La cúpula empresarial venezolana buscaba imponer sus intereses en el golpe de Estado de 2002
AVN
Una de las motivaciones del golpe de Estado del 11 de abril de 2002 en contra del presidente constitucional de Venezuela, Hugo Chávez Frías, fue de carácter económico y tuvo profundas consecuencias que afectaron la calidad de vida de la población venezolana.
Como producto de la arremetida golpista, se registró la pérdida de más de 500 mil empleos, incremento de la pobreza, cierre de pequeñas y medianas empresas y comercios así como el desabastecimiento de productos esenciales para la vida como los alimentos, medicinas, gas y combustible.
Así lo explicaron el vicepresidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, el economista Jesús Faría y el presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Elías Eljuri, al analizar las implicaciones de este evento que, aunque tuvo su punto central en el desvío de una marcha hacia el Palacio de Miraflores y el posterior pronunciamiento de un grupo de altos mandos militares desconociendo a las autoridades, se inició desde finales de 2001 con una serie de paros convocados por la patronal Fedecámaras.
El diputado Jesús Faría recordó que este sector de la cúpula empresarial y comercial del país se pronunció frontalmente contra un paquete de 49 leyes promulgadas mediante una habilitante por el presidente Chávez, entre las que se encontraban la Ley de Tierras, que facilita la lucha en contra del latifundio y la Ley de Hidrocarburos, que permite el ejercicio de la soberanía en la actividad petrolera.
“En primer lugar se trataba de restablecer la hegemonía transnacional sobre nuestra principal riqueza natural que es el petróleo... y en segundo lugar muchas estructuras de poder y privilegios estaban siendo desmanteladas con las políticas revolucionarias y con leyes habilitantes, lo que generó la reacción virulenta, inconstitucional y criminal de las cúpulas empresariales venezolanas que apuntaban igualmente a la desestabilización económica y, por lo tanto, política del país”, exclamó Faría.
Las pérdidas
Un estudio del INE calcula que el monto de las pérdidas por ventas petroleras no realizadas durante el paro ocurrido entre 2002-2003 alcanzó los 14.430 millones de dólares (unos 62.049 millones de bolívares al tipo de cambio actual), que equivale a una disminución cercana a 9.998 millones de dólares en la capacidad contributiva de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sus filiales al Fisco, lo cual limitó la capacidad del Ejecutivo Nacional para la ejecución de sus planes y programas.
Elías Eljuri explica que estas acciones provocaron una fuerte contracción en la economía así como el aumento de la pobreza y el retroceso en otros indicadores sociales.
Refirió que el Producto Interno Bruto Real (indicador que refleja la producción de bienes y servicios en un país) que venía subiendo en 3,4% para 2001 cayó en 2002 en -8,9% y en 2003 en -7,8% (en total la economía cayó en 16,7 puntos porcentuales).
Refieren los analistas que este hecho nunca se había producido en la historia económica del país provocando pérdida de empleo, estimada en 460 mil puestos de trabajo, de hecho, la tasa de desocupación pasó de 12,1 en 2001 a 16% en 2002 y 15,6% para 2003, con lo cual se quebró una tendencia a la disminución que se retomó posteriormente hasta alcanzar 6,1% en 2008 y cerrar en 7,35 en 2011.
Otra de las consecuencias negativas del golpe de Estado fue el aumento de la inflación que se duplicó en este período al pasar de 12,3% en 2001 a 31,2% para 2002 y 27,1% para 2003.
De igual manera durante este período la pobreza pasó de un 39% para el segundo semestre de 2001 hasta un 48,6% para 2002 y un 55,1% de 2003.
Asimismo la pobreza extrema registró un comportamiento similar y ascendió de 14% en 2001 a 21% en 2002 y 25 % en 2003.
Capacidad productiva en juego
Sobre las consecuencias que produjeron estas acciones en contra del país el diputado Jesús Faría señaló que este grupo de empresarios pusieron en juego la capacidad productiva de las empresas solamente para sacar del gobierno al presidente Chávez.
“Otro elemento que debemos destacar es la quiebra de las empresas nacionales como consecuencia de una estrategia suicida de la cúpula empresarial de utilizar su poder económico para desestabilizar al Gobierno nacional, incluso a costa de la misma existencia de las empresas”, reflexiona Faría, y establece que “hay dos momentos en los cuáles se ha producido quiebra masiva de industrias y comercio en el país, el primer momento fue tras la aplicación de las políticas económicas neoliberales adoptadas en los años noventa y, el segundo, durante el paro patronal y sabotaje petrolero que se le impuso al país”.
Precisamente el 12 de abril de 2002 esta cúpula empresarial, representada por Fedecámaras, impuso a Pedro Carmona Estanga como presidente de un régimen que se autoproclamó en un acto transmitido en cadena nacional desde el Palacio de Miraflores, destituyendo a las autoridades de todos los poderes públicos e integrantes del Congreso legalmente constituidas.
Carmona Estanga ya había participado en otras acciones contra del pueblo venezolano pues en 1997 fue miembro de la Comisión Tripartita que redactó la Ley del Trabajo vigente, que eliminó la retroactividad para el cálculo de las prestaciones sociales de los trabajadores.
El carácter inconstitucional de su proceder produjo una reacción popular que permitió el rápido desmoronamiento del régimen de derecha que intentó usurpar el poder y para el día 13 de abril el presidente volvió al Palacio de Miraflores luego de ser rescatado por fuerzas leales.
Rápida recuperación
Ambos analistas coinciden en señalar que posteriormente al golpe de Estado de 2002 y al sabotaje petrolero de 2003 el Gobierno nacional pudo desarrollar toda una política que permitió la recuperación de la economía durante 25 trimestres consecutivos.
El diputado Jesús Faría indicó que tal despertar del aparato productivo nacional representó el mayor boomeconómico que conozca la histórica contemporánea del país.
“La economía creció por cinco años consecutivos (entre 2004 y 2009) como nunca antes, en un promedio de casi 10 puntos porcentuales, lo que permitió la recuperación y elevar la eficiencia de las políticas sociales”, exclamó.
También coincidieron en recordar que a partir de 2003 se crearon y comenzaron aplicar las misiones que han permitido importantes avances sociales como la disminución de la pobreza, que alcanzó 55,1% para ese mismo año, bajó a 47% para 2004 y descendió a 26,7% en 2011, mientras que la pobreza extrema disminuyó desde 25% en 2003, a 18,6% para 2004 y se ubicó en 7% para 2011.
Otros de los logros alcanzados fueron la declaración de Venezuela como territorio libre de analfabetismo en octubre de 2005; la atención médica a millones de personas a través de la Misión Barrio Adentro y el acceso a alimentos con precios hasta 50% por debajo del mercado capitalista a través de las redes de distribución como Mercal y Pdval.
Para 2012 el gobierno ha avanzado en la formulación de nuevos instrumentos para el avance social entre los que destacan la Misión AgroVenezuela, dirigida a incrementar la producción de alimentos; la Gran Misión Vivienda Venezuela, que construyó 144.061 viviendas durante 2011 y tiene como meta la edificación de 200.000 viviendas en 2012; la Misión En Amor Mayor que ha entregado 230.000 nuevas pensiones a adultos mayores y la Misión Saber y Trabajo, que se han registrado más de un millón 190 mil personas y que tiene como propósito formar a venezolanos para incorporarlos en diversos procesos productivos del país.
Fuente: http://www.avn.info.ve/contenido/c%C3%BApula-empresarial-venezolana-buscaba-imponer-sus-intereses-golpe-estado-2002
Así lo explicaron el vicepresidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, el economista Jesús Faría y el presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Elías Eljuri, al analizar las implicaciones de este evento que, aunque tuvo su punto central en el desvío de una marcha hacia el Palacio de Miraflores y el posterior pronunciamiento de un grupo de altos mandos militares desconociendo a las autoridades, se inició desde finales de 2001 con una serie de paros convocados por la patronal Fedecámaras.
El diputado Jesús Faría recordó que este sector de la cúpula empresarial y comercial del país se pronunció frontalmente contra un paquete de 49 leyes promulgadas mediante una habilitante por el presidente Chávez, entre las que se encontraban la Ley de Tierras, que facilita la lucha en contra del latifundio y la Ley de Hidrocarburos, que permite el ejercicio de la soberanía en la actividad petrolera.
“En primer lugar se trataba de restablecer la hegemonía transnacional sobre nuestra principal riqueza natural que es el petróleo... y en segundo lugar muchas estructuras de poder y privilegios estaban siendo desmanteladas con las políticas revolucionarias y con leyes habilitantes, lo que generó la reacción virulenta, inconstitucional y criminal de las cúpulas empresariales venezolanas que apuntaban igualmente a la desestabilización económica y, por lo tanto, política del país”, exclamó Faría.
Las pérdidas
Un estudio del INE calcula que el monto de las pérdidas por ventas petroleras no realizadas durante el paro ocurrido entre 2002-2003 alcanzó los 14.430 millones de dólares (unos 62.049 millones de bolívares al tipo de cambio actual), que equivale a una disminución cercana a 9.998 millones de dólares en la capacidad contributiva de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sus filiales al Fisco, lo cual limitó la capacidad del Ejecutivo Nacional para la ejecución de sus planes y programas.
Elías Eljuri explica que estas acciones provocaron una fuerte contracción en la economía así como el aumento de la pobreza y el retroceso en otros indicadores sociales.
Refirió que el Producto Interno Bruto Real (indicador que refleja la producción de bienes y servicios en un país) que venía subiendo en 3,4% para 2001 cayó en 2002 en -8,9% y en 2003 en -7,8% (en total la economía cayó en 16,7 puntos porcentuales).
Refieren los analistas que este hecho nunca se había producido en la historia económica del país provocando pérdida de empleo, estimada en 460 mil puestos de trabajo, de hecho, la tasa de desocupación pasó de 12,1 en 2001 a 16% en 2002 y 15,6% para 2003, con lo cual se quebró una tendencia a la disminución que se retomó posteriormente hasta alcanzar 6,1% en 2008 y cerrar en 7,35 en 2011.
Otra de las consecuencias negativas del golpe de Estado fue el aumento de la inflación que se duplicó en este período al pasar de 12,3% en 2001 a 31,2% para 2002 y 27,1% para 2003.
De igual manera durante este período la pobreza pasó de un 39% para el segundo semestre de 2001 hasta un 48,6% para 2002 y un 55,1% de 2003.
Asimismo la pobreza extrema registró un comportamiento similar y ascendió de 14% en 2001 a 21% en 2002 y 25 % en 2003.
Capacidad productiva en juego
Sobre las consecuencias que produjeron estas acciones en contra del país el diputado Jesús Faría señaló que este grupo de empresarios pusieron en juego la capacidad productiva de las empresas solamente para sacar del gobierno al presidente Chávez.
“Otro elemento que debemos destacar es la quiebra de las empresas nacionales como consecuencia de una estrategia suicida de la cúpula empresarial de utilizar su poder económico para desestabilizar al Gobierno nacional, incluso a costa de la misma existencia de las empresas”, reflexiona Faría, y establece que “hay dos momentos en los cuáles se ha producido quiebra masiva de industrias y comercio en el país, el primer momento fue tras la aplicación de las políticas económicas neoliberales adoptadas en los años noventa y, el segundo, durante el paro patronal y sabotaje petrolero que se le impuso al país”.
Precisamente el 12 de abril de 2002 esta cúpula empresarial, representada por Fedecámaras, impuso a Pedro Carmona Estanga como presidente de un régimen que se autoproclamó en un acto transmitido en cadena nacional desde el Palacio de Miraflores, destituyendo a las autoridades de todos los poderes públicos e integrantes del Congreso legalmente constituidas.
Carmona Estanga ya había participado en otras acciones contra del pueblo venezolano pues en 1997 fue miembro de la Comisión Tripartita que redactó la Ley del Trabajo vigente, que eliminó la retroactividad para el cálculo de las prestaciones sociales de los trabajadores.
El carácter inconstitucional de su proceder produjo una reacción popular que permitió el rápido desmoronamiento del régimen de derecha que intentó usurpar el poder y para el día 13 de abril el presidente volvió al Palacio de Miraflores luego de ser rescatado por fuerzas leales.
Rápida recuperación
Ambos analistas coinciden en señalar que posteriormente al golpe de Estado de 2002 y al sabotaje petrolero de 2003 el Gobierno nacional pudo desarrollar toda una política que permitió la recuperación de la economía durante 25 trimestres consecutivos.
El diputado Jesús Faría indicó que tal despertar del aparato productivo nacional representó el mayor boomeconómico que conozca la histórica contemporánea del país.
“La economía creció por cinco años consecutivos (entre 2004 y 2009) como nunca antes, en un promedio de casi 10 puntos porcentuales, lo que permitió la recuperación y elevar la eficiencia de las políticas sociales”, exclamó.
También coincidieron en recordar que a partir de 2003 se crearon y comenzaron aplicar las misiones que han permitido importantes avances sociales como la disminución de la pobreza, que alcanzó 55,1% para ese mismo año, bajó a 47% para 2004 y descendió a 26,7% en 2011, mientras que la pobreza extrema disminuyó desde 25% en 2003, a 18,6% para 2004 y se ubicó en 7% para 2011.
Otros de los logros alcanzados fueron la declaración de Venezuela como territorio libre de analfabetismo en octubre de 2005; la atención médica a millones de personas a través de la Misión Barrio Adentro y el acceso a alimentos con precios hasta 50% por debajo del mercado capitalista a través de las redes de distribución como Mercal y Pdval.
Para 2012 el gobierno ha avanzado en la formulación de nuevos instrumentos para el avance social entre los que destacan la Misión AgroVenezuela, dirigida a incrementar la producción de alimentos; la Gran Misión Vivienda Venezuela, que construyó 144.061 viviendas durante 2011 y tiene como meta la edificación de 200.000 viviendas en 2012; la Misión En Amor Mayor que ha entregado 230.000 nuevas pensiones a adultos mayores y la Misión Saber y Trabajo, que se han registrado más de un millón 190 mil personas y que tiene como propósito formar a venezolanos para incorporarlos en diversos procesos productivos del país.
Fuente: http://www.avn.info.ve/contenido/c%C3%BApula-empresarial-venezolana-buscaba-imponer-sus-intereses-golpe-estado-2002
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