La FAO y el acaparamiento de tierras
El Parque de las Hamacas
Si hay un negocio
que tiene el futuro garantizado, no es otro que el de la alimentación.
Se puede prescindir de todos los objetos que nos rodean y que
supuestamente nos hacen la vida mejor, sin embargo, llenar el estómago
siempre será una obligación. Así lo han entendido esas pocas
multinacionales que controlan el comercio de alimentos y los
inversionistas que han volcado su dinero en los mercados agrícolas.
Pero
en la búsqueda frenética de oportunidades dentro del agronegocio, se ha
extendido el “acaparamiento de tierras”, en el que inversores,
empresarios, estados, etc. están adquiriendo millones de hectáreas en
diferentes países, sobre todo en los africanos, desde los subsaharianos
hasta los mediterráneos. Algunos buscan especular con las tierras, otros
sembrar agrocombustibles para los países ricos, y otros aprovechar el
agua y la tierra ajena para cultivar alimentos y luego exportarlos a sus
naciones.
Sea como sea, algunos cálculos ya establecen que en
África se han tramitado proyectos por una extensión total de 67 millones
de hectáreas (la superficie conjunta de Italia y Alemania).1
Los atropellos se han sucedido sin parar y aquellos maravillosos
beneficios que gozarían los pueblos que se amoldarían a la nueva
inversión agrícola, se han quedado en papel mojado.
De esta forma, las
personas desalojadas de sus tierras se cuentan por decenas de miles.
Además se han reportado expulsiones violentas, encarcelamientos,
procesos judiciales contra campesinos, precariedad laboral en los nuevos
proyectos agrícolas, acaparamiento de otros recursos naturales como el
agua, deforestación de bosques, alteración de cauces en ríos, etc.
Los muchos discursos de la FAO
La FAO,2
como buena hija de Naciones Unidas, acoge todo tipo de ideas por muy
contradictorias que puedan ser entre ellas. Por ejemplo, ante la
reciente crisis alimentaria en Sudán del Sur, el responsable de este
organismo en el país africano manifestaba que “Hay que lograr que
las familias tengan en primer lugar acceso rápido a alimentos inocuos y
nutritivos, así como a otras necesidades básicas (…) Podemos hacerlo
ayudando a la gente a retomar las actividades agrícolas, ganaderas y de
otro tipo en las que basan sus medios de subsistencia”.3
La
realidad es que si se quiere ayudar a la gente a retomar sus
actividades agrícolas, habrá que garantizar las tierras, las aguas y los
recursos económicos. Por eso este escenario propuesto por el
responsable de la FAO en Sudán del Sur, choca de frente con el masivo
acaparamiento de tierras en el continente, que está ayudando a la gente a
abandonar las actividades agrícolas, ganaderas y de otro tipo en las
que basan sus medios de subsistencia.
Sin embargo y a pesar de la
gravedad de los hechos, la FAO también apoya sin titubeos el
acaparamiento de tierras. Junto al Banco Mundial o el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola, trabaja en los “Principios para
una inversión agrícola responsable”. Como se desprende del propio
título, para estos organismos el acaparamiento de tierras es una
inversión que para las naciones empobrecidas deparará, supuestamente,
ciertos beneficios como puestos de trabajo, transferencia tecnológica,
infraestructuras rurales, seguridad alimentaria, etc. En general, el
brazo filantrópico y propagandístico de la nueva inversión agrícola, no
ofrece nada que no se haya escuchado mil veces para justificar la
inversión extranjera en general, y nada que no se escuchará por ejemplo
hace un siglo, cuando ciertas transnacionales fruteras transformaron
estados independientes centroamericanos en “repúblicas bananeras”. A día
de hoy y como se decía antes, los atropellos y las expulsiones se
imponen a las benevolencias.
Y hablando de benevolencias, dejen que les cuente un caso. En 2009, la empresa suiza Addax Bioenergy arrendó 20.000 hectáreas en Sierra Leona para cultivar caña de azúcar y generar bioetanol.4
Se ha denunciado que las comunidades no fueron consultadas para ver si
accedían a arrendar sus tierras y el acuerdo fue secreto entre la
compañía y el consejo de la aldea. Las cosechas de algunos campesinos
fueron destruidas y la indemnización recibida fue tres veces inferior al
precio real. Los agricultores han revelado que ahora tienen que
recorrer varios kilómetros hasta llegar a las nuevas tierras que les
asignaron y se ha constatado que la empresa no está cumpliendo sus
compromisos sociales (empleo, mejora agricultura local, etc.). Estos
datos fueron recabados por miembros del Consejo de Iglesias de Sierra
Leona y por un activista de derechos humanos, que además estuvieron
acompañados en el terreno por una ONG local. El Observatorio del Derecho
a la Alimentación y la Nutrición tomó estas reseñas y las incluyó en un
informe sobre acaparamiento de tierras que publicó en 2010.5
Se
explica esto porque en marzo, la FAO hizo públicas una serie de
noticias sobre el “Proyecto sobre la bioenergía y criterios e
indicadores para la seguridad alimentaria” (BEFSCI, por sus siglas en
inglés). Este proyecto es financiado por el Ministerio Federal Alemán de
Alimentación, Agricultura y Protección del Consumidor, y según la
información contenida en la web de la FAO, pretende desarrollar “…
una serie de criterios, indicadores, buenas prácticas y opciones
políticas sobre el desarrollo de la bioenergía moderna que promueve el
desarrollo rural y la seguridad alimentaria…”.6
Huelga
decir que este proyecto es un espaldarazo claro al desarrollo de los
agrocombustibles y al acaparamiento de tierras. Demagógicamente
relaciona el cultivo energético con la seguridad alimentaria, obviando
la tragedia de un continente, África, que debe importar decenas de
millones de toneladas de alimentos básicos. Sin ir más lejos Sierra
Leona, el país donde desarrolla sus actividades Addax Bioenergy, ha llegado a destinar el 24% de su PIB para importar comida.7
La
cuestión es que en uno de los materiales de BEFSCI, titulado “Buenas
prácticas socio-económicas en la producción moderna de bioenergía”, se
menciona el caso de Addax Bioenergy como un ejemplo de nitidez,
participación ciudadana, solidaridad, etc. Las benevolencias de la
compañía suiza que se mencionan en este manual fueron aportadas por
productores locales, aunque sin ser contrastadas por la FAO. No hay duda
de que algunos lugareños se han podido beneficiar de los proyectos de Addax Bioenergy,
pero no se entiende que una organización de Naciones Unidas se olvide
de la otra cara de la moneda, de los otros testimonios y de las
injusticias. No se entiende que un proyecto de la FAO utilice este
controvertido ejemplo como un modelo a seguir, sin comprobar los hechos.
Incluso llegó a utilizar en sus informes una fotografía que aparece en
la web de Addax Bioenergy, en la que se ve a acaparados y acaparadores dándose la mano amigablemente.8
Este hecho no tendría la menor importancia si se hubiera indicado el
origen de la instantánea. Pero no hacerlo y además reconocer que no se
contrastó la información, permite pensar que los datos fueron
recopilados de una sola fuente, sin valorar las graves irregularidades
que algunas organizaciones han desvelado.
Las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tierra
El
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO (CSA) fue reformado
en 2009 para proporcionarle más versatilidad, peso específico y
capacidad de decisión para la creación de políticas relacionadas con la
seguridad alimentaria. El logro más importante de esta reforma fue el
espacio de participación que se proporcionó a las partes interesadas,
especialmente a las que se ven más afectadas por la inseguridad
alimentaria.
Desde hace tres años, se vienen discutiendo y
consensuando en el seno del nuevo CSA, las directrices voluntarias sobre
la gobernanza responsable de la tierra. Estas directrices pretenden
salvaguardar el acceso a la tierra y a otros recursos naturales para los
sectores de la sociedad más vulnerables, y ayudarán a que los estados
que se ven afectados por el acaparamiento de tierras puedan legislar
para garantizar estos derechos.
El pasado 11 de mayo y tras muchas
reuniones, las directrices fueron aprobadas por los estados, el sector
privado y los colectivos sociales que habían participado en su
elaboración dentro del CSA. Las primeras reacciones de las
organizaciones sociales involucradas -que representaban en algunos casos
a millones de campesinos y agricultores- han sido positivas porque por
una parte se han aprobado unas pautas que pueden ayudar a frenar la
impunidad reinante hasta el momento, y por otra, consolida el CSA
reformado como un espacio de participación y toma de decisiones.
No
obstante, algunos colectivos sociales también han manifestado que las
directrices se quedan cortas en muchos aspectos, siguen legitimando el
acaparamiento de tierras y pueden entenderse de manera desigual
dependiendo de los actores. Todo, porque la acción de ciertos estados y
sobre todo del sector privado, obligó a consensuar ciertas posiciones
ambiguas y muy generales, y por eso al final, tuvieron el mismo peso los
intereses de aquellos que se juegan el poder comer y trabajar, que los
intereses de aquellos que si no invierten en agrocombustibles en África
lo harán en factorías chinas de alpargatas y bolígrafos. Muy democrático
sí, pero muy asimétrico también.
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