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Día mundial del refugiado 2011

Aproximadamente una tercera parte de los refugiados del mundo son palestinos

 

Como cada año el día 20 de junio los refugiados de África, Asia y Latinoamérica se convierten en protagonistas. En esta fecha, UNRWA Comité Español hace un llamamiento, mediante la publicación de un Informe sobre la Situación Humanitaria en el territorio Palestino ocupado, para recordar la crisis humanitaria que atraviesa la población refugiada de Palestina a consecuencia de la ocupación.

En la actualidad los registros de UNRWA cuentan con 4,8 millones de refugiados de Palestina que, de alguna manera, siguen esperando con anhelo el regreso a sus hogares y el reconocimiento de su trágica historia.

Un hecho especialmente grave es el relativo al trato que recibe la infancia en el territorio Palestino ocupado.

 

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Con motivo del Día Mundial del Refugiado UNRWA Comité Español, recuerda la situación humanitaria a la que se enfrentan los casi 5 millones de refugiados de Palestina con la publicación de un informe sobre la Situación Humanitaria en el territorio Palestino ocupado.

Aproximadamente una tercera parte de los refugiados del mundo son palestinos. En la actualidad los registros de la UNRWA cuentan con 4,8 millones de refugiados de Palestina que, de alguna manera, siguen esperando con anhelo el regreso a sus hogares y el reconocimiento de su trágica historia.

En este contexto, UNRWA es considerada como uno de los actores que más contribuyen a la estabilidad regional hasta que se alcance una solución justa a la situación en la que se encuentran los 4,8 millones de refugiados de Palestina. Pero no podemos olvidar que la labor humanitaria de UNRWA sólo tendrá efectos duraderos si se lleva a cabo en el marco de un proceso político significativo.

UNRWA, Trabajamos con los refugiados de Palestina por un futuro digno En 1948, 700.000 palestinos fueron despojados de sus tierras, sus hogares y de sus recuerdos, convirtiéndose en refugiados. Hoy son más de 4.8 millones, la tercera parte de los refugiados del mundo.

Después de más de 60 años de expropiación, exilio y condición apátrida, en los que las condiciones de los refugiados de Palestina lejos de mejorar se han agravado, UNRWA gestiona 58 campamentos de refugiados donde presta asistencia, protección y defensa a 4.8 millones de refugiados de Palestina en la franja de Gaza, Cisjordania, Jordania, Líbano, Siria y el territorio Palestino ocupado (franja de Gaza y Cisjordania), en espera de una solución pacífica y duradera a su difícil situación.

www.unwace.org

Armagedon Perú Prensa Popular: otros

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Fujimori no califica para legítimo indulto

Existen prohibiciones legales nacionales e internacionales y jurisprudencia, que obligan a Perú, que no se pueden violar o desoír por un mero Decreto Supremo de Alan García que conceda tal indulto.

No califica para el indulto el reo de la DIROES. Existen prohibiciones legales nacionales e internacionales y jurisprudencia, que obligan a Perú, que no se pueden violar o desoír por un mero Decreto Supremo de Alan García que conceda tal indulto. Específicamente, si la condena es por secuestro agravado y por delitos de lesa humanidad, como es el caso de Fujimori, el indulto está prohibido. Concederlo tiene contenido penal. Nadie califica para dicho beneficio si la legislación y jurisprudencia internacional lo prohíben, salvo que se asuma la responsabilidad penal subsiguiente. 
No califica para el indulto el reo de la DIROES. La norma jurídica lo prohíbe.

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Existen prohibiciones legales nacionales y también legislación y jurisprudencia internacionales[1], que obligan a Perú por ser vinculantes, que no se deben violar o desoír por un mero Decreto Supremo de Alan García o de Ollanta Humala que pretendan conceder tal indulto, cerrando los ojos a las consecuencias.

Específicamente, si la condena es por delito de Secuestro Agravado, previsto en la Ley N° 26478 de 3-06-1995, promulgada por el entonces Presidente Alberto Fujimori Fujimori y aprobada por el Congreso Constituyente Democrático con la firma de Jaime Yoshiyama, el indulto está prohibido tramitarlo y concederlo.

Frente a esta prohibición legal el INPE, el Ministerio de Justicia y cualquier Presidente de la República no tienen que sopesar si el reo califica para el indulto.

Además, siendo la condena a Fujimori por delitos de Lesa Humanidad, tal como lo establece la sentencia en última instancia, la misma que es firme, definitiva y no ha sido contrariada por el Tribunal Constitucional, el indulto no es una opción.

La sentencia que lo condena a los 25 años considera expresamente a los delitos que los motiva como de lesa humanidad, para los cuales la legislación y jurisprudencia internacionales, que vinculan a Perú, también excluyen la amnistía, el indulto y el derecho de gracia. 

Si la citada Ley N° 26478 establece la prohibición del indulto, no hay INPE, Ministerio de Justicia o Presidencia de la República, que con un simple Decreto Supremo e informes ilegales, puedan contravenir una ley sin incurrir en responsabilidad penal. 

Finalmente, Fujimori tiene varias condenas que aún no son firmes; ergo no son pasibles de indulto. Al tener la calidad de procesado tendría que hablarse de un "derecho de gracia", siempre asociado a una enfermedad terminal, que no es el caso del ex mandatario.

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¿Comienza una revolución anticapitalista?

En un pasaje memorable del Manifiesto Comunista Marx y Engels sostienen que con su ascenso la burguesía desgarró sin piedad el velo ideológico que impedía que hombres y mujeres percibieran la verdadera naturaleza de sus relaciones sociales “para no dejar subsistir otro vínculo que el frío interés, el ‘pago al contado’”. El capitalismo, decían, “ha ahogado el sagrado éxtasis del fervor religioso, el entusiasmo caballeresco y el sentimentalismo del pequeño burgués en las aguas heladas del cálculo egoísta … En una palabra, en lugar de la explotación velada por ilusiones religiosas y políticas ha establecido una explotación abierta, descarada, directa y brutal.” Y culminan esa sentencia diciendo que en ese mundo construido por la burguesía “todo lo sólido se disuelve en el aire; todo lo sagrado es profanado y los hombres, al fin, se ven forzados a enfrentarse, sobriamente, con sus condiciones reales de existencia y sus relaciones recíprocas.”

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Varias consideraciones son pertinentes con respecto a estas palabras. En primer lugar para expresar la admiración que todavía hoy despierta esa extraordinaria capacidad de los fundadores del materialismo histórico para retratar, en unos pocos trazos, las profundas consecuencias que el ascenso de la burguesía tuvo sobre los hombres y mujeres de aquel tiempo. Segundo, para decir que el propio Marx revisaría aquella tesis cuando en el primer capítulo de su obra cumbre, El Capital, sentara los lineamientos generales de su teoría del fetichismo de la mercancía. Revisión que no significaba una corrección en lo tocante al tránsito histórico del feudalismo al capitalismo pero sí acerca del carácter abierto y transparente de la explotación en el seno de la sociedad capitalista. En la nueva formulación de Marx la explotación se invisibiliza, queda oculta bajo los pliegues del mercado y disimulada por la falsa equidad de la compraventa de la fuerza de trabajo. En esa ficción el obrero desprovisto de una conciencia socialista que lo inicie en los secretos de la plusvalía puede inclusive llegar engañosamente a congratularse por la “buena” remuneración recibida de su patrono.

Tercero, y principalmente a esto queremos referirnos, para decir que si de la vida política se trata las palabras aquellas del Manifiesto tienen una fuerza profética incomparable. La nueva crisis general del capitalismo ha sumergido las ilusiones fomentadas por los mentores y beneficiarios de la democracia liberal “en las aguas heladas del cálculo egoísta.” Como decía una de las pancartas enarboladas en la Plaza del Sol de Madrid “esto no es una crisis, es una estafa”. Y de la mano de ese doloroso descubrimiento iba otro: la estafa no sólo se ejecutaba en gran escala en el terreno económico. No menor era el fraude montado en el ámbito político al haber inducido al grueso de la población a creer que la sórdida e inescrupulosa plutocracia bajo cuya férula se desenvolvían sus vidas era una democracia. Por eso las quejas y reclamos exigiendo una “democracia real ya”, una “democracia verdadera” que reemplace a la pseudo-democracia cuyo interés excluyente es la preservación de la riqueza de los ricos y el poderío de los poderosos.

La crisis tuvo el efecto de concierciar a los pueblos del mundo desarrollado de que tanto ellos como nosotros en el Sur global somos víctimas de un sistema que, habiéndose despojado de los ropajes que ayer disimulaban su verdadera naturaleza, somete a unos y otros a “una explotación abierta, descarada, directa y brutal.” Y que lo que llaman democracia es en realidad la dictadura de la oligarquía financiera, que como lo recordaba el Che en la Conferencia de Punta del Este, es incompatible con la democracia.

Es en este cuadro cuando “todo lo sólido se disuelve en el aire” y el grito desesperado de la mujer retratada días atrás en el magnífico relato de Pedregal Casanova revela el dramatismo de la crisis: “una mujer joven (en el vagón de un tren de cercanías de Madrid) que un momento antes habría pasado desapercibida, puesta en pie, dejó escuchar entre lloros sus palabras: - ¡Les ruego... les ruego... que me ayuden! Soy... maestra... nunca imaginé que me podía ver en la calle. Me quedé sin trabajo... Me echaron del trabajo -declaró quedamente- me despidieron -levantó un poco el tono- cerraron varias aulas, y aquí, estoy aquí -sollozaba apretándose las manos una con otra- estoy sola con mis dos niños… Antes que dormir con mis dos hijos otra vez en un cajero he decidido pedir ayuda.” ¹ Esta heroína (y víctima) anónima, surmergida violentamente en las aguas heladas de la “racionalidad costo-beneficio del capitalismo” representa con su grito a los centenares de millones que con sus padecimientos hacen posible la opulencia de los plutócratas que dominan bajo su disfraz “democrático.”

Días atrás el Financial Times de Londres hizo público un informe sobre las remuneraciones que, en este contexto de crisis, percibían los máximos ejecutivos de las más grandes empresas. La nota decía que “en lo que respecta a los banqueros la era de la contención (salarial) ha terminado.” En 2010, mientras el mundo continuaba su caída libre hacia el desempleo de masas, las ejecuciones hipotecarias y el empobrecimiento generalizado de la población, la “retribución media de los máximos responsables de los 15 mayores bancos europeos y estadounidenses aumentó un 36%, hasta (alcanzar una media anual de) 9,7 millones de dólares.” El pelotón de los bribones lo encabeza el presidente del JP Morgan Chase, Jamie Dimon, que mientras millones de estadounidenses se quedan sin empleo, ven ejecutadas sus casas y recortados (cuando no expropiados) sus haberes jubilatorios se embolsó 20,7 millones de dólares, casi dos millones de dólares al mes; le sigue un tal John Stumpf, presidente de Wells Fargo, con 17,5 millones de dólares Otro de los integrantes de esa banda, Lloyd Blankfein, presidente de Goldman Sachs, hombre pío si los hay, dijo una vez que los banqueros hacían ‘el trabajo de dios’. Por su celo sagrado percibió 14,1 millones de dólares. En el estado español, conmovido hasta sus cimientos por la oleada de manifestaciones de los “indignados”, el presidente del BBVA, Francisco González, se conforma con ganar unos 8.000.000 de dólares al año mientras que su colega del Banco Santander, el más importante de España, fue más ambicioso y calmó su ansiedad al ver recompensados sus esfuerzos en pro de sus ahorradores con trece millones de dólares.² Ni hablemos, por supuesto, de las ganancias embolsadas por su jefe, el dueño del Banco Santander, don Emilio Botín-Sanz de Sautuola y García de los Ríos, Marqués consorte de O'Shea, según rezan las historias de vida más conocidas, quien, previsor el hombre, tuvo la precaución de depositar los ahorros de toda una vida de trabajo y sacrificios en esos tenebrosos santuarios del delito que son los bancos suizos. Podríamos seguir enumerando contrastes de este tipo a lo largo de muchas páginas, pero sería ocioso. Con mayor o menor detalle todos saben de los tremendos contrastes que presenta el capitalismo en su crisis actual, cuando la opulencia y el acelerado enriquecimiento de los ricos conviven con el empobrecimiento de las grandes mayorías sociales.

Ante esta situación cabe preguntarse por el destino de estas orgullosas y arrogantes pseudo-democracias, violentamente desmitificadas y "desfetichizadas" al calor de la crisis. También sobre los Estados que desnudaron su verdadera esencia, convertidos, al decir del viejo Hegel, en “sociedades civiles disfrazadas de Estado”, es decir, en aparatos institucionales que en lugar de ser las esferas de la justicia y la ética universales descendieron al infierno del egoísmo universal y de la primacía de los intereses privados por encima del beneficio público. La deslegitimación de las pseudo-democracias del capitalismo avanzado es una muy buena noticia, porque se pone fin a una mentira que ni siquiera era piadosa sino infame, puesta al servicio del fortalecimiento de las oligarquías y de la opresión de los pueblos.

Dados estos antecedentes no está de más preguntarse sobre lo que realmente está ocurriendo en Europa, en el norte de África y en Medio Oriente: ¿son revueltas populares, llamadas a extinguirse con el paso de los días, o son algo más, revoluciones? Nunca es fácil decir cuándo comienza una revolución.

Lenin dijo una vez que eso ocurre cuando los de abajo no quieren y los de arriba no pueden seguir viviendo como antes. Lo que sí sabemos es que las revoluciones son procesos y no actos; procesos que tienen un comienzo que, en principio, no parece afectar a los fundamentos del orden social.

Protestas aisladas, revueltas contra el precio de los alimentos, contra los “excesos de malos gobernantes”, contra la desocupación o el súbito empeoramiento de las condiciones de vida, cuestiones todas que no cuestionan los cimientos de la sociedad. Se cuenta que María Antonieta, esposa de Luis XVI de Francia, anotó en su diario la noche del 14 de Julio de 1789: “nada de importancia, salvo un disturbio en una panadería frente a la Bastilla”. Y en la Rusia zarista, el sacerdote ortodoxo Georgi Gapón, que había organizado una asociación para evangelizar a los obreros, encabezó una manifestación pacífica, crucifijo en ristre, en San Petersburgo para entregar un petitorio al zar. La respuesta fue la feroz matanza que desencadenaría la revolución de 1905, preludio necesario de la de Octubre de 1917. Tal como lo hemos examinado con detalle en otra parte, la dialéctica de la historia: la lucha de clases y el enfrentamiento con el imperialismo, suele convertir protestas y demandas en principio asimilables por el sistema en fragorosos procesos revolucionarios.³

¿Será esto lo que está gestándose en estos días? Difícil decirlo, pero hay signos inequívocos de que los poderosos dispositivos desmovilizadores y conformistas del fetichismo de la mercancía y de la pseudo-democracia han dejado de funcionar. El capitalismo y la democracia liberal son una gigantesca estafa, y esa convicción se ha hecho dolorosamente carne en los pueblos de España, Grecia, Islandia, y comienza a diseminarse por otras regiones del mundo desarrollado, además del Norte de África y Medio Oriente. Esa certidumbre ya la teníamos en América Latina, pero ahora cobra nuevos bríos porque ya no se puede decir que las protestas de esta parte del mundo -la primera en rebelarse contra la tiranía del capital en su fase actual- eran producto de nuestro atraso o de la desmesurada codicia de nuestras clases dominantes; ahora es casi todo el mundo capitalista el que está en rebeldía porque allí también se está aplicando la venenosa medicina del FMI, el BM y el Banco Central Europeo. Es demasiado pronto para saber si estas protestas tendrán la virtud de desencadenar la revolución anticapitalista que la humanidad necesita imperiosamente para sobrevivir. Pero por lo menos sabemos que de ahora en más la historia será distinta: que los condenados de la tierra no quieren seguir viviendo como antes y que los ricos comienzan a percibir que no podrán seguir dominando como antes. Son condiciones necesarias -si bien no suficientes- para una revolución, lo cual no es poca cosa. Más temprano que tarde la historia dará a conocer su veredicto.

La columna de Raul Wiener

Tienen mi palabra

Cuentan que cuando los asesores brasileños de Ollanta Humala estudiaron los resultados de los focus group que habían contratado para investigar las fortalezas y debilidades de su candidatura, encontraron que el valor que más se mencionaba era la honestidad y la sinceridad del aspirante a la presidencia.

Por algún motivo, su condición de militar, su trayectoria, su perseverancia, la gente tendía a creer que lo que decía era cierto y que su actitud de lucha contra la corrupción era legítima.

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Por ello recomendaron la fórmula “honestidad para hacer la diferencia”, que el mismo Ollanta transformó en “tienen mi palabra” con la que rubricó sus declaraciones de segunda vuelta.

Es claro ahora que el desafío del nuevo presidente va a ir precisamente por el lado de que su mayor valor de campaña, es decir su credibilidad y ninguna concesión a la corrupción, no se deteriore.

Tendrá que recordar, para esto, la velocidad con la que Alejandro Toledo liquidó las enormes expectativas que había levantado cuando empezó a ser visto como un mentiroso y un apañador de muchas pequeñas corrupciones de tipos relacionados con el gobierno que vendían los accesos al poder y de infiltrados procedentes del viejo régimen y de antiguas corrupciones que se colaban en el gobierno.

Hasta hoy Ollanta no ha soltado prenda sobre el inicio del nuevo poder que deberá cambiar el país y las relaciones entre pobres y ricos, entre las provincias y la capital, entre el Perú y el mundo.

Pero todos sabemos que gran parte del futuro se estará jugando en que los primeros días de la nueva administración se empiece la ejecución de las principales reformas anunciadas (credibilidad), venciendo cualquier resistencia; y de que el nuevo equipo político en la dirección del país no cargue una mácula de duda sobre su pasado en la política y la gestión del Estado.

Hay un problema, por cierto, en el lado de los llamados aliados de la segunda vuelta y de la presión mediática, que quisieran tener capacidad de decisión en los puestos claves para poner candados adicionales a los existentes para detener el cambio. Esa es la discusión sobre el premier, el ministro de economía y el presidente del Banco Central de Reserva.

Pero hay otro problema en los técnicos de última hora, que siempre están en LA PRIMERA hora de los nuevos gobiernos, y que cargan con diversos pasivos de sus anteriores participaciones en el poder.

La idea de que el gobierno da una imagen de confianza porque cuenta con exministros, exviceministros y exaltos funcionarios de otros gobiernos, puede ser equívoca, sobre todo si queremos que la honestidad sea la diferencia.

Después de todo, a Ollanta Humala siempre le escuchamos decir que se había alzado contra un pasado de vergüenza y que estaba decidido a recurrir a las fuerzas nuevas del país, asumiendo los riesgos de tener que aprender, que son mucho menos peligrosos que los de dejar alguna pequeña ventana abierta a la corrupción.

Como muchísimos peruanos hemos tomado la palabra de la esperanza que encarna el nuevo presidente. Esto quiere decir que confiamos que el 28 de julio se instalará un gobierno honesto que iniciará el cambio profundo de la sociedad peruana.

Extrañas cifras de empleo

Las cifras de la situación laboral de Lima Metropolitana elaboradas por el INEI también suscitan sospecha entre los especialistas. Tal es el caso de Germán Alarco, investigador principal de Centrum Católica.

Alarco sostiene que entre el 2008 y octubre del 2010 la tasa máxima de crecimiento  anual en la  contratación de trabajadores en las empresas más grandes (más de 51 trabajadores) fue de 0,27% que se presentó en agosto del año pasado.

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Por ello, resulta “extraño” que si la tendencia de crecimiento en estas empresas gira  en torno a 0,5% o 1%, a partir del informe de noviembre del año pasado la cifra suba a una tasa de 5,6% anual. Más extraño si se tiene en cuenta que la variación porcentual del primer semestre del año pasado fue negativo.
Hay un resultado extraño
“Este resultado es extraño, ya que se acompaña de un mayor crecimiento en la contratación de trabajadores en el sector Servicios, en el que las unidades productivas promedio son de menor escala a los 51 trabajadores.  Al parecer, con este cambio inusual se trataría de demostrar que las medianas y grandes empresas también están contratando, pero en realidad es una trampa estadística”, afirmó.
Recordó que solo un poco más de la cuarta parte de la fuerza laboral en Lima es ocupada por empresas que contratan a más de 51 trabajadores. Además añadió que la dotación de capital o inversión por trabajador, el producto medio y las remuneraciones susceptibles de ser pagadas son menores en las mypes respecto a las empresas de mayor tamaño.
“El reducido crecimiento en los ingresos promedio por trabajador ocupado refleja que el actual patrón de crecimiento sigue generando pocos empleos de calidad”, dijo.
Claves
Defensa. La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de un comunicado, defendió las cifras del INEI, aduciendo que cuenta con el respaldo de organismos internacionales.
crítica. Sin embargo, las objeciones del ex jefe del INEI Farid Matuk se basan en que esta entidad no publica la “rutina de programación”, información a la cual nadie tiene acceso.

Congreso dejó pendientes sesenta acusaciones

Carga. Flojo trabajo de subgrupo parlamentario. Presidente García, ex ministros de Estado y magistrados fueron acusados de afectar la Constitución o cometer delitos penales.

La subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, encargada de calificar denuncias contra altos funcionarios del Estado, dejará pendiente al próximo Parlamento la resolución de 60 casos que incluyen al presidente Alan García,  ministros y magistrados.

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La alta carga se acumula por casos desde el 2006, y el Presidente mantiene dos acusaciones, la última de ellas por afectar la Constitución al emitir un decreto supremo para ejecutar el proyecto Majes Siguas II. La denuncia fue planteada por congresistas nacionalistas en diciembre del 2010.

Los casos de ex ministros son más graves: la acusación contra el ex titular del Interior Fernando Barrios Ipenza, por cobrar una indemnización irregular en Essalud, durmió durante siete meses.

A Barrios se le imputan los delitos de concusión, cobro indebido y enriquecimiento ilícito, pero el  subgrupo nunca se pronunció.

Varios apristas

Los ex jefes del gabinete ministerial Jorge del Castillo y Javier Velásquez Quesquén tienen acusaciones por la suscripción de un acuerdo con la Universidad de Yale y por omitir investigaciones en la venta de acciones de la azucarera Cartavio, respectivamente.

Por el mismo caso promovido por el Frente de Defensa de Cartavio están acusados el presidente del Congreso, César Zumaeta, y Luis Alva Castro. A los apristas se les acusa de abuso de autoridad, tráfico de influencias y otros delitos.

También Toledo y PPK

La emisión del DL 1097 para favorecer a efectivos procesados por delitos de lesa humanidad (después derogado) les costó una acusación a los ex ministros Rafael Rey, Octavio Salazar y Víctor García Toma y al legislador fujimorista Rolando Sousa. Está pendiente desde setiembre del 2010.

El ex presidente Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski fueron acusados en marzo pasado de cohecho impropio y colusión por recibir aportes de una empresa brasileña favorecida con licitaciones para la Carretera Interoceánica.

En el caso de magistrados, la ex Fiscal de la Nación Gladys Echaíz  tiene cuatro denuncias. El ex titular de la Corte Suprema Javier Villa Stein también fue acusado.

PRECISIÓN

control. La acusación constitucional es un mecanismo de control fijado en la Constitución de 1993. La Comisión Permanente puede acusar al Presidente, ministros, miembros del Tribunal Constitucional, congresistas, vocales supremos , Contralor y Defensor del Pueblo, por infracción a la Constitución y cualquier delito cometido durante su función y hasta cinco años después de terminada. El Pleno puede destituirlos o inhabilitarlos de la función hasta por 10 años.

“Responden a voluntad política”

De los 60 casos de denuncias pendientes, la gestión de Karina Beteta (su actual presidenta) recibió 30 desde agosto del 2010, y solo ha resuelto unas pocas, para declararlas inadmisibles y archivarlas. La última fue la acusación planteada contra Keiko Fujimori y la premier Rosario Fernández por el uso de la Diroes en la campaña reciente. Se archivó la semana pasada.

Beteta dijo que las ausencias bloquearon el trabajo  y acusó de la carga a presidentes anteriores. El subgrupo tiene 10 miembros, sin contar a Beteta. Nueve de ellos postularon a la reelección y Beteta lo hizo por el fujimorismo, sin éxito.

Según Edgar Reymundo, “la subcomisión respondió en los últimos años a voluntades políticas del Apra y el fujimorismo. Desde la última instalación sesionó unas cinco veces, cuando hay casos graves”.

Ejecutivo no acepta derogar DS 083

Trabas. Según aymaras, concesión dada por esa ley es ilegal. La proposición indica que las concesiones mineras en Chucuito serán sometidas a consulta, pero puneños aseguran que eso no soluciona el problema.

La propuesta del Ejecutivo de someter las concesiones mineras vigentes ubicadas en la provincia puneña de Chucuito a un proceso de consulta de acuerdo a lo dispuesto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en el decreto supremo 023-2011-EM, fue considerada por el dirigente Walter Aduviri Kalisaya como una falta de voluntad del gobierno para solucionar las demandas de la población del sur de Puno porque esta proposición es la misma que la comisión de alto nivel les llevó a Juliaca y  fue rechazada en esa oportunidad.

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“El Ejecutivo nos sigue presentando la misma propuesta que ya fue rechazada por las bases. La solución pasa por voluntad política y el presidente Alan García y la ministra Rosario Fernández tienen la última palabra”, manifestó el dirigente después de leer el documento que les presentó el ministro del Interior Miguel Hidalgo y los viceministros de Minas y de Agricultura Fernando Gala y Francisco Palomino, respectivamente.

Aduviri señaló que la demanda puneña no exige consulta ni estudios de impacto ambiental.

“La agenda es cese y cancelación de todas las concesiones mineras y petroleras en la región sur de Puno, y también la anulación del decreto supremo 083”, precisó tras manifestar que la intransigencia del gobierno responde a intereses económicos y que el mencionado decreto supremo fue emitido sin argumentos técnicos ni legales.

El dirigente refirió que no se retirarán de la mesa de diálogo, la que se reiniciará hoy a las diez de la mañana en la sede del Ministerio de Energía y Minas.

Pero indicó que la prolongación de las reuniones sin resultados positivos para los aymaras está acabando con la paciencia de la población en Desaguadero.

Puno no tiene alternativa legal

El viceministro de Minas Fernando Gala indicó que el Ejecutivo ha solicitado a los dirigentes que presenten una alternativa legal al tema de la anulación de las concesiones pero que no la tienen.

“Nosotros les hemos dicho que si tienen una alternativa legal viable en el marco de la ley que nos la alcancen, pero no lo han hecho”, expresó.

En tanto el ministro del Interior Miguel Hidalgo explicó que la cancelación de una concesión minera no está establecida en la ley de minería y que se requerirá un trabajo en el Congreso para tal fin.

“Y respecto a la derogatoria del decreto supremo 083, hay un proyecto de ley en el Congreso que daría solución a la demanda de la población aymara aunque ésta será en el largo plazo”, aclaró el ministro Miguel Hidalgo.

“El DS 083 es totalmente ilegal”

El congresista por Puno Yonhy Lescano Ancieta informó que el decreto supremo 083, que faculta la concesión a la minera Santa Ana, fue emitido ilegalmente.

”Este decreto supremo no tiene sustento, solo existe el acta de un alcalde de Huacullani que en el año 2004 pidió actividad minera en la zona y eso no es suficiente sustento porque se tiene que probar que haya utilidad pública y haya beneficio para la comunidad”, dijo.

Indicó que este era un asunto muy delicado porque se trataba de autorizar a una minera extranjera para que opere en la zona de frontera.

”La falta de sustento de esta norma significa que se ha omitido funciones  y se ha incurrido en irresponsabilidad que debe sancionarse”, anotó.

Proponen revisión de todas las concesiones mineras

El dirigente del Frente de Organizaciones Populares de la provincia de Melgar, Efraín Condori, propuso en Lima a los funcionarios del gobierno la formación de un Comité Multisectorial para la revisión de todas las concesiones mineras “para evaluar si hay irregularidades en los lugares que se han concesionado ya que son áreas reservadas”.

Dijo que su demanda principal es la cancelación de las concesiones a las empresas mineras Arasi SAC, Ciemsa, Águilas, Huaccoto, Orurillo y Resurrección de Ñuñoa, debido a que estarían contaminando la cuenca ganadera de LlalLimayo donde ellos viven de la producción lechera y donde están los mejores ovinos y alpacas que estarían en peligro de morir. De igual manera piden la derogatoria del Decreto Supremo Nº 067-2007-EM que otorga concesión del lote petrolero 141.

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Indicó que las pruebas presentadas son “los peces que han muerto, hemos traído muestras de agua contaminada con plomo por 200 a 300 veces más alta de lo recomendado por la Organización mundial de la salud”.

Conflicto en AzángaroLos pobladores de la provincia de Azángaro ingresan al quinto día de huelga indefinida contra las concesiones mineras y petroleras y por la descontaminación del río Ramis. Solicitan la nulidad de las contrataciones de los Lotes 155 y 156 que se dio a Pluspetrol E&P S porque contaminaría el Lago Titicaca y afectarían sus actividades agropecuarias.

Los manifestantes bloquearon con piedras la vía de salida a Juliaca. El puente Azángaro también fue bloqueado impidiendo el tránsito vehicular de Juliaca hacia la selva puneña, por la carretera Interoceánica.

Piden indagar privilegios de Fujimori

Peruanos en Europa. Aseguran que campaña política y mediática es orquestada por el gobierno de Alan García.

El comité de peruanos en Europa emitió un comunicado en el que piden la formación de una comisión investigadora sobre la enfermedad del ex mandatario Alberto Fujimori, hoy preso en la Diroes.

Según sostienen, Fujimori cuenta con varios privilegios que no gozan otros sentenciados.

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“El aprovechamiento de una enfermedad para apurar un indulto a Fujimori por razones humanitarias es toda una farsa y sorprende a los peruanos en el exterior que se engañe hasta al propio presidente electo”, manifiestan.

En ese sentido, aseguran que un indulto humanitario demostraría que en el Perú el poder económico y político vulnera su propio orden jurídico, pues según el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos  los condenados por violación de derechos humanos, como es el caso de Fujimori,  no pueden beneficiarse del indulto, y menos aún los condenados como este.

“Ni siquiera merece ser atendida en el Neoplásicas, donde se trata a pacientes con cáncer”, afirman.

Los retos de Ollanta para cumplir con trabajadores

Restitución de derechos laborales y aprobación de Ley General del Trabajo son tareas pendientes, señala secretario general de la CGTP, Mario Huamán. García ha despedido a más de cinco mil trabajadores, recuerda.

La restitución de los derechos laborales conculcados por la dictadura neoliberal Fujimorista, junto a la aprobación, y consiguiente plena aplicación, de la Ley General del Trabajo, serán los principales retos de la administración de Ollanta Humala, afirmó en entrevista exclusiva con LA PRIMERA, el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Mario Huamán.

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-¿Cuáles son las expectativas de las organizaciones de trabajadores en relación al programa que desarrollará el nuevo gobierno de Gana Perú en el ámbito laboral?-Las expectativas de todos los que hemos votado por el cambio están ahí, latentes. Los trabajadores esperan que se hagan realidad los compromisos asumidos, en materia laboral, por el presidente electo Ollanta Humala. Él nos señaló, este sábado, que va a cumplir sus compromisos. Si eso lo lleva a la práctica, con hechos concretos, va a tener un gobierno con mucha credibilidad.

-En ese contexto, ¿la restitución de los derechos laborales se constituirá en el principal factor de cumplimiento por la administración de Ollanta? -La restitución de los derechos laborales anulados por la autocracia de Alberto Fujimori constituye uno de los principales compromisos que deberá cumplir el gobierno de Gana Perú. Y el principal de todos ellos, es el de la estabilidad laboral.

-Pero este último punto será materia de polémica con el sector empresarial, que se opondrá…-Sobre la estabilidad laboral, le doy una cifra bien concreta: Cuando el señor Fujimori llegó al gobierno, en 1990, el 80% de los servidores gozaba de este derecho, conocido como contrato a plazo indeterminado, lo que significaba que el trabajador no podía ser despedido por cualquier motivo; mientras que el 20% restante estaba bajo el régimen de contrato temporal. Pero la situación se invirtió, exactamente, a la caída de Fujimori, en el 2000, con el 80% de servidores adscritos a contratos temporales; mientras que únicamente el 20% mantenía el régimen de contratos a plazo indefinido.

-Sin embargo, los detractores de la estabilidad laboral aducen que si ésta se vuelve a aplicar se afectará gravemente la “competitividad”…-El gran reto de nuestro país es tener trabajo decente con derechos. Y ello implica el respeto a la jornada de ocho horas, la jubilación correspondiente, las prestaciones de salud y la estabilidad. Todos estos derechos son preconizados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

-En todo caso, ¿queda descartado que con la estabilidad se afecte la “competitividad laboral”?-No afecta nada, absolutamente. Lo que pasa es que son los empresarios rentistas que buscan llenarse los bolsillos, los únicos que pretenden ampararse en esta falacia. En el Perú hay que generar empleo decente y con derechos, mientras que el tema de la competitividad tiene que abordarse por la capacitación y tecnificación del trabajador, no por la conculcación de sus derechos.

-En suma, ¿confía usted en que el gobierno de Ollanta reivindique a la clase trabajadora con la restitución de todos sus derechos?-Así es. Y le ratifico la necesidad de que se restituyan los derechos laborales y que se generen empleos decentes. Y, en una segunda parte, hay que respetar los derechos universales y fundamentales, consignados en la Constitución y preconizados por la OIT, como son la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga, los cuales, no obstante, no se respetan, ni se han respetado en el régimen de Alan García. Asimismo, creemos que el aumento del salario mínimo debe ser el primer gesto político del presidente Ollanta, ya que los sueldos de los servidores peruanos son los más bajos de América Latina.

-¿Quiere decir entonces que el gobierno de Alan García podría ser tachado de antilaboral?-Este gobierno de Alan García, cuando los trabajadores se están organizando en sindicatos o afiliándose a estos, ha despedido, durante su quinquenio que ya termina, a más de cinco mil trabajadores. Por lo que pedimos al nuevo gobierno respeto a los derechos de los trabajadores.

-¿Ustedes han expresado la necesidad que el nuevo Parlamento apruebe prontamente la Ley Generl de Trabajo? -Efectivamente. Se ha debatido durante ocho largos años esta norma y se ha llegado a un consenso del 94% por ciento de esta importante Ley, en el Consejo Nacional del Trabajo. Queremos que este dispositivo se apruebe en su totalidad, con ese 6 por ciento restante, que incluyen las partes más controversiales, como son la negociación colectiva, la libertad sindical, la estabilidad laboral, entre otras. Su aprobación debe ser parte del desarrollo de plan de los cien días de gobierno de Gana Perú.

Cristo de García es cortina de humo para tapar corrupción

Advierte Javier Diez Canseco. Dice que nuevo Congreso tendrá que investigar el programa “Agua para todos”, los contratos de Essalud, las concesiones de los puertos de Paita y el Callao, el proyecto agrario Olmos, el “shock” de inversiones y el caso de la minera Doe Run.

El congresista electo de Gana Perú Javier Diez Canseco calificó la instalación del “Cristo del Pacífico” en el Morro Solar como una cortina de humo del presidente Alan García, para distraer la atención sobre otros casos de corrupción graves cometidos durante el gobierno aprista y que ameritan ser investigados de una manera eficaz por el Congreso.

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“La discusión surgida por la instalación del Cristo del Pacífico es una cortina de humo. Es un tema que no tiene ninguna significación importante frente a los actos de corrupción que todavía no se han investigado durante el actual gobierno”, declaró a LA PRIMERA.

Diez Canseco también desestimó que la empresa Odebrecht haya hecho la donación del Cristo del Pacífico, para salir favorecida en la licitación para la construcción del Tramo 2 del Tren Eléctrico, que irá desde la avenida Grau hasta el distrito de San Juan de Lurigancho.

“Yo no creo que una empresa que quiere ser favorecida va a manejar una donación para salir favorecida en una licitación, porque puede adoptar una forma más directa para lograrlo, como beneficiar a la persona encargada de aprobar el proyecto”, argumentó.

Diez Canseco añadió que cuando se instale el nuevo Congreso propondrá una comisión que investigue los actos ilícitos cometidos durante el gobierno de Alan García y descartó que se trate de una venganza política de tipo personal.

“Yo no voy a proponer una investigación contra Alan García, sino contra los actos de corrupción cometidos durante su gobierno, lo cual es distinto”, aclaró.

LABOR FISCALIZADORASubrayó que el nuevo el Congreso deberá recuperar su labor fiscalizadora y hacer cambios legales para permitir una lucha frontal contra la corrupción, pero reiteró que no habrá una persecución política contra el saliente mandatario Alan García y sus funcionarios.

“No existe un afán de persecución contra los miembros del actual gobierno, pero es necesario esclarecer los hechos y sancionar a los responsables por los malos manejos en que hayan incurrido pues durante este régimen ha habido un manto de impunidad”, precisó.

El electo congresista aclaró que el Congreso también tendrá que investigar proyectos de inversión que todavía no han sido investigados por el Poder Judicial como el programa “Agua para todos”, contratos de Essalud, las concesiones de los puertos de Paita y el Callao, el proyecto agrario Olmos, el “shock” de inversiones y el caso de la minera Doe Run.

“Yo no puedo adelantar y enumerar todos los casos de corrupción cometidos por este gobierno, porque recién estamos empezando a ver todo lo actuado durante el gobierno saliente. Tendremos que pedir más información para investigar y detectar de manera más precisa todas las irregularidades que puedan haberse cometido”, explicó.

El congresista electo también criticó la ineficiencia de los organismos anticorrupción creados por el gobierno de Alan García como la Oficina Nacional Contra la Corrupción y la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.

“La Oficina Nacional Contra la Corrupción solo duró un año y no investigó nada. Lo mismo pasó con la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, las cuales no tuvieron resultados muy importantes”, sostuvo.

Al respecto, criticó que durante el gobierno aprista los planes anticorrupción aplicados por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción no tuvieron un buen andamiaje legal y fueron muy precarias, “muy pobres, en tanto no se acató la demanda ciudadana de combatir efectivamente a esta lacra”.

“Una próxima comisión investigadora va a tener que investigar la relación que existe entre los decretos supremos dados durante el gobierno de Alan García y los intereses de los grupos económicos, para realizar varios proyectos. También se van a tener que investigar las adquisiciones en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Defensa y en otras áreas”, indicó.

Diez Canseco criticó además la controvertida ley 29703, que beneficiaría a funcionarios corruptos cuyas acciones “no hayan perjudicado al Estado económicamente”. “Se van a requerir cambios legales para declarar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y la pérdida de derechos civiles de los responsables para que no puedan ocupar cargos públicos”, refirió.

“Va a ser necesario modificar la ‘ley Sousa’ que actualmente impide la acción de la Justicia por delitos de colusión de funcionarios públicos con elementos privados en arreglos bajo la mesa, y que además favorece a varios procesados”, dijo.

Agregó que es necesaria la conformación de una comisión técnica en la Comisión de Presupuesto del Congreso para detectar en el día a día el manejo de los dineros públicos, “con el fin de evitar corruptelas pues en todas partes se cuecen habas y se debe tener una actitud de permanente vigilancia”.

Un tren con muy mal olor
La empresa Andrade Gutiérrez, que participó sin éxito en la licitación para obtener la buena pro para el Tramo 2 del Tren Eléctrico de Lima, realizó un cuestionamiento técnico del proyecto aprobado por la empresa brasileña Odebrecht. “Llama seriamente la atención que el Comité no haya advertido que el Consorcio Tren Eléctrico considere valores de demanda hasta el año 2025, cuando la exigencia suponía considerar hasta el año 2041”, informó mediante un comunicado.

“También se observa que las estaciones de pasajeros propuestas comprometen gravemente las secciones viales establecidas en la ordenanza municipal N° 1101, puesto que la obra invade la calzada de las vías existentes, reduciendo el número de carriles disponibles para el tránsito vehicular”, precisa.

Otras fuentes cercanas al gobierno anotaron que el donativo del Cristo del Pacífico sería solo una parte, a cuenta de lo entregado por la empresa vinculada a García para ganar la licitación, objetada por diversas irregularidades.

Entrampadas negociaciones entre aimaras y el gobierno

Los dirigentes aimaras de Puno Walter Aduviri y Efraín Cornejo dijeron que las negociaciones que desarrollan por separado con funcionarios del gobierno están entrampadas y ratificaron sus demandas de la cancelación de las concesiones mineras y petroleras en las provincias del sur de Puno y la provincia de Melgar para evitar la contaminación de sus ríos, la devastación de sus campos de cultivo y la extinción de su ganado.

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El presidente del Frente de Defensa de la Zona Sur de Puno, Walter Aduviri dijo que sus dos demandas siguen en pie y exigió que el Congreso muestre el expediente técnico que sustentó el Decreto Supremo 083 que otorgó la concesión minera a la empresa canadiense Mining Company. “Hasta hoy el gobierno solo ha mostrado un acta firmada por 15 personas y unos planos para sustentar el proyecto Santa Ana”, acotó.

Señaló que las reuniones continuarán hoy a las 10 de la mañana. “El Congreso debe pronunciarse pues se han entregado concesiones y no sabemos en qué condiciones se ha hecho esto. Estamos pidiendo los argumentos técnicos y legales, además del expediente que sustentaron el decreto supremo 083. Hay que revisar todo esto. ¿Por qué no quieren derogar este decreto?, ellos deben tener un expediente y deben hacerlo publico”, enfatizó.

Ratificó que existe un estudio de impacto ambiental que mandó a realizar la empresa canadiense Bear Creek Mining Company elaborado en diciembre del 2010, que confirma que la operación minera agravaría la contaminación en la zona sur de Puno.

“Su mismo estudio ratifica que va a traer una evidente contaminación y por eso queremos la cancelación de todas las concesiones mineras y petroleras que contaminan nuestro recurso hídrico y que agravarían esto en toda la cuenca del Titicaca”, apuntó.

El reelecto congresista de Acción Popular, Yonhy Lescano, insinuó que el gobierno pretende dejarle el problema al presidente electo Ollanta Humala, pues no cancelaría las concesiones mineras en Puno y solo daría una propuesta de consulta a los comuneros aimaras.

“La propuesta del gobierno es una norma para darle un grado de participación y consulta a los comuneros, pero no es una participación definitiva o importante”, anotó.

ContrapropuestaPor su parte, el viceministro de Minas, Fernando Gala, refirió que las dos demandas de los comuneros aimaras son “inviables” y dijo que el gobierno les ha dado una contrapropuesta de someter a consulta previa el proyecto Santa Ana.

“Ambos pedidos en ese extremo son legalmente inviables por la Constitución y las leyes. Estamos planteando dos contrapropuestas para solucionar estos problemas. Tenemos una herramienta importante que es la ley de consulta, la concesión en el sur de Puno del proyecto Santa Ana tiene que ser sometida a consulta por la población para que digan si habrá o no habrá proyecto”, subrayó.

Otro aprista habla de indultar a Fujimori

César Zumaeta dice que Alan García u Ollanta Humala deben evaluar la medida, en caso extremo, pese a que según una encuesta la gran mayoría de los peruanos considera que debe seguir preso.

El presidente del Congreso, César Zumaeta, sostuvo ayer que el presidente Alan García o su sucesor Ollanta Humala deberán evaluar un indulto a Alberto Fujimori por razones humanitarias, si su salud empeora o se vuelve un caso extremo, pese a que un informe médico señala que el Cáncer del preso no es terminal.

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“Todo mundo habla de un indulto humanitario, el propio Ollanta Humala y los miembros del nacionalismo han hablado de eso; yo creo que en su momento si se da un caso extremo en la salud de Fujimori, de hecho el país entero va a respaldar un indulto a Fujimori, sea este gobierno o sea el que viene”, insistió.

En esas circunstancias, dijo, le correspondería al gobierno del presidente García o al próximo gobierno indultarlo. “Eso es cuestión de semanas o de meses, de eso no se va a correr ni el gobierno del presidente García ni el gobierno de Ollanta Humala”, anotó, tras una encuesta de Ipsos Apoyo según la cual la gran mayoría de los peruanos opina que Fujimori debe seguir preso y solo 28 por ciento plantea indultarlo.

Sobre Cipriani e indultoEl exministro de Justicia Víctor García Toma sostuvo ayer que el pedido del cardenal Juan Luis Cipriani para que el presidente Alan García y el mandatario electo Ollanta Humala adopten una decisión conjunta para indultar a Fujimori no puede ser tomada en cuenta porque el beneficio tendría consideraciones políticas inadmisibles desde el punto de vista del derecho.

“No es para tomar en cuenta esa propuesta, desde el derecho. Esa propuesta tiene una lógica política y ese es un indulto político, en el que se evalúa esto de vamos a reconciliar el país, vamos a deponer rencores. Hay un tema para mí de impunidad que no debería soslayarse, pero esa no es la lógica”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Allí el tema es que hay determinadas limitaciones para ejercer el derecho de gracia. Por ejemplo, la ley impide el indulto para los secuestradores, narcotraficantes y los que cometen delitos de lesa humanidad. Creo que el tema no pasa por una evaluación política”, agregó.

“Hay dos tipos de indulto: el indulto político, que está descartado y que además moralmente sería inadmisible, sería de alguna manera prohijar la impunidad. Y el indulto humanitario, que tiene algunos presupuestos: que el interesado lo solicite, que haya informes médicos para que el Inpe recaude los informes pertinentes para el Presidente de la República”, explicó.

“Ese informe de Neoplásicas aún no tiene el carácter oficial porque el que elabora el expediente es el Inpe; seguramente por tratarse de un tema neoplásico volverá a solicitar la información, pero lo que habría que pedirle al Inpe es el mayor rigor, la mayor seriedad en la elaboración del expediente”, anotó.

Cipriani instó el domingo a García y Humala a “tener el coraje espiritual de atreverse a afrontar este tema y que estos dos hombres asuman solidariamente una responsabilidad de indultar a Fujimori”.