Santiago de Chile, agosto 23 - A partir de las 23 el Ejecutivo afrontará una de las mayores convocatorias de protesta desde la vuelta a la democracia, con un paro general de 48 horas, que incluye desde cacerolazos hasta movilizaciones, medida apoyada por un amplio espectro social en el medio de una crisis política y la caída a mínimos históricos de la imagen presidencial.Las jornadas de protestas, convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, comenzarán esta noche a las 23, con un cacerolazo desde los hogares, continuará mañana con el cese de actividades y asambleas en los lugares de trabajo, en tanto el jueves será el día del paro con movilizaciones, según informaron las agencias de noticias ANSA, DPA y Prensa Latina.
La huelga fue convocada orginalmente el 1 de mayo por la central obrera en reclamo de cambios en legislación laboral, reforma tributaria y llamado a plebiscito para una nueva constitución, pero con la profundización del conflicto estudiantil, que comenzó hace tres meses, el clima de descontento motorizó la adhesión de otros sectores en pugna con el gobierno.
Casi un centenar de organizaciones sociales, entre estudiantiles, sindicales, gremiales, defensoras de derechos humanos y ecologistas participarán de la huelga general con movilizaciones.
La medida será apoyada también por la oposición, que reúne una amplia gama de agrupaciones de la izquierda, incluidos los cuatro partidos de la Concertación: Socialista, Por la Democracia, Radical Social Demócrata y Democracia Cristiana (DC).
El gobierno de Sebastián Piñera, que en su año y medio de gestión tuvo que cambiar tres gabinetes y padece la caída de su imagen hasta mínimos históricos, respondió hoy con la amenaza de la posible aplicación de la Ley de Seguridad Interior, que le permitirá arrestar a los manifestantes.
"Este es un paro con absoluta intencionalidad política, fuera de toda justificación, con proposiciones que son vagas y genéricas, es inoportuno e ilegal", afirmó hoy el minitro vocero del Ejecutivo, Andrés Chadwick.
El senador Carlos Larraín, presidente del oficialista partido Renovación Nacional, advirtió que "si las cosas se ponen malas habrá que aplicarla" a la ley, y aunque aclaró que el gobierno hará uso prudente de la norma, las autoridades preparon un operativo de seguridad que incluye el despliegue de 1.300 comandos antimotines sólo en la capital.
El sanador Ignacio Walker, presidente de la DC, principal miembro de la Concertación y hasta ahora única fuerza dispuesta a consolidar una mesa de diálogo con el gobierno, hizo un llamado hoy a las autoridades a "ser prudentes" y "no reprimir, porque eso conduce a la violencia".
"El gobierno identifica el movimiento social como un problema de orden público. Fíjese qué ocurrió con los estudiantes con las masivas manifestaciones: cuando el gobierno reprimió, hubo violencia, cuando el gobierno dialogó, hubo paz y manifestación pacífica", afirmó el legislador y es secretario general del gobierno de Michelle Bachelet.
Por su parte, el titular del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, instó al gobierno a no dialogar a partir de una actitud de amenaza con los trabajadores, en referencia al anuncio de descuentos salariales a quienes se plieguen a la huelga.
"Cuando el gobierno ha establecido un mecanismo de diálogo previo y de conversación las cosas han ocurrido con bastante tranquilidad, y por el contrario cuando la actitud ha sido de represión o de amenaza estas cosas no andan bien, yo en eso insisto en el llamado que hacemos al gobierno, estas cosas no se dialogan desde la amenaza", sostuvo.
La protesta social en Chile se inició hace tres meses con la movilización de los estudiantes que demandan educación gratuita y de calidad, y fin al lucro, para lo cual tienen ocupadas las principales casas de estudios y colegios emblemáticos, junto a una huelga de hambre que mantienen más de 30 jóvenes, tres de ellos desde hace más de 35 días.
Sin embargo, otros sectores, como la comunidad mapuche, los defensores causas medioambientales, los mineros y los damnificados por el terremoto venían con reclamos al gobierno.
Las protestas, cuyo nudo es el movimiento estudiantil, revela en el fondo una profunda crisis política derivada del sistema de representación en Chile, pergeñado por el gobierno del dictador Augusto Pinochet para retener el poder político.
Este sistema determina que haya un Congreso prácticamente equilibrado, sin mayorías claras, y con la necesidad de un esquema presidencialista.
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