Armagedon Perú Prensa Popular

Trasfondo de la "lucha contra las drogas"

Una guerra muy exitosa

Alberto Rojas Andrade

Rebelión

“En Nueva York, en la confluencia de la Octava o Novena Avenida y las calles 42, 43 o 44, a unos cientos de metros del edificio de The New York Times, he visto muchos individuos, en plena calle y a plena luz del día, vendiendo drogas a transeúntes. ¿Por qué no se impide este comercio, y por qué no se han servido de estos vendedores para emprender investigaciones que conduzcan a los niveles más altos? Más aún: en el radio de una milla de la Casa Blanca cualquier persona emprendedora puede encontrar quien le venda drogas, y nadie parece querer interrumpir esta actividad. ¿Por qué?”

Armando Ayala Angiano. The Gringo Connection

Se repiten intensamente las cifras: cuarenta y nueve cadáveres mutilados en Nuevo León, diez y ocho cuerpos decapitados en Guadalajara; nueve personas colgadas de un puente en Nuevo Laredo; ciento y tantos cadáveres en Tamaulipas; más de 50 calcinados o asfixiados en el casino de Monterrey; como suceso de inicio de la abyección imperante aquellas cabezas arrojadas en la pista de baile en un bar de Uruapan en Michoacán en septiembre de 2006. Se habla en México que la guerra contra el ‘Narco’ tiene ya unos 50 mil muertos. Sin embargo los números por abultados que sean no expresan con exactitud el impacto de terror psicológico en los habitantes, un miedo impuesto idéntico al empleado por fuerzas de ocupación en territorio hostil buscando doblegar una población resistente.

Simultáneamente en los últimos años en México, aunque las estadísticas no son fidedignas, han muerto unos cuarenta y cinco reporteros y fotógrafos, una cifra indeterminada ha sido torturada, incontables amenazados, justamente desde que la guerra contra ‘el Narco’ se declaró oficialmente en 2006. La autocensura sobreviniente es un claro efecto de las conductas criminales anotadas y esperar justicia por estos hechos es una vana ilusión; aunado a las violencias anteriores, el despido de valientes comunicadores comprometidos con la verdad[1] es otra forma de silenciamiento muy propia de una Guerra de Baja Intensidad (GBI).

El consecuencial ambiente en este gran país es muy sombrío: "El estado de ánimo de los mexicanos es muestra del pasto seco. Hay desesperanza, irritación, miedo, mucho miedo"[2]. Los relatos mexicanos contemporáneos sobre la violencia imperante hacen que la famosa frase de Fedor Dostoievski, ‘nada es más fantástico que la realidad misma’, tome pleno sentido:

“Conocí a una niña de 7 años que me confió que no pidió nada a Santa Clós, consciente de que el anciano estaba siendo extorsionado, como todos en su ciudad. “Sé que le pidieron la cuota”, me dijo muy seria. La sonrisa se me quitó cuando me dijo que la directora de su escuela primaria renunció cuando la amenazaron con poner una bomba si los maestros no pagaban derecho de piso al cártel, y cuando se acordó de que las clases se suspendieron el día en que se llevaba a cabo el concurso sobre el Himno Nacional porque en la calle se desató la balacera.[3]”

Naturalmente esto no sucede en todo México sino en lugares específicos y es de suponer que estratégicamente seleccionados primando las zonas populares. En Culiacán o Nuevo Laredo para citar algunos estados renombrados por el tema, esto es usual. En medio de la conmoción constante, la guerra presenta unas características muy específicas de subrepticia anexión por parte de los EE.UU. mediante una red de tratados cuyo eje son cadenas económicas de papel (NAFTA) y sus correlativos y funcionales acuerdos militares (Iniciativa Mérida).

La Iniciativa Mérida, firmada en 2008 es un acto ilegal de acuerdo a la legislación mexicana y semisecreto suscrito entre los gobiernos de EE.UU. y México, el cual permite el entrenamiento de las fuerzas militares mexicanas por parte de Estados Unidos, la venta del armamento necesario y la adscripción forzada a la estrategia militar gringa. Las consecuencias relacionadas con la ocupación extranjera de hecho han resultado ser el control creciente del Estado por parte de agencias como FBI, CIA, DEA y demás, que ya estaban operando en territorio mexicano, el sobrevuelo sobre todo el territorio de aeronaves espías no tripuladas y la injerencia de tropas pentagonales en la represión interna del país. El pretexto es expuesto incansablemente como formas imprescindibles de la “lucha” contra “el narcotráfico y el terrorismo”, en respuesta a las atrocidades de los carteles.

La militarización impuesta produce muestras inocultables de una invasión. La creación de dos bases militares en la frontera con Guatemala, por recomendación de la DEA (sumado a los catorce mil militares ya existentes en Chiapas), es un afán inocultable de contener el descontento social en el sur del país. Adicionalmente, en 2011 se inaugura la construcción de la Academia Estatal de Formación y Desarrollo Policial, en Las Encinas al oriente de la capital del Estado de Puebla; el FBI y otras agencias imperiales tienen participación directa en esta academia. Junto con la de Chiquimosuelo y Jiquipilas, son bases de EEUU.; no cabe duda de que el Pentágono dirige su funcionamiento. Por eso se contabilizan en México varias bases militares extranjeras[4] como fruto directo de esta guerra contra evasivos y omnipresentes carteles.
 
También bajo esta mampara el gobierno de la Casa Blanca ha entregado dinero y efectuado ‘cursos’ sobre justicia en México, lo que en la práctica equivale a imponer procedimientos judiciales gringos. En estas circunstancias ‘fortalecer’ la justicia en realidad es agringarla, es decir, estructurarla de acuerdo con los parámetros, modos de pensar y de actuar del poder judicial estadounidense, con sus delaciones mediante acuerdos, sus pagos por colaboración, su estilo de subasta de penas y beneficios de acuerdo al poder económico del acusado. Las negociaciones con traficantes ilegales por parte de las autoridades judiciales estadounidenses no tienen nada de heroico, ni de justiciero. Son un puro frío cálculo de intereses, por parte de entes como la DEA; quien tiene mucho dinero para entregar al Departamento del Tesoro posee grandes posibilidades de lograr mejores acuerdos y hasta impunidad[5], previa delación de actividades de personas valiosas a las agencias de espionaje interesadas.
 
Paralelamente las noticias vienen y van intensamente descontextualizadas, aseverando con sensacionalismo que la corrupción carcome a México en sus más altas autoridades alimentada por el ‘narcotráfico’.  Dos generales del ejército, incluido quien fuera el número dos de la Secretaría de la Defensa Nacional, son investigados por presuntos vínculos con un cartel de drogas. Informaciones como esta generan un entorno de desconfianza en los mexicanos encargados de la persecución a traficantes ilegales devenidos desde los inicios del sexenio de Felipe Calderón, en enemigo público número uno al sur del Rio Bravo. Ciertas o no las acusaciones, esto redunda en la apreciación exterior e interior de que los mexicanos no son lo suficientemente honestos para enfrentarse a bandas criminales y resultan proclives a la corrupción (lo cual es apreciable ahora en el mismo sentido en Centro América, República Dominicana y Puerto Rico). Es muy fácil bajo este ambiente, atemperar a la opinión pública acerca de la ‘inevitable’ conveniencia de tolerancia a la renuncia de la soberanía e independencia mexicanas. A la vez es pertinazmente presumida la probidad e incorruptibilidad de las autoridades estadounidenses; no obstante, tal escrupulosidad es muy dudosa cuando salen a la luz pública informaciones sobre delitos relacionados con el tráfico ilegal perpetrados por funcionarios de la administración estatal o federal gringa y hasta militares[6], eso sí, poco visibilizados mediáticamente.
 
Situaciones como las relatadas se han extendido hacia el sur de México. Militares y agencias de espionaje gringas paulatinamente van tomando espacios en casi todo Centro América, y los resultados de su ostentosa presencia son ya sentidos dolorosamente por la población. Con una simetría constante desde los años setenta, aquella de que a mayores medios para combatir el tráfico ilegal siempre le corresponde un aumento del mismo y de la violencia y poder económico de este, va agigantándose la persecución militarizada tomando ya Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá, con todo y bases militares pentagonales incluidas. Honduras por ejemplo desde el golpe de estado de 2009 se ha visto copada por una ola de represión acompañada de la aparición de destacamentos paramilitares de origen extranjero (colombiano) contratados por terratenientes locales[7].

Lo constantemente olvidado en las informaciones son los antecedentes y consecuencias del narcotráfico en el subcontinente latinoamericano y el Caribe. La patente situación de que el tráfico ilegal no se genera en un espacio vacío, atemporal, despolitizado y carente de una base material, es borrada de la mente de la población. Es evidente que estos pilares materiales del tráfico ilegalizado, como lo demuestran muchos antecedentes del mismo desde los años cincuenta, permiten establecer inequívocamente que se requiere para su funcionamiento un capital considerable, una especie de conocimiento especifico (how-know), y conexiones internacionales a todo nivel[8], algo de fácil obtención en círculos cercanos al poder.

En cuanto al génesis del tráfico ilegalizado en el continente, este tiene antecedentes en situaciones creadas durante la Guerra Fría. Es muy conocida la existencia de una conexión de traficantes de heroína proveniente de Turquía pasando por Marsella y llegando a los EE.UU. manejada desde finales de los años cuarenta por la mafia italo-estadounidense de Luky Luciano, asociados y sucesores, prohijada de muchas formas por la CIA, con el objetivo de que aquella actuara contra los sindicatos socialistas de Italia y Francia, en acuerdo de reciprocidad vigente durante dos décadas por lo menos, en lo que se ha llamado la “French Connection”[9]; en Asia también la CIA actúa en el sureste de este continente con fines políticos con la heroína, dentro del marco de las guerras de Indochina, en el papel de mafia protectora de traficantes algo muy bien documentado por el historiador estadounidense Alfred W. McCoy[10]; en lo que tiene que ver con el opio producido en la invadida Afganistán desde el 2001 y sus relaciones con la pluricitada CIA, también casi de dominio público, han sido destacadas con claridad por el economista Michel Chossudovsky[11].

En el Caribe los traficantes ilegales de sustancias como la cocaína en los años sesenta e inicios de los setenta son fundamentalmente cubanos exiliados en la zona de la Florida con estrechos vínculos con la CIA[12].  Los rastros de ello son inocultables. En junio de 1970, el Bureau Federal de Narcóticos y Drogas Peligrosas (BBDD) antecesor de la Drug Enforcement Administration (DEA), en una redada detiene por todo EE.UU. a unos 150 sospechosos en la más grande operación antidroga de su historia. Se calcula que los implicados manejan por entonces el comercio de un 30% de heroína y de casi un 80% de cocaína vendida en esa nación. Cerca de un 70% de los detenidos pertenecieron a los destacamentos invasores de la CIA a Cuba en Bahía Cochinos en abril de 1961, evidenciando así una década de dominio del tráfico de sustancias ilegales por parte de exiliados cubanos[13], de al menos, pleno conocimiento de esta agencia. Estos veteranos de la invasión poseen ventajas sobre otros grupos traficantes, la propia CIA les entrena y protege bajo su sombra por ser parte de operaciones donde se compromete la seguridad nacional de EE.UU[14]. Es decir forman parte de grupos rabiosamente contrarios a la revolución cubana, tan detestada por el gobierno de Washington. La conexión referida al tráfico ilegal de exiliados cubanos-CIA es ostensible. El periodista Gary Webb en el libro Dark Alliance[15] develó, a partir de documentos desclasificados de la CIA, que en enero de 1974, la agencia tenía como empleados propios a personas relacionadas con tal actividad y a la vez reconocidos jefes ultraderechistas cubanos de la Florida, los cuales intercambiaban armas por cocaína actuando en acciones de espionaje incluido el sabotaje con bombas y armas de fuego en todo el Caribe, como los reconocidos Luís Posada Carriles y Félix Rodríguez Mendigutía[16].
Se sabe muy poco al respecto, pero lo apreciable es que imperceptiblemente los traficantes cubanos del exilio van cediendo el terreno de sus negocios a colombianos desde finales de los años setenta; en un mundo criminal donde históricamente opera la ley del más fuerte no se conoce de enfrentamientos de magnitud en esa época por el dominio de esta muy lucrativa actividad ilícita en el Caribe. Es como si hubiera ocurrido una especie de enajenación pacífica de una franquicia provechosa para todos los involucrados, algo inconcebible en el mundo del crimen organizado tal como nos lo ha sido descrito por todos los medios.

Nuevamente son sacados a la luz pública internacional estos enmarañados nexos, con el tráfico ilegal de la CIA esta vez en favor de la Contra nicaragüense en los años 80, intercambiando una vez más cocaína por armas, viniendo el alcaloide desde Colombia hasta San Francisco California y aquellas yendo a parar hasta Nicaragua, en la guerra ilegal de acuerdo al legislación de EE.UU. contra el gobierno sandinista, documentada también por el periodista Gary Weeb en artículos del diario San José Mercury[17]. Es la parte occidental del escándalo Irán –Contras.

Es muy diciente de la cercanía de las diversas agencias de espionaje de los EE.UU. (DEA, CIA, DIA, FBI, NSA, etc.) y los traficantes, que es gracias a dichos entes afincados en México, Colombia y en otros países latinoamericanos que sabemos pormenorizadamente de la organización, nombres, retratos y hasta costumbres de los principales traficantes[18], o que las condenas a estos se deben fundamentalmente a testimonios y delaciones de agentes encubiertos pertenecientes a aquellos organismos, es decir a pruebas indirectas fácilmente manipulables.

Un caso paradigmático en los más recientes treinta y cinco años y en una escala apropiada para ser valorada sobre la utilización desestabilizadora de la persecución al tráfico ilegal es la isla de Jamaica. A fin de evitar la continuidad del gobierno de izquierda de Michael Manley en 1980, EE.UU. pone en ejecución un ‘programa de desestabilización’ armando bandas derechistas, usando violencia selectiva, bombas, financiando al conservador Jamaican Labour Party (JLP) y empleando el soborno[19]; el gobierno de Washington acepta por entonces sin recato notable que esa nación caribeña se transforme “en un segundo abastecedor de mariguana del mercado norteamericano y en un centro cada vez más importante de la distribución de cocaína proveniente de América del Sur”.[20] En circunstancias como las descritas, se desata una gran violencia en toda la isla amparada por la CIA[21], la cual arroja unos setecientos muertos por enfrentamientos entre bandas paramilitares[22], cuya consecuencia política inmediata es el triunfo en las elecciones de aquel año del candidato a primer ministro auspiciado por Washington, Edward Seaga (el legendario Bob Marley le llamaba Edward ‘Ciaga’ en alusión a sus mentores), quien naturalmente aplica políticas proestadounidenses de libre mercado y rompe relaciones con Cuba.

En ese contexto, bandas criminales van apoderándose de Kingston como la paramilitar llamada ‘Shower Posse’ (por la lluvia de balas esparcida en sus enemigos), seguidora del JLP de Seaga[23], y dedicada al tráfico de cocaína hacia EE.UU., con al menos pleno conocimiento de la DEA[24]; se erigen jefes mafiosos manejando barrios enteros de la ciudad mediante el terror[25]. Estas pandillas apoyadas por el espionaje estadounidense, actúan como cuerpos paramilitares intimidantes mediante el homicidio y las palizas de los oponentes izquierdistas del JLP, recibiendo instrucción para tales efectos de la CIA[26]. Un jefe de estos grupos y traficante ilegal llamado Charles ‘Little Nut’ Miller, extraditado a EE.UU. ha manifestado que es ‘este gobierno ha hecho de mi lo que soy’[27], lo cual es ratificado por observadores internacionales, quienes admiten que este tipo de jefes criminales son una especie de ‘frankesteins creados por el Tío Sam’[28]. Con los años las bandas paramilitares reciben del gobierno, sea este de cualquier partido, poder para constituirse en los únicos ofrecedores de servicios sociales a la población. Los capataces criminales reciben contratos gubernamentales para la construcción de obras públicas, incluidas clínicas y escuelas[29], muy al estilo del funcionamiento de los paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), también traficantes ilegales reconocidos[30].

La conclusión de este relato no puede ser otra que la de que el espionaje estadounidense ha creado una estructura criminal para subvertir el orden social y político existente en Jamaica desde que les era desfavorable en los finales de los años 70 y la han dejado operando mediante pandillas paramilitares, financiadas por el producto de las sustancias ilegales, con el objetivo de mantener un estado de pánico y conmoción. Prueba de esto último es la extradición del más reciente jefe de la ‘Shower Posse’ Christopher ‘Dudus’ Coke en 2010, precedida de una sangrienta persecución, siendo condenado benignamente mediante un arreglo con las autoridades judiciales de EE.UU. por delitos no relacionados con el tráfico ilícito[31], sin haber sido establecido si el aparato delincuencial dejado por Coke ha sido realmente desmontado, lo cual no parece importar a las autoridades imperiales.

Un aspecto más por resaltar de acuerdo a lo anterior, es el posicionamiento de las organizaciones mafiosas dedicadas al tráfico ilegal en la política de naciones enteras es descrita por los entes encargados de su persecución en los países afectados como si estos no tuvieran conocimiento ni recursos de contención, cuando se desarrollan tales redes delictivas muy poco disimuladas en sus efectos, lo cual se produce, vale la pena insistir, en medio de sociedades militarizadas y paramilitarizadas por tanto muy vigiladas, justamente con todos los artilugios de la industria bélica estadounidense ofrecida en el mercado.

Existe una persistente sospecha de que las ‘guerras’ contra las drogas esconden en su interior estrategias de intervención militar en Latinoamérica, la cual se transforma en certeza, al presenciar como las persecuciones se hacen manu militari, contra traficantes más o menos notorios, y sin embargo, no son tocados poderosos favorecedores en gobiernos clientes de Washington; y qué decir de los banqueros en capitales financieras y demás paraísos fiscales. Evo Morales ha dicho al respecto:

“Yo estaba convencido de que la DEA (cuya salida de Bolivia dispuso el mandatario en 2009) no lucha contra el narcotráfico, sino que lo controla con fines políticos. Así lo comprobamos nosotros. Con fines políticos hacían operativos para implicar a dirigentes sindicales o dirigentes políticos o gobiernos antiimperialistas, independientes. Sin la DEA comprobamos que se da mejor la lucha contra el narcotráfico, a pesar del permanente sabotaje de Estados Unidos. Queremos recordar que dentro de las políticas de lucha contra el narcotráfico a nivel mundial hay responsabilidades compartidas de las que Estados Unidos se desliga. No invierte en las verdaderas políticas antinarcotráfico, sabiendo que el origen de éste es el mercado ilegal. Y la responsabilidad que existe en el consumo masivo”[32].

Históricamente el tema de la prohibición es muy diciente respecto a las nefastas consecuencias de su aplicación basada en criterios muy poco científicos. Justamente uno de los más apreciables efectos prácticos de la Ley Seca estadounidense de los años veintes del siglo XX fue la generación de una incontrolable expansión del crimen organizado y corrupción estatal, y cuando la proscripción llegó a sustancias como la marihuana, cocaína y demás la situación fue idéntica.

Las relaciones económicas de las naciones productoras involucradas obrando injustamente  con las naciones donde se asienta la producción ilegalizada no son tenidas en cuenta en las políticas criminales mundiales. En los países del centro capitalista son subvencionados los productos agrícolas, por tanto los campesinos del sur deben roturar la tierra con algo rentable de acuerdo a la situación de los mercados y la proscripción de ciertos productos aumenta el riesgo para los grupos de comerciantes ilegalizados relacionados con aquellos, y así mismo las ganancias son mucho mayores; cumpliendo fielmente la implacable lógica capitalista del comercio mundial contemporáneo, los productores reciben una parte ínfima del mercado. Como cúspide de lo insensato se ha llegado en esta persecución absolutamente contraproducente hasta el empleo de la fumigación con sustancias tóxicas de las zonas de cultivos en México y especialmente en Colombia, afectando ecosistemas enteros de los cuales hacen parte los seres humanos, algo impensable respecto de plantaciones de tabaco, un producto agrícola bastante dañino a la salud humana, pero sobre el cual no recae restricción, siendo manejado por poderosas multinacionales.

Los tratados de libre comercio ayudan a profundizar esta situación. Es innegable como dentro de las previsiones de las consecuencias de la entrada en vigencia del NAFTA  era evidente que el sector rural mexicano entraría en quiebra, razón por la cual desde 1994 el presidente Bill Clinton militariza la frontera sur con la ‘Operación Guardián’, para evitar el flujo de personas desde México y Centroamérica en busca de sustento a consecuencia de la invasión de productos subvencionados del norte. Algo usual en este tipo de acuerdos de comercio, que no son otra cosa que ventajosos pactos de protección de inversiones de corporaciones de estados poderosos. Es decir, los campesinos en zonas aisladas son realmente empujados a desarrollar actividades perseguidas criminalmente por los despiadados intercambios capitalistas del momento presente. Así el Plan Puebla Panamá (PPP) o Mesoamérica, análogo al NAFTA, es en realidad una prolongación de la frontera gringa hacia el sur del Río Bravo llegando al canal de Panamá[33], tomando República Dominicana, para unirse con la agobiada Colombia y su plan del mismo nombre y un afrentoso Tratado de Libre Comercio (TLC).

Como toda actividad política esta guerra tiene al interior de Estados Unidos, un aspecto favorable a intereses específicos e influyentes. Con el tráfico ilegal han ido aumentando armoniosamente las personas y los presupuestos encargados en su persecución, hasta erigir una burocracia extendida, poderosa y ya con tradición en la administración federal, a pesar de los inexistentes efectos de su labor: la DEA de 2.775 empleados y un presupuesto de 65.2 millones de dólares en el año se su creación, 1972, ha pasado a 9.906 funcionarios y partidas de 2.020 millones de dólares en 2011[34], como estadísticas oficiales al respecto, lo cual genera un conjunto de empleados públicos de una u otra forma poco interesado en terminar con el fenómeno del tráfico de sustancias ilegales y menos suprimir la producción.

Es así mismo bastante notable el que para unas tareas tan álgidas en las sociedades afectadas por el tráfico ilegal y sus correspondientes criminales organizados y ligados al poder, a fin de eliminar su nocivo actuar delictivo, no son colocadas metas concretas, tiempos de ejecución u objetivos tangibles por parte de los cuerpos armados extranjeros o criollos dedicados a tal labor incluyente de la militarización de la vida pública. Esto es en todo compatible con los argumentos de la Casa Blanca y su Guerra Contra el Terror declarada desde 2001: una lucha intemporal, sin enemigo específico ni objetivos concretos e identificables. Repetidamente se habla de progresos en la guerra contra “el Narco”, o progresos en los DD.HH. dentro de la misma, más nunca hay un fin, o al menos un descenso manifiesto creíble de los problemas adyacentes.

Una guerra prolongada que tiene convenientemente el efecto de hacer permanente una cascada de medidas represivas sobre la población, estigmatizando a cualquiera potencialmente rebelde. Los traficantes colocados como enemigo público número uno al ser capaces de cualquier atrocidad, permiten el irradiar con su persecución a su vez un dominio estatal violento sobre toda la sociedad, elevando la sospecha generalizada y en circunstancias así, nadie está a salvo de muertes, desapariciones, torturas, amenazas y coacción al soborno, etc.

El tráfico ilegal es abordado intensivamente como política de estado fundamentalmente a tratar  a través de la fuerza, abstraído de las condiciones sociales, económicas y de poder en la sociedad donde se presenta. No obstante, el florecimiento del mercado y producción de sustancias prohibidas no puede explicarse sin el respaldo del poder político y no emerge repentinamente si no como resultado de un proceso que en el tema mexicano y colombiano lleva muchos años y una tozuda constancia en cuanto a desastrosos criterios políticos de enfrentamiento. Las relaciones de poder dentro de la sociedad tienen directa proyección, como en otras tantas, en el tema de las sustancias ilegales y en los comerciantes de las mismas.

Los grupos de traficantes ilegales poseen una no muy evidente división permisiva del accionar en espacios diferentes y con simultaneidad: “Mafia y narcotráfico son fenómenos de crimen organizado que aparecen en escenarios diferentes; mientras que los narcotraficantes se ocupan de la producción y comercialización de bienes y servicios ilegales, los mafiosos se especializan en el ejercicio ilegal del poder, en la protección y extorción.[35]” La mimetización de este sencillo esquema en el mundo entero es un motivo más para vislumbrar la utilización de la persecución a productos y traficantes como forma de control social en sociedades enteras.

Todos conocemos de una u otra forma que unos producen y trafican, otros protegen y distraen, empero a los segundos casi nunca son molestados. La declaración de una guerra a un fenómeno social de intrincadas raíces en ciertas naciones, como el tráfico ilegal conlleva actualmente el absurdo método de coacción de la militarización de la sociedad, el cual evidentemente no es procedente para la eliminación de aquel. Pero dada la persistencia del gobierno de Washington en el asunto a pesar de la carencia de efectos en la eliminación y ni tan siquiera en disminución de esta ilegalidad, es posible sensatamente concluir unos fines ocultos más allá de los pomposamente anunciados.

Las confusas actividades de los entes militares y el respaldo pentagonal irrestricto a gobiernos proestadounidenses en naciones implicadas con el tráfico ilegal, son muy similares a los quehaceres estipulados para los mismos por la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), la cual borra los límites entre lo policial de carácter civil y lo militar referido a conflictos bélicos:

“...las políticas estadounidenses antidrogas han contribuido a confundir y a trasladar las funciones militares con las policiales, han militarizado a las fuerzas policiacas y han insertado a las fuerzas militares en actividades de seguridad interna… También han exacerbado los problemas que siguen produciéndose en el área de derechos humanos y han generado, fuertes conflictos sociales e incluso inestabilidad política”[36].

Los atropellos a la población en las campañas de persecución de traficantes ilegales son notables y se manifiestan en muertes en fuego cruzado, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas, allanamientos ilegales y abusivos, torturas, encarcelamientos injustos y detenciones arbitrarias, en el caso mexicano muy semejantes a las operaciones represivas de las dictaduras y demás gobiernos latinoamericanos en los años 70 de plena vigencia de la DSN: “cuando el Ejército realiza labores de policía el secuestro se incrementa el 76%, desde que los militares están en las calles se dispararon los índices de robo, asaltos, extorsiones y violaciones de los derechos humanos”[37].

En un clima tan violento como el soportado en regiones de Colombia o México las actuaciones de destacamentos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia o los Zetas mexicanos no deben sorprender como forma de terror generalizado y su consecuente control social violento extraoficial[38]. Ciudad Juárez en este sentido es una especie de urbe experimental en materia contrainsurgente en México pretextada como epicentro de guerra a los traficantes; un espacio citadino en el cual se practican variadas formas de control poblacional violento, en ejercicio de una conculcación absoluta de los derechos que cualquier ser humano posee en este momento histórico.

Como si fuera poco, en países militarizados para la persecución de la producción y tráfico ilegal como Colombia y México se presenta la situación no siempre percibida, de la existencia de un cuerpo de administración además del castrense y de espionaje foráneo, por encima del gobierno formal autóctono compuesto por el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y agregados de Seguridad Nacional, Departamento de Justicia, y Departamento de Estado de los EE.UU. Los funcionarios locales saben bien que estos constituyen una instancia muy importante, de hecho por encima de los poderes constitucionales establecidos. Lo anterior, junto con la omnímoda presencia de entes secretos civiles y pentagonales, permite que mediante la intrincada red de conductas criminales generalizadas creadas en el tráfico ilegalizado se propague una generalizada corrupción y fraude, por entero propicia para el chantaje a funcionarios nativos venales, quienes curiosamente con estas características personales son elevados a los más altos cargos, y coincidencialmente son por entero inclinados a ser leales a intereses foráneos, sin ser acusados por EE.UU. de delito alguno a pesar de su deplorable y manifiesto pasado y presente[39]. 

A sabiendas de la absoluta inoperancia de la militarización pero también del óptimo servicio al control social violento de pueblos enteros por parte de la misma, los planes continúan y se intercambian experiencias de contención. Colombia es bajo patrocinio imperial, el modelo de ‘reducción’ de cultivos ilícitos para Afganistán, y entrena fuerzas policiacas afganas debidamente militarizadas para tales efectos[40]. Ello es realizado a través del Plan Colombia el cual ha sido un ambiguo esfuerzo antidroga y a la vez contrainsurgente, con un 72% de la ayuda para la guerra de este tipo[41]. Esto nos conduce al hecho incontrastable de una situación de gravedad en la criminalidad relacionada con el tráfico ilegal de sustancias y sus consecuenciales mafias, siempre incontrolable, eternamente incesante, en asechanza constante, justamente en naciones o regiones especialmente ocupadas militarmente o ‘auxiliadas’ directa o indirectamente por el gobierno de Washington, como México, Colombia, Afganistán, Centroamérica o la muy especial Kosovo[42]. Esta persistente coincidencia debe plantear muchas inquietudes.

Dirigentes mexicanos afirman con enorme descuido que Colombia es el modelo a seguir en cuanto a la persecución de los comerciantes ilegales y su violencia, cuando allí la militarización empujada por el “Plan Colombia no logró acabar con el narcotráfico[43]”, y a la vez se ha podido establecer con certeza como “son cientos los casos de militares involucrados en violaciones de los derechos humanos. Tanto policías como militares se han visto enfrentados a la población civil”[44]. Lo cual es análogo con lo que está ocurriendo en estos momentos en tierras mexicanas. Y más inquietante aún en este contexto es la instrucción de la policía mexicana por parte de la colombiana[45].

El presidente Felipe Calderón ha expresado durante todo su mortífero mandato que "Lo que a Colombia le tomó casi 20 años, a nosotros nos está tomando, nos tomará quizá cinco, seis, siete años o menos, dependiendo qué tan perseverantes seamos en la acción[46]". Difícilmente el modelo importado por Calderón Hinojosa podría ser menos afortunado. Se han documentado judicialmente en Colombia 173 mil homicidios[47] y 51 mil desparecidos en un lapso de varias décadas[48] justamente durante la persecución a traficantes, en medio de una atmosfera de amedrentamiento generalizado; el contexto social en el cual ocurre esto no puede ser más injusto, siendo Colombia uno de los países con mayor desigualdad del mundo, encabezando tal estimación en América Latina[49]. Eso sí, las bases militares del ejército de los Estados Unidos en territorio colombiano son ya incontables.

En consecuencia con la creación de esta Guerra de Baja Intensidad indirecta, la formula colombiana según la cual los insurgentes se introdujeron en el tráfico de psicoactivos, va tomando en México la prescripción enunciada sin sustento por Hilary Clinton de que "estos carteles de la droga están mostrando cada vez más y más indicios de insurgencia[50]", es decir la inversión del esquema, empero, esta vez internacionalizando el asunto, así mismo sin ninguna prueba: "Desde hace mucho tiempo hemos pensado por anticipado qué pasaría si Al Qaeda se uniera con Los Zetas"[51].

Los resultados no pueden ser peores para los habitantes de las los territorios en ‘guerra’ al tráfico ilegal. Tanto en México como en Colombia suceden desde tiempo atrás tres formas de destrucción coordinada: variadas campañas de aniquilación, un ambiente generalizado de terror conspiratorio, y visibles y constantes combates mortíferos, lo cual es de difícil concurrencia sino es mediante la premeditación y ejecución intensiva de una capacidad muy por encima de la apreciable en los dos estados, y a la vez muy por fuera de las necesidades lucrativas de los traficantes ilegalizados, pues una violencia de tal magnitud perjudica sus negocios.

La sospecha se va haciendo hecho palpable: “la “guerra contra las drogas”, como la “guerra contra el terror”, tiene que ver con la política y el botín político, con llenar bolsillos profundos, crear burocracias con el propósito deliberado de crear confusión, y de financiar diversos grupos paramilitares que el Departamento de Estado y/o la CIA consideran favorables para la “seguridad nacional””[52] .

La ‘lucha contra las drogas’ no da pruebas de avances (ni tampoco de poner fin a los despiadados Zetas en México o a los crueles de destacamentos paramilitares en Colombia AUC), por muchos enunciados rimbombantes al respecto que se hagan, pero dan lugar a la apreciación de la inoperancia de ciertos gobiernos. Por ello, en el plano internacional se crean teorías de ciencia política justificantes de la intromisión intensiva en los asuntos internos de naciones estratégicas por la criminalidad ‘desbordada’; el tráfico ilegalizado desestabilizante genera excusas para la descalificación de naciones como estados soberanos, permitiendo ubicarlas en categorías de países parias listos a ser ocupados, los denominados ‘estados fallidos’.

Una más de las consecuencias de la ‘guerra’ al interior de los Estados Unidos deja ver situaciones incomprensibles a una mediana coherencia. La población carcelaria allí es la más grande del planeta, estando centrada en minorías étnicas y justamente relacionadas con delitos vinculados a la persecución en cuestión. A su vez los psicoactivos prohibidos son expendidos en sectores de ciudades con gran preponderancia de dichas minorías, lo cual ha creado la creciente estimación popular de que las sustancias más adictivas son empleadas en estos vecindarios específicamente para aplacar y distraer a los más inconformes con el estado de cosas en la sociedad[53]. En el aspecto meramente económico, la potencia despilfarra ostentosamente el dinero de los estadounidenses patrocinando infructuosamente esta lucha al sur de su frontera, lo cual es de entero conocimiento de los más altos funcionarios de la Casa Blanca y el Congreso en Washington[54], sin que se altere sustancialmente esta situación.

Preguntas elementales sobre los hechos prácticos del fenómeno tratado emergen desprevenidamente:

¿Cómo llegan a naciones militarizadas como Colombia, México o a una isla del tamaño de Jamaica voluminosos cargamentos de armas y precursores químicos para las sustancias ilegales con los que operan los traficantes sin ser detectadas ni unas no otros?

¿De qué manera pueden los traficantes evadir toda esa costosa parafernalia tecnológica destinada a saber al instante de todo aquel que se acerque a las fronteras imperiales?

¿Cuál es la razón para no impedir que traficantes de psicoactivos proscritos se muevan por los mismos EE.UU. donde operan siendo reemplazados de tiempo en tiempo?

¿Algún lector conoce una condena ejemplarizante a un jefe ‘narco’ no perteneciente a minorías étnicas como afros, latinos, italianos, etc.?

¿Por qué los ‘narcos’ utilizan métodos tan violentos de coacción ostensiblemente contrarios a las formas discretas del delito organizado tipo mafia, dedicándose a aterrorizar indiscriminadamente a la población con tácticas más bien propias del terrorismo de estado?

¿Existe un el motivo más allá de la venta de la panoplia represiva, para que los dirigentes gringos insistan tercamente en una ‘guerra’ sin horizonte de finalización?

El intelectual Noam Chomsky conocedor de la materia, afirma que no se han logrado cumplir con los objetivos oficiales de frenar la droga y sus consecuencias, no creyendo que la ‘guerra contra las drogas’ por ello sea un fracaso, puesto que sencillamente tiene un propósito diferente al anunciado[55], el cual no puede ser otro que la militarización y con ello el control de la región bajo mando pentagonal.
 
Se ha logrado indirectamente una militarización del tipo DSN por el recurso de la ‘Guerra  contra las drogas’, o contra los traficantes, justificándola por el terror impuesto por estos, con anuencia de oligarquías locales desde México hasta Colombia, pasando por Jamaica como arquetipo destacable. Se ha conseguido instalar bajo este pretexto bases militares a la manera de plataformas para invadir otros estados denostados por la Casa Blanca por sus políticas más o menos independientes. Estos son resultados que en realidad significan un triunfo para el gobierno de Estados Unidos que puede ser exhibido a nivel mundial.

Si en otros planes bélicos Washington ha tenido tantos problemas que le han acarreado múltiples y costosos fracasos, la presente guerra al sur del Río Bravo si le ha traído avances notorios de acuerdo a sus perceptibles estrategias de dominio de pueblos y recursos naturales, aunque los logros puedan ser notablemente inestables.

Los semblantes de terror paralizante a causa del cotidiano accionar atroz de bandas criminales y sus supuestos perseguidores en varias naciones latinoamericanas y del Caribe, certifican tal éxito en materia de control del continente entero; no obstante, la contrastación de informaciones, el debate, las movilizaciones, la organización pueden llevar al traste con esta tramoya de conmoción y pavor intimidante.