Por Luis Suárez Salazar*
Introducción:
Ya es un lugar bastante común en las reflexiones y denuncias de los principales representantes de “la nueva” y “la vieja” izquierda política, social e intelectual de la en que en 1953 el joven Ernesto Guevara de la Serna denominó “nuestra Mayúscula América” el reconocimiento de que –a partir del golpe de Estado que se produjo en Honduras en junio del 2009 y coincidiendo con el bicentenario del inicio de las multiformes y descentralizadas luchas de los pueblos y las naciones de ese continente contra los colonialismos europeos (España, Francia y Portugal)- el gobierno permanente y el actual gobierno temporal estadounidenses –presidido por el demócrata-liberal Barack Obama- han emprendido una renovada y multifacética contra ofensiva dirigida a “restaurar” su debilitado, pero todavía poderoso sistema de dominación –hegemonía acorazada con la coacción y la fuerza- sobre el denominado “sur político del hemisferio occidental”.
Como he señalado en otras ocasiones (Suárez, 2007 y 2010), sin negar las contradicciones que lo afectan, ese multifacético sistema de dominación (político, diplomático, económico, militar e ideológico-cultural) continúa sustentado en las alianzas asimétricas elaboradas por los grupos de poder, los poderes fácticos y los gobiernos temporales de la suavemente llamada “potencia hegemónica en el hemisferio occidental” con sus contrapartes de Canadá y de la mayor parte de los Estados independientes o semiindependientes de América Latina y el Caribe. A pesar de su desgaste, expresión y, a la vez, complemento de esas alianzas siguen siendo las diversas instituciones político-militares que componen el Sistema Interamericano –la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Junta Interamericana de Defensa (JID), fundadas en 1948 y 1942, respectivamente- e, interactuando con ellas, los diversos foros oficiales panamericanos que –con la exclusión de Cuba- han venido funcionando a partir de las sucesivas Cumbres de las Américas –ordinarias y extraordinarias- realizadas desde 1994.
Sin embargo y a pesar de su importancia para el porvenir de las multiformes luchas por la emancipación nacional y social que en la actualidad se desarrollan en buena parte de los Estados y en algunos territorios colonizados (cuál es el caso de Puerto Rico) ubicados al sur del río Bravo y de la península de Florida, en los trabajos y denuncias difundidas no abundan los enfoques que, con una visión continental, sinteticen los principales objetivos que se plantea lograr la antes mencionada contraofensiva plutocrática-imperialista en el futuro más o menos inmediato. A contribuir a resolver esa carencia va dirigido el presente artículo. Por consiguiente, en él se presentarán algunas anticipaciones (seguramente incompletas) de las acciones contra los pueblos y las naciones de América Latina y el Caribe (o, si se prefiere, del “continente del Abya Yala”) que, en los próximos dos años y contando con el apoyo de los sectores más reaccionarios de los partidos Demócrata y Republicano, emprenderá la antes mencionada administración estadounidense en consuno con sus principales aliados hemisféricos o extra hemisféricos.
Las “estrategias inteligentes” de Barack Obama contra “nuestra Mayúscula América”: algunas anticipaciones.
Como recientemente indiqué en un ensayo aún inédito (Suárez, 2011), dándole continuidad a muchas de las acciones desplegadas por las dos administración neoconservadoras encabezadas por el presidente republicano George W. Bush (2001-2009), así como asumiendo algunas de la recomendaciones de la bipartidista Comisión para un Potencia Inteligente auspiciada por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Estados Unidos (Nye, 2008), en los primeros dos años de su primer y, tal vez, único mandato, el gobierno temporal de Barack Obama emprendió diversas “estrategias inteligentes” dirigidas a “renovar” y a prolongar durante el presente siglo el eufemísticamente denominado “liderazgo” estadounidense en el hemisferio occidental (Obama, 2008 y 2008a).
Contando con el apoyo de los gobiernos derechistas o “socialdemócratas” instalados en Canadá, México, Honduras (a partir de junio del 2009), Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú y Chile, al igual que en diferentes Estados del Caribe insular y continental, esas estrategias estuvieron dirigidas a “contener”, neutralizar y, donde le fue posible, derrotar (roll back) a los gobiernos reformistas, reformadores o revolucionarios, según el caso, instalados en diversos países de América Latina y el Caribe. Asimismo, a lentificar los diversos procesos de concertación política, cooperación e integración económica que –al margen de la voluntad del gobierno estadounidense- se habían venido reformando, dinamizando o fundando en los años más recientes. En primer lugar, a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio entre los Pueblos (ALBA-TCP), actualmente integrada por los gobiernos y algunos movimientos socio-políticos de Antigua y Barbuda (AB), Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, la República Bolivariana de Venezuela (RBV) y San Vicente y las Granadinas (SVG).
Componentes de esas “estrategias inteligentes” fueron, entre otras, las reiteradas convocatorias realizadas por la administración de Barack Obama al establecimientos de nuevas alianzas interamericanas –presuntamente despojadas de “las confrontaciones ideológicas del pasado”- en temas tan sensibles como “la seguridad pública” y “la agenda verde” (Obama, 2009); el despliegue de interacciones diferenciadas con los gobiernos genéricamente denominados “de izquierda”; el cada vez menos sibilino apoyo político, mediático y financiero que le han venido ofreciendo diversas agencias del aparato estatal y político estadounidense a las “organizaciones de la sociedad civil” opuestas a esos gobiernos y en particular a los indistintamente calificados como “anti-democráticos”, “populistas radicales”, “anti-estadounidenses” o “patrocinadores del terrorismo” (Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela) y la contigua suscripción de una nueva generación de acuerdos de defensa y seguridad con la absoluta mayoría de los actuales gobiernos caribeños, al igual que con mesoamericanos y suramericanos ubicados en el “eje del Pacífico”. En la visión geopolítica y geoeconómica estadounidense éste se extiende desde México hasta Chile.
A lo dicho hay que agregar la ampliación del poderoso dispositivo militar y policiaco instalado por las fuerzas armadas y los órganos de seguridad y del “cumplimiento de la Ley” estadounidenses en la llamada Cuenca del Caribe, en la “región andino-amazónica” y, en menor medida, en la Cuenca del río de la Plata; la continuidad de las Cumbre del Ministros de Defensa y de Seguridad Pública de las Américas; las sistemáticas reuniones de Jefes de Ejército, Marina y Aviación coordinadas por la JID, al igual que las diversas maniobras militares interamericanas (como las llamadas UNITA y PANAMAX) convocadas por el Pentágono al amparo del mal llamado Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR). Asimismo, el apoyo al ya mencionado golpe de Estado que se produjo en Honduras y las gestiones desplegadas por el Departamento de Estado norteamericano para que la OEA reconozca al espurio gobierno presidido por Porfirio Lobo.
Igualmente, la ocupación militar de Haití inmediatamente después del sismo del 12 de enero del 2010, el reiterado apoyo estadounidense a las labores de la Misión de la Naciones Unidos para la Estabilización de ese país (MINUSTAH) y a las acciones desarrolladas por las fuerzas policiacas-militares que la integran, así como por la burocracia de la OEA con vistas a garantizar la instalación en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de un gobierno totalmente favorable a los intereses geopolíticos y geoeconómicos estadounidenses. En ese empeño, la administración de Barack Obama ha contado con el apoyo de los gobiernos permanentes y temporales de Canadá, Francia y República Dominicana.
A pesar del alto costo político que tuvieron y todavía tienen algunas de esas acciones para la credibilidad de los pregones acerca de “una nueva era de las relaciones interamericanas” y de “un nuevo comienzo” de sus relaciones con Cuba difundidos por Barack Obama en la Quinta Cumbre de las Américas realizada en Trinidad y Tobago en abril del 2009 (Obama, 2009), los propósitos referidos en el segundo párrafo de este acápite se mantendrán en los próximos dos años. Con tal fin la actual administración, al igual que otras agencias de aparato político estadounidense controladas por los sectores más reaccionarios de los partidos Demócrata y Republicano, continuarán desplegando diversas acciones dirigidas a “socavar el apoyo popular” al gobierno presidido desde el 2008 por Raúl Castro (Morales, 2009 y 2011); confiando en que, en el mediano plazo, los efectos del extraterritorial bloqueo económico, comercial y financiero establecido contra Cuba, las serias dificultades que afectarán a su socio-economía y la “transición generacional” que se está produciendo en su sociedad y su sistema político, crearán las condiciones para “el cambio del régimen” instaurado en ese país desde el primero de enero de 1959.
De manera convergente, el gobierno temporal de Barack Obama priorizará sus multiformes acciones dirigidas a lograr la derrota del actual presidente venezolano Hugo Chávez en los comicios presidenciales que se efectuarán a fines del 2012. Para el cumplimiento de ese propósito el poderoso aparato estatal estadounidense continuará respaldando “diplomática”, mediática y financieramente, así como impulsando “la unidad” de todas las fuerzas sociales, políticas, ideológico-culturales y militares opuestas a la Revolución Bolivariana. Apoyados en los diputados con que éstas cuentan en la unicameral Asamblea Nacional (Lander, 2011), así como en su abrumador control sobre los medios privados de desinformación masiva (Weisbrot y Ruttenberg, 2011), esas fuerzas continuarán trabajando para cooptar a los dirigentes, los diputados y las bases del Partido Patria para Todos (PPT), al igual que para utilizar las diversas debilidades que lo afectan con vistas a dividir al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Con ello –y con la definición de un candidato único de “la oposición” para los comicios presidenciales del 2012- esperan entorpecer “la gobernabilidad democrática” de ese país, al igual que seguir debilitando el apoyo popular a las transformaciones internas, así como a la activa política internacional y hemisférica desplegada por el gobierno bolivariano.
Funcional a esos propósitos seguirá siendo la magnificación de todos los errores cometidos o que el futuro cometa ese gobierno y el sostenimiento del “cerco militar” actualmente instalado contra la RBV. También el apoyo “diplomático”, económico y mediático a las fuerzas sociales, políticas, militares e ideológico-culturales (incluidas algunas que gozan de influencia en ciertos sectores populares) opuestas a la “revolución democrática y cultural” que se despliega en Bolivia, al igual que a “la revolución ciudadana” que se desarrolla en Ecuador. En ambos casos y aprovechando las debilidades que tienen ambos gobiernos y las fuerzas políticas que los respaldan, esas acciones del poderoso aparato estatal estadounidense irán dirigidas a desestabilizar y, si le fuera posible, derrocar a los gobiernos presididos por Evo Morales y Rafael Correa, respectivamente. Y, en caso que no puedan lograrlo, a impedir sus correspondientes reelecciones en los comicios presidenciales que se realizarán en esos países en el 2013 y 2014.
Paralelamente, y con el apoyo de los actuales gobiernos “socialdemócratas” de Costa Rica y Guatemala, así como de “la derecha” mesoamericana (Honduras, México y Panamá), los poderes fácticos y el actual gobierno temporal estadounidense emprenderán diversas acciones dirigidas a unificar a todos los sectores políticos nicaragüenses (incluidos los que moviliza el llamado “sandinismo renovado”) opuestos a la reelección del líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en los comicios presidenciales de fines del 2011. En caso de que no puedan impedirla, la administración de Barack Obama y sus principales aliados hemisféricos y extra hemisféricos amplificarán sus acusaciones de inconstitucionalidad y fraude electoral, así como las presiones económicas con el propósito de debilitar y aislar al gobierno nicaragüense, al menos, dentro de los principales órganos del Proyecto Mesoamericano (impulsado desde el 2002 por sucesivos gobiernos de la derecha mexicana) y del Sistema de Integración Centroamericano (SICA).
Estos últimos acuerdos de integración neoliberal y subordinada a las necesidades geoestratégicas de Estados Unidos se verán cada vez más fortalecidos por el cumplimiento de las estipulaciones del Tratado de Libre Comercio firmado en el 2005 entre los gobiernos de Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés), al igual que por la instrumentación de los acuerdos signados en el 2010 en el marco de la llamada Iniciativa Regional para la Seguridad para Centroamérica (CARSI, por sus siglas en inglés) entre la actual administración estadounidense y la mayoría de los actuales gobiernos de esa subregión, incluido el actual gobierno de Belice, encabezado por el Primer Ministro Dean Barrow, y el gobierno salvadoreño presidido, desde comienzos del 2009, por Mauricio Funes. Seguramente, esos compromisos se consolidarán durante la visita que realizará Obama a ese país en marzo del 2011; ya que –a decir del actual canciller salvadoreño- ésta permitirá “sellar una alianza estratégica con los Estados Unidos, en las áreas de seguridad regional, combate a la pobreza, comercio, migración y energía” (Pineda, 2011).
Por consiguiente, esa asimétrica alianza, además de agudizar las contradicciones existentes en las filas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y entre éste y el presidente Funes, también contribuirá al fortalecimiento –como desea del Departamento de Estado norteamericano- del espurio gobierno hondureño presidido por Porfirio Lobo; lo que tendrá una influencia negativa en el respaldo internacional a los emprendimientos que se han realizado con vistas a definir el programa y garantizar la unidad de los diversos movimientos sociales y políticos integrantes del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNPR), coordinado por el derrocado presidente constitucional de ese país Manuel Zelaya. Asimismo, en las acciones que están desplegando diversas organizaciones populares guatemaltecas con vistas a institucionalizar el Frente Nacional de Lucha en Defensa de los Servicios Públicos y los Recursos Naturales (FNL) que les permita construir un Frente Amplio, capacitado para enfrentar las elecciones generales que se realizarán a fines del 2011 y para convertiste en un instrumento que permita “la refundación del Estado y la construcción de una nueva nación” (Luna, 2011).
Sin embargo, dada la debilidad que todavía exhibe el FNL, al igual que las fuerzas políticas que respaldan al debilitado gobierno “social-demócrata” encabezado por Álvaro Colom, es probable que en esos comicios resulte electo alguno de los candidatos presidenciales de “la derecha” o de la “centro-derecha”. Mucho más porque los poderes fácticos y el actual gobierno temporal de EE.UU. seguirán laborando para garantizar el respaldo del mandatario que resulte de esas elecciones a la CARSI y a la cruenta “guerra contra el narcotráfico” emprendida –con el apoyo político, económico y militar de Estados Unidos- por el gobierno mexicano, encabezado por el cada vez más desprestigiado y genuflexo “panista” Felipe Calderón. Éste, al igual que las fuerzas económicas y sociales que actualmente controlan el Partido Revolucionario Institucional (PRI) e imperan en el todavía llamado Partido de la Revolución Democrática (PRD), hará todo lo que esté a su alcance para minimizar la alicaída influencia popular del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) e impedir, otra vez, la victoria en las elecciones presidenciales de fines del 2012 de Andrés Manuel López Obrador: candidato del Movimiento de defensa de la economía popular, del petróleo y de la soberanía nacional que se ha venido estructurando y fortaleciendo en los años más recientes.
En consonancia con los propósitos contrarreformadores y contrarrevolucionarios antes señalados, los poderes fácticos y el gobierno temporal de Estados Unidos continuarán respaldando la multimillonaria Iniciativa Mérida (inicialmente denominada Mexico and Central America Security Cooperation Initiative) y los acuerdos vinculados a la llamada Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) previamente signados con los gobiernos de Canadá y México. También impulsarán el cumplimiento de todos los acuerdos económico-comerciales y en el campo de la “seguridad multidimensional” incluidos en el llamado Compromiso de Bridgetown para la Prosperidad y Seguridad del Caribe adoptado en “el encuentro informal” que en agosto del 2010 sostuvo la Secretaria de Estados Hilary Clinton con todos los Cancilleres de los países independientes o semiindependientes integrantes de la cada vez más debilitada y dependiente Comunidad de Estados del Caribe (CARICOM).
A cambio de la actualización y la prolongación hasta el 2020 de las concesiones comerciales unilaterales incluidas en la otrora llamada Iniciativa para la Cuenca del Caribe (impulsada en 1983 por la reaccionaria administración de Ronald Reagan) y sobre la base de las cerca de siete decena de millones de dólares asignadas a la llamada a Iniciativa para la Seguridad de la Cuenca del Caribe impulsada por la administración de Barack Obama, en esa ocasión los Cancilleres de la CARICOM respaldaron todos los acuerdos negociados durante el Dialogo sobre la Cooperación en Asuntos de Seguridad entre Estados y el Caribe (en el cual también participaron representantes de la República Dominicana), efectuado en Washington el 27 de mayo del 2010, particularmente: The Caribbean-United States Declaration of Principles, The Caribbean-United States Plan of Action on Security Cooperation y el Joint Caribbean-United States Framework for Security Cooperation Engagement (CRNM, 2010).
Aprovechando esos acuerdos, el actual gobierno temporal estadounidense continuará impulsando sus acciones dirigidas a desestabilizar y eventualmente derrocar mediante la celebración de elecciones anticipadas al recientemente reelecto (por un estrecho margen de votos) Primer Ministro de SVG, Ralph Gonsalves, líder del Partido Laborista Unido (ULP, por sus siglas en inglés). En la percepción de “la derecha” de ese país –encabezada por el Nuevo Partido Democrático (NDP, por sus siglas en inglés)- y de sus congéneres caribeños, estadounidenses, canadienses y británicos “la contención” de Gonsalves debilitará a las fuerzas sociales, políticas e intelectuales, así como a los demás gobiernos de la CARICOM o de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO) que apoyan la presencia de AB, Dominica y SVG en el ALBA-TCP, al igual que los acuerdos firmados en los marcos de PETROCARIBE y del Fondo ALBA-Caribe.
Al debilitamiento de esos acuerdos también contribuirá el resultado de la manipulada segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se desarrollará en Haití el 20 de marzo del 2011. En razón de las irregularidades y de la alta abstención electoral (75%) que se produjo en la primera vuelta de esos comicios y, por tanto, de la escasa legitimidad popular de que gozará cualquiera de los candidatos que resulte electo (la social-cristiana ex Primera Dama Mirlande Manigat o el cantante derechista Michelle Martelli), así como de la profunda crisis ambiental, económica, social y humanitaria que sigue sufriendo el pueblo haitiano, en los próximos años se mantendrá “el protectorado” que el gobierno estadounidense ha venido ejerciendo sobre ese país desde el sismo de enero del 2010. Éste ha contado con el respaldo de los actuales gobiernos de Canadá, Francia y República Dominicana, del antidemocrático Consejo de Seguridad de la ONU, de la burocracia de la OEA, al igual que con la anuencia o el silencio cómplice de todos los gobiernos del hemisferio occidental integrantes de la MINUSTAH. Por consiguiente, las fuerzas militares y policiales que la integran seguirán reprimiendo a los diversos movimientos socio-políticos de raigambre popular; en primer lugar, a los todavía influidos por el deportado presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide y a los que, con total independencia de la llamada Fanmy Lavalas, participan en los movimientos altermundistas y antiimperialistas vinculados a la denominada Vía Campesina.
En razón de su vecindad geográfica, esa política represiva hacia el movimiento popular haitiano se fortalecerá antes, durante y después de las elecciones presidenciales que se realizarán en República Dominica en mayo del 2012. Mucho más si en éstas llegaran a concretarse las hasta ahora inconstitucionales aspiraciones reeleccionistas de su actual presidente, Leonel Fernández; quien, impelido por sus múltiples compromisos con el gobierno y con diversas empresas transnacionales estadounidense, así como con los sectores más poderosos de las clases dominantes dominicanas y por la participación de su país en el DR-CAFTA, aceptó de buena gana la participación de la fuerzas militares y policiales dominicanas tanto en la CARSI, como en los referidos acuerdos de seguridad signados en agosto del 2010 entre la actual administración estadounidense y los gobiernos integrantes de la CARICOM. Por ello, en los años que le queden en la presidencia, Fernández continuará manteniendo su apoyo a esas iniciativas, al igual que su hostilidad a todas las fuerzas políticas y sociales dominicanas (en particular, las de raigambre popular) que han venido denunciado “la corrupción [existente] en todos los niveles del gobierno” y “las implicaciones de sus fuerzas militares y policiales en el tráfico de drogas que se desarrolla entre América del Sur y los Estados Unidos” (Isa Conde, 2011).
Con el socorrido pretexto de frenar ese tráfico, así como con vistas a preservar sus intereses geopolíticos y geoeconómicos en la Cuenca del Caribe y en la estratégica región andino-amazónica, los poderes fácticos, el poderoso aparato estatal y el gobierno temporal de Barack Obama mantendrán su apoyo político, económico y militar a la sangrienta “guerra contra el narcoterrorismo” (incluidas las diversas organizaciones populares acusadas de estar vinculadas con el Ejército de Liberación Nacional y con las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Ejército del Pueblo de Colombia) que continuará desplegando el gobierno presidido, desde agosto del 2010, por el liberal oligárquico Juan Manuel Santos. Éste seguirá rechazando las demandas de una solución política-negociada de la guerra civil que se desarrolla en ese país, así como desplegando diversas acciones dirigidas a debilitar al movimiento popular colombiano y, dentro de él, al Polo Democrático Alternativo (PDA), integrado por diversas organizaciones y partidos de la izquierda parlamentaria.
Santos también hará lo que esté a su alcance para lograr el respaldo del corrupto congreso colombiano al legalmente cuestionado Acuerdo Complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad firmado en octubre del 2009 por el ex presidente Álvaro Uribe con la administración de Barack Obama. Ésta –a pesar de sus reticencias iníciales- cederá ante las presiones de importantes sectores del Partido Republicano para que coloque en la agenda del Senado estadounidense la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Colombia y del Tratado de Promoción Comercial con Panamá firmados por la administración de George W. Bush. En este último país diversas agencia militares y de seguridad de Estados Unidos continuarán avanzando en la instalación de las diversas bases militares o policiales acordadas a fines del 2009 con el “empresario-presidente” panameño, Ricardo Martinelli (Gandásegui, 2009)
Por otra parte y con vistas a preservar sus intereses geopolíticos y geoeconómicos en el eje del Pacífico sur del hemisferio occidental, los poderes fácticos y el actual gobierno temporal estadounidense mantendrán su respaldo diplomático, económico, político y militar a cualquiera de los tres candidatos de la derecha peruana (Alejandro Toledo, Keiko Fujimori o Luis Castañeda), que resulte ganador en la primera o en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se realizarán a partir del 10 de abril del 2011. Con el apoyo del presidente que resulte electo en los comicios antes mencionado la actual administración estadounidense continuará impulsando los acuerdos militares establecidos con ese país en los marcos de la denominada Iniciativa Regional Andina. Igualmente, las acciones que despliegue con el fin de reprimir y debilitar a las heterogéneas y dispersas fuerzas políticas, sociales e intelectuales de “la izquierda” peruana, así como a entorpecer el funcionamiento y evitar la profundización de la UNASUR.
En ese empeño el gobierno temporal de Barack Obama seguirá contando con el apoyo del antes mencionado gobierno colombiano, al igual que del gobierno chileno presidido desde comienzos del 2010 por el “derechista moderado” Sebastián Piñera. Asimismo, tratará de cooptar al recientemente reelecto presidente surinamés, ex coronel Désiré Bouterse, así como al mandatario que finalmente resulte electo en los comicios que se realizarán en la República Cooperativa de Guyana en agosto del 2011. Mucho más si, como todo parece indicar, no se modifican las disposiciones constitucionales que impiden la reelección del actual presidente y experimentado líder del Partido Popular Progresista Cívico (CPPP, por sus siglas en inglés), Bharrat Jagdeo. Esto abre la posibilidad de una victoria electoral de las fuerzas políticas que se le oponen: el Partido Nacional del Congreso Reformado (RPNC, por sus siglas en inglés) y la Alianza por el Cambio (FCA, por sus siglas en inglés). Sobre todo si, con el apoyo estadounidense, éstas finalmente logran formar una coalición contra el candidato presidencial del CPPP.
Paralelamente y aprovechando las oportunidades que pudiera ofrecerle la actual presidente Dilma Rousseff, el gobierno temporal estadounidense continuará sus gestiones para tratar de disminuir las diversas contradicciones que se le presentaron con el gobierno de Brasil durante las dos administraciones de Luiz Inácio da Silva (Lula); tanto por el peso que ha adquirido ese cada vez más poderoso país en la agenda global y hemisférica, como porque el Departamento de Estado, el Pentágono y la Inteligencia Nacional de EE.UU, consideran que el actual gobierno brasileño pudiera actuar como “un contrapeso” a la que el director de esa agencia, Dennis Blair, denominó “influencia regional de [Hugo] Chávez”, su capacidad para continuar apoyando las “posturas anti-estadounidense de sus aliados”, así como para “minar a [los] gobiernos moderados pro Estados Unidos” instalados en América Latina y el Caribe (NOTIMEX, 2010). Todo lo dicho contribuye a explicar el por qué el presidente Barack Obama escogió a Brasil como uno de los dos destinos de la primera (y tal vez última) visita que realizará a Suramérica en la tercera semana de marzo del 2011.
También contribuye a explicar el por qué esa visita no incluyó a Argentina; país en el que los poderes fácticos y el actual gobierno temporal estadounidense han venido apostando a la victoria de algunos de los candidatos de “la derecha” y la “centro-derecha” (incluido ciertos sectores del llamado “peronismo federal”) que se presentarán en los comicios presidenciales que se realizarán en el último trimestre del 2011. En la percepción geopolítica prevaleciente en la burocracia político-militar estadounidense, la derrota de las fuerzas peronistas y de algunos sectores de la izquierda que han venido respaldando los sucesivos gobiernos del desaparecido ex presidente Néstor Kirchner y de Cristina Fernández le permitirán debilitar los diversos acuerdos argentino-brasileños que en los años más recientes posibilitaron la inconclusa reforma y ampliación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y los relativamente rápidos avances obtenidos en la institucionalización de la UNASUR.
Para lentificar esos avances y evitar la profundización de sus acuerdos la actual administración estadounidense continuará sus acciones dirigidas a fortalecer al llamado “sector pragmático” (encabezado por el vice-presidente Danilo Astori) del actual gobierno del Frente Amplio-Encuentro Progresista uruguayo presidido, desde el 2010, por José Mujica; quien antes de comenzar su gestión conciliadora (incluso con los partidos de “la derecha”) era considerado como el líder del llamado “sector programático” (de izquierda) del Frente Amplio. La burocracia político-militar estadounidense también continuará sus gestiones para evitar que el congreso paraguayo ratifique el Tratado Constitutivo de UNASUR y el ingreso formal de la RBV al MERCOSUR. Con esos y otros fines, respaldará de manera sibilina los emprendimientos de los sectores de la derecha paraguaya dirigidos a inhabilitar “institucionalmente” al cada vez más debilitado presidente Fernando Lugo, tomando como pretexto la grave enfermedad que lo ha venido afectando y, si no lo logran, para evitar su reelección en los comicios presidenciales del 2013. En ambos empeños el gobierno estadounidense contará con el apoyo del actual vice-presidente paraguayo y líder del ahora opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Federico Franco.
Resulta imposible terminar este acápite sin referir el papel protagónico que en sus interrelaciones con América Latina, y en particular con América del Sur, la burocracia política-militar estadounidense le ha conferido y le conferirá al actual gobierno chileno. Mucho más porque –según la información disponible- Barack Obama aprovechará su visita a ese país con vistas a relanzar y actualizar, como una visión global y de futuro, sus incumplidas promesas de impulsar “una nueva era de las relaciones interamericanas” (Bitar, 2011). Comoquiera que Sebastián Piñera es el presidente pro tempore del denominado Grupo de Río (actualmente integrado por 23 gobiernos de América Latina y el Caribe, incluido Cuba) y, por tanto, desempeñará un papel relevante en la preparación, el desarrollo y los resultados de la Tercera Cumbre de Jefes de Estado y Gobiernos de América Latina y el Caribe (CALC) que se desarrollará en la RBV a comienzos de julio del presente año, es de esperar que Obama utilice sus interacciones con su homólogo chileno con vistas a entorpecer la institucionalización de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC) que se analizará en esa cita.
Y, sobre todo, para evitar que esa naciente comunidad menoscabe el funcionamiento de las Cumbres de las Américas, al igual que los fundamentos y actuales pilares políticos, jurídicos y militares del Sistema Interamericano. Entre ellos, todos los Tratados y acuerdos adoptados por la Asamblea General de la OEA y por la JID dirigidos a institucionalizar el que otros escritos he denominado “un nuevo orden panamericano” funcional a los intentos de sucesivos gobiernos temporales de EE.UU. de “gobernar el mundo de la posguerra fría” (Suárez, 2007; Suárez y García, 2008). En esos empeños, Piñera seguramente contará con el decidido respaldo de todos los gobiernos temporales latinoamericanos y caribeños controlados por la derecha y la centroderecha, así como de algunos de los gobernados por la que hace casi una década un corifeo de la política hemisférica estadounidense denominó “la izquierda aggiornada” (Castañeda, 1993)
Algunos comentarios finales
Tengo conciencia de que las anticipaciones que aparecen en las páginas anteriores también deberían haber incluido algunas referencias al contradictorio impacto que tendrá en la compleja situación que está atravesando la CARICOM –sobre todo después de haber aceptado colectivamente las estipulaciones de los Acuerdos de Asociación Económica con la Unión Europea (EPA, por sus siglas en inglés)- el resultado de las elecciones que se realizaron en Trinidad y Tobago el 24 de mayo del 2010. Mucho más porque en éstas fue ampliamente derrotado el influyente líder del Movimiento Nacional Popular (PNM, por sus siglas inglés) y varias veces Primer Ministro, Patrick Manning.
Por consiguiente, asumió el gobierno de esas islas gemelas una heterogénea coalición de fuerzas políticas agrupadas en la denominada Alianza Popular (PA, por sus siglas en inglés), encabezada por la nueva líder del Congreso Nacional Unido (UNC, por sus siglas en inglés), Kamla Persad-Bissessar. En la formación de esa coalición tuvo un papel destacado el Movimiento por la Justicia Social (SJM, por sus siglas en inglés) y la Federación de Sindicatos Independientes y Organizaciones No Gubernamentales (FITUN, por su acrónimo en inglés) que había sido la anfitriona de la IV Cumbre de los Pueblos de América, efectuada de manera paralela a la referida Cumbre de las Américas realizada en Trinidad y Tobago.
A decir de algunos analistas, ese “cambio histórico” modificará las interacciones del gobierno temporal trinitario con sus contrapartes del hemisferio occidental, incluido el de Estados Unidos. Sin embargo, hasta ahora no dispongo de elementos que me permitan afirmar que el gobierno de la premier Persad-Bissessar haya cuestionado el respaldo que le dio su antecesor a todos los contenidos del antes mencionado Compromiso de Bridgetown para la Prosperidad y Seguridad del Caribe. Tampoco dispongo de suficiente información para aquilatar el impacto positivo o negativo que tendrán en el cumplimiento de esos asimétricos compromisos los resultados de las elecciones que se realizarán en Santa Lucía en diciembre del presente año, así como en Bahamas y en Jamaica en mayo y octubre de 2012, respectivamente.
Por ahora sólo puedo decir que –según algunos especialistas- en esos tres países obtendrán la victoria los actualmente opositores Partido Laborista de Santa Lucia (SLP, por sus siglas en inglés), Partido Liberal Progresista (PLP, por sus siglas en inglés) y Partido Nacional del Pueblo (PNP por sus siglas en inglés). En este último caso, a causa de la grave crisis política y de seguridad (sólo pudo ser resuelta gracias a la intervención de las fuerzas armadas) creada en los primeros meses del 2010 por la violentamente cuestionada decisión del actual Primer Ministro y líder del Partido Laborista de Jamaica (JLP, por sus siglas en inglés), Bruce Golding, de deportar hacia Estados Unidos al popular “narcotraficante” Christopher "Dudus'' Coke.
Cualesquiera que sean juicios que merezcan esas y otras anticipaciones que aparecen en las páginas precedentes, en mi consideración los elementos señalados en este artículo y otros excluidos en beneficio de la síntesis deberán ser tomados en cuenta por los gobiernos reformistas, reformadores o revolucionarios actualmente instalados en América Latina y el Caribe, así como por las fuerzas sociales, políticas e intelectuales que los respaldan o critican desde “la izquierda”; ya que, como demuestran múltiples evidencias históricas, el gobierno permanente y sucesivos gobiernos temporales estadounidenses (ya sean demócratas o republicanos) siempre han tenido como uno de sus principales objetivos estratégicos la derrota, de manera más o menos violenta, según el caso, de todos los gobiernos que han desafiado, aunque sea tímidamente, su dominio sobre nuestra Madre América (Suárez, 2003 y 2006).
No obstante su retórica respecto a “una nueva era de las relaciones interamericanas” y a los cambios que ha introducido en algunas de las prácticas escasamente inteligentes de la administración neo-conservadora de George W. Bush, la administración de Barack Obama no ha escapado ni escapará de esa regularidad. Por el contrario –como se ha comprobado en sus primeros dos años- esa administración se ha planteado de manera más o menos expresa restaurar, con ciertas dosis de “credibilidad” y a través de “alianzas modulares o circunstanciales” con diversos gobiernos del continente (incluidos los más reaccionarios y algunos de los comandados por la “izquierda aggiornada”), la crisis que en la actualidad está sufriendo su multifacético sistema de dominación sobre los 33 Estados independientes o semiindependientes y sobre los 16 territorios sometidos a diversas formas de dominación colonial ubicados al sur del río Bravo y de la península de Florida.
En esa lógica, la actual administración estadounidense no perderá ninguna oportunidad para derrotar las multiformes luchas populares que se están desplegando en Puerto Rico y para tratar de desestabilizar, derrotar electoralmente o derrocar a través de procedimientos más o menos violentos, según las circunstancias, a los gobiernos que el Departamento de Estado o el Pentágono califiquen como “anti-democráticos”, “anti-estadounidenses” o “patrocinadores del terrorismo”. También para retrotraer donde y cuando les sea posible los cambios internos o externos favorables a los intereses populares, nacionales, latinoamericanos o caribeños que se han venido realizando en los últimos años; incluidos los impulsados por aquellos gobiernos que el conocido economista Claudio Katz (2009) califica como “social-liberales” (Brasil y Uruguay) o “neo-desarrollistas” (Argentina).
Mucho más en momentos de una crisis tan profunda como la que está viviendo la socio-economía estadounidense y por tanto sus pretensiones de mantener “el liderazgo” de su país en la economía-mundo y en el actual sistema internacional (Obama, 2011). En esas circunstancias y dada la histórica tendencia de los grupos de poder estadounidenses y de otras potencias imperialistas de “exportar” sus crisis y de tratar de resolverlas a costa del resto del mundo, América Latina y el Caribe continuarán siendo uno de los principales escenarios de la actividad depredadora de las más poderosas empresas multinacionales y transnacionales, en particular las que tienen sus casas matrices en Estados Unidos. Esas corporaciones continuarán impulsando el saqueo y la sobre-explotación de los ingentes recursos humanos y naturales del continente americano, así como la extracción de todos los excedentes que le permitan contrarrestar la continua tendencia decreciente de su “tasa media de ganancia” o de rentabilidad (Antunes, 2009). Como siempre, en esos empeños contarán con el respaldo del gobierno permanente y el gobierno temporal estadounidense.
A consecuencia, se producirán multiformes conflictos sociales y políticos, internos y externos, en los que los “actores” y sujetos sociales y políticos, estatales y no estatales, de raigambre popular continuarán avanzando en el siempre contradictorio y zigzagueante proceso de “organizar sus esperanzas” de que es imprescindible y posible desafiar el sistema de dominación instaurado por Estados Unidos y por las clases dominantes “nacionales” del hemisferio occidental. Por ello quiero concluir estas páginas indicando que, cualquiera que sea la validez de mis anticipaciones, el futuro de ninguno de los procesos nacionales (mencionados o no en este artículo) está predeterminado. Tampoco lo está el porvenir de los diversos proyectos de concertación política, cooperación e integración económica que, al margen de la voluntad oficial estadounidense, se están desarrollando en el continente americano.
Como he indicado en otras publicaciones, sus respectivos futuros estarán directamente vinculados al desenlace de las multifacéticas luchas sociales, de clases, civilizatorias y culturales, nacionales y transnacionales, que se están desplegando o que en los próximos años se desplegarán en diferentes países del tercer mundo, incluidos los de América Latina y el Caribe. Y, en particular, de la creación de las condiciones subjetivo-objetivadas en la organización y la acción de todos aquellos “actores” y sujetos sociales y políticos interesados en producir modificaciones sustantivas en el depredador, inhumano, genocida, estructuralmente violento, antidemocrático, patriarcal, racista, así como social, económica y culturalmente excluyente capitalismo subdesarrollante y dependiente instalado en ese continente. Por consiguiente de los avances o retrocesos de todas esas luchas también dependerá el éxito o fracaso de las estrategias ya emprendidas o que emprenda en el futuro inmediato la administración de Barack Obama.
En ese escenario me parece pertinente recordar lo planteado por el comandante Ernesto Che Guevara en su virtual testamento político: “En nuestro mundo en lucha, todo lo que sea discrepancia en torno a la táctica, método de acción para la consecución de objetivos limitados debe analizarse con el respeto que merecen las apreciaciones ajenas. En cuanto al gran objetivo estratégico, la destrucción del imperialismo por medio de la lucha debemos ser intransigentes” (Guevara [1967] 1970, t II: 597). Mucho más en momentos de una crisis tan multifacética, sistémica y profunda como la que está viviendo y en el futuro previsible vivirá el sistema capitalista mundial y, a causa de éste, nuestra “madre Tierra” (pashamama).
Coincidiendo con lo recientemente indicado por Fidel Castro, esas superpuestas crisis imponen la búsqueda de la mayor unidad posible y sin sectarismos de ningún tipo entre los más diversos “actores” sociales y políticos, estatales y no estatales”, hemisféricos y extra-hemisféricos, interesados en evitar que la humanidad sea arrastrada a “una catástrofe que puede conducir a la extinción de nuestra especie” (Castro, 2010); ya que si ésta no se evita será inviable cualquier proyecto de emancipación nacional, social y humana, así como de unidad o integración económica, política y cultural emancipadora de nuestra mayúscula América.
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