Gobierno de Estados Unidos extorsiona a Paraguay con propiedad intelectual

La aplicación por decreto reglamentario de la ley 1328/98 de “derechos de autor y conexos” de una “remuneración por copia privada” (canon digital) aplicado el 13 de julio por el Ministerio de Industria y Comercio del Paraguay es otra muestra de los oscuros intereses que rodean a sectores de gobiernos infiltrados por las corporaciones internacionales. Las denominadas sociedades de gestión colectiva son el instrumento que las multinacionales discográficas utilizaron para avalar la imposición y reforzamiento de los estándares de protección incluidos en las leyes de propiedad intelectual auspiciados por las industrias del copyright estadounidense. Mediante esta argucia se recaudan millones de dólares que no son distribuidos a sus verdaderos beneficiarios, los creadores de las obras, sino que se derivan a sectores privados estadounidenses.
Desde el gobierno de Goerge W. Bush Jr. se viene acusando al Paraguay como país que no combate la “piratería” y financia a “grupos terroristas”. El actual embajador Roger Noriega, subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos con George W. Bush, dice que “la organización comandada por el jeque Nasrala  (Hezbolá) tiene dos grandes bases de operaciones en la región –la venezolana Isla Margarita y la Triple Frontera que comparten Argentina, Brasil y Paraguay–, y que está volcada en la recluta y entrenamiento de nuevos terroristas.
Por estos motivos Estados Unidos ha extorsionado ahora al gobierno de Lugo para que cumpla con las certificaciones y acuerdos impuestos por el gobierno de los Estados Unidos a través de su  oficina de Comercio (USTR, siglas en inglés) monitoreados por la Sección 306 de la Watch List 301.
De esta forma y en el marco del Memorándum de Entendimiento en derechos de Propiedad Intelectual con el gobierno de los Estados Unidos, este reconoce algunos avances del gobierno pero acusa al Paraguay de varias formas de piratería y falsificación, exigiéndole a este país incrementar sus esfuerzos en la Triple Frontera junto a la Argentina y el Brasil. El gobierno de Estados Unidos se arroga además el derecho de sugerir al gobierno de Lugo de incrementar la protección por patentes.
Asimismo, presiona al Paraguay a establecer mecanismos de protección de los datos de pruebas para obtener la aprobación de comercialización de productos farmacéuticos intentando así extender el plazo de protección de los medicamentos por parte de los laboratorios estadounidenses y europeos.
Tras el fracaso del ALCA, los Estados Unidos han establecido diversos acuerdos bilaterales en materia de comercio y propiedad intelectual que estaban incluidos en la malograda alianza para las Américas pero que continúa negociándose con más o menos éxito país por país, gobierno por gobierno.
Lugo, presionado por los poderosos lobbies y el gobierno USA, concedió el “Cánon Digital” mostrando debilidades políticas reales de un gobierno cercado por los conglomerados transnacionales y las mafias comerciales estadounidenses enquistadas en su propio gobierno, con funcionarios del Ministerio de Industria y Comercio, y la Dirección General de Propiedad Intelectual, infiltrados por la USAID.