Buscando el difícil equilibrio y diciendo adiós a la “luna de miel”
Buscando un equilibrio que no se halla
17 de noviembre, 2011.- Ollanta Humala llega a sus primeros cien días de gobierno, con un nivel de aceptación bastante alto aún (60%). Esta alta popularidad se explica, en gran medida por el efecto positivo, que todavía tienen sus primeras medidas como el impuesto a las sobre ganancias mineras, los programas sociales, la ley de consulta previa, la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social entre otras. El Presidente Humala, ha dado señales claras de que no será el radical que temían los sectores conservadores, pero tampoco el que esperaban algunos sectores de izquierda. Se empeña en mostrarse sereno y transmitir confianza a la población y a los inversionistas.
Desde el punto de vista económico, el gobierno se sigue manejando dentro de los márgenes del modelo económico que caracterizó a los gobiernos anteriores. En lo político, se mantiene en silencio todo rumor de reformas y cambios constitucionales. Si alguna duda quedaba al respecto, pareciera que en el corto plazo, no habrá lugar para radicalismos. Más bien, todo parece indicar que estamos ante una mayor dosis de un preocupante pragmatismo en las decisiones políticas. Esto se expresa, en la frase varias veces repetidas, en los últimos días, por el presidente Humala: “No importa de qué color es el gato, lo importante es que pueda cazar a los ratones”.
Si este gobierno inició su gestión con un precario sustento político, en estos cien días, este sustento se ha debilitado aún más. Los escándalos de varios congresistas oficialistas (“roba cable”, “come oro”, Chehade) y los conflictos internos producidos en la conformación algunas comisiones son señales de esta fragilidad que aún no le permiten al gobierno garantizar los niveles necesarios de gobernabilidad y sostenibilidad a los cambios que está planteando. Esta precariedad en el Congreso de la República, no ha permitido aún la construcción de correlaciones políticas favorables en el poder legislativo. A cien días de iniciada su gestión, no está claro si el gobierno será capaz de consolidar un bloque parlamentario que fortalezca y sustente la lógica de cambio que el gobierno quiere implementar.
Se han puesto en marcha varios de los programas sociales anunciados como es el caso de Pensión 65 y se anuncia el inicio de otros, sin embargo aún no se sabe si la inclusión social que propone el gobierno se limitará al acceso a los programas sociales y al acceso monetario de los sectores que viven en condiciones de pobreza extrema. El problema es que estos programas sociales, no pueden ser el sustento de la transformación social que prometió el Presidente Humala, pues estos programas pueden ayudar a luchar contra la pobreza extrema, pero no resuelven el problema de la desigualdad social que es el tema de fondo. Por el momento, sólo se ha anunciado el gobierno seguirá generando condiciones para que el crecimiento no se detenga y lo hará a través de la inversión nacional y extranjera principalmente en los rubros de extracción de recursos, gran infraestructura, construcción etc.
El gobierno sigue creyendo en la posibilidad de promover la inversión de grandes capitales (minería, petróleo, hidroeléctricas etc.) y a la vez reconocer derechos de los pueblos (Consulta previa) y convencerlos de las bondades de estas actividades. Sin embargo, las verdaderas pruebas de fuego para Ollanta Humala están a la vuelta de la esquina. Nuevamente la disputa por el territorio, los recursos naturales y los derechos de los pueblos indígenas vuelven a ser el centro del escenario.
Territorio en disputa y adiós “ luna de miel”
Una de las demandas centrales de los pueblos indígenas amazónicos y andinos, está relacionada directamente con el territorio. En este sentido, el ordenamiento territorial es un proceso impostergable en todas las regiones, especialmente en aquellas donde los recursos naturales y la biodiversidad enfrentan serias amenazas de los megaproyectos y actividades extractivas. El Presidente Humala en su discurso del 28 de julio, manifestó que este proceso será participativo y que buscará el uso racional del territorio (1) y que los recursos como el agua, los bosques y la biodiversidad se explotarán respetando a los pobladores y el medio ambiente(2).
El ordenamiento territorial, es imprescindible para la búsqueda de solución a la disputa y la confrontación en torno al territorio y los recursos naturales; pero esto supone el reconocimiento y cumplimiento de derechos que han sido desconocidos y avasallados a los largo de las últimas décadas, especialmente los derechos de los pueblos indígenas amazónicos y andinos. Supone por lo tanto, retomar espacios de diálogo (Mesas de Diálogo) y avances logrados que se quedaron truncos (Derecho a la Consulta) y la articulación de normas (leyes nacionales y Convenio 169 de la OIT, Declaración de las NNUU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas) e instituciones democráticas (Gobiernos Regionales y Locales, Organizaciones Indígenas, MCLCP, ONGs etc.).
El gobierno ha expresado su voluntad de iniciar un proceso de Ordenamiento Territorial, sin embargo hasta el momento está voluntad no encuentra un punto de equilibrio con su apuesta de continuar promoviendo las actividades extractivas y la ejecución de megaproyectos (centrales hidroeléctricas, infraestructura de la IIRSA et.) aunque haya dicho que esto se hará de acuerdo a la demanda interna (3). Hay que tener en cuenta que el gobierno llegó a un acuerdo con los empresarios mineros, que permitió el pago de nuevos impuestos (Sobre ganancias) y que implica darles garantías para que puedan realizar sus actividades; tiene la pesada herencia de unos de 100 contratos petroleros que ocupan cerca del 80% de la Amazonía y que aún no se sabe lo que pasará con el paquete de proyectos que plantea la construcción de unas 20 centrales hidroeléctricas a lo largo del Río Marañón en el norte de la Amazonía peruana y un acuerdo energético entre Perú y Brasil que aún no han sido debatidos en el Congreso de la República.
Lo que viene ocurriendo en Cajamarca con el proyecto Conga y en Andahuaylas con la protesta social antiminera, muestran claramente que el gobierno no cuenta con una estrategia y un plan para manejar y resolver los conflictos socioambientales. Los conflictos heredados del gobierno anterior, no han sido resueltos y se mantienen intactos, aunque la mayoría de ellos aún se mantienen latentes y no se han activado. Esto es especialmente grave, si se tiene en cuenta que, de acuerdo a la ley, dentro de pocas semanas, el gobierno contará con el Reglamento de la Ley de Consulta Previa, que dejará expedito el camino para iniciar los procesos de consulta. Si este contexto persiste, el gobierno se verá desbordado por los conflictos y no tendrá capacidad para implementar los procesos de consulta. Las legítimas expectativas de los pueblos indígenas, generadas por la ley de consulta previa podrían terminar en una gran frustración.
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