Los portugueses se desayunaron ayer con un inesperado y amargo aperitivo: una brutal subida del IVA en productos esenciales para las familias y las pequeñas y medianas empresas. El gas y la electricidad pasarán de tener un IVA del 6% al 23%, casi cuatro veces más (un aumento del 283%), a partir de octubre, pese a que el compromiso asumido en mayo con la troika formada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Unión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) para la concesión de un rescate de 78.000 millones de euros contemplaba una subida menos onerosa, y para en enero de 2012.La medida, que llega apenas diez semanas después de las elecciones generales que desalojaron del poder al socialista José Sócrates, no figuraba en el programa electoral del conservador Pedro Passos Coelho.
El encargado de anunciarla fue el ministro de Finanzas, Vítor Louçã Rabaça Gaspar, defensor del neoliberalismo a ultranza y en la barricada opuesta a la de su pariente y también profesor de economía, Francisco Louçã, líder del Bloco de Esquerda (BE), uno de los primeros dirigentes en condenar la gestión de su primo-hermano.
En Portugal, un 18% de la población vive por debajo de la línea de la pobreza, según el estándar de la UE, con un salario mínimo de 450 euros o inferior, en el caso de las jubilaciones o subsidios de desempleo. El aumento elevará el gasto promedio en electricidad y gas un 16%, según cálculos del diario económico lisboeta Jornal de Negócios.
Es la tercera vez, desde que asumió el cargo el pasado 23 de junio, que el primer ministro anuncia medidas que contradicen su campaña electoral. Passos Coelho cortó a la mitad el tradicional aguinaldo navideño o trigésimo sueldo y encareció los transportes entre un 15% y un 23%, escudándose en que se detectó un déficit del 6,3% del PIB, en lugar del 5,9% calculado inicialmente.
Otro aspecto que marcó la campaña de Passos Coelho fue su crítica a Sócrates por no recortar el gasto público. Prometió reducirlo sustancialmente en lugar de subir impuestos. Oposición, sindicatos y patronales coinciden en que los sucesivos anuncios de Gaspar no recortan el aparato del Estado y se limitan a bajar salarios y elevar tasas.
El Gobierno se empeña en mostrar que Portugal no es Grecia y presentarse como alumno modelo, riguroso observante de las instancias crediticias internacionales, al contrario de los “derrochadores” helenos.
Sin embargo, la propia troika, tras reconocer una evolución “muy positiva” y “progresos importantes para reforzar el sistema financiero”, instó a Lisboa a “continuar en esta vía de aumentar el capital de los bancos” y criticó la falta de recortes importantes en el gasto del Estado.
El diputado socialista João Galamba calificó la medida de “extremadamente injusta”, dijo que “no era exigida” por la troika y aseguró que provocará menos consumo y más recesión. “Es algo muy significativo para el presupuesto de las familias y para la actividad económica”, precisó.
Albano Nunes, del comunista PCP, sostuvo que las medidas anunciadas “se dirigen a los mismos de siempre. El aumento del IVA para la electricidad y el gas significará que cerca de 400 millones de euros al año serán robados de los bolsillos de los portugueses”.
Cecília Honório, del izquierdista BE, acusó a Gaspar de “ser más rápido que la troika para a imponer nuevas medidas de austeridad” y calificó la medida de “nuevo atraco a las familias, que ya están verdaderamente estranguladas con los efectos de la crisis y con los aumentos de impuestos”.
La Central General de Trabajadores de Portugal (CGTP) advirtió en un comunicado de que las subidas de impuestos “tendrán efectos recesivos en un contexto internacional en el que las exportaciones dependen de la demanda externa”.
La política del Gobierno, dijo el sindicato, “se traduce en un servilismo” ante la UE y el FMI, instituciones que defienden una austeridad ciega, “aunque esto provoque recesión, ya que ellos no actúan para ayudar al país, sino para defender los intereses de los acreedores de la deuda pública portuguesa”.
La propia patronal, la Confederación de la Industria Portuguesa (CIP), deploró las medidas. Su presidente, Antonio Saraiva, dijo que “va a penalizar la ya debilitada tesorería de las empresas” y pidió en su lugar “un corte significativo de los gastos”. “El Gobierno aún no dio pruebas de que lo pueda hacer”, se quejó.
Para el profesor de economía Mario Gomes Olivares, cercano a la línea de Passos Coelho, la derecha ahora en el poder “comenzó en un breve espacio de tiempo a mostrar sus intenciones profundas: eliminar radicalmente parte del Estado Social, bajar los salarios y desarmar las empresas estatales vitales que dan estabilidad a la economía”, indicó a Público.
Se trata, en su opinión, de “un proyecto ultra liberal, equivalente al conjunto de reformas que algunas dictaduras sudamericanas llevaron a cabo en las décadas de los setenta y ochenta, sólo que aquí se hace de forma gradual”.
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