La tierra para quien la trabaja
Público.es
La tierra es fuente de negocio para unos pocos, ya sea aquí o en la otra punta del planeta. En el Estado español, el boom inmobiliario ha dejado un legado de urbanizaciones en ruinas, aeropuertos sin prácticamente aviones, pueblos fantasma, grandes infraestructuras en desuso... Una realidad que la fotógrafa Julia Schulz-Dornburg ha retratado brillantemente en su libro/inventario Ruinas modernas, una topografía de lucro. Y en los países del Sur, el afán de beneficio con la tierra expulsa a campesinos, pueblos indígenas e impone monocultivos para la exportación, grandes infraestructuras al servicio del capital o el expolio de sus recursos naturales.
La
oligarquía del poder saca
tajada y
entre bambalinas negocia componendas urbanísticas, firma
recalificaciones y transforma el suelo rústico en urbanizable.
Los
casos de corrupción se multiplican.
La cultura del sobre está al
orden del día. Se desarrolla, así, un nuevo caciquismo que hace
grandes negocios a espaldas, y a costa, de la ciudadanía y del
territorio. Y en otras latitudes, la historia se repite. Los
gobiernos corruptos son el mejor aliado para los inversores que
quieren adquirir tierras de manera rápida y barata.
Según un
informe de Intermón Oxfam,
cada seis días se vende a inversores extranjeros una
superficie
equivalente al tamaño de la ciudad de Londres. Es la fiebre de
la
tierra
La
privatización y el acaparamiento de
tierras están al orden del día. ¿Qué hay de más beneficioso que
aquello que necesitamos para vivir y comer? La crisis
alimentaria y
financiera, que estalló en 2008, dio lugar, como
ha documentado ampliamente la organización internacional
GRAIN,
a un nuevo ciclo de apropiación de tierras a escala global.
Gobiernos de países dependientes de la importación de alimentos,
con el objetivo de asegurar la producción de comida para su
población más allá de sus fronteras, y agroindustria e
inversionistas (fondos de pensiones, bancos), ávidos de nuevas y
rentables inversiones, vienen adquiriendo desde entonces
fértiles
tierras en países del Sur. Una dinámica que amenaza la
agricultura
campesina y la seguridad alimentaria de estos países.
Los
pueblos indígenas, expulsados de sus territorios, son la punta
de
lanza del combate contra la privatización de la tierra. Una
lucha
que no es nueva
y de la cual Chico Mendes, recolector
de caucho, seringueiro, conocido
por su contienda en defensa de la Amazonía y asesinado en 1988
por
latifundistas brasileños, fue uno de sus principales
exponentes.
Chico Mendes impulsó la Alianza de los Pueblos de la Selva,
integrada por indígenas, seringueiros, ecologistas,
campesinos...,
contra las multinacionales madereras y revindicó una reforma
agraria
con propiedad comunitaria de la tierra y su uso en usufructo por
parte de las familias campesinas. Como solía decir: “No hay
defensa de la
selva
sin la defensa de los pueblos de la selva”.
Sin ir tan
lejos, aquí, en el Estado español, el Sindicato
de Obreros del Campo (SOC), que forma parte del Sindicato
Andaluz de Trabajadores (SAT),
ha sido uno de los principales referentes en la lucha por
la
tierra y en la defensa de los derechos de los jornaleros del
campo.
Desde hace más de un año, vienen
ocupando
y trabajando la finca de Somonte, en
Palma del Río (Córdoba), una tierra que la Junta de Andalucía se
disponía a vender a pesar de que en este municipio 1.700 personas
se
encuentran en paro. El objetivo de los ocupantes es que esta finca
sea trabajada por cooperativas de jornaleros parados en vez de
pasar
a manos de banqueros y terratenientes. Somonte es un símbolo de la
lucha del SOC y el SAT, como lo es también Marinaleda y tantos
otros
proyectos que impulsan.
En
Catalunya, hoy, un claro ejemplo de cómo en el uso de la tierra
se
anteponen intereses privados a sociales y colectivos es el de Can
Piella, una masía
del siglo
XVII con sus respectivas tierras, de las pocas zonas rurales que
quedan en el área metropolitana de Barcelona, que después de
llevar
abandonada más de diez años fue recuperada por un grupo de
jóvenes.
A partir de aquí, se creó una asociación, que actualmente cuenta
con unos dos mil socios, que restauraron la finca, retomaron la
actividad agraria con un huerto comunitario, revitalizaron su
entorno
y la abrieron a los pueblos de su alrededor, La Llagosta, Santa
Perpètua de Mogoda y Montcada i Reixac. Ahora, tras tres años y
medio de funcionamiento, una orden de desalojo
amenaza
el proyecto. La
inmobiliaria que durante una década abandonó la masía y que no
tiene ningún plan previsto para la misma, la reclama.
A principios de 1900,
Emiliano Zapata, campesino y referente de la
revolución mexicana, exigía: "La tierra para quien la
trabaja". Han pasado más de cien años y dicha consigna
continua teniendo plena actualidad.
* Artículo
en Público, 11/03/2013.
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