Naciones Unidas, 18 nov La condena al uso de mercenarios enfrenta hoy una fuerte resistencia de Estados Unidos y la Unión Europea (UE), según el resultado de una votación sobre ese tema en Naciones Unidas.Esa postura quedó evidenciada durante la decisión en torno a un proyecto de resolución titulado "Utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación".
El pronunciamiento tuvo lugar la víspera en la Tercera Comisión de la Asamblea General al analizar una propuesta impulsada por Bolivia, Cuba, El Salvador, Nicaragua y Belarús y que fue adoptada por 118 votos a favor, 52 en contra y cinco abstenciones.
La negativa a denunciar el uso de mercenarios estuvo liderada por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, miembros permanentes del Consejo de Seguridad, más Alemania, Bosnia y Herzegovina y Portugal que hoy ocupan un asiento en ese órgano de 15 asientos.
Como discreto complemento de esa lista aparece la abstención de Colombia, país latinoamericano que forma parte de esa instancia de la ONU hasta finales del año próximo.
Los restantes integrantes del Consejo de Seguridad votaron a favor del documento: Rusia y China (miembros permanentes), más Brasil, Gabón, Líbano, Nigeria, India y Suráfrica.
De los 52 votos en contra de la crítica a los mercenarios, 36 provinieron de países europeos, pertenecientes y no a la Unión Europea.
Por América Latina se registraron 20 sufragios a favor, ninguno opuesto y tres abstenciones (Chile, Colombia y México).
El texto dice que la utilización, reclutamiento, financiación y entrenamiento de mercenarios infringen los propósitos y principios consagrados en la Carta de la ONU.
Asimismo, reconoce que los conflictos armados, el terrorismo, el tráfico de armas y las operaciones encubiertas fomentan la demanda de mercenarios y llama a tomar medidas contra la amenaza que entrañan las actividades de esos elementos.
Al respecto, pide que los Estados adopten providencias legislativas para impedir que su territorio y su nacionales sean utilizados para reclutar, concentrar, financiar, entrenar, proteger o de tránsito de mercenarios.
Destaca que entre las actividades de esos elementos están las acciones dirigidas a obstaculizar el ejercicio del derecho a la libre determinación y a desestabilizar o derrocar gobiernos.
También la destrucción total o parcial de la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes que actúan de conformidad con el derecho a la libre determinación.
La iniciativa llama la atención sobre el uso de mercenarios por empresas privadas de seguridad militares, y exige que se prohíba la intervención de esas firmas en conflictos armados o acciones encaminadas a desestabilizar regímenes constitucionales.
Más adelante, advierte acerca de los efectos adversos que las actividades de esas entidades tienen para el disfrute de los derechos humanos y reclama que esas empresas y su personal rindan cuentas por violaciones en esa materia.
Y exhorta a los Estados a investigar la posible participación de mercenarios "cuando y dondequiera se produzcan actos criminales de índole terrorista" y a enjuiciar o extraditar a los responsables de conformidad con las leyes nacionales y los tratados pertinentes.
En otro punto, el proyecto rechazado por Estados Unidos y sus aliados europeos condena "cualquier forma de impunidad que se otorgue a quienes perpetran actividades mercenarias" y a los responsables de su utilización, reclutamiento, financiación y entrenamiento.
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