Parlamentarios, dirigentes sociales y un ambientalista manifestaron preocupación por la gravedad de la crisis social en Puno y advirtieron que el presidente Alan García no tiene el mínimo interés en resolver los conflictos del norte y el sur de esa región y pretende dejarle una “bomba de tiempo” al próximo gobierno.
El resultado es que las provincias de Carabaya en el norte y Chucuito en el sur mantienen una paralización contra la construcción de la hidroeléctrica de Inambari y las concesiones mineras, mientras la provincia de Azángaro alista otra huelga general para mañana lunes.
El congresista puneño Yonhy Lescano advirtió que el presidente Alan García y sus ministros no piensan escuchar las demandas de los pobladores de Puno, porque planean “patear una bomba de tiempo para pasársela a Ollanta Humala”. “Ellos esperan que el nuevo gobierno se entienda con las partes en conflicto”, precisó.
Añadió que por el momento García y la premier Rosario Fernández están engañando a la población de Puno al sostener que ya venció la concesión temporal de la central hidroeléctrica de Inambari. “Eso es absolutamente falso, porque luego se puede conceder la concesión definitiva a la empresa Egasur”, dijo.
Emplazamiento“Desde LA PRIMERA emplazo al gobierno y a la premier Rosario Fernández a que digan cuándo van a firmar una resolución que ha culminado la concesión temporal otorgada a Egasur y que ha sido desaprobado el proyecto de la central hidroeléctrica de Inambari”, explicó.
La congresista puneña Margarita Sucari también dijo que Alan García dejaría una “bomba de tiempo” al próximo gobierno si no atiende los pedidos de los pobladores de la zona sur de Puno.
“El gobierno debe derogar el Decreto Supremo 083, que ha permitido a la empresa minera extranjera Bear Creek Exploration Company LTD adquirir siete derechos mineros en la provincia de Chucuito”, indicó. “Espero que el gobierno escuche a los dirigentes puneños que se dirigen a Lima esta semana para conversar con la ministra Rosario Fernández y el presidente Alan García. Lamentablemente en las dos negociaciones anteriores no se ha llegado a un acuerdo con la población, porque sólo estuvieron presentes los viceministros”, sostuvo.
El dirigente del movimiento regional Poder Democrático Regional (PDR) de Puno, Alberto Quintanilla, dijo telefónicamente que el gobierno aprista no tiene interés en resolver los conflictos sociales de esa región y “más bien quiere dejarle una bomba de tiempo” al próximo gobierno.
“El gobierno aprista no tiene interés en atender los pedidos de los pobladores de Carabaya y Chucuito. Como consecuencia de esta situación, las provincias de Carabaya, y Chucuito siguen en paro. El presidente Alan García quiere dejarle ‘una bomba de tiempo’ al próximo gobierno”, indicó.
Añadió que la Comisión de Negociación para tratar los pedidos de los pobladores de Carabaya respecto a la cancelación de la construcción de la hidroeléctrica de Inambari y de las concesiones mineras no ha llegado a ningún acuerdo. “Se han tocado los aspectos formales, pero no los de fondo”, explicó.
RepresiónAlberto Quintanilla también dijo que el Ministerio Público ha gestionado órdenes de captura contra dirigentes puneños como Walter Aduviri, presidente el Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, quienes se han visto obligados a no asistir a las negociaciones por temor a una detención. “En vez de resolver el problema, las autoridades están asumiendo una actitud represiva que no ayuda al diálogo”, advirtió.
Por su parte, el presidente del Comité de Lucha de la provincia de Carabaya, Hernán Vilca, afirmó a RPP que esa población no levantará la paralización indefinida hasta que se cancele el proyecto de la Central Hidroeléctrica de Inambari. “Rechazamos la posición del alcalde provincial Ronald Gutiérrez, quien trata de convencer a la población para favorecer a este proyecto”, dijo.
“Se entregó un memorial con dos puntos básicos consistentes en la cancelación definitiva del proyecto Inambari y de las concesiones mineras que se dieron sin consultar a la población”, explicó.
Vilca detalló que rechazan la central hidroeléctrica de Inambari porque el 80% de la producción favorecerá a Brasil y solo un 20% al Perú, además de inundar 120 kilómetros de la carretera Interoceánica y malograr la flora y fauna de la selva.
“Los representantes del Ejecutivo tienen un doble discurso, porque dicen que el 7 de octubre del 2010 acabó la concesión de Inambari, pero el 12 de mayo del presente año representantes del Ministerio de energía y Minas y Egasur realizaron un taller informativo sin tener convocatoria, sorprendiendo a humildes pobladores”, indicó.
Reynaldo Trinidad, experto en temas agrarios, sostuvo que el presidente Alan García quiere dejarle el problema de Puno al próximo gobierno. “Alan García siempre ha gobernado en contra de los campesinos, de modo que su posición es la de no solucionar los conflictos sociales que han estallado en Puno y dejarlos para el próximo gobierno”, precisó.
“El presidente Alan García ha ignorado olímpicamente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece la obligación del gobierno de consultar a las comunidades cada vez que se realicen medidas susceptibles de afectarlas directamente”, dijo.
Crecen los bloqueos de carreteras El paro en la zona sur de Puno continúa con el bloqueo del puente internacional Desaguadero que está cercado por más de mil pobladores aymaras, como medida de protesta contra las concesiones mineras y petroleras en el sector. También permanece el bloqueo de la vía Puno-Desaguadero en el tramo del centro poblado Chaca Chaca por el desvío a Yunguyo. En la zona norte, pobladores también protestan contra el proyecto de la Hidroeléctrica Inambari, en el distrito de Ayapata y Macusani de la provincia de Carabaya. La presencia policial viene causando malestar a los manifestantes que la consideran una provocación del gobierno central.
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