El estadounidense Anuar Al-Aulaki, nacido hace 40 años en Nuevo México, fue asesinado el pasado viernes 30 de septiembre de 2011 en el Yemen, por orden de Barack Obama, tras ser declarado terrorista y anunciarse a los medios en abril de 2010 que estaba en una lista presidencial de ejecuciones extrajudiciales. La administración Obama puso reservadamente en ejecución una “idea incompleta” legada por la presidencia de George Bush II que consiste en un programa presidencial internacional de asesinatos “de hecho”. Documentos judiciales, evidencias ofrecidas por Human Rights Watch y un reporte especial de Naciones Unidas alegan que se ha puesto en “listas de la muerte” a ciudadanos de EEUU sospechosos de “animar el terror”. Las listas de la muerte, obviamente, apuntan a estadounidenses musulmanes.
El ex Director de Inteligencia Nacional de Obama, Dennis Blair, almirante retirado, dijo en una sesión del Congreso que el programa estaba dentro de los derechos del Poder Ejecutivo y, por tanto, los contenidos de la “lista de la muerte” no necesitaban ser revelados. Obama se las arregló, en abril de 2010, para quedar en el anonimato, pero envió a sus empleados de la Casa Blanca a recorrer los grandes medios para filtrar su decisión de asesinar al estadounidense Anuar al-Aulaki donde fuera encontrado por la CIA y la noticia fue reproducida como propaganda sin cuestionar la asunción de un poder presidencial sobre la vida y la muerte de los ciudadanos acusados de “terrorismo” sin debido proceso y contra la Constitución.
Por lo menos se sabe de otras dos personas que han sido asesinadas por operativos de la CIA bajo esa orden presidencial. Cuando el programa fue desafiado en una corte de Nueva York, en diciembre 2010, el juez John Bates rehusó acoger la demanda diciendo: “hay circunstancias en que la decisión del Ejecutivo de matar a ciudadanos de EEUU en ultramar está constitucionalmente comisionada a las ramas políticas [del gobierno] y es judicialmente inapelable”.
Las “listas de la muerte” salieron a la luz pública con un enfoque más fundado en la razón y los derechos ciudadanos que en la histeria mediática el 8 de diciembre de 2010, cuando el periodista William Fisher, de la agencia informativa Inter Press Service, reportó que el día anterior el juez Bates rehusó acoger una demanda de Nasser Al-Aulaki respecto a los derechos de su hijo Anuar Al-Aulaki, un clérigo musulmán residente en Yemen y nacido en Nuevo México, que supo de su inclusión en la lista. La judicatura renunció a desafiar la política de Obama de anotar para su futura muerte a ciudadanos de EEUU que están fuera de las zonas de combate y no plantean una amenaza inminente.
El magistrado admitió la "cuestión política” y reconoció “que algo perturbaba su conclusión”. Llamó al caso “único y extraordinario” y dijo que resulta crudo y deja perplejo, pues plantea “cuestiones fundamentales de la separación de poderes que involucran el papel apropiado de las cortes en nuestra estructura constitucional”. Pero en definitiva, rehusó el caso con argumentos procesales y encontró que “deben aguardar otro día los asuntos importantes respecto a los méritos de la autorización alegada de muerte anotada de un ciudadano de EEUU en ultramar".
Marcados para morir
El caso fue llevado a la corte en agosto 2010 por el Centro para los Derechos Constitucionales (CCR, por su sigla en inglés) y la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés). Después que el juez acogió la moción del gobierno de sobreseer el caso, el jurista de la ACLU Jameel Jaffer dijo: “Si la sentencia está correcta, el gobierno tiene autoridad irrevocable para realizar matanzas apuntadas de norteamericanos dondequiera que el presidente juzgue que son una amenaza para la nación (...) Sería difícil -añadió- una proposición más inconsistente con la Constitución o más peligrosa para la libertad norteamericana”.
Jonathan Manes, asociado legal del Proyecto de Seguridad Nacional de la Fundación ACLU, le dijo a IPS: “La Corte ha limitado drásticamente quién puede acudir a la justicia para desafiar una muerte apuntada antes del hecho. Ha dicho 'si marcan a una persona para matarla, el estado de la persona apuntada probablemente podría intentar conducir una acción de muerte por negligencia después del hecho’ (…) El problema es que la decisión del juez Bates sugiere que las Cortes no tienen ningún papel en la determinación de la legitimidad de una matanza anotada, incluso después de cometida -por ejemplo en un pleito de muerte por negligencia-, incluso si la víctima es un ciudadano de EEUU", dijo. “Según el juez Bates, las reglas que gobiernan la muerte apuntada de ciudadanos se pueden escribir y aplicar en secreto, sin controles independientes en absoluto. Rechazamos la idea que el presidente tenga un poder tan amplio sobre las vidas y las muertes de ciudadanos en el extranjero”.
La ACLU y el CCR fueron requeridos por Nasser Al-Aulaki para iniciar un pleito respecto a la decisión del gobierno de autorizar la inclusión en la "lista de la muerte" de su hijo Anuar Al-Aulaki, ciudadano de EEUU asesinado finalmente el 30 de septiembre de 2011. La demanda pidió que la Corte dictaminara -fuera del contexto del conflicto armado- que el gobierno puede ejecutar muertes apuntadas de un ciudadano de EEUU solamente como último recurso para frustrar una amenaza inminente para la vida o la seguridad física. El libelo también pidió a la corte ordenar al gobierno divulgar la norma jurídica que utiliza para colocar a ciudadanos de EEUU en listas de la muerte.
El juez no contestó a la pregunta preocupante de los demandados: “¿Cómo es que se requiere la aprobación judicial cuando el gobierno decide apuntar para su vigilancia electrónica a un ciudadano de EEUU en ultramar, pero se prohíbe el escrutinio judicial cuando EEUU decide a apuntar para su muerte a un ciudadano estadounidense en ultramar?”
Mientras tanto, un juez yemení ordenó a la policía el sábado 4 de diciembre de 2010 capturar “vivo o muerto” a Anuar al-Aulaki, a quien el gobierno de EEUU describe como un clérigo musulmán radical que se ha ligado a varios diagramas de terror en EEUU. Lo han vinculado al diagrama de bomba del avión de carga el pasado mes de noviembre, al bombardero de una fábrica de ropa interior de Detroit y puede ser conectado con el bombardeo frustrado de Times Square.
Emplazamiento de HRW a Obama
Otras organizaciones de derechos humanos también están involucrándose en esta controversial batalla judicial. Human Rights Watch (HRW) invitó al presidente Barack Obama “a clarificar inmediatamente [por parte del gobierno] el raciocinio legal para muertes apuntadas”.
En una carta al presidente Obama, Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW, dijo que el gobierno “debe contestar a las cuestiones fundamentales de cómo su administración determina si una persona puede ser apuntada”. Añadió: “Tales operaciones pueden ser legales en determinadas circunstancias, pero la ausencia de límites claros violará inevitablemente el derecho internacional y fijará un peligroso precedente para los regímenes abusivos del mundo entero”.
La administración Obama amplió dramáticamente el uso de listas de muerte fuera de los campos de batalla tradicionales que siguieron a los ataques del 11 de septiembre de 2001. Muchas de estas matanzas son conducidas por la CIA con el uso de los sistemas de aviones sin tripulación de combate, o abejones (drones).
El gobierno de EEUU afirma que, bajo el derecho internacional, tiene autoridad para utilizar fuerza letal fuera de las zonas de guerra bien definidas, porque enfrenta un conflicto armado global con Al-Qaeda y fuerzas asociadas. La carta de Roth a Obama dijo que “la demanda del gobierno de EEUU de que el mundo entero es un campo de batalla en el cual son aplicables las leyes de la guerra, mina las protecciones del derecho internacional. Esta noción desacreditada invita al uso de la fuerza mortal a otros países en situaciones donde EEUU se opondría fuertemente a su uso”.
HRW invitó a Obama a “proporciona mayor claridad en cómo el gobierno de EEUU determina cuando una matanza apuntada en una situación de conflicto armado resuelve los requisitos de la distinción y proporcionalidad bajo las leyes de la guerra y las medidas que está tomando para minimizar daño civil”.
Opinión: Obama supera a Bush
“Hoy, The New York Times y The Washington Post confirman que la Casa Blanca de Obama ahora autorizó expresamente a la CIA para matar a Al-Aluaki no importa dónde lo encuentren, ni a que distancia esté de un campo de batalla. Escribí largamente sobre los peligros y la anarquía extrema de no prohibir al Ejecutivo el poder de asesinar a ciudadanos de EEUU lejos de un campo de batalla (es decir, mientras están durmiendo, en casa, con sus niños, etc.) y sin el debido proceso de cualquier clase. No repetiré esos argumentos (…) sino que quiero destacar cuan increíblemente orwelliano y tiránico es esto que hoy está a la luz en estos nuevos artículos …
“Ahora, en los Estados Unidos de Barack Obama, la manera de determinar la culpabilidad de los ciudadanos norteamericanos –y la imposición de la pena de muerte– es que el presidente, como piensa el rey que él es, decreta secretamente la culpabilidad de alguien como terrorista. Entonces él despacha a sus asistentes a correr a los periódicos de EEUU –ocultándose cobardemente detrás del escudo del anonimato que él mismo se concede– para proclamar que el culpable será muerto cuando sea visto porque el Líder lo ha decretado así por ser un terrorista. Simplemente, se afirma que Aulaki se ha convertido en un clérigo que expresa opiniones anti-norteamericanas y abogan por hacerlo blanco de un ataque militar estadounidense por terrorista “involucrado en diagramas”. Estos periódicos imprimen, entonces, este veredicto ejecutivo sin preguntar, sin ninguna oposición, ninguna investigación, ninguna refutación en cuanto a su verdad. Y el castigo se decreta así: la CIA ahora asesinará a este ciudadano norteamericano porque Barack Obama ha pedido que así se haga. ¿Qué clase de persona podría justificar esto como posible o pensar que así se ejerce un poder de gobierno legítimo?
“Sólo para conseguir un sentido de cómo es este comportamiento extremo, considere –como lo divulgó el NYT– que ni siquiera George Bush apuntó a los ciudadanos norteamericanos para este tipo de matanza extrajudicial (aunque un ataque de abejón en Yemen, 2002, dio lugar a la muerte de un ciudadano norteamericano). Más llamativo, Antonin Scalia, en el caso de Hamdi v. Rumsfeld, 2004, escribió una opinión (unido a Justice Stevens) sosteniendo que era inconstitucional que el gobierno de EEUU simplemente encarcelara (aún menos matara) a ciudadanos norteamericanos como “combatientes enemigos”; en su lugar, discutieron, la Constitución requiere que encausen a los norteamericanos por crímenes (tales como traición) y se les de un juicio antes de ser castigados. La corte completa de Hamdi sostuvo que por lo menos se requiere un cierto debido proceso antes que los americanos puedan ser encarcelados como “combatientes enemigos.” Con todo, ahora Barack Obama está demandando el derecho, no simplemente a encarcelar, sino de asesinar lejos de cualquier campo de batalla, a los ciudadanos norteamericanos sin ninguna clase de debido proceso. Incluso, el congresista republicano Pete Hoekstra, cuando interrogó al almirante Blair, reconoció los severos peligros de aumentar este poder omnímodo.
“¿Y qué pasa con todos los progresistas que gritaron por años contra el tratamiento tiránico de la administración Bush a Jose Padilla? Bush simplemente encarceló a Padilla por años sin un juicio. Si ése fue un vicioso asalto tiránico a la Constitución –y así fue– ¿qué debe decir el ganador del Premio Nóbel de la Paz [Obama] sobre el asesinato de ciudadanos norteamericanos sin debido proceso?
“Todo esto subraya el punto principal marcado en un nuevo artículo excelente de Eli Lake, que recopila y documenta comprensivamente lo que bien conocen aquí los lectores: que mientras los discursos de Obama y algunas políticas de su administración han acentuado una ruptura con lo que fue la era de Bush,” la realidad es que esta administración ha conservado y, en algunos casos, reconstruido lo esencial de Bush/Cheney respecto a las libertades civiles y al terrorismo. Como Al Gore, en su magnífico discurso 2006, protestó por la “Guerra de Bush contra la Constitución”:
“–¿Puede ser verdad que cualquier presidente tiene realmente tales poderes bajo nuestra Constitución?
“–Si la respuesta es sí, entonces ¿bajo qué teoría se rige la comisión de estos actos?, ¿hay actos que puedan ser prohibidos en su cara?
“–Si el presidente tiene la autoridad inherente para escuchar detrás de las puertas de los ciudadanos norteamericanos sin una autorización, encarcelar a los ciudadanos norteamericanos por su propia declaración, secuestrarlos y torturarlos, ¿después qué no puede hacer él?
“–Observe el poder que fue perdido desde la acusación de Gore al radicalismo de Bush: el poder de matar a ciudadanos norteamericanos. Añada a esta letanía lo que Obama ahora ha hecho y considere cómo se convierten los cuestionamientos acusatorios de Gore que ahora obligan más.
“–Actualización: Cuando Obama buscaba la designación demócrata, el Colegio de Derecho Constitucional contestó a un cuestionario sobre el poder ejecutivo distribuido por Charlie Savage del Boston Globe, y ésta fue una de sus respuestas:
“–¿Permite la Constitución que un presidente detenga a ciudadanos de EEUU sin cargos como combatientes enemigos ilegales?
–[Obama]: No. Rechazo la demanda de la administración Bush de que el presidente tenga autoridad plenipotenciaria bajo la Constitución para detener a ciudadanos de EEUU sin cargos como combatientes enemigos ilegales.
“Pues bien, en aquel entonces Obama dijo que el presidente carece de poder simplemente para detener a ciudadanos de EEUU sin cargos. Ahora, como presidente, él se arroga el poder de asesinarlos sin cargos.
Incluso sus seguidores duros, de corazón, ¿podrían intentar reconciliar eso con una apariencia seria?
“Como Spencer Ackerman documenta hoy, no sólo John Yoo reclama contra la arrogación de poderes del presidente. Obama está demandado aquí”.
Epílogo (Hispantv.com)
“Fuentes yemeníes y estadounidenses han comunicado este viernes [30 de septiembre de 2011] la muerte de Anuar al-Aulaki, ciudadano estadounidense de origen yemení, quien era uno de los terroristas de Al Qaeda más buscados, fallecido en un ataque organizado por la CIA y por el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC, por sus siglas en inglés) dentro de Yemen.
“Anuar al-Aulaki, junto a otros integrantes de la red de Al Qaeda que le acompañaban murieron en el ataque aéreo, efectuado durante la mañana del viernes contra dos vehículos en que transitaban entre Maarib, en el este de la ciudad capitalina de Saná, y Juf, provincia fronteriza con Arabia Saudita, informa AFP citando a fuentes tribales.
“El presidente estadounidense, Barack Obama, ha calificado la muerte de al-Aulaki como "un golpe muy duro contra el brazo más activo de Al Qaeda".
“Al-Aulaki, considerado por Estados Unidos como una amenaza tan grande como Osama bin Laden, había sobrevivido a un bombardeo estadounidense similar a principios de mayo, poco después de que el presidente Obama informara de la eliminación del líder de Al Qaeda en Paquistán.
“El 24 de septiembre la aviación yemení trató de cumplir el deseo estadounidense al lanzar un ataque contra un supuesto paradero de al-Aulaki en la provincia de Shabwa, en el sur del país. No obstante, al-Aulaki no se hallaba en la localidad al momento del bombardeo. Dicho ataque se cobró 34 vidas”.
Las empresas brasileras de la construcción civil tuvieron un gran crecimiento en su actuación en el exterior en los últimos diez años. Gracias al financiamiento público del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) y al apoyo del gobierno Lula, como OAS Ltda., Camargo Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez e Odebrecht tuvieron un crecimiento de 544% en su actividad en América Latina y en África.
