La libertad de prensa en Venezuela y España
Durante años, los medios generalistas españoles se han encargado de analizar con lupa la supuesta falta de libertad de prensa en Venezuela. ¿Qué es lo que no nos contaron?
Ayer murió Hugo Chávez. Hoy, los medios de la derecha más recalcitrante hacen su particular agosto a base de portadas amarillistas y tertulianos atroces. Pero, como bien afirma Pascual Serrano en eldiario.es, “los trece años de presidencia de Hugo Chávez en Venezuela y el desarrollo de la revolución bolivariana pasarán a la historia como el mayor fenómeno político mundial del que más cosas han contado los medios de comunicación para, paradójicamente, desinformar de la realidad”. No me voy a centrar en datos. Datos tan escandalosos como que mientras que en España permitíamos que el 21,1% de la población cayera por debajo del umbral de la pobreza o amparábamos con nuestro apoyo a “gobiernos demócratas” que la pobreza infantil se disparara un 45%, Hugo Chávez consiguió que la pobreza se redujera un 50% en Venezuela, lo que dio lugar a que cinco millones de venezolanos dejaran de ser pobres, tal y como reconoce la ONU.
Pero no, esos datos los podéis ver y analizar en el completo artículo de Pascual Serrano. Quería centrarme concretamente en esa censura y en la falta de libertad de expresión que muchos medios españoles, algunos tan manipuladores como La Razón o Intereconomía, atribuyeron y atribuyen constantemente al gobierno de Chávez.
El 1 de agosto de 2009, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) retiró la frecuencia a 34 emisoras de radio y televisión. Un día después, Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicó un comunicado denunciando el cierre de estos medios “por capricho gubernamental”. Y añadía: “¿Acaso todavía está prohibido emitir públicamente la menor crítica hacia el gobierno bolivariano? Este cierre masivo de medios de oposición, peligrosa para el porvenir del debate democrático, sólo obedece a la voluntad gubernamental de callar las voces discrepantes, y sólo agravará las divisiones en el seno de la sociedad venezolana”. Es decir, para RSF este cierre –o la no renovación de licencias- no sería más que un acto político más de la supuesta agenda chavista para acallar las críticas de la oposición. Esto es lo que vendieron los grandes medios de comunicación mundiales, controlados por muy pocas manos y todavía menos agencias. Porque, como ya publiqué en mi último artículo, Fox News, Time Warner, Disney, Sony, Bertelsmann, Viacon y General Electrico controlan el 70% de los medios de comunicación mundiales y las agencias de noticias de Associated Press, France Press, Reuters y DPA controlan el 90% de la información mundial, por lo que solo ellas deciden qué es noticia y qué no lo es. Como ven, grandioso ejemplo de libertad de expresión.
Sin embargo, ese pequeño detalle no lo menciona la ONG francesa, al igual que tampoco explican que la decisión de Conatel se habría tomado igual en cualquier país del mundo. Varias de las emisoras de radio cerradas ignoraron una citación de la Comisión destinada a averiguar el estado de la concesión y a actualizar su situación. Es más, tras una investigación, la Conatel descubrió numerosas irregularidades, tales como la existencia de concesionarios fallecidos cuya licencia era utilizada por una tercera pesona, la no renovación de los trámites administrativos obligatorios o, simplemente, la ausencia de autorización para emitir1. Y la ley venezolana, similar a la del resto del mundo, estipula que los medios que no renueven su concesión de licencia en el plazo legal o que emitan sin autorización “perderán su frecuencia y ésta volverá al ámbito público”. Es por esto que treinta y cuatro emisoras que emitían ilegalmente perdieron su concesión.
Pero, ¿es verdad que el Gobierno de Chávez controla todos los medios de comunicación venezolanos? ¿Es cierto que no hay medios opositores y que se persigue a cualquier iniciativa mediática de carácter privado? Aquí los datos: La memoria y cuenta del Ministerio de Información (Minci) de 2011 refiere que en el país existen 938 radios y televisiones autorizadas. Del total, indica que el 70.36% son privadas, el 25,05% son comunitarias –medios sin ánimo de lucro y gestionados por un colectivo o asociación- y el 4,58% son medios públicos, controlados por el Gobierno. Como se puede comprobar, se persiguen tanto los medios privados que “solo” el 70% de ellos lo son. Además, cabe destacar que el conjunto de medios privados venezolanos está concentrado en manos de 32 familias2.
Asimismo, el Gobierno de Chávez permitía que canales tan radicales como Globovisión, que incluso defiende abiertamente dar un golpe de Estado en el país, ya no solo cuando participó activamente en el intento de golpe de estado de 2002, sino también en los últimos meses cuando el presidente venezolano intentaba recuperarse del cáncer que le ha producido la muerte. Es más, en aquel infructuoso golpe, apoyado también por el presidente José María Aznar, Globovisión apoyó el sabotaje petrolero, pidió a los contribuyentes que no pagaran impuestos y llamó a la insurrección y al asesinato del presidente Chávez.
Es más, este canal también defendió el golpe de Estado en Honduras que acabó con el presidente democrático José Manuel Zelaya y unánimemente condenado por la comunidad internacional. Sin embargo, hoy en día, Globovisión sigue emitiendo sin problemas en Venezuela.
¿Y en España?
Por otro lado, nuestro democrático país donde, por ejemplo, el jefe de Estado no ha superado ninguna elección –Chávez se presentó a dieciséis y ganó quince- y fue elegido por el dedo de un dictador, ejerce la censura como le parece. Pondré varios ejemplos.
El primero y más chirriante es el cierre en 1998 del diario Egin, en Euskal Herria. Durante años, este periódico fue acusado de estar al servicio de la organización terrorista ETA, siendo marginado económicamente por las instituciones oficiales. Clausurado en 1998 por orden del democrático juez Baltasar Garzón, no fue hasta el años 2009 que los Tribunales resolvieron contrariamente a la anterior resolución, declarando que su actividad no era ilícita, pero, debido al tiempo transcurrido no fue posible reabrir ni el periódico ni la radio.
El segundo caso, casualmente, también se dio en Euskal Herria. En 2003, una orden de la Audiencia Nacional ordenó el cierre de Euskaldunon Egunkaria, el único diario que, desde 1990, publicaba íntegramente en euskera. Aunque su línea editorial no tenía un sesgo político claro, el juez Juan del Olmo ordenó su cierre y encausó a cinco directivos del medio por su pertenencia a la organización de ETA. Se cerró el periódico y todos sus bienes fueron embargados por seis meses, pues la sentencia era “de carácter preventivo y temporal”. Los siguientes meses y años transcurren con sucesivas prórrogas de seis meses de clausura de Egunkaria y con constantes recursos por parte de la defensa que fueron desestimados.
Casualmente, y tras mucho pelear, el 12 de abril de 2010, siete años después de su clausura, la Audiencia Nacional absolvió a los cinco directivos del medio porque no se podía acreditar “ni directa ni indirectamente que el periódico haya defendido los postulados de la banda terrorista, haya publicado un solo artículo a favor del terrorismo o de los terroristas ni que su línea editorial tuviera siquiera un sesgo político determinado”. Sin embargo, al igual que ocurrió con Egin, fue imposible ponerlo en marcha de nuevo.
Por otro lado, los amigos de TeleK, Canal 33 o iSolidaria TV saben muy bien qué significa esto de la censura previa impuesta por la supuesta democracia de nuestro país. En 2005, Esperanza Aguirre adjudicó las licencias de televisión digital terrestre sin pedir el informe preceptivo al Consejo Audiovisual de la región, tal y como exige la ley. A cambio, el Gobierno de Esperanza Aguirre repartió las emisoras de TDT de Madrid entre grupos de comunicación y empresarios afines del PP. De 30 licencias, la Iglesia Católica obtuvo cinco y cuatro el periodista Federico Jiménez Losantos, que pudo montar su emisora de EsRadio. Otras cuatro fueron a manos de Antena3 y Blas Herrero de Kiss FM recibió dos. El Mundo e Intereconomía recibieron una cada uno y Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, se llevó diez. El empresario y productor José Frade se llevó las tres restantes.
Sin embargo, canales locales como Localia o la famosa TeleK de Vallecas, una de las televisiones locales más antiguas de Madrid y que emite ininterrumpidamente desde 1992, no recibieron licencia alguna. Aun así, la tele vallecana decidió mantener sus emisiones y finalmente el Senado le concedió esa licencia en el canal 30 de la TDT. Pero claro, esta decisión no gustó a la Comunidad de Madrid que siguió peleando por la ilegalización de este canal. Tanto que, en mayo del pasado año, mandó un ultimátum a TeleK y a otros dos canales de marcada ideología de izquierdas, Canal 33 y iSolidaridad TV: O cierran inmediatamente o serán multados con 30.000 euros diarios. Finalmente, gracias al apoyo masivo pudieron superar también esta amenaza gubernamental. Todo ello sin olvidar, por ejemplo, el secuestro en 2007 de El Jueves por publicar una caricatura de los príncipes de España. Casualmente, fue el juez del Olmo, el mismo que ordenó el cierre de Egunkaria, quien ordenó la retirada de la revista de los kioscos de todo el país.
Lógicamente, Chávez cometió muchos errores, pero no era el demonio que los medios intentan hacernos creer. Como ven, en España ocurren cosas más graves, pero esos mismos medios nos las venden como lógicas y normales. Y seguimos siendo un país democrático y ejemplar. Comparen: Felipe González estuvo en el poder 14 años (1982-1996) y solo ganó tres elecciones. Chávez ha estado trece años en el poder y ha ganado quince comicios y referendums, tanto para seguir gobernando como para poder aplicar sus políticas. Aquí, el PP incumple todo su programa electoral y no pasa nada. Pero somos democracia. No tengo mucho más que añadir. Juzguen ustedes mismos y saquen sus propias conclusiones.
Notas
Pero no, esos datos los podéis ver y analizar en el completo artículo de Pascual Serrano. Quería centrarme concretamente en esa censura y en la falta de libertad de expresión que muchos medios españoles, algunos tan manipuladores como La Razón o Intereconomía, atribuyeron y atribuyen constantemente al gobierno de Chávez.
El 1 de agosto de 2009, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) retiró la frecuencia a 34 emisoras de radio y televisión. Un día después, Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicó un comunicado denunciando el cierre de estos medios “por capricho gubernamental”. Y añadía: “¿Acaso todavía está prohibido emitir públicamente la menor crítica hacia el gobierno bolivariano? Este cierre masivo de medios de oposición, peligrosa para el porvenir del debate democrático, sólo obedece a la voluntad gubernamental de callar las voces discrepantes, y sólo agravará las divisiones en el seno de la sociedad venezolana”. Es decir, para RSF este cierre –o la no renovación de licencias- no sería más que un acto político más de la supuesta agenda chavista para acallar las críticas de la oposición. Esto es lo que vendieron los grandes medios de comunicación mundiales, controlados por muy pocas manos y todavía menos agencias. Porque, como ya publiqué en mi último artículo, Fox News, Time Warner, Disney, Sony, Bertelsmann, Viacon y General Electrico controlan el 70% de los medios de comunicación mundiales y las agencias de noticias de Associated Press, France Press, Reuters y DPA controlan el 90% de la información mundial, por lo que solo ellas deciden qué es noticia y qué no lo es. Como ven, grandioso ejemplo de libertad de expresión.
Sin embargo, ese pequeño detalle no lo menciona la ONG francesa, al igual que tampoco explican que la decisión de Conatel se habría tomado igual en cualquier país del mundo. Varias de las emisoras de radio cerradas ignoraron una citación de la Comisión destinada a averiguar el estado de la concesión y a actualizar su situación. Es más, tras una investigación, la Conatel descubrió numerosas irregularidades, tales como la existencia de concesionarios fallecidos cuya licencia era utilizada por una tercera pesona, la no renovación de los trámites administrativos obligatorios o, simplemente, la ausencia de autorización para emitir1. Y la ley venezolana, similar a la del resto del mundo, estipula que los medios que no renueven su concesión de licencia en el plazo legal o que emitan sin autorización “perderán su frecuencia y ésta volverá al ámbito público”. Es por esto que treinta y cuatro emisoras que emitían ilegalmente perdieron su concesión.
Pero, ¿es verdad que el Gobierno de Chávez controla todos los medios de comunicación venezolanos? ¿Es cierto que no hay medios opositores y que se persigue a cualquier iniciativa mediática de carácter privado? Aquí los datos: La memoria y cuenta del Ministerio de Información (Minci) de 2011 refiere que en el país existen 938 radios y televisiones autorizadas. Del total, indica que el 70.36% son privadas, el 25,05% son comunitarias –medios sin ánimo de lucro y gestionados por un colectivo o asociación- y el 4,58% son medios públicos, controlados por el Gobierno. Como se puede comprobar, se persiguen tanto los medios privados que “solo” el 70% de ellos lo son. Además, cabe destacar que el conjunto de medios privados venezolanos está concentrado en manos de 32 familias2.
Asimismo, el Gobierno de Chávez permitía que canales tan radicales como Globovisión, que incluso defiende abiertamente dar un golpe de Estado en el país, ya no solo cuando participó activamente en el intento de golpe de estado de 2002, sino también en los últimos meses cuando el presidente venezolano intentaba recuperarse del cáncer que le ha producido la muerte. Es más, en aquel infructuoso golpe, apoyado también por el presidente José María Aznar, Globovisión apoyó el sabotaje petrolero, pidió a los contribuyentes que no pagaran impuestos y llamó a la insurrección y al asesinato del presidente Chávez.
Es más, este canal también defendió el golpe de Estado en Honduras que acabó con el presidente democrático José Manuel Zelaya y unánimemente condenado por la comunidad internacional. Sin embargo, hoy en día, Globovisión sigue emitiendo sin problemas en Venezuela.
¿Y en España?
Por otro lado, nuestro democrático país donde, por ejemplo, el jefe de Estado no ha superado ninguna elección –Chávez se presentó a dieciséis y ganó quince- y fue elegido por el dedo de un dictador, ejerce la censura como le parece. Pondré varios ejemplos.
El primero y más chirriante es el cierre en 1998 del diario Egin, en Euskal Herria. Durante años, este periódico fue acusado de estar al servicio de la organización terrorista ETA, siendo marginado económicamente por las instituciones oficiales. Clausurado en 1998 por orden del democrático juez Baltasar Garzón, no fue hasta el años 2009 que los Tribunales resolvieron contrariamente a la anterior resolución, declarando que su actividad no era ilícita, pero, debido al tiempo transcurrido no fue posible reabrir ni el periódico ni la radio.
El segundo caso, casualmente, también se dio en Euskal Herria. En 2003, una orden de la Audiencia Nacional ordenó el cierre de Euskaldunon Egunkaria, el único diario que, desde 1990, publicaba íntegramente en euskera. Aunque su línea editorial no tenía un sesgo político claro, el juez Juan del Olmo ordenó su cierre y encausó a cinco directivos del medio por su pertenencia a la organización de ETA. Se cerró el periódico y todos sus bienes fueron embargados por seis meses, pues la sentencia era “de carácter preventivo y temporal”. Los siguientes meses y años transcurren con sucesivas prórrogas de seis meses de clausura de Egunkaria y con constantes recursos por parte de la defensa que fueron desestimados.
Casualmente, y tras mucho pelear, el 12 de abril de 2010, siete años después de su clausura, la Audiencia Nacional absolvió a los cinco directivos del medio porque no se podía acreditar “ni directa ni indirectamente que el periódico haya defendido los postulados de la banda terrorista, haya publicado un solo artículo a favor del terrorismo o de los terroristas ni que su línea editorial tuviera siquiera un sesgo político determinado”. Sin embargo, al igual que ocurrió con Egin, fue imposible ponerlo en marcha de nuevo.
Por otro lado, los amigos de TeleK, Canal 33 o iSolidaria TV saben muy bien qué significa esto de la censura previa impuesta por la supuesta democracia de nuestro país. En 2005, Esperanza Aguirre adjudicó las licencias de televisión digital terrestre sin pedir el informe preceptivo al Consejo Audiovisual de la región, tal y como exige la ley. A cambio, el Gobierno de Esperanza Aguirre repartió las emisoras de TDT de Madrid entre grupos de comunicación y empresarios afines del PP. De 30 licencias, la Iglesia Católica obtuvo cinco y cuatro el periodista Federico Jiménez Losantos, que pudo montar su emisora de EsRadio. Otras cuatro fueron a manos de Antena3 y Blas Herrero de Kiss FM recibió dos. El Mundo e Intereconomía recibieron una cada uno y Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, se llevó diez. El empresario y productor José Frade se llevó las tres restantes.
Sin embargo, canales locales como Localia o la famosa TeleK de Vallecas, una de las televisiones locales más antiguas de Madrid y que emite ininterrumpidamente desde 1992, no recibieron licencia alguna. Aun así, la tele vallecana decidió mantener sus emisiones y finalmente el Senado le concedió esa licencia en el canal 30 de la TDT. Pero claro, esta decisión no gustó a la Comunidad de Madrid que siguió peleando por la ilegalización de este canal. Tanto que, en mayo del pasado año, mandó un ultimátum a TeleK y a otros dos canales de marcada ideología de izquierdas, Canal 33 y iSolidaridad TV: O cierran inmediatamente o serán multados con 30.000 euros diarios. Finalmente, gracias al apoyo masivo pudieron superar también esta amenaza gubernamental. Todo ello sin olvidar, por ejemplo, el secuestro en 2007 de El Jueves por publicar una caricatura de los príncipes de España. Casualmente, fue el juez del Olmo, el mismo que ordenó el cierre de Egunkaria, quien ordenó la retirada de la revista de los kioscos de todo el país.
Lógicamente, Chávez cometió muchos errores, pero no era el demonio que los medios intentan hacernos creer. Como ven, en España ocurren cosas más graves, pero esos mismos medios nos las venden como lógicas y normales. Y seguimos siendo un país democrático y ejemplar. Comparen: Felipe González estuvo en el poder 14 años (1982-1996) y solo ganó tres elecciones. Chávez ha estado trece años en el poder y ha ganado quince comicios y referendums, tanto para seguir gobernando como para poder aplicar sus políticas. Aquí, el PP incumple todo su programa electoral y no pasa nada. Pero somos democracia. No tengo mucho más que añadir. Juzguen ustedes mismos y saquen sus propias conclusiones.
Notas
- Hugo Chávez y los medios de comunicación privados, Salim Lamrani en Rebelion.org
- Thierry Deronne, «Au Venezuela, la bataille populaire pour démocratiser le ‘latifundio’ des ondes», 2 de agosto de 2009. En español: La batalla popular para democratizar el latifundio de las ondas ; Agencia Bolivariana de Noticias , «Medida de Conatel no afectará libertad de expresión e información en Venezuela», 4 de agosto de 2009.
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