Procesal y Falsedad Ideológica. Agraviado: Edith Janet Peña Medina. Fecha de inicio: 10.01.03.

¿Puede haber congruencia entre ser uno de los más importantes miembros de la jerarquía policial y tener a la esposa y sus hermanas metidas en tan alto número de denuncias por estafadoras y falsificadoras? ¿A quién le creería usted? ¿A la señora Jiménez, a la que le van a quitar la casa, o al general Debenedetti, amigo de Alan García e Hidalgo?

Por Raúl Wiener
Unidad de investigación.

 

Rafael Rey cobró S/. 15,600 de aguinaldo navideño sin trabajar

Ex ministro de Defensa se reincorporó a fines de noviembre como parlamentario andino y dos semanas después el Congreso de la República le entregó gratificación por Fiestas Navideñas. Al respecto, Rey dijo no tener conocimiento del asunto y que en todo caso la Mesa Directiva del Parlamento es quien debe responder por el pago.

Parece que al exministro de Defensa, Rafael Rey, la plata también le llega sola, pues cobró 15,600 nuevos soles de gratificación navideña como miembro titular del Parlamento Andino, pese a que recién se incorporó a ese organismo la última semana de noviembre del 2010.

Un documento oficial del Congreso de la República al que este diario tuvo acceso, precisa que Rey cobró en diciembre del año pasado 36,244 nuevos soles, de los cuales 15,600 corresponden a sus renumeraciones como integrante recién incorporado del Parlandino, 1,404 nuevos soles por bonificación extraordinaria y 3,640 nuevos soles como reintegro por siete días laborados en noviembre.

Beneficio indebidoHasta ahí todo estaría bien, pues los otros cuatro integrantes peruanos del Parlamento Andino también cobraron su renumeración correspondiente a diciembre, el aguinaldo navideño y la bonificación extraordinaria.

Sin embargo, el hoy candidato de Fuerza 2011 a la vicepresidencia recibió, además, 15,600 soles como aguinaldo navideño, pese a que fue reincorporado al Parlandino la última semana de noviembre del año pasado.

Este pago indebido fue ordenado por el Congreso, según el acuerdo tomado por la Mesa Directiva, tal como lo establece la ley, pues ni los miembros del Parlamento Andino ni todos los congresistas de la República, están sujetos a la norma que reglamenta el otorgamiento del aguinaldo por Navidad para los demás funcionarios y servidores del sector público.

El decreto supremo N° 248-2010-EF, publicado en la separata de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano el 7 de diciembre del 2010, fijó en 300 nuevos soles el aguinaldo para funcionarios y servidores nombrados y contratados, obreros permanentes y eventuales del sector público, el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía y los pensionistas a cargo del Estado comprendidos en los regímenes de las leyes N° 15117, 19846, 20530, 28091 y el Decreto Supremo N° 051-88-PCM. El pago se aplicó por única vez en conjunto con la planilla de pago del mes de diciembre de 2010.

Según la congresista nacionalista, Martha Acosta, este trato es discriminatorio, pues un trabajador del Estado recibe 300 soles a diferencia de los parlamentarios, que reciben un sueldo completo. “En el caso de Rey sería aún más grave pues ese pago no le corresponde porque no trabajó en el Parlamento Andino durante casi todo el año 2010”, señaló.

Según el decreto supremo antes referido, para que un trabajador reciba el aguinaldo debía contar en el servicio con una antigüedad no menor de tres meses al 30 de noviembre de 2010. De no ser así, el aguinaldo debía abonarse en forma proporcional a los meses laborados. Esto no ocurrió en el caso de Rey, pues él cobró el íntegro de la bonificación navideña pese a que tenía pocos días en el cargo.

No sabe nadaConsultado al respecto, Rafael Rey aseguró a LA PRIMERA que no supo cuánto le depositaron en su cuenta por sus servicios como parlamentario andino en el mes de diciembre. “No tengo la menor idea”, contestó. Seguidamente, señaló que corresponde al Congreso dar las razones del pago del aguinaldo navideño pese a que solo trabajó desde la última semana de noviembre. “Eso pregúntele a la Mesa Directiva del Parlamento”, señaló.

Como líder de Renovación Nacional, partido integrante de la alianza Unidad Nacional, en las elecciones del 2006, Rey fue elegido parlamentario andino. Aquella vez, sin embargo, no asumió el cargo porque sorpresivamente fue designado ministro de de la Producción.

Fuentes en el Parlamento Andino aseguraron que Rey juramentó ante el Congreso como miembro del Parlandino, pero no tomó posesión del cargo ante la sede de ese organismo, en Bogotá. Como suplente, en su reemplazo fue designada Auristela Obando, esposa del hoy líder de Cambio Radical, José Barba, con quien Rey tuvo estrechos vínculos en las elecciones del 2001 y el 2006.

Cronología de Rey
Abril 2006. Es elegido parlamentario andino por Unidad Nacional con la máxima votación. Su partido, Renovación Nacional integra este conglomerado

Julio 2006. El día 26 juramenta ante el Congreso, pero no asume el cargo por formar parte del primer gabinete de Alan García, como titular de la Producción.

Agosto 2006. Auristela Obando, esposa de su aliado José Barba, es designada como su reemplazante en el cargo, la misma que asume funciones en Colombia.

Febrero 2009. Tras su paso por el ministerio de la Producción, es designado embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en Italia.

Julio 2009. Retorna de Italia para asumir desde el 11 de este mes el encargo de ministro de Defensa como miembro del gabinete Velásquez Quesquén.

Septiembre 2010. Fue retirado del cargo el 15 de este mes, tras el escándalo por el Decreto Legislativo 1097, que beneficiaba a militares violadores de los derechos humanos.

Octubre 2010. Sin trabajo y luego de cuatro años se servicios al gobierno aprista, envía una carta (11 de octubre) al presidente del Parlandino, Wilbert Bendezú, pidiendo su incorporación.

Noviembre 2010. Asume sus funciones el día 26. Es presentado oficialmente en el cargo por Bendezú. Auristela Obando deja el cargo.

Diciembre 2010. Recibe S/.36,244, de ellos S/.15,600 de sueldo y otro tanto de aguinaldo. Además le pagan S/.1,404 por bonificación extraordinaria y S/.3,640 de reintegro.