El ex presidente colombiano, Álvaro Uribe, deberá presentarse el 22 de noviembre ante una corte de Washington, para que testifique sobre el caso de la compañía estadounidense Drummond, empresa que es investigada por un presunto acuerdo de financiamiento con paramilitares que concretó en el país suramericano.
La citación fue lanzada a Uribe por la estudiante de derecho, Charity Ryerson, durante una de las clases que imparte el político en la Universidad de Georgetown.
Este tipo de notificaciones, al tener contacto físico con el citado, lo obligan a hacer presencia en una corte federal de Estados Unidos, de acuerdo con la legislación de esa nación.
El ex presidente Álvaro Uribe ahora tiene la obligación de presentarse en las oficinas de Washington de la firma Conrad & Shcerer, que lidera el caso contra la Drummond en una corte de Birghmington, Alabama (sureste).
La denuncia contra la compañía fue realizada por Claudia Balcero Giraldo, una víctima del paramilitarismo colombiano, en la corte del distrito de Columbia en Washington.
El abogado de la víctima, Terry Collingsworth, señaló en un comunicado de prensa que "el presidente Uribe tiene conocimiento directo de varios temas clave en este caso".
Collingsworth agregó que Uribe tiene "conocimiento de la cantidad de cooperación directa entre las Fuerzas Militares y las (paramilitares) Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), particularmente en las áreas de la provincia del César (noreste) donde operaba la Drummond".
En 2009 unos 500 familiares de personas que fueron asesinadas por paramilitares, demandaron a la empresa estadounidense Drummond Company Inc. por "apoyar crímenes de guerra", según señaló en el texto Collingsworth.
Los demandantes del caso descubrieron evidencias de un presunto acuerdo que hizo la Drummond con las AUC en 1999 "para garantizarles apoyo económico", según el abogado.
El comunicado del jurista también señala que durante el gobierno de Uribe, "desaparecieron muchas evidencias de la relación Drummond - AUC".
En los períodos en los que se mantuvo en la presidencia de Colombia Uribe, (2002- 2006 / 2006 - 2010) surgieron múltiples denuncias de vínculos de funcionarios de su Gobierno con las supuestamente desmovilizadas AUC.
Magistrados colombianos de la Fiscalía que participan en las investigaciones por el caso denominado parapolítica, han sido víctimas de espionaje ilegal, acción también conocida en ese país como "chuzadas".
Los máximos jefes de las AUC pactaron con el Gobierno del presidente Uribe en el 2005, la desmovilización de 31 mil combatientes a cambio de beneficios legales.
Uribe, para el citado pacto, impulsó un reglamento conocido como "Ley de justicia y paz (Ley 975)", que posteriormente fue aprobada por el Congreso y entró en vigencia el 25 de julio de 2005.
Desde de la aprobación del instrumento legal, éste ha sido condenado y criticado por sectores sociales, pues impone penas de 5 a 8 años hacia paramilitares que ejecutaron masacres y secuestros, castigo que consideran insuficiente.
La citación fue lanzada a Uribe por la estudiante de derecho, Charity Ryerson, durante una de las clases que imparte el político en la Universidad de Georgetown.
Este tipo de notificaciones, al tener contacto físico con el citado, lo obligan a hacer presencia en una corte federal de Estados Unidos, de acuerdo con la legislación de esa nación.
El ex presidente Álvaro Uribe ahora tiene la obligación de presentarse en las oficinas de Washington de la firma Conrad & Shcerer, que lidera el caso contra la Drummond en una corte de Birghmington, Alabama (sureste).
La denuncia contra la compañía fue realizada por Claudia Balcero Giraldo, una víctima del paramilitarismo colombiano, en la corte del distrito de Columbia en Washington.
El abogado de la víctima, Terry Collingsworth, señaló en un comunicado de prensa que "el presidente Uribe tiene conocimiento directo de varios temas clave en este caso".
Collingsworth agregó que Uribe tiene "conocimiento de la cantidad de cooperación directa entre las Fuerzas Militares y las (paramilitares) Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), particularmente en las áreas de la provincia del César (noreste) donde operaba la Drummond".
En 2009 unos 500 familiares de personas que fueron asesinadas por paramilitares, demandaron a la empresa estadounidense Drummond Company Inc. por "apoyar crímenes de guerra", según señaló en el texto Collingsworth.
Los demandantes del caso descubrieron evidencias de un presunto acuerdo que hizo la Drummond con las AUC en 1999 "para garantizarles apoyo económico", según el abogado.
El comunicado del jurista también señala que durante el gobierno de Uribe, "desaparecieron muchas evidencias de la relación Drummond - AUC".
En los períodos en los que se mantuvo en la presidencia de Colombia Uribe, (2002- 2006 / 2006 - 2010) surgieron múltiples denuncias de vínculos de funcionarios de su Gobierno con las supuestamente desmovilizadas AUC.
Magistrados colombianos de la Fiscalía que participan en las investigaciones por el caso denominado parapolítica, han sido víctimas de espionaje ilegal, acción también conocida en ese país como "chuzadas".
Los máximos jefes de las AUC pactaron con el Gobierno del presidente Uribe en el 2005, la desmovilización de 31 mil combatientes a cambio de beneficios legales.
Uribe, para el citado pacto, impulsó un reglamento conocido como "Ley de justicia y paz (Ley 975)", que posteriormente fue aprobada por el Congreso y entró en vigencia el 25 de julio de 2005.
Desde de la aprobación del instrumento legal, éste ha sido condenado y criticado por sectores sociales, pues impone penas de 5 a 8 años hacia paramilitares que ejecutaron masacres y secuestros, castigo que consideran insuficiente.
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