Víctor Isla Rojas de la bancada de Gana Perú presentó el 3 de agosto la iniciativa 0002 que busca derogar la Ley 29760 que declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución del proyecto de trasvase del río Marañón y el represamiento y la derivación del río Huallaga para fines hidroenergético y agrícola.
En el mismo sentido se presentó el proyecto 0011 del congresista Norman Lewis de las filas de Perú Posible sobre el denominado proyecto Corina.
El Gobierno Regional de San Martín emitió alertado un comunicado: “Los impactos serían altamente negativos sobre los ecosistemas frágiles de nuestra Amazonía, pudiendo alterar la supervivencia de especies endémicas y en peligro de extinción, afectando procesos migratorios y reproductivos de fauna acuática; y a las poblaciones ribereñas e indígenas que dependen de dichos recursos para su subsistencia”.
Este proyecto busca solucionar el déficit de recurso hídrico de la costa, pero traslada el problema a la Amazonía.
El potencial hidroenergético existente en Amazonas y San Martín es de 10,000 MW, sobrepasando largamente la demanda nacional sin necesidad de transvasar.
Por si fuera poco, la mencionada ley no fue consultada a ninguna autoridad local y regional, ni tampoco a las comunidades indígenas.
El Marañón y el Huallaga son los principales abastecedores de agua del río más caudaloso del mundo (Amazonas), que sin el proyecto Corina durante el 2011, llegó a tener el caudal más bajo en toda su historia.
El 3 de agosto, Yonhy Lescano ingresó la iniciativa 0006 que retoma con algunas modificaciones la autógrafa de Ley Marco de Consulta a los pueblos indígenas observada por el expresidente Alan García.
El proyecto de Lescano establece varias funciones para el Organismo Técnico Especializado en materia indígena como la de concertar, articular y coordinar la política estatal de implementación del derecho a la consulta.
Sin embargo, la situación actual del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (Indepa), que debería tener esas funciones, no es la de un organismo técnico especializado ni tampoco la de ejecutor, en realidad, carece de existencia real.
En la actualización de la calificación y relación de los organismos públicos (decreto supremo 058-2011-PCM), del 5 de julio de 2011, solo aparecen como organismos públicos adscritos al ministerio de Cultura la Academia Mayor de la Lengua Quechua, el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional y el IRTP.
Fuera de este detalle, existe consenso entre las organizaciones representativas indígenas de que el país tenga una ley de consulta previa.
Lescano Ancieta también reactualizó la autógrafa de ley que Alan García observó y que disponía una moratoria al ingreso al país de organismos vivos modificados (OVM).
El proyecto del parlamentario es escueto: declara una moratoria por 15 años y deroga toda norma que se oponga. Esta cortedad dará pie a que se presenten más iniciativas que precisen los alcances en esta materia.
El proyecto es el número 0005/2011-CR.
El proyecto 0003 de Mesías Guevara Amasifuén (Acción Popular) trata darle un marco jurídico de gestión del páramo o jalca en relación con las normas de conservación de biodiversidad y el uso sostenible de sus recursos.
La importancia de esta región es que en ella se encuentran las cabeceras de las cuencas hidrográficas indispensables para el consumo de las poblaciones asentadas en su entorno y en la franja costera desértica.
Asimismo, Guevara Amasifuén atribuye nuevas funciones al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas como máxima autoridad de páramos o jalcas.
El artículo 10 del proyecto dispone que “el aprovechamiento de los páramos solo podrá ser autorizado por la autoridad competente, cuando se realice dentro de un marco apropiado de protección a los mismos y a sus recursos”.
El artículo 11 del proyecto establece que “el Estado cautela la regulación de la explotación de recursos no renovables en los ecosistemas de páramos o jalca. El uso sostenible de páramos o jalcas beneficia mayoritariamente a la población peruana”.
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