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Como signo del tal cuestionamiento, el Senado chileno aprobó en forma unánime un proyecto de acuerdo en el que pide al Ministerio del Interior investigar los excesos de las fuerzas policiales en las manifestaciones de la última semana en rechazo al lucro en la educación y en contra del megaproyecto energético de Hidroaysén en la zona de la Patagonia.
Los legisladores gestores de la iniciativa calificaron como un claro e inaceptable abuso de poder policial los atropellos a las expresiones públicas de descontento social e ilustraron cómo incluso, entre más de un centenar de detenidos, se arrestó a un diputado y a una excandidata presidencial.
Refirieron lo ocurrido en la ciudad de Coyhaique, capital de la región de Aysén, donde "la caballería policial aplastó a manifestantes que protestaban sentados".
Asimismo en Valdivia, Talca, Chillán, Temuco, Puerto Montt, Antofagasta, Concepción, Valparaíso, Copiapó y en Santiago la represión impidió realizar las protestas, señalaron.
Ayer la bancada del Partido Comunista en la Cámara de Diputados, instó también a las autoridades del país a suprimir de todos los protocolos que así lo avalen el uso de balines y bombas lacrimógenas.
Las manifestaciones constituyen una forma legítima de reclamar cuando se cierran otras puertas, ya sea del Gobierno o del Parlamento, opinó el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier.
Acentuó esta semana el repudio a los procedimientos de las fuerzas especiales, nuevas revelaciones sobre el grave impacto en la salud, causado por dudosos componentes de las bombas lacrimógenas que, según alertó experto, son fabricadas exclusivamente para Chile.
El clima político creado por el alarmante contenido químico de los referidos gases, con alegados potenciales abortivos y generadores incluso de edemas pulmonares, llevó al gobierno chileno a anunciar la víspera la suspensión del uso de las bombas lacrimógenas.
"Nos parece que es razonable suspender el uso de gases lacrimógenos hasta que nuevos informes médicos permitan disipar, más allá de cualquier duda, la procedencia del empleo de estos gases para enfrentar situaciones de desorden público o vandalismo", afirmó el titular del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
Sin embargo, importantes actores políticos llamaron a prescindir de su empleo no sólo temporalmente.
"En muchos países las armas químicas están prohibidas, incluso en las guerras, no puede ser que en el siglo XXI la opinión social sea reprimida con armas químicas que generan dolor, sufrimiento, imposibilitar a las personas respirar, a generar crisis de bronquitis obstructiva y descompensaciones cardiovasculares", subrayó el presidente del Senado, Guido Girardi.
Otras voces consideraron que las autoridades deben desligarse de todo método represivo.
"Sin bombas lacrimógenas, pero tampoco con otros elementos que reemplacen a las bombas lacrimógenas y que sean tan represivos; lo que queremos es terminar con la represión y establecer el derecho a la protesta pacífica", enfatizó el diputado independiente Sergio Aguiló.
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