Aunado a lo anterior, se vislumbra el regreso, al frente del Estado guatemalteco, del general Otto Pérez Molina del Partido Patriota (PP), que de acuerdo a las encuestas tiene alrededor del 35% de intención de voto, una ventaja importante sobre sus competidores más cercanos que se encuentran entre el 17% y 8% de la preferencia electoral.
El militar que ahora domina la contienda electoral, fue conocido en los tiempos de guerra como el “Comandante Tito” y por haber dirigido los planes de contra-insurgencia en la tierras mayas del altiplano, los mismos territorios que conocieron las masacres, desapariciones forzadas, torturas, secuestros y otros actos de barbarie que sólo pueden compararse con los actos de genocidio cometidos en Ruanda o Camboya. [1]
Como las estructuras contra insurgentes no fueron completamente desmanteladas con la Firma de la Paz en 1996, muchas de ellas se infiltraron en el crimen organizado, en el narcotráfico y en el contrabando. Estos “poderes ocultos” aprovechan las posiciones y redes que han construido en el sector público y privado, no solamente para enriquecerse sino también para cometer crímenes y extorsiones. [2]
La debilidad del sistema electoral y la volatilidad de los partidos políticos también ha sido aprovechada por estos sectores, las elecciones del 6 septiembre son un claro ejemplo: 20 partidos políticos participan en la contienda electoral, los cargos públicos se definen a través de relaciones clientelares, se desconocen las fuentes de financiamiento de los partidos políticos y la mayoría de ellos se han visto implicados en problemas de narcotráfico o contrabando.
En este sentido, la posible llegada al gobierno de Pérez Molina no cambia sustancialmente el sistema social y económico del país, pues al igual que el partido oficial, el Partido Patriota está estrechamente ligado al sector económico tradicional. Por un lado, varios de sus candidatos y principales financistas provienen de las filas de la oligarquía, los empresarios Ricardo Castillo, Dionisio Gutiérrez y el Grupo Grupo Multi Inversiones, son un claro ejemplo. Por otro lado, la alianza entre la oligarquía y el sector militar no es nueva, inició con el golpe de Estado de 1954 contra el presidente Jacobo Arbenz [3] y se consolidó durante más de 36 años de conflicto armado interno. [4]
Otra característica del sistema lectoral y de partidos políticos es la fuerte presencia de partidos de derecha y su indefinición ideológica: tres partidos de derecha y uno de centro detentan cerca de 80% el poder legislativo (PP, GANA, LIDER y UNE), mientras que de 158 diputados únicamente 3 pertenecen a partidos de izquierda (URNG y MNR).
Dado el deterioro de la izquierda guatemalteca en los últimos ocho años, diversas organizaciones sociales y partidos políticos lograron crear el Frente Amplio, con Rigoberta Menchú (Premio Nobel de la Paz) y del diputado independiente Aníbal García como candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia, respectivamente. Sin embargo, las diferencias políticas e ideológicas han distanciado a ciertas organizaciones fundadoras, como El Frente Nacional de Lucha (FNL) y el Movimiento Tzuk Kim Pop.
No obstante, estos problemas distan del pragmatismo y oportunismo político de algunos partidos políticos considerados democráticos y de izquierda, tales como Encuentro por Guatemala (EG) de Nineth Montenegro, que lejos de construir un programa político y alianza con sectores sociales, prefirió aliarse con el partido liberal Visión con Valores (VIVA) del ex líder neo-pentecostal Haroll Caballeros.
Un comportamiento que, también es compartido por supuestos líderes sociales y de izquierda, que se reciclan en cada período gubernamental, innumerables son los casos y, por tanto, dos de ellos pueden ser ilustrativos. El primero, es el de Orlando Blanco y sus más cercanos colaboradores, que después de haber dirigido el Colectivo de Organizaciones Sociales (COS), y de haber trabajado con organizaciones de “víctimas” del conflicto armado, negociaron con el gobierno de turno para acceder a cargos públicos como secretarías y viceministerios. El segundo caso lo podemos encontrar en Edgar Ajcip, líder maya que después de haber dirigido el programa asistencialista del Fondo Nacional para la Paz durante el gobierno anterior, cambia de partido político y ahora se postula como diputado nacional.
En este sentido, los Comités Cívicos siguen siendo una posibilidad real de organización política y social en Guatemala, puesto que son organizaciones políticas locales y regionales que pueden postular y elegir alcaldes municipales, el apoyo de las comunidades indígenas y populares es directo y lejos de buscar hacer de la política una profesión y una forma de ganarse la vida; son un medio para organizar y politizar a las comunidades y trasformar la realidad en que viven.
El amanecer y despertar político que durante siglos han buscado los pueblos mayas sigue siendo distante y parece que un período obscuro y violento se avecina y, por ello, el trabajo organizativo del pueblo, la búsqueda de unidad de las organizaciones populares y la superación el sectarismo de la izquierda tradicional y el culturalismo de gran parte de las organizaciones mayas del país, así como la incorporación de las nuevas generaciones de hombres y mujeres sigue siendo una tarea pendiente.
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