Cameron privatiza la sanidad pública y da paso a empresas y pacientes privados
La reforma, aprobada el 27 de marzo, favorece la participación de empresas privadas en la atención médica del Servicio Nacional de Salud y permite hasta un 50% la entrada de pacientes privados en centros públicos.
Nueva ley sanitaria
La nueva ley sanitaria responde al objetivo del Gobierno conservador de ahorrar 20.000 millones de libras en la provisión de atención sanitaria durante lo que resta de legislatura y supone la mayor remodelación del Servicio Nacional de Salud desde su creación, hace ahora 65 años. Esta propuesta se enmarca dentro de los planes de austeridad del Gobierno de David Cameron, que incluyen medidas tales como el aumento de la edad de jubilación o los recortes en educación, siempre con la finalidad, argumenta el ejecutivo, de reducir el déficit público. “Hay gente que dice que no deberíamos habernos embarcado en la reforma del sistema sanitario. A esa gente le diría que, por las presiones a las que nos enfrentamos, no podemos permitirnos no reformarlo”, escribía el secretario de Estado de Salud, AndrewLansley, en un artículo para la British Journal of Nursing, revista de enfermería británica.
La ley obliga a que la mayoría de los hospitales adquieran el estatus de National Health Service Foundation Trust para 2014, lo que supone el cumplimiento de una serie de requisitos legales –de gobierno interno y financieros– muy estrictos, que puede derivar en una concentración de recursos en centros de excelencia y la reducción de servicios en otros de zonas más pobres.
De la privada con dinero público
Además, una de las características principales de los Foundation Trusts es la capacidad de admisión de pacientes privados. La reforma de Lansley ha aumentado el anterior límite de 1,5% de pacientes del sistema privado hasta el 49%, despertando los temores en los profesionales del sector hacia una priorización de este tipo de pacientes frente a los provenientes del sistema público. Asimismo, una de las medidas más controvertidas de la reforma es la eliminación de las organizaciones de atención primaria, que actualmente controlan la designación del presupuesto médico, en favor de la creación de los grupos de comisionado clínico, organismos que estarán compuestos en su mayoría por médicos de familia y que se responsabilizarán principalmente del gasto médico. Esta descentralización propuesta por el Gobierno para la financiación de los servicios médicos abre la puerta a las compañías privadas a través del mecanismo de concurso denominado “cualquier proveedor cualificado”. De esa forma, tanto organizaciones privadas como públicas competirán por la prestación de atención médica siguiendo el propósito del ejecutivo de fomentar la competitividad.
Una investigación llevada a cabo por la organización False Economy, financiada por Federación de Sindicatos del Reino Unido, ha descubierto que, tras analizar a los miembros de 50 de los nuevos grupos de comisionado clínico, en 22 de ellos, más de la mitad de los médicos de familia que los componían también trabajaban o tenían intereses en el sector privado. A pesar de que desde el Ministerio de Salud se asegure que se pondrán en práctica normativas para impedir los conflictos de interés, las revelaciones del informe resaltan el peligro de que las nuevas agrupaciones, responsables de 60.000 millones de libras (72.000 millones de euros) del presupuesto médico, beneficien a empresas en las que también participan. Sin embargo, la mayor parte del sector profesional médico se ha manifestado en contra de la nueva ley, expresando públicamente su rechazo a la propuesta de Andrew Lansley.
La oposición de organizaciones de la importancia de la BritishMedical Association (BMA, Asociación de Médicos Británica), el Royal College of Physicians (Colegio Real de Médicos) o Royal College of Nursing (Colegio Real de Enfermería), se refleja también entre los propios médicos de familia, que pasan a ser los encargados de administrar la mayor parte del presupuesto. Según una encuesta de la BBC, tan sólo un 12% de los médicos de familia considera que la nueva estructura mejorará la atención sanitaria, frente a un 55%que cree que tendrá un impacto negativo. Asimismo, el 87% de los encuestados cree que las compañías privadas van a adquirir mayor participación en el sistema sanitario y un 83% opina que la ley conducirá a un mayor racionamiento de la provisión médica en su área.
Rechazo a la privatización
La BMA, principal sindicato de médicos en el Reino Unido, ha sido una de las organizaciones más críticas con la reforma sanitaria: “Hubiera sido mejor que no se planteara la ley en primera instancia. Está viciada desde la base, e incluso con todas las enmiendas planteadas, pone un énfasis excesivo en las fuerzas del mercado y amenaza con fragmentar nuestro sistema de salud”, según afirma el doctor Hamish Meldrum, presidente de la BMA, en una carta pública a sus miembros. El rechazo a la remodelación del NHS se ha trasladado también a la sociedad británica. Según la encuesta de YouGov de marzo de este año, un 48% de los encuestados se opone a la reforma frente a un 14% que la apoya, y un 46% opina que va a suponer un empeoramiento del servicio –frente a un 18% que cree lo contrario–, visión mayoritaria compartida también por el 66% de sus trabajadores, según otra encuesta de la misma organización.
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