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El documento incluye al actual director de Perú.21, Fritz Du Bois, entre los involucrados en casos de favorecimiento de ministros y funcionarios públicos a efectos de adjudicar la buena pro en favor de particulares con los que existía previa concertación.
Du Bois fue uno de los asesores principales del despacho ministerial de Economía durante siete de los diez años del Fujimorismo y tuvo una activa participación en las licitaciones cuestionadas (ver nota aparte).
El informe, suscrito por los congresistas Javier Diez Canseco, Walter Alejos, Máximo Mena (Perú Posible), Juan Valdivia (APRA) y Kuennen Francesca (Unidad Nacional), presumía “el reparto de comisiones ilícitas en muchas de las contrataciones realizadas”.
En el año en que se suscribió el informe estábamos saturados de investigaciones, denuncias y destapes, y ya nada de lo ocurrido durante la satrapía Fujimori, parecía sorprender a nadie. Pero lo singular del estudio sobre las licitaciones es que no hubo finalmente culpables, las denuncias fiscales durmieron el sueño de los justos y no hubo sanciones por favorecer intereses privados, en varios casos propios, desde las instancias del poder.
CametVeamos el caso del exministro Jorge Camet: “Funcionarios que presumiblemente utilizaron su influencia para favorecer a sus empresas o empresas vinculadas a testaferros o familiares, como habría sido el caso del exministro de Economía Jorge Camet Dickmann, apoderado de JJC Contratistas Generales SA (empresa de propiedad de sus hijos) constructora que durante la permanencia del ministro en el cargo, elevó considerablemente el nivel de sus contrataciones. Asimismo, las obras públicas ejecutadas por la empresa representada por el ministro Camet fueron financiadas mayormente con recursos del fondo de la privatización entre 1993 y 1998, fondo bajo el ámbito de disposición del aludido ministro” (conclusión tres).
El Informe menciona otros casos como el del director de presupuesto y gerente del Banco de la Nación, Reynaldo Bringas Delgado, que favoreció a una presunta concubina con diversos contratos. También al viceministro de Transportes Carlos Núñez Barriga, que desarrolló contratos con empresas en las que su hijo y su hermano eran directivos (conclusiones cuatro y cinco).
En otro acápite el informe puntualiza: “el Ministerio de Economía utilizó el PNUD como un ‘service’ para contratar asesores, en vez de instituirse un escalafón salarial relacionado a la formación y experiencia profesional de las personas… los montos de dichas contrataciones en la década pasada (los 90) sumaron aproximadamente 300 millones de dólares” (conclusión siete).
Camet “no solo habría favorecido a su empresa” sino también a las de sus amigos, señala el informe que lo acusa además de “contratar al abogado de los acreedores (de la deuda externa peruana) para revisar por la parte peruana los documentos de la recompra silenciosa. Este fue el caso de la contratación del Dr. Francisco Moreyra” (conclusión ocho).
Se refiere en realidad a la contratación del abogado del Peru Privatisation Fund, entidad conformada por el Banco de Crédito y el Hong Kong & Shanghái Bank HSBC, compradores de papeles de la deuda peruana cuando se encontraban a bajo precio, que luego colocaron a sus operadores en puestos claves a través de contratos del PNUD, para que se encargaran de participar en las decisiones para la conversión de esos papeles en participaciones en los procesos de privatización. Francisco Moreyra, que había trabajado anteriormente con Camet, entró al Estado exclusivamente para preparar las normas que le permitieran a los bancos para los que trabajaba la reventa de las acreencias que habían acumulado en los momentos más difíciles de la economía peruana.
Socios de Keiko “Finalmente –cierra el informe-, el haber llegado a acuerdos en el servicio de la deuda privada avalada por el Estado y no haber repetido contra las empresas deudoras deviene en una negligencia inexcusable. Ello ha originado que indirectamente los contribuyentes paguemos la deuda de cuatro empresas privadas. Dos de estas empresas están vinculadas a medios de comunicación (Genaro Delgado Parker y Crousillat) y dos a ministros del gobierno de Fujimori, como Aceros Arequipa” (de la que era inversionista Jorge Camet y Sertemar vinculada al ministro Fujimorista Augusto Bedoya, actual miembro del “equipo técnico” de Keiko Fujimori) (conclusión diez). En esencia, el Estado acordó pagos sobre avales que había extendido a deudores privados sin requerir a esas empresas que cumplieran su obligación, por lo que los paganos fuimos los contribuyentes peruanos.
Esos pepe el vivo que no pagaron lo que debían eran notorios broadcasters de la televisión, que colaboraron con el régimen dictatorial, y dos ministros: uno el propio titular de Economía, que negoció el acuerdo de pago y no reclamó que su empresa pagara lo que le correspondía, y otro uno de los actuales protagonistas de la campaña naranja.
Raúl WienerUnidad de Investigación
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