En septiembre de 2008 se registró el supuesto asalto, por parte de un grupo armado en el norte de Somalia, a un convoy que llevaba ayuda alimentaria y cuya operación estaba a cargo de un acaudalado empresario somalí y su esposa.
El dueño de la empresa que operaba el convoy culpó del incidente a la Unión de Cortes Islámicas, pero fuentes internacionales e independientes de Somalia dijeron a los investigadores del Grupo de Monitoreo de Somalia que probablemente el ataque había sido fabricado y los alimentos se habían desviado para su venta.
El Grupo de Monitoreo de Somalia, entidad creada por el Consejo de Seguridad de la ONU con el mandato de dar seguimiento a las violaciones del embargo a las armas en Somalia, presentó las conclusiones de su investigación al Consejo de Seguridad en marzo de 2010.
Su informe señala que el Programa Mundial de Alimentos, principal proveedor de ayuda de este tipo en Somalia, había otorgado 80% de los contratos de transportación, cuyo valor se calcula en $160 millones de dólares, a tres empresarios somalíes al frente de un cartel monopólico en el país y probablemente implicados en la desviación de la ayuda.
Las fuentes entrevistadas por el Grupo de Monitoreo calculan que hasta 50% de la ayuda alimentaria se desvía constantemente, no solo por las empresas de transportes, sino por personal del Programa Mundial de Alimentos y por ONG con operaciones en Somalia, entre ellas una organización fundada por la esposa de uno de los empresarios del cartel de transportistas.
El Grupo de Monitoreo indicó, además, que uno de los transportistas perteneciente al cartel tiene vínculos con la Unión de Cortes Islámicas, lo que plantea la posibilidad de que la ayuda alimentaria se esté usando para financiar a grupos armados de oposición.
El Grupo exhortó al Secretario General de la ONU a iniciar “una investigación verdaderamente independiente de la oficina del Programa Mundial de Alimentos en Somalia, con autoridad para investigar los procedimientos y la realidad de las contrataciones de transportistas”, y recomendó que “el Programa Mundial de Alimentos modifique sus procesos internos a fin de diversificar realmente la concesión de contratos”.
El Programa Mundial de Alimentos rechazó la mayoría de las acusaciones contenidas en el informe del Grupo de Monitoreo, pero prometió no hacer acuerdos con los transportistas mencionados en el documento y ampliar su cartera de contratistas para alentar la competencia.
No obstante, una investigación de Associated Press (AP) sobre la ayuda humanitaria que llega a Somalia concluye que el Programa Mundial de Alimentos sigue dependiendo al menos de uno de estos transportistas para la entrega de la ayuda.
Además, AP encontró miles de sacos de comida del Programa Mundial de Alimentos, del gobierno de Estados Unidos y del gobierno de Japón a la venta en los mercados de Mogadiscio.
En un artículo publicado este mes, AP reveló el descubrimiento de ocho lugares dentro de la capital donde se venden alimentos provenientes de la ayuda. Entre los productos a la venta destacan el maíz, los cereales y la Plumpy’nut, un alimento fortificado a base de cacahuate, especialmente diseñado para menores desnutridos.
El artículo cita a un funcionario de Mogadiscio que cree que hasta la mitad de la ayuda alimentaria que se envía a Somalia es robada por empresarios sin escrúpulos. Dijo también que tal vez la proporción de alimentos robados era menor antes del influjo actual de ayuda alimentaria, pero que “en las últimas semanas la capital se ha visto inundada de alimentos en un proceso que carece prácticamente de control, lo que ha generado una bonanza para los empresarios”. No sorprende que el Programa Mundial de Alimentos rechazara las conclusiones de esta investigación y afirmara que “es improbable semejante escala de supuestos robos” y que solo se desvía 1% de la ayuda alimentaria destinada a Somalia, declaración respaldada por el gobierno somalí, a pesar de que AP ha publicado fotografías que prueban la venta de alimentos guardados en sacos marcados como ayuda alimentaria en los mercados de Mogadiscio.
Este hecho no recibió tanta publicidad como podría esperarse, tal vez porque se ha visto ensombrecida por los llamados orquestados por agencias de ayuda para conseguir donativos, pues dependen de ellos para mantener sus operaciones.
Seguramente los gobiernos, las corporaciones y las empresas que hacen donativos a organizaciones benéficas y ayuda humanitaria no tendrían la misma disposición a ser generosos con sus recursos si descubrieran que se roba gran parte de los alimentos cuyos costos han sufragado o la comida nunca llega a su destino.
La industria de la ayuda alimentaria, no solo en Somalia, sino en otras partes del mundo, está plagada de escándalos. Sin embargo, prácticamente ningún donante o periodista se atreve a informar del lado oscuro de una industria en pleno auge. Resulta mucho más fácil mirar hacia otro lado y darse una palmadita en la espalda, y creer que se ha hecho algo por aliviar a un pueblo hambriento.
Si tenemos el valor de mirar con atención constataremos que la ayuda alimentaria es un negocio multimillonario, un negocio que ha ayudado a un pequeño grupo a amasar una auténtica fortuna sobre las espaldas de la gente que padece hambre.
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