Trans-Pacific Partnership (TPP) es la nueva iniciativa de tratado de libre comercio impulsada por Estados Unidos. El tratado es negociado en conjunto con Australia, Brunei, Chile, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Las negociaciones, que se efectúan en secreto, acaban de sufrir un serio revés tras la filtración extraoficial del capítulo sobre propiedad intelectual. El capítulo en cuestión incluye diversas disposiciones que afectarán el acceso a medicamentos, los derechos de las personas en Internet, la libertad de expresión y el respeto a la vida privada, entre otros. En materia de patentes, la propuesta estadounidense omite toda alusión a la Declaración de Doha, a través de la cual se ha procurado salvaguardar la salud pública del nocivo efecto de la excesiva protección de las patentes farmacéuticas. En cambio, el acuerdo exigiría el linkage, una medida no incluida en el TLC suscrito por Chile con Estados Unidos, la cual ha sido rechazada por organizaciones de consumidores y por las farmacéuticas locales, pero persistentemente alentada por la industria americana. A través de ella se intenta entorpecer el acceso al mercado de medicamentos genéricos, encareciendo las medicinas.
En materia de derechos de autor, la propuesta exige sanciones criminales para quienes eludan medidas tecnológicas de protección, incluso si no hay infracción a los derechos de autor. Igualmente, se exigen sanciones criminales incluso si supuestas infracciones han sido cometidas sin ánimo de lucro y sin beneficio económico para el infractor. Además, la propuesta requeriría que fiscales y autoridades aduaneras actúen aun sin reclamación de los supuestos afectados.
La propuesta también afectaría seriamente el acceso a contenidos protegidos por derechos de autor. Por ejemplo, en ciertos casos, se intenta extender la duración de los derechos de autor hasta 95 años después de publicada una obra; hoy, en Chile ese plazo es 70 años. Más peligroso aún, el tratado exigiría que la “importación” de obras contará con autorización de los titulares de derechos de autor, lo cual eliminaría el agotamiento internacional del derecho, que, en el caso de Chile, permite enviar una obra de un país a otro sin pedir autorización.
En relación al funcionamiento de Internet, la propuesta de tratado exige que los países adopten un sistema de responsabilidad para los prestadores de servicio de Internet por las supuestas infracciones a derechos de autor cometidas en línea. En este punto, la propuesta va más allá de lo actualmente previsto en la legislación de los Estados Unidos, y también de Chile, pues impone obligaciones incluso en los prestadores de servicio de transmisión, tales como identificar a los supuestos infractores y desconectarlos de Internet. Además, la propuesta requiere que los países dispongan de medidas para bajar no solo contenidos infractores, sino que todo un sitio web por supuestas infracciones.
“Varias de las medidas propuestas por el TPP entran en conflicto con los derechos y libertades constitucionales. Por ejemplo, las normas sobre desconexión de usuarios de Internet por supuestas infracciones infringen el derecho al debido proceso, la presunción de inocencia, la libertad de expresión y el derecho a la vida privada”, asegura Alberto Cerda Silva, director de estudios de ONG Derechos Digitales. “Pero más grave, el tratado genera nocivas consecuencias para el acceso a la salud y al conocimiento, al incrementar la protección más allá de lo previsto en cualquier tratado internacional actualmente vigente”, agrega Cerda.
Para Claudio Ruiz, presidente de ONG Derechos Digitales, la propuesta de tratado es preocupante y afecta seriamente los derechos de las personas, razón por la cual anticipo que próximamente se solicitará audiencia a las autoridades del Gobierno comprometidas en la negociación del tratado. “Chile no debería comprometerse más allá de los ya elevados estándares comprometidos en el TLC con Estados Unidos”, sostiene Ruiz, quien valoró el hecho de que en las negociaciones Chile haya formulado propuestas a favor de la gente, y no de un reducido grupo de intereses.
http://www.derechosdigitales.org/2011/03/10/se-filtra-la-propuesta-estadounidense-de-nuevo-tlc/
En materia de derechos de autor, la propuesta exige sanciones criminales para quienes eludan medidas tecnológicas de protección, incluso si no hay infracción a los derechos de autor. Igualmente, se exigen sanciones criminales incluso si supuestas infracciones han sido cometidas sin ánimo de lucro y sin beneficio económico para el infractor. Además, la propuesta requeriría que fiscales y autoridades aduaneras actúen aun sin reclamación de los supuestos afectados.
La propuesta también afectaría seriamente el acceso a contenidos protegidos por derechos de autor. Por ejemplo, en ciertos casos, se intenta extender la duración de los derechos de autor hasta 95 años después de publicada una obra; hoy, en Chile ese plazo es 70 años. Más peligroso aún, el tratado exigiría que la “importación” de obras contará con autorización de los titulares de derechos de autor, lo cual eliminaría el agotamiento internacional del derecho, que, en el caso de Chile, permite enviar una obra de un país a otro sin pedir autorización.
En relación al funcionamiento de Internet, la propuesta de tratado exige que los países adopten un sistema de responsabilidad para los prestadores de servicio de Internet por las supuestas infracciones a derechos de autor cometidas en línea. En este punto, la propuesta va más allá de lo actualmente previsto en la legislación de los Estados Unidos, y también de Chile, pues impone obligaciones incluso en los prestadores de servicio de transmisión, tales como identificar a los supuestos infractores y desconectarlos de Internet. Además, la propuesta requiere que los países dispongan de medidas para bajar no solo contenidos infractores, sino que todo un sitio web por supuestas infracciones.
“Varias de las medidas propuestas por el TPP entran en conflicto con los derechos y libertades constitucionales. Por ejemplo, las normas sobre desconexión de usuarios de Internet por supuestas infracciones infringen el derecho al debido proceso, la presunción de inocencia, la libertad de expresión y el derecho a la vida privada”, asegura Alberto Cerda Silva, director de estudios de ONG Derechos Digitales. “Pero más grave, el tratado genera nocivas consecuencias para el acceso a la salud y al conocimiento, al incrementar la protección más allá de lo previsto en cualquier tratado internacional actualmente vigente”, agrega Cerda.
Para Claudio Ruiz, presidente de ONG Derechos Digitales, la propuesta de tratado es preocupante y afecta seriamente los derechos de las personas, razón por la cual anticipo que próximamente se solicitará audiencia a las autoridades del Gobierno comprometidas en la negociación del tratado. “Chile no debería comprometerse más allá de los ya elevados estándares comprometidos en el TLC con Estados Unidos”, sostiene Ruiz, quien valoró el hecho de que en las negociaciones Chile haya formulado propuestas a favor de la gente, y no de un reducido grupo de intereses.
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