El procurador de la Superintendencia Nacional Tributaria (Sunat), José Escalante señaló que la transnacional española la empresa Telefónica le adeuda al Estado peruano más de 2.300 millones de nuevos soles por concepto de impuesto a la renta en el periodo 2000-2001.
Pide que la Comisión de Fiscalización cite al presidente del Poder Judicial, César San Martín, y al titular de la Corte de Lima, Héctor Enrique Lama, por escandaloso fallo.El legislador de Alianza Parlamentaria Yonhy Lescano anunció ayer que pedirá que la Comisión de Fiscalización del Congreso cite al presidente del Poder Judicial, César San Martín; al titular de la Corte de Lima, Héctor Enrique Lama, y al juez Carlos Cuevas para que den explicaciones sobre la insólita decisión de Cuevas de suspender el pago de casi el 70% de la deuda tributaria de la empresa española Telefónica.
“Deben venir a la Comisión de Fiscalización para explicar los fundamentos de esa decisión, porque no se trata de una resolución común, se trata de una resolución plagada de irregularidades”, anotó.
Sin embargo, Lescano precisó que esta decisión judicial es irregular y evidencia indicios de corrupción. “Yo creo que hay una irregularidad evidente, porque a través de una medida cautelar, el juez no puede ordenar que se deje de cobrar una deuda que finalmente es parte del fallo final; de tal manera que asumo que existe una evidente corrupción que se debe investigar”, dijo.
El parlamentario sostuvo que esta decisión judicial afecta los intereses del Estado y por ello, también pedirá a la Comisión de Transportes y Comunicaciones que convoque al ministro del ramo, Carlos Paredes.
El ministro de Transportes dice que la renovación del contrato de concesión de Telefónica nada tiene que ver con el pago de impuestos, “¿cómo que no tiene que ver nada? si el pago de impuestos tiene que ver con la prestación de servicios y hay que tomarlo en cuenta para ver a quién se adjudica”, agregó.
Señaló también que el gobierno debe convocar a una licitación pública e internacional para esa concesión “porque si hay un contrato, cómo no se va a tomar en cuenta estos incumplimientos, incluso el mismo contrato dice que se debe cumplir las obligaciones (tributarias)”.
PAGA PRIMERO
Respaldando la posición de su colega, el congresista de Gana Perú y presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Jaime Delgado, dijo que la labor del Congreso es pedir claridad en el manejo del tema.
Pidió por tanto a la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) que vigile el caso del juez que supuestamente está favoreciendo a la Telefónica y al que esa instancia de control judicial abrió una investigación.
“La coyuntura actual obliga a Telefónica a mostrar una actitud diferente a la que ha tenido a lo largo de la historia, sobre todo si quiere aspirar a la renovación de un contrato. Telefónica nos ha acostumbrado en su administración a la frase: paga primero, reclama después, ahora le diremos paga primero, reclama después o pide la renovación del contrato después”, refirió Delgado.
Lamentó que la empresa española adopte la estrategia de judicializar esa deuda tributaria para que permanezca en ese ámbito por años, y perjudique al erario nacional. “Se pone de manifiesto cómo una empresa puede finalmente vencer al Estado en sus pretensiones poniendo abogados y litigando por más de 10 años. Por otro lado, el Estado no ha sabido hacerse respetar. Tenemos como evidencia que la Sunat publica la semana pasada a las empresas más deudoras del país y no la pone a Telefónica porque su caso esta judicializado”, sostiene.
RENOVACIÓN
Delgado argumentó que Telefónica pretende la renovación del contrato, suscrito originalmente en 1992, porque el mercado peruano de comunicaciones es atractivo y, por tanto, otros operadores internacionales también pueden tener el mismo interés y deben ser convocados.
“Así tendríamos postores con mejores condiciones de servicio para el usuario. La decisión que tome el gobierno en este campo debe ser muy consciente, porque la población se encuentra totalmente sensibilizada con Telefónica por el maltrato de años”, comentó.
OCMA
El jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma), Enrique Mendoza, consideró que los “fueros deben respetarse” al ser consultado por la propuesta del congresista Lescano, para citar algunos jueces al Parlamento a explicar algunas de sus resoluciones.
“La preocupación puede ser muy legítima del congresista, sin embargo, no se puede estar haciendo una revisión de las resoluciones y fallos porque todo esto tiene un mecanismo propio que está dentro de la autonomía judicial”, aseguró.
En ese sentido, manifestó que existe un mecanismo de control que se está ejecutando en la actualidad, y pidió a la ciudadanía a tener confianza en el Poder Judicial.
“Estamos en una etapa indagatoria, porque es una aproximación para ver qué es lo que ha ocurrido, ya que hubo una serie de acusaciones de probable favoritismo. Nosotros indagamos, pero si se trata de una resolución que cumple con los márgenes jurídicos, nosotros nos abstenemos”, subrayó.
Asimismo, Mendoza precisó que esta etapa no tomará más de 30 días. “Nosotros hacemos indagatoria, que no es una investigación, esta etapa no toma más de un mes”.
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